El oficio de las comparaciones históricas contribuye a descubrir la verdad y es una vía directa para las necesarias rectificaciones. Héctor Pérez Marcano, Caracciolo Betancourt y yo hemos estado revisando nuestra propia historia con el objeto de evitar la repetición de errores imperdonables. Analizamos un océano de casos que el desacierto arruinó. Entre los tiempos corridos de Pérez Jiménez hasta Hugo Chávez y Nicolás Maduro, todo fue conversado con objetividad y sin odio y fue ese doble rasgo lo que nos permitió observar mejor la fuente de los errores cometidos por las partes enfrentadas.

Durante el perezjimenismo, la represión era feroz y la resistencia, heroica. En los más de 20 años de predominio chavomadurista esa pauta represiva pareció repetirse, aunque con altibajos en gran parte desaprovechados. Se cometieron errores absurdos que se repiten hasta el cansancio, y no digo que su recurrencia es para reír por respeto a nuestra nación, hundida como está en las tinieblas de una tragedia griega.

Hoy sufrimos diariamente el rigor y consecuencias de esos disparates, pero venimos de la prosperidad. El ingreso per cápita de los tres o cuatro países que observaron un crecimiento sostenible por décadas, fueron Venezuela, Cuba Argentina y Uruguay. Se atribuía al altísimo volumen de exportación de petróleo el crecimiento de Venezuela y la broncínea estabilidad de su moneda, y el de Cuba a la enorme fuerza del turismo. Pocos países podían exhibir tantos atractivos para los viajeros del mundo. En cambio, Argentina y Uruguay mantenían un incremento más clásico, un cierto «desarrollo» más que «crecimiento». Esas fueron la realidad y las realidades.

Por eso gozamos de una era dorada de nuestra democracia a la que los dogmas, errores y agresiones interpersonales están terminando de destruir, sin admitir que lo determinante es la ceguera de los líderes, que no quieren aceptar su responsabilidad en el fomento de la tragedia, endosándola a los que no piensan como ellos.

La declaración oficial de la oposición anunciando su participación en las elecciones del 21 de noviembre, y con los que quieran incorporarse a esa nueva política, brinda una notable oportunidad de retomar la iniciativa con un realismo impresionante. Si acaso, les anotaría el error de no proporcionarle a su declaración un tono más emotivo, que se corresponda con la importancia del paso que se ha dado. El contenido, sin embargo, es bueno y completo. Pienso que debería brindársele un respaldo expreso, sin necesidad de devolver ataques injustos o de atribuirles intenciones malévolas.

Porque lo primero es que los amigos del cambio democrático se unan y, si aún no puedan hacerlo, respeten sus diferencias en lugar de insistir obsesivamente en la comisión de errores que no hay manera de pasar por aciertos.

Al pasearse por el agitado gallinero de errores y aciertos, Pérez Marcano alude a uno de los más celebres al tiempo que dañinos. La abstención, que por cierto trata de pasar como una novedad añadiéndole un calificativo que nada nuevo trae. Ni más ni menos que la ocurrencia del presidente Chávez, quien al postular el socialismo siglo XXI insinuó que siendo de este siglo, su socialismo era una propuesta nueva, pues nadie podría acusarlo de repetir los fallidos sistemas de los siglos XIX y XX

¡Y lo más gracioso es que es verdad! Aparte de que sería una genial forma de mentir diciendo la verdad. A sabiendas de que el disparate de serlo si se le añade un adjetivo apropiado, desaparecerán virtualmente los errores y mentiras del rostro del planeta.

Ya lo saben pues, ¡falaces de todos los países uníos!

Bueno, Caracciolo Betancourt y Pérez Marcano han decidido responder y para que me una a ellos se comunicaron conmigo. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo.

Resulta que Caracciolo critica esa manera de presentar la abstención bajo la fórmula inútilmente útil que es, y que a Pérez Marcano le recuerda la que nosotros llamamos «abstención militante». «Útil» o «militante», viene a ser lo mismo, en medio de un esfuerzo inútil por atribuirle al error la apariencia del acierto.

Decidimos respaldar el llamado a la participación electoral en noviembre, que los firmantes fortalecen anunciando candidaturas unidas con la tarjeta de la MUD.

Hemos criticado enérgicamente la práctica de infamar a quienes no piensen como uno, para al final incurrir en lo mismo que se rechaza. Es peligroso darle aire a probadas equivocaciones sobre todo si las hemos experimentado en el pasado.

Insistir en la abstención no tiene el menor sentido práctico y solo da para suponer que no alcanzará a tener más éxito del que, en mejores condiciones, no logramos antes. Pero ninguno de nosotros, como tampoco los firmantes del documento, hemos caído en la torpe injusticia de infamar a quienes postulen la participación. Puesto que se trata de fijar posición en un tema crucial, decimos, sí, estamos de acuerdo y con el debido y merecido respeto hacia quienes discrepen de nosotros.

