Los intentos de la administración de Nicolás Maduro de hacerle creer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que está investigando y juzgando los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país al menos desde 2017, han resultado infructuosos. Así lo dejó en claro el despacho encabezado por el jurista británico Karim Khan, quien expresó su deseo de continuar con las investigaciones relacionadas con las gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.

La petición figura en la comunicación que el pasado 20 de abril la Fiscalía le envió a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) y en la cual anuncia que le solicitará a esta instancia que «autorice la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto (de Roma)». Asimismo, le requirió que «solicite observaciones de las víctimas o sus representantes legales, así como de otros participantes interesados».

La solicitud de Khan se produce luego de que el 16 de abril venciera el lapso que les había dado a las autoridades venezolanas para que le informaran de las acciones que habían tomado a fin de castigar los crímenes constatados por su despacho; y casi dos semanas después de que el funcionario realizara su segunda visita a Caracas en menos de seis meses.

Procesos estancados

Khan, en su escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares, informó que las autoridades venezolanas atendieron su requerimiento y le informaron que «a través del Ministerio Público y el Poder Judicial están investigando o han investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto de presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».

La respuesta a la Fiscalía de la CPI la dio el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, quien en un informe fechado en Caracas el día 15 de abril aseguró que de los 124 casos sobre los cuales la Fiscalía pidió información, 116 se encuentran en fase preparatoria, cinco en juicio y solo tres han concluido con sentencias condenatorias.

Los datos que el canciller dio a Khan se pueden expresar de la siguiente manera: 93,5% de los casos están aún bajo investigación, es decir, el Ministerio Público (MP) venezolano no ha terminado de individualizar a los posibles responsables de los hechos o de recabar las pruebas que permitan sustentar una acusación contra ellos. Esto a pesar de que, si se refiere a los casos de 2017, han transcurrido aproximadamente cinco años desde que ocurrieron, y si alude a los de 2014, son ocho años, cuando según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) vigente para el momento de los hechos, una investigación no debería durar más de dos años.

Los números confirman lo que las organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años: la impunidad en Venezuela está institucionalizada y las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen casi nulas posibilidades de conseguir justicia.

Tras indicar que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGIM) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) figuraban entre los investigados por presuntos hechos ocurridos desde 2014, Plasencia informó que 30 funcionarios han sido imputados, 27 acusados y 14 permanecen detenidos. Al respecto debemos destacar que de los 124 casos sobre los que informó, apenas 14 funcionarios están privados de libertad.

Sin embargo, es esperanzador que el Gobierno dé cuenta de casos de 2014, porque el examen preliminar abierto por la Fiscalía de la CPI fue inicialmente sobre los hechos de 2017, por lo que esta admisión del Gobierno es un indicio de una apertura del marco temporal de la investigación que esperamos sea confirmada formalmente por la instancia internacional.

La reacción desde el MP no se hizo esperar. El titular de esta institución aseguró a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) lo siguiente:

«En materia de derechos humanos no hemos necesitado que venga un experto, un comisario de una transnacional de justicia para nosotros actuar en el sistema interno (…) En Venezuela las violaciones a los derechos humanos se sancionan, persiguen y juzgan, sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico (…) Sinceramente no hace falta que la CPI investigue y en la práctica lo vamos a demostrar».

Solicitud injustificada

Pese a que el Gobierno de Maduro admitió por medio de Plasencia que apenas el 2,4% de los crímenes por los cuales la Fiscalía de la CPI le pidió información han terminado con una condena, consideró que está haciendo su tarea y, por ello, le solicitó a esa instancia «abstenerse formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela».

Para justificar su petición, recordó que en los últimos meses las autoridades han impulsado una serie de reformas legales que han desencadenado el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o que se proscribió el procesamiento de los civiles por parte de los tribunales militares. Sobre esto último dijo que «permitió la declinatoria hacia la jurisdicción ordinaria de 328 causas» y que «actualmente ningún civil está siendo procesado por la jurisdicción militar».

Sobre esto último, consideramos oportuno recordar que la Sala Constitucional dejó abierta la posibilidad para que los civiles terminen ante los jueces castrenses, apenas tres meses después de que la AN electa en 2020 modificara el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) para proscribir el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares. Así, la pretendida reforma en la práctica quedó anulada por la decisión de la Sala Constitucional.

La petición venezolana ha sido desestimada por Khan, quien señaló que las autoridades venezolanas «no han proporcionado materiales adicionales» que le permitan concluir que ciertamente están investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. En otras palabras, para el Fiscal de la CPI los fallos y las reformas legislativas e institucionales hasta ahora adelantados no han sido suficientes para considerar que Venezuela está haciendo justicia, reparando a las víctimas y tomando medidas para evitar que estos hechos se repitan.

