El incremento de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID‑19 en Estados Unidos es un triste recordatorio de que la pandemia no terminó. La economía mundial no volverá a la normalidad mientras la enfermedad no esté controlada en todas partes.

Pero el caso estadounidense es una auténtica tragedia, porque lo que ocurre aquí es totalmente innecesario. Mientras los habitantes de países emergentes y en desarrollo anhelan la vacuna (y muchos mueren por no tenerla), el suministro en Estados Unidos es lo bastante grande como para dar una segunda dosis (y ahora también una de refuerzo) a toda su población. Y cuando casi toda la población esté vacunada, es casi seguro que la COVID‑19 «desaparecerá», como en la memorable frase del expresidente Donald Trump.

Sin embargo, la cantidad de personas vacunadas en Estados Unidos todavía es insuficiente para evitar un nuevo aumento de casos en muchas zonas, como consecuencia de la muy contagiosa variante delta. ¿Cómo es posible que en un país con una población aparentemente bien educada haya tanta gente que actúa en forma irracional, contra sus intereses, contra la ciencia y contra las enseñanzas de la historia?

Una parte de la respuesta es que pese a ser rico, el país no está tan bien educado como se supone; da cuenta de ello su desempeño internacional comparativo en las evaluaciones estandarizadas. En muchas áreas de Estados Unidos (incluidas algunas con los mayores índices de resistencia a la vacunación) la educación en ciencias es particularmente deficiente, por la politización de temas fundamentales como la evolución y el cambio climático, que en muchos casos se excluyeron de los programas de estudio.

En este entorno hay muchas personas que son terreno fértil para la desinformación. Y las plataformas de redes sociales, a salvo de toda responsabilidad por lo que transmiten, han creado un modelo de negocios basado en maximizar el tiempo de conexión de los usuarios difundiendo información falsa (incluso en relación con la COVID‑19 y las vacunas).

Pero una parte esencial de la respuesta tiene que ver con un enorme malentendido (presente sobre todo en la derecha) en relación con la libertad individual. Un argumento habitual de quienes se niegan a usar mascarilla o mantener el distanciamiento social es que supone una limitación de su libertad. Pero la libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Si por negarse a usar mascarilla o vacunarse, algunas personas provocan que otras se contagien la COVID‑19, les están negando el derecho más fundamental a la vida misma.

La esencia del asunto es que hay grandes externalidades: en una pandemia, las acciones de una persona afectan el bienestar de otras. Y allí donde existen esas externalidades, el bienestar de la sociedad exige acción colectiva: regular para restringir conductas socialmente perjudiciales y promover conductas socialmente benéficas.

Toda sociedad ordenada implica restricciones. Prohibiciones como las de matar, de robar, etc., restringen la libertad individual, pero es evidente que una sociedad no puede funcionar sin ellas. En el mundo que seguirá a la COVID, tal vez haya que interpretar que los Diez Mandamientos incluyen «no matarás, y tampoco lo harás transmitiendo enfermedades contagiosas cuando puedas evitarlo».

Y del mismo modo: «Te vacunarás». Cualquier limitación de la libertad individual por el hecho de exigir la aplicación de vacunas seguras y muy eficaces contra la COVID‑19 es nada en comparación con los beneficios sociales (y los consiguientes beneficios económicos) de la salud pública. Que todas las personas deben vacunarse (con algunas excepciones limitadas por razones médicas) se cae de maduro. Y ya que muchos gobiernos parecen demasiado temerosos de exigirlo, deben encargarse de ello empleadores, escuelas, organizaciones sociales; cualquier ámbito de actividad organizada donde haya contacto entre personas.

Como hemos aprendido estos últimos dieciocho meses, la salud mundial es un bien público mundial. Mientras la enfermedad siga haciendo estragos en algunas partes del mundo, crecerá el riesgo de que aparezca una mutación más letal, más contagiosa y resistente a las vacunas.

Pero en la mayor parte del mundo, el problema no es que haya resistencia a la vacunación sino una enorme escasez de vacunas. Es evidente que el sector privado no consigue aumentar la producción para asegurar un suministro adecuado. ¿Se debe eso a que los productores de vacunas carecen de capital? ¿Hay escasez de frascos de vidrio o jeringas? ¿O esperan tal vez que restringir el suministro de dosis aumente los precios y las ganancias? Uno de los principales obstáculos a un mayor suministro es el acceso al uso de propiedades intelectuales necesarias; por eso la propuesta de suspensión de patentes que se está discutiendo en la Organización Mundial del Comercio es tan importante.

Y en vista de la urgencia y de la magnitud del desafío, hace falta más: una de las medidas que puede tomar el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden es invocar la Ley de Producción para la Defensa y aprovechar el hecho de que el gobierno federal es titular de patentes fundamentales. Estados Unidos ha dado a las farmacéuticas libre acceso a esos bienes intelectuales públicos, mientras se embolsan miles de millones de dólares en utilidades. Estados Unidos debe usar todos los instrumentos de los que dispone para aumentar la producción dentro y fuera del país.

