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Opinión

Acceso a la Justicia

En los Estados modernos, y sobre todo en las democracias funcionales, el poder estatal está distribuido entre distintos organismos. Este sistema de pesos y contrapesos busca evitar el abuso de poder y castigar eventuales desviaciones en el ejercicio del mismo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esas otras instancias ignoran las decisiones de los jueces? Obviamente los más débiles resultan afectados. Así lo están comprobando los coroneles (r) César Ricardo Bastardo Sulbarán y Omar Balda Zavarce, la exfuncionaria del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), María Elena Matos; y el propietario Juvenal Pinto, quienes pese a conseguir que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les diera la razón en los juicios que interpusieron contra distintos organismos del Estado, meses e incluso años después continúan sin ver materializados sus reclamos.

Aunque el máximo juzgado, a través de la Sala Político Administrativa (SPA), declaró con lugar las peticiones de los cuatro accionantes, las autoridades concernidas no las han ejecutado. Este incumplimiento forzó al organismo rector del Poder Judicial a dictar entre septiembre y octubre de este año dos fallos decretando la ejecución forzosa de dos de sus resoluciones, y otro instando a la ejecución voluntaria de la tercera.

El 1 de septiembre, la SPA emitió su sentencia n.° 196, en la cual ordenó al Ministerio de la Defensa que cumpla, en el plazo de treinta días continuos, su decisión contenida en su fallo n.° 968 del 8 de agosto de 2017. En dicho texto, la instancia anuló la resolución que el despacho castrense adoptó en 2014, rechazando reincorporar a los uniformados, quienes participaron en las asonadas militares de 1992, obviando el decreto presidencial que el fallecido Hugo Chávez dictó en 2012 para favorecer quienes se alzaron junto a él contra el gobierno democráticamente electo de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

El director del despacho del Ministro de la Defensa consideró extemporánea la petición de Bastardo y de Balda. No obstante, la instancia determinó que con este pronunciamiento el organismo incurrió «en el vicio de incompetencia, por haber dictado un acto administrativo para el cual no estaba facultado». La llamada Ley Especial de Reincorporación a la Carrera Militar y al Sistema de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2012 (Gaceta Oficial n.° 39.858 del 6 de febrero de 2012) señalaba que era el presidente de la República quien podía aceptar o no las solicitudes de reincorporación de aquellos militares que hubieran participado en las insurrecciones militares y que por ello fueron dados de baja.

Sin embargo, pese a que han pasado cuatro años desde que la SPA ordenara el regreso a los cuarteles de los dos uniformados, este mandato no se ha cumplido. De nada han valido las sentencias que en 2018 y 2019 emitió la Sala reclamando la ejecución voluntaria de su instrucción; por ello ahora decidió declarar la ejecución forzosa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No solo pasa en las barracas

El Ministerio de la Defensa no es el único organismo gubernamental que ignora los mandatos del TSJ. El Ministerio de la Vivienda es otro, según pudo comprobar Acceso a la Justicia al revisar la sentencia n.° 269 del 14 de octubre pasado. En ese fallo, con ponencia del magistrado Marco Antonio Salas, la SPA le dio treinta días al despacho encargado del tema habitacional para que le devolviera al empresario Juvenal Pinto un terreno ubicado en la urbanización La Florida de la ciudad de Caracas, el cual fue intervenido en 2015.

La Sala, en su fallo n.° 604 del 10 de octubre de 2019, dejó sin efecto la resolución del Ministerio mediante la cual decretó «la ocupación temporal de un lote de terreno», por considerar que con la misma se le violó a su propietario el derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto no se le notificó de la misma ni tampoco se cumplió con el procedimiento diseñado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda a fin de adoptar una medida de tal naturaleza. Eso sin contar que años después de ocupado el terreno las autoridades no han construido en el mismo. Como los meses pasaban y Pinto seguía sin recuperar su propiedad, este acudió al máximo juzgado para denunciar el desacato.

En los dos casos la SPA advirtió a los titulares de ambos despachos, es decir al general en Jefe Vladimir Padrino López en su condición de ministro de la Defensa, y a Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, titular de la cartera de Vivienda y Hábitat, que si no daban estricto cumplimiento a sus mandatos en esta ocasión incurrirían en la infracción establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ. La norma señala lo siguiente:

«Las salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.), a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar».

Como si las situaciones anteriores no fueran suficientes, hay una tercera que sigue el mismo camino. Se trata de la demanda que María Elena Matos interpuso contra el INIA en el año 2011 por un accidente laboral ocurrido en 1997 en el laboratorio de biotecnología donde trabajaba y en el cual terminó expuesta a una serie de químicos y agentes que afectaron su salud. En 2018 la SPA mediante la sentencia n.° 1.112 del 1 de noviembre, le dio la razón a la ex investigadora y consideró que su otrora empleador era responsable por los perjuicios que la accionante sufrió en el incidente y, por ello, lo condenó a pagarle una indemnización prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, más lucro cesante; así como 266 petros por daño moral.

No obstante, tres años después Matos no ha recibido pago alguno, por lo que volvió al TSJ, que le dio al INIA diez días para ejecutar voluntariamente su orden, según sentencia n.° 265 del 14 de octubre pasado.

Doble rasero

En los casos antes descritos, el máximo juzgado ha demostrado un nivel de tolerancia al incumplimiento de sus decisiones que dista mucho de la impaciencia y dureza con la que actuó en otras situaciones, como los supuestos desacatos de la Asamblea Nacional electa en 2015. Así, mientras con los órganos del Ejecutivo nacional ha soportado la inobservancia de sus decisiones durante años, con el Parlamento dominado por la oposición actuó apenas en cuestión de días.

Un ejemplo es lo ocurrido con la designación a finales de 2019 de los profesores Miguel Eduardo Albujas Dorta y Manuel Rachadell Sánchez como representantes del Legislativo ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). La Sala Constitucional anuló estos nombramientos en su sentencia n.° 500 del 9 de diciembre de 2019, la cual dictó apenas cuatro días después de que los diputados hicieran los nombramientos.

Los parlamentarios tomaron la decisión, con base en el Estatuto para la Transición a la Democracia que dictaron a principios de ese año, y el cual también fue anulado por los magistrados de la Sala Constitucional, no solo por calificarlo como un «asalto al Estado», sino además porque consideraban que ellos estaban incapacitados para ejercer ninguna de las funciones que la Constitución les confiere, en tanto no siguieran sus instrucciones en relación con los diputados de Amazonas.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Los casos de los coroneles Bastardo y de Balda, así como los de Pinto y Matos revelan la situación de indefensión y minusvalía en la que se encuentran los venezolanos que consideran que sus derechos han sido violentados por el Estado y deciden solicitar amparo en el TSJ. Si tienen la suerte de que este no lo deseche, que es lo usual como se demuestra en la obra de la organización Un Estado de Derecho, intitulada El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), se convierte de todas formas en letra muerta por lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución, el cual señala que «El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública».

Las situaciones antes señaladas, en las que el Ejecutivo nacional no atiende a los mandatos del TSJ si no lo desea, no hacen más que reforzar la desconfianza en la capacidad de la justicia de controlar a los otros poderes y confirman las denuncias de que ella funciona cuando defiende los intereses del grupo que hoy ostenta el poder. Así, la realidad muestra que en Venezuela, aún ganando, se pierde.

23 de noviembre 2021

Acceso a la Justicia

https://accesoalajusticia.org/tres-casos-prueban-gobierno-nacional-ignor...

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Jesús Elorza G.

El común de los ciudadanos mucho antes de conocerse los resultados de las elecciones 2021, expresaban sus preocupaciones y rechazos sobre la falta de unidad en los factores democráticos. Señalaban con toda propiedad que una alta abstención más la división opositora favorecerían que el chavismo, siendo minoría y teniendo un rechazo enorme a su gestión y su proyecto político, se alzaran con la inmensa mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país.

El egocentrismo de los dirigentes, la centralización de las decisiones en el minoritario G4, el rechazo sin fundamento alguno a celebrar elecciones primarias para la selección de los candidatos, la indiferencia ante los planteamientos de la sociedad civil, el rechazo a la aplicación de encuestas y la imposición de candidatos llevó, sin lugar a dudas, a inhibir el voto, en el grueso del pueblo opositor. Desmovilizó a la gente porque el pueblo opositor pensaba acertadamente que divididos no van a poder ganar.

Ahora bien, esa conducta anti unitaria, centralista y egocentrista no es obra del azar o de la casualidad. Es el resultado de definiciones tardías y sin convicciones, del sectarismo y las imposiciones del G-4, de la soberbia, la mezquindad y la pequeñez de espíritu, valores y propósitos, entre otras muchas cosas. Toca ahora el balance, el análisis de los resultados registrados, y la definición de la política que se impone de cara al 2022 y al futuro mediato e inmediato del país y del movimiento democrático opositor.

Venezuela está sufriendo la contracción económica más severa en la historia de América Latina, y una de las más catastróficas jamás vistas en un país que no estuviera en guerra. La economía se contrajo aproximadamente en un 70 por ciento entre 2013 y 2020, y para fines de 2020 será solo una quinta parte de lo que era cuando Maduro asumió el poder. Desde finales de 2017 esta depresión se ha combinado con hiperinflación. La Asamblea Nacional sitúa la inflación acumulada de enero a octubre de 2020 por encima del 1.799 % y la tasa interanual en 3.332 %.

Este declive ha provocado un colapso alarmante del nivel de vida de los venezolanos. El Programa Mundial de Alimentos estimó a principios de 2020 que “una de cada tres personas en Venezuela (32,3 por ciento) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia”. Tres cuartas partes de las familias encuestadas habían adoptado “estrategias de sobrevivencia”, reduciendo la cantidad y variedad de alimentos que consumían debido a ingresos insuficientes. La organización benéfica católica Caritas informa que de cada 100 niños a los que ayuda, 59 muestran signos de retraso en el crecimiento como resultado de la desnutrición. “La gente ha perdido su capacidad de recuperación”, dice un trabajador senior de una ONG. “Mucha gente se muere de hambre en sus hogares”.