Nada de promesas

En su escrito, Khan reiteró su disposición a «apoyar y participar activamente en cualquier esfuerzo interno para permitir que las autoridades venezolanas competentes lleven a cabo procesos pertinentes y genuinos en relación con los delitos» ocurridos en el país. Sin embargo, también advirtió que él no adoptará ninguna decisión sobre Venezuela con base en promesas. «La evaluación de complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que puedan ocurrir en el futuro», indicó.

Días después de su visita a Caracas, en una entrevista a un diario español, el jurista británico ya dejó en claro que su despacho cumplirá con el mandato que le fija el Estatuto de Roma de investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, si la justicia local no lo hace, pero que si esto ocurre no actuará. Khan declaró lo siguiente:

«Yo he dicho que, si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro. Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino. Usted ya vio lo que hice en Colombia: cerré el caso allí [en 2021] pero no di un cheque en blanco, fue una situación condicional a que continúe la Jurisdicción Especial para la Paz, y el financiamiento para esta, y que no haya intervención política contra esta. Si no, por supuesto, podría volver a entrar».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La decisión de Karim Khan es una buena noticia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y para sus familiares, pues revela que las maniobras de las autoridades venezolanas por intentar escapar de la justicia internacional han vuelto a fracasar. No se puede olvidar que a lo largo de 2020 y 2021, sobre todo desde el MP, hubo maniobras para intentar evitar el inicio de la investigación que sin duda retrasaron el paso del examen preliminar a esta nueva etapa. Asimismo, la decisión del fiscal Khan revela que en La Haya (Países Bajos) están bastante informados de lo que ocurre en el país.

Este paso es otro más dentro del complejo y largo proceso que se abre para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos a partir de 2017, cuando decenas de venezolanos perdieron la vida y miles más fueron detenidos, maltratados o torturados por ejercer sus derechos constitucionales a la protesta, libertad de expresión y, sobre todo, por defender la democracia.

3 de mayo 2022

https://accesoalajusticia.org/la-justicia-venezolana-no-se-cansa-de-cast...

Unas burbujas son de champaña. Otras de miseria. Pocos venezolanos están en la primera. La mayoría se ubica en la segunda. Esto ocurre tanto dentro de nuestras fronteras, como fuera de ellas. Las burbujas internas siempre han existido. Las de compatriotas en el exterior son una novedad. ¿Por qué se formaron? ¿Quiénes son los responsables de esta situación? ¿Cómo deshacerlas?

Burbujas internas

Siempre habrá desigualdades. Lo repudiable es que las mismas sean tan grandes y que algunas sean producto de la corrupción. También es inaceptable que quienes tienen más sean indiferentes y no contribuyan a disminuir las desigualdades. Afortunadamente, en Venezuela tenemos numerosos ejemplos de empresas que han creado organizaciones sin fines de lucro que realizan una extraordinaria labor social. También hay personas que practican voluntariado en hospitales y otros servicios comunitarios.

A la par, muchos que pecan por egoístas o por ignorantes. Consideran, con razón, que por esfuerzo propio lograron el ascenso social. Constituyen un grupo relativamente reducido que pudieron beneficiarse de las políticas de nuestros gobernantes en el período entre 1935 y el final del siglo XX. Lamentablemente, muchos otros quedaron marginados. Entre los favorecidos hay quienes no se percatan que había dos países. Por un lado, el de las urbanizaciones, buenos colegios e ingresos que permitían viajar. Por el otro, el de los ranchos, educación deficiente e ingresos que solo permitían una alimentación precaria. Las desigualdades entre las ciudades y el medio rural siempre fueron abismales. ¿Hubo ascenso social en ese período? ¡Claro que sí!, pero muy por debajo de lo que ha debido ser.

Hoy, las burbujas de champaña y las de miseria son más evidentes ante la pérdida del poder adquisitivo de la gran mayoría. Jubilados que pensaban tener una vejez más o menos digna están pasando grandes dificultades. Educadores, abogados y otros profesionales dependen de una remesa del exterior. Quien era pobre, es ahora más pobre. Hay otras burbujas que no son criticables. En ellas se encierran compatriotas que por seguridad o por tranquilidad espiritual requieren alejarse por un tiempo del mundanal ruido.

Burbujas en el exterior

No difieren de las anteriores. En unas se encuentran compatriotas con dinero mal habido. En otras, quienes trabajaron duro y ahorraron. Unos siguen pendientes de la situación política en Venezuela. Otros han pasado la página. Los profesionales jóvenes que emigraron han tenido que empezar desde muy abajo en su área de experticia o se han visto obligados a trabajar en lo que se les presente.

Quienes emigraron a países desarrollados mejoran gradualmente y sus hijos tendrán más oportunidades. Los que están en los países del sur tienen la desventaja de que a veces no son bien recibidos. Esta situación hay que entenderla y no culpar a los habitantes del país receptor. Toda migración masiva ocasiona graves distorsiones. Reconozcamos los problemas que causamos y que, a pesar de todo, nuestros compatriotas son en general bien recibidos. También hay un problema de estabilidad política y económica. Países hermanos que hace poco tiempo iban muy bien, hoy están próximos a un despeñadero.