Esto también se cae de maduro. Aun si el costo de la vacunación en todo el mundo llegara a varios miles de millones de dólares, no sería nada en comparación con el costo humano y económico de que la pandemia de COVID‑19 continúe.

Traducción Esteban Flamini

7 de septiembre 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-spike-in-us-reflects-misunderstanding-of-liberty-by-joseph-e-stiglitz-2021-09/spanish

El mercado laboral está, sin duda alguna, en constantemente transformación. Incluso, muchas de las profesiones con mayor demanda en esta época, sobre todo las relacionadas con el área de las nuevas tecnologías, hace una década apenas existían. Esta “nueva revolución laboral” está guiada por la economía circular, tomando en cuenta la importancia que ahora tiene para las empresas la sostenibilidad y el medioambiente.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la economía circular, la cual parte del principio de que mientras menos productos desechemos, reutilizándolos o reciclándolos, menos materia prima extraeremos y mejor estará el medioambiente, generará 24 millones de empleos en 2030. Uno de los sectores con más potencial es el de los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos.

Una buena noticia, pues la creación de nuevos puestos de trabajo es crucial en estos tiempos tomando en cuenta que la misma OIT, en su informe de enero de este año, reveló que en 2020 se redujo 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo, o el equivalente a 255 millones de empleos, debido a la pandemia.

Para ilustrar mejor la magnitud de la debacle, la organización hizo la comparación con la crisis financiera mundial de 2009 y la conclusión fue que la crisis sanitaria supuso un impacto cuatro veces mayor en el mercado laboral.

En abril la OIT actualizó sus cifras y América Latina, una de las zonas más vulnerables y con mayor dependencia en la economía informal, no quedó bien parada. 26 millones de empleos se perdieron, esto incluye también al Caribe, como consecuencia del impacto económico generado por la COVID-19.

Sin embargo, pese a las altas cifras, la pérdida de horas de trabajo considerada por la OIT para todo 2020 fue sensiblemente inferior a la que calculó en el segundo trimestre del pasado año (400 millones de empleos) y el tercero (casi 500 millones).

Estos resultados llevaron a la organización a señalar que “los indicios de recuperación que vemos son alentadores, pero muy frágiles e inciertos, y cabe recordar que ningún país o grupo puede recuperarse solo”.

Sin embargo, 2021 no empezó de la manera como se preveía. Las nuevas olas de contagios, con la aparición de la variante delta, y los lentos procesos de vacunación hacen más inciertas las perspectivas de recuperación en los mercados laborales, ya sumamente contraídos.

Así que ante este panorama la economía circular, desde 2015 se está hablando de su potencial, podría fungir de catalizador en la generación de empleos a través de sectores como el de la gestión de los residuos, que puede representar miles de puestos de trabajo.

Además, en un contexto de escasez y fluctuación de los costos de las materias primas, la economía circular también puede contribuir a la seguridad del suministro y a la reindustrialización de los países de la región.

11 de septiembre 2021

https://lasultimasnoticias.net/la-economia-circular-un-motor-para-la-gen...

George W. Bush, “Bush el joven”, llegó a la Casa Blanca en enero de 2001 sobre una plataforma en la que primaba un cierto aislacionismo, basado en el momento unipolar que vivía EEUU. Los atentados del 11 de septiembre de ese año le sacaron del sopor de la siesta estratégica en que vivía EEUU (y Occidente) e inauguraron –con el impulso de los influyentes neoconservadores en su Administración– una nueva era de intervencionismo estadounidense para cambiar varios regímenes, como el afgano de los talibanes, el iraquí de Saddam Hussein, y “rehacer Oriente Medio”. Hemos visto los resultados. Partieron en esta reacción de “sobrestimar la efectividad del poder militar para producir cambio político fundamental”, como ha criticado el politólogo Francis Fukuyama. Obama inició la retirada de Irak y Trump sentenció la de Afganistán, conscientes del hartazgo de su opinión pública. Veinte años después de aquellos atentados y de la consiguiente invasión de Afganistán a partir del 7 de octubre de aquel año, el actual presidente de EEUU, Joe Biden, ha llevado a su fin esta larga guerra de Afganistán y “una era de operaciones militares importantes para rehacer otros países”. Es el final, al menos para estos tiempos (¿cambio o paréntesis?), de una política intervencionista, de nation-building, la construcción de Estados en términos más liberales.

No es sólo Afganistán, y no es sólo EEUU. Incluso el Papa Francisco (aunque no representa ya a Occidente) coincide con la aún canciller alemana Angela Merkel en considerar “irresponsable” la política de “intervenir fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”. Occidente se está replegando de un cierto tipo de operaciones para defender intereses, exportar libertades e incluso la democracia tal como la entiende, con la punta de las bayonetas (aunque ya no se usan). Veinte años después otorga a la lucha contra el terrorismo yihadista menos centralidad, frente a la ciberdefensa y lo espacial, y a rivalidades tecnológicas en general.