Twitter: @AmericoMartin

Una avalancha de agresiones a la esencia misma de las universidades ha sido orquestada por el gobierno. Estrangulamiento económico, intervención en la designación de autoridades, intromisión del ministerio en cada detalle de la vida académica, migración de profesores calificados y abandono de miles de estudiantes que han desertado por razones económicas y de otro tipo. Estudiantes que necesitaban servicios de transporte y comedor, o becas para darle continuidad a sus estudios, están hoy obligados a trabajar para generar recursos para que las familias puedan comer.

Esta destrucción sistemática de las universidades de mayor prestigio como la UCV, USB, UDO, UC, LUZ y ULA, para citar algunas, deja a Venezuela sin futuro. La más joven, la USB, ha visto reducir la matrícula estudiantil al 25% del máximo que se registró en el año 2008 y además ha perdido casi el 40% de sus profesores y empleados, entre ellos investigadores de prestigio internacional. En su relativa breve vida, fue un ejemplo de calidad y ha dejado, entre otros logros, más de 46.000 egresados para quienes la universidad abrió un nuevo horizonte.

Pero el progreso personal no es el único legado que los egresados reciben en su tránsito por buenas universidades, ya que gracias a ellos existen servicios públicos, empresas, profesionales que ejercen libremente su actividad. Gracias a los egresados se producen, transportan y se procesan alimentos y existen médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, abogados, odontólogos, historiadores, bioanalistas, computistas, contadores, filósofos, literatos, farmaceutas, agrónomos, veterinarios, biólogos, físicos, químicos, matemáticos, etc., que, al estar bien formados, constituyen la columna vertebral y el futuro del país. Son los generadores de riqueza, empleo y nuevas oportunidades. No será de centros mediocres de estudios donde importa más la ideología que el conocimiento, donde se colocarán los cimientos de la sociedad en un planeta donde la ciencia y la tecnología, siempre importantes, son ahora indispensables. ¿Educación a distancia? Sólo para algunos que tienen servicio confiable de Internet y una computadora. El mundo político se reúne a dialogar, lo que me parece muy bien, pero me pregunto si la educación y las universidades se encuentran en la agenda.

En dos décadas Venezuela ha retrocedido en casi todo lo medible: el PIB, la pobreza, la salud, la calidad y cantidad de servicios, los derechos fundamentales y ahora, lo peor que es la destrucción de la educación que nos condena al fracaso como país. Existe un grito desgarrador que llama al mundo económico y político, a la sociedad como un todo, a levantar la voz para defender a sus universidades y con ellas al futuro de nuestros hijos. Los invito a visitar el Blog Nueva Universalia.

Que bueno. Hay negociaciones en México entre los líderes políticos que mayor número de votantes tienen, aunque ambos decrecen en las encuestas. En las negociaciones en México están presentes países como Rusia y Países Bajos en representación del Occidente. El ping pong de fuego que se lanzan los líderes políticos del país tanto de oposición como del oficialismo ha venido mermando. Los presos políticos y la participación electoral son temas a resolver pacíficamente. Las libertades económicas vienen ocurriendo y la eliminación de las sanciones deben levantarse y deben sustituirse con la creación de un organismo de contraloría de los flujos de caja de Pdvsa y otras empresas del Estado.

Entre las sanciones y la corrupción en Venezuela el PIB ha caído de $300 a $50 mil millones en 5 años. Ese es el costo de la irresponsabilidad de no llegar a acuerdos en México. Y no hay excusas ni de la oposición ni del oficialismo para no llegar a acuerdos. Venezuela entera no le interesa las cuentas que se tengan entre los líderes políticos. Esas las deberían resolver a título personal como más les convenga. Las bolas de fuego que se venían lanzando los líderes de la oposición y del oficialismo en plena batalla de exterminio mutuo, ya ha destruido la economía por 5 años en 70 %, sino que incluso contamina el ambiente aún cuando los líderes políticos anuncian que se sentarán a negociar acuerdos.

Un partido de fútbol es más interesante si los contrincantes juegan bajo las reglas y se respetan mutuamente. Ambos equipos y todos los jugadores se entrenan bien para dar una contienda de jugadas creativas y maravillosas. Así mismo los venezolanos tendremos un mucho mejor país cuando nuestros líderes políticos en lugar de concentrarse en dar zancadillas y golpes usaran su tiempo y talento en ser políticos del más elevado desempeño. No obstante, los venezolanos debemos celebrar que por lo menos la oposición y el oficialismo aún en un clima contaminado por diatribas inútiles y zancadillas típicas de los bajos mundos hayan anunciado negociar y poner en marcha procesos políticos más democráticos de parte y parte. Pareciera que esta vez las partes tienen más que perder y hay posibilidades de llegar a ciertos acuerdos que permitan levantar las sanciones por mutua conveniencia. Si el final de las negociaciones es que se levanten las sanciones, el país verá mayor actividad económica. Por una parte el oficialismo al no cambiar la Constitución de 1999 con la ANC, ahora debe enfrentar elecciones en el noviembre del 2021 y en 2024 que podrían perder si la oposición participa con una economía sancionada. El oficialismo está vulnerable de ir a elecciones si una oposición se presenta con nuevos líderes, renovados democráticamente dentro de sus filas, y ante un gobierno que lleva la economía pasmada por la hiperinflación y las sanciones. El oficialismo es vulnerable a presentarse en las próximas elecciones sin una mejora económica si la oposición cambia su estrategia y participa en las mismas aun sin condiciones electorales transparentes.

