En una encuesta reciente, la opinión pública venezolana revela un fuerte deseo de ver un cambio democrático en el país, pero sus ciudadanos persisten en el escepticismo sobre poder observar esa transformación en el corto plazo. No es para menos. Venezuela ha tratado todo tipo de malabarismos, desde protestas masivas, votaciones, abstenciones electorales, insurrecciones e incluso el apoyo a un Gobierno interino, que se ha venido debilitando tanto internacional como domésticamente sin lograr ese viraje democrático.

Dos terceras partes de la población dicen abiertamente querer un cambio político, y más de la mitad de las personas aceptan que cualquier salida pasa por una negociación entre el chavismo y la oposición. Esa misma mayoría piensa que la probabilidad de que un proceso de esa naturaleza pueda llegar a ocurrir, con Maduro en el poder, es verdaderamente baja. Este es sin duda el mayor triunfo del chavismo: la gente optó, en medio de una destrucción económica y una crisis de servicios públicos nunca vista en la historia moderna de América Latina, por asumir que el cambio político de una nación petrolera en ruinas es más una aspiración que una certeza.

Es por ello que la opinión pública reaccionó con una absoluta incredulidad cuando las delegaciones de Maduro y de la oposición se reunieron sorpresivamente en Ciudad de México a principios de agosto, después de varios meses de conversaciones secretas, para iniciar un nuevo proceso de negociación. Aunque también dejó transpirar un deseo oculto que la negociación pudiese poner un punto final a tantas penurias. El acto en el Museo de Antropología de México, en el que ambas partes firmaron unos principios y unas reglas, así como un objetivo común de buscar restaurar el orden constitucional para promover una convivencia pacífica -en un acto sobrio y corto-, parecía más bien un verdadero milagro. ¿Puede realmente este proceso de negociación en México resultar exitoso? ¿No será el mismo círculo vicioso al que ya hemos asistido en el pasado? Las delegaciones, que se vuelven a reunir del 3 al 6 de septiembre, ahora deben demostrar que esta vez el proceso va en serio y que aquello no fue una simple ceremonia protocolar.

Hay indicios para ser moderadamente optimistas. Para empezar, la oposición, en especial su ala más dura, que ha sido fuertemente reprimida y tiene a sus líderes más representativos en el exilio, ha terminado por aceptar que la negociación es inevitable y que sus alternativas para subvertir por la fuerza a los militares y a otros factores del chavismo, a través de sanciones y la máxima presión internacional, es un camino que fracasó. El chavismo y las fuerzas armadas se mantienen cohesionados frente a esas amenazas externas y tienen la disposición de seguir profundizando un modelo autoritario si es necesario. El ala más moderada de la oposición, en cambio, en conjunto con la sociedad civil venezolana, realizó una serie de negociaciones en Caracas con el chavismo, que permitió una renovación del Consejo Nacional Electoral en mayo de este año, sin que fuera bombardeada por Estados Unidos y que fue declarada por Europa como un primer paso en la dirección correcta. También terminó por convencer a sus detractores, en especial al interinato de Guaidó, de la conveniencia de retomar negociaciones más amplias e integrales con la facilitación del Reino de Noruega.

Es así como la oposición democrática asiste a Ciudad de México, con todas sus distintas facciones presentes, sabiendo que las sanciones internacionales y el aislamiento diplomático ya no sirven para cambiar de régimen, pero sí, quizás, para negociar una “apertura” político-electoral del sistema. Llegan a la mesa un poco tarde, aunque con un mayor sentido de las ásperas restricciones que enfrentan, con heridas internas profundas entre radicales y moderados que aún deben ser sanadas. Ambos grupos ya dan por descontado que la lucha es electoral y que una transición rápida por la vía de la fuerza pareciera haberse evaporado. Los partidos del llamado G4, sin una unidad política verdadera que conecte con los sufrimientos de la población y aun obteniendo condiciones electorales más favorables, corren el riesgo de perder los comicios, incluyendo las elecciones regionales y locales que se están organizando para noviembre de este año y que pueden llegar a contar con la observación europea.

El chavismo también llega a la conclusión de que la negociación es necesaria. Acepta que no tiene manera de desmontar las sanciones internacionales ni obtener ningún tipo de reconocimiento político –aún sin ser legitimado– sin pasar por alguna transacción con la oposición que sea a su vez validada por la comunidad internacional. También entiende que requiere de un marco institucional que lo proteja, al menos en la jurisdicción venezolana, de los procesos judiciales que algunos altos personeros mantienen abiertos en EE UU y de otro que sigue en curso en la Corte Penal Internacional.

El chavismo ha invertido muchos recursos en dividir a la oposición y también en tratar de negociar directamente con EE UU sin ningún tipo de intermediación opositora. Todos estos esfuerzos han fracasado. Al final, el chavismo ha tenido que admitir que solo una solución negociada con la oposición democrática, con la facilitación de Noruega en México, le puede permitir una “normalización” política, su reinserción internacional y una mayor protección judicial.

Lamentablemente, la idea de una negociación exitosa también es frágil. La razón: la oposición no lleva ninguna alternativa real a la mesa y su poder de negociación es más bajo. Por el contrario, el chavismo puede optar por abandonar la mesa y seguir resistiendo en el poder tal como lo viene haciendo, aún si eso supone incurrir en algunos riesgos en el mediano y largo plazo. Esto va a plantear serios dilemas para la oposición, quienes van a tener que convivir con un acuerdo en el caso de que se produzca una solución, y en el que deberán otorgar muchas garantías a los chavistas y también muchos controles sobre los tiempos y la forma de ejecución de cualquier acuerdo político-electoral.

La idea de que Maduro va a abandonar el poder en el corto plazo o que si pierde alguna elección no va a buscar resguardarse política y judicialmente es más una aspiración que un dato objetivo. Uno de los problemas que va a enfrentar la oposición es que la amenaza de las sanciones como instrumento de negociación es menos efectiva que hace unos años atrás, en parte porque el régimen ha aprendido a convivir con ellas. Eso no quiere decir que no prefieran que sean removidas, pero en cualquier caso tendrán que hacerlo más en los términos que ellos aspiran que en los que a la oposición le hubiese gustado conceder para garantizar la “irreversibilidad” de una transición democrática.

Afortunadamente, la hábil facilitación de Noruega, con el aval tanto de Europa como de EE UU, ha fabricado ciertos cambios a la arquitectura de la negociación que permiten darle mayor flexibilidad al proceso. Esta arquitectura también se ha construido con el apoyo de Rusia, China y Turquía. Las partes han concedido que en principio la negociación debe ser integral, es decir, que los puntos de la agenda solo se dan por concluidos cuando todo esté negociado. Pero también aceptan que podrán ir avanzando por fases o por acuerdos parciales en la medida en que las partes así lo acepten. EE UU ha respaldado esta posición al anunciar públicamente que las sanciones se podrán ir removiendo progresivamente de acuerdo a cada uno de los acuerdos parciales que las partes hayan ido alcanzando, siempre que estos sean definitivos.

