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Opinión

Red Agroalimentaria de Venezuela

La pandemia del Covid-19 se dispara en julio y la cobertura de la vacunación es todavía muy baja.

Los servicios públicos se desploman en julio-agosto y los problemas de transporte y movilización se han agudizado.

Continua el deterioro de las condiciones de empleo y el dominio del pesimismo es muy claro.

El cierre de negocios continúa y se acelera.

El apoyo gubernamental al ingreso continua y sube de monto.

El porcentaje de las localidades que no se quejan de falta de alimentos no cambia ubicándose en 77%.

Las dificultades para la compra de alimentos por la falta de ingresos disminuyen su peso debido al aumento de los problemas de transporte que aumentan su peso, pasando de 16% de los poblados en marzo a 51% en julio.

La cesta de 9 productos básicos sube entre marzo y julio 106% y desde enero 148%.

Los productos que tienen aumentos más altos entre enero y julio son los de proteína animal: Huevos (207%), Pollo (145%) y Leche en Polvo (160%).

La frecuencia de entrega de las cajas CLAP ha mejorado subiendo en menos de 30 días de 15% a 32% de los Poblados.

El contenido de las cajas no cambia fundamentalmente en Julio, sin embargo, tiene algunas mejoras.

Las quejas más frecuentes sobre los CLAP cambian, disminuyendo las referidas a la frecuencia de entrega (de 45 a 34%) y aumentando las referidas a los productos que contienen, su cantidad y especialmente la calidad de ellos.

Continúa el deterioro de las condiciones de empleo.

Sobre el problema socio económico central más sentido, hay algunos cambios, disminuyendo el peso de los servicios públicos y aumentando los problemas de salud y asistencia médica.

Sobre la percepción de cómo va a ser la situación en 2021, el dominio del pesimismo es muy claro.

El cierre de negocios continúa y se acelera.

El cierre de agencias bancarias continúa, siendo muy bajo en julio-agosto alcanzando solo al 6% de las localidades.

Los servicios públicos se desploman en julio-agosto.

El abastecimiento de gasolina sigue siendo muy dificultoso o inexistente en 79% de las poblaciones

La pandemia del Coronavirus se dispara en julio.

La cobertura de la vacunación es todavía baja.

El abastecimiento de medicinas ha empeorado en julio en todos los poblados, así como la situación de los centros de salud.

Las medidas de prevención (tapabocas) han mejorado levemente.

En el mes julio la proporción de poblados donde la mayoría de los niños están saliendo a la calle de nuevo tiende a disminuir.

En materia de las clases a distancia no se observa en julio ningún cambio significativo.

La presencia de niños abandonados se mantiene en niveles semejantes.

Los aportes oficiales en dinero (bonos) han aumentado

En julio 94% de los poblados se han recibido apoyos al ingreso desde el exterior.

Las salidas del país parecen aumentar. En marzo se reportan salidas en 35% de los poblados y en julio en 54%.

Los retornos al país continúan disminuyendo.

En julio las protestas repuntan moderadamente.

Los motivos de las protestas cambian significativamente en julio-agosto.

En julio las protestas han sido menos conocidas que en enero y marzo y el medio por el cual se han dado a conocer sigue siendo preponderantemente las redes sociales e Internet (72%).

El nivel de delincuencia y seguridad personal no ha cambiado significativamente respecto del mes de marzo.

En las principales actividades aparecen algunos cambios en julio-agosto.

Los Robos y Ventas Ilegales cambian poco, mientras aumentan significativamente las extorsiones (41%) y disminuyen las ventas de drogas (-36%) y los atracos con violencia (-53%). La percepción sobre los Organismos de Seguridad del Estado continúa empeorando.

En enero había empeorado en 39% de los poblados, en marzo en 49% y en julio en el 57%.

En julio aparecen algunos cambios en los medios por los que se informa la población.

Los niveles de información de la población se mantienen en niveles muy semejantes con una pequeña tendencia a la disminución.En el mes de julio, en el 44% de las poblaciones compra en el poblado, en 9% fuera del poblado y en 48% en ambos.

El tipo de establecimiento de compra más frecuente son Abastos o Supermercados chinos o similares en 56% de las localidades, 27% en Bodegas cercanas en el área, 11% en Automercados Independientes y sólo 6% en Comercio Informal (mercaditos de calle).

En julio el porcentaje de las localidades que no se quejan de falta de alimentos es del 77%, 4% más que en enero y un poco menos que en marzo.

Las dificultades para la compra de alimentos causadas por la falta de ingresos disminuyen su peso en julio pasando de 82% de los poblados a 36%.

En sentido contrario, los problemas de transporte aumentan su peso, pasando de 16% de los poblados en marzo a 51% en julio.

La falta de productos y el tiempo requerido para comprarlos tienen un peso muy bajo en las tres encuestas, aún cuando suben en julio.

La compra diaria de los alimentos se mantiene en cerca del 40% de los poblados, pero tiende a aumentar la compra dos veces por semana.

La cesta de 9 productos básicos sube entre marzo y julio 106% y desde enero 148%.

Los productos que tienen aumentos más altos entre enero y julio son los de proteína animal: huevos (207%), pollo (145%) y leche en polvo (160%).

Aparecen diferencias importantes en el comportamiento de los precios máximos y mínimos encontrados.

La frecuencia de entrega de las cajas CLAP ha mejorado en el mes de julio subiendo en menos de 30 días de 15% a 32% de los poblados desde marzo y disminuyendo en más de 45 días de 48% a 27%.

Una representación gráfica de algunos de los elementos más destacados se presentan en:

https://grupoingeolan.maps.arcgis.com/apps/dashboards/7823756d3d404dd0b7...

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Acceso a la Justicia

Violencia contra la mujer

Abril de 2007. Entra en vigor la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento que busca combatir la violencia de género. El 25 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial n.° 40.548), se reforma, y se incluye el tipo penal de Femicidio. Ahora, casi siete años después, la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo se aprueba en primera discusión una nueva reforma del texto para «robustecer» el instrumento.

Sin embargo, la opacidad actual complica la tarea de evaluar si la ley vigente ha sido efectiva o no para contar, según señala la exposición de motivos de la ley (2014), con un pretendido «sistema integral de protección a la mujer víctima de violencia, donde el aspecto penal es solo un componente con fines propios del Derecho Penal en una sociedad democrática, enfatizando en medidas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de la mujer en los distintos ámbitos de desarrollo».