Pinchar las burbujas

Hay que deshacer estas burbujas de miseria, así como las de indiferentes que disfrutan de recursos bien o mal habidos. No es fácil. Para lograr una sociedad más justa, los gobiernos deben dedicar más recursos a la educación, a la salud y a la infraestructura, así como crear las condiciones apropiadas para un crecimiento sostenible del sector privado. Ello implica abandonar la política del capitalismo de Estado, que solo ha producido empresas que tarde o temprano quiebran. El sector privado es el que puede crear una riqueza perdurable que permita disminuir gradualmente la pobreza. Desde luego, ese sector debe actuar con responsabilidad social y el Estado debe velar por el respeto a las leyes. Además, corresponde al Estado introducir los correctivos necesarios para proteger a los grupos más vulnerables, sin caer en un asistencialismo extremo.

La quiebra de todas las empresas del Estado es una evidencia de que ese no es el camino. En el pasado hubo algunas exitosas, como Edelca, el Metro de Caracas y Pdvsa, pero fueron la excepción. Tarde o temprano tenían que sucumbir ante el clientelismo y la corrupción. Ojalá el sector político y la sociedad civil acepten esta realidad. Sería una ruptura con el pasado remoto y, desde luego, con el presente, que nos pondría en la senda del desarrollo sustentable.

Para la recuperación de Venezuela es imprescindible, como requisito necesario, pero no suficiente, salir del régimen. La reciente designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que es igualmente sectario y mediocre como el anterior, es una señal clara de que Maduro y sus compinches no están dispuestos a ceder fácilmente el poder. Quienes por inocentes pensaban que se puede cohabitar, tienen que haber aterrizado.

Para lograr el cambio, no nos cansaremos de repetir, se necesita una dirigencia con unidad de propósito, un acuerdo de transición y gobernabilidad por varios períodos presidenciales y que todos nos percatemos de que, salvo un imponderable deseable, no hay otra vía que la electoral; además, que en estos momentos se requiere un candidato presidencial que no tenga rechazo. Si no pinchamos la burbuja interna nos asfixiáremos en ella. Si persiste la del exterior perderemos valiosos recursos humanos.

Como (había) en botica

Carlos Canache Mata acaba de publicar el libro Rómulo Betancourt, líder y estadista. Dada la estrecha relación entre ellos, el libro tiene que ser muy interesante.

Mañana 4 de mayo será la presentación en Madrid del libro La Tumba, secuestro en Venezuela, del luchador y amigo Antonio Ledezma. Debe ser una importante contribución a la divulgación de los atropellos del régimen.

La Fundación Empresas Polar sigue cumpliendo una loable labor. Felicitaciones a los científicos ganadores del Premio Lorenzo Mendoza Fleury.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Los vericuetos de la historia son caprichosos e inescrutables. ¿Quién podría imaginar a Robespierre y Luis XVI descansando en paz en un mismo recinto? ¿O a Stalin y Trotsky? ¿A los Montesco y a los Capuleto? Pues bien, en esta tierra de gracia ha ocurrido que Manuel Piar y Simón Bolívar son vecinos de sarcófagos en nuestro Panteón Nacional.

Las explicaciones de la “historia oficial” (u oficialista) son verdaderamente cándidas. Nos cuentan que Piar fue un hombre engañado por los enemigos de Bolívar y que el Congreso de Cariaco fue un aquelarre de conjurados que metieron en su cabeza de pardo libertario, la idea de la sedición y la traición. Hay que estirar la historia como un chicle para comprar semejante argumento.

Han pasado más de 200 años de aquel fusilamiento y hoy podemos decir que Bolívar tomó aquella decisión (a través de un Consejo de Guerra y un fiscal que le eran absolutamente leales) condenando a Piar a la pena capital, porque no podía permitirse un torneo de rivalidades en plena guerra. ¿Ha podido resolverlo de otra manera? ¿Cuánto hubo de celo personal ante el carisma indubitable de un general que era también un líder social y que reiteradamente se manifestó en contra de la manera como Bolívar y los mantuanos, dirigían la revolución emancipadora?

Valdría también hacernos las mismas preguntas, cambiando a Piar por Miranda. ¿Cuánto pesó el pedigrí revolucionario y el pasado glorioso de Miranda, para que le entregara a los españoles? ¿Se justificó su capitulación de San Mateo ante Monteverde? ¿Cuánto temía Bolívar del liderazgo del generalísimo, quien también era, “blanco de orilla”, hijo de canarios y soldado de todas las revoluciones del mundo?