El gobierno dejó de publicar estadísticas económicas confiables hace varios años. Pero una encuesta realizada periódicamente por tres de las principales universidades del país, entre ellas la UCAB, encontró que a principios de 2020 más del 96 por ciento de venezolanos se encontraban en situación de pobreza, y casi el 80 por ciento en situación de pobreza extrema. La pobreza en Venezuela, sin embargo, no depende simplemente de los ingresos o la caída del PIB. En prácticamente todas las áreas de actividad, el Estado ha perdido su capacidad para proporcionar servicios adecuados. Antes de que estallara la pandemia, el 50 por ciento de los hogares sufría cortes de energía diarios y una cuarta parte carecía de gas para cocinar, lo que obligaba a muchas personas a cocinar con leña. El suministro de agua era intermitente y de mala calidad. En un país que ha enfrentado epidemias de todo tipo, desde malaria y sarampión hasta difteria y dengue, el 80 por ciento de la red de atención primaria de salud estaba cerrada o no funcionaba en 2019, al igual que el 70 por ciento de las instalaciones hospitalarias. Una encuesta semanal de hospitales públicos realizada por la ONG Médicos por la Salud encontró que en 2019 el 70 por ciento tenía servicio de agua corriente solo una o dos veces por semana, y alrededor del 50 por ciento sufría cortes frecuentes de electricidad. Solo funcionaban aproximadamente la mitad de los quirófanos del país

Frente a este descalabro generado por el régimen y por encima delos adversos resultados electorales, no debemos perder el norte: derrotar la dictadura, atender la crisis humanitaria y recomponer democráticamente la sociedad venezolana, siguen siendo los grandes objetivos y en función de eso seguir trabajando. La lucha continúa.

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Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández Aguado

Hay quien confunde salud pública con sanidad pública (versus privada). Pero la salud pública va mas allá de la sanidad, porque se refiere a la salud de las poblaciones (versus cada uno de sus individuos). ¿Cómo conseguir monitorizarla y promoverla? ¿Cómo prevenir la enfermedad dentro y fuera del sistema sanitario? ¿Cómo deberíamos proteger la salud colectiva (clorando el agua de abasto o analizando regularmente la de las playas, por ejemplo)?

En sentido amplio, podríamos decir que nada de lo que afecte a la salud de la población es ajeno a la salud pública. Se previene la enfermedad desde la clínica (con vacunas y con la detección precoz de enfermedades). Pero también evitando la contaminación y el hacinamiento, creando ambientes saludables y zonas verdes, evitando la explotación laboral y atajando la pobreza con el ingreso mínimo vital.

Puesto que todas las políticas pueden tener impacto en salud, una idea central de la salud pública es analizar el impacto en salud de todas las intervenciones públicas: desde los planes de urbanismo hasta los impuestos.

El reto principal de la salud pública es lograr que la sociedad y sus decisores políticos perciban el valor humano, social y económico de evitar la enfermedad (el cáncer, por ejemplo) y el sufrimiento cuando se pueden prevenir.

Una especialidad mal remunerada

La salud pública en España está descentralizada, como la sanidad. Depende de los gobiernos regionales y suele estar fuera de los servicios regionales de salud. En teoría, esta estructura es adecuada porque facilita el trabajo transversal entre consejerías, y evita que el “gran” dispositivo asistencial engulla a la “pequeña” salud pública. Pero en la práctica, los profesionales de salud pública cobran menos y tienen peores condiciones laborales que los contratados bajo el paraguas estatutario de la sanidad pública.

La Medicina Preventiva y Salud Pública no está muy cotizada en el MIR. No es fácil hacer fluir el talento en esa dirección. Por eso, en algunas Comunidades están integrando la salud pública dentro de su Servicio Regional de Salud. El pragmatismo se impone.

Por su misma naturaleza, la salud pública es multidisciplinar. Requiere una combinación de profesionales: médicos y enfermeras, farmacéuticos, veterinarios, economistas, sociólogos, informáticos, bioestadísticos, urbanistas, juristas… Puesto que el mundo está cambiando, necesita también de nuevas profesiones que la administración tarda en reconocer.

Datos para tomar mejores decisiones

Los seres humanos nos estamos llenando de sensores que captan y transmiten información. Nuestros móviles dibujan mapas de movilidad colectiva. Con esa riqueza de datos, es posible sofisticar los modelos epidemiológicos para monitorizar mejor las pandemias.

Pero ahora todo lo digital deslumbra. Necesitamos nuevos métodos de evaluación que separen el grano de la paja. Necesitamos también un control efectivo del mal uso de los datos individuales de salud, e inteligencia de salud pública para nadar contracorriente en un mar de datos más sanitario que de salud y más individual que poblacional.

Existe riesgo de captura de los sistemas de información de salud pública por parte de la sanidad. Hay riesgo también de desvanecer en un segundo plano las intervenciones no sanitarias, como prescribir ejercicio y alimentación saludable en vez de estatinas para combatir la obesidad.

La transformación digital representa un reto, una oportunidad y una amenaza para la salud pública. Esta ha de ser capaz de poner inteligencia natural para guiar a los agnósticos algoritmos de inteligencia artificial. Solo estableciendo relaciones de causa-efecto se puede manejar las grandes masas de datos que empiezan a estar disponibles.

Intervenciones sin padrino

Las intervenciones de salud pública no están apadrinadas. Es decir, no hay empresas que las promuevan y financien, porque no reportan beneficio. Así que nadie se preocupa tampoco de su evaluación. Pasa lo mismo que con las enfermedades huérfanas, que no se tratan porque las compañías farmacéuticas carecen de incentivos para investigarlas. Si la población consume más cantidad de un determinado suplemento vitamínico, alguien se beneficia. Si sencillamente comemos más sano o hacemos más deporte, directamente no mejora la posición económica de nadie.

Por el contrario, los lobbies que promueven comportamientos no saludables están muy bien organizados: consiguen cambiar agendas y modificar inteligentemente los marcos mentales en los que nos movemos. Refrescos azucarados, comida basura, tabaco, alcohol. Prometen una autorregulación que se saltan a la primera de cambio y hacen abortar los avances regulatorios que mejoran la salud. Eso ocurrió con el impuesto sobre las grasas en los alimentos en Dinamarca. Algo semejante estamos viviendo estos días con las reacciones de grupos de interés a la prohibición de publicidad de alimentos obesogénicos en horario infantil.

La salud pública se ha hecho visible con la pandemia

La salud pública ha salido de su invisibilidad con la pandemia. Este es un buen momento para aprender de la experiencia, mirar hacia adelante, aprender de los errores y prepararse para la próxima pandemia. Eso ha hecho Europa creando el HERA (European Health Emergency Preparedness and Response Authority). La pandemia nos ha vuelto mas europeos y mas salubristas.

En España, tras diez años de retraso, finalmente se creará el Centro Estatal de Salud Pública, aprobado en la Ley General de Salud Publica de 2011. No está definido totalmente, pero sí funciona en red aprovechando la inteligencia en salud pública, esté donde esté. Atrayendo talento hacia ese terreno, nos convertiremos en un país mejor y mas preparado para futuras pandemias.

Las reflexiones anteriores resumen el diálogo entre los dos autores de esta entrada, que tuvo lugar en Barcelona el 11 de noviembre de 2021, organizado por la fundación Ernest Lluch. Está disponible en YouTube.

21 de noviembre 2021

The Conversation

https://theconversation.com/la-salud-publica-del-futuro-171519?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2022%20noviembre%202021%20en%20The%20Conversation%20-%202122621012&utm_content=Novedades%20del%20da%2022%20noviembre%202021%20en%20The%20Conversation%20-%202122621012+CID_b667face6c901f9cd5e6c043c0cd59cd&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=La%20salud%20pblica%20del%20futuro

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Cesar Pérez Vivas

Los resultados de la elección de este domingo 21 de Noviembre ofrecen diversas lecturas. En relación al número de gobernaciones y alcaldías el régimen ha logrado su cometido. Se ha quedado con la mayoría de ellas y ya tiene en marcha su narrativa de triunfo para reforzar la idea de su invencibilidad.
Es la narrativa que han trabajado desde el primer momento de su arribo al poder. “No volverán” ha sido su consigna para consolidar la idea de que ellos serán el poder por siempre.

Pero esa victoria que Maduro proclama es lo que tradicionalmente se ha llamado una “victoria pírrica” para referirla a aquella que obtuvo el Rey Pirro, luego de perder una parte significativa de sus tropas.
Lo cierto es que si evaluamos el evento electoral con detenimiento, no queda duda de que Maduro ha sido destruido en su base de sustentación. El régimen ha quedado desnudo. Tiene los cargos por su corrupta política de coaptación de algunos cuadros utilizados para secuestrar las tarjetas de los partidos y crear la división, reforzada ésta por la errática política, para manejar esa situación, que adelantó el G4, y por la abstención como protesta estimulada desde otros espacios opositores.

Gobernaciones y alcaldías elegidas por la minoría que terminan dejando a Maduro en el aire, sin el apoyo de una nación que lo quiere fuera de Miraflores. La lectura más clara que nos deja el 21N es que el madurismo constituye una minoría absoluta a lo largo y ancho del país. Solo que la mayoría está dispersa, aturdida y en estampida.
Cabe aquí, entonces, recordar a José Antonio Páez en la batalla de Las Queseras del Medio, cuando observando a sus tropas desesperadas y en retirada, lanzó aquella célebre frase: “Vuélvanse, grandes carajos…” que la literatura histórica ha reseñado como “Vuelvan Caras”.

Ese debe ser nuestro grito en esta hora. “Vuelvan Caras Venezolanos”. Frente a los que se sienten derrotados, ante a los que no tienen esperanza, frente a los que piensan que la camarilla roja es invencible, es imperativo sacudirlos en su espíritu y en su consciencia.