Hasta el momento ningún actor ha precondicionado los resultados de ningún acuerdo a un avance de elecciones, sino a un cronograma electoral que esté previamente fijado y consensuado. En principio, ese cronograma, según la visión chavista, incluye elecciones regionales y locales en 2021, revocatorio presidencial en 2022, elecciones presidenciales en 2024 y elecciones legislativas en 2025. De acuerdo a la visión opositora, tanto las elecciones presidenciales como legislativas deben ser repetidas, pues los últimos comicios han sido fraudulentos e ilegítimos.

Curiosamente, ningún país, y muy especialmente EE UU, ha solicitado expresamente un adelanto de elecciones, sino que han sido enfáticos en demandar la restauración de todos los derechos políticos y civiles y el otorgamiento de garantías electorales como piso mínimo de la negociación. No obstante, EE UU ha dicho que no dejará de reconocer a Guaidó como presidente interino, así sea simbólicamente, ni tampoco reconocerá ningún poder público chavista en tanto no haya elecciones libres y la renovación de los poderes públicos haya ocurrido en su totalidad.

Lo que sí está muy claro es que tanto el chavismo como la oposición, para poder a travesar las peligrosas corrientes del “rubicón” venezolano en Ciudad de México, van a tener que terminar convenciendo a la opinión pública con hechos concretos. La única manera de hacerlo es dando señales muy claras de que les importa el bienestar de la población, y que están realmente dispuestos a enfrentar la crisis humanitaria de inmediato, ampliando el programa de alimentación de las Naciones Unidas y dándole acceso a las organizaciones multilaterales para resolver los problemas tan graves de servicios públicos. Lo mismo con la creación de un programa nacional de vacunación para enfrentar la pandemia.

El chavismo también tendrá que mostrar, desde el inicio, su disposición a que esa “normalización” de la vida política pase por la liberación inmediata de todos los presos, el retiro de las inhabilitaciones y la des-judicialización de los partidos políticos. Sin esos primeros acuerdos parciales, que es lo que debería comenzar a dibujarse en esta próxima ronda de negociación en Ciudad de México, la población continuará observando el proceso con mucha cautela, por no decir sin interés.

Ambas delegaciones también tendrán que aceptar que el proceso no podrá estar circunscrito simplemente a lo electoral. Deben comprometerse a conceder que el conflicto político existente es estructuralmente institucional. Aun cuando se fije por consenso un cronograma de elecciones más competitivas, la posibilidad de que el mismo drama se repita es altísima y sin árbitros creíbles ningún acuerdo será definitivo.

El país corre el riesgo que aun cuando la comunidad internacional remueva sanciones, las mismas puedan volver a ser instauradas. En una democracia, las elecciones generan ganadores pero lo que permite verdaderamente la convivencia para los perdedores son las instituciones. En el caso venezolano, la lista de reformas es larga porque la destrucción ha sido completa: independencia de los poderes públicos, eliminación de la reelección indefinida, garantías políticas y financieras a la gestión de alcaldes y gobernadores y controles sobre la transparencia del presupuesto nacional y una lucha abierta contra la corrupción. Sin un reconocimiento de estos problemas, Venezuela seguirá condenada.

Adicionalmente, está la necesidad de enfrentar los temas de justicia transicional –que deben ser abordados rápidamente pues la complejidad legal es enorme y nadie abandonará su poder, por más pequeño que sea, sin ellas. Sin este tipo de reformas institucionales, que muy probablemente pasen por enmiendas constitucionales puntuales, la oposición puede que llegue a negociar su reinserción electoral, pero en ningún caso, podrá asegurarse de un verdadero proceso de democratización.

Es por ello que el “rubicón” institucional venezolano es grande: pensar que esas negociaciones en México serán cortas es ilusorio. Todos deberán aceptar que el proceso será largo, tortuoso y que van a tener que comerse muchos sapos de distintos colores y tamaños para poder llegar a algún acuerdo.

Investigador del Global Wilson Center en Washington y Profesor del IESA en Caracas

2 de septiembre 2021

El País

https://elpais.com/opinion/2021-09-02/el-rubicon-venezolano-y-la-negocia...

El cambio de rumbo de la oposición venezolana, de toda ella, desde la que pedía una invasión inmediata de los marines norteamericanos hasta la más cercana al régimen, denominada por algunos «colaboracionista», marcará la orientación de la nación venezolana en los próximos años. No es este un comentario hecho con la intención de malponerlos ni acusarles de debilidad o docilidad frente al régimen totalitario. Por el contrario, hemos visto a lo largo de estos 21 años muestras de valentía, compromiso y lucha que harán historia. Vidas arrebatadas con indolencia, especialmente entre nuestra juventud.

La oposición venezolana ha terminado tomando el derrotero que las circunstancias le permiten. «Nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio». Entre proclamar una salida mágica y transitarla, como hemos visto, puede mediar un abismo. Si hubiese otro camino más expedito, ya lo habrían tomado, porque supone uno que a ningún opositor le resulta sencillo digerir la idea de la prolongación de esta tragedia, más allá incluso de la fecha en que habían profetizado su caducidad: el 2021. El régimen, pues, se ha anotado una victoria, se ufana de ella y humilla en su mejor estilo.

Por otro lado, lo que acabamos de ver en Afganistán muestra que el mundo democrático no esta dispuesto a asumir los costos que implica llevar la democracia a aquellos países que no están preparados para ella. Las luchas de las naciones por su libertad será una lucha solitaria y lenta, sin mayor apoyo que la retórica hermosa de las proclamas desde los países de tradición democrática. Todas las dictaduras son atroces y las de izquierda lo son más, porque dan la impresión de venir –a diferencia de las otras– sin fecha de caducidad. A pesar de ello, también acaban y aunque uno no vaya a ver su final, debe seguir trabajando para alcanzarlo.

El destino de la oposición en los años venideros será el de operar bajo las reglas y limitaciones que el régimen político establezca. En condiciones desventajosas, de abuso de poder, inequidad y falta de transparencia.