Las respuestas son muy difíciles de encontrar y sabemos que su solo planteamiento es polémico y delicado. No obstante, lo que nos interesa en esta nota es poner de manifiesto como el tema de la unidad, las lealtades, las traiciones, los distintos puntos de vista, son moneda corriente en la política y en la guerra en todos los tiempos y todas las latitudes.

Los desencuentros entre el liderazgo venezolano, ni son nuevos, ni van a desaparecer nunca. Son propios de la naturaleza humana. No hay institución, política, civil, militar o religiosa que no lo conozca y que haya saboreado las hieles del cisma y las rupturas.

No es inteligente entonces andar llorando por los rincones porque no conseguimos la unidad. Tampoco ayuda mucha enzarzarnos en cruzadas salvíficas predicando en el desierto y pidiendo a nuestros líderes que se porten bien en esa materia.

No es porque emprendamos una cruzada por la desaparición de los egos, los intereses, las divergencias que éstos desaparecerán.

La conducta de los líderes suele ser impermeable a los buenos consejos, a las exhortaciones y a los rezos suplicantes. Cuando se sienten depositarios de la verdad, difícilmente se les mueve de ese punto.

¿Entonces, es una guerra perdida la guerra por la unión del liderazgo opositor venezolano?

Por supuesto que no, pero es una lucha que tiene que desechar las ilusiones y que tiene que proponerse la creación de condiciones externas a esos liderazgos y a sus organizaciones. Sera “desde afuera”, con iniciativas políticas o con acontecimientos sociales de gran monta, que lograremos alcanzar los niveles de acuerdo que hoy necesitamos.

Ejemplos sobre lo que hablamos sobran. Quién puede negar que el 27F, provocó una reacción de la clase política que, luego de salir del estado catatónico que provoco la sorpresa de los acontecimientos, se propuso impulsar cambios importantes que llevaron, por ejemplo, a las elecciones directas de gobernadores y alcaldes. O que el 4F significó la superación del bipartidismo y la victoria electoral de Rafael Caldera.

¿Es que no acabamos de asistir a un proceso en el que la presión de las regiones obligó a las direcciones nacionales de los partidos, no solo a participar en el 21N, sino a lograr niveles importantes de acuerdo electoral? ¿Qué significo la experiencia posterior de Barinas, si no fue también la victoria de una iniciativa que nació de los propios dirigentes regionales?

Como notara el lector. No se trata de tareas fáciles. Los acontecimientos sociales no los gobernamos y tienen vida propia y también los dirigentes regionales y los de la sociedad civil tienen sus propios intereses y sus bemoles. Pero algo hay que intentar.

Es necesario poner iniciativas en la calle y en el debate. La legitimación de la dirección política de la oposición, la Consulta Nacional, las mismas primarias, son todas propuestas para estudiar y que van en la vía de salir de la lloradera por la falta de la unidad o de la plegaria para que ésta prenda en la cabeza de los dirigentes.

No podemos darnos el lujo de esperar 200 años para que la historia nos entierre juntos.

La cosa es urgente.

El Movimiento Social Independiente Unión y Progreso propone una política nueva y distinta. La política tradicional ha fracasado en los últimos veinte años. La del gobierno no ha podido ser más desacertada. El daño causado al país por la política del gobierno de Chávez y de Maduro ha sido inconmensurable.

La política de la oposición también ha fracasado. La tarea fundamental de la oposición en estos veinte años era la de construir una Alternativa Democrática para ofrecerle al país un nuevo gobierno. También la política opositora ha fracasado. El fracaso de la política del gobierno explica que Maduro y sus amigos tengan 80% de rechazo en las encuestas. El fracaso de la política de los partidos de oposición explica que ellos también tengan un enorme rechazo en las encuestas de opinión pública.

Venezuela está esperando una política nueva, distinta y superior. Los venezolanos no estamos contentos con los que han hecho nuestros políticos, ni los del gobierno, ni los de la oposición.

Una política diferente es una que no cultive el odio ni la división. Que no se distraiga en una confrontación permanente y en una polarización infecunda. Una política nueva coloca la prioridad en la gente, en las personas, en el sufrimiento de la población, en la búsqueda de soluciones para los problemas del país.

La política nueva apuesta por la ruta electoral, no promueve la violencia. Rechaza la tentación de las soluciones de fuerza: ni golpes de estado vernáculos, ni invasiones extranjeras. Ninguna de esas opciones es factible y, además, ninguna de las dos es deseable. Tampoco está de acuerdo la nueva política con apoyar sanciones que afectan la calidad de la vida de los venezolanos ya suficientemente degradada por los errores de las políticas del gobierno.

La política nueva convoca a la unidad de todos los ciudadanos alrededor de una propuesta programática que responda a las necesidades de los venezolanos. Lo que necesita Venezuela no es más odio y más división. Lo que queremos es procurar los consensos que permitan recuperar la democracia y el estado de derecho, reactivar la economía, generar empleos y oportunidades para todos, resolver el problema de la pobreza, recuperar los servicios públicos fundamentales y acabar con la corrupción. En una palabra: vivir mejor.

