Una estafa es un delito que consiste en obtener una ganancia mediante el engaño. Es decir, generar riqueza haciendo abuso de la confianza de alguien o mintiendo. Moisés Naim escribió un artículo cuyo llamativo título es ¿Cuál es mayor estafa del mundo? La educación (https//www.eluniversal.commx/opinión/moises-naim/cual-es-la-mayor-estafa-del-mundo-la-educacion).

En el mismo describe la asimetría que existe en los resultados educativos entre los países ricos y los pobres. En estos últimos ha aumentado la escolaridad, pero los resultados son deficientes y las causas, admitimos con Naim, son complejas y posiblemente distintas, de acuerdo a cada país. Aquellos que hemos estado vinculados por muchos años en la educación universitaria, conocemos las carencias con las que ingresan a la universidad los más pobres, que es una fracción pequeña, porque la mayoría no llega a la educación superior Así, cuando grupos de opinión como Nueva Universalia trata de contribuir a mejorar las universidades, están conscientes que el tema de la educación es mucho más complejo que el correspondiente a la cúspide del mismo.

De lo que no estoy muy seguro, en lo que corresponde a la educación en el sector público, es que la estafa sea el único delito que se comete o el que explique que un niño vaya a la escuela a aprender y salga de ella sin los conocimientos ofrecidos. Es posible que en el fracaso educativo nacional existan otros delitos, entre ellos prevaricación, cohecho y malversación.

Cuando un funcionario aprueba y ubica en el cargo de maestro o director de una escuela a una persona a sabiendas que es incompetente, es sin duda prevaricador y si además recibe algún favor, monetario, partidista o sexual, está practicando el cohecho. ¿Cuál es el delito que comete un gobernante cuando aprueba un presupuesto insuficiente para pagar salarios que garanticen la existencia de maestros competentes o la construcción de instalaciones educativas adecuadas? Sin ser abogado ni docto en materia legal, pareciera que comienza por una oferta engañosa, la tiñe con prevaricación, tolera el cohecho y obliga a la malversación.

Con respecto a éste último delito, que en nuestra legislación consiste en utilizar recursos aprobados para un concepto en otro diferente, recuerdo un dilema interesante: un funcionario que quería desarrollar la biblioteca hizo una solicitud de crédito adicional. La misma tenía dos componentes, los libros y los estantes. En su ignorancia o en un acto de prevaricación, los congresistas aprueban los estantes y no los recursos para los libros. El funcionario decide adquirir los libros con los recursos asignados a los estantes y comete el delito de malversación, pero nadie lo acusa por no querer pasar por idiota. Pero otro funcionario, obediente, compra los estantes que eventualmente se convertirán en refugio para arañas o cucarachas, porque tampoco se contemplaron en el presupuesto artículos de limpieza.

Tampoco es extraño que se apruebe un plan de alimentación escolar, pero que en la escuela no exista cocina, cocinera, gas, platos, cubiertos o agua corriente para que los niños se laven las manos o se limpien los artículos empleados en la alimentación, si es que estos existen.

También me pregunto: ¿Cuál es la designación formal para el delito de construir escuelas lamentables en diseño, ubicación, estructura y servicios, cuando la población objetivo es muy pobre? Recuerdo un párrafo en una reflexión sobre el genocidio que reza así: “La no-evitabilidad de lo que pasa es debido a la no-voluntad y la no disponibilidad a cambiar comportamientos sociales y económicos que apuntan a mantener los privilegios y los intereses de unas minorías que se atribuyen el poder no juzgable de decidir cuáles son las vidas que tienen el derecho a ser vividas y defendidas indefinidamente, declarando así explícitamente que existen grupos humanos inferiores, no-humanos, no sujetos al derecho fundamental a la vida y a la dignidad.”*

En el mejor de los casos se trata de gobiernos pauperofóbicos, odian a los pobres ya que los hacen preservar su condición.

Una vez visité un pueblo que tenía por escuela un horrendo galpón con techo de zinc cuya temperatura interior, que medí con un buen termómetro, era de 48,5 centígrados a las 11 de la mañana. El local era tan malo que hacía imposible generar en los niños la percepción de un horizonte distinto y mejor, ya que jugar a la sombra de algún árbol frondoso, parecía y era más saludable.

Pero además, en el caserío no vivía ningún maestro y el abnegado titular del cargo recorría en motocicleta 35 kilómetros para acudir a su trabajo. Obviamente no iba todos los días, los martes atendía un negocio familiar para redondear su miserable salario y a veces faltaba una semana ya que su ingreso no le permitía adquirir un neumático o reparar alguna pieza de su vehículo y cuando eso ocurría, debía esperar que alguna madre hiciera una colecta entre las restantes, todas muy pobres, para adquirir el repuesto requerido.

Cuando un gobierno destina el 4 o 5% de su presupuesto a la educación a sabiendas que una proporción elevada no se traducirá en conocimientos básicos ¿comete una estafa o desencadena una cadena compleja de otros delitos? En mi opinión, muchos más ya que, entre otras cosas, está condenando a la miseria de por vida a niños que nada aprenden y estimulando un componente de la violencia y el crimen, que es el desempleo crónico.

