Comienzos

Hace cuarenta años, la mera mención del sintagma sociedad civil causaba una mezcla de desconcierto, malentendido y confusión. Las dos pequeñas palabras servían para detener la conversación. Parecían ultramundanas, fantasmales y estériles: no parecían ni palabras. Eran excepciones. Hablar de sociedad civil tenía un valor de antigüedad para pensadores e historiadores políticos conscientes de que en otra época designaba una entidad política bien gobernada estructurada por leyes, como ocurría cuando la usaban desde filósofos como Aristóteles (koinōnía politikē) hasta escritores políticos europeos de la primera modernidad como Hobbes y Locke, o que aludía a un espacio de asociación para ciudadanos propietarios que vivían en una monarquía constitucional o una república, que era el significado que pensadores modernos posteriores como Adam Ferguson, Hegel y Tocqueville contribuyeron a popularizar durante las convulsiones revolucionarias del periodo de 1750 a 1850. Otra excepción era la forma en que estudiosos y activistas japoneses y latinoamericanos presentaban los argumentos para mantener con vida las ideas de Antonio Gramsci sobre la importancia estratégica de las “fortalezas y casamatas” de la società civile. Pero hasta hace cuatro decenios eran excepciones locales. Cualquier mención del sintagma sociedad civil provocaba un alzamiento de cejas y un silencio confuso. En algunos contextos, la expresión causaba desagrado y rechazo, como en Alemania, donde hasta comienzos de los años ochenta bürgerliche Gesellschaft se entendía como un término con fuertes connotaciones de “sociedad burguesa”, utilizado con propósitos diferentes por Marx y Hegel. El sintagma apestaba y, por eso, en la escena política berlinesa, al final se sustituyó por un neologismo que sonaba mejor, Zivilgesellschaft.

Había también contextos como Checoslovaquia, donde aprendí de primera mano que había cosas que se perdían en la traducción y la gente se quedaba callada porque literalmente no tenían palabras en el diccionario para captar el significado de la sociedad civil. Pero, pese a las dificultades, el término sociedad civil, espolvoreado y espoleado por numerosas fuerzas, se convirtió en lo que los alemanes llaman un concepto básico (Grundbegriff), un término que atraía una gran atención, provocaba controversias públicas en la calle y en el mundo de los periódicos, los libros y los panfletos y, de manera más dramática, que contribuyó a producir resistencia política y convulsiones políticas importantes en varios continentes.

La nueva conversación en torno a la sociedad civil era, en cierto sentido, la resurrección del viejo significado del término de los siglos XVIII y XIX. Preservaba la distinción entre instituciones estatales y el dominio no estatal de la sociedad civil. Pero tenía una nueva potencia marcada por un sentido definido de urgencia que atravesaba las fronteras como nunca antes. Se rompieron sus dolorosos vínculos con la clase media y la propiedad privada. Ayudada por la obra de activistas clandestinos, intelectuales públicos, periodistas, obreros, creyentes religiosos, think tanks, fundaciones filantrópicas y representantes electos de varios continentes, la sociedad civil se convirtió en el grito aglutinador y un arma letal en manos de ciudadanos que se defendían contra el poder arbitrario. Su popularidad en una amplia variedad de contextos era llamativa, incluyendo Rusia, China, Turquía, México y el mundo islámico. Cuando pensamos en esos años, vemos que la sociedad civil tenía un significado común para millones de personas. De manera simple y ecuménica, el sintagma aludía a un vívido mosaico de iniciativas no gubernamentales, redes e instituciones: pequeñas empresas, sindicatos, casas, ciudades y comunidades rurales, clubes deportivos, plataformas mediáticas, lugares de veneración y otras instituciones sociales no gubernamentales, a través de las cuales los ciudadanos, con una medida de autoconciencia, civilidad y valiente autoconfianza, viven su vida, “unos frente a otros”, se transforman “a través de la interacción mutua” (en palabras de Claude Lefort) y resuelven sus conflictos entre sí y con los mecanismos del gobierno que sirven para definir, constreñir y posibilitar sus actividades.

¿Entonces por qué se popularizó el término sociedad civil? De manera especialmente obvia, el sintagma se reveló descriptivamente atractivo. Las palabras parecían adecuadas para designar a grupos socialmente interconectados, asociaciones y redes que operan de forma clandestina, resistencia de las bases al gobierno postotalitario en los regímenes unipartidistas de socialismo de Estado de la Unión Soviética y China. El nacimiento y el florecimiento en catorce meses de la sociedad civil en Polonia (1980-81) mostró que había una realidad que no podía desdeñarse como un asunto “liberal” o “burgués” de clase media. El sintagma describía de forma plausible los esfuerzos de ciudadanos que intentaban derribar dictaduras en América Latina y África. La sociedad civil era un término que resonaba de igual manera con la irrupción de nuevos movimientos sociales como el feminismo, el empoderamiento negro o la política verde. El sintagma también servía como recordatorio de la importancia factual de lo que Karl Polanyi, C. B. Macpherson y otros estudiosos habían enseñado muchos años antes: que un límite básico de los proyectos de privatización a lo Thatcher es que los seres humanos no nacemos como bienes ni vivimos nuestra vida como objetos a los que poner un precio en el mercado. Toda la idea de la sociedad civil reiteraba la observación elemental de que la sociedad existe. Representa un desafío sociológico descriptivo a la afirmación de Friedrich von Hayek de que hablar de “sociedad” y “justicia social” es “absurdo, como el término ‘piedra moral’”. Las comunidades de gente, decía el razonamiento de la sociedad civil, no se forman de manera espontánea, solo regateando entre multitudes de individuos en escenarios de mercado mutuamente beneficiosos y protegidos por la ley y el gobierno limitado. El individualismo metodológico del razonamiento de mercado es un fraude. No lograba entender los múltiples modos en que la gente, libre de la subyugación autoritaria y violenta, se reúne en grupos, asociaciones y redes al margen de los grandes negocios y del poder estatal.

Durante los años 1980 y 1990, la precisión descriptiva del sintagma sociedad civil ayuda a explicar por qué ofrecía ventajas estratégicas. Tenía verdadero potencial organizativo. En Europa Central y del Este, en los márgenes del imperio soviético, el sintagma era una estrofa en la poesía de la resistencia práctica y no violenta al poder total del Estado. Era el tema de la Carta 77, la idea central de Solidarność en Polonia y el idioma de la resistencia local al gobierno unipartidista en varias ciudades de Yugoslavia, y, durante los meses de final de verano y comienzo del invierno de 1989, golpeó las calles, alimentando protestas que culminaron en las llamadas revoluciones de terciopelo que derribaron el imperio de la Unión Soviética. La sociedad civil también se convirtió en un lema del vocabulario de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Amnistía Internacional y otros organismos globales. Ricas organizaciones filantrópicas, como la Fundación Ford y las Open Society Foundations, financiadas por George Soros, se unieron. Contribuyeron financieramente a sostener esfuerzos que buscaban la reducción de la violencia, mayor fiscalización pública y justicia social, y el reconocimiento de los grupos que sufrían discriminación.