Seguiremos conversando.

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Está claro que “las cartas” −ya son tres, dos de ellas dirigidas al Presidente Biden y una “a los venezolanos”−, aunque se centran en el tema de las sanciones, en realidad su destinatario somos los venezolanos, opositores y no opositores, que hemos perdido la costumbre de dirigirnos unos a otros, de manera directa y civilizada para dialogar o discutir las cosas que tenemos en común y las que nos apartan y hemos reemplazado esa práctica por el insulto, la descalificación y la diatriba. Pero esa es la realidad con la que nos toca lidiar.

La semana pasada me réferi a las sanciones en general y a las sanciones sobre el negocio petrolero, mencionadas por la carta de los 25; en esta oportunidad lo haré sobre “la negociación”, y un añadido sobre el rechazo popular a las mismas, que contiene dicha carta.

La negociación

El de la reanudación de la “negociación” es otro de los temas medulares de la carta de los 25, que no es mencionado en la carta de los 68, y apenas tocado, sin profundizar en él, en la carta la dirigida “a los venezolanos”, aunque algunos de los firmantes de estas dos últimas se han pronunciado, alternativamente a favor o en contra, de cualquier negociación con el régimen venezolano.

En la carta de los 25, el de la negociación es el tema con el que arranca la misiva, pidiendo al Presidente Biden (?): “…seguir impulsando negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana…” (el interrogante se debe a que esa iniciativa en realidad no ha sido nunca muy impulsada por el Gobierno Norteamericano). Pero también, la carta insta: “…al gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición y a la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin demoras los procesos de negociación…”, que nos parece más apropiado.

Al igual que los firmantes de la carta de los 25, soy partidario de la reanudación de estas o cualquier otra negociación, siempre que sea una negociación política cuyo objetivo fundamental, nuestro, sea lograr la salida de este régimen y el restablecimiento de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos. Pero el tema de la negociación tiene varias aristas; yo me referiré a tres de ellas: ¿Con quién se negocia?, ¿Cuál es la agenda, o qué se negocia? y: ¿Quiénes negocian?

… ¿Con quién se negocia?

Desde luego con quien hay que negociar en Venezuela es con Nicolás Maduro (NM), cabeza del régimen y responsable del oprobio en el que estamos sumidos. NM es la cúspide de un régimen que controla todo el poder y los recursos del Estado, sobre lo que no abundaré, pues todos los conocemos bien, aunque a veces parece que lo olvidamos. Por supuesto, entre ellos controla −o es controlado, en realidad− el “Poder Militar”, que es el verdadero “poder” del país. Por lo tanto, está claro, que cualquier negociación se tiene que dar con NM, que es el “amo del poder” y no solo porque contesta el teléfono en Miraflores.

… ¿Qué se negocia?

Los temas de esa negociación, como bien dice la carta de los 25, “… no pueden limitarse al ámbito económico…” sino que debe incluir áreas “…sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana… colocar los temas humanitarios al centro y avanzar en su solución con la urgencia que ameritan… (y que) … se basen en éxitos incrementales, creando confianza y buena voluntad para nuevos acuerdos.” Pero, no abunda la carta en este tema, como si lo hace en otros, a los cuales ya me referí en mi artículo de la semana pasada, ya mencionado.

Sin embargo, como el centro de la negociación, de su agenda, es la negociación política, eso implica incluir en la agenda: Elecciones democráticas, libres, supervisadas internacionalmente, en las que participen los venezolanos mayores de 18 años, residentes o no en el país; sin candidatos ilegalmente inhabilitados, ni partidos políticos secuestrados por el régimen y entregados a testaferros políticos electoreros; con regreso de los exilados, libertad de los presos políticos; cese de la persecución de dirigentes opositores y levantamiento de los juicios abiertos contra los mismos; y por descontado, plena libertad de expresión, sin persecución a los medios de comunicación y periodistas.

Suena a agenda larga y difícil, sí, pero no puede haber otra, aunque se incluyan más temas, también muy importantes. En otras palabras, la agenda, en realidad, se puede resumir en: Restablecer la plena democracia en Venezuela y los derechos humanos y políticos, hoy severamente conculcados, según consta en diversos informes de organismos internacionales, que todos conocemos y no vale la pena repetir aquí. Restablecer derechos humanos implica garantizar suministros básicos a la población, salud, alimentos y educación.

… ¿Quiénes negocian?

Un punto en el que difiero con los proponentes de la reanudación de la negociación, los firmantes de la carta de los 25, es en la composición de la “mesa negociadora”. La carta habla de tres grupos, dos de ellos claramente identificados −el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma de Oposición Democrática−, y un tercer grupo, algo vago y genérico, que denomina: “partidos políticos de oposición”.

