Al decidir la oposición mayoritaria participar en las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre (21N), el problema pasa a ser cómo derrotar a los candidatos del régimen; pero, este no es el único problema que tiene la oposición democrática; otros obstáculos se presentan, nada fáciles y sin ninguna garantía de que se puedan evitar satisfactoriamente: la abstención y los problemas internos.

¿Posible triunfo?

Por algunos indicios podemos pensar que derrotar al régimen y sus candidatos es posible. El primer indicio de que esto es posible, es la actitud del propio gobierno y sus esfuerzos por incrementar la abstención. Paradójicamente, el régimen se presenta “celebrando” la decisión de la oposición democrática de participar, porque sabe bien que cualquier alabanza o celebración suya al respecto produce el efecto contrario: hace que la gente se cierre más y rechace la convocatoria. De allí las intervenciones del propio Nicolás Maduro “festejando” que la oposición democrática participe.

El segundo indicio, naturalmente, lo proporcionan las encuestas, si las damos como válidas, pues muestran un elevado nivel de rechazo al régimen actual, dada la intensificación, por la pandemia, de la aguda crisis económica y social que asola a la población del país. En algún momento el pueblo decidirá “pasar factura”, bien sea absteniéndose de votar o dejando de votar por el que considera el culpable de esto, o bien votando por la opción contraria

El tercer indicio es el hecho objetivo que en elecciones regionales y locales no está en juego el núcleo del poder, por lo que el régimen no se empleará a fondo en ganarlas, además que sus conflictos internos han salido a flote en su proceso de primarias y porque no cuenta con los recursos económicos para hacer sus campañas demagógicas, de compra de conciencias y votos.

La abstención, estrategia del régimen, al final podría jugar en su contra, pues, como veremos más adelante, al reducirse la abstención en un pequeño porcentaje se incrementa el número de gobernadores y alcaldes que puede obtener la oposición, sobre todo si contamos con que, en elecciones regionales y locales, una pequeña cantidad de votos puede hacer la diferencia.

Vistos los resultados obtenidos en las dos últimas elecciones de gobernadores −2012 y 2017− y la falta de participación en los procesos de 2018 y 2020, cualquier resultado que se obtenga, será ganancia; siempre y cuando en esta elección no vayamos en la actitud triunfalista, que suele nublar y entorpecer el análisis objetivo. En el lado positivo, debemos anotar que pareciera que está vez esté no será el caso, lo cual es una ventaja, pues nos permite concentrarnos en el objetivo fundamental, que es retornar la vía de la participación electoral y romper con el inmovilismo paralizante de los últimos años.

Pero además, tras lo ocurrido recientemente en el escenario internacional, alcanzar mayores niveles de participación y organización popular es importante, pues ya estamos viendo que no hay ninguna nación democrática que esté dispuesta a salir en rescate −sobre todo por la fuerza− y resolver las “inequidades”, las diferencias, de otra nación o sociedad, ni siquiera en nombre de la democracia o en preservación y protección de los derechos humanos; cada país, internamente, tiene que resolver su situación y solo así podrá contar con cierto apoyo y respaldo externo.

Pero, acercarse a ese “triunfo” supone superar los obstáculos ya mencionados: la abstención y los problemas internos de la oposición

La Abstención.

Continuar discutiendo las ventajas o desventajas de participar o abstenerse no tiene ya sentido, pues la decisión de participar está tomada; el problema ahora es como remontar la abstención, que se ha instalado como una endemia en el 35% desde 1998; un peso muerto y ni siquiera podemos decir que quien se abstiene lo hace conscientemente; simplemente para ese grupo lo político, lo electoral, no existe; no es que no le afecte, que lo hace y mucho, simplemente no está en su “radar” de vida. A esa cifra hay que agregar un porcentaje variable, que puede pasar del 15%, de los que se abstienen por razones “políticas”, aunque no hagan nada más por manifestar su insatisfacción.

Es una de las barreras a vencer, pues cada vez que la abstención ha bajado de ese 35%, la oposición obtiene triunfos importantes; para citar un solo ejemplo, la abstención en las elecciones parlamentarias de 2015, bajo al 26% y ya conocemos los resultados.

Otro problema es que las elecciones de gobernadores tienen los niveles más bajos de participación; el promedio de abstención en este tipo de elección es del 43% desde el año 1989 y aun cuando no ha sido el más bajo, el último, el de 2017, fue del 42%. Si analizamos las cifras de estos procesos −ver el cuadro incluido− desde que se instauró este régimen, vemos como cada vez que ha bajado la abstención recuperamos gobernaciones; en 2008, que bajo al 34%, obtuvimos 5 gobernaciones: Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia y pudimos haber ganado otras cuatro –Bolívar, Cojedes, Falcón y Mérida– de no ser por los elevados porcentajes de abstención en esos estados. En 2017, que la abstención bajo cinco puntos con relación a 2012, obtuvimos en las urnas 6 gobernaciones, una nos fue arrebatada −Bolívar− y en la otra −Zulia−, no se juramentó el candidato elegido.

Siempre ocurre que los eventos políticos recientes −derrotas presidenciales o de referendos− impactan muy negativamente el ánimo de los electores; a los factores anteriores se suma el hecho que en los dos procesos electorales recientes −presidencial 2018 y parlamentarias 2020− la oposición llamó a la abstención. Y hay otros dos factores que tampoco debemos subestimar, uno es la estimulación de la abstención y la desacreditación del voto, por parte del régimen y el otro, la merma de votos producto de la llamada “diáspora” y la sub inscripción en el Registro Electoral (RE).

Según los últimos datos del CNE, el RE para el proceso del 21N es de 21.159.846 votantes, que incluye 229.859 extranjeros con derecho a voto en comicios locales y regionales, por tener más de diez años de residencia en el país; si redondeamos esa cifra a 21 millones −para efectos prácticos de cálculo y análisis− de los 21 millones un 35%, como ya dijimos, es un peso muerto, que no participa, por apatía e indiferencia; unos 2.5 millones, de los 6 millones de venezolanos que están en el exterior, no votaran el 21N; se calcula en 10% la subestimación del RE, es decir, unos 2 millones más; a eso hay que restar 20%, entre los que votan por el régimen y los que votan por su “oposición oficialista”, por llamarla de alguna manera; por lo tanto, a la oposición democrática le quedan “limpios” menos de 7.4 millones de votos, que hay que recuperarlos todos −evitando que se vayan a la abstención− y recabar o “rescatar” lo más que se pueda entre los abstencionistas endémicos y votantes que lo hicieron por el régimen y por la “oposición oficialista”. No es tarea fácil, pero no imposible, sobre todo considerando que en 2017 en muchas de las gobernaciones se perdieron por estrecho margen de diferencia con los ganadores del régimen y en estado con alto porcentaje de abstención.