Este párrafo es un ejercicio ilustrativo de ficción. En el mundo se destinan 1.450.000.000.000 de US$ (2,2% del PIB) al mantenimiento de ejércitos (Wikipedia, 2021 y Banco Mundial), mientras invierte el 4,5% del PIB en educación (Banco Mundial, 2021). Con el 10% del gasto militar 145.000.000.000 se podría generar una revolución educativa mundial al destinar 1.450 US$ por niño y año para atender a 1.000.000.000 de niños, eso sí, siempre que la inversión tenga objetivos nítidos y ejecución responsable y honesta.

Para dar una idea de la inversión por niño señalaremos que oscila entre 280 y más de 6.000 US$ de acuerdo con el país. En Venezuela el ingreso de un maestro, salario + bonos, no llega a US$10 mensuales, en Finlandia supera los 5.000. Pero, no es gratis, hay que ser muy competente para ingresar al sistema y someterse cada tres años a una rigurosa evaluación.

Existen delitos subyacentes en la relación de muchos gobiernos con gremios, promociones y en la prevaricación de contratar maestros con sueldos miserables con la certeza que, por mal preparados o por tratar de sobrevivir con empleos complementarios, no se ocuparán, como es su obligación, de dar buena educación a sus alumnos.

Pero al final, coincido con Naim cuando usa la palabra estafa, ya que cuando los ciudadanos pagan un impuesto, el gobierno los engaña señalando que esa porción de su riqueza será empleada en la formación de personas competentes y no desviada hacia destinos inconfesables. Ahora la pandemia profundiza las diferencias ya que la educación a distancia tiene un costo que no todos pueden pagar o la misma es imposible por carencias o fallas recurrentes de servicios como electricidad o Internet.

*Tognoni, G., 2021: ¿Las muertes y enfermedades como expresión moderna del genocidio? (https://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%BFlas-muertes-y-enfermedades-como-expresi%C3%B3n-moderna-del-genocidio)

"La globalización implica la emergencia de nuevos poderes que trascienden las estructuras estatales".

Ignacio Ramonet

Antes de profundizar en el análisis del tema, es necesario aclarar que la globalización no es un fenómeno de reciente aparición. Aunque no hay un evento particular que inicie el proceso de globalización, si se pueden diferenciar sucesos que le fueron dando impulso, favoreciendo su desarrollo.

Entre esos sucesos destacan, a manera de importantes ejemplos, entre otros, la expansión del antiguo imperio romano y la llamada “Era de los Descubrimientos”, centrada en tierras de África y Asia, y que permitió, para el mundo europeo, el descubrimiento del continente americano. Todos estos casos implican las conquistas territoriales con fines de dominación, de explotación de recursos y comercialización.

Las potencias dominantes pudieron también obtener relevantes ventajas, en cuanto a conocimientos se refiere, como el acceso al concepto numérico del cero y el proceso de fabricación de la pólvora, que permitió la invención de las armas de fuego; así como de los pueblos dominados a las ventajas que representan las grandes culturas, como los conocimientos para la producción y comercialización de productos y bienes de consumo, entre otros. Aunque no necesariamente se compensa el sometimiento a los intereses de los países más desarrollados.

La globalización se caracteriza por la influencia de los países desarrollados más poderos, políticamente más influyentes, y la ventajosa posición de las grandes empresas que tienden a dominar los mercados internacionales, en defensa de sus intereses particulares; que también suelen hacer inversiones en los países menos desarrollados, para acrecentar su eficiencia operativa.

A partir de la Revolución Industrial, iniciada a mediados de la segunda mitad del siglo XVIII, la mecanización de los procesos productivos y el avance en las técnicas de comercialización y mercadeo produjeron importantes transformaciones en el orden de las relaciones económicas, las mayores ocurridas hasta ese entonces, lo que provocó grandes cambios y causó un desmesurado impulso y profundización del proceso general de la globalización y de la importancia de las grandes compañías internacionales.

La globalización no solo se manifiesta directamente en los aspectos tecnológicos, de comercialización y manejo gerencial de la economía; su influencia también permea los aspectos culturales, las interrelaciones sociales y, particularmente, la actividad política.

En los últimos tiempos, cuatro factores han afianzado y potenciado el proceso de globalización generalizada:

1. La apertura de mercados nacionales al libre comercio.

2. La eliminación de regularizaciones locales que ponen trabas al libre intercambio comercial a nivel internacional.

3. La formación y consolidación de grandes, empresas multinacionales.

4. Los grandes avances en los sistemas de comunicación terrestres y aéreos, así como en la telefonía y tecnología satelital.

Lo realmente feo y preocupante de la globalización es que lo que puede estar por venir podría ser peor que lo que ya hemos sufrido con sus aspectos negativos. En la universidad, nuestro profesor de Economía Agrícola, en su primera clase, nos recalcó: “El que tiene el poder político suele aspirar al poder económico, y el que tiene grandes intereses económicos busca el poder político para proteger sus inversiones”. Esta visión de las relaciones del poder económico y el político parece confirmarse en el planteamiento de la búsqueda de lo que se conoce como el “Nuevo Orden Mundial”.