Podría suceder, incluso, que haya algún éxito electoral y puede también que el régimen lo acepte y hasta que lo respete si le parece que su desempeño se realiza bajo ciertos parámetros que le resulten convenientes. La oposición trata de garantizar ahora solo su supervivencia en libertad (es decir, sin prisión) y, sin duda, de frenar lo más que le sea posible el proceso de destrucción del país. Será una lucha larga y difícil. Puede que a muchos les parezca poca cosa o una traición inaceptable, pero las torturas que puedan ahorrarse, las masacres que puedan evitarse, las vidas de presos políticos que puedan salvarse, la población que pueda vacunarse. Cualquier acción que salve vidas será un avance, un magnífico avance.

«Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor». Quizá esta frase de William Faulkner es la que mejor define la actual situación de la oposición venezolana.

Twitter @laureanomar

Tras un intervalo de dos años, representantes de la principal alianza de la oposición venezolana y del gobierno del presidente Nicolás Maduro se reunieron el 13 de agosto en una nueva ronda de negociaciones en Ciudad de México con el objetivo de resolver el prolongado y cada vez más devastador enfrentamiento político del país. Está previsto que se encuentren nuevamente el 3 de septiembre. Según un Memorando de Entendimiento firmado durante su primer encuentro, el objetivo de los negociadores es “establecer reglas claras de convivencia política y social”. Estas son las primeras conversaciones formales desde que los últimos esfuerzos, facilitados por Noruega, fracasaron en agosto de 2019 y fueron declarados “agotados” por la oposición al mes siguiente.

Desde entonces, el equipo noruego ha estado moviéndose activamente entre las dos partes, buscando establecer puntos de acuerdo que permitan descongelar de sus frías relaciones. Hay razones de sobra para ser escépticos sobre las perspectivas de éxito de esta ronda, en especial teniendo en cuenta los fracasos del pasado. Pero las negociaciones siguen siendo la única vía razonable para poner fin al enfrentamiento político y abrir el camino para superar la crisis económica y humanitaria que ha destrozado la calidad de vida de los venezolanos y llevado a casi seis millones de ellos a abandonar el país.

El ambiente para las conversaciones

Varias cosas han cambiado desde 2019. Una de las más significativas es la salida del presidente de EE. UU., Donald Trump, cuya política de “máxima presión”, que incluyó fuertes insinuaciones de intervención militar, buscaba derrocar al gobierno de Maduro. La decisión de EE. UU. de imponer sanciones secundarias en agosto de 2019 fue lo que provocó la ruptura de las conversaciones; y la convicción de la oposición de tener otras opciones fue lo que la llevó a abandonar la ruta de la negociación. Washington ahora ha dejado de lado la retórica de la “máxima presión”, aunque algunos de sus efectos persisten y serán difíciles de superar.

Maduro llega a estas nuevas negociaciones fortalecido políticamente, tras haber sobrevivido los esfuerzos de la oposición en los últimos años por fracturar la coalición de gobierno y su alianza con las fuerzas armadas. La proclamación de la oposición de ser el “gobierno interino”, en respuesta a la cuestionada victoria electoral de Maduro en 2018 y una interpretación polémica de la constitución, no logró inclinar la balanza del poder a su favor dentro de Venezuela y, en cambio, la llevó a centrarse en conseguir apoyo en el extranjero. Irónicamente, fue Maduro, en lugar del autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, quien demostró ser más efectivo para fomentar la división entre sus adversarios, sumiéndolos en la decepción y la apatía. Desde principios de 2019, a pesar del descontento generalizado de la población, la oposición no ha logrado organizar grandes manifestaciones públicas.

Muchos Estados consideran que Maduro y el parlamento electo en diciembre llegaron al poder a través de elecciones sesgadas que no representaban la voluntad de la mayoría de los ciudadanos

En diciembre de 2020, Maduro recuperó el control del parlamento del país, la Asamblea Nacional, en unas elecciones turbias y boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición. Tan solo un puñado de los casi 60 países que reconocieron a Guaidó como el jefe de Estado legítimo en 2019 aún lo reconocen como tal, los demás han retirado discretamente su reconocimiento, aunque Washington aún no lo ha hecho. Algunos de los vecinos latinoamericanos de Venezuela también son menos hostiles al gobierno de Maduro de lo que eran dos años atrás, gracias a cambios de gobierno y reajustes de prioridades, en parte atribuibles a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, muchos Estados consideran que Maduro y el parlamento electo en diciembre llegaron al poder a través de elecciones sesgadas que no representaban la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, y Venezuela sigue sujeta a uno de los regímenes de sanciones más estrictos del mundo. La economía, que desde que Maduro llegó al poder en 2013 ha sufrido el peor colapso en tiempos de paz en la historia reciente, no puede reconstruirse sin una inyección masiva de capital, que a su vez depende de un acuerdo político.

Mientras la oposición busca principalmente garantías electorales y elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas, Maduro desea reconocimiento internacional y que se levanten las sanciones. Estos puntos están incluidos en el Memorando de Entendimiento de siete puntos presentado el 13 de agosto, que describe la agenda y los parámetros para las conversaciones. El documento generó consternación entre algunos sectores de la oposición, pues comienza definiendo a las partes como “el gobierno” y la “Plataforma Unitaria” (es decir, la oposición), aparentemente pasando la página del “gobierno interino” de Guaidó. Considerada por muchos como una traición, esta formulación debe ser entendida como un reconocimiento de la realidad. Convenientemente elimina no solo un obstáculo para lograr un acuerdo (Maduro nunca firmaría un acuerdo con representantes de un jefe de Estado rival), sino que quita una traba para la necesaria renovación del liderazgo de la oposición, la reconstrucción de su organización de base y la recuperación de su capacidad para canalizar el descontento popular.

Razones para tener esperanza

Varios de los obstáculos que en algún momento se interpusieron en el camino de una solución negociada han sido eliminados, al menos parcialmente. La oposición ya no insiste en la exigencia poco realista de que Maduro deje el poder como primer paso para una transición. También parece al menos dispuesta a contemplar la posibilidad de llegar a acuerdos parciales durante las conversaciones.

Anteriormente, las facciones de la oposición tuvieron fuertes discrepancias sobre la posibilidad de adoptar un enfoque gradual para resolver sus diferencias con el partido gobernante, ya fuera en las negociaciones o en otras instancias. Guaidó y sus aliados han insistido en que un enfoque escalonado afectaría seriamente las perspectivas de un acuerdo integral. Pero el excandidato presidencial Henrique Capriles, organizaciones de la sociedad civil agrupadas bajo el recientemente creado Foro Cívico y la principal cámara empresarial venezolana, Fedecámaras, han tenido activas conversaciones con el gobierno de Maduro sobre asuntos humanitarios, políticos y económicos específicos. Un resultado positivo y notorio de este esfuerzo por lograr avances graduales han sido las reformas electorales, en particular la inclusión a principios de este año de dos figuras muy respetadas de la oposición en el Consejo Nacional Electoral.