Los problemas internos.

Por tales problemas no me referiré a las diferencias con los llamados radicales, en cuanto a la discusión sobre si negociar o no hacerlo, sí participar o abstenerse, pues creo que quienes rechazan las opciones de negociar y participar son grupos que, aunque ruidosos y activos en redes sociales, son poco numerosos y quienes se encierran en posiciones abstencionistas terminan languideciendo y desapareciendo, pues −con muy contadas excepciones− nunca logran concretar una opción alternativa. Me referiré a otros tres temas, mas importantes.

Primero, constatemos que buena parte de la indiferencia por la política y el rechazo por parte de la población obedece al sentimiento −presente también en muchas partes del mundo− que el sistema democrático no ha respondido cabalmente a las necesidades de gran parte de la población; nuestros partidos democráticos no escapan a ese sentimiento y a la falta de una renovación profunda en sus estructuras y liderazgo que permitan enfrentar esa situación. Adicionalmente, por circunstancias bien conocidas desde hace 22 años, nos encontramos con partidos políticos acosados, perseguidos, diezmados, sin recursos y hoy con buena parte de sus líderes en el exilio, en semi clandestinidad, que les ha dificultado mejorar su credibilidad por parte de la población y la formación ideológica y política de sus militantes y dirigentes.

Adicionalmente, creo que hay tres factores muy importantes, comunes a todos los partidos en muchas partes del mundo, que afectan su desempeño y el de sus lideres; uno es que no han sabido explicar que, además de su naturaleza política como partido, que es disputar el poder, también necesitan resolver sus necesidades económicas, reales, legitimas, que pueden limitar y comprometer su actuación pública y que los llevan a participar en procesos electorales por cargos, en los que pueden tener acceso a recursos. Dos, la falla en separar los intereses personales, de los del partido, del gobierno y de la gestión pública, que una vez en el poder y cuando les toca ejercer esa gestión pública, puede ensombrecer su accionar.

El tercer factor u obstáculo que afecta al interior de la oposición, particularmente en Venezuela, se refiere al personalismo y a la falta de compromiso con el valor de la unidad. Me explico. Lo de contar con candidaturas unitarias, apoyadas por todos, es un desiderátum, es lo ideal; pero, eso realmente no ocurre o no ha ocurrido, porque en realidad lo de la “unidad” parece no ser un principio que tenga el mismo valor para todos nuestros políticos, dirigentes e incluso lideres de la sociedad civil. Es algo así como un principio secundario o “retórico”, que cuando conviene se utiliza, pero que fácilmente se deja de lado, supeditado a intereses grupales o personales. Creo que nunca ha habido un compromiso real en nuestro estamento político con eso de la unidad y es algo fácil de comprobar que cuando hay candidatos que se deciden por elecciones primarias, por consenso o por encuestas, los perdedores, cuando no rechazan los resultados bajo cualquier pretexto y los aceptan, hacen “mutis por el foro”, jamás se suman realmente a la campaña del candidato ganador; permanecen “por allí”, en lo que algunos denominan “la reserva”, agazapados esperando su nueva oportunidad.

En resumen, la abstención, los intereses particulares, el personalismo, la falta de un debate abierto, el no hablarnos directamente sino a través de prensa, TV y ahora por redes sociales y la falta de firmeza en ciertos valores y puntos que no deberían estar sujetos a cambios, son factores que nos hacen tanto daño, como los candidatos del régimen y son igualmente difíciles de derrotar; pero esa es la tarea.

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Ningún asesino dirá jamás que mata porque le gusta matar. El ser humano intenta legitimar sus maldades, está en su naturaleza. Son las trampas de la razón de la que nos hablaba Kant. Con mayor motivo si se trata de asesinatos colectivos, genocidios, o grandes matanzas como las acontecidas a granel a lo largo de la historia universal de la infamia. Incluso Chile, tan alejado del mundo, un país de transcurrir pacífico y relativamente democrático, fue testigo de una de las tragedias más sangrientas conocidas a nivel continental.

La tragedia que comenzó a tener lugar a partir del 11 de septiembre de 1973 está documentada en fotos, en filmes, en testimonios. Es inocultable. Y mientras más lo es, más grande ha sido el esfuerzo de sus ejecutores y de quienes los aplaudían (y aplauden) por otorgarle legitimación histórica. La mayoría de esas legitimaciones utiliza la coartada del golpe bajo la rúbrica “necesidad histórica” como si la historia siguiera una lógica y una razón predeterminada.

Desde los primeros días del golpe, la dictadura buscó su legitimación. El golpe fue llevado a cabo, propagaron los generales, en contra de un Plan Z, destinado a asesinar a quienes no eran marxistas. La UP guardaba arsenales secretos y un ejército clandestino estaba presto a asaltar al estado y declarar la “dictadura del proletariado”. Y muchos creían esas mentiras no porque fueran verosímiles sino porque necesitaban creer en ellas. Hoy todavía hay quienes arguyen que Chile mantiene una deuda histórica con “su” ejército. Pinochet, pese a uno u otro “error”, habría salvado a Chile de convertirse en una segunda Cuba.

Cuarenta y cinco años después del golpe, el mito “Pinochet defensor de la patria” ha aumentado su intensidad, entre otras razones por la orfandad política en la que se encuentran las víctimas de tres dictaduras latinoamericanas: Cuba, Nicaragua y Venezuela. No faltan incluso quienes en esos países anhelan el aparecimiento de un Pinochet, alguien que expulse a los comunistas, que imponga disciplina y orden y, sobre todo, que conduzca a sus naciones por la vía de la prosperidad. Todas estas, y otras más, son razones que llevan a indagar nuevamente sobre esos hechos que ocurrieron hace 45 años.

LAS OCULTAS RAZONES DEL GOLPE

Hagamos un poco de historia: desde mediados de 1973, el gobierno de Allende había alcanzado su fase de declive. De hecho, ya no contaba con el apoyo de las capas medias. Estudiantes y escolares llenaban las calles protestando. La SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura) y CONFECO (Confederación de Comercio), vale decir, los tres pilares de la economía, habían declarado la guerra al gobierno y la negociación con ellos ya no era posible. Peor aún: la UP ya había perdido a los sindicatos del cobre y del acero. Las elecciones de la CUT (Confederación Unitaria de Trabajadores) tradicional reducto comunista-socialista, fueron objetivamente ganadas por la Democracia Cristiana (DC). Allende, sin las dos cámaras, gobernaba por decretos.