Al oficialismo le interesa que se levanten las sanciones de manera de reactivar el aparato productivo para ir a elecciones de cualquier cargo en los próximos años. Las medidas económicas de liberación y estímulo de la economía privada que el oficialismo impulsa desde el 2019 tendrían un importante efecto económico si se levantasen las sanciones. Venezuela 2022 entraría en una economía post Covid-19, post sanciones y post regulación de precios y de cambio, con una burocracia más promotora de la actividad de los ciudadanos. Sin sanciones y con nuevas medidas económicas, el oficialismo tendría una gran oportunidad de reactivar sustancialmente la economía y hacer un buen papel en las elecciones previstas en la Constitución.

Por la otra parte los líderes de la oposición no tienen ni han tenido ninguna alternativa que no sea llegar por la vía electoral. Dicho de otra manera, la oposición no tiene más opción que ganarse el voto del electorado masivamente y aún sin condiciones electorales transparentes tiene que arrasar. La oposición aprendió a no esperar una primavera africana o a los Marines. Cada vez sus estrategias de no participar por esperar condiciones mejores de competencia electoral significa que la oposición representa menos para el país y para el mundo. Nada de capital político ha acumulado la oposición desde el 2018 sino todo lo contrario por abstenerse de participar. Y ya los países que apoyan a la oposición se cansaron de apoyarlos y financiarlos mientras ellos hacen lobby en Washington y Bruselas y no ante el electorado venezolano.

Así que, la buena noticia es que aunque los venezolanos tenemos una economía en el piso debido a la corrupción, el Covid-19 y las sanciones, ahora se vislumbra un mejor futuro debido a que el sector privado será quien impulse la economía en un porcentaje mayor del PIB; pronto habrán mas vacunas para acabar con el Covid-19, habrán menos sanciones luego de las negociaciones en México, más procesos democráticos y políticos dentro y fuera de los partidos políticos, menos juegos geopolíticos y más actividad económica. En Venezuela se esta imponiendo el progreso menos por diseño y más por la presión de los hechos y prometen un futuro más dirigido por los ciudadanos y el espíritu de progreso.

alexsucre@hotmail.com

EEUU es una de las pocas naciones que eludió el totalitarismo, la dictadura compleja llamada “estabularia”, y también la tradicional. Los intentos de Trump y antes de Roosevelt demostraron que su estructura política federal, requeriría no de uno sino de cincuenta golpes de Estado para doblegar otras tantas formaciones judiciales, fuerzas armadas y policiales regionales. En el plano simbólico esta sociedad es un misterio. Para Jean Baudrillard y Slavov Zizek no existe nada específicamente norteamericano sino un ente culturófago que se traga todo y digiere las cosas buenas y malas de cualquier parte. “Lo que no se consigue en NY es porque no existe”, dicen los newyorkers con razón. Por eso resulta difícil en la actualidad concebir que desde los peregrinos del Mayflower, las más variadas sectas religiosas fanáticas sembraron profundas raíces comunistas y anarquistas, y otras practicaban una incipiente economía del mercado.

De acuerdo con el apasionante libro Historia de las sociedades comunistas norteamericanas, de Charles Nordhoff, convivieron sectas, hermandades e iglesias extrañas, zoaritas, amanitas, luteranos, auroritas, bethelianos, calvinistas, católicos, vanguardia de la conquista territorial del norte del continente, seguida por los pasajeros en las diligencias de las películas de John Wayne. No fue así en Latinoamérica donde únicamente imperaron la Inquisición y la Compañía de Jesús. Desde 1620 de la colonización de Massachusets, la iglesia pietista, con el gobernador Willian Bradford a la cabeza, y un poco después los cuáqueros o amish, fomentaron una economía abierta. Eso arrancó de la miseria extrema la primera colonia británica en Norteamérica, y conflictos políticos en la metrópoli fortalecieron esa tendencia. Por ejemplo, el monarca británico Carlos II tenía un grave problema con su amigo William Penn, un poderoso aristócrata hereje, cuáquero, al que no podía tocar pero necesitaba quitarse de encima. Le hace una propuesta que no podía rechazar.

Le otorgó 120 mil Kms. de territorio en la colonia hoy Pennsilvania, capital Filadelfia, la primera república democrática del mundo en 1682. Penn elabora una constitución, Marco de gobierno, el sufragio y los derechos individuales, que cien años después inspira la Constitución de Estados Unidos que George Washington hace aprobar ahí mismo. A un extremo, la secta de la Segunda Aparición de Cristo o shakers, era encratista y prohibía las relaciones sexuales e incluso el matrimonio. En otro, los perfeccionistas, practicaban el amor libre. El ideólogo socialista europeo Robert Owen a una secta llamada los economitas, compra la próspera comunidad de Armonía dedicada a la, impresión, destilación, carpintería, fundición, y muchas otras actividades altamente productivas.