EEUU, además de salir de Afganistán, está reduciendo aún más su presencia en Irak, donde provocó tantas olas indeseadas, para empezar el desarrollo del Daesh o Estado Islámico. EEUU pactó en julio el fin de sus operaciones militares allí para centrarse en la formación y la logística de las fuerzas iraquíes. Ya Trump había retirado la mayor parte de las fuerzas estadounidense de Somalia. También Francia está en retirada de Mali y, en general, del Sahel. En junio pasado Emmanuel Macron había declarado que las fuerzas francesas en el Sahel no permanecerán allí “eternamente” (llegaron en 2013). De momento se reorganizarán. Como indicaba The Economist, no son retiradas desde el éxito, sino desde el fracaso. Por no hablar de Yemen y Libia. ¿Habrá un “síndrome de Afganistán” como lo hubo de Vietnam, pero esta vez con carácter Occidental y no meramente estadounidense?

Es un error entrar en operaciones militares o guerras sin prever cómo salir de ellas, pues la salida acaba en debacle, como se ha visto en Afganistán. Pero hay otras razones o causas para estos repliegues occidentales. Para empezar, la lucha antiterrorista y anti-insurgencia ha resultado muy cara. Sólo en la guerra y reconstrucción de Afganistán, EEUU ha venido a gastar más de 2 billones de dólares y los europeos 20.300 millones de dólares. Se ven ahora otras prioridades, como la competencia en diversas dimensiones con China, o, en menor medida, con Rusia. Hay además la confianza en poder atacar o contratacar a los grupos terroristas a distancia, con drones o misiles de crucero, sin implicar tropas sobre el terreno, salvo limitadas fuerzas especiales para operaciones quirúrgicas. Además, EEUU considera que la “guerra contra el terror” ha tenido éxito, para este país en primer lugar, al no haber sido objeto de nuevos atentados en su propio territorio, y haberse regionalizado fuera de Occidente esos grupos. Aunque con colaboración en materia de inteligencia, Europa se tiene que sacar sus propias castañas del fuego. El nation building en un sentido liberal, que tiene mucho de neocolonialismo ideológico, ha resultado un fracaso también por razones culturales y por la succión de muchos fondos que han supuesto las corrupciones locales. No ha producido los resultados buscados, porque las premisas y los instrumentos estaban equivocados.

No se trata de un repliegue total. EEUU sigue manteniendo una red de instalaciones, bases y despliegues militares en el mundo no igualada, ni de cerca, por ninguna otra potencia. Pero el repliegue puede afectar al orden mundial. EEUU es muy a menudo un factor de equilibrio, aunque otras veces de desequilibrio. Tiene que pensar mejor su política exterior, y no sólo desde su polarizada política interna. La OTAN, por su parte, tiene que reflexionar con más realismo su futuro, más aún cuando vive una crisis de confianza de muchos responsables europeos en Washington, primero con Trump y ahora por la forma que ha tomado la retirada de Afganistán, más que por la importancia de este país en sí, que tantos imperios ha enterrado. Su primera gran operación en aplicación del Artículo 5 (de defensa colectiva) de su tratado fundacional, se ha saldado con un fracaso tras una decisión unilateral de EEUU. Ha sido una derrota política y social, antes que militar. La OTAN había encontrado una nueva razón de ser en Afganistán, mientras resucitaba la tradicional frente a las veleidades de la Rusia de Putin. En China, frente a la que no hay unanimidad, no encontrará un nuevo sentido. Mientras, la conciencia de que Europa, la UE, necesita dotarse de una autonomía estratégica, como ha puesto de relieve el alto representante Josep Borrell, ha aumentado entre los gobiernos europeos, aún a falta de consenso pleno y de los medios necesarios para ello. Falta visión estratégica, que ha de comenzar por África tanto como por el Este.

¿Deja este repliegue Occidental un vacío? No necesariamente. Más de que lo que puedan llenar China y Rusia, con otros instrumentos, en Afganistán y su entorno, el vacío ha quedado de manifiesto en la falta de gobernanza global en esta crisis y otras, debido a múltiples causas. Ni la ONU ni el G20 (ni la OTAN ni la UE) han estado a la altura. Eso, más que un repliegue parcial de un Occidente que, una vez más, había errado en sus planteamientos estratégicos, es lo que debe ser causa de preocupación.

7 de septiembre2021

elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/el-repliegue-de-occidente/

Durante los 22 años del régimen, no se han escatimados esfuerzos en organizar y desarrollar una política siniestra hacia las universidades. Quizás inspirados en Adolfo Hitler, implementaron con afán desmedido, una serie progresiva de acciones basadas en el desprecio al conocimiento científico, tecnológico y humanístico que producen las universidades y cuya finalidad, no es otra sino alcanzar “la solución final” de suprimir la autonomía universitaria, construyendo para las universidades un ordenamiento jurídico al servicio del gobierno y desconocer las autoridades universitarias para establecer el pensamiento único de la revolución.