Como no sé exactamente a que se refieren los firmantes de la carta con eso de “partidos políticos de oposición”, de una vez señalo que creo que en esa negociación, como contraparte del régimen, debe participar, exclusivamente, la oposición democrática, lo que en la carta se denomina Plataforma de Oposición Democrática, porque es la única que tiene alguna legitimidad, aunque sea “residual”, que se desprende de procesos electorales, aunque sean ya de hace varios años, y de la actividad en el país de los partidos políticos y grupos de la sociedad civil, de larga y conocida trayectoria de oposición a este régimen. En otras palabras, no creo que en la negociación deba participar, como “oposición”, esa que es producto de una decisión abusiva e ilegal del régimen, que mediante sus tribunales y organismos electorales despojó de nombres, símbolos, colores, sedes, etc. a los partidos legítimamente constituidos. En todo caso, si estos grupos que se prestaron a esa usurpación van a participar en la negociación, que se sienten en la mesa de negociación del lado del régimen.

Necesidad de apoyo internacional

Este es un aspecto que no podía dejar de mencionar, puesto que aunque la negociación debe ser fundamentalmente interna, pues los problemas del país los debemos resolver en primera instancia los venezolanos −como bien dice “la carta a los venezolanos−; debe ser con apoyo internacional; imprescindible por dos razones: Una, por nuestra debilidad política, interna, actual, pues carecemos de mecanismos de presión para forzar al régimen a aceptar una negociación; y la otra, porque lo que ocurre en el país −especialmente la emigración− afecta la situación económica y social de varios de nuestros vecinos más cercanos y otros de la comunidad internacional.

Afirmación dudosa

Por último, no podía concluir sin referirme a una afirmación de la carta de los 25, que lo menos que se puede decir es que es muy polémica; y se refiere al altísimo porcentaje de la población que está en desacuerdo con las sanciones.

Tras conocerse la carta ha circulado un cuadro de la empresa Datanálisis −como sabemos dos de los firmantes están vinculados con esta empresa− en el que se aprecia que ante la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos a Venezuela?”, desde julio de 2020 la respuesta es negativa en más del 60% de los casos y en febrero de 2022, la respuesta del 75,4% es que “No” están de acuerdo con las sanciones.

Lo primero que me vino a la mente es recordarles a los encuestadores eso de: “una encuesta es una fotografía, en un momento determinado”, que muchas veces ellos nos han repetido, seguramente para prevenir que algún resultado en la realidad se contradiga con lo que dice una determinada encuesta. De allí que me sorprenda la categórica afirmación de esa “mayoría” del pueblo venezolano que está en desacuerdo con las sanciones. ¿Es, o no es, una foto?

Pero, lo que no sabemos es si esa encuesta comenzó por averiguar cuántos venezolanos conocen que hay sanciones contra la industria petrolera venezolana y cuáles son esas sanciones; y lo más importante, si los venezolanos encuestados saben cuáles son las causas por las cuales se impusieron las sanciones; porque desde luego que si a cualquier venezolano se le pregunta en la calle, en su casa o por teléfono, si está de acuerdo con que se apliquen sanciones a Venezuela, la respuesta más obvia es que no esté de acuerdo.