Todas las encuestas daban al gobierno un número menor de votos al obtenido en las presidenciales de 1970. Para aparentar la fuerza que ya no tenía, Allende nombraba generales en los ministerios, de modo que, de facto, el gobierno ya estaba tomado desde dentro por los militares. El golpe había comenzado, efectivamente, antes del golpe. Los militares realizaban allanamientos sin órdenes judiciales y en las calles se veían, ya en agosto, soldados armados por doquier, mientras el cielo era cruzado por aviones haciendo “ejercicios”. La Armada había entrado en un proceso de “depuración” y los marinos allendistas, acusados de complotar, eran hechos prisioneros y torturados. En fin, Allende había perdido el poder antes de perderlo.

Estos hechos hay que tenerlos en cuenta a la hora de emitir un juicio. Pues el golpe del 11 de septiembre no fue realizado en contra de una revolución triunfante sino en contra de un gobierno débil, al punto del colapso. ¿Por qué entonces fue tan sangriento? La versión oficial del pinochetismo fue unánime: para impedir que Chile se convirtiera en otra Cuba.

Sin embargo, para que Chile se convirtiera en una nueva Cuba se requería una de dos condiciones: un ejército leal y/o un fuerte apoyo internacional. El ejército ya había sido ganado por la derecha, sobre todo entre los oficiales y suboficiales y Allende lo sabía. La segunda condición era internacional: una nueva Cuba solo podía ser posible con el apoyo de la URSS y es un hecho, no una especulación, que la URSS negó su apoyo al proceso chileno.

Desde el punto de vista económico, Chile no podía avanzar un solo centímetro si no pagaba la deuda externa. De modo casi humillante, Allende viajó a la URSS a solicitar un crédito (diciembre del 1972) que le permitiera saldar en parte la inmensa deuda (en la práctica, la conmutación de 350 millones de dólares que Chile pagaba a la URSS) Pero Allende volvió con los bolsillos vacíos. La URSS sufría bajo Breschnev un periodo de estagnación. Cuba por si sola costaba más de un millón de dólares diarios. Además, se avecinaba un periodo de distensión con USA en donde debía ser negociada la retirada de tropas norteamericanas en Vietnam y Kissinger exigía, como parte del negocio, la no intromisión de la URSS en Sudamérica. Razón por la cual el comercio internacional de Chile con la URSS se mantuvo durante el socialista Allende por debajo del mantenido por la URSS con Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.

La URSS no quería otra Cuba. Hecho geopolítico que explica por qué la URSS mantuvo poco después relaciones comerciales y -sobre todo- políticas con la Argentina de los generales. En efecto: donde prima la geopolítica no hay política. Eso lo sabía Pinochet: después de todo fue profesor de geopolítica. En fin, Chile no podía ser otra Cuba y, aunque la cubanización de Chile le sirviera de propaganda, Pinochet decidió dar un golpe por razones que tenían poco que ver con Cuba. ¿Con qué tenían que ver?

Recordemos que Allende, después de su fracaso en la URSS, reunió a todos los dirigentes de la UP y planteó crudamente la situación. Su gobierno estaba aislado nacional e internacionalmente. Para evitar la total capitulación solo cabía una posibilidad: el plebiscito. La reflexión era correcta. En caso de triunfar Allende, su gobierno emergería fortalecido. En caso de perder, había que convocar a nuevas elecciones. Si en esas elecciones triunfaba la DC -era lo más probable- no sería por mayoría absoluta y en consecuencias, un gobierno DC estaría condicionado al apoyo de la UP, invirtiéndose la relación que se había dado en octubre de 1970 gracias a las cual Allende pudo ser elegido presidente después de intensas negociaciones con la DC. Vale decir, aun perdiendo el plebiscito, la UP podía conservar algunas posiciones hacia el futuro.

El buen plan de Allende topaba, no obstante, con dos obstáculos. El primero se sabía: el PS, el partido de Allende, bloqueaba la alternativa plebiscitaria. El segundo se supo después: el propio ejército, mejor dicho, Pinochet, vio en el plebiscito una amenaza para una salida militar al conflicto. Así fue que precisamente en los días en los que Allende se aprestaba a anunciar un plebiscito, Pinochet decidió apresurar el golpe. De tal modo Pinochet no dio un golpe solo en contra de la UP, sino en contra de una salida política que, en las condiciones imperantes en septiembre, no podía sino ser plebiscitaria. En cierto modo, la lucha contra el “marxismo” fue un pretexto de Pinochet para hacerse de todo el poder estatal.

Hábil como pocos, Pinochet había establecido una alianza tácita con el sector dominante de la DC: el de Eduardo Frei Montalva. De este modo Pinochet neutralizaba a los partidarios de la salida plebiscitaria dentro de la DC (Fuentealba, Tomic) a cambio de la promesa de realizar una transición de corta duración para después apoyar a un gobierno de centroderecha presidido por Frei. Pero esa salida “bonapartista”, como sabemos, no estaba en el plan de Pinochet. Su objetivo, por el contrario, era formar un gobierno militar de larga duración, uno que diera fundación a una nueva república de inspiración “portaliana” (sin partidos políticos) En fin, no se trataba de cambiar un gobierno por otro sino de realizar una revolución bajo la conducción de un ejército libertador conducido por Pinochet. El golpe, visto desde esa perspectiva, fue una declaración de guerra a todo el orden político y social prevaleciente.

Solo así podemos explicarnos el carácter sanguinario del golpe militar. Un golpe que no fue solo un golpe: fue el inicio de una guerra en contra de la política, sus instituciones y por supuesto, sus personas. Una guerra llevada a cabo por el ejército mejor armado del continente en contra de una ciudadanía desarmada. Pues hablemos seriamente: los pocos grupos armados de la izquierda chilena -comparados con los Montoneros y el ERP argentino, o con los Tupamaros uruguayos- eran una risa. Ni hablar del Sendero Luminoso que enfrentó Fujimori y mucho menos de los ejércitos de las FARC, las que no lograron, pese a controlar vastas extensiones territoriales, derrumbar los pilares sobre los cuales se sustentaba la república colombiana.

La guerra de Pinochet duraría a lo largo de todo su gobierno. El llamado pronunciamiento del 11 de septiembre fue solo el comienzo de una revolución en contra de toda la clase política chilena de la cual la eliminación física de la izquierda había sido solo su comienzo. La derecha, en abierta complicidad, no hizo resistencia y se autodisolvió. El atentado cometido al general Óscar Bonilla (marzo 1975), hombre de Frei dentro del ejército, marcaría un punto de inflexión. El freísmo y Frei ya no tenían nada que hacer. El posterior asesinato a Frei solo sería la consecuencia lógica de la revolución pinochetista. Una revolución que no se hizo solo en contra de la izquierda y sus partidos, sino, reiteramos, en contra de la política como forma de vida ciudadana. Pinochet mismo lo decía al referirse con desprecio, cada vez que podía, a “los señores políticos”. En esa lucha en contra de la política, la izquierda “solo” puso a los torturados, a mujeres violadas, a los prisioneros, a los exiliados y, sobre todo, a los muertos.