Sin embargo, hay que destacar que en sus inicios el régimen optó por presentar una imagen de cordero para cautivar a inocentes creyentes e incorporarlos a su “revolución socialista y bolivariana del siglo XXI”. Armando su trampa caza bobos, procedió a anunciar y aprobar en el proceso constituyente de 1999, el rango constitucional a la autonomía universitaria (Art 109 de la CRBV).

Acto seguido, designaron, a profesores identificados con el régimen, como autoridades encargadas de las políticas públicas para la educación universitaria, destacándose entre ellas el Proyecto Alma Mater para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en Venezuela (OPSU, 2001) que entre otros aspectos contemplaba: elevación de la calidad académica, garantizar la equidad en el ingreso estudiantil, financiamiento oficial de las universidades, construcción de nueva planta física, conclusión de obras paralizadas por años, reparación y remodelación de edificios, laboratorios y aulas de docencia e investigación en todas las universidades autónomas y experimentales y el mejoramiento del transporte, comedor y becas estudiantiles.

Pero, como dice el refrán popular “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y las ilusiones se fueron evaporando, dando paso a que el régimen dejara de lado su piel de cordero y asomara sus colmillos de autoritarismo represivo, al propiciar que los colectivos armados, bajo el argumento del impulso de un proceso de constituyente universitario tomaron violentamente en marzo del año 2001 parte del edificio sede del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante 32 días. Su objetivo, era desconocer a las autoridades recién electas para permitir así la intervención gubernamental. Lo relevante de esta acción de los colectivos armados fue la total impunidad con que actuaron protegidos por la policía política del régimen.

A partir de ese hecho, las universidades y su comunidad fueron protagonistas de una sistemática y desmedida acción de grupos que, actuaban como organizaciones paramilitares al servicio del gobierno. Entre el año 2008 y 2012, las universidades presentaron a la Fiscalía General de la República 52 denuncias de agresiones a personas y bienes de la comunidad. Las motivaciones principales de esas acciones fueron reprimir manifestaciones y procesos electorales estudiantiles a través del lanzamiento de bombas lacrimógenas, uso de artefactos explosivos y armas de fuego, quema de instalaciones y vehículos, así como agresiones físicas a profesores, estudiantes, empleados, obreros y autoridades universitarias.

Otra modalidad empleada por el régimen contra las universidades fue “el cerco jurídico” para imponer, arbitraria e ilegalmente, la suspensión de todas las elecciones de autoridades universitarias en las universidades nacionales. La imposición a través de la Ley Orgánica de Educación de condiciones electorales que contrarían lo establecido en la Ley de Universidades vigente y el artículo 109 de la Constitución Nacional y el intento de imponer una Ley de Universidades en el 2010 que genero el rechazo mayoritario de los universitarios, y condujo a que el presidente Chávez la vetara en enero 2011.

Otro cerco contra las universidades fue el presupuestario que comenzó con la reconducción de los presupuestos universitarios, imponiendo de esa manera, la política según la cual, para el año siguiente debe mantenerse el mismo presupuesto del año anterior generando un estancamiento en el funcionamiento universitario.

Mas adelante, el régimen dio otro paso de avance en su política intervencionista, al colocar el pago de las nóminas en el Sistema Patria y cerró el circulo, al aprobar en el CNU, una normativa para dejar en manos del régimen e manejo de los recursos propios de las universidades que producen por sus programas de extensión y post grado.

En lo referente a las relaciones laborales, el régimen no descansa en su agresión. Comenzó desconociendo la aplicación de las Normas de Homologación y progresivamente ha ido imponiendo condiciones laborales que condenan a los obreros, empleados y docentes a la pobreza extrema.

Prácticamente, las acciones del régimen en su afán por destruir la autonomía del sector universitario condenan a muerte a todos los miembros de la comunidad universitaria, al carecer de programas de seguridad social y eliminar los seguros HCM. El desafío por sobrevivir es mayor por la precariedad del sistema de salud público, la eliminación de los institutos de previsión social y la desvalorización de las cajas de ahorro por la hiperinflación. Cierra este dantesco cuadro, el congelamiento de la discusión de los contratos colectivos para imponer falsas y unilaterales contrataciones, avaladas solo por federaciones y sindicatos fantasmas.

Finalmente, el régimen se acerca a su objetivo principal con respecto a las universidades, en lo que representa la solución final, el holocausto universitario creado por ellos, al convertir el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en el “órgano del Estado Socialista” que debe orientar el modelo educativo revolucionario hacia la formación ética y a la producción socialista, al asumir el gobierno el control directo del ingreso y distribución de la matrícula estudiantil, y regular las condiciones de trabajo de todo el personal que labora en las universidades oficiales y privadas

Ante ello, obreros, estudiantes, empleados y docentes siguen en su lucha por superar las políticas de hambre, represión y muerte impuesta por este régimen fascista.