E inicia el primer experimento comunista moderno que no es en Rusia de 1917, sino en Estados Unidos durante el siglo XIX. Inicia los malos pasos y colectiviza la economía con su Constitución de Igualdad para pasar de la competencia a la solidaridad. Declara que “libraré a la Humanidad de sus tres males más monstruosos: la propiedad privada, la religión irracional y el matrimonio…”. Y en poco tiempo una comunidad exitosa modelo se convirtió en abandono, decadencia, caos. Sus miembros entran en conflictos judiciales por pago de deudas, peleas, conflictos y Owen se rinde y regresa a Europa vencido el primer proyecto socialista, quebrado al perder cuatro quintas parte de su fortuna en el experimento. El hombre nuevo resultó estafador. En apenas dos años, el socialismo convirtió aquel emporio en un antro de pleitos y escasez.

Otro de los grandes socialistas europeos es el francés Etienne Cabet, ya famoso por sus obras Viaje… a Icaria y El verdadero cristianismo… en las que reivindica los modelos utópicos de Thomas Moro y Campanella. Compromete a que acepten su condición de dictador por una década a mil quinientos peregrinos que embarca desde Francia a EEUU en 1848 y establece Icaria en Navoo-Illinois, también una próspera comunidad entonces más grande y rica que Chicago. “Nuestro programa es el comunismo racional democrático: aumento de la producción, reparto equitativo, supresión de la miseria…”. Cabet elimina el derecho al voto de todos e incluso el de voz las mujeres, con una sentencia apabullante… “el pueblo debe estar protegido de la tentación de buscar la verdad por el contraste de opiniones”.

Se repite la historia. Al poco tiempo Icaria está en el caos y la pobreza y las arbitrariedades del dictador. Las familias vivían en casas iguales, con cuartos iguales, el mismo mobiliario y los padres delegaban la educación de sus hijos en la comunidad. Esta entra en conflicto, se divide y gran parte de los integrantes huyen para fundar una nueva colonia. El hombre nuevo que se proponía alumbrar, termina en reyertas, pleitos judiciales, infidelidades, traiciones y estafas. Todas las versiones del colectivismo conducen a lo mismo, hasta el deslave de 1989: pobreza, dictadura, sufrimiento. La sociedad norteamericana, conforme a la idea de Zizek y Baudrillard, logró tragarlo y asimilarlo, como seguramente hará con cualquier otro peligro.

@CarlosRaulHer

La oposición democrática, mayoritaria, o la que representa la mayor suma de “grupúsculos”, como a algunas personas les gusta denominarla, finalmente se pronunció con relación a la participación en las elecciones regionales previstas para el 21 de noviembre. Desde luego este pronunciamiento merece un análisis, algunos comentarios y reflexiones.

En la filosofía, simple para algunos, profunda para otros, del “vaso de agua”, lo importante es determinar la cantidad de agua que tiene el vaso y por qué; el tema de cómo se comunica la información hallada, es otra cosa; algunos dirán que el vaso está medio vacío, otros diremos que nos parece que está medio lleno.

El Pronunciamiento Unitario.

Bajo ese supuesto, lo primero que quiero destacar y dejar asentado es que celebro y apoyo esta decisión de la Plataforma Unitaria. Es la decisión correcta. Y muchas veces he escrito sobre el tema, argumentando positivamente y apostando por ella. Se abre nuevamente un camino, que solo bajo determinadas y muy particulares circunstancias, que las hemos tenido, se debe abandonar. Argumentos a favor son variados, complejos y los hemos esgrimido muchas veces, solo repetiremos y destacaremos que es una importante oportunidad de recorrer el país, de movilizar gente de manera algo más segura que lo habitual, de contactar cara a cara a ese venezolano castigado duramente por este régimen de oprobio, para decirle que hay una esperanza y una alternativa.

No solo la decisión de participar en la vía electoral es importante, más importante aún es resaltar que fue una decisión unitaria; unidad como valor a preservar, pues una dictadura no se combate con una oposición fraccionada y dividida y esta decisión nos coloca en el camino de reforzar esa unidad. Hay que destacar también que de las 40 organizaciones políticas que el 21 de abril firmaron el manifiesto “Unión por el Futuro, la Democracia y el Bienestar de Nuestra Nación” −en concordancia con el firmado el 7 de abril por 10 partidos políticos para reconfigurar “la alianza unitaria y construcción de una coalición más amplia” −, solamente dos, Encuentro Ciudadano y Causa Radical, se han manifestado contrarios a la participación electoral el 21 de noviembre. Lo que representa sin duda una lección de unidad.

Sin embargo, este entusiasmo se debe matizar, pues es inocultable y de lamentar que la demora innecesaria en adoptar la decisión, contribuyó a sembrar desesperanzas, dudas y ansiedad. De haberla adoptado dos o tres meses antes, que perfectamente se pudo hacer −y todos lo sabemos− aunque las reacciones contrarias hubieran sido las mismas, al menos, ya tendríamos adelantado terreno para su asimilación. En política las decisiones tardías, no son sinónimo de mayor reflexión, de mayor consulta, sino de falta de decisión y carácter, lo cual no habla bien de los lideres.