Las desproporcionadas masacres -innecesarias desde todo punto de vista militar- no se explican solo por las alteraciones sádicas de Pinochet y los suyos, propias al fin a todos los dictadores. Ellas formaban parte de la lógica de la revolución militar: la de crear un punto de no retorno. Vale decir: mientras más ensangrentaban sus manos los seguidores de Pinochet, mientras mas estrecha era la complicidad de los pinochetistas con la muerte, más lejana aparecería la posibilidad de un regreso a la vida democrática.

Durante Pinochet, Chile se convirtió en una nación-cuartel: sin debates, sin partidos, sin política. Razón por la que Pinochet, a diferencia de otros dictadores, no intentó fundar un partido pinochetista. Su partido ya estaba formado: era el ejército. Sin embargo, sí intentó durante un breve periodo, una nueva asociación: una alianza entre el estado militar y los gremios económicos. Fue el periodo de gloria de su entonces yerno, el fascista Pablo Rodríguez. La alianza duró poco. Pronto comprendería Pinochet que toda alianza funciona en base a compromisos y se deshizo rápidamente de Rodríguez y su poder gremial. El lugar de Rodríguez -el de la eminencia gris- fue ocupado por el “portaliano” Jaime Guzmán.

Asesorado por Guzmán, Pinochet comenzó a fraguar su proyecto histórico: el de un Estado antipolítico “en forma”, situado por sobre las instituciones, pero con un margen de deliberación entre ex-políticos elegidos desde arriba. En otras palabras, los miembros del Estado Mayor del Ejército serían convertidos en una suerte de ayatolas uniformados, secundado por “notables” fieles al régimen.

EL “MILAGRO ECONÓMICO CHILENO”

Lo que nunca pasó por la cabeza del dictador fue que en nombre de la lucha en contra del marxismo, estaba creando, solo bajo otras formas ideológicas, un sistema político muy similar al que regía en Cuba. Pues, así como en Europa los regímenes de Hitler y Stalin se parecían entre sí, el de los Castro y el de Pinochet también estaban marcados por signos de semejanza. La diferencia es que en Chile la clase política demostró tener una mayor capacidad de resistencia que la clase política cubana. Pero es inevitable pensar que, durante Raúl Castro, con la apertura violenta de Cuba al capital extranjero, comenzó a tener lugar la alianza perfecta entre el mercado y el estado militar que una vez imaginaron Pinochet y Guzmán para Chile. Ambos murieron sin saberlo. Y los pinochetistas, aunque lo supieron, lo aceptaron en nombre de las, según ellos, milagrosas obras económicas de la dictadura. Pocos términos han sido más falsos que referirse a algunos éxitos numéricos, como un “milagro económico”. Expresión muy infeliz de Milton Friedman.

Friedman conocía el origen alemán de esa expresión y por cierto, sabía también que aludía a un proceso no solo diferente sino completamente contrario al que se dio en el Chile de la dictadura: la recuperación de la economía de post-guerra alemana gracias a la alianza de tres fuerzas: el estado, el sector empresarial y los obreros sindicalmente organizados. Esta última fuerza imprimió un sentido keynesiano al proceso y daría, además, origen a otro término: “economía social de mercado” (Ludwig Erhard). La de Pinochet en cambio fue una economía anti-social de mercado. O para decirlo así: mientras Allende intentó llevar a cabo una política de equidad sin crecimiento, Pinochet llevaría a cabo una política de crecimiento sin equidad.

Citando a una de las voces más autorizadas de la academia económica chilena, Ricardo French Davis: “Es cierto que durante la dictadura de Pinochet se produjeron diversas modernizaciones en Chile. Sin duda, varias de ellas han constituido bases permanentes para las estrategias democráticas de desarrollo, pero otras constituyen un pesado lastre. El crecimiento económico del régimen neoliberal de Pinochet, entre 1973 y 1989, promedió sólo 2,9% anual, la pobreza marcó 45% y la distribución del ingreso se deterioró notablemente”.

Cabe entonces hacerse una pregunta: ¿puede ser caracterizada como exitosa una economía que si bien muestra números positivos en el papel lleva a una nación a niveles de desigualdad sin precedentes, a uno de los más altos del mundo? Si el objetivo de una política económica no son los seres humanos, uno se pregunta cuál puede ser.

El milagro económico de Pinochet es, si no un mito, una de las grandes mentiras del neo-pinochetismo. Como señala el mismo French Davis, el crecimiento económico de Chile comenzó a darse con vigor desde el momento en que los gobiernos de la Concertación incorporaron políticas públicas y sociales a sus programas. “La Concertación logró mejores niveles de crecimiento económico, del empleo, y de los ingresos de los sectores medios y pobres. El crecimiento económico entre 1990 y 2009 fue de un 5% (5,3% si se excluye la recesión de 2009). (....) “Dicho crecimiento económico más políticas públicas activas redujeron la pobreza del 45% al 15,1% de la población. En la dimensión social, no sólo se redujo la pobreza mediante políticas públicas. En efecto, los salarios promedios reales eran 74% superiores en 2009 que en 1989 y el salario mínimo se había multiplicado por 2,37; agudo contraste con los salarios durante la dictadura, que en 1989 eran menores que en 1981 y que en 1970. (...) “Así Chile avanzó más rápido que los otros países de América Latina, y acortó significativamente la distancia que lo separa de las naciones más desarrolladas. El PIB por habitante se expandió a un promedio anual de 3,6%, en comparación con 1,3% en 1974-89”. (Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/06/el-modelo-economico-chileno-en-dic... )

Hay que agregar por último que no hubo una sola política económica durante Pinochet. Por lo menos hubo cuatro: entre 1973- 1979, la llamada “política de shock” (alzas de precio, recortes presupuestarios, disminución de la demanda, desocupación laboral masiva). Entre 1979-1982, un neoliberalismo clásico. Entre 1982-1986, motivada por la contracción del sistema exportador, una política económica de neto corte estatista, incluyendo expropiaciones, control de precios y emisiones monetarias. Desde 1982 hacia adelante, una política pragmática que combinó la libertad de mercado con inyecciones monetarias de tipo keynessiano. Lo único que une a esas cuatro políticas al fin, es el constante ensanchamiento de la tijera social y una baja, pero también constante tasa de crecimiento numérico.