Desde hace décadas se han incrementado los planteamientos y discusión sobre una supuesta conspiración de factores políticos y económicos interesados en el establecimiento d un Nuevo Orden Mundial, destinado a lograr un gobierno universal unificado; por supuesto, controlado por destacados poderes políticos y económicos, entre los que destacarían grandes consorcios comerciales internacionales, políticos de gran relevancia mundial y poderosas naciones con aspiraciones hegemónicas; también reconocidos e influyentes multimillonarios partidarios de este tipo de causa política, a la que suelen destinar cantidades elevadas de dinero. Se suele señalar al neoliberalismo como sustento y eje de este planteamiento de dominio político económico. Se cree que, de alguna manera, incluso podrían estar involucradas organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Sería éste un régimen de poder dominado por un número muy reducido de individuos y organizaciones con capacidad de acumular mucho poder y disponer de abundante capital, con pocas posibilidades de interferencia por persona u organización alguna.

No se han presentado pruebas definitivas de la existencia real y alcances de esta teoría de la conspiración de poderes; pero si hay indicios importantes y concordantes que no nos permiten desechar su existencia, al menos hasta un cierto nivel de amplitud y posibilidades.

Profesor UCV

Hace pocos días fue nombrada una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el paraguas de un acuerdo, que, si bien no fue integral, si conto con la participación de algunas organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como de algunas instancias a nivel internacional. Un acuerdo, digo, que ciertamente no fue lo variopinto que debiera, pero que resulta un hecho nada menor en un país que apartó esa palabra de su diccionario político, aún en estos tiempos de pandemia que obligan al consenso y a la solidaridad.

Aguacero en la oposición

El nuevo CNE no es, desde luego, aquel cuya imparcialidad queda establecida claramente en nuestras normas. Sin embargo, en medio de las circunstancias tan hostiles que pautan la política venezolana, atrapada por al autoritarismo gubernamental y la debilidad opositora, insólitamente destejida, es, seguramente, el mejor CNE posible. El ex Rector Vicente Díaz, quien sabe de estos asuntos, opinó que esta directiva es la más imparcial que ha tenido el organismo durante los últimos veinte años.

Obviamente, lo anterior generó una tormenta en la oposición. Una parte importante de ella desconoce su designación y estima que con ese árbitro no se puede llevar acabo un proceso eleccionario. Alega, en particular, que se han incumplido las leyes y por supuesto no reconoce como de su lado, a los rectores escogidos como opositores. La nuez del asunto es, entonces que, dado el perfil no democrático del gobierno, las elecciones significan un salto al vacío.

El humor político del país.

De un buen tiempo para acá, las encuestas más fiables, al igual que la percepción de cualquiera que vaya por la calle, recogen el mal humor político de los venezolanos. Una mayoría determinante de ellos, en torno al 80%, no oculta su malestar, por calificarlo de manera suave, con un gobierno arbitrario, con poco respeto por la institucionalidad, copia, dicho sea de paso, de un populismo que, bien sea de derecha o de izquierda, abarca a una gran porción del planeta, forzando a repensar la democracia, a la luz de las complejidades de la época actual.

Autoritario, dije, pero a la par muy desatinado, sin brújula, al momento de encarar las dificultades nacionales, dejando en muchos la sensación de que efectivamente estamos mal, pero y (ojalá que no), vamos peor, según habría dicho el recordado Teodoro Petkoff. En fin, lo cierto es que los indicadores que trazan nuestra situación son lamentables y han hecho de la vida de los ciudadanos una cuestión que bordea la sobrevivencia, no en balde más de cinco millones de ellos han preferido irse a otra parte.

Los datos dejan ver, así mismo, un enorme desinterés respecto a la política, al igual que por sus dirigentes y partidos más importantes, sea cual sea su inclinación. En ambos casos el desgano se manifiesta en cifras de respaldo muy bajas, de apenas un solo digito. La única figura que sobresale es la de Hugo Chávez, presente en la memoria colectiva, endulzado por la nostalgia que, como se sabe es mentirosa y en este caso pasa por alto que a su gestión se le empezaron a ver las costuras, al bajar los precios del petróleo. Por otro lado, casi nadie ve, ni lejanamente, una réplica de él en el liderazgo del chavismo-madurismo.

Aprovechar la rendija

Si se me permite una afirmación general, que puede ser injusta en algunos casos, el agobio del venezolano no es un tema que encuentre presente en la agenda de nuestra dirigencia política. Para su tragedia no hay una propuesta que despeje el horizonte. Huelga advertir que en tal escenario, las elecciones lucen casi una extravagancia y el voto se mire como un acto inútil.

Sin embargo, el nuevo CNE es una noticia positiva. Representa un respaldo, no suficiente, pero tampoco desdeñable, a la institucionalidad electoral. Es una buena señal y habrá que cuidar que la misma sea respetada en el resto del camino que queda por transitar. En lo que concierne a lo específicamente electoral, esta pendiente la tarea de fijar un cronograma para los comicios, reestablecer el derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos, la habilitación de los líderes opositores, la observación electoral (nacional e internacional), las auditorías técnicas y la actualización del Registro Electoral, prestando cuidado especial al voto de los venezolanos que se hallan en el exterior.