Toca ahora recuperar el tiempo perdido, pues la falta de una rápida decisión sobre la participación electoral, ha permitido, al menos, dos cosas: una, que en el común de la población opositora se incremente el número de “indecisos” y escépticos acerca del valor del voto y los procesos electorales y se abracen a la idea de no participar, justificándola en la supuesta falta de interés y responsabilidad de la dirigencia opositora, al no encarar rápidamente el tema. Y dos, que eso ha permitido que los muy variados enemigos del voto y los procesos electorales mencionados, tanto en el régimen, como en algunos de sus críticos, afinen sus argumentos y abonen el terreno de la no participación.

La Estrategia del Régimen.

Ese retraso favoreció la estrategia del régimen; estrategia bien conocida −por lo que no hace falta hacer una descripción muy exhaustiva− que ha venido desplegándose desde hace meses. Cuando el régimen se ha ido sintiendo seguro de que su estrategia funciona para desalentar el voto opositor y sumarlo a la abstención, se ha permitido “gestos”, como tolerar una “apertura” en el CNE, conservando la mayoría; hacer anuncios de eliminar “protectores” reactivándolos a conveniencia, como hemos visto en estos días en el caso de las inundaciones en Mérida; devolver la tarjeta de la MUD, sabiendo que eso podía ser motivo de discordias, divisiones y disputas. Ahora, tras el anuncio de la participación opositora, el propio Nicolás Maduro, cabeza del régimen, se ha encargado de “alabar” la decisión y a los lideres opositores, pues sabe bien que cualquier alabanza que él hace, que en realidad es una provocación, irrita al común de los opositores y es un descrédito más al proceso electoral, tratando de incrementar la abstención opositora.

Estrategia lamentablemente estimulada, apoyada, por los “viudos de la abstención”, quienes ya antes de tomarse la decisión, en su omnisciencia “sabían” cual sería y comenzaron a criticarla, apareciendo a granel, tomando por asalto las redes sociales y artículos de opinión −su único y natural escenario−, manifestándose en contra, con consabidos calificativos y ofensas. Todos esos críticos tienen el elemento común −el mismo de siempre− de no proponer ninguna alternativa, ni siquiera acerca de cómo organizar a esa gran masa de abstencionistas que esperan y que seguramente ocurrirá.

Insistencia Electoral.

En efecto, a pesar de que, según las encuestas, hay un 80 o 90% del país que quiere un cambio político o una salida del régimen, probablemente la inmensa mayoría no se manifieste participando y votando el 21N. La estrategia del régimen, la participación electoral de la “oposición a la medida”, el apoyo de los denominados “radicales” a la no participación, la tardía decisión de la oposición democrática mayoritaria, la ausencia física de varios millones de votos que se fueron con la llamada “diáspora” o no se han inscrito en el Registro Electoral y la alta abstención e indiferencia que se anticipa, vaticinan un magro resultado para la oposición democrática, probablemente similar a los resultados de la elección de gobernadores y alcaldes de 2017.

Aunque hemos tenido algunas victorias importantes, la electoral no luce, al menos hoy, como la vía que nos sacará de este problema y mucho menos en unas elecciones regionales y locales, donde el núcleo del poder no está en disputa. Por supuesto también sé que, en este momento, estamos en muy precarias condiciones para revertir esta situación. Pero la vía electoral, repetiré, entre otras cosas, es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que ha impedido que este régimen de oprobio triunfe definitivamente, que gracias a ella hemos logrado reconocimiento internacional y gracias a todo eso, a pesar de la debilidad y fracturación notoria de nuestra fuerza, hemos logrado que el régimen tenga que aceptar una negociación en México, con una agenda importante para la causa democrática y en presencia de la comunidad internacional. Esos son hechos imposibles de negar. Desde luego, no me pregunten si la negociación actual será exitosa y cuando lograremos triunfar de manera definitiva, porque eso no lo sé.

Conclusión con la Pregunta Inicial.

Pero lo que sé es lo que voy a hacer el 21N: iré a votar por los candidatos que me correspondan en la “tarjeta de la manito”, aunque sé que las probabilidades de que los candidatos opositores ganen son escasas, sobre todo en algunos estados, y aunque ganen, esos candidatos lo van a tener muy difícil para ejercer su cargo, por todas las trampas pre y post electorales que hará el régimen, por todo lo ya dicho, en este artículo y muchos otros, que no viene al caso repetir. Pero no le regalaremos esos votos al régimen, ni desperdiciaremos la oportunidad de manifestarnos una vez más.

Por eso, para cerrar, permítanme tener la pretensión de que este es un medio masivo y que me están leyendo todos los venezolanos y vuelvo entonces al título de este artículo: ¿Y Ud. que va a hacer? ¿Qué ha aprendido de todas las veces que, por una razón u otra, no ha ido a votar? ¿Se va a quedar esperando una solución mágica o que alguien nos venga a rescatar? ¿Se va a volver a quedar en su casa lamentándose del gobierno y la oposición que tenemos? ¿O va a tomar una posición un tanto más pro activa?