En cuanto a las negociaciones actuales, en la sesión del 13 de agosto en Ciudad de México, todas las partes mostraron su disposición para respaldar acuerdos parciales, lo que podría permitir que el proceso gane más adeptos si los negociadores pueden demostrar avances concretos en las primeras etapas. En una muestra de respaldo a la necesidad de buscar una solución negociada a la crisis política y económica, Stalin González, un aliado de Capriles que en 2019 se desempeñó como negociador designado por Guaidó, se ha sumado al equipo de la oposición para las conversaciones. La medida podría representar una oportunidad para que los partidarios de Guaidó y Capriles concilien sus diferencias.

Los principales países responsables de las sanciones internacionales, EE. UU., Canadá y miembros de la Unión Europea, han contribuido a hacer más creíble el cambio de postura al ofrecer la posibilidad de un alivio gradual de las sanciones ligado a un progreso sustancial en las conversaciones. Este paso es un gran avance después de años en los que Washington y Bruselas siguieron estrategias considerablemente divergentes, incluso contradictorias, con EE. UU. insistiendo en que solo levantaría las sanciones si Maduro dejaba el cargo y la UE mostrando mayor flexibilidad. Otro elemento favorable, que Crisis Group ha recomendado con frecuencia, es que algunos de los principales actores extranjeros acompañarán las conversaciones directamente a través de un esquema de acompañamiento o indirectamente a través de un “Grupo de Amigos” de la negociación. La presencia directa de Rusia, un aliado estratégico de Maduro y de sus fuerzas armadas, es particularmente significativa. Todas las acciones de Rusia hasta ahora habían tratado de evitar cualquier resultado que suponga claros beneficios para EE. UU. y sus aliados, pero se beneficiaría de un acuerdo que preserve sus intereses económicos en Venezuela.

Esta mayor afinidad entre las principales potencias va acompañada de cambios en el equilibrio político regional. Tras la ruptura de las conversaciones en 2019, dieciséis de los vecinos de Venezuela votaron a favor de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa mutua, calificando al gobierno de Maduro como una amenaza para la seguridad regional. La iniciativa fue promovida por el Grupo de Lima, una alianza ad hoc de gobiernos de América Latina y el Caribe formada en agosto de 2017 para presionar por una transición política en Venezuela. A pesar del ruido de sables, los Estados vecinos nunca tomaron medidas significativas y, desde entonces, la marea política en la región ha hecho que el ambiente sea menos hostil hacia Maduro. En julio, Perú, la sede nominal del Grupo de Lima, eligió a un presidente de extrema izquierda, Pedro Castillo, quien probablemente adoptará una línea muy diferente a la de sus predecesores inmediatos con respecto a Venezuela. Argentina, Bolivia y Santa Lucía se han retirado del grupo y México por su parte, dejó de firmar los comunicados en 2019. Los gobiernos de izquierda de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina han jugado un papel detrás de cámaras para propiciar las actuales conversaciones, de las que el primero es anfitrión y a las que el segundo podría sumarse como miembro del Grupo de Amigos.

Razones para desanimarse

Sin embargo, no todos los astros están alineados para que las conversaciones sean productivas. En el frente internacional, la mayor flexibilidad de la administración Biden en la política hacia Venezuela se ve limitada por las preocupaciones políticas domésticas. En un momento en el que el Partido Demócrata intenta minimizar las pérdidas en las elecciones legislativas de mitad de período de 2022, es natural que Biden sea reacio a renunciar abiertamente a una política de línea dura que le dio tan buenos resultados a Trump en el campo de batalla electoral del sur de la Florida, hogar de muchos exiliados venezolanos y sus aliados cubanoamericanos.

Otro tema que se avecina es el posible anuncio de la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que podría resultar en la expedición de órdenes de arresto o de comparecencia contra altos funcionarios gubernamentales o militares presuntamente implicados en crímenes de lesa humanidad. El tribunal ha estado investigando si los abusos de derechos humanos cometidos mientras Maduro ha estado consolidando el poder desde 2017 justifican dichos cargos. Es probable que la decisión sobre el inicio de la investigación se produzca antes de que finalice el 2021, a menos de que se puedan evidenciar avances genuinos para que los responsables rindan cuentas a través de procesos internos, lo que parece poco probable.

Las elecciones de noviembre resultan especialmente complicadas para la oposición al estar tan profundamente dividida

La situación interna de Venezuela es aún más complicada. En primer lugar, el momento en el que se dan las conversaciones es desfavorable, ya que se producen justo cuando está por comenzar la campaña para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Por su naturaleza, los comicios tienden a recompensar la polarización, no el consenso. Las elecciones de noviembre resultan especialmente complicadas para la oposición al estar tan profundamente dividida, no solo sobre si participar o no (a pesar de una mejora parcial de las condiciones electorales, muchos aún consideran que la siguiente jornada será profundamente injusta), sino también sobre los posibles candidatos y cómo seleccionarlos.

Aunque el gobierno levantó el veto a la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, permitiendo potencialmente que la oposición presente candidatos únicos en cada circunscripción bajo la misma bandera, estrategia con la cual ésta obtuvo el control del parlamento en 2016, el consenso en las filas de la oposición ha tardado en manifestarse. La mayoría de la oposición hasta ahora ha evitado convocar al público a las urnas, incluso mientras muchos partidos se preparan para registrar candidatos. Guaidó ha descalificado sistemáticamente las elecciones como un “evento organizado por el gobierno”. Mientras tanto, crece la presión internacional para que se le de mayor importancia a las elecciones, con una mención específica al respecto en recientes comunicados conjuntos de EE. UU., Canadá y la UE, y el acuerdo de la oposición sobre su participación es un factor clave para que la UE determine si debe desplegar una misión de observación o no.

Con plazo para el registro de candidaturas en agosto y la campaña electoral a punto de comenzar, el tiempo se agota. Si los candidatos de Maduro arrasan en los comicios de noviembre, la derrota dejaría a la oposición aún más débil en la mesa de negociaciones, lo que hace difícil imaginar que las partes avancen mucho antes de las elecciones. Aunque se han previsto nuevas rondas de conversaciones para septiembre, es probable que en ese punto se suspendan a la espera de las elecciones.

El hecho de que muchos venezolanos no se sientan representados por ninguna de las delegaciones en Ciudad de México también es motivo de preocupación. Tanto el gobierno como la fragmentada oposición, según confirman las encuestas de opinión, son muy impopulares y muchos ciudadanos perciben que ambas partes están más interesadas en promover sus intereses propios que en buscar el mejor resultado para el país en general.