Venezolanos, somos una inmensa mayoría los que queremos el cambio, los que anhelamos cerrar este capítulo negro de nuestra historia, los que aspiramos rescatar la democracia y con ella a nuestra amada Venezuela. Esa mayoría encauzada en una sola dirección, convertida en un solo movimiento de movimientos será más poderosa que la perversión de la dictadura
Ese es el reto que tenemos por delante. Levantarnos sobre nuestras propias debilidades, apelar a nuestra reserva espiritual, material, ciudadana y lanzarnos de nuevo a la lucha. No puede haber tregua política frente a una dictadura de las características de la que tenemos. A la vuelta de la esquina se abre la oportunidad legal para exigir nuestro derecho a revocar a Maduro y su camarilla. No podemos dejar que este tiempo transcurra en un torbellino de lamentos, acusaciones y descalificaciones.

Pongámonos en movimiento ya para hacer de ese derecho, consagrado en el artículo 72 de la Constitución Nacional, un instrumento movilizador, vivificador y unificador de nuestra sociedad. Procedamos a exigirle al régimen el respeto por el mismo, desmontando los obstáculos que siempre ha colocado para tramitarlo.

Aunque muchos no lo crean, estamos en el momento de mayor debilidad del régimen del socialismo del siglo XXI. Nunca antes habían estado en peores circunstancias, tanto en el plano interno como en el internacional. En el desarrollo de la acción política destinada a su implementación solo debe existir el ferviente deseo de recuperar el estado de derecho. No hay acá excusas. Para ese evento no se vota ni por un partido, ni por una persona en particular. Se expresará la voluntad de cambio político de cada ciudadano de nuestra sufrida Venezuela. Estoy convencido que la mayoría desea fervientemente ese cambio.

Por lo tanto es fundamental poner de relieve la importancia y jerarquía que este derecho político tiene en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho a revocar tiene la misma jerarquía que el derecho a elegir. En consecuencia el estado, esto es el Consejo Nacional Electoral, está en el deber de ofrecer las mismas garantías y oportunidades para ejercer el uno o el otro. No puede ser que para elegir al presidente se disponga de más de 30 mil mesas de votación y para ejercer el derecho a revocar se reduzca, su primera tramitación a un centro de manifestación de voluntad para cada estado de la República.
Soy plenamente consciente de la naturaleza fraudulenta y soberbia de la dictadura, de las dificultades a las que nos enfrentamos, pero si no nos disponemos a exigir y a ejercer ese derecho político el madurismo continuará consumiendo su tiempo para perpetuarse en el poder, a costa del hambre y la tranquilidad de la familia venezolana.

Caracas, Lunes 22 de Noviembre de 2021

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Humberto García Larralde

En un artículo reciente[1], la periodista e historiadora, Anne Applebaum, alerta sobre la existencia de una especie de trasnacional de las autocracias –la denomina (en inglés) “Autocracy Inc”.—, constituida por Estados paria que se auxilian entre sí ante la reprobación que su conducta provoca a la comunidad democrática internacional. Tienen inclinaciones ideológicas variadas, desde la extrema izquierda (Cuba, Corea del Norte) hasta la extrema derecha (Myanmar), incluyendo las teocracias conservadoras de Irán y de los talibanes. En este club de los malos, violadores de los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pueden mencionarse, entre otros, a Alexandr Lukashenko, Bashar Al-Assad, Vladimir Putin, Recep Erdogan, Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel, al menos seis dictaduras africanas y –no podía faltar—Nicolás Maduro. No pertenecen a ninguna organización formal, ni responden a liderazgo alguno. Más bien gravitan instintivamente hacia sus similares por razones de solidaridad criminal.

A pesar de su diversidad, emulan aquellos comportamientos que el “amigo” ha probado que son eficaces para contener a su propia población. Han ido homologando herramientas de un arsenal represivo que cada uno ha afinado con estos fines: desapariciones selectivas para sembrar terror; acoso a medios de comunicación nominalmente libres; elecciones trucadas; contrainteligencia para difamar, intrigar y sembrar falsas noticias; judicialización de la política; criminalización de la protesta; uso de bandas paramilitares disfrazadas de “pueblo” para reprimir; hackeo, espionaje y control de información en las redes sociales; y mucho más. Esta caja de herramientas se complementa con alianzas para evadir sanciones, complicidades en corruptelas numerosas e, incluso, apoyo financiero.

Son dictaduras de nuevo cuño que, como se puede apreciar, han perfeccionado dispositivos más “sofisticados” de control y represión que la brutal bota militar clásica. Desde luego, esta estará siempre a la mano si la protesta se desborda. Pero la primera línea de defensa está en asfixiar las posibilidades de que los opositores acumulen fuerzas capaces de desafiar su poder. Denuncias, movilizaciones o protestas son desarticuladas fabricando cualquier acusación absurda para apresar a sus cabezas más visibles o con medios más mortíferas –lamentables “accidentes”--, que le ponen sordina a la expresión democrática. Cada una de estas dictaduras ha confeccionado su propia burbuja ideológica como refugio, sea de naturaleza religiosa, patriotera, anticomunista, procomunista, etc., con la cual “justifican” sus abusos ante sus partidarios y forjan sentimientos de solidaridad entre sí, casi siempre formulados como “defensa ante los ataques” de Estados Unidos (el imperio) y de la Unión Europea (colonialista).

Otro elemento distintivo con respecto a las dictaduras más clásicas es que éstas buscaban cubrirse de las críticas con campañas propagandísticas cuidadosamente articuladas, reservándose en secreto toda información inconveniente. Applebaum señala el caso de la URSS. Pero a los integrantes de la presente trasnacional autocrática parece que la crítica les rueda. En su escrito, cita al activista prodemocracia, Srdja Popovic, quien designa a este comportamiento como el “modelo Maduro”. Los dictadores que lo adoptan –afirma—están dispuestos a pagar el precio de ser un Estado fallido, a aceptar el colapso de su economía y a quedar aislados internacionalmente, si ello es conducente a que puedan mantenerse en el poder y seguir enriqueciéndose. Como ejemplo, se refiere a Al-Assad, el carnicero de Siria, quien ha asumido el modelo Maduro. El disfraz ideológico es lo de menos, acaso para respuestas automáticas.

De manera que el comportamiento de Maduro, totalmente insensible, displicente y despreocupado por la tragedia que su conducta ha urdido sobre los venezolanos, le ha valido para servir de ejemplo, según estos analistas internacionales. Es emblemático de un ejercicio despótico del poder que, más allá del saludo a la bandera de ciertas consignas antiimperialistas y patrioteras, le importa un bledo la suerte de sus compatriotas. Como hemos venido insistiendo, transformar a Venezuela de ser el país más próspero de América Latina hace pocas décadas, a ser hoy el más pobre junto con Haití, no es tanto por ignorancia o incompetencia –que las habido mucho—sino resultado inexorable del régimen de expoliación que montó el chavismo, alegando estar construyendo el “socialismo de siglo XXI”. La guinda que puso Maduro, al extremar la corrupción de militares traidores para hacer de ellos los principales dolientes (cómplices) de semejante desastre, ha hecho que su “modelo” sea muy resiliente: todo le rueda.

Las particularidades del ”modelo Maduro” subrayan la descomposición moral y personal de quienes han hecho de él una referencia. Pone de relieve, además, que en el fondo --¡y en la superficie!—de lo que se trata es de un poder ejercido por una organización criminal. Es necesario tomar esto en cuenta a la hora de pensar que en torno a determinados objetivos o propósitos debería existir un interés común con base en el cual negociar acuerdos para superar la terrible tragedia que agobia a Venezuela. A juzgar por lo comentado, las probabilidades de que ello exista son, cuando menos, remotas. Los valores (si es que pueden llamarse tales) y prioridades de quienes se han forjado tan infame distintivo internacional, están fijados en otra cosa: cómo sostener, valiéndose de las armas a su disposición, su régimen de expoliación. Los intereses de la nación, el bienestar del venezolano o el disfrute a plenitud de las libertades ciudadanas no parece tener sintonía alguna con ésta, su principal misión.

De manera que negociar una salida que le devuelva a la población las posibilidades de disfrutar de una vida digna, en libertad, no va a tener mayores posibilidades de éxito sino persigue acumular una posición de fuerza ante la cual los titulares del “modelo” les sea costoso desestimar. Dada la apatía evidenciada en las elecciones regionales y locales recién culminadas, el desafío del liderazgo democrático es, hoy, aún más significativo. Para bien del país, de los jóvenes que les han confiscado su futuro, y de los adultos y viejos que les arruinaron lo que les queda de vida, no debe escatimarse iniciativa o esfuerzo alguno para construir esa fuerza. Un análisis crítico de lo ocurrido, incluyendo el esfuerzo de numerosos compatriotas por levantar y promover, con sus errores y aciertos, la alternativa democrática, a pesar de las circunstancias adversas, constituye una tarea inescapable para asumir, de manera honesta y productiva, una estrategia capaz de insuflar aires frescos al liderazgo opositor para que, progresivamente, pueda tener éxito en esa labor. En pro de la necesaria unidad que debe fundamentar estos esfuerzos, que cada quien asuma su responsabilidad.

[1] “Autocracy is winning”, The Atlantic, 15 de noviembre, 2021

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

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Walter Molina Galdi

Se acabó el evento electoral en Venezuela, uno cuya campaña fue muy colorida. Aclaro, no digo esto porque haya sido emocionante ni tampoco porque haya sido una “ fiesta electoral”, pues ocurrió todo lo contrario, como era de esperarse. Fue colorida porque esta vez los candidatos del PSUV (de Maduro, pues) decidieron que no habría rojo en sus pendones, ni fyers, ni ropa. Decidieron ser “verde Copei” como Georgette Topalián en Baruta; azul claro como los “independientes con Lacava” en Carabobo; o multicolor como Omar Prieto en el Zulia.

Desde luego que aquello de usar cualquier cosa menos el rojo-rojito, esconder los ojos del cada vez más olvidado Hugo Chávez, o no hablar de revolución socialista, fue parte de la estrategia de los candidatos del régimen venezolano. Su campaña se dirigió ya no a los más pobres, sino a aquellos que, con negocios legales o no (poco importa esto para el chavomadurismo), pueden comprar en bodegones, ir a los casinos, subir al Humboldt o vacacionar de vez en cuando en Morrocoy, a ver si se encuentran al cantante Zion junto a sus amigos boliburgueses.