La conversación en torno a la sociedad civil cambió definitivamente el pensamiento convencional sobre cómo alcanzar la democracia. Figuraba en el nuevo campo de estudios latinoamericanos acerca de la “transitología”, la cual investigaba el arte de desmantelar las dictaduras militares. Algo similar ocurrió en Europa Central y del Este, donde se consideraba que la democracia requería esfuerzos no violentos para defender una pluralidad de asociaciones de ciudadanos contra el gobierno de los Estados y los efectos corruptores de los mercados. Mucho más que luchas para elecciones periódicas libres y justas, la democracia en la práctica requería esfuerzos estratégicos diseñados para detener todas las formas de poder arbitrario en sus pasos, para poner fin a la humillación, el abuso y la violación de los ciudadanos en cada dominio vital. Probablemente fortalecía este razonamiento una profunda reflexión sobre el significado del poder y el empoderamiento. Por azar, más o menos al mismo tiempo que Michel Foucault subrayaba la necesidad que tenían el pensamiento político y la estrategia política de “cortar la cabeza del rey”, los amigos de la sociedad civil en Europa Central y del Este estaban reimaginando la definición del poder. Que yo recuerde no habían leído a Foucault, y sin embargo sus sentimientos eran más o menos idénticos. “Deja de pensar en el poder como en una entidad fija, como que se encuentra ‘ahí arriba’, como sinónimo de un Estado todopoderoso armado hasta los dientes”, instaban. El poder político no brota en último término de los cañones de ametralladoras, tanques o las pistolas de la policía secreta. Los Estados armados no pueden sentarse en sus bayonetas. La ley marcial no puede producir gobiernos duraderos basados en el consentimiento de sus súbditos. El poder es omnipresente y viene de todas partes. Circula profundamente en el interior de la gente. Mora en el lenguaje que hablan, en la ropa que llevan y en la comida que comen. Como el poder da forma tanto a las vidas internas como externas de sus súbditos, los individuos y los grupos, en una amplia variedad de escenarios, son capaces de rechazos e inversiones de sus fortunas.

La nueva forma de pensar sobre el poder y el empoderamiento se ensamblaba con la presentación de la sociedad civil como ideal normativo opuesto a todo tipo de metafísica y dogmatismo. El ideal de sociedad civil exigía el rechazo inflexible a utopías de armonía social, un orden políticamente implementado y la posterior muerte de la vida pública y la política. Desde el punto de vista normativo, hablar de sociedad civil requería un respeto público y privado por el pluralismo ético y los desacuerdos vividos sobre las normas. Llamaba a los ciudadanos a seguir el principio de vivir y dejar vivir, de dar y tomar activamente y ver el mundo como si fuera “una buena obra” en la que “todo el mundo tiene razón” (para citar las palabras bien conocidas y en la época muy citadas del dramaturgo alemán Friedrich Hebbel). La sociedad civil implicaba el derecho a ser diferente. La visión normativa de una sociedad civil vibrante también iba contra el viejo y mal hábito socialista de suponer que la igualdad requería la desaparición de las diferencias y la homogeneización de las identidades. En cambio, sociedades civiles vibrantes tienen sistemas innatos de alarma temprana para detectar Grandes Ideologías metafísicas que reivindican respuestas comprensivas a todas nuestras preguntas sobre cómo vivir en nuestro planeta. Las sociedades civiles rechazan las ideologías porque nos distraen del aquí y ahora, nos impiden apreciar la belleza y complejidad de la vida; peor todavía, las ideologías actúan contra la aceptación de las diferencias y por tanto tienen consecuencias potencialmente autoritarias, violentas y despóticas. El filósofo británico de origen checo Ernest Gellner capturó esta idea sucintamente en un importante texto de la época, Conditions of liberty (1994). La gran ventaja normativa de la visión de una sociedad civil, señalaba, es que alentaba a los individuos, grupos y redes a vivir pacíficamente, libres de la humillación, con dignidad. Al construir “tantas escaleras independientes”, una sociedad civil permite “que la gente crea estar en lo alto de la escalera” y suponer que su escalera “es la que de verdad importa”.

También había algo de especial importancia ética sobre la recepción de la sociedad civil durante este periodo: se hacían esfuerzos filosóficos para inyectar el concepto de sociedad civil en la noción e ideal de democracia. La consecuencia era que la democracia, como mínimo, acabó refiriéndose normativamente a una entidad política y toda una forma de vida en la que el poder potencialmente abusivo de gobierno y empresas predatorias podía controlarse y equilibrarse a través de una sociedad civil cuyas relaciones de poder estaban simultáneamente sometidas a los contrapesos y al escrutinio de gobiernos e instituciones de evaluación nacidas de la sociedad civil. Como intenté explicar en Vida y muerte de la democracia (2018), el ideal normativo de la democracia monitorizada estaba entre los frutos de este movimiento teórico. Pero había más. El sintagma sociedad civil hacía que toda la idea de democracia mostrara sus fundamentos metafísicos. La democracia ya no podía concebirse como una forma espléndida de vida originada en las creencias en Dios, la historia, la verdad y otras bases metafísicas. A partir de entonces la democracia se consideraría como la condición de posibilidad de vivir sin la metafísica, los empujones y tirones, la subyugación y la violencia típicamente asociados a la creencia en los Absolutos. Eso también significaba que es una forma de política que democratiza el principio del Pueblo Soberano. No siente ninguna urgencia de arrodillarse y adorar un cuerpo ficcional imaginario llamado “el Pueblo”. La política democrática rechaza el populismo. Solo tiene consideración por la gente de carne y hueso en toda su heterogeneidad vivida. El ideal normativo de la sociedad civil presenta un desafío formal a los dogmáticos de todas las persuasiones. La democracia se convierte en el guardián de la diversidad y el pluralismo, la humildad y la heterarquía (Warren McCulloch). Es toda una forma de vida equipada con conjuntos de instituciones de gobierno y sociedad civil diseñadas para compartir el poder, para proteger a la gente de la humillación y la explotación en manos de unos pocos, y para permitir que vivan juntos como iguales, sin deshonra ni degradación.

Eclipse

Desde más o menos el año 2000, le ocurrieron dos cosas a la conversación en torno a la sociedad civil: el sintagma empezó a perder poco a poco su visibilidad pública y (la cara B) se convirtió en un marchito sinónimo del llamado “tercer sector” filantrópico, ubicado fuera de las fronteras de mercados y Estados.

¿Cómo es que el ideal de sociedad civil quedó arrinconado y se convirtió en una pálida sombra de su ser anterior? Había numerosos factores convergentes, el más obvio de los cuales era el esfuerzo por prohibir el uso público de la expresión, como ocurre desde 2013 en la República Popular China, donde un comunicado de la Oficina General del Partido Comunista Chino (llamado Documento 9) denunció la expresión (gōngmín shèhuì) como un arma política utilizada por varias “fuerzas occidentales antichinas”. Había, también, esfuerzos por revelar la expresión como fallida o puro absurdo. Foucault alegaba que el discurso en torno a la sociedad civil estaba infectado de “una especie de maniqueísmo que aflige a la noción de ‘Estado’ con una connotación peyorativa mientras que idealizaba a la ‘sociedad’ como algo bueno”.