Conclusión

Continuar con la discusión sobre las sanciones, por las razones que expliqué en mi artículo de la semana pasada, y que no repetiré ahora, es una discusión estéril. Además, da la impresión que se trata de una toma de posición, una forma de agruparse, de salir en esta foto y no en aquella. Por lo tanto, mi ánimo es que pasemos del tema de las sanciones a otros temas; por ejemplo, este que hoy describo, la “negociación”; que ojalá derive en otros, como: La necesaria renovación de los partidos políticos, la unidad en torno a un programa que ofrecer al país para salir de este oprobio y la selección de un candidato aceptable y con opción válida para los venezolanos, en las elecciones de 2024, que inevitablemente van a ocurrir, a pesar del rechinar de dientes de algunos y aunque los opositores, por decisión política o indiferencia, decidamos no hacerlo.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Creo que es clave hacer un ejercicio inicial de los costos y los beneficios de las sanciones de EE.UU. que impiden que PDVSA aumente la producción y las ventas de petróleo a precios de mercado.
Beneficios de aliviar las sanciones a Pdvsa y otras empresas del Estado:
Aunque no hay información oficial, podemos hacer un ejercicio de hoy y estimar que Venezuela exporta unos 400.000 barriles diarios a una tasa descuento a China que llega a $70 por barril. Esto representa unos $10.080.000.000 en facturación por año. Si se liberan las sanciones que impiden a PDVSA vender petróleo a los países occidentales, podríamos decir que la exportación subirá en 2 ó 3 años a 2.500.000. Si el precio del petróleo baja de $100 a $70 por barril en el año 2025, ahí Pdvsa estaría facturando $63.000.000.000. Como las nuevas exportaciones estarían en manos de empresas mixtas occidentales, esto generaría aumentos en ingresos a trabajadores petroleros de 6 veces e igual ocurriría con el número de personas empleadas por la industria. De estos ingresos adicionales para el año 2025, el Fisco recibiría sus regalías e impuestos y contaría con por lo menos $25,000,000 de nuevos ingresos petroleros o superávit en la entrada de capitales. Si reestructura la deuda pública para salir del default, la entrada de capitales para invertir en otros sectores de la economía sería cuantiosa, pudiéramos hablar de unos $15.000 millones en inversión directa extranjera. El efecto multiplicador sería aún mayor si se permite aliviar las sanciones a otros sectores de la economía donde operan las empresas del estado como minería. Estaríamos hablando de un aumento en el superávit de balanza de pagos de más de $30.000 millones por año. Y este aliviar de las sanciones a las empresas del estado no solo aumenta la facturación del país a mediano plazo sino que también de forma inmediata ya que implicaría la traída de inversión para recuperar esas empresas en forma inmediata.
Si además consideramos el beneficio para EEUU y Europa, el aumento de producción de petróleo y de gas por parte de Venezuela ayudaría a bajar el costo de los combustibles en esos países y habría más capacidad de aguante del occidente para enfrentar la guerra de Rusia contra Ucrania.
Los números anteriores son muy conservadores si los contrastamos con el potencial que Venezuela tiene para crecer y aportar exportaciones al mundo. Según el Atlas de Recursos Naturales (https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-most-natural-reso...), Venezuela es el octavo país en el mundo con mayores recursos naturales comercializables y el octavo en términos per cápita. Venezuela tiene un inventario de USD 14,3 trillones en recursos naturales comercializables productor y exportador líder de numerosos minerales, incluidos petróleo, mineral de hierro, oro, carbón y bauxita, sin considerar su capacidad gasífera, agrícola, turística, manufacturera, logística, financiera y tecnológica.
Venezuela necesita líderes políticos nacionales e internacionales que permitan a Venezuela atraer de los mercados nacionales e internacionales $3 trillones en inversiones en los próximos 10 años para desarrollar su potencial económico y expandir su PIB anual a USD 1 Trillón por año, basado en recursos naturales, agrarios y demás sectores de la economía. Al contrario, la economía venezolana se redujo de $300,000,000,000 en PIB por año en el años 2012 a $60.000.000.000 en el año 2021, debido a fallidas políticas de control de precios y de cambio hasta el 2019. Sin embargo, a partir del año 2019 la Administración Maduro ha cambia sus políticas económicas con apertura al sector privado, pero la economía no se ha podido recuperar debido a que las sanciones de la Administración Trump impiden reestructurar las deudas de Pdvsa y la entrada de nuevas inversiones para recuperar la producción.
Costos de levantar las sanciones económicas
Los que aspiran a que no se levanten las sanciones a la economía venezolana argumentan que:
1.- Fortalecería a la Administración Maduro que ocasionaron los daños al patrimonio nacional con erradas políticas y por corrupción; 2.- la corrupción haría que los ingresos petroleros por una nueva apertura de la producción petrolera seguirán alimentando la corrupción; 3.- que las sanciones económicas se levanten cuando haya una nueva dirigencia política en el país; 4.- que hay que exigir que liberen a los presos políticos antes; 5.- que la Administración Maduro volverá a estatizar una vez crezca la economía; 6.- que Florida votaría en contra de la Administración Biden si levanta las sanciones a Maduro; y 7.- que la Administración Biden haría que EE.UU. quede muy mal si levanta las sanciones sin nada a cambio.
Los que estamos a favor de que se levanten las sanciones económicas a las empresas del estado argumentamos que: 1.- se puede sancionar personas y no empresas productivas y que hay otras maneras de controlar para reducir daños a la población ; 2.- que levantar las sanciones a Pdvsa aumenta la transparencia en negocios del estado venezolano ya que hoy solo negocia con Rusia, China y otros países y no con empresas petroleras occidentales auditadas; y 3.- Que al entrar empresas de Europa y EEUU a producir generan más competencia (mayor % del PIB venezolano en manos de occidente) y no deja el territorio libre a Rusia y China.
El presidente Biden debe levantar unilateralmente las sanciones y no esperar negociaciones que nunca llegan entre la Administración de Maduro y parte de la oposición que se benefician del status quo.

Twitter@alejandrojsucre

Absurdo desaprovechar el flash-vintage del género epistolar “abierto”. Su rentrée insomnia al Presidente Biden, por la proliferación de cartas, y la premura de responderlas. Va una a mi gran amigo Felipe Mujica y a la dirección del MAS, a la que pertenecí casi diez años, hasta que terminamos sin rencores ni ofensas de nuestra parte y de la que soy amigo cercano. El comienzo del final es en 1983; para el bicentenario de Bolívar, Ramón J. Velásquez convocó en Caracas el Congreso Internacional del Pensamiento Político, con casi mil representantes de todas partes del mundo. Jean Maninat y yo, delegados por Venezuela, expusimos respectivamente que Nicaragua sandinista degeneraba en un sistema totalitario tal como “Cuba: isla profética”, según la llamó el escritor chupamedias norteamericano Waldo Frank. De allí salió un librito nuestro, testigo que siempre acaricio con cariño y agradecimiento, Cuba, Nicaragua: expectativas y frustraciones.