REFLEXIÓN FINAL

Al llegar a este punto, una reflexión: ¿Y si de todas maneras la política económica hubiese sido tan exitosa como dicen sus partidarios de ayer y de hoy, estaría entonces Pinochet legitimado frente al altar de la historia? De ningún modo. Ni aunque Chile fuese hoy el país más rico del mundo, no hay ninguna razón para justificar crímenes de estado. Pero hay quienes sí lo hacen. Apartando toda ética, reducen la historia a una relación costos-beneficios, aunque los primeros se paguen en vidas humanas, cuerpos torturados, familias destruidas, biografías rotas y violaciones sistemáticas a todos los derechos humanos.

De acuerdo a esa noción sacrificial entre medios y fines, ellos podrían, efectivamente, justificar a los regímenes más monstruosos de la historia moderna. Pues con el mismo criterio con que hoy justifican a Pinochet, pudieron haberlo hecho con Hitler ayer. ¿No puso fin Hitler al desorden generado por la República de Weimar? ¿No terminó con la inflación y el paro? ¿No construyó las mejores carreteras de Europa? ¿No tuvieron todos los alemanes acceso a un Volkswagen? ¿No mejoró el sistema previsional? Y por último, ¿no impidió el avance del comunismo desde dentro y desde fuera de Alemania? ¿Y el Holocausto? Sí, un “pequeño error”. ¿Y no está iniciando Putin, en estos mismos momentos, una reivindicación de la memoria de Stalin? ¿No convirtió Stalin un país de siervos de la tierra en una potencia económica y militar de carácter mundial? ¿Y los millones que murieron en el Gulag? Sí, quizás fue “algo” duro. ¿Y Franco? ¿No dio estabilidad y disciplinó a un país salido de una guerra fratricida? ¿No salvó a su país del comunismo? ¿Y Fidel Castro? ¿No liberó a Cuba del imperialismo? ¿No eliminó el analfabetismo? ¿No tienen los cubanos asistencia médica gratuita? Y así sucesivamente.

A esos, los defensores de tiranos, sean de derecha o de izquierda, los vamos a seguir encontrando en todas partes, dispuestos a inclinarse frente a los del pasado y frente a los que en el futuro vendrán. Sin esa gente, ninguna dictadura habría sido posible.

¡Malditos sean todos!

11 de septiembre 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2018/09/fernando-mires-la-grandes-menti...

El incremento de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID‑19 en Estados Unidos es un triste recordatorio de que la pandemia no terminó. La economía mundial no volverá a la normalidad mientras la enfermedad no esté controlada en todas partes.

Pero el caso estadounidense es una auténtica tragedia, porque lo que ocurre aquí es totalmente innecesario. Mientras los habitantes de países emergentes y en desarrollo anhelan la vacuna (y muchos mueren por no tenerla), el suministro en Estados Unidos es lo bastante grande como para dar una segunda dosis (y ahora también una de refuerzo) a toda su población. Y cuando casi toda la población esté vacunada, es casi seguro que la COVID‑19 «desaparecerá», como en la memorable frase del expresidente Donald Trump.

Sin embargo, la cantidad de personas vacunadas en Estados Unidos todavía es insuficiente para evitar un nuevo aumento de casos en muchas zonas, como consecuencia de la muy contagiosa variante delta. ¿Cómo es posible que en un país con una población aparentemente bien educada haya tanta gente que actúa en forma irracional, contra sus intereses, contra la ciencia y contra las enseñanzas de la historia?

Una parte de la respuesta es que pese a ser rico, el país no está tan bien educado como se supone; da cuenta de ello su desempeño internacional comparativo en las evaluaciones estandarizadas. En muchas áreas de Estados Unidos (incluidas algunas con los mayores índices de resistencia a la vacunación) la educación en ciencias es particularmente deficiente, por la politización de temas fundamentales como la evolución y el cambio climático, que en muchos casos se excluyeron de los programas de estudio.

En este entorno hay muchas personas que son terreno fértil para la desinformación. Y las plataformas de redes sociales, a salvo de toda responsabilidad por lo que transmiten, han creado un modelo de negocios basado en maximizar el tiempo de conexión de los usuarios difundiendo información falsa (incluso en relación con la COVID‑19 y las vacunas).

Pero una parte esencial de la respuesta tiene que ver con un enorme malentendido (presente sobre todo en la derecha) en relación con la libertad individual. Un argumento habitual de quienes se niegan a usar mascarilla o mantener el distanciamiento social es que supone una limitación de su libertad. Pero la libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Si por negarse a usar mascarilla o vacunarse, algunas personas provocan que otras se contagien la COVID‑19, les están negando el derecho más fundamental a la vida misma.

La esencia del asunto es que hay grandes externalidades: en una pandemia, las acciones de una persona afectan el bienestar de otras. Y allí donde existen esas externalidades, el bienestar de la sociedad exige acción colectiva: regular para restringir conductas socialmente perjudiciales y promover conductas socialmente benéficas.

Toda sociedad ordenada implica restricciones. Prohibiciones como las de matar, de robar, etc., restringen la libertad individual, pero es evidente que una sociedad no puede funcionar sin ellas. En el mundo que seguirá a la COVID, tal vez haya que interpretar que los Diez Mandamientos incluyen «no matarás, y tampoco lo harás transmitiendo enfermedades contagiosas cuando puedas evitarlo».

Y del mismo modo: «Te vacunarás». Cualquier limitación de la libertad individual por el hecho de exigir la aplicación de vacunas seguras y muy eficaces contra la COVID‑19 es nada en comparación con los beneficios sociales (y los consiguientes beneficios económicos) de la salud pública. Que todas las personas deben vacunarse (con algunas excepciones limitadas por razones médicas) se cae de maduro. Y ya que muchos gobiernos parecen demasiado temerosos de exigirlo, deben encargarse de ello empleadores, escuelas, organizaciones sociales; cualquier ámbito de actividad organizada donde haya contacto entre personas.

Como hemos aprendido estos últimos dieciocho meses, la salud mundial es un bien público mundial. Mientras la enfermedad siga haciendo estragos en algunas partes del mundo, crecerá el riesgo de que aparezca una mutación más letal, más contagiosa y resistente a las vacunas.

Pero en la mayor parte del mundo, el problema no es que haya resistencia a la vacunación sino una enorme escasez de vacunas. Es evidente que el sector privado no consigue aumentar la producción para asegurar un suministro adecuado. ¿Se debe eso a que los productores de vacunas carecen de capital? ¿Hay escasez de frascos de vidrio o jeringas? ¿O esperan tal vez que restringir el suministro de dosis aumente los precios y las ganancias? Uno de los principales obstáculos a un mayor suministro es el acceso al uso de propiedades intelectuales necesarias; por eso la propuesta de suspensión de patentes que se está discutiendo en la Organización Mundial del Comercio es tan importante.