Pensadores republicanos preocupados por definir y proteger las virtudes públicas y el bien común argumentaban que la ética de la sociedad civil esquivaba “el desafío de determinar lo que comprende una sociedad buena y no meramente civil” (Amitai Etzioni). Había argumentos que decían que la sociedad civil era una frase que sonaba bien y justificaba la dominación neocolonial occidental. El historiador y activista pacifista Edward Thompson me dijo varias veces que al emplearse del lado de los “disidentes” en la Europa Central y Oriental el sintagma sociedad civil corría el riesgo de cuestionar los logros del “socialismo” en el bloque soviético. La Liga Yugoslava de Comunistas me acusó oficialmente de ser un apologista burgués. Intelectuales neomarxistas como Ellen Meiksins Wood decían que todo el parloteo sobre la sociedad civil servía como ideología del capitalismo contemporáneo, mero camuflaje retórico de órdenes políticos dominados por la clase y la llamada democracia parlamentaria. En un extraño giro del destino, esos ataques sumaron sus fuerzas a las del principal enemigo de la sociedad civil, el neoliberalismo. Think tanks, ONG, ejecutivos empresariales, académicos, periodistas, políticos y gobiernos se convencieron de que la privatización de las funciones estatales y el fortalecimiento de los procesos mercantiles eran necesarios y correctos y que esto, a su vez, requería una reflexión sobre cómo las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación pública y privada podían regularse mejor a través de acuerdos de “gobernanza”. La gobernanza, normalmente mal definida, se convirtió en el mantra de los diseñadores de políticas en muchos escenarios distintos. Describía y recomendaba procesos de toma de decisión acometidos no solo por Estados sino por empresas, asociaciones profesionales y redes. “La gobernanza difiere del gobierno en que se centra menos en el Estado y sus instituciones y más en prácticas y actividades sociales”, escribió Mark Bevir, uno de sus principales analistas, a quien le gustaba señalar la afinidad entre el término gobernanza, entendido como “todas las formas de coordinación y patrones de gobierno” y la preocupación neoliberal por la reforma del sector público diseñada para “promover mercados, subcontratación, redes y gobierno coordinados frente a la jerarquía burocrática”. El término estaba marcado por una vaguedad y vacuidad unidas a fuertes connotaciones de la necesidad de gobiernos, negocios y cuerpos profesionales para conjugar sus demandas competitivas y trabajar para armonizar las normas, reglas y procesos de toma de decisión que regían sus interacciones. La gobernanza significaba resolver problemas, una conducción estable y armoniosa, y una administración competente. Sus variantes eran designadas con lemas como “gobernanza colaborativa”, “gobernanza participativa” y “gobernanza multinivel”. En cada caso, la “buena gobernanza”, una expresión preferida, aludía a una gestión clara y coherente, políticas factibles y su implementación fácil y mensurable por sujetos no específicos. En consecuencia, asuntos que tenían que ver con los actores que deciden públicamente cuánto, cuándo y cómo, y si deberían hacerlo, así como cuestiones de poder y de la forma en que se pueden prevenir públicamente sus abusos, se perdieron. También lo hizo la categoría de la sociedad civil, que en el mejor de los casos se veía como el mero apéndice de la cooperación gubernamental y empresarial, los acuerdos públicos y privados entre “accionistas”, mecanismos de mercado y burocracia gubernamental de arriba a abajo guiados por “marcos analíticos de gobernanza”.

La jerga entumecía, pero surtía efecto. La degradación del concepto de sociedad civil posiblemente convenía a la era antipolítica del neoliberalismo. Durante un tiempo, consolidaba la tendencia general hacia el desmantelamiento de las instituciones estatales de bienestar, la desregulación de los mercados, el poder creciente de los bancos y las instituciones crediticias, y el énfasis público en la provisión privada, la adquisición de dinero, el enriquecimiento y el consumo doméstico alimentado por la deuda. El impulso organizado hacia un capitalismo levemente regulado pero extremadamente agresivo lubricado por el crédito barato amenazaba con la extinción del lenguaje de la sociedad civil. El sintagma se vio obligado a retroceder. Donde sobrevivía, lo hizo de manera reducida, disminuida, como un sinónimo de actividades voluntarias, sin ánimo de lucro, de caridad.

Al ver cómo se produjo esa reducción, cuando analizamos de forma retrospectiva, resulta claro que esos defensores de la sociedad civil que pensaban en ella como equivalente al “tercer sector” eran cómplices voluntarios o inconscientes del neoliberalismo. También estaban implicadas las contribuciones de intelectuales destacados como Jürgen Habermas, que consideraba a la sociedad civil como el equivalente del “mundo de la vida” (Lebenswelt), un espacio de acción comunicativa que no pertenece al Estado ni al mercado y donde los ciudadanos crean significado juntos y se forman a sí mismos en la deliberación pública. El énfasis en las esferas públicas en esta concepción limitada de la sociedad civil mantenía vivos los ideales de la política no violenta y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero, desde el punto de vista teórico, la geografía conceptual del enfoque habermasiano tenía defectos. Se concedía demasiado espacio al poder estatal y a mercados movidos por el dinero, guiados por la producción de bienes y el intercambio, como si esas lógicas de subsistemas “superiores” de capitalismo organizado por el Estado fueran imperativos irrompibles sometidos en el mejor de los casos a las presiones de la sociedad civil de manera “solo indirecta”, en palabras de Habermas. El monitoreo público del poder en esos sectores a través de tribunales, parlamentos, comisiones anticorrupción, sindicatos, organizaciones de mujeres, redes ecologistas y otros cuerpos de vigilancia fue públicamente desdeñado. También se perdió la riqueza y relevancia continuada de la descripción originaria de la primera modernidad que presentaba a la sociedad como algo que incluía los mercados.

La “experiencia de mercado” (Robert E. Lane) y otras instituciones de la sociedad civil tienen en común ciertas reglas sociales y hábitos del corazón en común. Los procesos del mercado de producir, comprar, vender y consumir bienes están incrustados en un habitus social anclado en el trabajo no remunerado del hogar. Los mercados también tienen ciertos efectos socializadores o “civilizadores” (como el propio Marx señaló al analizar la “socialización de la producción” bajo condiciones capitalistas). Las sociedades civiles estructuradas por procesos de mercado requieren funcionalmente la no violencia; el dinero y la capacidad del cálculo monetario; la contención de los actores y su amor propio cuidadosamente definido (que también se llama compasión); y una idea de responsabilidad equiparable para las acciones individuales, incluso la idea de que los fracasos tienen castigos, de que hay un precio que pagar por los errores. Del mismo modo, ni la sociedad civil ni los mercados pueden funcionar sin la cultivada capacidad de los actores para negociar con los desconocidos (como en el mundo empresarial), para confiar en los demás y para entenderse juntos. Las sociedades civiles están marcadas por una impersonalidad definida: el desconocido es una figura común a los mercados y otras instituciones de la sociedad civil.

Signos de renovación

Hay una creciente evidencia de que la visión práctica de las interacciones no violentas y civiles de la gente protegida por la ley frente a los negocios predatorios y los gobiernos hambrientos de poder está de regreso. La depredación y los fallos de mercado están entre los impulsores clave de este renacimiento. Los esfuerzos intelectuales para construir muros descriptivos entre la sociedad civil y los mercados capitalistas no solo fracasaron a la hora de entender los elementos de “capital social” que funcionalmente requieren y comparten. El intento de definir a la sociedad civil como una esfera independiente del mercado de relaciones sociales olvidaba lo que el casi colapso de los sectores de banca y crédito de la región atlántica en 2008 nos volvió a enseñar: los mercados no regulados tienen consecuencias sociales y ecológicas perjudiciales y por tanto requieren más de un “ligero toque” de regulación gubernamental con dosis de filantropía de la sociedad civil. Los mercados tienden a dañar y quebrar las instituciones de la sociedad civil. Generan efectos inciviles: las miserias cotidianas documentadas, digamos, en las películas de Ken Loach I, Daniel Blake (2016) y Sorry we missed you (2019). Los mercados son fuentes de desigualdad social y dominación de clase, además destruyen virtudes y prácticas de la sociedad civil como la cortesía, el reconocimiento mutuo y la igualdad social.

Los resultados inciviles son en la actualidad mucho más evidentes en la mayoría de las democracias capitalistas, por ejemplo en Europa Central y del Este, donde las concepciones “puristas” de la sociedad civil se estrellaron contra los arrecifes de las realidades del mercado poco después de que se produjera la transición política a partir de regímenes monopartidistas. El ideal de sociedad civil entendida como una zona “del tercer sector” de emancipada sociabilidad no podía competir con la implementada privatización de la propiedad estatal por medios múltiples: el influjo de capital extranjero, la repatriación de propiedad estatal a sus propietarios anteriores (o sus sucesores), y el apoyo estatal a los nuevos ricos del capitalismo. El lado positivo es que las sociedades civiles en la región llevan los cortes y cicatrices de la desigualdad social, la deuda doméstica y ricos “poligarcas” como Sebastian Kulczyk, Viktor Orbán y Andrej Babiš, el actual primer ministro de la República Checa, que juega al juego político neoliberal populista.