El régimen venezolano, que ha sabido adaptarse a las circunstancias (resiliencia, como describe Paola Bautista de Alemán (https://www.lagranaldea.com/2021/11/18/el-21n-algunas-notas-abiertas-al-...)), sabe muy bien que hay muchas personas a las que les importa la libertad, pero la económica. Si pueden hacer dinero no es relevante la democracia, donde además seguro habría contraloría y el lavado de dinero sería castigado. “¡Imaginen ese horror!” debe pensar más de uno. No es la mayoría, claro está.

En Venezuela, tal como refejan estudios, encuestas (aunque hoy no las queramos mucho) y la misma votación de este domingo 21N, la mayoría de la gente quiere un cambio. Un cambio real, es decir, que quienes tienen 22 años en el poder se vayan. Quieren entonces, sepan su definición ontológica o no, libertad, pues saben que solo con ella podrán vivir mejor, sin miedo, y que su voto elija de verdad. El problema de esto último es que Maduro tiene como objetivo la permanencia eterna en el poder, como todo tirano, por lo tanto su maquinaria “cívico-militar” está orientada a mantener quietos a quienes busquen democratizar al país, sea con los CLAP, con el Sistema Patria (que por cierto usaron para controlar votos el 21N), con los miembros del Consejo Comunal como vigilantes, con la represión que ha quitado tantas vidas, o con la cárcel política para los disidentes.

La oposición leal

El régimen nunca ha “jugado” en un solo tablero, para ellos realmente están “todas las opciones sobre la mesa” y así lo han demostrado. Por esa razón esconder su verdadera identidad (chavistas, socialistas, centralistas y profundamente corruptos) fue solo uno de los movimientos, pero no el principal. Gran parte de su estrategia, que va muchísimo más allá del proceso electoral como tal, fue profundizar la división opositora. Lo visto durante la lamentable campaña electoral (con sus honrosas excepciones), dejan ver que si no les salió como quisieron, se acercaron mucho.

Las regionales/municipales iban a servir para profundizar las pugnas dentro de la oposición real, es decir, la que quiere obtener el poder. Sería así porque unos acudirían a ellas y otros no. Lo sabía Maduro y lo sabíamos todos. Era “un tiro al piso”, por eso entregaron la tarjeta de la MUD (esa y solo esa), permitieron dos rectores “de nosotros” (nunca antes mejor usadas las comillas) y habilitaron a algunos dirigentes, incluso con peso importante como fue el caso de Tomás Guanipa.

Pero la jugada maestra fue crear más candidatos que, encima de la franela del PSUV, se pusieran una que se pareciera a la de un opositor. Ya tenían a los miembros de “la mesita” liderados por el gran amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Timoteo Zambrano, junto a Henri Falcón, así como a los llamados “alacranes” encabezados por José Brito y Luis Parra, hoy huérfanos económicos, pues su padrino Alex Saab está cantando como Pavarotti en los Estados Unidos. Les faltaba unos que tal vez fueran más potables tanto para el este de Caracas como para la comunidad internacional, y en el ego insaciable y peligroso de un sujeto como David Uzcátegui y sus tres mosqueteros (Gustavo Duque, Darwin González y Elías Sayegh), encontraron la pieza que les faltaba; la bautizaron “Fuerza Vecinal”. Al final, la idea era que esa tarjeta quedara primero que la de la MUD, para posicionar a esta “oposición” incluso a nivel internacional (no olviden la negociación en México). Por eso no permitieron que los votos de la MUD se sumaran a los de Uzcátegui, una violación de la ley con intención política, así los rectores lo hayan disfrazado.

Los errores

Lo descrito hasta ahora era algo conocido mucho antes de iniciar la campaña electoral; no hice un análisis extraordinario sino una descripción de lo que fue la oprobiosa política venezolana durante al menos los últimos seis meses. Es por ello que las acciones de los integrantes de la Unidad -o lo que queda de ella- son reprochables, y no ahora con resultados en la mano, sino desde el inicio, como hicimos muchos.

Cuando tomaron la decisión de participar en las regionales/municipales, la gran mayoría usó como argumento que “debíamos organizarnos como oposición y fortalecer la Unidad”, y que “debíamos reconectar con la gente”. Puntos válidos, sean compartidos o no, pero ¿la campaña sirvió para eso?, ¿se lograron los objetivos? Veamos uno por uno:

¿Qué tan organizados quedaron los dirigentes políticos democráticos en Venezuela? Pareciera que poco, más allá de la aparición de jóvenes que usaron estos meses para darse a conocer. De fortalecer la Unidad ni se diga. Horas antes de ver abierto el primer centro electoral, todavía estaban dirigentes, periodistas y opinadores, diciéndoles a los que ellos llaman “abstencionistas” que eran poco menos que unos delincuentes por no ir a votar.

En cuanto a los partidos se refiere, peor todavía. Salvo Un Nuevo Tiempo, hoy reducido a un partido regional pero siendo el más grande ganador de la oposición; tanto Acción Democrática (la mitad del partido sigue expropiada por el chavismo y su ficha, Bernabé Gutiérrez), como Voluntad Popular que tuvo a varios candidatos cuando era obvio que ni Leopoldo López ni Juan Guaidó apoyaban la decisión; y Primero Justicia que hoy está dividido entre el ala de Henrique Capriles y la de Juan Pablo Guanipa, no parecen haber logrado una fortaleza en sus estructuras. Esto, tomando en cuenta que hay partidos que no participaron como Encuentro Ciudadano y La Causa R. ¿La campaña logró reconectar con la gente? Depende del lugar, claro está. Seguramente Manuel Rosales en el Zulia conquistó algo más en este sentido. Sin embargo, en líneas generales pareciera que no lo lograron y la altísima abstención da cuenta de ello. Han pasado apenas horas desde el evento electoral y un análisis profundo necesita más tiempo, pero ante esta situación, creo, hay una palabra que puede definir todo muy bien: Subestimación.

La inmensa mayoría de los candidatos basaron sus campañas en movilizaciones musicales, promesas irrealizables (tomando en cuenta la realidad actual de alcaldías y gobernaciones), y jurar que son algo diferente a quienes están hoy en el poder. En este punto debo citar a Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea: “Ser ‘antichavista’ dejó de ser suficiente para estimular la participación electoral de la gente”. Y así pasó, no bastó con decir que Maduro era malo (como si solo fuese “malo” y no un tirano).

Tal vez si no hubiesen subestimado a la gente y realmente hubiesen usado la campaña para hablar de la defensa de los Derechos Humanos y la necesidad urgente de volver a la democracia, los ciudadanos habrían creído más y apoyado más. Es contrafáctico decirlo ahora, pero lo que suceda de aquí en adelante podría confirmar tal aseveración.

Durante la campaña sucedieron dos situaciones fundamentales en la lucha por la democracia en Venezuela:

La extradición de Alex Saab y el inicio formal en el ‘Caso Venezuela 1’ de la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), anunciada por el fiscal Karim Khan en frente de Nicolás Maduro y su séquito. ¿Hablaron los candidatos de eso? Pareciera que no, y si lo hicieron, fue poco.

“No les importa eso a las personas”, seguramente era el pensar. Creo que se equivocan. El primero se trata de la persona que se hizo millonaria mientras a ellos, a los ciudadanos, les daban bolsas con leche que no era leche y harina que no era harina, ¿no les importaría eso?, ¿qué tal decirles cuánta comida podría haber en cada barrio con el dinero que Maduro le dio a Alex Saab para hacer negocios con los alimentos? Y sobre la CPI, ¡imagínense ustedes! Van a investigar a los policías y jefes de policías que fueron a los barrios a ejecutar extrajudicialmente a miles de jóvenes. ¿No era un tema para hablar en cada barrio que sufrió una visita de ese grupo de exterminio que en cinco años ha sido responsable de al menos 18.000 muertes?

No hicieron nada de eso, pero sí asumieron que en Miranda, por ejemplo, una persona como Carlos Ocariz que con errores, es un demócrata a carta cabal, podría realmente concretar una candidatura unitaria con David Uzcátegui. Les pareció estratégico pensar que dos proyectos políticos tan distintos podrían ser uno solo. Fue ese el error de origen en un estado tan importante. El segundo error fue, luego, la renuncia de Ocariz cuando estaba muy claro que en Miranda iban a poner cualquier cantidad de obstáculos, incluso usando al nada renovado- Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esa decisión, que en efecto mostró mucha grandeza humana, no lo fue así desde el realismo político; dejó desnudo a Andrés Schloeter en Sucre y a los candidatos a concejales en Chacao, por mencionar dos ejemplos. Porque sí, cuando se negocia con gente sin palabra, pasan esas cosas. Uzcátegui no retiró a Rosiris Toro de Sucre, puesta ahí solo para dividir dañando la candidatura de un trabajador social como “Chola”, y tampoco apoyó abiertamente a Tomás Guanipa en Caracas.

Los números

Como era de esperarse, la abstención fue muy alta. La participación alcanzó apenas el 41%, de acuerdo a lo anunciado por el CNE, y tan solo tres estados no serán ocupados por militantes del PSUV: Cojedes (José Alberto Galíndez con +10 puntos de ventaja) y Zulia (Manuel Rosales con +20 puntos de ventaja) por la MUD, y Nueva Esparta (Morel Rodríguez A. con +3 puntos de ventaja) por Fuerza Vecinal.

A la hora de escribir este artículo, tanto en Barinas como en Apure se están disputando las Gobernaciones con diferencias mínimas entre los candidatos. Tendremos que esperar al conteo total para saber qué ocurrirá en esos estados.

Muchas de las encuestas, de las que hablaremos próximamente, daban ganadores a Henri Falcón en Lara, José Manuel Olivares en Vargas, David Uzcátegui en Miranda e incluso, algunas, a Antonio Ecarri en Libertador. Volvieron a fallar, suponiendo que fueron hechas para medir realmente la intención de los votos y no como métodos de propaganda.