Pienso que la oposición debe presentarse unida (y organizada) a la cita electoral, consciente de que hay, reitero, un arbitraje más equilibrado (más potable preferirían decir algunos), pero reconociendo que lo decisivo es entender y convencer a una colectividad que aspira a un cambio y no la identifica como opción. Seria pasar de ingenuos creyendo que el gobierno se la va a poner fácil, pero como se aprende en el deporte, el rival no se escoge. Y con una participación masiva no hay referí capaz de alterar los resultados y anular la victoria del que triunfe.

Según Perogrullo, quien suele tener razón, la clave es que se presente unida en las urnas, mostrando en los hechos que vale la pena votar.

¿Qué diría Einstein?

Con el debido respeto a Guaidó, desde su juramento como Presidente son muy pocas las cosas que se han modificado. La ruta escogida, mantenida con algunas variantes por varios años ha puesto en evidencia que por esa vía no es. Han faltado nuevas ideas y la abstención y la falta de unidad han permitido que se realicen procesos electorales con un juez totalmente parcializado y prácticamente sin que el gobierno tenga rival.

Se debe provechar esta grieta electoral, es una ventana de oportunidad. Obvio que este itinerario no es el único ingrediente del menú político, pero en este momento es el que se encuentra en la carta y cabe apostar que a ciencia cierta ira mostrando la posibilidad de que se den otras iniciativas. Hay, así pues, que recuperar la política a partir de la realidad, no de un discurso que no la evade.

En suma, palabras más, palabras menos, Einstein recomendaría no hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados.

El Nacional, miércoles 12 de mayo de 2021

Editorial

En su intervención de ayer martes, en la que invocó la necesidad de un acuerdo nacional para resolver la grave crisis por la que atraviesa nuestro país, Juan Guaidó señaló que era necesario buscar soluciones realistas y viables para recuperar la democracia y que para lograrlo se requiere negociar, pero no de cualquier manera, sino con la participación de todos los venezolanos, apoyados por la comunidad internacional, y que esta no se convierta en otro esquema gatopardeano, en el que se de la ilusión de un cambio para que todo permanezca igual.

Guaidó dejó muy clara la idea de que Venezuela requiere un acuerdo de salvación nacional que debe darse entre las fuerzas democráticas del país, el régimen y la comunidad internacional, y que eso se lograría si se establece una convocatoria de elecciones libres presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, con observación y respaldo internacional.

Además hizo énfasis en que se requiere una masiva ayuda humanitaria y un amplia campaña de vacunación contra la Covid-19.

También es indispensable que haya garantías democráticas para todos los actores, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo por el otro, con mecanismos para iniciar la reinstitunalizacion del país; la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados, y algo muy importante, la necesidad de establecer una justicia transicional.

Un punto importante de su intervención fue que se deben suministrar incentivos y garantías al régimen, que pudieran llegar a la eliminación progresiva de sanciones, siempre y cuando cumplan con los términos establecidos en el acuerdo.

Tendió puentes a los otros líderes opositores para que puedan medirse, pero observó que, sin un acuerdo unitario, el régimen hará lo que sea para seguir dividiendo a las fuerzas democráticas, dejando entender que esta propuesta que presenta al pueblo venezolano tiene un alto respaldo de la comunidad internacional.

Es la hora de que los venezolanos pensemos en cómo construir un mejor futuro y poner a un lado las luchas intestinas, que no nos han dejado sino división, frustración y desesperanza.

Creemos que la propuesta de Guaidó es razonable y vale la pena apoyarla, esperando que el régimen no la estropee de nuevo posteando la mesa. Esto si es un paso al frente, que va mucho más allá que el nombramiento de un nuevo CNE, porque se dirige a todos los venezolanos sin exclusión.

Es fundamental que América participe en el debate de esta propuesta en el Parlamento Europeo y evidencie las consecuencias negativas que puede tener el Pacto Verde para las agroexportaciones, así como los logros que la región ha alcanzado en el camino hacia una agricultura más sostenible.

CropLife Latin America reconoce y comparte la necesidad de acelerar las acciones en nuestra región en beneficio de los actuales retos ambientales relacionados con el cambio climático, los riesgos a la biodiversidad y a la inseguridad alimentaria. La participación de los países de América Latina en los múltiples acuerdos multilaterales sobre estos temas permite lograr nuevas oportunidades desde nuestra vocación como proveedores de alimentos y otros productos agrícolas, al tiempo que responde al cambio climático y al mandato imperativo de conservar la biodiversidad.