Esas dinámicas inciviles ayudan a explicar por qué hay una conciencia creciente, amargamente disputada y distribuida de manera desigual, de que los mercados requieren corrección, no solo a través de políticas de nueva “guía” y “desmercantilización” sino también por medio de los esfuerzos directos de ciudadanos que trabajan y viven en las sociedades civiles. Vale la pena recordar que la lucha por encontrar nuevas formas de domesticar socialmente el poder de las empresas y volver a colocar los mercados en el tejido de las sociedades civiles es por supuesto un tema perenne de la política moderna. En el apogeo de un siglo de debates sobre la sociedad civil, que empezaron a mediados del XIX, hubo pioneras innovaciones sociales como cooperativas, clubes de amistades, círculos científicos y literarios, editoriales, capillas, gremios, uniones de artes y oficios y partidos políticos. Las palabras socialismo y socialdemocracia nacieron de esas innovaciones. Desde el punto de vista histórico, servían como palancas para el empoderamiento, lugares de la sociedad civil donde los que no tenían poder, a base de pequeños pasos, podían alcanzar grandes cosas frente al poder de rapaces predadores empresariales.

Hoy, llamados análogos a la desmercantilización de la sociedad civil y a la socialización de los mercados están de nuevo en la agenda política. La lista de iniciativas sociales reales o propuestas es larga y creciente. Incluye plataformas colaborativas de servicio público y esfuerzos por construir una “economía relacional” que crea valor a partir de las relaciones sociales, como en la colaboración entre pares de los esquemas Airbnb. Los ejemplos se extienden a innovaciones sociales y ciudades sin huella de carbono y apoyo social a servicios de atención domiciliaria en asuntos como el cuidado de la tercera edad o la acogida de refugiados. Campañas para obligar a las empresas a cumplir sus obligaciones sociales y prestar atención al expolio ambiental que causan empujan en la misma dirección que los esfuerzos por fortalecer los derechos de los accionistas, los comités de empresa, los derechos de sindicación, la reducción de la jornada laboral y la defensa social de los permisos de maternidad y paternidad.

Motines digitales

Estos tipos de experimentos sociales han ayudado a traer la idea de sociedad civil de regreso al mapa político. Sus esfuerzos por insuflar nueva vida a la sociedad reciben apoyo y fortaleza de conflictos sociales alimentados por la inacabada revolución comunicativa de nuestro tiempo. Cierto, hay preocupaciones acerca de sus perjudiciales efectos sociales, sobre todo porque esta revolución digital penetra con mayor profundidad en las vidas íntimas de los ciudadanos como ninguna transformación histórica previa de las fuerzas y relaciones de comunicación. Marshall McLuhan señaló una vez que la amplificación y extensión de los sentidos humanos producidas por esas turbulencias, por ejemplo la llegada de la emisión electrónica, se parece a una “enorme cirugía colectiva efectuada sobre el cuerpo social con una indiferencia total por los antisépticos”. La revolución digital conectada que se desarrolla en nuestro tiempo también produce víctimas: por ejemplo, en la veloz expansión de plataformas que hacen circular materiales, como los deep fake, el bullshit, las mentiras y los mensajes intolerantes, diseñados para agitar la confusión pública y el odio. Esa revolución de las comunicaciones digitales también se alimenta de la cosecha y almacenamiento, con el objetivo de anunciar y vigilar los materiales visuales, auditivos y textuales más íntimos que producen los ciudadanos. Crece el temor de que estamos entrando en una nueva era de capitalismo de vigilancia.

Pero estas dinámicas, que amenazan con destruir la sociedad civil, no son la historia completa. Las tendencias antidemocráticas encuentran la resistencia de los esfuerzos ciudadanos por mostrar que la inacabada revolución digital de las comunicaciones está marcada simultáneamente por la decadencia y, desde el punto de vista de las sociedades civiles, poderosos efectos habilitantes. La facilidad para copiar y difundir la información en modos multimedia, sin las restricciones de barreras espacio temporales permiten el crecimiento de públicos en múltiples ubicaciones, incluyendo la esfera de la sociedad civil, donde los motines ciudadanos contra el poder arbitrario son comunes. La dinámica se percibe en Rusia, China, Arabia Saudí y otros despotismos, donde por lo demás la sociedad civil es acosada o directamente está prohibida, así como en supuestas democracias, donde los llamamientos para defender a la sociedad civil contra los abusos y el autoritarismo de los poderosos están de nuevo aumentando. El espíritu y la sustancia de la democracia monitorizada están vivos y coleando. Estos motines digitales, a veces llamados “insurgencias” (Benjamin Arditi) o “everyday making” (Henrik Bang), adoptan muchas ubicaciones y estilos distintos y se centran en una variedad de asuntos asombrosamente grande. Pero ninguno sería concebible o factible si los ciudadanos no tuvieran acceso a las herramientas y estructuras de flujos informativos canalizados en redes digitales dentro de una sociedad civil de asociaciones y redes que se gobiernan a sí mismas.

Un ejemplo llamativo es el carácter verde de las sociedades civiles actuales. La tendencia carece de precedentes. Las iniciativas verdes hacen algo más que movilizar los valores de la sociedad civil contra el arbitrario poder destructivo de corporaciones y Estados predadores. Alarman de la posible autodestrucción del Homo sapiens. En consecuencia instan a la gente a reimaginarse como seres humildes profundamente imbricados en los ecosistemas en los que viven, de los que dependen, y de los que necesitan ocuparse, frente a la visión de que los seres humanos son el apogeo de la creación, señores y señoras del universo, “el pueblo” que es (según las definiciones estándar de la democracia) la última fuente de poder soberano y autoridad sobre la tierra. Esta reimaginación de la sociedad civil se ve impulsada por una plétora de iniciativas sociales, como los proyectos de ciencia ciudadana, planes para recuperación natural, y think tanks verdes o academias verdes. Otras iniciativas incluyen documentales independientes y fotografía (podemos pensar en las imágenes de la “oscuridad que viene” de Todd Hido) y osadas insurgencias cívicas multimedia como las campañas “Di la verdad, y actúa como si fuera real” (Extinction Rebellion) y “No tengas esperanza, siente el miedo”, de Greta Thunberg, llamamientos sobre el clima realizados por escolares jóvenes que actúan como ciudadanos. Esas y otras iniciativas de la sociedad civil facilitan el camino, por primera vez en la historia de la democracia, para la representación activa de la biosfera en la vida política de las sociedades civiles por medio de espacios públicos híbridos que Bruno Latour ha denominado sabiamente “parlamentos de cosas”.

Vigilancia

En prácticamente todas las llamadas democracias, los motines de la sociedad civil se encuentran con leyes relativas a la asamblea pública y los daños a la propiedad. También se enfrentan a fuerzas policiales equipadas con armas nuevas y más amenazadoras. Han pasado los días en los que los manifestantes se enfrentaban a policías sin casco, armados solamente con megáfonos, escudos, porras y esposas. Ahora a menudo a los manifestantes se les trata como al enemigo interior. Oficiales en equipo de combate y armados con pistolas paralizantes, cañones de gas lacrimógeno, spray de gas pimienta, rifles de francotirador, camiones blindados, drones y tanques se convierten en la nueva normalidad de la vigilancia de la sociedad civil. Los ejércitos reforzaron la tendencia vendiendo o transfiriendo sus armas usadas o excedentes a agencias policiales, como ocurre en México y Estados Unidos, donde está más avanzada la militarización de la policía.