La denuncia figura en el informe Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: Historia de otro fracaso del Poder Judicial, publicado por Acceso a la Justicia y realizado con la colaboración de la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), en el cual no solo se analiza la jurisprudencia que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de sus salas de Casación Penal y Constitucional ha venido dictando en la materia, sino también el grado de cumplimiento del instrumento por parte de las autoridades nacionales.

En el reporte se lee lo siguiente:

«Una de las mayores incoherencias del Estado venezolano respecto a las mujeres, y en particular, respecto a la lucha contra la violencia por razones de género, es sin duda, el incluirla dentro del grupo de temas vinculados a los Derechos Humanos que ha sido silenciado en las fuentes oficiales de información».

A lo anterior se agrega que «así como no se tienen datos actualizados sobre indicadores de salud o educación desde hace años, lo mismo ocurre en el caso de la violencia contra las mujeres».

En la investigación se denuncia también que ni el TSJ ni el Ministerio Público (MP) ni el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han publicado información precisa y confiable en relación a delitos como el femicidio, la violencia sexual y otros que afectan a las mujeres, pese a que así lo ordena expresamente el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

«La inexistencia de estadísticas detalladas en materia de violencia contra la mujer complica la elaboración de políticas públicas, ya que sin información no es posible hacer un diagnóstico verídico de la situación y una planificación de política pública», se concluye en el informe.

Palos de ciego

La opacidad no solo complica la elaboración de políticas públicas o la evaluación de la actuación de las autoridades en la lucha de género, sino que también abre las puertas para situaciones como las abiertas contradicciones entre funcionarios del mismo organismo en relación a la gravedad de este tipo de violencia.

Así, el pasado 8 de marzo, la vicepresidenta de la Sala de Casación Penal y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del TSJ, magistrada Elsa Gómez, aseguró en una entrevista televisada que:

«afortunadamente no somos un país con un alto índice de violencia de género, no obstante ello el Estado se ha preocupado por la mujer y por ello se crearon los tribunales (especializados en Violencia de Género) a través de esta Ley (Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)».

Sin embargo, este señalamiento fue refutado por la también magistrada del TSJ, Carmen Zuleta de Merchán, quien aseguró que solo entre abril y agosto de 2020 se produjeron 104 femicidios. Estos datos son 20% superiores a los manejados por el máximo juzgado en 2019.

La anterior conclusión es ratificada por las cifras publicadas por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que muestran la gravedad de la situación de violencia contra la mujer en Venezuela. En este sentido, la ONG documentó 125 femicidios ocurridos en Venezuela en los primeros seis meses de 2021. En el mismo periodo hubo 49 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior. Cada 20 horas hubo una acción femicida. Este monitoreo incluye además los femicidios en grado de frustración. En estos seis meses hubo 23 casos en Venezuela y 9 de mujeres venezolanas en el exterior. Durante la primera mitad del año, 57 niñas y niños quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. De ellos, 34 en Venezuela y 23 en el exterior.

Aún en mora

Pero la falta de estadísticas no es el único incumplimiento a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia detectado en el informe, en el cual se recuerda que más de una década después de su aprobación todavía no hay tribunales especializados en violencia contra la mujer en todo el país.

Al respecto, en el informe de Acceso a la Justicia se afirma:

«El hecho de que más de una década después de la entrada en vigor de la ley creó los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, y que estos no existan en todas las circunscripciones del país, obligó a que la Sala Constitucional diera esa competencia a otros tribunales que no poseen la especialidad que deberían tener. Esto pone de manifiesto que este ámbito no ha sido, por más que la propaganda diga lo contrario, una prioridad para las autoridades judiciales».

La ley daba un año al TSJ, contado a partir de 2008, para abrir los juzgados especializados en todo el país.

Lo anterior pone en duda las palabras del fallecido Hugo Chávez, quien un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en 2011, afirmó: «Venezuela es vanguardia en el mundo en este proceso de liberación de la mujer, porque la mujer como ente, como ser y como esencia solo puede liberarse en medio de una revolución socialista. No hay otra forma».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Las cifras disponibles en el ámbito de la violencia contra la mujer son alarmantes, y el hecho de que no haya tribunales especializados en todos los estados, pese a que ha transcurrido más de una década desde la entrada en vigencia de la ley, revela el poco interés que el asunto ha despertado en las autoridades judiciales, a pesar de la narrativa oficial que busca mostrar lo contrario en la materia.

Para descargar o leer en línea el informe en español Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: Historia de otro fracaso del Poder Judicial, haga clic aquí, y para descargarlo en inglés, haga clic aquí.

Agosto 19, 2021

https://accesoalajusticia.org/evaluar-la-lucha-contra-la-violencia-de-ge...

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Analítica.com

Editorial

Es alarmante, y al mismo tiempo angustioso, comprobar que la mayoría de las personas del país, tanto opositores como neutrales o prochavistas, más que apostar aseguran que las conversaciones entre el régimen y la oposición en México son inútiles y no llevarán a nada en beneficio del país.

Se fijan en detalles que resaltan, desconfían de todo lo que supuestamente se está hablando, desconfían de cada integrante de cada parte representada allí. Es impresionante.

No importa lo que declaren o dejen de informar, no importan sus silencios que no son tomados como discreción diplomática, sino como secretos culpables o rechazo a informar. Consideran que la presencia de Holanda es inferior que la de Rusia por el tamaño y hacen cálculos diversos de fechas electorales o medidas a tomar por cualquiera de los dos sectores para presionar al otro o ponerle una trampa.

Esas personas en realidad apuestan contra el país. No presionan por soluciones, sino por la profundización de las diferencias. No toman en cuenta que el primer elemento de los participantes en un diálogo es la paciencia y el segundo la voluntad de negociar, es decir, de ceder a cambio de lo que se exige, y que lo esencial es lograr resultados positivos para el país en cuyo nombre ambas partes conversan.

No hay que esperar resultados inmediatos, ni siquiera de cara a unas elecciones regionales cuestionables per se. Hay que esperar resultados que beneficien al país, y eso no tiene fecha en el calendario pero sí una ruta en el patriotismo. No se dialoga y negocia a favor de una facción ,sino de todo un país.