Como región líder en producción de alimentos y otros productos agrícolas, los países de América Latina, de acuerdo con sus posibilidades, llevan años fortaleciendo sus políticas y regulaciones para que la sostenibilidad agrícola en la región avance al lado de la ciencia y genere productos agroalimentarios cada vez más demandados a nivel global1, lo cual evidencia que la agricultura será uno de los principales motores para la recuperación económica postpandemia de la región. Al mismo tiempo, estas cifras evidencian mejor el acceso a nuevas y mejores tecnologías, que contribuyen a aumentar su productividad, inocuidad y sostenibilidad. Como región altamente biodiversa y rica en recursos hídricos y forestales, América Latina está singularmente posicionada para contribuir a los objetivos globales en sostenibilidad ambiental y conservación de especies.

Sin embargo, este progreso puede verse amenazado luego del anuncio de la Comisión Europea (CE) en diciembre de 20192, de su propuesta de política ambiental denominada Pacto Verde, que es una respuesta a los compromisos internacionales de tratados y convenios sobre cambio climático y a otros desafíos ambientales. Como parte de esta política macro, la CE presentó en mayo de 2020 dos documentos de estrategia, el primero llamado From Farm to Fork (De la Granja a la Mesa)3, que busca fomentar en Europa la transición hacia un sistema de producción alimentaria más sostenible y, el segundo llamado Bringing nature back into our lives (Reintegrar la Naturaleza en Nuestras Vidas)4, que es la estrategia de conservación y recuperación de la Biodiversidad. A primera vista, la política Pacto Verde Europeo junto con sus estrategias buscan demostrar cómo transformar las industrias para enfrentar los retos climáticos y de biodiversidad en el planeta. Como parte de estas estrategias la CE propone reducir el uso de plaguicidas en un 50% antes de 2030 y utilizar su capacidad diplomática y económica para que sus socios comerciales hagan lo mismo. Esto supone la pérdida de tolerancias de importación, por no estar autorizados ya en Europa, de cientos de productos de protección de cultivos que se utilizan actualmente por los agricultores y agroexportadores. Según un análisis del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las consecuencias de adoptarse estas políticas en regiones fuera de la Unión Europea serían dramáticas en términos de aumento del precio de alimentos (hasta un 89%) y pérdida del bienestar social hasta en 1 trillón de dólares a nivel global5.

Desde CropLife Latin America, como asociación gremial regional que representa a las compañías líderes en ciencia y tecnología, trabajamos con nuestra red de asociaciones nacionales para informar y alertar a gobiernos, agricultores, universidades y público en general sobre el impacto negativo del Pacto Verde en la región. Es fundamental que América participe en el debate de esta propuesta en el Parlamento Europeo y evidencie las consecuencias negativas que puede tener el Pacto Verde para las agroexportaciones, así como los logros que la región ha alcanzado en el camino hacia una agricultura más sostenible.

Desde CropLife Latin America continuamos impulsando las Buenas Prácticas Agrícolas, que incluyen el uso responsable de las tecnologías, y apoyamos la construcción de capacidades institucionales para consolidar sistemas de registro y control de los agroquímicos acorde a la llegada y adopción de las nuevas tecnologías.

1Agricultural exports from Latin America increase by 8.5%, while total foreign sales drop by 30%. Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, 2020. https://iica.int/en/press/news/agricultural-exports-latin-america-increa...

2Comunicación de la Comisión: El Pacto Verde Europeo. Comisión Europea, 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC06...

3De la granja a la mesa. Nuestros alimentos, nuestra salud, nuestro planeta, nuestro futuro. Comisión Europea, 2020. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-d...

4Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. Comisión Europea, 2020. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-d...

5Beckman, Jayson, Maros Ivanic, Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano, and Sara G. Scott. November 2020. Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=99740

12 de mayo 2021

CropLife Latin America

https://www.croplifela.org/es/actualidad/articulos/pacto-verde-europeo-y...

Toda la historia de América se resume en la de dos islas de la costa venezolana: Cubagua y Margarita. Por ellas pasaron durante siglos lo mejor y lo peor del descubrimiento y colonización del continente. Personajes como el pirata Francis Drake esparciendo dolor y muerte, el criminal Lope de Aguirre asesinando inocentes, gobernadores miserables y cobardes como Cristóbal de Ovalle que se hacían los muertos para no luchar, valientes y generosos como Juan Sarmiento de Villandrado, que falleció batallando contra fuerzas muy superiores o frailes, como Bartolomé de las Casas, que intentaban poner paz sin éxito, pisaron sus playas y bosques y protagonizaron con exactitud milimétrica el devenir que estaba a punto de llegar a las Indias. El ensayo De mucho más honor merecedora. Doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la isla de las perlas, del periodista Daniel Arveras (Madrid, 49 años), recrea, a través de una amplia documentación, el relato de estos micro mundos insulares.

La historia moderna de Margarita y Cuabagua comienza el 15 de agosto de 1498 cuando Cristóbal Colón toma posesión de ellas. Pero Cuabagua, que en lengua nativa significa el “lugar de los cangrejos”, poseía una característica que desató la codicia de los recién llegados: sus aguas acumulaban un inmenso tesoro de perlas.