El 15 de agosto, mediante un comunicado conjunto, tanto el gobierno como la oposición reconocieron la necesidad de establecer mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales. La mayoría de los venezolanos apoyan un acuerdo negociado, pero hay escépticos de línea dura en ambos lados. En el lado de la oposición, algunos rechazan cualquier tipo de conversaciones con el gobierno y continúan insistiendo en una mayor presión internacional e incluso en una intervención militar como solución a la crisis. En el otro extremo de la oposición se sitúan los partidos que participaron en las elecciones de diciembre, cuyos miembros son tildados de “colaboracionistas” por muchos en la oposición. Por el lado del gobierno, solo la facción de Maduro de la coalición gobernante está presente en la mesa, ya que que no hay representación de otro peso pesado chavista, Diosdado Cabello, cuya influencia parece estar disminuyendo recientemente; el ejército venezolano, un actor clave, también está ausente. Consultas integrales serán indispensables para asegurar que ninguno de estos grupos o individuos se convierta en un obstáculo.

La única alternativa

Por incipientes y vulnerables que sean, las conversaciones ofrecen una oportunidad de progreso. No obstante, es poco probable que haya claridad hasta después de las elecciones de noviembre sobre si alguna de las partes, especialmente el gobierno, está lista para llegar siquiera a acuerdos parciales.

Se necesitarán canales de comunicación entre Washington y Caracas para que ambos determinen lo que cada uno puede esperar de manera realista de su contraparte

Entre tanto, la principal tarea es consolidar el proceso de negociación. Eso significa, entre otras cosas, diseñar e implementar un mecanismo de consulta robusto que fomente la adhesión de los que hayan quedado por fuera y del público en general; definir claramente las funciones de los países a los que se les ha asignado la tarea de acompañar el proceso o de unirse al Grupo de Amigos; y, especialmente en el caso de EE. UU., aclarar las exigencias que se le harán al gobierno de Maduro para relajar las sanciones (así como el orden en el que esto se llevaría a cabo). Se necesitarán canales de comunicación entre Washington y Caracas para que ambos determinen lo que cada uno puede esperar de manera realista de su contraparte.

Ante todo, las conversaciones tendrán más posibilidades de avanzar si las partes buscan primero un acuerdo sobre algunas medidas graduales que puedan producir mejoras tangibles en las condiciones de vida de los venezolanos. Por ejemplo, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la asignación supervisada de fondos multilaterales para hacer frente al colapso económico, aumentar los esfuerzos de ayuda humanitaria y realizar acciones concretas para restablecer las instituciones, comenzando por el poder judicial. Entre más beneficios reales produzcan las conversaciones para el pueblo venezolano, más fácil será aplacar a los escépticos y disminuir la presión de los partidarios de la línea dura que podrían intentar socavarlas.

Si bien la oposición se mantuvo firme durante la fase preparatoria de las conversaciones en que se centraría exclusivamente en un acuerdo político, el Memorando de Entendimiento habla de “poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro”, y el propio Guaidó ha incluido “atender la emergencia humanitaria” entre su lista de objetivos. Queda por definir si las partes enfatizarán los temas sociales, económicos y humanitarios en las conversaciones principales, si delegarán estos asuntos a un comité independiente o incluso si dejarán estas discusiones en manos de mecanismos ya existentes, como la mesa técnica nacional creada por el gobierno y la oposición en febrero de 2021 para obtener vacunas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Si bien es posible que los participantes de Ciudad de México prefieran dejar de lado estos asuntos, es probable que la sociedad civil los exhorte, a través del mecanismo consultivo prometido en una declaración conjunta, a ofrecer soluciones rápidas. Deben atender este llamado.

Para que las negociaciones avancen, deberá mostrar moderación y llegado el momento, hacer concesiones que pongan en riesgo su control sobre todas las palancas del poder

Maduro claramente siente que está en una buena posición tras los resultados de la primera reunión. Hasta ahora ha cedido muy poco y continúa socavando las conversaciones con comentarios públicos poco constructivos. Para que las negociaciones avancen, deberá mostrar moderación y llegado el momento, hacer concesiones que pongan en riesgo su control sobre todas las palancas del poder, algo que el gobierno nunca ha demostrado estar dispuesto a hacer. Pero hay otras opciones para generar confianza a corto plazo que ayudarían a mantener las conversaciones al demostrar que el gobierno también tiene la intención de buscar una solución negociada. La liberación de presos políticos sería una de ellas. El gobierno también podría eliminar, o al menos suspender el debate parlamentario sobre la Ley de Ciudades Comunales, que la oposición ve como una amenaza porque podría llegar a trasladar el poder de las autoridades estatales y municipales a “comunas socialistas”, lo que equivale a un cambio en la división de poderes consagrada en la constitución venezolana. Antes de las elecciones regionales de noviembre, y cuanto antes mejor, Maduro debe levantar las inhabilitaciones impuestas a los políticos de la oposición que les impiden postularse, y permitir que los candidatos de la oposición tengan un acceso equilibrado a los medios de comunicación.

Es muy probable que estas negociaciones sean largas y complejas, y que el resultado final no satisfaga a todas las partes, pero la primera reunión en Ciudad de México marca un paso importante para dejar atrás las posiciones maximalistas. Para que las conversaciones prosperen, las partes tendrán que lograr mejoras tempranas y significativas en los derechos políticos y, de manera crucial, en la vida cotidiana de los venezolanos. Una solución duradera a las crisis actuales del país requerirá compromisos sobre cómo lograr la recuperación económica, reparar el sistema de salud y abordar la creciente influencia de grupos armados que han obtenido el control de facto de las zonas rurales y urbanas. El gobierno, la oposición y sus respectivos aliados internacionales tienen mucho trabajo por delante. A pesar de todos los desafíos en el horizonte, es bueno ver que esta labor estancada desde hace mucho tiempo, de nuevo está en marcha.

30 de agosto 2021

Crisis Group

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/venezuela-making-most-mexican-breakthrough

A un mes del anuncio hecho por Maduro, en el acto de recibimiento a los atletas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio, el tema de conversación en el sector deportivo estaba referido a los avances de lo anunciado en ese acto. Muchos, por no decir la gran mayoría de los atletas, entrenadores, dirigentes, padres, representantes y periodistas dudaban de las promesas ofrecidas, pero, le daban el beneficio de la duda y esperaban a ver para creer que no era un engaño más.