Ya en redes se lee la excusa común de cada elección, “la abstención”. Habrá que evaluar cada caso, como dice el manual, más siendo una elección regional; sin embargo, quisiera sumar un elemento a tener en cuenta, alejado del simplismo de achacar responsabilidades a la ciudadanía: ¿No será que los candidatos no levantaron el ánimo de la gente? Tal vez aquella práctica dañina de “votar con el pañuelo en la mano” se acabó. Tal vez el venezolano ya no cae en esos chantajes. Espero que los que deben analizar estos resultados, tengan eso en cuenta.

Otro número que no debemos perder de vista, es que Súmate documentó más de 140 denuncias de irregularidades, sin contar con las acciones de los grupos paramilitares llamados colectivos en distintas partes del país, donde incluso hubo una persona fallecida a inicios de este domingo 21N, más otra, también asesinada por una camioneta que embistió a un grupo de personas en La Cañada de Urdaneta, ambos casos en el estado Zulia.

Lo que viene

De los errores hay que aprender. Un Perogrullo que después de 22 años debe ser repetido, lamentablemente. Errores comunicacionales, errores estratégicos, errores tácticos y, sobre todo, el error de no entender la naturaleza del régimen al que se enfrenta.

La tiranía venezolana, que bien puede ser comparada con algunos regímenes de naturaleza similar en la historia, ha usado herramientas del siglo XX y del siglo XI, por lo tanto, para lograr democratizar el país se debe también usar herramientas ya estudiadas en cientos de transiciones, como otras novedosas que puedan hacer frente a las formas en las que actúa Nicolás Maduro, otrora obrero hoy devenido en un capitalista, pero de esos que vigila bien quiénes manejan dichos capitales.

Para que todo ello se dé, lo primero que debe ocurrir es, en efecto, la aceptación de los muchos errores cometidos, tanto los de Juan Guaidó y el Gobierno interino; como el de los padres de la decisión de acudir al evento electoral del 21N, pues la responsabilidad de los ocurrido es de ellos, no de la gente que no votó, ni de los dirigentes que no participaron.

Hoy es más necesario que nunca, que nadie use la “bomba de humo” para no asumir errores, y reaparezca en un año para un eventual Referéndum Revocatorio, o en dos, para las presidenciales. No vale borrarse esta vez. La gente ve todo, por eso no los convencieron con caminatas “incansables”.

Aspiro, como ciudadano, a que esta vez realmente comience a ver caras nuevas en el liderazgo opositor, porque no vale pedir una reorganización de la Unidad si la aspiración es seguir estando al frente después de dos décadas.

Démosle la oportunidad a Roberto Patiño, Andrés Schloeter, Gabriel Santana, Evelyn Pinto, Ángel Subero y tantos más. Tal vez ellos sepan cómo manejar mejor lo que está ocurriendo dentro de Venezuela y fuera de ella, porque solo votando no lograremos nada, pero solo esperando a que caigan más testaferros y la CPI avance, a pesar de lo importante que es, tampoco.

Si no es todo eso junto, no ocurrirá nada que le quite el banquito en el que se sostiene a Nicolás Maduro, porque si no es así, con ayuda interna dentro de la estructura, no se podrá, y si se sigue haciendo lo que ellos quieren que hagamos, no habrá incentivo alguno para que aparezca alguien que dé ese paso.

Ya pasó -por suerte- el 21 de noviembre, espero hayan escuchado ese silencio atronador de la gente que hoy se levantó temprano a ver cómo sobrevivir, porque no tienen tiempo de leer los dimes y diretes de una dirigencia que no ha entendido nada. Espero decidan trabajar juntos, toda la oposición real que es la gran mayoría, por lo que en el fondo quiere y necesita casi todo el país: Democracia.

Politólogo de la Universidad Central de Venezuela.

22 de noviembre 2021

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H. C. F. Mansilla

Es probable que la pervivencia de ciertas tradiciones culturales, consideradas por las poblaciones del área andina como positivas y favorables a una fuerte identidad colectiva, impida el advenimiento de un orden moderno en el ámbito político-institucional, basado en la racionalidad de los nexos humanos, el Estado de derecho y las prácticas democráticas. Y justamente esta carencia de una modernidad político-cultural puede ser vista como el componente principal de una mentalidad todavía muy expandida que dificulta la instauración de una cultura racional, democrática y pluralista, por un lado, y la creación de una riqueza social más o menos amplia, por otro.

Durante el último medio siglo, el núcleo de los países andinos —Ecuador, Perú y Bolivia— ha experimentado notables procesos de modernización: una marcada especialización de roles y funciones, una intensa diferenciación de los tejidos sociales y una expansión sin precedentes de los estratos medios. Lo más importante es, empero, la pervivencia de mentalidades premodernas en medio del proceso de modernización acelerada. El término premoderno alude aquí a actitudes autoritarias, prerracionales, convencional-conservadoras y tradicionalistas, las cuales persisten paralelamente a la adopción de normativas occidentales modernas en la esfera económica, la administración pública y el ámbito académico.

Esta situación puede ser mejor comprendida si consideramos las tres grandes corrientes histórico-culturales que han contribuido a moldear la mentalidad colectiva: (a) el legado civilizatorio precolombino, (b) la tradición ibero-católica, y (c) la recepción instrumentalista de la modernidad occidental.

La herencia precolombina y las consecuencias de la tradición

No hay duda de los notables logros del Imperio incaico (y de las culturas que lo antecedieron) en muchos terrenos de la actividad humana, logros que se extienden desde la arquitectura y la infraestructura de comunicaciones hasta prácticas de solidaridad inmediata y un sentimiento estable de seguridad, certidumbre e identidad. Todo lo cual no es poco, ciertamente. La dignidad superior atribuida a lo supra-individual fomentó valores de orientación y modelos organizativos de índole colectivista. Los padrones ejemplares de comportamiento social eran la predisposición a la abnegación y el sacrificio, la confianza en las autoridades y el sometimiento de las personas bajo los requerimientos del Estado1. Todo esto condujo a una actitud básica que percibía en la tuición gubernamental algo natural y bienvenido y que veía todo cambio social y político como algo negativo e incómodo. En la población campesina de la región andina se ha preservado hasta hoy este tipo tradicional de cultura política.

Las civilizaciones precolombinas no conocieron ningún sistema para diluir el centralismo político, para atenuar gobiernos despóticos o para representar en forma permanente los intereses de los diversos grupos sociales y de las minorías étnicas. La homogeneidad era su principio rector. Esta constelación histórico-cultural no ha fomentado la aparición de pautas normativas de comportamiento y de instituciones gubernamentales que resultasen a la larga favorables al individuo como persona autónoma, a los derechos humanos como los concebimos hoy y a una pluralidad de intereses y opiniones que compitiesen entre sí.

Paralelamente a un vigoroso decurso modernizante2 en el campo técnico-económico, las culturas indígenas del presente conservan a menudo rasgos autoritarios en la estructuración social, en la mentalidad colectiva y también en la vida cotidiana y familiar. Estos fenómenos no concitan el interés de los partidos indianistas y de sus intelectuales, quienes más bien fomentan una autovisión de los aborígenes basada en un panorama idealizado y falso del pasado: las culturas precolombinas habrían sido profundamente democráticas y no habrían conocido relaciones de explotación y subordinación3. La civilización incaica debería ser vista como un socialismo revolucionario y original, pero en estadio embrionario4. Es precisamente esta concepción la que dificulta la difusión de un espíritu crítico y democrático: promueve una visión complaciente y embellecida de la propia historia, atribuye todas las carencias del pasado y de la actualidad a los agentes foráneos y evita un cuestionamiento de la mentalidad y los valores de orientación del propio pueblo. En este campo las corrientes populistas y nacionalistas no han significado una ganancia cognoscitiva de la comunidad respectiva y más bien han contribuido a menudo a consolidar los aspectos autoritarios en el mundo indígena. Esta inclinación fundamentalista impide el autocuestionamiento de la propia constelación, de sus valores de orientación y de sus metas históricas, y dificulta la búsqueda de soluciones innovadoras para los dilemas que conlleva la evolución globalizadora del mundo actual5.

También hoy entre cientistas sociales existen tabúes, aun después del colapso del socialismo. Así como antes entre marxistas era una blasfemia impronunciable achacar al proletariado algún rasgo negativo, hoy sigue siendo un hecho difícil de aceptar que sean precisamente los pueblos indígenas y los estratos sociales explotados a lo largo de siglos —y por esto presuntos depositarios de una ética superior y encargados de hacer avanzar la historia— los que encarnan algunas cualidades poco propicias con respecto a la cultura cívica moderna, a la vigencia de los derechos humanos y al despliegue de una actitud básicamente crítica.

Esta problemática se halla inmersa en el debate mayor entre valores particularistas y coerciones universalistas, por un lado, y en la discusión sobre la identidad colectiva, por otro. En los países andinos se puede constatar una intensa controversia entre la conservación de la tradicionalidad ancestral y los intentos de alcanzar la modernidad a la brevedad posible. Esta pugna es particularmente clara en grupos indígenas de urbanización reciente y formación universitaria. Además, hay que consignar que numerosas reivindicaciones de las corrientes indianistas encubren conflictos muy habituales por la posesión de recursos naturales cada vez más escasos, como tierras agrícolas, hidrocarburos y fuentes de agua.

Por otro lado, la misma acción modernizadora provoca una fuerte reacción defensiva de las comunidades indígenas, que intentan preservar sus valores y normas y el control sobre sus miembros, precisamente con más ahínco cuando se saben amenazadas seriamente, a menudo revitalizando tradiciones autoritarias.

La herencia hispano-católica y las consecuencias de la tradición

No hay duda de que la larga era colonial española y luego la republicana, que continuó algunos elementos centrales de la explotación y subordinación de los indígenas, han generado en las etnias aborígenes una consciencia muy dilatada de nación oprimida, de una injusticia secular no resuelta y de agravios materiales y simbólicos aún vivos en la memoria popular. Estas discusiones no han generado soluciones practicables, pero sí han fomentado un imaginario colectivo altamente emocional, que a menudo se cierra al análisis racional y al debate realista de su condición actual. Esta corriente se muestra refractaria a considerar las causas complejas y múltiples del autoritarismo practicado cotidianamente.