Y que ninguna de las dos partes puede, a estas alturas, desembarazarse del compromiso. Abandonar la mesa es ser irresponsable y perdedor. Sentarse el tiempo que sea necesario, que no se mide en días ni meses sino en logros, es labor de país.

https://www.analitica.com/el-editorial/un-compromiso-de-todos/

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Maxim Ross
  1. Prosperidad económica. Significados
  1. Sentido convencional.

Los economistas entendemos por prosperidad cuando se logra que la producción de bienes y servicios aumente a una tasa anual mayor que el incremento de la tasa de población, lo cual quiere decir que cada habitante estaría recibiendo una mayor cantidad de ellos, con respecto a un periodo anterior similar. Los economistas medimos este beneficio al comparar la tasa de aumento del Producto Interno Bruto, el PIB, como se le conoce normalmente, con la de la población. A la vez, este indicador nos da una medida del crecimiento por persona, esto del PIB por habitante o, del PIB per cápita, como se le conoce también.

Sin embargo, no podemos olvidar que el PIB es la sumatoria de todo lo producido en el país, expresado en lo que la sociedad añade de valor cada año, quiere decir la suma de las remuneraciones de los factores productivos utilizados, el trabajo, el capital y la tierra que reciben, respectivamente, salarios, beneficios y renta.

De esa forma, el tema “prosperidad” también debe ser visto desde esta perspectiva, porque revela cuanto más y cuanto mejor la sociedad percibe de lo que ha producido. Desde luego, para que en primer lugar una sociedad pueda “prosperar” tiene que llenar esos dos requisitos. Producir más y mejor y remunerar más y mejor.

Esta versión convencional, como sabemos, se basa en la idea de que basta con lograr con un crecimiento económico positivo, por encima del de la población, para que la sociedad prospere, pero esta condición, si bien es necesaria está demasiado atada a las políticas macroeconómicas de los gobiernos y pueden no repercutir en el bienestar de cada quien.

El caso de Venezuela es emblemático porque, aunque se puede hacer crecer la economía de un todo, por ejemplo, con una expansión del PIB de origen fiscal o monetaria, esta no necesariamente repercute en el bienestar de cada quien, además de que induce un cierto comportamiento pasivo por parte de la sociedad. Necesitamos, entonces, una visión microeconómica, tanto receptiva, como activa.

  1. Prosperidad individual.

Para complementar o, inclusive sustituir en alguna medida el peso de lo macroeconómico en el logro de la prosperidad, queremos rescatar el valor de la acción individual en el doble sentido que le atribuimos de seguidas Prosperar tiene dos significados:[1]

“Mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social” y,

“Tener éxito o imponerse [una idea, una opinión o una iniciativa].”

Obsérvese, que la primera guarda estrecha relación con el concepto convencional que utilizamos, pero le añade una característica que resulta sumamente importante en dos direcciones. La primera, porque registra precisamente esa propiedad de un mejoramiento del individuo, pero con la superposición de la palabra “progresivamente”, lo cual quiere decir que no es suficiente la concepción anterior, de alguna manera pasiva, sino que implica la exigencia de algún tipo de acción humana que le imprime dinamismo al progreso. Acción que conecta, justamente con el segundo significado que se le atribuye, aquel de “Tener éxito o imponerse [una idea, una opinión o una iniciativa]”.

De ahí que, para prosperar, el individuo debe adoptar una posición activa que se contribuye a generarle progresividad. Si entendemos esta idea cabalmente, lo que estamos sugiriendo es entenderla con un juicio más amplio que el convencional, no sujeta al estricto planteamiento macroeconómico, pero que ayuda a encontrar un nuevo vínculo con el concepto de integración.

En esta circunstancia la acción humana, en busca de la prosperidad, en la forma activa de hacerla progresiva, de tomar iniciativas, de perseguir el éxito impone una normativa de conducta que compromete o involucra al individuo en una acción necesariamente completa, integral por consecuencia. Es lo que denomina el economista Amartya Sen el concepto de “agente” y que acogemos en estas notas:[2]

“Estas conexiones empíricas refuerzan las prioridades valorativas. Basándonos en la distinción medieval entre “el paciente” y “el agente”, esta interpretación de la economía y del proceso de desarrollo basada en la libertad es una teoría que se apoya en gran medida en el concepto de agente. Con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente. No tienen por qué concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo.

.En lo que respecta a nuestro propósito de fundamentar la atadura entre la prosperidad y la integración, la tesis de ese individuo activo, de ese “agente” que se desempeña no como un “paciente”, según palabras del autor, la prosperidad no queda sujeta solo a su derivación macroeconómica. Ese individuo, repetimos es quien puede o no ensamblar un proceso de integración social que tiene asidero en su propia existencia y en su propia realidad ontológica, si se nos permite la afirmación. La integración y la prosperidad, diríamos, tienen en él una expresión real y no puramente conceptual o imaginaria.

Habíamos dicho: ¿Qué es prosperar? Ahora podemos darle un contenido mucho más completo y eficaz, al colocar su significado en la capacidad del individuo para hacer, para perseguirla y así desprendernos de la versión pasiva que nos brinda la macroeconomía.

Necesitamos ahora ampliar lo que hemos elaborado a un ámbito mayor que hace, no solo al individuo el sujeto y objeto de las prosperidad, sino llevarlo al terreno de su núcleo de vida más importante, el de la familia.

  1. Prosperidad de la Familia.

En efecto, no hay un componente más importante para estos fines que la conformación de una familia prospera y lo es si se logra que el bienestar económico llegue a todos sus miembros, pero también al reforzamiento del propio valor familiar y, para ello ha de tener un hogar, con lo cual requiere una vivienda, ha de educar a los hijos y, al final, ha de garantizarse el bienestar para el retiro o la jubilación.

Se puede comprender, con la mención de estos requisitos, las capacidades que les son reclamadas a sus integrantes, en especial a padres y madres, dependiendo del tipo de familia que se conforme. Sin embargo, también su prosperidad puede depender de acciones externas, en especial de determinadas políticas del Estado.