Los datos estadounidenses muestran que anualmente se realizan alrededor de cincuenta mil operaciones SWAT (equipos de armas y tácticas especiales), ejecutadas por grupos con equipamiento y armas militares, incluyendo granadas que se tiran antes de iniciar la operación. Los equipos policiales de estilo militar también están activos en las manifestaciones callejeras y en comunidades urbanas, donde se despliegan de manera desproporcionada contra las comunidades afroamericanas. (Las estadísticas recopiladas mucho antes del nacimiento de #BlackLivesMatter muestran que en Estados Unidos un persona negra muere a manos de alguien empleado o protegido por la policía cada veintiocho horas; que las personas trans o de género no binario tienen muchas más posibilidades de experimentar violencia policial que los demás; y que unidades enteras de departamentos policiales se dedican a vigilar a musulmanes.) Frente a las afirmaciones de comandantes policiales, los equipos swat no aportan beneficios mensurables en términos de seguridad para los oficiales o reducción del crimen violento. Los supuestos beneficios para la sociedad civil también son dudosos. A menudo se dice que hay un intercambio necesario entre la salud pública y las libertades civiles, pero las evidencias son contrarias a eso. En la práctica, la vigilancia de estilo militar erosiona el apoyo público a la policía y agita miedos y percepciones de que las sociedades civiles locales están bajo asedio. Las comunidades de la sociedad civil empiezan a parecer zonas de guerra. El resultado: un vínculo reforzado de los ciudadanos con las normas de la sociedad civil de no violencia, dignidad, libertad de asociación y asamblea pública, respeto a la diferencia y apoyo a la dignidad de ciudadanos que consideran a los demás iguales.

El populismo y sus patologías

La resistencia de la sociedad civil es evidente en Brasil, Estados Unidos, Filipinas, la República Checa y otros países que sufren el nuevo populismo. El significado del término populismo es tan intensamente disputado como sus efectos sociales y políticos, pero en todas partes hay un acuerdo de que parasita sociedades civiles intranquilas, desafectas y enfadadas. El populismo es mucho más que una “ideología delgada”, como han afirmado estudiosos como Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser. Se entiende mejor como una enfermedad autoinmune de la democracia, un estilo de política seudodemocrático que aprovecha una parte de la sociedad civil para debilitarla o directamente destruirla. La sociedad civil se convierte en su peor enemigo. En nombre de un “pueblo” imaginado, que se define como si fuera un demiurgo, algo similar a un regalo metafísico a los terrícolas por parte de los dioses, el populismo tiene una “lógica interna”, o lo que Montesquieu llamó “espíritu”, que lo impulsa para que robe la vida de la sociedad civil y de la democracia basada en el reparto de poder y comprometida con el principio de la igualdad.

El populismo es un ventrilocuismo político. Su discurso metafísico de un pueblo requiere para funcionar a demagogos habladores como Bolsonaro, Erdoğan, Orbán y Kaczyński. Extiende un pacto diabólico con líderes que desempeñan el papel de avatares terrenales y redentores (Enrique Krauze) del “pueblo”. Su consecuente hostilidad a la complejidad de las cosas y a los valores del pluralismo se ve en el apoyo que dan a los ataques a periodistas y medios independientes, expertos, jueces que defienden el Estado de derecho y otras instituciones que monitorean el poder. No es cierto que la elección para un cargo sacie la sed de poder de los populistas. Atrapados por un impulso interior que les pide destruir pesos, contrapesos y mecanismos para el escrutinio y la limitación pública del poder, los líderes y partidos populistas tienen poca o ninguna afición por la política institucional del toma y daca. En su empeño por amasar una reserva de poder, confrontada por sus oponentes, los populistas típicamente atacan con dureza a aquellos a quienes definen como Otro. El populismo promueve hostilidad a los “enemigos”. Extiende un lenguaje incívico y entabla luchas políticas con aquellos que define como desviados, disidentes y protagonistas del desacuerdo y la diferencia. No es sorprendente que el nuevo populismo esté poseído por una mentalidad territorial que favorece reglas más estrictas de visados e inmigración y Estados naciones protegidos en sus fronteras contra “forasteros” e influencias “extranjeras”. Tampoco es una sorpresa que los populistas se sientan atraídos por la oscura energía de la violencia, o que la alienten o practiquen contra la gente que se juzga como escoria indigna.

La política local siempre define quién está exactamente bajo presión, pero la lista de expulsión se suele leer como un manifiesto de la sociedad incivil. A musulmanes y “extranjeros” y antipatriotas personas de ninguna parte se les considera ciudadanos sospechosos. También lo son las minorías étnicas, los “liberales”, los activistas ecologistas, y el “establishment”. Todos esos marginales desechados del “Pueblo” se ven como gente que “no es ni siquiera gente” (Eric Trump). De ahí la resistencia de varios de esos grupos en defensa de una sociedad civil protegida por la civilidad, buenas leyes y gobiernos representativos comprometidos con la inclusión social.

La agitación antipopulista contra el acoso sexual, la lucha por las ciudades santuario, los grupos de monitoreo de la policía, redes queer, plataformas de redes sociales pagadas con crowdfunding, apoyo público a mezquitas, sinagogas y otros espacios de culto son, de distintas maneras y con diferentes grados de efectividad, normativa y estratégicamente significativos. No solo alertan de los efectos antidemocráticos del populismo y de la forma en que sus apologías de la incivilidad, la avaricia, la riqueza concentrada y la violencia pública amenazan profundamente a las instituciones de la sociedad civil. Las campañas sirven como advertencia de que el nuevo populismo puede señalar, empujar y arrastrarnos hacia un nuevo tipo de “democracia fantasma”, que tiene bastantes rasgos –como expliqué en mi libro The new despotism (2020)– en común con esos nuevos despotismos de Rusia, China, Hungría, Turquía y Singapur.

El gobierno de emergencia

Para la considerable sorpresa de muchos observadores, la resiliencia de la sociedad civil bajo presión del despotismo se ha convertido en un asunto públicamente pertinente desde que empezó la disrupción del orden global a causa de la pestilencia de la covid-19. A medida que se extendía el virus, las estructuras superiores del reparto de poder y la democracia monitorizada empezaron a archivarse. Se impuso el gobierno de emergencia. Se limitaron las reuniones públicas. Ciudades enteras se convirtieron en vastos espacios vacíos. Los cierres escolares mandaron a más de quinientos millones de niños a casa, según la UNESCO. Parlamentos que podrían haber funcionado como detectores tempranos y representantes del estrés ciudadano se cerraron. También se cerraron cines, restaurantes, bares, clubes, gimnasios, mezquitas, sinagogas, iglesias y templos. Los aeropuertos se convirtieron en instituciones fantasmales. Se cancelaron actos públicos. Se suspendieron mítines electorales. En los cielos del sur de California, drones de fabricación china equipados con cámaras y altavoces garantizaban que los ciudadanos se quedaban encerrados dentro de sus casas, salvo para salidas esenciales. Métodos más anticuados se emplearon en países como Italia, Francia y España, donde cientos de miles de policías y soldados patrullaban las calles. El gobierno de Uttar Pradesh en la India utilizó la Ley de Enfermedades Epidémicas de la era colonial para reprimir a los disidentes. En Kenia, toques de queda del atardecer al anochecer recibían el refuerzo del gas lacrimógeno y las porras. El referéndum previsto para cambiar la constitución de Chile, que databa de la era de la dictadura, se pospuso. Y en casi todas partes, parecía que había llegado la era de los organismos no electos encargados de la gestión de crisis y adornados con nombres bélicos. En Australia, cuyo parlamento nacional quedó suspendido cinco meses, la pestilencia inicialmente dio nacimiento a la Comisión Nacional de Coordinación Covid-19 (NCCC), un cuerpo no electo que dirigía un exmagnate minero y que solo respondía ante el primer ministro. Tras la negociación de las élites políticas, fue reemplazada por el Gabinete Nacional, un cuerpo que incluía a los principales representantes de los gobiernos federal, estatal y territorial. Y en casi todas partes parecía que había llegado la era de los organismos no electos encargados de la gestión de la crisis y adornados con nombres bélicos.