La mentalidad prevaleciente en la región andina tiene ciertos vínculos históricos con el relativo estancamiento cultural que sufrió España a partir del siglo XVI. Este atraso evolutivo no puede ser desvinculado del carácter antiliberal y acrítico que permeó durante largo tiempo las sociedades ibéricas, el que fue responsable parcialmente por la esterilidad de sus actividades filosóficas y científicas, por la propagación de una cultura política del autoritarismo y por la falta de elementos innovadores en el terreno de la organización social.

En la región andina se expandió una forma particularmente dogmática y retrógrada del legado cultural ibero-católico, que se destacó por su espíritu irracional, autoritario, burocrático y provinciano. La Iglesia católica en el área andina6 resultó ser una institución intelectualmente mediocre, que irradió pocos impulsos creativos en los ámbitos de la teología, la filosofía y el pensamiento social. Durante la colonia, el clero gozó de un alto prestigio social; la Iglesia promocionó un extraordinario florecimiento de las artes, especialmente de la arquitectura, la pintura y la escultura. La Iglesia respetó de modo irreprochable el modus vivendi con la Corona y el Estado; toleró sabiamente rituales y creencias sincretistas; y sus tribunales inquisitoriales procedieron, en contra de lo que ocurría en España, con una tibieza encomiable. Pero esta Iglesia no produjo ningún movimiento cismático; le faltaron la experiencia del disenso interno y la enriquecedora controversia teórica en torno a las últimas certidumbres dogmáticas. Debido a la enorme influencia que tuvo la Iglesia en los campos de la instrucción, la vida universitaria y la cultura en general, todo esto significó un obstáculo insuperable para el nacimiento de un espíritu crítico-científico.

Aunque la Iglesia católica se halle hoy en abierto retroceso, la religiosidad popular que difundió se encuentra todavía muy vigorosa. Varios pensadores progresistas, como el ecuatoriano Bolívar Echeverría, consideran que el barroco católico de la colonia habría creado una cultura solidaria, exenta de las alienaciones del mundo moderno, y un sentimiento de hogar favorable justamente a los desposeídos7. En este contexto es notable el fenómeno del llamado aprismo popular: una parte muy considerable de los simpatizantes del Partido Aprista Peruano, que como tal está adherido a la Internacional Socialdemocrática y dice compartir principios modernos, se rige por pautas de comportamiento de índole abiertamente tradicional, autoritaria y paternalista y por elementos de una religiosidad y una mística que han cambiado poco a través de los siglos. El mito andino del refugio, la escasa separación entre las esferas sacra y profana, la asimilación de la política a una fe prerracional (“la lógica de la creencia”8), la reconciliación de los intereses individuales y sociales bajo el manto de un sistema coercitivo de identificaciones colectivas, la fuerza del caudillismo carismático, la renuncia al esclarecimiento analítico de la verdad y una armonía basada en el apego a una ideología fundacional, representan los aspectos centrales y cotidianos del ámbito premoderno, inmersos anteriormente en el aprismo popular y ahora muy fuertes en los movimientos populistas de Ecuador9, Perú10 y Bolivia.

Por otra parte, la época colonial conllevó en la región andina una marcada propensión al centralismo11, una clara inclinación al estatismo y al burocratismo y un cierto desprecio por labores intelectuales y creativas. La atmósfera de las universidades de esa época era similar a la prevaleciente en las Altas Escuelas de la Edad Media: no existía la inclinación a relativizar y cuestionar las certidumbres dogmáticas y los conocimientos considerados como verdaderos. Predominaba en cambio una enseñanza de naturaleza receptiva, basada en la memorización de textos y en la formación de destrezas retóricas. La investigación científica y las capacidades crítico-analíticas no fueron desarrolladas. Los debates podían ser intensos, pero acerca de cuestiones triviales. Varias de estas características han persistido hasta hoy; los intelectuales adscritos al sistema universitario han sido —con pocas y notables excepciones— buenos receptores e intérpretes de ideas foráneas, pero no autores de planteamientos novedosos y heurísticos a escala mundial.

Desde la era colonial se viene arrastrando en América Latina una concepción particularista del derecho, que dificulta que la población vea en él un cuerpo abstracto de reglas universales, que deben ser aplicadas sin consideración de (poderosos) intereses particulares y sectoriales12. El paralelismo de los dos códigos no genera habitualmente grandes conflictos (y menos dilemas de conciencia); las personas y los grupos exitosos saben hablar los dos lenguajes con una gran capacidad de disimulo y manipulación. La existencia de los dos órdenes legales conduce a largo plazo (a) a la erosión de la confianza social en las normas de convivencia, (b) a debilitar la confianza del ciudadano en el Estado y la administración pública, y (c) a ensanchar el poder fáctico de los estratos ya privilegiados, puesto que estos dominan las aptitudes hermenéuticas para “manejar” los códigos paralelos adecuadamente y en el momento preciso. El otro gran peligro reside en que la frontera entre la informalidad y la criminalidad es muy porosa, pero su transgresión abierta está “reservada” para los que saben administrar estos asuntos. La actual sensación de inseguridad en Ecuador, Perú y Bolivia tiene que ver con una generalización de la desconfianza, atmósfera propicia a los intereses ya establecidos. Estos aspectos prevalecen desde la época colonial española, cuando eran habituales la exaltación del Estado altamente centralizado (pero ineficiente), el pasar por alto la corrupción reinante en toda la burocracia y la celebración de una religiosidad extrovertida, pero teológicamente estéril.13

En un trabajo muy bien documentado, Loris Zanatta sostiene que “el populismo es la transfiguración moderna, en cierta medida secularizada y adaptada a la época de la soberanía popular, de un imaginario social antiguo: un imaginario esencialmente religioso”14. Esta tendencia ideológica enfatiza la centralidad del pueblo, y precisamente este factor confuso hace que el terreno de los derechos humanos, el Estado de derecho y la pluralidad de ideas y proyectos políticos no sean percibidos como prioritarios por la voluntad general. La centralidad del pueblo corresponde más bien a una comunidad de los creyentes que viene de muy atrás. Estos últimos se sienten unidos entre sí por motivos profundos y hasta arcaicos: la comunión de historia y destino, el memorial de agravios milenarios, el recuerdo de los héroes que salen de las entrañas del pueblo y los vínculos de una solidaridad espontánea, inmediata y no calculada. La comunidad orgánica que proclaman los populistas se diferencia básicamente de la sociedad moderna, basada en principios contractualistas y racionalistas, en la cual los individuos interactúan entre sí por un cálculo de intereses15.

Todos estos factores han sido importantes para la conformación de la cultura política del autoritarismo, que durante siglos determinó el ambiente cultural de América Latina y de la región andina. Pero no se trata de esencias indelebles y perennes de una presunta identidad colectiva que es inmune al paso del tiempo, a transformaciones internas y a las influencias foráneas. Son fenómenos históricos, es decir: transitorios y pasajeros, pero que durante ciertos periodos, que pueden ser muy largos, determinan la atmósfera cultural e intelectual de un territorio. Este legado cultural ha sido desfavorable a una democracia estable y a la vigencia del Estado de derecho, y este resultado general es, en cierto modo, independiente del nivel de ingresos económicos de las sociedades latinoamericanas.

La recepción instrumentalista de la modernidad occidental y las consecuencias de la imitación

Las sociedades del área andina tienden a adoptar la modernidad occidental como si esta fuese solo la proliferación de espacios sometidos a la racionalidad de los medios —no de los fines—, y esto se manifiesta de modo patente en la acogida extremadamente favorable que le ha sido deparada a la tecnología en todas sus manifestaciones. Los avances técnicos son percibidos en la zona andina como hechos de validez universal, dignos de ser incorporados inmediatamente a casi tosas las actividades del país respectivo. Esta concepción en torno al carácter únicamente positivo de la tecnología contrasta con la opinión muy difundida entre indianistas y populistas de que la filosofía del racionalismo, el genuino individualismo, el respeto a los derechos de la persona y el pluralismo ideológico serían productos secundarios y fortuitos, circunscritos a un ámbito geográfico y temporal restringido (Europa Occidental y América del Norte) y, por lo tanto, de una vigencia relativa. Fenómenos de validez parcial no merecen, obviamente, que sean integrados dentro de los valores de orientación de la vida cotidiana.

En el área andina está difundida la idea tácita de que es posible y deseable separar un invento técnico de su contexto científico de origen. La importación masiva de tecnologías ha dejado de lado el espíritu crítico e indagatorio que hicieron posible la ciencia y, por consiguiente, el florecimiento técnico-industrial contemporáneo. La apropiación incesante de tecnologías civiles y militares, consideradas como productos “neutrales” de la inventiva humana y, por lo tanto, como libres de las peligrosas inclinaciones occidentales en favor de actitudes críticas, sirve para tender un velo sobre la posible intención socio-política que subyace a numerosos intentos populistas de revolución social radical: la preservación de estructuras premodernas de tinte marcadamente antidemocrático.

En tierras andinas el resultado es una modernidad de segunda clase: hay enormes ciudades que poseen todos los inconvenientes y pocas de las ventajas de las grandes urbes del Norte. La urbanización apresurada y la apertura de vastos territorios suceden sin una preocupación colectiva por la contaminación ambiental y la destrucción de la naturaleza; la construcción de instituciones cívicas y políticas ha ocurrido hasta hoy prescindiendo de los designios de liberalidad, democracia, tolerancia y pluralismo que animaron los orígenes de aquellas instituciones en el marco de la civilización occidental. La consecuencia global de todo esto es un ordenamiento con rasgos claros de imitación subalterna, carente de originalidad en las esferas decisivas de la vida moderna, especialmente en el campo de la economía, la tecnología y la organización empresarial e institucional, y, a causa de su falta de racionalidad a largo plazo, con el peligro de socavar su propio fundamento natural si persisten los ritmos actuales de destrucción del medio ambiente y del crecimiento demográfico.