Produjo una reacción feroz de la izquierda, vacuas amenazas de muerte, intelectuales y gacetilleros, perritos que buscaban huesos entre la basura, recogían firmas contra nosotros: y nos repudiaron miembros de la D.N del MAS. En reuniones de “avenimiento” con Márquez y Petkoff en las que nadie creía, sostuve que no podía ser dirigente de un partido que admiraba a Castro y Ortega, y que podría eventualmente apoyar uno parecido, y bye, bye.”. Nos gustaba el vendaval de insultos del fidelismo, porque no hay que temer cuando se actúa correctamente, dice Ayn Rand y aprendimos que los repudios imbéciles son credenciales para el futuro. Quince años después, en 1998, la convención masista que eligió al candidato presidencial, sacó a empellones a Márquez y Petkoff, y ni siquiera les permitió dirigirse al pleno. Irrupción indetenible de abajo hacia arriba de un partido educado, como dijimos entonces, en que Castro y Ortega eran helados de chocolate. El mundo cambió y el MAS también. El socialismo es hoy urbis et orbi no una empresa gloriosa, sino una maldición que causó terribles sufrimientos a gran parte de la humanidad. El MAS lo sabe.

No solo sucumbe el bloque soviético con el Muro de Berlín, sino que las versiones más o menos blandas de socialismo llevaron lo suyo en los 80. El esquema rooseveltiano arrastró a EE. UU a la decadencia y al casi naufragio, hasta que Reagan y Clinton asumen la globalización, la competitividad y la inversión; la Europa criptocolectivista estaba en crisis, hasta Thatcher, Felipe González, Mitterrand reloaded, y los demás asumieron la apertura (hoy los dinosaurios de Melenchon rugen en la cueva). América latina zozobró en la aterradora deuda externa bajo el influjo de “anticapitalismo” rosado de Cepal y casi se ahoga, de no ser por el FMI. “El neoliberalismo”, fue el invento semiótico-propagandístico brillante de la izquierda para pasar a la ofensiva sin rendir cuentas de su fracaso universal. Diferencia diametral, en Alemania post segunda guerra, la democracia cristiana diseñó la “economía social de mercado” que convirtió al país en el motor de Europa.

Con el nuevo milenio todo parecía progreso, democratización, ¡y en eso llega el socialismo del siglo XXI y Venezuela entra al cuarto mundo! Aunque el único colectivismo bueno es el colectivismo muerto, como demostró China, sus viudas tienen el chiste de blandir que sí hay socialismo exitoso: Suecia. Pablo Iglesias p.ej., saca de la chistera un divertido sofisma: el socialismo se extinguió porque sus dictaduras mataron los países de miseria, pero Suecia sería socialista por su bienestar social. Además, Forbes, revista de la ortodoxia “capitalista”, ubica a Suecia de primera en el ranking de países con mayores grados de libertad económica sin interferencias burocráticas, diez y catorce puestos más arriba que Francia y España, por cierto. Según el Indice de Libertad Económica, creado por Milton Friedman y que hoy publica el Instituto Fraser, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia tienen casi absoluta libertad de obstáculos para las empresas.

Venezuela comienza de nuevo a romper con el pensamiento anacrónico y nace un capital popular masivo con el emprendimiento. Millones de venezolanos salieron a ganarse la vida porque los cuatro dólares que paga la administración pública y la bolsa del Clap no sirven. Y arranca la prédica que atribuye este incipiente proceso de acumulación de riqueza a los fantoches de derecha (“la burbuja”) y de izquierda (el “neoliberalismo”). En los ochenta las hiperdevaluaciones y devaluaciones, hiperinflaciones e inflaciones, desempleo, recesión, estancamiento, miseria, colapso político, producto del colectivismo, para el biribirloque de importantes centros de poder anacrónico, se transubstancian en resultado de lo que hizo el FMI, que los detuvo. En EEUU la prensa progre culpaba a Reagan y los chicago boy´s (hablaban de “neoconservadores”) que dejaban morir “criminalmente” obsoletas industrias metalmecánicas, y los círculos de derecha lloran por el “cinturón del óxido”, estados “arruinados”. Pero Clinton creó 20 millones de empleos y EEUU pasó a ser otra vez primera potencia, sin hablar de China, Vietnam, Chile, Hong Kong, Malasia, Singapur, Surcorea. Roguemos para que al gobierno venezolano no le falle el pulso, ni a la oposición el tino. Abrazos, Felipe.

@CarlosRaulHer