Por ejemplo, en lo que respecta a una categoría fundamental para desarrollar una familia, la vivienda y el hogar, el Estado venezolano, en un momento dado, diseñó y puso en práctica una sabia política monetaria que permitió crear un mercado hipotecario[3], capaz de multiplicar la adquisición de viviendas, con lo que se generó un importante sector de “clase media” y se robusteció el valor familia.

También una masiva política educativa contribuyó con ello, multiplicando la secuela de prosperidad de la familia venezolana, en donde conseguimos concordancia entre el propósito del Estado y el de la familia. El posterior abandono de esas políticas hizo que la prosperidad que se había conseguido se perdiera, ratificando lo que aquí identificamos: la familia quedó a la deriva, siguió siendo pasiva y, así casi se podría generalizar a toda la sociedad, quedando a la espera de la magia de la macroeconómica y del Estado que todo provee[4].

Como se puede constatar esta concepción tiene un efecto “desintegrador”, no solo sobre la familia, sino en la sociedad en general, ya que una de sus consecuencias es su secuela de empobrecimiento. Nuestra hipótesis es que la prosperidad es un incentivo muy importante para la integración, pero que no se produce natural y automáticamente, como veremos.

  1. Prosperidad e Integración Nacional
  1. Prosperidad e Integración.

Creemos, por tanto, que existe un estrecho vínculo entre prosperidad e integración, donde cada elemento alimenta al otro. La prosperidad ofrece un ambiente propicio para fomentar la integración entre los individuos y los miembros de la familia, además de los factores históricos y culturales que la han constituido tal como es[5], pero a la vez sostenemos que el componente de prosperidad ha actuado de manera preponderante en la constitución e integridad de la familia. La ausencia de prosperidad, obviamente, independientemente de otras causas, tiende a romper esa unidad o ese núcleo y contribuye con su disociación o desintegración.

Como se puede imaginar la prosperidad no se produce natural y espontáneamente, aunque los economistas clásicos le dieron mucho peso a esa posibilidad[6], porque hoy día las políticas económicas juegan un papel central en lograrlos. Estas pueden actuar en favor o en contra, tal como variadas experiencias históricas lo demuestran.

En un primer plano, el rol de las políticas económicas es clave para cultivar la prosperidad y ello depende de la capacidad que se tenga para armonizar sus distintos frentes (monetaria, productiva, cambiaria, fiscal, etc.), esto es, han de convenir de forma integral en ese objetivo, pues cualquier ruptura o discordancia entre ellas destruye los resultados[7].

Un ejemplo evidente de ello lo constituye la necesidad de la estabilidad monetaria, medida por la menor tasa de inflación posible y por la estabilidad de la tasa de cambio, de forma tal que puedan garantizar que la producción y las remuneraciones respectivas, mantengan su poder adquisitivo en el tiempo. Otra vez, debemos aquí magnificar, el sustantivo valor que, para una sociedad, tiene la estabilidad, sobre todo porque elimina de raíz cualquier efecto empobrecedor y produce, al menos, una condición inicial para que la prosperidad se propague a todo el conjunto social y, por consecuencia, para un mayor grado de integración social.[8]

Un componente adicional aparece como necesidad Integradora: las Instituciones que lo hacen posible pues esas políticas no “nacen de la nada”. La economía teórica ha puesto, a lo largo del tiempo, un énfasis especial entre la conexión institucional y un buen desempeño económico.[9] Acemoglu y Robinson nos brindan el concepto de “instituciones inclusivas”[10] cuya influencia en el grado de integración es decisiva, en tanto que permiten que la prosperidad se derrame hacia toda la sociedad.

  1. Prosperidad, Integración y Desintegración Nacional

Definidos esos parámetros, entramos en el plano nacional y en el caso venezolano. Desde un momento dado fenómenos como la marginalidad, un considerable aumento de los índices de pobreza, y su repercusión en la desigualdad social o, simplemente el empobrecimiento de una parte sustancial de la población, revelan una vertiente de disociación o desintegración social, cuya generalización lo convierte en un problema nacional. Sin embargo, no se puede afirmar que el tema es nuevo, ya que razones históricas no permitieron que Venezuela se integrara plenamente como Nación.

Desde la Guerra de Independencia, la Guerra Federal y las luchas caudillistas por el poder hicieron de Venezuela un país devastado, hasta mediados de los años treinta, cuando comenzó un primer esfuerzo por la integración del territorio, con la construcción de vías de comunicación y los servicios alcanzaron a todo el país. La llegada del petróleo fue el detonante que aceleró un proceso de modernización y centralización que podría calificarse de “integrador”, salvedad de la propia industria que no siempre lo fue[11].

Como se recuerda, y hemos precisado anteriormente, que se produjese o no ese resultado, dependió de que la prosperidad perdurara, pero no fue así, a sabiendas de que la volatilidad de la economía venezolano era lo característico, expuesta como estuvo a “shocks” positivos y negativos no encontró las políticas que le permitieran superar esa conducta.[12]. Es muy difícil defender un proceso de Integración Nacional sin que lo acompañe un rumbo de prosperidad consistente y duradera, lo que implica una cierta garantía de sostenibilidad.

  1. Prosperidad Sostenible e Integración Nacional.

Llegamos aquí a una esfera central de nuestro análisis y nuestra propuesta, porque la interface que se da, o se debe dar entre esas dos categorías, se aleja completamente de la espontaneidad y la automaticidad. Para que un país en particular, y un mejor ejemplo es Venezuela, conquiste una trayectoria de prosperidad de largo alcance, su sociedad, sus dirigentes y su elite tienen que asumir una posición y una conducta activa.

Esa exigencia, que postulamos, supone varias acciones, entre ellas las siguientes:

1º La sociedad civil venezolana debe tomar conciencia y activar iniciativas para promover una senda de prosperidad sostenible, a sabiendas de que la solución de los temas de pobreza e inequidad pasan, necesariamente, por ella,

2º La Sociedad Civil debería proponerse como objetivo asumir la tarea de diseñar y desarrollar un programa autónomo de cooperación económica entre la fuerza laboral y el capital privado venezolanos, a ser presentado a las autoridades gubernamentales y legislativas. Dicho programa se fundamenta en la necesidad de revertir la primacía y el protagonismo estatal en la promoción del desarrollo productivo.