La considerable desilusión generada por el sistema llamado neoliberal en el área andina ha favorecido el surgimiento de regímenes populistas. La falta de un mejoramiento sustancial del nivel de vida de las clases subalternas —o la creencia de que la situación es así—, el carácter imparable de la corrupción en la esfera político-institucional en las décadas anteriores y la ineficiencia técnico-profesional en el ejercicio de funciones públicas han sido los motivos que han generado un sentimiento mayoritario de desilusión con la economía de libre mercado, con la democracia representativa y con los pactos entre partidos políticos.

La naturaleza conservadora de las concepciones anti-occidentalistas en el área andina

En la región andina florece actualmente un fuerte descontento con respecto a la modernidad política de corte occidental. Esta genuina irritación colectiva está vinculada con un redescubrimiento de las culturas precolombinas y del catolicismo barroco. Todo esto viene acompañado de una visión romántica y embellecida en torno a ambos fenómenos. Simultáneamente se puede detectar una tendencia vigorosa a postular un “marxismo latinoamericano heterodoxo”16, basado en Martin Heidegger, Walter Benjamin y Carl Schmitt, ampliado por los enfoques postmodernistas y los estudios postcoloniales y dulcificado por el psicoanálisis de Jacques Lacan.

En los países andinos, los procesos de modernización han destruido los vínculos primarios y las certezas doctrinarias de la población rural y las clases populares, y no han creado una esfera social que ofrezca las seguridades y certidumbres del mundo premoderno. Es comprensible, entonces, que surjan varios movimientos en contra de lo que se considera como lo negativo por excelencia: el cosmopolitismo liberal y pluralista y el egoísmo materialista decadente. Se trata, en líneas generales, de un anti-occidentalismo de inclinaciones ruralistas, partidario de revitalizar las costumbres y los credos ancestrales, un movimiento de amplio alcance social, que ahora adquiere una dirección anti-imperialista y, simultáneamente, un tinte paternalista, favorable al autoritarismo caudillista de las tradiciones populistas. Esta amalgama de orientaciones y resultados no es sorpresiva. La civilización occidental es percibida como una tendencia decadente, superficial, materialista, sin raíces y sin sueños, que habría destruido las antiguas culturas previas al contacto con Europa y que hoy haría peligrar el humanismo espontáneo de las clases populares. A la modernidad occidental le faltaría una gran visión histórica y religiosa, que vaya más allá de los mezquinos afanes cotidianos.

En dilatados sectores sociales del mundo andino, la moderna democracia pluralista es considerada por sus detractores como un orden social débil y sin sustancia, antiheroico, mediocre y corrupto. En la consciencia anti-occidentalista17, la democracia moderna es vista como el espacio de los comerciantes y administradores y como un mero sistema competitivo, en el cual los partidos luchan abiertamente por el poder y donde la resolución de conflictos se produce mediante negociaciones y compromisos aleatorios. Es decir: este tipo de democracia sería el ámbito donde escasean los designios eminentes y los propósitos sublimes. Este orden político sería un invento artificial y artificioso proveniente de la dimensión urbana, de antigüedad y respetabilidad muy discutibles, creada por mercaderes, que habrían trasladado el sistema competitivo cortoplacista propio del mercado al terreno político, es decir al campo de los sentimientos nobles, las intenciones prístinas y los asuntos de largo aliento. El pluralismo ideológico, el parlamento como lugar de negociación de intereses, los partidos contendientes entre sí y los debates interminables en el seno de la opinión pública son entendidos como obstáculos a un desarrollo auténtico, como una rémora frente a las apremiantes necesidades del momento y como una pérdida de tiempo en comparación con el presunto mejor desempeño de un gobierno fuerte y de un líder enérgico. Se repite la crítica, muy difundida, acerca de las debilidades innatas y las complicaciones innecesarias del orden liberal-democrático18.

La modernización y la globalización han generado un amplio repudio de las formas relativamente abstractas de hacer política, lo que es, en el fondo, un comprensible rechazo del mundo moderno, percibido como insoportablemente complejo e insolidario. El resultado teórico de todo esto es una ideología compensatoria con una clara inclinación armonicista.

Se proclama simultáneamente la superioridad ética del indio y la inferioridad moral del europeo, con lo cual, además, se relativizan los logros culturales de Occidente: estos se hallarían exclusivamente en el terreno técnico-material, pero ya “contaminados” por la racionalidad instrumental y el principio de eficacia. Este dualismo maniqueísta y su correlato ético-social pertenecen al núcleo del pensar y sentir de muchas comunidades rurales latinoamericanas y asimismo de ambientes citadinos de urbanización acelerada y superficial. Aunque se hallan en cierto proceso de declinación, todavía manifiestan una visión del mundo compartida por amplios segmentos poblacionales. En el terreno de la religiosidad popular esta doctrina presupone una esencia identificatoria constituida por el catolicismo ibérico tradicional, el ritualismo y el comunitarismo de las religiones precolombinas, el barroco en cuanto forma original de síntesis cultural y los modelos de convivencia de las clases populares, presuntamente incontaminadas por la perniciosa civilización occidental moderna. Esta concepción representa probablemente (a) la nostalgia de sus autores por sistemas ideales de solidaridad humana que nunca han existido, (b) su animadversión por la compleja modernidad contemporánea y (c) una curiosa simpatía, típica de sofisticados intelectuales citadinos, por los resabios populares y autoritarios del orden premoderno y rural, es decir por una porción de la tradicionalidad poco digna de ser recuperada.

El tratar de volver a una identidad previa a toda transculturación es, por lo tanto, un esfuerzo vano y efímero, aunque cuenta con numerosas simpatías en el mundo andino contemporáneo19. Casi todas las comunidades campesinas y rurales en la región andina se hallan desde hace ya mucho tiempo sometidas a procesos de aculturación, mestizaje y modernización, lo que ha conllevado la descomposición de su cosmovisión original y de sus valores ancestrales de orientación20. Lo mismo vale para los sectores indígenas de reciente urbanización, cuya importancia demográfica es enorme. Para el debate sobre la descolonización, el indianismo y el mestizaje es importante llamar la atención sobre el deterioro de los valores normativos de origen rural-campesino particularista y su sustitución por normativas occidentales universalistas. Los procesos mediante los cuales la región andina ha recibido la influencia de la cultura metropolitana occidental son innumerables, cotidianos y persistentes. Las sociedades andinas de hoy son impensables sin los avances tecnológicos, científicos, médicos, logísticos e institucionales de la modernidad, que es percibida como superior con respecto a la sociedad premoderna. En las últimas décadas lo más habitual ha sido una simbiosis entre los elementos tradicionales y los tomados de la civilización moderna.

Democracia y mundo andino en la actualidad

La historia del mundo andino ha conocido muchas alteraciones, pero no ha generado de forma endógena una doctrina de libertades políticas y derechos individuales. En los regímenes populistas de la actualidad está muy difundida la concepción de que una democracia genuina significa ante todo una gran cohesión social y una elevada capacidad de movilización política en pro de objetivos determinados y definidos por las élites progresistas21. En este sentido, las tendencias populistas prolongan y fortifican una antigua tradición conservadora, que en el aspecto práctico significa la manipulación de masas ingenuas. La democracia popular del ámbito andino ha significado la realización de un consenso compulsivo y no el respeto a un disenso creador. Partidos y movimientos izquierdistas y populistas no han modificado (y no han querido modificar) esta constelación básica. En última instancia, la democracia popular y directa es solo una cortina exitosa que encubre los saberes y las prácticas tradicionales de estratos privilegiados muy reducidos.

En regímenes de cuño populista-autoritario del ámbito andino los elementos centrales del legado occidental-liberal —el respeto al individuo, la moral universalista, las instituciones democráticas— son percibidos como algo foráneo y amenazador o, en el mejor de los casos, como una moda innecesaria y pasajera. Esta corriente es reforzada ahora en Bolivia, Ecuador y Perú por ideologías indianistas y populistas, que, aunque difieran considerablemente entre sí, tienen en común el menosprecio del adversario. Estas doctrinas radicales sirven para consolidar una identidad social devenida precaria y para compensar las carencias de estas sociedades mediante el recurso de postular la supremacía propia en la esfera cultural y ética, lo que hace, por ejemplo, el actual gobierno boliviano, proclamándose “la reserva moral de la humanidad”22. En estas culturas a la defensiva dentro de la modernidad, extensos grupos de afectados por el proceso de modernización tratan de reconquistar su identidad, es decir: su dignidad, su visión del mundo y su presunta valía histórico-política, mediante un renacimiento de la propia tradición religiosa o ideológica, que en la era de la ciencia y la tecnología se convierte en algo utópico.

Aquí parece útil intercalar un ejemplo histórico. En Bolivia, al asumir el gobierno en 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) dio paso a una constelación muy común en América Latina. Lo que puede denominarse la opinión pública prefigurada por concepciones nacionalistas, populistas y anti-imperialistas —es decir: la opinión probablemente mayoritaria hasta hoy— asoció la democracia liberal y el Estado de derecho con el régimen presuntamente “oligárquico, antinacional y antipopular” que fue derribado en Bolivia en abril de 1952. En el plano cultural y político esta corriente nacionalista (como el primer peronismo en la Argentina) promovió un renacimiento de prácticas autoritarias y el fortalecimiento de un Estado omnipresente y centralizado. En nombre del desarrollo acelerado se reavivaron las tradiciones del autoritarismo y centralismo, las formas dictatoriales de manejar “recursos humanos” y las viejas prácticas del prebendalismo y el clientelismo en sus formas más crudas. Todo esto fue percibido por una parte considerable de la opinión pública como un sano retorno a la propia herencia nacional, a los saberes populares de cómo hacer política y a los modelos ancestrales de reclutamiento de personal y también como un necesario rechazo a los sistemas “foráneos” y “cosmopolitas” del imperialismo capitalista.