Y en vista de la urgencia y de la magnitud del desafío, hace falta más: una de las medidas que puede tomar el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden es invocar la Ley de Producción para la Defensa y aprovechar el hecho de que el gobierno federal es titular de patentes fundamentales. Estados Unidos ha dado a las farmacéuticas libre acceso a esos bienes intelectuales públicos, mientras se embolsan miles de millones de dólares en utilidades. Estados Unidos debe usar todos los instrumentos de los que dispone para aumentar la producción dentro y fuera del país.

Esto también se cae de maduro. Aun si el costo de la vacunación en todo el mundo llegara a varios miles de millones de dólares, no sería nada en comparación con el costo humano y económico de que la pandemia de COVID‑19 continúe.

Traducción Esteban Flamini

7 de septiembre 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-spike-in-us-reflects-misunderstanding-of-liberty-by-joseph-e-stiglitz-2021-09/spanish

El mercado laboral está, sin duda alguna, en constantemente transformación. Incluso, muchas de las profesiones con mayor demanda en esta época, sobre todo las relacionadas con el área de las nuevas tecnologías, hace una década apenas existían. Esta “nueva revolución laboral” está guiada por la economía circular, tomando en cuenta la importancia que ahora tiene para las empresas la sostenibilidad y el medioambiente.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la economía circular, la cual parte del principio de que mientras menos productos desechemos, reutilizándolos o reciclándolos, menos materia prima extraeremos y mejor estará el medioambiente, generará 24 millones de empleos en 2030. Uno de los sectores con más potencial es el de los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos.

Una buena noticia, pues la creación de nuevos puestos de trabajo es crucial en estos tiempos tomando en cuenta que la misma OIT, en su informe de enero de este año, reveló que en 2020 se redujo 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo, o el equivalente a 255 millones de empleos, debido a la pandemia.

Para ilustrar mejor la magnitud de la debacle, la organización hizo la comparación con la crisis financiera mundial de 2009 y la conclusión fue que la crisis sanitaria supuso un impacto cuatro veces mayor en el mercado laboral.

En abril la OIT actualizó sus cifras y América Latina, una de las zonas más vulnerables y con mayor dependencia en la economía informal, no quedó bien parada. 26 millones de empleos se perdieron, esto incluye también al Caribe, como consecuencia del impacto económico generado por la COVID-19.

Sin embargo, pese a las altas cifras, la pérdida de horas de trabajo considerada por la OIT para todo 2020 fue sensiblemente inferior a la que calculó en el segundo trimestre del pasado año (400 millones de empleos) y el tercero (casi 500 millones).

Estos resultados llevaron a la organización a señalar que “los indicios de recuperación que vemos son alentadores, pero muy frágiles e inciertos, y cabe recordar que ningún país o grupo puede recuperarse solo”.

Sin embargo, 2021 no empezó de la manera como se preveía. Las nuevas olas de contagios, con la aparición de la variante delta, y los lentos procesos de vacunación hacen más inciertas las perspectivas de recuperación en los mercados laborales, ya sumamente contraídos.

Así que ante este panorama la economía circular, desde 2015 se está hablando de su potencial, podría fungir de catalizador en la generación de empleos a través de sectores como el de la gestión de los residuos, que puede representar miles de puestos de trabajo.

Además, en un contexto de escasez y fluctuación de los costos de las materias primas, la economía circular también puede contribuir a la seguridad del suministro y a la reindustrialización de los países de la región.

11 de septiembre 2021

https://lasultimasnoticias.net/la-economia-circular-un-motor-para-la-gen...

George W. Bush, “Bush el joven”, llegó a la Casa Blanca en enero de 2001 sobre una plataforma en la que primaba un cierto aislacionismo, basado en el momento unipolar que vivía EEUU. Los atentados del 11 de septiembre de ese año le sacaron del sopor de la siesta estratégica en que vivía EEUU (y Occidente) e inauguraron –con el impulso de los influyentes neoconservadores en su Administración– una nueva era de intervencionismo estadounidense para cambiar varios regímenes, como el afgano de los talibanes, el iraquí de Saddam Hussein, y “rehacer Oriente Medio”. Hemos visto los resultados. Partieron en esta reacción de “sobrestimar la efectividad del poder militar para producir cambio político fundamental”, como ha criticado el politólogo Francis Fukuyama. Obama inició la retirada de Irak y Trump sentenció la de Afganistán, conscientes del hartazgo de su opinión pública. Veinte años después de aquellos atentados y de la consiguiente invasión de Afganistán a partir del 7 de octubre de aquel año, el actual presidente de EEUU, Joe Biden, ha llevado a su fin esta larga guerra de Afganistán y “una era de operaciones militares importantes para rehacer otros países”. Es el final, al menos para estos tiempos (¿cambio o paréntesis?), de una política intervencionista, de nation-building, la construcción de Estados en términos más liberales.

No es sólo Afganistán, y no es sólo EEUU. Incluso el Papa Francisco (aunque no representa ya a Occidente) coincide con la aún canciller alemana Angela Merkel en considerar “irresponsable” la política de “intervenir fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”. Occidente se está replegando de un cierto tipo de operaciones para defender intereses, exportar libertades e incluso la democracia tal como la entiende, con la punta de las bayonetas (aunque ya no se usan). Veinte años después otorga a la lucha contra el terrorismo yihadista menos centralidad, frente a la ciberdefensa y lo espacial, y a rivalidades tecnológicas en general.

EEUU, además de salir de Afganistán, está reduciendo aún más su presencia en Irak, donde provocó tantas olas indeseadas, para empezar el desarrollo del Daesh o Estado Islámico. EEUU pactó en julio el fin de sus operaciones militares allí para centrarse en la formación y la logística de las fuerzas iraquíes. Ya Trump había retirado la mayor parte de las fuerzas estadounidense de Somalia. También Francia está en retirada de Mali y, en general, del Sahel. En junio pasado Emmanuel Macron había declarado que las fuerzas francesas en el Sahel no permanecerán allí “eternamente” (llegaron en 2013). De momento se reorganizarán. Como indicaba The Economist, no son retiradas desde el éxito, sino desde el fracaso. Por no hablar de Yemen y Libia. ¿Habrá un “síndrome de Afganistán” como lo hubo de Vietnam, pero esta vez con carácter Occidental y no meramente estadounidense?