La política venezolana está llena de ejemplos de ambas características y en lo personal me ha correspondido sentirlas en dos oportunidades de mi vida, a las que me referiré solo con la intención de ratificar que de ellas no escapa ningún ciudadano que intente ejercer sus derechos políticos.

En el año 1959, siendo un estudiante quinceañero de bachillerato, fui expulsado de AD, partido en el que nunca estuve inscrito, por haber estado presente y firmado la lista de asistencia, en una reunión convocada por dirigentes universitarios de esa época y que después lo fueron del MIR, en la que se criticó a la cúpula de ese partido por no presionar al gobierno a implementar medidas más radicales a favor de la mayoría de los venezolanos.

62 años después, he sido “suspendido” del Pacto Republicano, coordinado por el Movimiento Libertadores, pacto que nunca suscribí y del que tenía noticias por un chat de WhatsApp en el que fui incluido sin haberlo solicitado, por no compartir la estrategia del coraje que significa, según lo escrito por su dirigente máximo, “la salida por la fuerza, tanto de Maduro como del sistema caza-renta”.

Más allá del carácter anecdótico personal de lo referido, que carece de importancia salvo por ser indicativas de cuán difícil es luchar por un cambio político en Venezuela cuando entre los que se dicen amantes de la libertad y la democracia, hacen vida individualidades intolerantes que se permiten tomar decisiones unipersonales, sin derecho a ser discutidas y tratando de descalificar a cualquiera que ose no coincidir con sus visiones particulares.

Lo sucedido, que insisto carece de toda importancia, da píe para ratificar que no acompañamos ninguna acción de fuerza, no solo por principios, sino por realidades prácticas incuestionables.

En consecuencia y con la intención de dejar clara no solo mi posición, debo aprovechar este escrito para ratificar que un grupo significativo de aragüeños, sin militancia partidista, pero comprobadamente participantes en las actividades prodemocráticas ocurridas en el estado durante estos últimos años, decidieron contribuir a recuperar el camino electoral como escenario de lucha y que esto lo hacen conscientemente y despojados de toda ingenuidad.

Todos sabemos que las elecciones del 21N no generarán la salida de Maduro de la presidencia que ejerce de facto, así como que también hemos comprobado que la abstención desmoviliza y contribuye a aumentar la desesperanza de la gente.

Además, reconocemos que las condiciones electorales no son las mejores, pero tampoco peores que las que han regido otros eventos a los que hemos concurrido y en algunos de los cuales hemos obtenido éxitos. Inclusive, la presencia en el CNE de rectores no identificados con el oficialismo abre la posibilidad para la corrección de anomalías que han venido siendo denunciadas por años.

Dichos éxitos fueron logrados solo cuando los factores democráticos alcanzaron acuerdos unitarios, por lo que esta vía, la electoral y unitaria, debe seguir siendo explorada como la conducente a la solución deseada, aunque la misma no sea inmediata, entendiendo que esta oportunidad próxima puede servir para recuperar la confianza de la gente en sus capacidades para contribuir al cambio.

En tal sentido, aragüeños de comprobada vocación democrática, sin militancia partidista, provenientes de organizaciones de la sociedad civil con mucho tiempo de actuación en los ámbitos sindicales, gremiales, deportivos, culturales y vecinales, han constituido un movimiento electoral estadal independiente, que tendrá la oportunidad de expresarse el 21N a través de las tarjetas Fuerza Ciudadana y Red de Aragua.

Ambas tarjetas apoyan la misma fórmula electoral encabezada por Luis Carlos Solórzano como candidato a gobernador de Aragua, a una lista de aspirantes al Consejo Legislativo de la entidad y con expresiones concretas a nivel de los municipios, con candidatos a alcaldes y a concejales.

El esfuerzo hecho continuará hasta el límite de los lapsos electorales, persiguiendo el objetivo de la unidad de las fuerzas democrática, orientado por la búsqueda de los candidatos circunstancialmente más adecuados, los cuales deben ser producto de la aceptación de la gente que conduzca al consenso que dicte la racionalidad política.

El resultado final no está a la vuelta de la esquina y tenemos que seguir reforzando nuestras capacidades para la lucha, en la que los momentos electorales tienen que ser aprovechados como elementos de protesta que promueva la indispensable cohesión social de la gente, en torno al deseo de un país distinto en lo político y de todos los que en el tenemos el privilegio de vivir.

Aragua merece que sus habitantes, investidos de ciudadanía, hagamos lo que esté a nuestro alcance para sacar al estado del abandono en el que ha sido sumido por autoridades desconocedoras de su realidad, impuestas desde Caracas y sin ningún arraigo local.

Una mínima honestidad me exige iniciar estas líneas señalando que quien las escribe es un “baby boomer”, conforme a una categoría que lo ubica como nacido en tiempos predigitales, esto es, alguien para quien los dispositivos tecnológicos actuales significan una realidad “sobrevenida”, en la que surfea lo mejor que puede.