La relación entre españoles e indígenas comenzó bien. Los primeros ofrecían a cambio de los preciados aljófares todo tipo de baratijas. Los indios buceaban unos pocos metros, sacaban fácilmente las ostras y recibían a cambio espejuelos, peines, cascabeles o cerámicas. Pero la noticia pronto llegó a Castilla: se habían descubierto grandes ostrales que parecían inagotables y que podían hacer la competencia a los asiáticos. El rey Fernando se consideraba enormemente afortunado: las perlas le servirían para pagar las múltiples deudas del reino.

Una avalancha de castellanos, flamencos y alemanes pidió licencia entonces para explotar las granjerías, como las denominaban. La Corona requería cada vez más aljófares a los agotados indígenas y firmaba sin cesar los permisos de explotación. “La apertura de las pesquerías a quienes obtuvieron la oportuna licencia para ello”, escribe Arveras, “incentivó una mayor e intensiva explotación de los naturales en estas labores. Del intercambio pacífico y voluntario de los primeros tiempos se fue pasando al abuso y a la esclavitud de los indios de diferentes latitudes, especialmente de los lucayos traídos de las Bahamas y de los cunamagotos de la costa próxima”. Estalló la rebelión.

En 1520, el capitán Ocampo organizó una armada “para pacificar la zona y dar un escarmiento a los alzados”. Lo logró. Pero un año después, arribó a la isla fray Bartolomé de las Casas en calidad de protector de los indígenas. Para ello, creó un asentamiento agrícola donde “prometía concordia con los naturales, intercambios pacíficos y evangelizaciones”. Como Ocampo pensaba que todo aquello era un inmenso error, le pidió al fraile que dirimieran sus disputas en la Audiencia de Santo Domingo. Y allí se fueron ambos. Cuando volvieron con la decisión de los magistrados, los indios habían matado a todos los pobladores que había traído el religioso. Más guerra.

En 1529, la Corona intervino. Prohibió taxativamente la esclavitud de los indios, “como súbditos de Castilla que eran”, y, mediante una cédula real, estableció “las temporadas en las que se podía pescar, las horas máximas de trabajo, el descanso, la comida y el buen tratamiento que debían recibir los naturales empleados en dicha actividad”. “La prohibición de la Corona de que no se esclavizara o abusara de los indios iba aplicándose paulatinamente, así que se precisaban otros miles de brazos que, como fuerza de trabajo, los sustituyeran”. Se esclavizó entonces a africanos para hacer el mismo trabajo, ya que estos no estaban protegidos por el rey.

Los indios, conocedores de su nueva situación, reclamaron al monarca, “como hombres libres y súbditos de la Corona”, recoger las perlas libremente “pagando el quinto como los demás señores de las canoas”. El monarca accedió y “mandó que no se les impidiera pescar ni hacerles agravio alguno”. Al final, explica Arveras, “el indio mejoraba su situación con el transcurso de las décadas, mientras el esclavo negro se convertía en pieza clave y casi exclusiva para la continuidad del negocio perlífero”.

“Para entonces, sobre todo en Cubagua, el mestizaje era ya una realidad y las parejas mixtas se multiplicaban. Como ocurrió siempre y desde el principio en las Indias, los españoles no tuvieron reparo alguno ni prejuicios raciales de ningún tipo a la hora de juntarse con las mujeres que habitaban los territorios que iban descubriendo y poblando. Los casos de amancebamiento y bigamia se produjeron en abundancia en aquellos primeros años, pese a los intentos de los religiosos y de las autoridades civiles de frenarlos”, se lee en el ensayo.

Pero la extracción sin límites de las ostras, entre europeos e indios, puso fin al negocio. Cabagua ya no ofrecía nada, ni tampoco la cercana y más grande Margarita, “que había quedado en una especie de letargo, alejada de aquella fiebre de las perlas sin ser lugar de residencia o asentamiento habitual de españoles”.

El 18 de marzo de 1525, el emperador Carlos concedió licencia al magistrado Marcelo de Villalobos para poblar Margarita con siete de condiciones. Entre ellas, que fundase un pueblo con “veinte vecinos casados y que tengan consigo a sus mujeres”, que llevase dos clérigos, que construyera una fortaleza y que le pagase el quinto real de todas las perlas que obtuviese “sin maltratar ni esclavizar a los indios”. Y entonces sucedió el milagro: se hallaron nuevos y abundantes ostrales en las aguas de la isla.

Pero la muerte repentina un año después de Villalobos, cambió todos los planes. “Es entonces cuando entra en escena con mucho mayor protagonismo su esposa, doña Isabel Manrique, la primera mujer fundamental en esta historia”, escribe Arveras. “Con dos hijas pequeñas, Aldonza, de apenas seis años, y Marcela, de tres, a Isabel le tocaba tomar las riendas de su casa, familia y hacienda en solitario, apretar los dientes y apelar al rey”.

Comienza así una historia familiar que continúa con el nombramiento de Aldonza como gobernadora de Margarita con solo siete años ―la primera mujer criolla gobernadora―, el paso de soldados solitarios por la isla buscando fortuna, la arribada de náufragos, ataques inhumanos del corsario John Hawkins, defensas heroicas de los poblados, prosperidad, hambre, muerte, vida… Y hasta el primer Bolívar que llegó a la actual Venezuela, Simón Bolívar, el Viejo, que en 1584 financió un invento subacuático francés, La tartana, que permitía extraer ostras a mayor velocidad. “Todos estos antepasados [del héroe nacional Simón Bolívar] ocuparon altos cargos en la administración colonial, en las milicias reales, y no descuidaron ampliar sus posesiones en tierras, minas y plantaciones, con abundante mano de obra esclava”, escribió el historiador uruguayo Nelson Martínez, según recoge el ensayo.