La realidad, no se hizo esperar y en el transcurso de treinta días el “Plan Sueño Olímpico Paris 2024” progresivamente se fue transformando en una pesadilla continúa. Todos veían y sentían como día a día Maduro quedaba al desnudo con el incumplimiento progresivo de lo rimbombantemente ofrecido como la ruta a seguir para la próxima cita olímpica. Un simple análisis, de cada una de las promesas, en lo relacionado con la oferta y lo cumplido nos permite dejar en evidencia la nueva farsa gubernamental de sus planes para, ahora si, atender el deporte:

-Promesa # 1: “Ordenó a la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez convocar a los integrantes del sector deportivo de Venezuela, a mesas de trabajo, para en un lapso no mayor de 15 días, presentar el Plan Sueño Olímpico Paris 2024”

El sueño, ya presenta una pesadilla de retraso mayor a una quincena. El plan no aparece por ningún lado. Se repite la historia, de la traída de los 10.000 “entrenadores” cubanos a partir del año 2002, con la finalidad de hacer un diagnóstico del deporte en el país y a 19 años de ese hecho, todavía no se conoce ni siquiera un párrafo de ese famoso diagnóstico.

-Promesa # 2: “Traer a Venezuela los mejores entrenadores de Asia, Europa, África, los mejores del mundo, de acuerdo a la especialidad”.

La pesadilla sigue con el correr de los días. Con la experiencia del atraso en los pagos, vivida por los entrenadores polacos y eslovenos, hasta ahora ningún entrenador ha firmado contrato para venir al país. La pesadilla alcanzó niveles de terror con lo sucedido al entrenador de la Vinotinto de Futbol ¡¡¡catorce meses sin cobrar su sueldo!!!

-Promesa # 3: “En un lapso de 30 días ya deberíamos saber quiénes son las promesas olímpicas rumbo a Paris 2024 y darle todo el apoyo psicológico, financiero, de entrenamiento, técnico, logístico y científico”.

En este punto, Maduro entró en un proceso de alucinación, al pretender hacernos creer que como el mago Merlín, tenía una bola de cristal para desde ya ver quiénes son las promesas olímpicas, pasando por alto, que solo en las competencias y no en alucinaciones es que se ganan los derechos a formar parte de una selección nacional deportiva.

-Promesa # 4: “Durante el mes de diciembre, de este año, se retomará todo el Sistema de los Juegos Deportivos Nacionales”.

Diez años consecutivos de suspensión de los juegos nacionales 2011-2021, han sido la peor pesadilla que ha tenido el deporte venezolano. Ahora, el delirio gubernamental, pretende hacer creer que lo no resuelto en una década va a resolverse en tres meses. En este momento ¡¡¡ningún estado del país tiene recursos económicos para asistir a unos juegos. Los entrenadores tienen salarios de hambre. Las instalaciones están deterioradas. Los atletas carecen de asistencia social. A todo esto, hay que sumarle la crisis de combustible, transporte, alimentación, salud e hiperinflación.

Se hace evidente por demás, que el sueño de los deportistas venezolanos por alcanzar niveles de superación y representar al país en eventos internacionales, se transforma en una pesadilla por la incapacidad gubernamental para resolver los problemas que afectan al deporte.

Tal día como hoy, en 1993, Carlos Andrés Pérez (CAP) fue separado definitivamente de la presidencia. Fue un proceso que se inició en mayo de ese año cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró que la imputación hecha por el Fiscal General, Ramón Escobar Salom tenía elementos suficientes para iniciar un antejuicio de mérito. Para ello, debía contar con la aprobación del Senado, el cual dio el visto bueno en un día y sin tener el expediente. CAP fue separado de la presidencia y recluido en el Retén de El Junquito. Cuando cumplió 70 años, en acatamiento de la ley, le fue dada casa por cárcel, de la cual salió en septiembre de 1996. ¿Fue un juicio acorde a la ley o uno político? ¿Su defenestración fue factor importante en la pérdida de la democracia?

¿Quiénes lo defenestraron? Héctor Alonso López mencionó en un artículo que la CSJ decidió en su contra por nueve votos, mientras que seis magistrados consideraron que no había mérito para enjuiciarlo. En el Senado, 39 legisladores votaron por el enjuiciamiento, de ellos 28 pertenecían al partido de CAP, o sea Acción Democrática (AD), de los cuales solo cuatro respaldaron a CAP. Previamente, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD, 21 miembros votaron por apoyar el enjuiciamiento y solo siete se opusieron.

Lo anterior evidencia que achacarle la defenestración al llamado Grupo de los Notables, encabezado por el distinguido intelectual Arturo Uslar Pietri, así como a los medios de comunicación, no es sino la tradicional costumbre de culpar a otros. La responsabilidad del enjuiciamiento a CAP fue del sector político. Desde luego que las declaraciones y artículos de los formadores de opinión, así como la política de los medios de destacar lo negativo influyó en que los ciudadanos tuviesen una valoración negativa de CAP, después de haber sido muy popular.

Por otra parte, en el país había un ambiente de subversión militar y civil. Algunos pensaban, entre ellos quien esto escribe, que de no haber destituido al presidente hubiese habido violencia y quizá un golpe de estado. Al respecto, en las entrevistas realizadas por Ramón Hernández y Roberto Giusti, consignadas en el libro “ Memorias de un proscrito” , CAP mencionó que la magistrada Hildegar Rondón de Sansó, aparentemente arrepentida, le dijo que a los magistrados les advirtieron que si no procedían, el país ardería.

¿Inocente o culpable? Todo indica que fue un juicio político, quizá para evitar males mayores, pero sí había elementos para el mismo. Algunos, en defensa de CAP, solo mencionan que este no tenía que dar cuentas del manejo de la llamada partida secreta, la cual se utilizó en parte para apoyar a la seguridad y, aparentemente también a la campaña electoral de la nicaragüense Violeta Chamorro. Sin embargo, olvidan el manejo de los dos cheques, uno por 7.250.000,00 bolívares, equivalentes a 500.000,00 dólares, y otro por 242.720.000.00 bolívares, o sea unos 16.741.379,00 dólares. Este último se cambió el 21 de marzo, a dólar preferencial Recadi de 14,5 bolívares por dólar, a pesar de que ese organismo lo habían eliminado el 13 de marzo y la tasa vigente era de 32,60 bolívares por dólar. El primer cheque lo retiró el Ministerio de Relaciones Interiores, como era lo correcto, pero el de mayor monto fue retirado del Banco Central por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Fue sentenciado a 28 meses por malversación genérica. Cuando cesen las pasiones los expertos determinarán su inocencia o culpabilidad para efectos de la historia.