Así, aunque me muevo con cierta dignidad en varios rincones del espacio digital, me encuentro lejos del mundo de los video juegos y con respecto a los E-sports guardo una absoluta indiferencia, dado que no alcanzo a entender, por ejemplo, que alguien prefiera jugar futbol sentado frente a una pantalla, en vez correr en una cancha con veintidós tipos disputándose el balón para marcar un gol.

Sin embargo, me atrevo a escribir sobre el asunto porque advierto en los videojuegos el reforzamiento de señales que se están mostrando hace tiempo y de manera muy acelerada, en otros contextos que no me resultan tan ajenos.

Drogas electrónicas

Leo, pues, que en el mundo hay alrededor de 2.500 millones de personas de todas las edades, que diariamente se acercan a los videojuegos en sus múltiples formas, redibujando el tiempo dedicado al ocio y abriéndole el camino a un negocio cuyas cifras actuales son estratosféricas.

Con más de 665 millones de jugadores, China es el mayor mercado del mundo. Se estima que sus ventas en 2021 estarán en torno a los 41.700 millones de euros, y se espera que para 2025 el monto se eleve hasta alcanzar alrededor de 60.000 millones, siempre y cuando se mantenga la tendencia que viene registrando, cosa que está por verse.

Está por verse, digo, porque desde hace dos años, China ha mostrado su preocupación por el daño que pueden causar los videojuegos, principalmente en niños y adolescentes, un 60% de los cuales los practica de manera habitual. Se convirtió así, en el primer país en declarar la adicción de los jóvenes como un "desorden clínico", mientras que los medios de comunicación estatales, menos cuidadosos en el empleo de las palabras, los definieron como "opio espiritual" y "drogas electrónicas”.

En virtud de lo anterior, recientemente el Gobierno elaboró un conjunto de normas que limita drásticamente el tiempo de exposición a los jugadores menores de 18 años: de lunes a jueves a tres horas semanales y de viernes a domingo a una hora, de 8 a 9 de la noche. Las nuevas pautas se aplicarán universalmente a todas las plataformas de juegos en línea que operan en China, a partir de un sistema común que identifique la identidad y edad del usuario.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace menos de un mes publicó su nueva Clasificación Internacional de las Enfermedades, en la que incluyó por primera vez la adicción a los videojuegos, poniéndola dentro de la sección correspondiente a "trastornos mentales, del comportamiento o del desarrollo neurológico". La normativa adoptada entra en vigor a partir del año entrante, en los casi 200 países que integran la referida organización

Play Matters

Nadie puede oponerse a establecer determinadas reglas en función del diagnostico expuesto por la OMS. Pero se han prendido las alarmas por la influencia que pueden tener las plataformas y su capacidad para extraer datos de todo lo que ocurre mientras esta encendida la pantalla. “Los datos de quién eres son muy valiosos, los datos de qué quieres ser lo son todavía más. En los juegos se ve lo que aspiramos a ser”, dice Miguel Sicart, filósofo español, autor del libro Play Matters.

En el caso chino la industria del videojuego guarda el control de los datos de millones de usuarios, convirtiéndose, así, en una pieza más del sistema de vigilancia que ha logrado armar su gobierno para supervisar la vida de los ciudadanos en casi todos sus aspectos, incluso en “el control actual de los úteros a través de la planificación familiar”, como expresaba un sociólogo chino, cuyo nombre obviamente no puedo recordar. La tarea, añadía, se realiza mediante dispositivos tecnológicos que. unidos a los sistemas de calificación social, dan lugar a esquemas para catalogar a los ciudadanos.

La «Gran Cibermuralla» bloquea a las grandes empresas extranjeras (Apple, Samsung, Microsoft, Facebook…), a fin de que no se cuelen mensajes políticamente inconvenientes para el gobierno. La población no tiene otra versión de la realidad que la que le brindan sus autoridades, Vive, pues, una realidad paralela, recreada por su gobierno conforme a un diseño que incluye censura, vigilancia, adoctrinamiento, desinformación … Así las cosas, dentro del paisaje por donde transcurre la vida de los ciudadanos, el control social es parte de la normalidad, algo completamente institucionalizado y en general no se percibe ninguna necesidad de buscar otras opciones.

El Sistema Patria

Desde luego, no sólo en China ocurren estas cosas. En casi todos los países la vigilancia social lleva instalada un buen rato. La pandemia le ha servido como anillo al dedo. En efecto, ¿quién se va a oponer a determinados controles si lo que se persigue es una loable e imprescindible medida de bioseguridad? En este sentido, cabe mencionar que las diversas organizaciones que observan los niveles de democracia y libertad en todo el mundo demuestran que el autoritarismo ha aumentado sensiblemente en estos tiempos de coronavirus.