El féretro del libertador, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, descansa desde 2013 en un mausoleo junto al Panteón Nacional. “Su féretro está elaborado con madera de caoba y adornado por las célebres perlas de las costas e islas del Caribe venezolano. Las perlas de los Bolívar”, escribe Arveras. Es la historia de América encerrada en dos microcosmos insulares y un ataúd.

9 de mayo 2021

El País

https://elpais.com/babelia/2021-05-10/la-historia-de-america-contada-en-...

El Ministerio Público (MP) no ha tenido empacho en dar un giro de 180 grados en sonados casos de violaciones a los derechos humanos, en lo que parece ser una maniobra para hacer ver que se están procesando a los presuntos culpables de esas violaciones y así evitar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal por crímenes de lesa humanidad, contra altos funcionarios venezolanos.

Lo anterior no es un hecho aislado sino que se enmarca dentro de una estrategia global del oficialismo por presentar una imagen de colaboración con la CPI. Entre los elementos que sustentan esta afirmación están los siguientes hechos: nombramiento de Gladys Gutiérrez como nueva embajadora ante la Corte; publicación del decreto de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ente en cuya estructura están las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), tan cuestionadas por diversos órganos internacionales de derechos humanos; y lectura de un comunicado por el fiscal general Tarek William Saab en una rueda de prensa el pasado 1° de mayo, en el que indicó que había enviado el día anterior un tercer grupo de documentación a la Fiscalía de la CPI informándole sobre el estado de los casos sobre los que esta formuló algunos requerimientos.

El fiscal se refirió al caso del concejal Fernando Albán, de quien en el pasado afirmó que se había suicidado estando bajo custodia; ahora aclaró que fue objeto de un homicidio culposo por sus custodios el 5 de octubre de 2018.

Lo expuesto no debe sorprender, pues forma parte de un engranaje para demostrar que en Venezuela se sanciona a los violadores de derechos humanos y se colabora con la Fiscalía de la CPI, lo cual es su obligación en virtud del Estatuto de Roma.

Sobre el caso de Albán, el funcionario dijo que «En su momento (el Ministerio Público) les imputó a los funcionarios implicados en este lamentable hecho el delito de quebrantamiento de normas de custodia». Sin embargo, después decidió rectificar y «solicitó la nulidad, por observar la violación de garantías fundamentales», así como una «orden de aprehensión contra los dos funcionarios que lo custodiaban por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del delito».

Esta declaración es diametralmente opuesta con lo que dijo el fiscal cinco días después del deceso de Albán, en una rueda de prensa en la que calificó de «montajes» y «medias verdades» a quienes sostenían que la muerte del opositor había sido provocada por sus captores:

«En horas del mediodía, al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Él aprovecha esa circunstancia y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), en Plaza Venezuela y se lanza al vacío».

Donde dije digo, ahora digo Diego

También hubo un cambio en el caso del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete. «Este joven falleció al recibir un impacto con una bomba lacrimógena en el pecho. Aquí se logró la imputación de doce funcionarios (de la Guardia Nacional) por el delito de homicidio preterintencional con grado de complicidad correspectiva», dijo Saab, obviando que esto ya había sido demostrado por el MP durante la gestión de Luisa Ortega Díaz.

«Él fue impactado por un objeto como este. Esto lo impacta: esto es una bomba lacrimógena», dijo la ahora fiscal general en el exilio, menos de un mes después del deceso del joven.

Sin embargo, Saab no validó esa tesis. Así lo admitió el mismo en septiembre de 2017. ¿La razón? Porque la consideraba dudosa. «Descubrimos que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía se usó para alterar pruebas, eso es grave, estamos en etapa de investigación, pero eso es sumamente grave», dijo en una entrevista a la agencia Efe. Casi cuatro años después parece reconocer que su antecesora tenía razón.

Aun así, los cambios de calificaciones de delitos no son suficientes para afirmar que en Venezuela hay justicia; además, en ninguno de esos casos se hace responsable a los mandos superiores sobre esos crímenes, como exige el Estatuto de Roma.

¿Por qué ahora?

Como indicamos, estos anuncios del Ministerio Público no son gratuitos. Al respecto, Ortega Díaz afirmó lo siguiente:

«Reconocer las violaciones a los derechos humanos en los asesinatos de Pernalete, Albán y Acosta Arévalo no busca hacer justicia, sino eximir a los máximos responsables señalados en el examen preliminar ante la CPI. Esto es una muestra de temor porque saben que serán juzgados».

Estas sospechas fueron corroboradas por el propio Saab, quien el pasado 1° de mayo afirmó:

«Hay que recordar que la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma. En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles casos que pueden ser de su competencia no han sido investigados, por el sistema de justicia de un Estado parte».