3º La dirigencia del país, en especial los partidos políticos, deben acordar un plan mínimo para garantizar la estabilidad inter temporal de las tasas de inflación y de cambio[13], sumadas al estímulo a la economía privada y a las vocaciones económicas regionales, tal que califiquen como competitivas bajo los estándares internacionales.[14] “Volcar el crecimiento hacia adentro” motoriza un cambio en la disposición espacial de las actividades productivas, con una apreciable consecuencia en revertir la tendencia de desplazamientos migratorios hacia el centro del país.[15]

4º Instituciones apropiadas juegan un papel central para que un plan de sostenibilidad opere exitosamente. Entre ellas destaca, una confiable separación de los poderes públicos y un mayor peso para la función legislativa[16]. Como hemos señalado anteriormente, apelamos al concepto de “instituciones inclusivas” que garanticen la universalidad de los beneficios económicos y sociales. El Estado venezolano, siendo parte de ellas, debe actualizarse en procura de este objetivo.

5º El contexto y las acciones en el espacio de lo político son cruciales en el logro de una prosperidad económica sostenible, especialmente porque supone la ruptura de la trayectoria de conflicto político que ha caracterizado a Venezuela y debería posibilitarse una era de Consenso, tal como Venezuela lo experimentó en un momento dado[17]. Ese solo hecho “abriría las puertas” para una nueva etapa de prosperidad duradera, siempre y cuando ese Consenso no se circunscriba a los problemas de la actual coyuntura y aborde los temas de largo aliento que sugerimos en estas notas.

Recuperamos aquí lo dicho al principio: Un crecimiento sostenible del PIB per cápita, por encima del incremento de la población, estabilidad monetaria y cambiaria, evitar pérdidas generalizadas del poder adquisitivo, remuneración a los factores productivos, acorde con su contribución y participación, protagonismo de la economía privada y del desarrollo regional y local, instituciones que se acoplen a la necesidad de garantizar sostenibilidad y durabilidad, son las tareas y distintivos del modelo de Integración Nacional que proponemos.

  1. Integración Nacional y Democracia.

En el Número anterior de la Revista defendimos la relación entre estas dos esferas desde un punto de vista político e institucional. Ahora corresponde examinarla desde un punto de vista económico. En ese orden de ideas, una era de Prosperidad Sostenible, derivada de un Consenso Político son los ingredientes cardinales para vencer en la lucha contra la pobreza y la inequidad, base fundacional de una auténtica democracia. Sabemos que, para consolidar un modelo democrático exitoso en nuestro país, es absolutamente indispensable resolver los temas de la pobreza y la inequidad. Mientras ese obstáculo no se despeje la democracia será cuestionada y seguirá en peligro.

También sabemos que para ampliar y profundizar el grado de Integración Nacional aquellas condiciones son ineludibles porque, como hemos descrito, no podemos imaginarnos una sociedad venezolana más integrada, si esos dos tópicos no son resueltos.

Finalmente, Venezuela puede franquear los escollos por los que atraviesa actualmente, pero puede hacerlo de dos maneras. Una, repitiendo el “espejismo estatista” de los expedientes fáciles y mágicos, que ya hemos experimentado, “con la mira” en el corto plazo y en la coyuntura que, seguramente, van a repetir un desenlace similar al que tuvimos y el que tenemos.

Otra manera seria intentado una solución sostenible en el tiempo que “ponga la mira” en “blancos” más sustanciales y trascendentes. Nos conformaríamos con que este escrito contribuya a amplificar el enfoque de los problemas venezolanos y trace un abanico de alternativas que dejen en el pasado las que ensayamos sin éxito.

Estamos convencidos de que, si ligamos los temas de una Prosperidad Sostenible, con el de la pobreza y la inequidad y, el de estos, con la necesidad de un Consenso Político en su procura y una participación determinante de la sociedad civil, la democracia venezolana, podría decirse, entraría también en una zona de sostenibilidad.

Artículo publicado en la Revista de Integración Nacional No.2 con la idea de divulgar los conceptos que venimos divulgando en el Centro de Estudios de Integración Nacional (CEINA) de la Universidad Monteávila.

[1] De acuerdo con LEXICO. Oxford Diccionario

[2] Amartya Sen “Desarrollo y Libertad” Edit. Planeta, 2000.

[3] La conocida “Cedula Hipotecaria”, cuya tasa de interés de muy bajo costo permitió un desarrollo importante del mercado hipotecario y, por consecuencia, de la construcción de viviendas de bajo costo.

[4] Obviamente esta condición se ha exacerbado más recientemente con las políticas de reparto que practica el Gobierno

[5] Hacemos referencia a la controversia entre los estudiosos del tema quienes la definen de distinta manera, sea “normal” o “matricentrada” (Alejandro Moreno y José Luis Vethencourt).Citados en “La matricentralidad de la familia venezolana desde una perspectiva histórica” María Susana Campo-Redondo, Jesús Andrade, Gabriel Andrade. Frónesis v.14 n.2 Caracas ago. 2007

[6] Desde las tesis de la frase “Laissez faire, Laissez passerr”, (Dejar, hacer, Dejar pasar) de los tratadistas franceses, hasta la versión más acabada en Adam Smith de libertad de los mercados.

[7] Nuestro país es un buen ejemplo de ello cuando esa “ruptura” ha producido los resultados que conocemos.

[8] Es el efecto de prosperidad que se produjo en la Venezuela de los inicios de la era petrolera, hasta mediados de los setenta, cuando baja inflación, estabilidad cambiaria y una población relativamente reducida lo permitieron.

[9] Douglas North (1990) fue uno de los pioneros de esta tesis, hoy bastante generalizada.

[10] Acemoglu y Robinson. “Porque las naciones fallan” Ariel, 2012.

[11] Recordemos que, en sus inicios, el concepto de “enclave externo” estuvo ligado a su presencia en el país y luego la industria estatizada se percibía separada del resto de las actividades. La idea de una economía petrolera y un no- petrolera ha estado presente en nuestra historia.

[12] Ello sin tomar en cuenta el deterioro de las actividades productivas y de la institucionalidad que se ha producido en los últimos tiempos.

[13] Mientras tanto se puede mantener el actual proceso de dolarización, completando su formalización en todos los mercados e instituciones.