Los partidos finalmente tomaron una decisión. Criticable para algunos, tardía, ya lo hemos dicho; pero, ahora, podemos seguir lamentándonos, recriminándonos mutuamente o admitir el error, reconocer que esa demora tiene un costo que tendremos que pagar y empezar a recuperarnos; porque tampoco es un secreto, que gracias a lo que Ud. ha hecho en muchas oportunidades −saliendo a marchar, a protestar, a votar− la oposición venezolana sigue viva y con ella la esperanza del rescate de la democracia y el estado de derecho.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

En octubre de 2019 Nicolás Maduro Moros anunció: «Voy a proceder a entregar una mina de oro (…) en plena capacidad productiva, a cada gobernación, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo». Según sus palabras, los gobernadores podrían disponer de forma inmediata de los recursos que la mina produjera para invertir en las necesidades de sus estados y sortear el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Maduro destacaba que la asignación de minas de oro no llegaría a los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, al ser gobernados por la oposición, sino a los protectores designados desde el Ejecutivo nacional.

Frente a esta medida, la Asamblea Nacional (AN), electa democráticamente en diciembre de 2015, manifestó su absoluto rechazo al considerarla inconstitucional. Mediante un acuerdo parlamentario del 22 de octubre de 2019, el órgano legislativo expresó que la asignación de las minas de oro desconocía:

«las disposiciones establecidas en los artículos 12, 311, 312, 313, 314 y 315 de la Constitución de la República, fracturando el principio de unidad del tesoro referente a los ingresos que competen a la República como propietaria única de los minerales habidos en el territorio nacional».

Adicionalmente, el Parlamento señaló que el Ejecutivo nacional:

«no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido, y en ese sentido, la ley de asignaciones especiales, que ha sido dejada a un lado por el gobierno usurpador, debió establecer, como se hizo en el pasado, un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados, en cuyo territorio se encuentren situadas las minas, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros estados».

La medida de Maduro también fue denunciada por la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos por ser ilegal y afectar la seguridad, el ambiente y la población indígena. Lo expresó de la siguiente manera:

«La mención se anuncia sin la aprobación de la Asamblea Nacional, sin especificar cómo las gobernaciones ejercerán la gerencia de aspectos obligatorios en materia de procesos o tecnologías industriales en actividades de explotación y refinación propias de las minas de oro, protección a los pueblos indígenas presentes, seguridad y protección ambiental».

Opacidad en la asignación de los yacimientos y minas de oro

La realidad es que hasta ahora se desconoce el procedimiento que ha usado el Gobierno de Maduro para la adjudicación de los yacimientos o minas de oro del país a las gobernaciones y los protectorados, así como a otras entidades públicas o privadas.

Solo se sabe que se trata de una medida llevada a cabo en ejecución del Plan Minero Tricolor, un proyecto anunciado en junio de 2019 en el marco del denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), y sobre la que ha regido la más absoluta opacidad al no publicarse cifras e información sobre las actividades realizadas, especialmente respecto a la extracción del oro y otros minerales, así como tampoco sobre los recursos obtenidos de esas operaciones y las empresas asociadas e instaladas en ese ámbito.

Cabe recordar que, mediante decreto 2.248 del 24 de febrero del 2016, el Gobierno de Maduro, al margen de la Constitución y las leyes, creó la zona de desarrollo estratégico AMO para la explotación de bauxita, diamantes, oro y hierro, entre otros minerales.

Desde entonces existe un control y dominio absolutos sobre el área delimitada a través de concesiones, impuestos, exportaciones, regalías, hasta tal punto que en 2020 la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció los serios abusos y violaciones de derechos humanos en el AMO al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo. El informe, de diecisiete páginas de extensión, también denunciaba que niños, algunos menores de diez años, trabajaban en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes, más allá del control que ejercen los grupos delictivos o elementos armados.

Otro asunto en el que se evidencia la poca transparencia y la falta de información disponible que ensombrece la iniciativa del Gobierno de Maduro de asignar los yacimientos de oro a las entidades federales es que el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, creado en 2016 a partir del nacimiento del AMO, nunca ha publicado una memoria y cuenta sobre la producción aurífera en el sur del país, tal como ha denunciado Transparencia en Venezuela en su investigación Oro mortal. Entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción.

Más arbitrariedades y violaciones al orden jurídico

Existe un bloque normativo aplicable directamente a los yacimientos y minas de oro que limita y restringe inexorablemente la actuación del Ejecutivo nacional para que sean utilizados en razón de su carácter de utilidad pública e interés social, y la pretendida asignación de estos minerales a las gobernaciones y protectorados no se corresponde con estas causas.

En este sentido, una de las graves violaciones es el desconocimiento del régimen de dominio público del que gozan los yacimientos de oro conforme al artículo 12 constitucional. Esta disposición determina expresamente que los yacimientos de hidrocarburos, mineros y las costas marinas son del dominio público y, por ende, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, su explotación y uso está regulado por un conjunto de reglas especiales a las que deben sujetarse las autoridades administrativas.

El régimen de dominio público se trata, sin duda, de una forma de limitación del poder en el manejo de estos bienes que pertenecen al Estado, evitando así que pueda haber una apropiación indebida de estos recursos. De ahí que la inalienabilidad impida que se puedan enajenar. La imprescriptibilidad permite mantenerlos al margen del tráfico jurídico privado, por lo que no pueden obtenerse mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Por último, la inembargabilidad los protege frente a los juicios para que no puedan ser embargados.