Según el fiscal, con el solo hecho de investigar un caso se impediría la acción de la CPI, pero ello no es así, pues el Estatuto de Roma determina en su artículo 17, numeral 2, que debe establecerse si tales investigaciones no se hacen bajo los siguientes supuestos, a saber: que la decisión judicial, de ser el caso, no se haya tomado, para sustraer al responsable de la acción de la justicia; que la investigación sufra una demora injustificada; o que el proceso no se haya sustanciado de una manera independiente e imparcial.

Es evidente que todos los supuestos antes descritos se aplican al caso venezolano, donde no se investiga ni a los máximos responsables ni a la cadena de mando, donde los juicios duran una eternidad y se califican de manera incorrecta delitos para favorecer a los responsables.

De ahí entonces que el fiscal afirmase que «ha quedado claro nuestro compromiso a investigar» las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en el país, dejando entrever que el juzgado de La Haya no tiene por qué inmiscuirse. Y como prueba de ese compromiso aseguró que en los tres años y ocho meses que tiene en el MP 1.064 funcionarios y 136 civiles han sido acusados de violar derechos humanos, 540 funcionarios y 30 particulares han sido aprehendidos y se han logrado 133 condenas. Compárense estas cifras con los casos de violaciones de derechos humanos que ocurren cotidianamente en el país. A título de ejemplo, Provea denunció que solo en 2020 hubo 2.853 ejecuciones extrajudiciales en el país. ¿Hay o no impunidad?

El origen de los cambios sobre lo ocurrido en los casos mencionados parece ser que la Fiscalía de la CPI debe anunciar en breve si los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014 y que fueron denunciados por diversas organizaciones no gubernamentales y por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros, serán llevados ante la Corte. De hecho, en noviembre pasado, el despacho de la jurista ghanesa Fatou Bensouda, dijo tener «una base razonable» para creer que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Las maniobras de Saab no deberían repercutir en la decisión del tribunal internacional. ¿La razón? Las acciones del MP se han circunscrito a funcionarios de bajo nivel, a pesar de que la Misión de Determinación de Hechos constató que algunas de estas prácticas no se han podido cometer sin el conocimiento y la anuencia de los altos cargos.

El organismo señaló lo siguiente en su informe, publicado en septiembre de 2020:

«La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión».

En ese sentido, el artículo 28 del Estatuto de Roma señala:

«Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas».

Hablan las familias de las víctimas

El giro de Saab no fue bien recibido por los familiares de Albán, Pernalete ni del capitán Rafael Acosta Arévalo, otro caso en el que las autoridades se han desdicho de su posición original para admitir que fue una víctima de violaciones a los derechos humanos.

En un duro comunicado, los familiares del concejal Albán señalaron lo siguiente:

«Este 1 de mayo de 2021, Saab, cómplice y encubridor de los delitos de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán, presentó en rueda de prensa nueva información sobre el caso; con la única intención de confundir a la opinión pública y pretender engañar a la Corte Penal Internacional; haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán y otras víctimas de la dictadura».

Acusaron además al Ministerio Público de montar «un show mediático».

En términos similares se pronunciaron los padres de Juan Pablo Pernalete, quienes fustigaron los delitos imputados a los militares que habrían participado en la muerte de su hijo. Elvira de Pernalete, madre del estudiante, añadió:

«Hablan de complicidad, como si a nuestro hijo lo hubiese asesinado un tumulto, en un hecho aislado, cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil, en el marco de la criminalización de las protestas».

Por su parte, la Alianza de Familiares y Víctimas de las Protestas Antigubernamentales de 2017 (Alfavic) reclamó de las autoridades una investigación seria y transparente de las más de 100 muertes registradas durante la ola de manifestaciones ocurridas en el país tras las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que anularon a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El giro de Saab parece ser otra demostración de cómo la justicia venezolana no es independiente y en lugar de proteger a los ciudadanos y repararles los daños cometidos por el Estado, sobre todo a las víctimas de crímenes atroces, actúa en función de velar por los gobernantes de turno. Pareciera que solamente busca evitar que funcionarios nacionales se conviertan en los primeros latinoamericanos en tener que rendir cuentas ante la CPI, organismo creado para castigar graves violaciones a los derechos humanos como el genocidio, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución.

La admisión de que Albán y Pernalete murieron por culpa de la actuación ilegal de funcionarios y de que los presuntos responsables serán castigados –aunque esto todavía no ocurre, pues en ningún caso existe una sentencia condenatoria– es un gesto importante pero insuficiente, porque no se trata de hechos aislados.

En Venezuela, desde hace años el Estado ejerce una política de ataque sistemático contra la población, en especial aquella que se opone al Gobierno, tal y como lo han denunciado organizaciones nacionales e internacionales. Esta situación deja en claro que hay otros responsables de estos crímenes que también deben terminar en el banquillo de los acusados.

11 de mayo 2021

https://accesoalajusticia.org/fiscal-se-desdice-en-sonados-casos-violaciones-dd-hh-para-evitar-cpi/