Es un error entrar en operaciones militares o guerras sin prever cómo salir de ellas, pues la salida acaba en debacle, como se ha visto en Afganistán. Pero hay otras razones o causas para estos repliegues occidentales. Para empezar, la lucha antiterrorista y anti-insurgencia ha resultado muy cara. Sólo en la guerra y reconstrucción de Afganistán, EEUU ha venido a gastar más de 2 billones de dólares y los europeos 20.300 millones de dólares. Se ven ahora otras prioridades, como la competencia en diversas dimensiones con China, o, en menor medida, con Rusia. Hay además la confianza en poder atacar o contratacar a los grupos terroristas a distancia, con drones o misiles de crucero, sin implicar tropas sobre el terreno, salvo limitadas fuerzas especiales para operaciones quirúrgicas. Además, EEUU considera que la “guerra contra el terror” ha tenido éxito, para este país en primer lugar, al no haber sido objeto de nuevos atentados en su propio territorio, y haberse regionalizado fuera de Occidente esos grupos. Aunque con colaboración en materia de inteligencia, Europa se tiene que sacar sus propias castañas del fuego. El nation building en un sentido liberal, que tiene mucho de neocolonialismo ideológico, ha resultado un fracaso también por razones culturales y por la succión de muchos fondos que han supuesto las corrupciones locales. No ha producido los resultados buscados, porque las premisas y los instrumentos estaban equivocados.

No se trata de un repliegue total. EEUU sigue manteniendo una red de instalaciones, bases y despliegues militares en el mundo no igualada, ni de cerca, por ninguna otra potencia. Pero el repliegue puede afectar al orden mundial. EEUU es muy a menudo un factor de equilibrio, aunque otras veces de desequilibrio. Tiene que pensar mejor su política exterior, y no sólo desde su polarizada política interna. La OTAN, por su parte, tiene que reflexionar con más realismo su futuro, más aún cuando vive una crisis de confianza de muchos responsables europeos en Washington, primero con Trump y ahora por la forma que ha tomado la retirada de Afganistán, más que por la importancia de este país en sí, que tantos imperios ha enterrado. Su primera gran operación en aplicación del Artículo 5 (de defensa colectiva) de su tratado fundacional, se ha saldado con un fracaso tras una decisión unilateral de EEUU. Ha sido una derrota política y social, antes que militar. La OTAN había encontrado una nueva razón de ser en Afganistán, mientras resucitaba la tradicional frente a las veleidades de la Rusia de Putin. En China, frente a la que no hay unanimidad, no encontrará un nuevo sentido. Mientras, la conciencia de que Europa, la UE, necesita dotarse de una autonomía estratégica, como ha puesto de relieve el alto representante Josep Borrell, ha aumentado entre los gobiernos europeos, aún a falta de consenso pleno y de los medios necesarios para ello. Falta visión estratégica, que ha de comenzar por África tanto como por el Este.

¿Deja este repliegue Occidental un vacío? No necesariamente. Más de que lo que puedan llenar China y Rusia, con otros instrumentos, en Afganistán y su entorno, el vacío ha quedado de manifiesto en la falta de gobernanza global en esta crisis y otras, debido a múltiples causas. Ni la ONU ni el G20 (ni la OTAN ni la UE) han estado a la altura. Eso, más que un repliegue parcial de un Occidente que, una vez más, había errado en sus planteamientos estratégicos, es lo que debe ser causa de preocupación.

7 de septiembre2021

elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/el-repliegue-de-occidente/

Durante los 22 años del régimen, no se han escatimados esfuerzos en organizar y desarrollar una política siniestra hacia las universidades. Quizás inspirados en Adolfo Hitler, implementaron con afán desmedido, una serie progresiva de acciones basadas en el desprecio al conocimiento científico, tecnológico y humanístico que producen las universidades y cuya finalidad, no es otra sino alcanzar “la solución final” de suprimir la autonomía universitaria, construyendo para las universidades un ordenamiento jurídico al servicio del gobierno y desconocer las autoridades universitarias para establecer el pensamiento único de la revolución.

Sin embargo, hay que destacar que en sus inicios el régimen optó por presentar una imagen de cordero para cautivar a inocentes creyentes e incorporarlos a su “revolución socialista y bolivariana del siglo XXI”. Armando su trampa caza bobos, procedió a anunciar y aprobar en el proceso constituyente de 1999, el rango constitucional a la autonomía universitaria (Art 109 de la CRBV).

Acto seguido, designaron, a profesores identificados con el régimen, como autoridades encargadas de las políticas públicas para la educación universitaria, destacándose entre ellas el Proyecto Alma Mater para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en Venezuela (OPSU, 2001) que entre otros aspectos contemplaba: elevación de la calidad académica, garantizar la equidad en el ingreso estudiantil, financiamiento oficial de las universidades, construcción de nueva planta física, conclusión de obras paralizadas por años, reparación y remodelación de edificios, laboratorios y aulas de docencia e investigación en todas las universidades autónomas y experimentales y el mejoramiento del transporte, comedor y becas estudiantiles.

Pero, como dice el refrán popular “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y las ilusiones se fueron evaporando, dando paso a que el régimen dejara de lado su piel de cordero y asomara sus colmillos de autoritarismo represivo, al propiciar que los colectivos armados, bajo el argumento del impulso de un proceso de constituyente universitario tomaron violentamente en marzo del año 2001 parte del edificio sede del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante 32 días. Su objetivo, era desconocer a las autoridades recién electas para permitir así la intervención gubernamental. Lo relevante de esta acción de los colectivos armados fue la total impunidad con que actuaron protegidos por la policía política del régimen.

A partir de ese hecho, las universidades y su comunidad fueron protagonistas de una sistemática y desmedida acción de grupos que, actuaban como organizaciones paramilitares al servicio del gobierno. Entre el año 2008 y 2012, las universidades presentaron a la Fiscalía General de la República 52 denuncias de agresiones a personas y bienes de la comunidad. Las motivaciones principales de esas acciones fueron reprimir manifestaciones y procesos electorales estudiantiles a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas, uso de artefactos explosivos y armas de fuego, quema de instalaciones y vehículos, así como agresiones físicas a profesores, estudiantes, empleados, obreros y autoridades universitarias.

Otra modalidad empleada por el régimen contra las universidades fue “el cerco jurídico” para imponer, arbitraria e ilegalmente, la suspensión de todas las elecciones de autoridades universitarias en las universidades nacionales. La imposición a través de la Ley Orgánica de Educación de condiciones electorales que contrarían lo establecido en la Ley de Universidades vigente y el artículo 109 de la Constitución Nacional y el intento de imponer una Ley de Universidades en el 2010 que genero el rechazo mayoritario de los universitarios, y condujo a que el presidente Chávez la vetara en enero 2011.