Lo que hoy llama la atención particularmente en Bolivia es la intensificación del carácter conservador de las prácticas políticas del gobierno y de los grupos que lo apoyan. Conservador en sentido de rutinario y convencional, provinciano y pueblerino y, ante todo, autoritario, paternalista y prebendalista. Es obvio que esta constelación no fue creada por el régimen actual, pero sí legitimada y exacerbada. Para ello no se necesita mucho esfuerzo creativo intelectual, sino la utilización adecuada y metódica de la astucia cotidiana. La pasividad de la población y su obediencia a los grandes caudillos de turno explican la facilidad con que se imponen el voto consigna, el carisma personal del Gran Hermano y la intolerancia hacia los que piensan de manera diferente. Todas las encuestas de opinión pública, relativas a la mentalidad prevaleciente, han dado como resultado un grado muy bajo de tolerancia con respecto a las opiniones que divergen de la mayoría ocasional23. Hay que señalar que esta atmósfera general de autoritarismo práctico es fomentada también por la carencia de una consciencia crítica de peso social, por el nivel educativo e intelectual muy modesto de la población y por la existencia de un sistema universitario consagrado a un saber memorístico y convencional, muy lejano de la investigación científica.

Paralelamente se puede constatar una tendencia a la desinstitucionalización de todas las actividades estatales y administrativas, que afianza paradójicamente el poder y el uso discrecional del aparato estatal por parte de la jefatura populista. Este acrecentamiento del poder de los de arriba (con su correlato inexorable: la irresponsabilidad) solo ha sido históricamente posible a causa de la ignorancia, la credulidad y la ingenuidad de los de abajo. Como corolario se puede afirmar que este proceso significa en realidad la supremacía de las habilidades tácticas sobre la reflexión intelectual creadora, la victoria de la maniobra tradicional por encima de las concepciones de largo aliento y el triunfo de la astucia sobre la inteligencia.

Como resumen, se puede afirmar que importantes sectores de la opinión pública en el área andina anhelan que la consecución de progreso y desarrollo englobe los valores metropolitanos de orientación colectiva —modernización y urbanización aceleradas, consumo masivo, tecnificación de la vida cotidiana— juntamente con la preservación de la cultura política tradicional y de pautas premodernas de comportamiento en las esferas política y cultural. Esta mixtura es al mismo tiempo favorable para perpetuar prácticas irracionales y autoritarias en nombre de una herencia cultural genuinamente propia y bajo el barniz de un designio progresista de desarrollo. La fatal combinación de tecnofilia ingenua y autoritarismo práctico parece ser una posibilidad bastante expandida de evolución histórica en la región andina. En estos países el futuro de la democracia moderna permanece entonces como precario e impredecible24.

1 Véase el libro que no ha perdido vigencia: Mörner, M. (1985). The Andean Past: Lands, Societies and Conflicts. New York: Columbia University Press.

2 Véase Lucero, J. A. (comp.) (2001). Beyond the Lost Decade: Indigenous Movements and the Transformation of Democracy and Development in Latin America. Princeton: Princeton University Press.

3 Véase las obras precursoras, en las que se basan casi todos los enfoques teóricos posteriores de tendencia indianista: Reinaga, F. (1969). La revolución india. La Paz: Ediciones del Partido Indio de Bolivia; Bonfil Batalla, G. (comp.) (1981). Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina. México: Nueva Imagen.

4 Véase entre otros: Quispe, A. (2011). Indianismo. La Paz: Awqa / Pachakuti; Apaza Miranda, R. (2017). Las luchas permanentes de los oprimidos. Desde el régimen colonial hasta el Estado Plurinacional. Qollasuyu: Jach'a Umasuyu.

5 Véase la obra que sigue preservando aspectos innovadores: Larraín Ibáñez, J. (1996). Modernización, razón e identidad en América Latina. Santiago de Chile: Andrés Bello.

6 Véase la valiosa obra de Lloyd Mecham, J. (1966). Church and State in Latin America: A History of Politico-Ecclesiastical Relations. Chapel Hill: North Carolina University Press.

7 Echeverría, B. (comp.) (1994). Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco. México: UNAM / El equilibrista; Echeverría, B. (1998). La modernidad de lo barroco. México: Era; Echeverría, B. (2006). Vuelta de siglo. México: Era. Sobre el ethos barroco en cuanto ideología revolucionaria véase Peña, J. y Echeverría, L. (2013). El ethos barroco como forma de resistencia al capitalismo. Revista Socialista, núm. 8.

8 Véase la brillante y exhaustiva investigación de Vega-Centeno, I. (1991) Aprismo popular. Cultura, religión y política. Lima: Tarea / CISEPA / PUC.

9 Ibarra, H. (1999) Intelectuales indígenas, neo-indigenismo e indianismo en el Ecuador. Ecuador Debate, núm. 48, págs. 71–94.

10 Para el caso peruano véase, por su erudición y su espíritu moderado, el libro de uno de los literatos y antropólogos más notables de ese país: Arguedas, J. M. (1989). Formación de una cultura nacional indoamericana. México: Siglo XXI.

11 Véase Véliz, C. (1980). The Centralist Tradition of Latin America. Princeton: Princeton University Press.

12 Morse, R. M. (1982). El espejo de Próspero. Un estudio de la dialéctica del Nuevo Mundo. México: Siglo XXI.

13 La complejidad de las nuevas estructuras sociales y la variedad inesperada de normativas de orientación han producido prolongados fenómenos de anomia, desestructuración e inseguridad. Peter Waldmann, a quien debemos notables estudios sobre los fenómenos de anomia en América Latina, señaló que la falta de reglas claras, generalmente aceptadas y practicables o, a menudo, la evaporación de las mismas con extraordinaria facilidad, ocurre paralelamente a la expansión y modernización de un aparato estatal deficiente y corrupto, que no puede asegurar para sí el monopolio de la coacción física legítima ni garantizar la prestación de servicios sociales indispensables. Waldmann, P. (2006). El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert.

14 Zanatta, L. (2008). El populismo, entre religión y política. Sobre las raíces históricas del antiliberalismo en América Latina. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 19, núm. 2, págs. 29–44.

15 Véase Zanatta, L. (2008), pág. 34: ``[...] los populismos de América Latina aparecen emparentados por la aversión a la democracia representativa de tipo liberal y a la concepción social que ella implica, a la que contraponen la explícita invocación o la implícita pulsión hacia una `democracia orgánica'. Es en virtud de dicha homogeneidad que la comunidad populista se suele expresar a través de una voz unívoca: la voz del líder, figura de la que rebosa la historia del populismo latinoamericano, que no representa sino encarna a su pueblo, del cual se propone o impone como médium en el camino hacia la redención y la salvación''.

16 Véase uno de los textos más populares actualmente en las facultades de ciencias sociales del área: Cortés, M. (2011). Entre Benjamin y Schmitt: el rompecabezas de José Aricó para pensar América Latina. Nómadas: Revista Críticia de Ciencias Sociales y Jurídicas, núm. especial: América Latina.

17 Véase uno de los testimonios más elocuentes del indianismo radical, cuyas conclusiones son previsibles. El ``retorno a la verdadera patria'', al ``paradigma de la vida'', es la restauración del modelo civilizatorio prehispánico: Apaza Calle, I. (2011). Colonialismo y contribución en el indianismo. El Alto: Pachakuti / Awqa.

18 Sanjinés, J. (2009). Rescoldos del pasado. Conflictos culturales en sociedades postcoloniales. La Paz: PIEB / Plural.

19 Véase Delgado Mancilla, D. (2017). Descubrimiento, conquista, invasión. Desmontando y desmitificando la historia y el pensamiento colonial. La Paz: Laboratorio del Pensamiento Indianista-Katarista. Esta concepción está vinculada con un renacimiento acrítico de la Teoría de la Dependencia. Véase Bautista, R. (2017). Del mito del desarrollo al horizonte del ``Vivir Bien''. ¿Por qué fracasa el socialismo en el largo siglo XX?. La Paz: Yo soy si Tú eres.

20 Véase con respecto al caso boliviano la exhaustiva investigación, basada en datos empíricos, de Tintaya Condori, P. (2008). Construcción de la identidad aymara en Janq'u Qala y San José de Qala. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos / UMSA / ASDI.

21 Para aquilatar la extensión y calidad del pensamiento antipluralista y antidemocrático, véase los escritos del marxista más ilustre de Bolivia: Zavaleta Mercado, R. (2013). Las masas en noviembre [1983]. En Souza Crespo, M. (comp.), Obra completa de René Zavaleta Mercado, tomo II (págs. 97–142). La Paz: Plural Editores; Zavaleta Mercado, R. (2013). Lo nacional-popular en Bolivia [1984]. En Souza Crespo, M. (comp.), Obra completa de René Zavaleta Mercado, tomo II (págs. 143–379). La Paz: Plural Editores; Zavaleta Mercado, R. (2011). La caída del MNR y la conjuración de Noviembre [1970]. En Souza Crespo, M. (comp.), Obra completa de René Zavaleta Mercado, tomo I (págs. 211–332). La Paz: Plural Editores; Zavaleta Mercado, R. (2013). El fascismo y la América Latina [1976]. En Souza Crespo, M. (comp.), Obra completa de René Zavaleta Mercado, tomo II (págs. 413–419). La Paz: Plural Editores.

22 Véase el documento oficial: [sin compilador] (2011). Ha llegado la hora de descolonizar el Estado desde el mismo Estado... Memoria política del Viceministerio de Descolonización 2010-2011. La Paz: Ministerio de Culturas / Viceministerio de Descolonización / Fundación Friedrich Ebert.

23 En el caso boliviano y sobre el grado de tolerancia con respecto al Otro (el más bajo de América Latina), véase [sin compilador] (2019). Cultura política de la democracia en Bolivia. 20 años. Cochabamba: Ciudadanía.

24 Sobre este punto véase el instructivo ensayo de Rojas, R. (2013). De la crítica a la apología. La izquierda latinoamericana entre el neoliberalismo y el neopopulismo. Nueva Sociedad, núm. 246, págs. 99–109.

NOVIEMBRE–DICIEMBRE, 2021

VOL. 5, NÚM. 6, PÁGS. 26–41

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