¿Qué hubiese cambiado si no lo destituyen? Muy probablemente, nada. Apenas le faltaban siete meses para terminar su gestión. Era evidente el deterioro de los partidos políticos debido al clientelismo y a las malas gestiones. Una prueba evidente fue el triunfo de Rafael Caldera apoyado por unos micro partidos que el pueblo bautizó como el chiripero, especie de cucaracha de poco tamaño. Es decir, Caldera fue, en la práctica, un candidato extra partido. Para ello le asestó una puñalada trapera a Copei, el partido que fundó. Este filicidio contribuyó, aún más, al desprestigio de los partidos. Al salir de la cárcel, expulsado de AD, CAP creo otro partido de vida efímera. Chávez estaba a la vuelta de la esquina.

Convergencia, el partido creado por Caldera, prácticamente desapareció. En 1999 Manuel Rosales se separó de AD y creó Un Nuevo Tiempo. Antonio Ledezma también se separó de AD y creó Alianza Bravo Pueblo en el 2000. Ese mismo año nace el partido Primero Justicia y en el 2009 Voluntad Popular. Entre estos partidos y los tradicionales de AD y Copei se detectan muy pocas diferencias. Los partidos se descuidaron y permitieron el ingreso de militantes que utilizan la política como negocio. Por ello surgieron los llamados “alacranes” y partidos de maletín que son caballos de troya del régimen. Esta situación y la inconsistencia de muchas decisiones los han hecho perder credibilidad, lo cual se refleja en la baja aceptación en las encuestas. Confiamos que se depuren, ya que son imprescindibles para recuperar la democracia y enrumbar al país hacia un desarrollo sustentable.

Breve opinión sobre CAP. En su primer gobierno (1974-1979 ) aplicó una política típica de capitalismo de estado, aprovechando los elevados precios del petróleo. Tuvo el acierto de crear el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho y el Sistema de Orquestas Juveniles. Nacionalizó el petróleo y las empresas básicas, destruidos posteriormente por Chávez-Maduro. Su gobierno se indigestó con el enorme ingreso de dólares, aumentó la inflación, la corrupción y la deuda pública. En su segundo período (1989-mayo 1993) tuvo el coraje de rectificar y el país estaba encontrando el rumbo adecuado. Su comportamiento ante las decisiones de su partido y de la Corte Suprema de Justicia fue ejemplar, al no oponerse y acatarlas. Fue un gran luchador por la democracia en Venezuela y en América Latina. Un venezolano con muchas fortalezas y algunas debilidades. Después de salir de la cárcel fue acusado de corrupción conjuntamente con su pareja Cecilia Matos.

Como (había) en botica:

Por falta de atención médica el régimen dejó morir al preso político Gabriel Medina Díaz.

Falleció el apreciado médico Luís Guillermo Ferrer, jubilado de Pdvsa. Nuestro pésame a su esposa Lía, hijos y familiares.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

La hermosa película En Busca del Valle Encantado (Don Bluth, 1988), contó entre otros con Steven Spielberg y George Lucas, como productores ejecutivos. Allí tal vez podríamos encontrar la explicación de la baja participación popular en las elecciones de los candidatos a ocupar los cargos de gobernadores y de alcaldes.

Y es que —como el mundo del pequeño dinosaurio protagonista de la película— Venezuela cambió súbitamente. ¡Todo se modificó! Se abrió y dividió la tierra para siempre. Y los padres dinosaurios quedaron separados de sus hijos. Como les ha ocurrido a los niños venezolanos… Evento catastrófico que hizo desaparecer la población entre los 15 y 60 años, reporta la oficina de Población de la ONU (Unpop).

Un cambio drástico e inesperado. Como si a una empresa le removieran de la noche a la mañana todo su personal activo. Venezuela es hoy ¡un país de ancianos y de niños! Mujeres como cabeza de hogar, según reporta el proyecto Encovi del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. Pero mujeres viejas ¡Abuelas regentes de hogares fracturados! Ni rastro de aquel país lleno de gente joven. Y el fuerte aumento de la mortalidad y el descenso de la esperanza de vida nos informa que esos ancianos y niños padecen tan grandes dificultades, que parecen estar perdiendo la batalla. Igual como les pasó a los pequeños dinosaurios huérfanos todos. Trabajando cuando no se ha alcanzado la edad laboral o cuando ya se está fuera de ella. Sin protección alimentaria. Sin educación. Sin seguridad social. Ni jubilaciones. Ni medicinas. Ni hospitales. Y es que ni tan siquiera tienen sistemas de transporte seguros.

Tan devastado como quedó el mundo de Piesito, el dinosaurio protagonista de la película ¡Un horror! Pero el Valle Encantado está en su cabeza y en la de sus huérfanos amigos dinosaurios y sabiamente guía sus pasos. El Jardín de las Delicias. Y los abuelos venezolanos de la mano de sus nietos se esfuerzan también por encontrarlo. En condiciones tan extremas, puede que no tengan el tiempo necesario para salir a la calle a seleccionar a quienes se ofrecen para guiarlos. O puede que tengan miedo (Roberto Briceño-León, Dictadura del Miedo). Puede que ya no tengan las fuerzas. O puede que estén evaluando los nombres de los que se ofrecen como candidatos. Sus trayectorias. Sus capacidades. Y, por supuesto, sus propuestas de gobierno. Se saben la población más vulnerable. La población más dependiente, es lo que ahora llena al país. Saben que crear sistemas de salud para ancianos no se hace en un día. Ni buenos sistemas educativos para los niños huérfanos que se quedaron. Sin hablar de los apoyos psicológicos postraumáticos. Todos son servicios muy costosos. Y ya no se cuenta con recursos. Y la población económicamente activa que pudiese ayudar, como ocurre en todos los países, está ahora repartida por todo el mundo. De haberse quedado trabajando en el país, en el curso de unas cuatro décadas, se hubiesen podido alcanzar la productividad, los ahorros y la infraestructura necesarios para hacer frente a los requerimientos de aquellos que fuesen saliendo de la edad laboral. Su seguridad social. Y paralelamente, la educación hubiese podido formar el capital humano necesario para asegurar los mejores resultados. Era el proyecto de la Venezuela feliz. El Valle Encantado. El Jardín de las Delicias. Pero desaparecieron los jóvenes. Y con ellos, desapareció ese bono demográfico (BBC News Mundo, 9 agosto de 2021).

En condiciones tan extremas, calificadas de crisis humanitaria, es crucial la actualización y el empoderamiento de la clase política regional que ofrece sus servicios. De ello no hay duda. El conocimiento de sus representados y de sus prioridades. Del origen de los recursos financieros necesarios para hacerle frente a esa tremenda carga demográfica que es ahora el país. Del factor de atracción del capital humano requerido para elevar la productividad nacional, en un país donde la natalidad está en franco descenso. Del ingrediente persuasivo de esas inversiones renuentes ante la severa reducción del consumo y del mercado interno y la ausencia de seguridad jurídica. De la senda para sacar al país del empobrecimiento, de la contracción de la economía y de la hiperinflación, que son las causas de esta tragedia. Y, por sobre todo, los saberes capaces de conjurar la muy presidencialista fórmula jurídica que hasta ahora se reserva el poder de acción sobre todas estas materias ¡Un exorcismo habilitante!