La decisión también viola el artículo 156, numeral 16 de la Constitución, cuyo texto establece expresamente la reserva legal para el régimen y administración de las minas y yacimientos y, con ello, la regulación referente a las modalidades de explotación y aprovechamiento de este recurso, así como la aplicación del poder tributario en materia de fiscalización y recaudación de los tributos.

Está claro que esta disposición constitucional es una garantía que excluye la aplicación de normas de un rango distinto a la ley formal, la del Parlamento (por ejemplo, mediante actos de rango sublegal), así como la regulación de las actividades de minería por parte de otras personas distintas a la República, como los estados y municipios. Ello significa que solo el legislador nacional a través de una ley puede establecer limitaciones o restricciones a la regulación sobre la exploración, explotación y comercialización de determinados bienes o recursos naturales.

Del mismo modo, se desconoce el artículo 302 constitucional, que consagra la figura de la reserva legal de la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico, como la minería del oro.

En cuanto a los textos legales vigentes, la decisión de asignar yacimientos y minas de oro a las gobernaciones, infringe el denominado Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos(Gaceta Oficial n.° 6.210 extraordinario del 30 de diciembre de 2015).

Se trata de una normativa que tiene por objeto regular lo relativo al régimen de las minas y yacimientos de oro, donde el Estado se reserva las actividades de la minería. En tal sentido, quebranta el artículo 3, cuyo texto indica que los yacimientos de oro y otros minerales estratégicos existentes en el territorio nacional, cualquiera sea su naturaleza, pertenecen a la República venezolana (es decir, no a los estados y municipios), así como viola el artículo 8, al declarar que todos estos bienes son de utilidad pública e interés social.

Lo anterior deja ver con nitidez que ambas disposiciones legales son premisas fundamentales que refuerzan el carácter de bienes de dominio público de los yacimientos y minas de oro, cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 12.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

No está clara la plataforma normativa en que se ampara el Gobierno de Maduro para llevar a cabo la asignación de los yacimientos y minas de oro a las gobernaciones y protectorados; pareciera más bien una política gubernamental que busca echar mano de los recursos naturales del país y dividirlos entre acólitos, que se opone a la Constitución y las leyes. De hecho, solo contribuye a generar más desconfianza, entre otras razones por la falta de transparencia y la poca información pública que permite conocer su sentido y alcance.

Además, la asignación de una mina de oro a cada gobernación del país por cuenta propia de Maduro no solo representa el arbitrario proceder en el manejo de los fondos públicos sin ningún control por parte de la AN, sino que configura una grave violación al principio de la unidad del presupuesto y, por ende, al de la unidad del tesoro, según el cual los ingresos deben ingresar en la Caja del Tesoro Nacional (artículo 313 constitucional, y artículo 37 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en la Gaceta Oficial n.°6.210 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015).

Agosto 31, 2021

https://accesoalajusticia.org/en-venezuela-se-asignan-yacimientos-y-mina...

Uno de los éxitos más notorios del régimen político gobernante en Venezuela ha sido ciertamente invisibilizar a la población. Un país de alta conflictividad social, donde se registran más de 20 protestas populares diarias (más de 670 protestas solo en el pasado mes de julio), es percibido por muchos como un país donde no pasa nada. La gente al no ver ni enterarse de nada, dada la férrea censura oficialista y el control sobre los medios de comunicación, termina creyendo que nada pasa, y esta creencia –aunque falsa- es el alimento principal para generar en muchos desesperanza y frustración.

Pero que usted no vea nada no significa que no está pasando. Y un ejemplo palmario de ello, de esas cosas que la mayoría del país no se entera y que no suele aparecer en los medios de comunicación, es el evento realizado el pasado 19 de agosto en Caracas. Ese día se reunieron de manera presencial representantes de los 24 estados del país, muchos de los cuales atravesaron literalmente la geografía nacional, para protagonizar la presentación al país de los resultados de una actividad organizada durante los últimos 2 meses por el Frente Amplio Venezuela Libre, y que fue bautizada con el nombre de “Las ideas de todos”.

Las Ideas de Todos consistió en una serie de 144 encuentros regionales (6 en cada estado del país, uno por semana), que permitió sentar a discutir y trabajar juntos a sectores tan importantes de la sociedad como el de las universidades, el de la salud, las comunidades organizadas (iglesias, asociaciones de vecinos, consejos comunales, comités de usuarios de servicios públicos, magisterio y comunidades educativas, medios alternativos o comunitarios), organizaciones no gubernamentales (de derechos humanos, de alimentación, de educación, de salud, ambientales y electorales y ciudadanas), el sector productivo (laboral y empresarial), y los partidos políticos.