[14] Mayores detalles se pueden revisar en el documento principal a que hemos aludido, pero al momento conviene señalar que, En nuestra opinión la industria petrolera debe integrarse a mayor profundidad con el resto de actividades económicas y ocupar un lugar secundario como protagonista del crecimiento económico

[15] Sabemos que esta propuesta se ha ensayado muchas veces, sin lograr un cambio significativo en la tendencia del campo de venirse a la ciudad, pero ello no descarta sus inmensas ventajas.

[16] Obviamente un poder legislativo más fuerte tiene una considerable influencia en una mayor integración, en especial por aquilatar el valor de los partidos políticos

[17] Ese fue uno de los principales logros del Pacto de Punto Fijo, el cual, a pesar de las críticas recibidas proyectó una economía saludable por un buen periodo.

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Humberto García Larralde

Como toda dictadura, la venezolana descansa en militares dispuestos a emplear la violencia para sostenerse en el poder, contrariando el ordenamiento constitucional. Se ha dedicado a expoliar el país, destruyendo su economía. Junto con las sanciones impuestas por violar derechos humanos, tráfico de drogas y por otros ilícitos, necesita el apoyo externo de países cómplices para mantener sus aparatos represivos. Asimismo, al haber desmantelado el marco institucional sobre el que legitimó inicialmente su mandato, se arropa con una narrativa “revolucionaria” para reducir su vulnerabilidad ante la crítica, tanto interna como externa. Pero ante su desgaste en el poder, el chavismo se vio en la necesidad de ir modificando su sentido. Para fines de exposición, diremos que ha habido dos grandes momentos de la narrativa chavista: 1) un momento inicial, de cosecha; y 2) un momento de atrincheramiento.

La prédica de Chávez cumplió inicialmente con los fines clásicos de toda ideología: aglutinar voluntades en torno a unos valores y sueños compartidos, para avanzar objetivos políticos destinados a tomar y conservar el poder. Muy probablemente, él y sus partidarios creyesen en lo que estaban pregonando. En todo caso, su retórica cosechó valores y creencias que formaban parte de la cultura política existente. Su discurso se alimentó de la misma matriz de aspiraciones que habían sembrado AD y COPEI. Cabalgó sobre el PetroEstado dispendioso para prometer que haría realidad lo que éstos habían ofrecido, pero no cumplido. Siendo Venezuela un país bendecido por recursos naturales que le deparaban una fabulosa renta, tal incumplimiento era señal de que los gobiernos anteriores estaban al servicio de una oligarquía corrupta y no del “Pueblo”. Chávez, redentor; acabaría con tales inconsecuencias.

En su cruzada, introdujo tres elementos que alteraron la dinámica política existente: 1) se proyectó como un “outsider”, colmado de las mejores intenciones e incontaminado por las triquiñuelas de los cogollos partidistas; 2) Se erigió en auténtico heredero de Simón Bolívar, cuyo sueño para con Venezuela había sido traicionado por la oligarquía que dominó la “cuarta república”, incluyendo a la democracia representativa adeco-copeyana; y 3) Lo anterior lo tradujo en la presencia de enemigos del “Pueblo” que él ofrecía combatir. Contaba con los militares, supuestos “herederos del ejército libertador”. En fin, ofreció refundar la república, rescatando sus propósitos originarios.

Chávez desató una ofensiva populista contra la institucionalidad democrática que marcó una ruptura con los gobiernos anteriores. Pero, al descansar su proyecto en un Estado paternalista y protagónico, nutrido de rentas petroleras que él pensaba inagotables, también hubo continuidad con éstos. A pesar del sesgo abiertamente fascista de su prédica, repleta de proclamas patrioteras y militaristas, invocaciones épicas, llamados al combate contra los enemigos y descalificación de sus opositores como “apátridas”, su prédica tuvo acogida en un pueblo acostumbrado a esperar todo del Estado rentista y formado en el culto a Bolívar; el hombre providencial, salvador. Ello se facilitó, además, por una historia oficial que, lamentablemente, siempre acentuó las batallas y no los esfuerzos civiles por construir una república. Alimentó, así, una disposición a poner nuestro destino en manos del hombre fuerte a caballo.

Chávez encarnó un moralismo maniqueo y voluntarista. Para redimir al noble Pueblo explotado por la oligarquía corrupta, debía desmantelar toda restricción institucional que podía interponerse a estos fines. Asimismo, debía someter al sector privado para que su accionar correspondiese con esta misión. Al sucumbir al tutelaje depredador de Fidel Castro, las ansias de poder de Chávez encontraron un asidero más aplastante en retóricas antiimperialistas construidas en torno a la mitología comunista. Encontró eco en los delirios de partidarios suyos izquierdosos de que estaban haciendo una “revolución”. Aun cuando ello acentuó la ruptura con el discurso político tradicional, la captación de enormes rentas por el alza en los precios mundiales del crudo le permitió acompañar su prédica con un “socialismo de reparto” a través de las misiones sociales, que impidió la erosión de su respaldo. No obstante, sus intemperancias y atropellos dificultaban cosechar nuevos apoyos. Cobraban fuerza opciones políticas opositoras.

La sucesión de Chávez por un desangelado Maduro, privado en poco tiempo del portentoso ingreso petrolero que había sostenido a aquél y heredero del desastre económico y de las enormes deudas que había incubado bajo la superficie de su socialismo redentor, obligó a cambiar la funcionalidad del discurso “revolucionario”. Las penurias crecientes de la población llevan a Maduro a apelar abiertamente a la represión, dificultando atraer a nuevos adeptos con la narrativa preexistente, incapaz de competir provechosamente con relatos alternativos de fuerzas pro-democracia. La ruptura del Estado de Derecho dio paso a un régimen de expoliación, base de la complicidad de militares corruptos con la destrucción del país, que había que “justificar”. La ideología se va transformando en un instrumento de guerra que insta a sus partidarios –cada vez más reducidos-- a cerrar filas ciegamente detrás del régimen y a absolver sus atropellos y estropicios. Es el momento del atrincheramiento ideológico, que termina por blindar la acción oficial frente a las críticas crecientes a su gestión, tanto domésticas como foráneas.