El virus que se extendía aumentó la lista de procedimientos del estado de emergencia. Pero también produjo agitación pública contra estas formas de gobierno. En más de una docena de ciudades estadounidenses, por ejemplo, los manifestantes, algunos de ellos armados, en su mayoría defensores de un presidente populista que prometía redención, salieron a la calle, enarbolando carteles, bloqueando carreteras y tocando el claxon en defensa de “la libertad” y “la reapertura de la economía”. En otros muchos lugares, millones de personas fueron seducidas por un fuerte sentido de solidaridad social, de lo que los sudafricanos llaman ubuntu, una ética de la interdependencia (“Yo soy porque tú eres”). Se golpeaban cacerolas y sartenes, y se entonaban canciones de solidaridad en balcones y aceras. La pestilencia impulsó mucha bondad y generosidad ciudadana, y por eso la expresión “distanciamiento social” es confusa. El distanciamiento social era la realidad, pero a causa del amplio uso de los medios digitales se produjeron saltos y vínculos sociales, a veces de maneras inesperadas. Había una mayor conciencia de la importancia del “bienestar” y mucha especulación de que nos esperaban sociedades civiles más robustas, menos impulsadas por la aspiración a conseguir bienes o dinero. Se hablaba mucho de la necesidad de aumentar de forma permanente la remuneración y el respeto público para los trabajadores esenciales –enfermeros, médicos, profesores y limpiadores, conductores de ambulancias, repartidores, trabajadores del turno de noche en almacenes– que se encargaban de que las sociedades civiles enteras sobrevivieran a la pestilencia. La gente pedía a los gobiernos y recogía comida y apoyo para los hambrientos y acosados en Twitter, organizaba reuniones sociales a través de Skype para beber con los amigos, se conocían y se casaban por Zoom. Había movilizaciones contra la intolerancia racial y la violencia policial, llamados para un ingreso ciudadano básico; y se hablaba mucho de la necesidad de ralentizar de forma permanente la vida cotidiana, de cortar las emisiones de dióxido de carbono y dejar que los pájaros siguieran cantando.

El futuro

Todo eso está muy bien, pueden decir los lectores escépticos, pero, en el llamado mundo real, ¿cuál es el futuro probable de las sociedades civiles cuando las vivimos o anhelamos en esta tercera década del siglo XXI?

Mi predicción es que en el futuro los ideales poéticos y los hechos desagradables de la sociedad civil permanecerán en cada punto del planeta. La solidaridad civil en tiempos de pestilencia, estado de emergencia, políticas populistas y rechazos a la violencia estatal, así como los esfuerzos ciudadanos para socializar mercados y proteger biomas, son algunas de las poderosas fuerzas que trabajan para garantizar que la idea y práctica de una sociedad civil no muera fácilmente en las nieblas del pasado. La visión práctica de interacciones no violentas, civiles entre individuos y grupos organizados, redes extendidas y asociaciones informales de gente con convicciones diferentes, pero que se considera con el mismo derecho a ser protegida por la ley contra empresas predadoras y gobiernos rapaces, seguirá atrayendo a gente contrariada y abandonada que desea una vida mejor o que es explotada por empleadores abusivos, que sufre insultos raciales y otras formas de violencia, acoso sexual o discriminación religiosa, o que está sin dinero, sin casa, hambrienta, o con una vivienda en malas condiciones. Los actos de la sociedad civil seguirán produciéndose: la política contemporánea estará salpimentada de protestas ecológicas, manifestaciones en los parlamentos, sorpresas electorales y rechazos a la violencia criminal.

Eso está claro. Mucho menos claro resulta hasta qué punto en estos tiempos difíciles la idea de sociedad civil puede sobrevivir a las intensas presiones que sufre. Y así esta breve historia de la vida y tiempos de la sociedad civil termina con un tono de precaución y una sobria advertencia: las experiencias pasadas nos dicen que las sociedades civiles pueden ser pulverizadas y eliminadas, y que su destrucción ocurre típicamente con mucha más facilidad y muchas veces más deprisa que su construcción a cámara lenta y paso por paso. La observación dispara una alarma y es una llamada a la acción: solo los ciudadanos y sus representantes electos, ayudados por tribunales, agencias anticorrupción y otras instituciones de control público pueden garantizar la vida de las sociedades civiles. Si es así, la supervivencia y el florecimiento de la sociedad civil es en último término una cuestión política. Requiere que los ciudadanos y sus representantes electos se preparen para lo peor de manera que puedan beneficiarse de lo que tienen, y de lo que aparece en su camino, para construir un futuro mejor para todos, en todas partes. Pero la sociedad civil también es un asunto de aclarar y afilar el lenguaje que utilizamos para describir, interpretar y actuar sobre el mundo, en la vida cotidiana y en las instituciones que mueven y transforman nuestras vidas. “Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje”, escribió Octavio Paz. “La crítica de la sociedad, en consecuencia, comienza con la gramática y con el restablecimiento de los significados.”

Letras Libres

1 de febrero 2021

Traducción del inglés de Daniel Gascón.

Ideas editadas sobre la resurrección del concepto de sociedad civil preparadas para el VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 11 de noviembre de 2020.

https://www.letraslibres.com/mexico/revista/el-regreso-la-sociedad-civil

Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible

y, de repente, estarás haciendo lo imposible

Francisco de Asís

Con renovada fuerza, reaparece la discusión sobre si la oposición debe ir a elecciones o no. Como ya ha ocurrido unas cuantas veces, se plantea la discusión en términos amargos. De nuevo, llama la atención la seguridad, sin abrigar la más mínima duda con que unos y otros plantean sus posiciones sobre ese tema tan importante para el país.

¿Cuáles son los argumentos principales en que se fundamentan cada una de las posiciones? Es importante tenerlas claras sin juzgar las intenciones de sus defensores sino sus razones.

Se debe ir a elecciones

Los argumentos más importantes que suelen plantear quienes están a favor de votar en las próximas elecciones regionales y locales, son:

El país sufre una crisis profunda en lo social, lo económico y lo político.

Los esfuerzos hechos por quienes plantearon la idea de un gobierno interino no han dado ningún resultado y la crisis se agrava día tras día. No se ha logrado pasar a las fases de “gobierno de transición” y “elecciones libres” porque no se culminó el “cese de la usurpación”.

El apoyo de otros países no ha tenido ningún efecto para provocar un cambio político de ningún tipo.

La vía para generar un cambio político debe ser la electoral.

Si se logra una gran convergencia de esfuerzos de los grupos opositores, pueden lograrse elecciones competitivas.

No se debe ir a elecciones

Por su parte, quienes plantean que no se debe ir a elecciones fundamentan su posición en los siguientes argumentos:

Sin duda, el país sufre una grave situación que exige un cambio en la conducción del gobierno.

No tenemos un gobierno democrático dispuesto a apoyar elecciones confiables.

Ir a elecciones en las condiciones que imponen quienes detentan el poder sólo garantiza que el régimen las ganará y se afianzará. En tal sentido, una y otra vez se recuerda la frase que le atribuyen a Stalin: “No importan los votos sino quienes los cuentan”.

Se podría aceptar ir a elecciones si se cumplen, entre otras, las siguientes condiciones: Revisión y actualización del Registro Electoral; designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial mediante acuerdo con la oposición; vigilancia internacional en todas las fases del proceso; restitución de las autoridades de los partidos políticos intervenidos; despenalización de los inhabilitados políticos.

Sin embargo, porque quienes tienen el poder no tienen vocación democrática, esas condiciones jamás serían aceptadas.

Hay que seguir buscando apoyo para que haya elecciones legítimas.

Sin duda, votar en elecciones libres, transparentes y creíbles es un objetivo fundamental en un país democrático.