En total concurrieron 602 organizaciones sociales y políticas de los 24 estados, incluyendo muchas de sitios donde no sólo la conectividad digital y la simple comunicación telefónica es difícil, sino en las que incluso el traslado y la movilización física para hacerse presente en los Encuentros semanales resultó un verdadero desafío. Al final la participación superó las 10 mil personas, toda una proeza hoy en una Venezuela caracterizada por las limitaciones debidas a la pandemia, las restricciones a la movilización por falta de combustible, y la represión de la dictadura a cualquier reunión o evento que les parezca sospechoso.
El diseño de los Encuentros logró que se alcanzara una amplia y heterogénea representación de todos los sectores. Así, por poner sólo 2 ejemplos, el sector de las universidades estuvo representado por 16 sindicatos de trabajadores universitarios, 9 representantes de autoridades, 26 asociaciones de profesores, 21 organizaciones estudiantiles y 16 asociaciones de egresados, mientras que el sector salud –el segundo ejemplo- contó con la participación de 16 sindicatos de trabajadores del sector, 16 organizaciones de profesionales de enfermería, 18 colegios médicos, 13 asociaciones de pacientes crónicos y 31 otras organizaciones profesionales del sector salud. De hecho, la heterogénea representatividad a lo interno de cada uno de los sectores participantes fue uno de los valiosos logros de estos encuentros regionales.

No eran éstos sólo encuentros de gente y organizaciones que tenían tiempo sin sentarse a oirse, sino que al final de la semana, como un ejercicio para probar y ejercitar la capacidad de hacer cosas juntos, a pesar de la desconfianza intergrupal que todavía nos acompaña, los sectores se turnaban para llevar a la práctica unas actividades –diseñadas y desarrolladas por ellos mismos- de lucha y presión cívica. En total, se realizaron 139 actividades conjuntas de calle, muchas de ellas caracterizadas por su creatividad y valentía.
El 19 de agosto, a lo largo de todo el día que duró el evento de presentación de resultados al país, se hicieron 6 exposiciones, una por cada sector, y que resumían los principales hallazgos de los Encuentros en la siguiente forma: diagnóstico de los principales problemas del sector, diagnóstico sobre el país, propuestas internas para atacar y resolver los principales problemas del sector, sugerencias y propuestas para incorporar a la lucha por la liberación democrática de Venezuela, y reporte de las actividades específicas de presión cívica realizadas.

Pero una de las cosas llamativas y que además hablan muy bien de la capacidad y madurez de los sectores participantes es que a la hora de formular sus propuestas, tanto las dirigidas a resolver los problemas del propio sector como las orientadas a contribuir con la lucha por la libertad del país, no cayeron en la trampa frecuente y cómoda de elaborar listas de meros deseos ni ingenuas cartas al Niño Jesús, donde simplemente se espera que pasen cosas o que otros hagan el trabajo. No era “por favor hagan esto” sino “hagamos esto”, en una evidencia del compromiso personal y sectorial de involucramiento en la dura batalla por la liberación de Venezuela.

Y un último dato para resaltar la importancia de lo ocurrido el pasado 19 de agosto fue la presencia en el encuentro tanto del presidente interino Juan Guaidó como de los jefes de los principales partidos políticos, quienes se hicieron presentes para conocer de primera mano las propuestas venidas de todas las regiones del país, en una necesaria y esperanzadora muestra de Unidad política y social.

El acontecimiento del pasado 19 de agosto, invisible para muchos medios de comunicación y desconocido por la mayoría del país, es una nueva muestra de que la lucha puede estar oculta a muchos ojos –como siempre ocurre en los regímenes dictatoriales- pero se mantiene y avanza.

Cosas como las del 19 de agosto pasado son además un nuevo mentís a la creencia peregrina del país abúlico y entregado. Lo hemos dicho otras veces aquí. Los estudios recientes muestran que los rasgos psicológicos distintivos de los venezolanos en la actual coyuntura no son desesperanza y rendición, sino confusión, incertidumbre y frustración.

La población parece estar atenta y dispuesta a organizarse y a participar en instancias o actividades que les parezcan útiles y creíbles. La experiencia de Las Ideas de Todos lo vuelve a ratificar. Cuando en los estados se empezó a organizar y a invitar a los 6 sectores sociales con los cuales se quería trabajar, mucha gente pidió también ser invitada a participar, tanto que no nos dimos abasto para atenderlos, dadas las obvias limitaciones de logística, traslado y costo de actividades como esta. La gente está ávida que le propongan alternativas creíbles y eficaces para hacer oír su voz y organizarse para la lucha por recuperar el país donde nacieron.

A pesar de su extensión nacional, “las ideas de todos” es un esfuerzo todavía parcial e incompleto. Hace falta continuar la
construcción de estas instancias unitarias de organizaciones sociales y políticas (las dos juntas, no unas o las otras). Es
necesario seguir acercando y lograr la articulación de muchos más sectores y organizaciones a quienes les une el sueño de
salvar a esta tierra y la tarea por conseguirlo.

Pero, y esto es quizás lo más importante, tanto los encuentros regionales de los últimos dos meses como el evento del 19 de agosto siguen evidenciando que los venezolanos están muy lejos de rendirse. Y que, aunque los explotadores no permitan verlo para hacer creer que no existe, este es un país donde la esperanza y la convicción de que es posible siguen animando el esfuerzo de muchos por su liberación.

@angeloropeza182