Otro cerco contra las universidades fue el presupuestario que comenzó con la reconducción de los presupuestos universitarios, imponiendo de esa manera, la política según la cual, para el año siguiente debe mantenerse el mismo presupuesto del año anterior generando un estancamiento en el funcionamiento universitario.

Mas adelante, el régimen dio otro paso de avance en su política intervencionista, al colocar el pago de las nóminas en el Sistema Patria y cerró el circulo, al aprobar en el CNU, una normativa para dejar en manos del régimen e manejo de los recursos propios de las universidades que producen por sus programas de extensión y post grado.

En lo referente a las relaciones laborales, el régimen no descansa en su agresión. Comenzó desconociendo la aplicación de las Normas de Homologación y progresivamente ha ido imponiendo condiciones laborales que condenan a los obreros, empleados y docentes a la pobreza extrema.

Prácticamente, las acciones del régimen en su afán por destruir la autonomía del sector universitario condenan a muerte a todos los miembros de la comunidad universitaria, al carecer de programas de seguridad social y eliminar los seguros HCM. El desafío por sobrevivir es mayor por la precariedad del sistema de salud público, la eliminación de los institutos de previsión social y la desvalorización de las cajas de ahorro por la hiperinflación. Cierra este dantesco cuadro, el congelamiento de la discusión de los contratos colectivos para imponer falsas y unilaterales contrataciones, avaladas solo por federaciones y sindicatos fantasmas.

Finalmente, el régimen se acerca a su objetivo principal con respecto a las universidades, en lo que representa la solución final, el holocausto universitario creado por ellos, al convertir el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en el “órgano del Estado Socialista” que debe orientar el modelo educativo revolucionario hacia la formación ética y a la producción socialista, al asumir el gobierno el control directo del ingreso y distribución de la matrícula estudiantil, y regular las condiciones de trabajo de todo el personal que labora en las universidades oficiales y privadas

Ante ello, obreros, estudiantes, empleados y docentes siguen en su lucha por superar las políticas de hambre, represión y muerte impuesta por este régimen fascista.

La política venezolana está llena de ejemplos de ambas características y en lo personal me ha correspondido sentirlas en dos oportunidades de mi vida, a las que me referiré solo con la intención de ratificar que de ellas no escapa ningún ciudadano que intente ejercer sus derechos políticos.

En el año 1959, siendo un estudiante quinceañero de bachillerato, fui expulsado de AD, partido en el que nunca estuve inscrito, por haber estado presente y firmado la lista de asistencia, en una reunión convocada por dirigentes universitarios de esa época y que después lo fueron del MIR, en la que se criticó a la cúpula de ese partido por no presionar al gobierno a implementar medidas más radicales a favor de la mayoría de los venezolanos.

62 años después, he sido “suspendido” del Pacto Republicano, coordinado por el Movimiento Libertadores, pacto que nunca suscribí y del que tenía noticias por un chat de WhatsApp en el que fui incluido sin haberlo solicitado, por no compartir la estrategia del coraje que significa, según lo escrito por su dirigente máximo, “la salida por la fuerza, tanto de Maduro como del sistema caza-renta”.

Más allá del carácter anecdótico personal de lo referido, que carece de importancia salvo por ser indicativas de cuán difícil es luchar por un cambio político en Venezuela cuando entre los que se dicen amantes de la libertad y la democracia, hacen vida individualidades intolerantes que se permiten tomar decisiones unipersonales, sin derecho a ser discutidas y tratando de descalificar a cualquiera que ose no coincidir con sus visiones particulares.

Lo sucedido, que insisto carece de toda importancia, da píe para ratificar que no acompañamos ninguna acción de fuerza, no solo por principios, sino por realidades prácticas incuestionables.

En consecuencia y con la intención de dejar clara no solo mi posición, debo aprovechar este escrito para ratificar que un grupo significativo de aragüeños, sin militancia partidista, pero comprobadamente participantes en las actividades prodemocráticas ocurridas en el estado durante estos últimos años, decidieron contribuir a recuperar el camino electoral como escenario de lucha y que esto lo hacen conscientemente y despojados de toda ingenuidad.

Todos sabemos que las elecciones del 21N no generarán la salida de Maduro de la presidencia que ejerce de facto, así como que también hemos comprobado que la abstención desmoviliza y contribuye a aumentar la desesperanza de la gente.

Además, reconocemos que las condiciones electorales no son las mejores, pero tampoco peores que las que han regido otros eventos a los que hemos concurrido y en algunos de los cuales hemos obtenido éxitos. Inclusive, la presencia en el CNE de rectores no identificados con el oficialismo abre la posibilidad para la corrección de anomalías que han venido siendo denunciadas por años.

Dichos éxitos fueron logrados solo cuando los factores democráticos alcanzaron acuerdos unitarios, por lo que esta vía, la electoral y unitaria, debe seguir siendo explorada como la conducente a la solución deseada, aunque la misma no sea inmediata, entendiendo que esta oportunidad próxima puede servir para recuperar la confianza de la gente en sus capacidades para contribuir al cambio.

En tal sentido, aragüeños de comprobada vocación democrática, sin militancia partidista, provenientes de organizaciones de la sociedad civil con mucho tiempo de actuación en los ámbitos sindicales, gremiales, deportivos, culturales y vecinales, han constituido un movimiento electoral estadal independiente, que tendrá la oportunidad de expresarse el 21N a través de las tarjetas Fuerza Ciudadana y Red de Aragua.

Ambas tarjetas apoyan la misma fórmula electoral encabezada por Luis Carlos Solórzano como candidato a gobernador de Aragua, a una lista de aspirantes al Consejo Legislativo de la entidad y con expresiones concretas a nivel de los municipios, con candidatos a alcaldes y a concejales.

El esfuerzo hecho continuará hasta el límite de los lapsos electorales, persiguiendo el objetivo de la unidad de las fuerzas democrática, orientado por la búsqueda de los candidatos circunstancialmente más adecuados, los cuales deben ser producto de la aceptación de la gente que conduzca al consenso que dicte la racionalidad política.

El resultado final no está a la vuelta de la esquina y tenemos que seguir reforzando nuestras capacidades para la lucha, en la que los momentos electorales tienen que ser aprovechados como elementos de protesta que promueva la indispensable cohesión social de la gente, en torno al deseo de un país distinto en lo político y de todos los que en el tenemos el privilegio de vivir.

Aragua merece que sus habitantes, investidos de ciudadanía, hagamos lo que esté a nuestro alcance para sacar al estado del abandono en el que ha sido sumido por autoridades desconocedoras de su realidad, impuestas desde Caracas y sin ningún arraigo local.