En un tuit reciente el politólogo Jorge Lazo Cividanes afirmó:

Votar en elecciones libres y transparentes es el objetivo, no un medio. Una elección puede ser, dependiendo del contexto y el tipo de régimen, una ventana de oportunidad. Y para aprovecharla se necesita mucho más que buenas intenciones y deseos de entenderse.

Tanto la posición de quienes llaman a votar como de quienes se oponen a ese llamado, si no se cumplen las condiciones fundamentales para que haya elecciones transparentes, enfrentan la dura realidad de un país que sufre una crisis tan seria que muchos ciudadanos han hecho de la supervivencia su más alta prioridad; perdiendo interés en lo político, como lo muestran estudios recientes del Centro de Investigaciones Populares. Por esta y otras razones, quienes defienden una u otra posición en relación con la participación en elecciones tienen que conversar para acordar cuál es el primer paso que debe darse para promover el cambio político necesario que conduzca al país hacia un futuro de desarrollo.

Hoy se habla de diálogo entre gobierno y oposición. Es dramático y lamentable que no se ha logrado establecer un diálogo fructífero entre las distintas facciones opositoras. Hoy no podemos eludir una pregunta: ¿Qué hay que hacer para que ese diálogo ocurra y sea eficaz? Contribuir a responderla constituye un reto fundamental para el liderazgo, tanto del ámbito político como el de la sociedad civil. No responderla sería una clara demostración del vacío de liderazgo que estamos sufriendo. Y los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados, no siempre de manera feliz.

5 de febrero 2021

La Gran Aldea

https://lagranaldea.com/2021/02/05/votar-o-no-votar-he-ahi-el-dilema/

Igual que las vacunas contra la COVID‑19, la distribución mundial de la recuperación económica durante los próximos dos años no será pareja. Pese al enorme apoyo provisto por las políticas de gobiernos y bancos centrales, subsisten profundos riesgos económicos, y no sólo para las economías fronterizas con problemas de deuda inminentes o para los países de bajos ingresos que experimentan un aumento alarmante de la pobreza. La situación sigue siendo precaria, ya que para domar el coronavirus todavía falta mucho, cunde el populismo, el endeudamiento mundial está en niveles récord y la normalización de las políticas promete ser desigual.

Esto no implica negar las noticias de los últimos doce meses que en general son positivas. Se han obtenido vacunas eficaces en tiempo récord, mucho antes de las previsiones iniciales de la mayoría de los expertos. La vasta respuesta monetaria y fiscal tendió un puente hasta el ansiado final de la pandemia. Y la gente aprendió a convivir con el virus, con o sin ayuda de las autoridades nacionales.

Pero aunque las cifras de crecimiento en todo el mundo han resultado muchísimo mejores de lo que se esperaba en los primeros días de la pandemia, la recesión actual todavía es catastrófica. El Fondo Monetario Internacional prevé que Estados Unidos y Japón no regresarán a los niveles de actividad económica prepandemia hasta la segunda mitad de este año. La eurozona y el Reino Unido (en caída una vez más) apenas alcanzarán ese punto bien entrado 2022.

La economía china es un caso aparte: se prevé que a fines de 2021 haya crecido un 10% respecto de fines de 2019. Pero en el otro extremo del espectro, es posible que a muchas economías en desarrollo y emergentes les lleve años regresar a las trayectorias prepandemia. El Banco Mundial calcula que cuando termine 2021, puede haber otros 150 millones de personas en la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia de COVID‑19, en un contexto de amplia inseguridad alimentaria.

Las divergencias en los pronósticos económicos tienen mucho que ver con el cronograma de administración de las vacunas. Se espera que a mediados de este año la vacunación esté muy extendida en las economías avanzadas y en algunos mercados emergentes, pero es probable que los habitantes de países más pobres deban esperar hasta 2022 o más.

Otro factor es la enorme diferencia en el apoyo macroeconómico provisto por los países ricos y los pobres. En las economías avanzadas, la combinación de aumento del gasto público y rebajas de impuestos durante la crisis de la COVID‑19 ha rondado en promedio el 13% del PIB, a lo que se suma otro 12% en provisión de préstamos y garantías. En cambio, esa misma combinación en las economías emergentes llegó a alrededor del 4% del PIB, y la provisión de préstamos y garantías suma otro 3%. Las cifras comparables en los países de bajos ingresos son 1,5% del PIB en apoyo fiscal directo y casi nada en garantías.

En vísperas de la crisis financiera de 2008, las economías emergentes tenían balances relativamente sólidos en comparación con los países desarrollados. Pero esta crisis las encontró con una carga de deuda pública y privada muy superior, lo que las torna mucho más vulnerables. Si no fuera por los tipos de interés casi nulos de las economías avanzadas, muchos de esos países tendrían graves problemas. Y esto no impidió una serie creciente de defaults soberanos que incluye a Argentina, Ecuador y el Líbano.

De hecho, uno de los mayores riesgos es que se produzca un «berrinche de los mercados 2.0»; y si sucede (o cuando suceda) no afectará solamente a los mercados emergentes. El berrinche de 2013 se produjo cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a preanunciar una normalización de la política monetaria, lo que provocó inmensas salidas de capitales desde los mercados emergentes. Pero ahora la Fed se esforzó en transmitir señales de que no tiene planes de subir los tipos de interés en mucho tiempo, e incluso presentó un nuevo marco monetario que básicamente equivale a una promesa de mantener el pie en el acelerador hasta que haya un nivel extremadamente bajo de desempleo.

Es una política totalmente razonable. Como he sostenido muchas veces desde 2008, permitir una inflación transitoriamente superior a la meta del 2% de la Fed implica mucho más beneficio que daño en un entorno de niveles de deuda elevados y actividad económica inferior al potencial. No hay que olvidar que hoy en Estados Unidos hay nueve millones de desempleados más que hace un año.

Pero si Estados Unidos alcanza sus metas de vacunación a mediados de este año y las mutaciones del coronavirus no se descontrolan, es muy posible que se empiece a hablar de una suba de tipos de interés por parte de la Fed, sobre todo si se tiene en cuenta la inmensa reserva de ahorros en poder de muchos estadounidenses, debida en parte a un alza de precios de los activos y en parte a que muchas personas que recibieron transferencias del Estado optaron por ahorrarlas.

Las políticas expansivas en todo el mundo están ayudando a evitar daños permanentes, pero hay muchas empresas más grandes (entre ellas, las megatecnológicas) que no necesitan un apoyo que está llevando la cotización de sus acciones por las nubes. Todo esto no puede sino alimentar la rabia populista (de lo que se tuvo un atisbo en las reacciones de algunos políticos estadounidenses a la reciente guerra de cotizaciones con las acciones de GameStop).

Aunque por ahora la inflación se mantenga en niveles obstinadamente bajos, una explosión de demanda suficiente puede provocar un alza que obligue a la Fed a subir los tipos de interés antes de lo planeado. Las repercusiones de esa decisión en los mercados de activos separarán al fuerte del débil, y afectarán sobre todo a los mercados emergentes. Además, tarde o temprano las autoridades (incluso en Estados Unidos) tendrán que permitir más quiebras y reestructuraciones. La recuperación es inevitable, pero no será igual para todos.

5 de febrero 2021

Traducción: Esteban Flamini

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-uneven-global-recovery-emerging-market-risks-by-kenneth-rogoff-2021-02/spanish

Las universidades públicas han sido parte del reparto de la renta petrolera. Sin embargo, la conformación de un Estado Fallido ha presionado por el surgimiento de un nuevo paradigma, que ha sido asumido por actores claves de la vida universitaria como el movimiento estudiantil. La presión de estos, ha posibilitado la convocatoria a reiniciar actividades. Pero las dificultades para instrumentar clases virtuales y la oposición de los docentes, mantienen a la mayoría de las facultades paralizadas. Los salarios de hambre de los docentes generaron la deserción de la mitad de la planta profesoral y ha obligado a recurrir a la Unesco por una intervención humanitaria. El panorama de las universidades post pandemia es poco alentador.