Chávez, por supuesto, había avanzado mucho en este camino, acosando a periodistas y medios de comunicación independientes y elevando su retórica de odio contra quienes lo adversaban. Los simbolismos invocados y las categorías discursivas empleadas terminaron construyendo una “realidad alterna”, refugio para el contingente decreciente de partidarios de la “revolución”. Metidos en su burbuja, devinieron en secta, inmunes a todo intento de interlocución con base en razones y referentes del mundo externo. Esta retraída rompía, también, con la distinción entre bien y mal que dimana de la ética de convivencia en una sociedad liberal. Ahora privaría una “moral revolucionaria” según la cual lo correcto sería todo aquello que hiciese avanzar los fines del chavismo, es decir, una mayor concentración del poder para aplastar al enemigo. Los enormes latrocinios cometidos, más la violación descarada de derechos humanos, solo eran inventos del imperio y de la “ultraderecha” opositora. Se afianzó, así, la “banalidad del mal”; la capacidad de cometer las mayores crueldades sin pestañear.

El espíritu de secta, atrincherado tras verdades reveladas, endurece al núcleo madurista. Asume su misión como un apostolado, una tropa, dispuesta al combate y obligada a creer los disparates que vocifera. La quintaesencia del fascismo. Un asunto de fe. Habiendo conquistado a Venezuela, nadie se los va a quitar. Por otro lado, los simbolismos y clichés blandidos suelen despertar, cual arco reflejo, solidaridades automáticas en sectores académicos y políticos foráneos, consustanciados con visiones primitivas de izquierda. Esa izquierda invertida (¿pervertida?) –pues defiende todo lo que pregona combatir—tiene influencia variada. Dependiendo del país que se trate, contribuye a obnubilar la verdadera naturaleza criminal de regímenes como los de Maduro, Ortega y los Castro. Puede llevar a quienes se han ofrecido como custodios de que la negociación sea provechosa, a dejarse confundir por los intentos de trampear del fascismo.

El éxito de un proceso negociador entre Maduro y la oposición democrática requiere aislar a los fanáticos para poder identificar, con el oficialismo menos alienado, posibilidades de acuerdo. Por tanto, la lucha por la democracia en nuestro país requiere, también, desenmascarar la hipocresía de sus postulados, ante la comunidad democrática y los sectores menos dañados del chavismo.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

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Jesús Elorza G.

El 17 de agosto, el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria César Trómpiz se presentó, muy sonriente, a la reunión del Consejo Nacional de Universidades CNU y luego de saludar a las autoridades universitarias presentes, pasó a indicar que la agenda del día solo tenía un punto para ser tratado y que como ya todos los presentes conocían el borrador del papel de trabajo que se les había entregado con antelación, daba por hecho que no habría mayor discusión para la aprobación de ¨La Normativa de Educación Multimodal” propuesta por su despacho, con la finalidad de agrupar los diferentes modelos educativos, en este caso, relacionados con los semipresenciales y los no presenciales como son los modelos a distancia, abiertos y mixtos.

Al abrirse el derecho de palabra, la sonrisa del ministro se transformó en una mueca de disgusto, al ver y escuchar como los rectores de UCV, ULA, UDO, UNEXPO, UPEL, UNIMET, UNET, UCAB y UCLA, todas pertenecientes a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU, intervenían para hacer las observaciones de rigor al documento presentado. Basandon sus observaciones en criterios constitucionales y jurídicos y dejando claramente expuesto que a pesar de tener coincidencias con algunos de los elementos señalados en ese documento normativo, no menos cierto es, que también allí se presentan artículos inconstitucionales que violan flagrantemente la autonomía universitaria.

Los rectores fueron enfáticos en señalar que en el Artículo 1 de la normativa se establece como objeto del instrumento “normar la organización, estructura y gestión de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria”, lo cual es una significativa violación al Artículo 109 de la Constitución Nacional, que “Consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.

Por otra parte, en el documento presentado por el ministro se evidencia claramente la intención de asignarle una serie de tareas y responsabilidades a las universidades sin que

exista el compromiso o la obligación del Ministerio de Educación Universitaria para aportar los recursos presupuestarios para el cumplimiento de dichos objetivos. Esto afectaría particularmente a las universidades de gestión pública, las cuales dependen económicamente del Estado venezolano para la consolidación de una plataforma tecnológica acorde con las necesidades del caso.

Pero donde quedo manifiestamente expresado el intervencionismo del régimen, fue en los Artículos 33 y 35 de la referida normativa. En el primero de los nombrados, se establece que el costo de los cursos en esta modalidad (Diplomados, Maestrías, Doctorados o Postdoctorados deberá ser aprobado por el CNU, mientras que el 35 señala que las universidades deberán pagar un 10% de sus ingresos por este concepto a la Secretaría Permanente del ministerio. En ese articulado, quedó plasmada una vez más la agresión intervencionista del régimen, en este caso, contra la autonomía administrativa del sector universitaria al pretender normativamente “martillar” o “cobrar peaje” para apropiarse arbitrariamente de los ingresos propios de puedan generar las universidades en la aplicación de un sistema de educación multimodal, violando de manera descarada las disposiciones contempladas de la Ley de Universidades, que dan marco jurídico a la autonomía administrativa para lo relacionado con los ingresos propios del sector.

Lejos de preocuparse por la crisis que atraviesa la universidad venezolana, con el cerco presupuestario, la violación permanente de su autonomía, el progresivo deterioro de la planta física, los salarios de hambre de los obreros, empleados y docentes, la inexistencia de un programa de atención social integral a los estudiantes y la inexistencia de un plan de vacunación, el ministro Trompiz está solamente interesado en raspar la olla de los ingresos propios del sector con su proyecto de “Normativa para el Martilleo”

Al final, de la reunión los rectores de las universidades nombradas al inicio de este escrito salvaron su voto y los “rectores” revolucionarios agrupados en la Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol) con su puño izquierdo en alto rodearon al ministro y aprobaron la normativa gritando la consigna “En revolución no hay autonomía”.

Envalentonado por el apoyo brindado por los “rectores” revolucionarios, el ministro antes de retirarse del salón de reunión les dijo en voz alta a los que salvaron sus votos “que entre las atribuciones del CNU se encuentra destituir rectores, nombrar autoridades interinas y decidir sobre la destitución de miembros de los Consejos Universitarios” y se fue pensando en cuanto iba a recibir su despacho a fin de mes cuando “baje de la mula”, con el 10%, a las universidades.