En Estados Unidos es una cuestión central de la agenda pública desde hace años, según lo relató, entre otros, Edward Snowden (empleado de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional), quien se vio obligado a salir de su país por denunciar, con pruebas en la mano, que organismos públicos coartaban las libertades políticas y civiles de la población norteamericana. E igualmente podríamos mencionar otros muchos países que, en la medida de sus capacidades, tienen semejantes estrategias. Y ni hablar de las llamadas grandes “empresas tecnológicas”, promotoras del “capitalismo de la vigilancia”, un sistema económico que, en síntesis, funciona a partir de la recolecció y procesamiento de una enorme y variada cantidad de datos.

En lo que respecta a Venezuela, la aparición, con asesoría China, por cierto, del Sistema Patria ha dejado constancia durante sus cuatro años de funcionamiento que no es solo una pequeña plataforma digital empleada para la entrega de subsidios gubernamentales. La amplitud de su sistema y el volumen de su base de datos, se dirige ciertamente al objetivo de paliar en alguna medida la crisis nacional, pero como lo escribió recientemente el sociólogo Héctor Briceño, “…en paralelo busca trazar un mapa de lealtades políticas…”, y es obvio, añado yo, que marcha hacia fines más ambiciosos en cuanto al control social.

¿Democracia Digital?

Menuda tarea, así pues, la que encaramos los terrícolas. Dicho en pocas palabras, hay que reconceptualizar la democracia, pensarla a la luz de las nuevas condiciones que plantean los diversos cambios tecnológicos, tal y como se viene argumentando desde hace tiempo, desde varios países, desde varios sectores. Menuda tarea, repito, porque además de todo lo señalado tiene como trasfondo una grave confrontación geopolítica en la que varias naciones, en particular China y Estados Unidos, compiten por la hegemonía en el desarrollo global de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el 5G o la vigilancia masiva.

La buena noticia es que el mundo no se encuentra de brazos cruzados. Lejos de ello proliferan iniciativas muy importantes que apuntan a garantizar la democracia y las libertades en las sociedades digitales.

El Nacional

Miércoles 8 de septiembre de 2021

Se pone cada vez más de manifiesto que uno de los mayores obstáculos para conquistar de nuevo la democracia y emprender soluciones a la grave tragedia que agobia al país, es la burbuja ideológica en que se refugia el chavo-madurismo. Armada con las alusiones épicas iniciales de un Chávez redentor que prometía refundar la república invocando a Bolívar, condimentada profusamente de odios contra quienes identificó como enemigos y revestida, luego, con categorías de la mitología comunista, pudo terminar en una cosmovisión cerrada sobre sí misma, refractaria a ser contrastada con la realidad.

En los primeros tiempos, la retórica patriotera y de justicia social interpretó las frustraciones que muchos habían incubado contra la democracia bipartidista. Al prometer la ruptura con ésta y el castigo a los supuestos culpables, alimentó, asimismo, sus ansias revanchistas. Sin embargo, en la medida en que el chavismo fue desnudando su naturaleza fascista y, sobre todo, después de que regresaran los precios internacionales del crudo de los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014, la retórica oficialista fue perdiendo sintonía con las realidades vividas por los venezolanos.

La representación ideológica construida pasó de ser una referencia aglutinadora de voluntades, en competencia con visiones alternas expuestas por otras fuerzas políticas, a convertirse en un blindaje contra todo cuestionamiento, refugio en el cual hurgarían los personeros del chavismo los justificativos con los cuales absolver la pasmosa destrucción del país engendrada por su gestión de gobierno. Terminaron por erigir una falsa realidad acomodaticia con sus atropellos y desmanes, por más disparatados y crueles que estos fuesen. Según este submundo ficticio, siempre habría un enemigo a quien echarle la culpa por las penurias de la nación. La necesidad de combatirlo y no descansar hasta limpiar el país de su presencia posponía indefinidamente la dicha de la tierra prometida en sus alocuciones “revolucionarias”.

La tragedia de Venezuela es que tal enajenación ha dominado las ejecutorias de quienes han controlado los mandos del Estado durante todos estos años. De tanto repetir consignas y reemplazar la realidad por representaciones simbólicas afectas a sus intereses, se han convertido en sus rehenes. Dadas las alianzas y posturas construidas con base en estas fabricaciones, no saben cómo desenvolverse sin ellas. Ámbitos en los que es menester entenderse con las complejidades de la realidad tal cual como es, son inasibles. Inventos como los del “bloqueo” y la “guerra económica” ahorran el esfuerzo mental de compatibilizarla con su ideario. Quizás el mayor prisionero de estas gríngolas ideológicas sea el propio Maduro, incapaz de ver al mundo sin estos cristales deformantes y razonar en consecuencia.

Hace unos días tuvo el tupé de vociferar en una alocución televisada: “Capriles, Ramos Allup y Guaidó, me van buscando la forma de que se levanten las sanciones” (¡!), después de haberlos acusado de pedir la imposición de las mismas. Creyendo, ahora, que las negociaciones le allanaban el camino para eliminarlas, “ordenó” a sus recién aceptados interlocutores demócratas que le quitaran tan enojosa traba. Totalmente ausente estaba cualquier referencia a las razones detrás de las sanciones: violaciones flagrantes de los derechos humanos, narcotráfico, lavado de dineros sucios y otras corruptelas. Muchísimo menos se le ocurrió mostrar propósitos de enmienda, ni atisbos de que se comprometería a superar las condiciones que las motivaron. ¡Estas sanciones sólo obedecen a la inquina del imperio maligno contra el gobierno “revolucionario” y por la “traición” de los opositores!