No existe ya el tradicional recurso de acudir al presidente de la república para “negociar dinero” producto de la venta del petróleo nacionalizado. Ese ya se esfumó. Ahora no es posible paliar la situación mediante dádivas, contratos y empleos inorgánicos, generalmente en la hipertrofiada administración pública. Es en este punto que le pregunto: ¿Será la falta de tiempo, la falta de fuerzas, el miedo o la falta de credibilidad en esa clase política que se ofrece para ocupar los cargos regionales lo que explica la baja participación en las elecciones para escoger a los candidatos? ¿Dada la crisis humanitaria sería preferible provocar una elección presidencial con candidatos aptos para enfrentar el reto? , como caso inédito y a diferencia de lo ocurrido con Piesito y sus amigos huerfanitos ¿se clausura el país? ¿Usted qué opina?

@KarinvanGroning, @vangroningenk, kavege@gmail.com

Ideas de Babel

https://www.ideasdebabel.com/?p=106903

El riesgo que implicará la pobreza para nuestra nueva democracia

La pérdida de la democracia venezolana que comenzó hace 22 años tiene mucho que ver con la elevación de la pobreza. Ella se gestó entre mediados de la década de 1970 y 1998, años en los cuales la pobreza creció de menos de un 30% a más del 60% de la población y el régimen político derivó hacia un populismo clientelar que manipulaba a los pobres sin ayudarlos a salir de su situación, creando así el caldo de cultivo que aprovechó el chavismo para llegar al poder. La historia más reciente es muy conocida; durante el tiempo transcurrido del Siglo XXI, el régimen socialista exacerbó la manipulación clientelar de los pobres sin reducir la pobreza, la cual de hecho se elevó, y sembró eficazmente el odio entre clases sociales. Pobreza y odio social disolvente no se reducirán automáticamente con la salida del socialismo del poder.

El riesgo latente que implica mantener niveles altos de pobreza para la nueva democracia, puede entenderse de las tres consideraciones siguientes:

1. Para finales de 2020 el nivel total de la pobreza de ingresos era superior al 93% de la población venezolana, estimándose en más del 66% el nivel de la pobreza que se ha mantenido crónica en las últimas tres décadas (18 millones de un total de 26 millones de personas en la actualidad), cuya reducción a niveles cercanos a un 20% nos tomará unos 25 años (10 millones de un total de 50 millones), si lo hacemos muy bien.
2. Si bien será indispensable que los futuros gobiernos democráticos empleen subsidios focalizados para atender la precariedad de las familias más vulnerables, esto sólo atenderá a una pequeña fracción de los hogares pobres y tendrá que ser rápidamente decreciente en el tiempo, porque está probado que no contribuye a la superación de la pobreza y a la larga no es económicamente sostenible ni políticamente eficaz para defenderse del populismo, ya que por el contrario consolida en la sociedad la cultura clientelar y eleva la probabilidad de que el mismo régimen democrático se descomponga como sucedió en los últimos años del Siglo XX.
3. El chavismo y otros populismos de izquierda radical sobrevivirán a la recuperación de las libertades, continuarán con sus siembras de odios e intentarán permanentemente provocar tensión e incluso violencia en las comunidades pobres, para desprestigiar a la democracia y llegar nuevamente al poder apoyados en sus discursos de redención social.

La propuesta política: un pacto para el progreso de todos

La reducción significativa de la pobreza sólo es posible elevando las capacidades humanas de la mayoría de los venezolanos para que ellos se hagan agentes de sus propias vidas. Es decir, sólo será posible mediante un proceso que genere oportunidades para el progreso de todos y que evite las desviaciones populistas que ha vivido nuestra política en el pasado.

Por otra parte, es necesario que ese proceso garantice dos condiciones para que los grupos populares desarrollen adhesión y lealtad con la nueva democracia, y para que todos los venezolanos combatamos con éxito los intentos disolventes que el chavismo y otros populismos de izquierda radical estarán probablemente haciendo entre los pobres.

En primer lugar, es necesario que el proceso tenga victorias tempranas, es decir que los hogares pobres vivan logros crecientes de bienestar desde su inicio; en segundo lugar, es indispensable que toda la sociedad venezolana incluyendo su clase media, los empresarios y los trabajadores, y no sólo las organizaciones políticas, valoren y le brinden su apoyo efectivo al proceso para darle viabilidad política.

En fin, tanto por motivos éticos asociados a la equidad que debe tener nuestro desarrollo futuro, como por las razones políticas antes comentadas, es necesario iniciar tempranamente la aplicación de una estrategia que asegure el progreso de todos, en función de cuyo éxito se propone promover en el seno de las organizaciones políticas democráticas, las organizaciones laborales y empresariales, las principales ONGs y las iglesias, la suscripción de un Pacto para el Progreso de Todos, cuya ejecución se guíe por las tres líneas siguientes:

La asignación de la más alta prioridad política real a un conjunto de programas apoyados en reformas institucionales y en políticas económicas, educativas, de seguridad social y de infraestructuras y mejora del hábitat popular, que se mantenga a través de sucesivos períodos presidenciales hasta completar no menos de 20-25 años. Programas dirigidos a la creación de capacidades y oportunidades para el progreso de todos y al propósito de reducir la pobreza, con logros específicos en los horizontes de largo, mediano y corto plazo, los cuales se integren en un pacto de políticas públicas que comprometa a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y laborales y las iglesias, entre otros actores.

La incorporación al Pacto de programas de solidaridad social activa que contribuyan a neutralizar los efectos de la siembra de odios varias veces mencionada, a ser ejecutados en el corto plazo por la clase media, los estudiantes, los profesionales universitarios, los empresarios y otros grupos sociales específicos, para la creación de capacidades en niños y jóvenes de los hogares populares.

El seguimiento y la evaluación sistemática de los programas, en función de cómo se van logrando sus objetivos, a cargo de un Consejo del Pacto, órgano independiente de muy alto nivel político, que mantenga permanentemente informada a la población de las experiencias de solidaridad social activa y de las ejecutorias de los programas en general, y que haga recomendaciones periódicas al (a los) poder(es) ejecutivo (y legislativo) y a los demás actores firmantes del Pacto, para realizar los ajustes que sean necesarios en ellos.

Agosto 2021