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Ignacio Avalos Gutiérrez

La agricultura fue la base de todas las civilizaciones hasta la llegada del capitalismo moderno. Francis Bacon figura destacada entre los filósofos que se ocuparon de la Primera Revolución Industrial, escribió que partir de ella se gestó en Inglaterra la "ideología de la dominación de la naturaleza", entendida como “soporte de un modo de producción”. Como veremos en las próximas líneas, de aquellos polvos nos vienen estos lodos que ahora nos agobian.

Parece que se prenden las alarmas

Hace alrededor de medio siglo, expertos de distintas partes agrupados en el denominado Club de Roma, publicaron un libro, “los Límites del Crecimiento”, que mostraba la peligrosa (y hasta neurótica) relación que guarda el proceso productivo con la degradación de la naturaleza, señalando que si el incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía de acuerdo a la tendencia que venía mostrando en los últimos tiempos, el Planeta Azul se haría inviable en alrededor de 100 años (ojo: ya pasaron cincuenta). Pero tal diagnóstico no parece haber generado el temor suficiente como para que se asumieran medidas efectivas, de manera, pues, que el PIB continuó engordando a sus anchas, particularmente en algunos países.

En la misma dirección, bastante después de esta alerta inicial, desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), fundado en el año 2001, se describió el empeoramiento de los diversos problemas ambientales que confrontaba el mundo. Huelga señalar que su mensaje tampoco alcanzó para a presionar la adopción de las políticas requeridas. En suma, el peligro no se veía tan peligroso, como si se tratara apenas de algunas hipótesis, de amenazas muy lejanas o de algunas apreciaciones equivocadas de los propios científicos.

En su más reciente comunicación, el citado Club de Roma fortalece sus evidencias y hace más explícitos los costos que implica dejar que las cosas sigan como van. Por otra parte, el Secretario General de la ONU declaró que en su más reciente estudio, el IPCC muestra que no hay duda de que se nos acorta el tiempo de manera dramática.

Es extenso el inventario de pruebas que expone éste último. Incendios incontrolados, inesperadas inundaciones, olas de calor, sequías de duración cada vez mayor, pérdida de la biodiversidad, factores a los que se suma un amplio etcétera, cuyo origen es el ser humano, por su manera de relacionarse con la naturaleza. Gutérrez se refirió a este informe como un Código Rojo, subrayando que se trata de un problema que es responsabilidad de todos, lo que supone, entonces, mejorar en gran medida la institucionalidad encargada de la gobernanza mundial e implica, además, la necesidad de que los terrícolas se perciban como integrantes de una misma especie, lo que no parece fácil de lograr si le damos un vistazo a lo que ocurre en este momento

La transición energética

En el marco anterior y en sintonía con los postulados fundamentales del Acuerdo de París suscrito en 2015 y al cual se han adherido más de 180 países, se estimulan las iniciativas que han venido dándose en el marco de la “transición energética”, impulsando la generación de las energías limpias (agua, sol, viento, biomasa), con el propósito de sustituir las energías fósiles (petróleo, carbón, gas), cuyo impacto ambiental es enorme, una estrategia en la que se encuentra alineada la Agencia Internacional de la Energía con su reciente propuesta de no autorizar nuevos proyectos de explotación de yacimientos de petróleo y gas natural, ni tampoco nuevas minas de carbón.

La cuestión no es, entonces, averiguar cuantos barriles guarda la tierra en sus entrañas para seguir alimentando la expansión desmedida del aparato productivo. El tema es, por el contrario, su abundancia con respecto a la capacidad de digerirlo sin comprometer la sobrevivencia humana. Tenía razón, así pues, el Jeque Yamani, quien fue Ministro de Energía de Araba Saudita, cuando hace mucho tiempo sostuvo que “La Edad de Piedra no se acabó por falta de piedras, así como la del petróleo no acabaría por falta de petróleo.”

La transición energética va de la mano con la modificación de las premisas que vertebran el modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí e igualmente con la necesidad de entender que al PIB hay que ponerlo a dieta, acompañándolo de termómetros que calibren otros aspectos del desarrollo. En el mismo sentido, pero desde una visión un poco más amplia, hay que echar mano de una ciencia interdisciplinaria que contribuya a crear nuevos vínculos entre la vida humana y el medio ambiente, en un contexto globalizado en el que nada nos resulta lejano ni ajeno. Menuda tarea la que nos espera, por eso no extraña que algunos sugieran que lo más conveniente sería colonizar Marte

Venezuela envuelta en una ¿paradoja?

A pesar de que, obviamente, nos incumbe de manera significativa, el cambio climático apenas figura en un rinconcito de la agenta política nacional, copada casi por completo por la crisis que nos rodea, escondida tras los problemas más inmediatos más urgentes, los que circundan la vida cotidiana de la gente de a pie.

Ciertamente Venezuela encara un complicado escenario. El país lleva un largo tiempo jugándose su destino en el petróleo, atento a los vaivenes del mercado, rogándole al cielo que no se hundan los precios. Es ésta, desde luego, una apreciación demasiado general que pasa por alto los no pocos e importantes resultados obtenidos en la diversificación de nuestra estructura económica, aunque no fueran suficientes para sacar al país del rentismo, o sea, su zona de confort

En este momento el país se encuentra ante en un escenario especial, trazado por su condición de productor y exportador de combustibles fósiles. Como sostienen varios especialistas, la cuestión es si el tiempo alcanzará (lo estiman entre 10 y 20 años) para recuperar la industria petrolera – hoy en día muy venida a menos -, antes de que el reloj indique el final uso de combustibles fósiles. Simultáneamente tendrá que surfear durante la transición energética y comenzar a construir una sociedad con un menú más amplio y variado en lo atañe a sus capacidades productivas, todo ello montado sobre en un escenario perfilado por rápidos y profundos cambios tecnológicos.

En fin, hay que aprovechar los recursos petroleros de manera tal que el futuro del país sea posible sin ellos. Parece paradoja, pero no es.

El Nacional, miércoles 24 de agosto de 2021

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