Pero la desfachatez de Maduro no termina ahí. Pocos días después volvió a amenazar con una “justicia severa” a la dirigencia opositora, tildándola de “delincuentes”, por “lo que le hicieron a Venezuela” (¡!). O sea, el responsable de haber reducido a la economía venezolana a menos de la cuarta parte de cuando ocupó la presidencia, quien acabó con la industria petrolera y les entregó el país a bandas criminales de todo tipo –incluyendo los militares corruptos que lo sostienen—, y quien violó garantías fundamentales del ordenamiento legal vigente, lanza amenazas a otros con aplicarles una “justicia severa”. ¿A nombre de quién está la requisitoria librada por fiscales de EE.UU., ofreciendo una compensación de USD 15 millones? ¿A quién señalan los informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como máximo responsable del aparato represivo instalado por su gobierno? ¿En qué mundo se mueve este señor? Como reza el dicho: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. ¡La prisión ideológica!

Pero de contrasentidos y torpezas, Maduro llenaría páginas enteras. Por lo recién, traemos a colación sus intemperancias con los obispos por haber denunciado el bloqueo, por parte de unos militares gorilas, de la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por las lluvias que azotaron el sur del estado Mérida. Cuando no. “Fue una campaña miserable dirigida por obispos de la Iglesia católica contra la FANB”, increpó. Los calificó de “bicharracos”, que montaban un show. “Salgo en defensa de la FANB y pido respeto y apoyo al pueblo de Mérida y a la FANB”. Para taparear las barbaridades de “sus muchachos” –así los identificó en su alocución—, los identifica con el pueblo de Mérida agredido, adulterando el hecho de que fueron sus gorilas los que le faltaron el respeto a ese pueblo, atropellando sus requerimientos más urgentes. El mayor descalificativo a la FANB viene de su propio seno. No hacen falta señalamientos de obispos ni de otros. Mayor descrédito por corrupción, atropellos a los venezolanos y traición a la patria, creo que jamás habían logrado echarse encima los militares en Venezuela en toda su historia como los que apoyan a Maduro.

Estos incidentes tienen relevancia en momentos en que se intenta desarrollar un proceso de negociación en México entre personeros del régimen y las fuerzas democráticas, con miras a arribar a acuerdos que permitan instrumentar salidas mutuamente aceptables a la terrible situación en que se encuentra el país. Ponen de manifiesto que destacados dirigentes chavistas prefieren seguir recreándose en un mundo totalmente ajeno a la realidad. Son incapaces de conectarse con lo que esta padeciendo el país.

Se me dirá que entiendo poco de las realidades políticas del chavismo. Que lo de Maduro son alardes dirigidos a sus partidarios destinados a demostrar que sigue siendo el caprino macho que más micciona. Pero esto, en vez de excusar sus desatinos, le confieren todavía mayor gravedad. Dibujan ese mundo de absurdos que encapsulan el imaginario de quienes lo acompañan y que, por tanto, él se ve obligado a alimentar. Con interlocutores forzados a caerse a embuste permanentemente para su sobrevivencia, las esperanzas de arribar a acuerdos en las negociaciones en México sobre bases razonables y teniendo como referencia los graves problemas que padecen los venezolanos, lucen bastante opacas.

De ahí la importancia de continuar con una posición firme, blindada con las principales democracias realmente interesadas en contribuir con la conquista de las libertades públicas en el país y apoyada en la viabilidad de programas efectivos para abordar el terrible problema humanitario que enfrenta la población, para condicionar toda posibilidad de levantar las sanciones a compromisos verificables sobre el restablecimiento de las garantías constitucionales. Y, con ello, convocar a comicios confiables para que se pronuncie el pueblo sobre quienes –presidente y diputados—deben conducir el país.

En momentos en que el país sigue hundiéndose en una crisis que parece todavía no tocar fondo y que el régimen hace aguas por todos lados, destemplanzas como las de Maduro constituyen uno de los mayores crímenes imaginables. Pero, por más que hayan arruinado al país, el núcleo de enchufados todavía logra apoderarse de lo requerido para mantener sus privilegios. ¿Crisis? ¡No, que va!

Viene a la mente la pregunta de una reportera a Maduro sobre si dormía tranquilo ante la muerte de tantos jóvenes que protestaban contra su gobierno. “Duermo como un bebé”, fue su respuesta. Negociar exitosamente con fascistas para el bien de los venezolanos, representa un formidable reto. Tenemos confianza en que quienes nos representan en este afán, así como las democracias que nos apoyan, habrán de mostrar la fortaleza, consistencia y paciencia para lograr el resultado anhelado.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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