Las universidades públicas se desenvuelven en medio de diversos dilemas que condicionan la política universitaria en la coyuntura actual. Por un lado los estudiantes, en especial los que están en los últimos años de la carrera, no pueden esperar mucho tiempo a que las universidades reinicien sus actividades. Debido a la presión de los mismos los Consejos Universitarios han decidido reiniciar las actividades. Es el caso de la Universidad Central (UCV), la Universidad de Carabobo (UC) y la Simón Bolívar (USB). Las dos últimas lo hicieron en enero de este año.

Las universidades han sido parte del reparto de la renta petrolera, pero la destrucción de la industria petrolera y la condición de Estado fallido del actual régimen ha culminado dicha etapa; y ha hecho surgir un nuevo paradigma; en el contexto del cual las universidades públicas deben seguir el ejemplo de las privadas, desarrollando una estrategia de diversificación de ingresos a fin de disminuir su dependencia del presupuesto del Estado.

Actores claves del mundo universitario han asumido el nuevo paradigma, como se revela en el caso de la Universidad de Carabobo (UC). El presidente de la FCU de la UC planteó, en entrevista reciente, que la reducción de las asignaciones presupuestarias a las universidades no es un fenómeno reciente. Comenzó en el año 2014. La UC tiene siete años desarrollando una política de generación de ingresos propios para compensar la caída en los aportes del Estado. Lo que hay que hacer ahora es perfeccionar la política que se ha seguido en los últimos años. A su juicio lo que se impone es que a través de las actividades de investigación, los laboratorios y las pasantías vender servicios que generen ingresos para la universidad, que puedan permitir a su vez financiar los estudios de los alumnos que cursan la carrera de medicina. En el caso de la UC el presidente de la FCU presentó una propuesta que recoge la posición de los alumnos de quinto año de Medicina que laboran en la Ciudad Universitaria Enrique Tejera Paris. La propuesta plantea un retorno gradual a las actividades bajo una combinación de clases virtuales teóricas y actividades presenciales en los hospitales para la realización de prácticas y exámenes.

Otro elemento que presiona por el reinicio las actividades es el deterioro de la infraestructura y el abandono en que se encuentran los campus universitarios. El caso de los núcleos de Maracay Y Cagua de la UCV ha sido noticia en la prensa. También el caso del colapso del pasillo de Humanidades en la Ciudad Universitaria en Caracas. Para esto último existen recursos cuyo uso es necesario priorizar por haber sido designado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Como lo hemos señalado, las presiones estudiantiles han provocado el llamado a reiniciar las actividades en varias universidades. El reinicio ha sido conflictivo y ha enfrentado diversas dificultades. En primer lugar, como lo señala el presidente de la FCU de la UC, plantear el reinicio en forma virtual se enfrenta con las carencias de profesores y estudiantes que no tienen los equipos requeridos para la educación a distancia. Tampoco pueden contratar un servicio de internet mejor al de Cantv, que es lento e intermitente. Debido a ello el llamado a clases virtuales no ha sido realista. La mayoría de las facultades de las universidades permanecen paralizadas. En el caso de la UCV el Secretario Amalio Belmonte reconoció en entrevista reciente que solo 3 facultades han reiniciado actividades y un poco más de 40% de los estudiantes se encuentra vinculado a alguna actividad. Un reciente reportaje del diario El Nacional ratificó la parálisis de las universidades lo cual reivindica la necesidad de combinar clases virtuales con presenciales, como lo plantean los estudiantes de la UC.

Otro elemento que ha complicado el reinicio de las actividades es que éste ha sido rechazado por los profesores y sus gremios, debido a los salarios de hambre que reciben; lo que les impide adquirir la canasta alimentaria, y los obliga al desarrollo de actividades como la venta de tortas, pastelitos y repuestos para sobrevivir. En el caso de los jubilados, el salario es insuficiente para la compra de los medicamentos que requieren y financiar el tratamiento médico que muchos necesitan. Como consecuencia de estas carencias, especialistas con una elevada experticia en áreas claves han muerto de mengua. Debido a ello la Asociación de Profesores de la USB, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y la ONG Aula Abierta se han dirigido a la UNESCO, a fin de exponer la crítica situación del sector educativo y la necesidad de una intervención humanitaria por parte de este organismo.

La hiperinflación y el deterioro de la capacidad adquisitiva de los docentes, así como la disminución de la calidad de vida, han empujado a muchos profesores a emigrar hacia otras latitudes. Se estima que un 50% de la planta profesoral de las universidades ha emigrado. Ello crea un panorama sombrío sobre las universidades que encontraremos una vez que pase la pandemia. Una universidad sin recursos, con una infraestructura en el suelo y descapitalizada, sin la mitad de su planta profesoral, plantea serios interrogantes sobre la posibilidad de recuperar la universidad pública en tales condiciones.

Nota: la entrevista al Secretario de la UCV Amalio Belmonte se llevó a cabo en el programa Univérsate de Unión Radio el 24 de enero de este año y la del presidente de la FCU de la UC se realizó en el mismo programa el 13 de diciembre del 2020..

Profesor UCV

La unidad de la oposición venezolana, lo hemos dicho hasta la saciedad, es imprescindible para salir del militarismo chavista que está destrozando al país. Es forzoso seguir insistiendo en este tema aunque la repetición del mismo se haga pesada a quienes están convencidos de ello y consideran que tanta repetición es innecesaria. Pero ocurre que hay personas, que siendo incluso figuras importantes de la lucha opositora, se preguntan cuál unidad se pide y de inmediato y a priori fijan una posición irreductible en el sentido de que si la misma es para participar en las elecciones regionales de este año, ello constituiría un error fatal. La misma posición, suponemos, sustentarán en relación con el referendo revocatorio del mandato presidencial del año que viene, por tratarse de un presidente usurpador al cual se estaría reconociendo si se apela a ese recurso legal que es un derecho del pueblo venezolano y un medio ideal para salir de Maduro en forma pacífica, democrática y constitucional. Esto último y no lo otro, es lo verdaderamente sustancial del asunto.

Pues bien, a quienes asumen la actitud de supeditar la unidad opositora a requisitos previos basados en juicios personales y definitivos, hay que decirles: la unidad opositora es necesaria para lo que sea, para cualquier finalidad racional, ampliamente concertada y mayoritariamente aceptada que promueva el núcleo genuino y unido de la dirigencia opositora venezolana. Para ello es necesario, primero, que los dirigentes políticos de mayor aceptación se unan, dialoguen y concierten, y segundo, que una vez fijada una posición, mediante un debate serio, amplio, democrático y racional, se comprometan sin excepciones a acatarlo y ejecutarlo, sin otras consideraciones o intereses que no sean los de rescatar y restaurar al país.

El asunto de la Unidad Nacional Opositora (UNO) no es tan difícil como se cree. Lo ideal sería que se unieran todos los dirigentes (grandes, medianos y pequeños), los más viejos (en la lucha) y los nuevos que han surgido en los últimos años, incluidos también los que se apartaron del núcleo opositor legítimo representado por la Asamblea Nacional elegida en el 2015 con mayoría opositora para participar en los procesos electorales amañados de los últimos cuatro años (en los que, por cierto, no salieron muy bien parados) Pero, en última instancia, si la unidad total de la oposición es imposible porque la ruptura producida en los últimos años es fatalmente irreversible, bastaría que se unieran los cinco o seis principales dirigentes políticos de la oposición, que todos conocemos, sabemos quiénes son y que no es necesario nombrar, para que la masa opositora, multitudinaria, animosa y valiente se ponga otra vez en movimiento, como lo ha hecho siempre que la dirigencia genuina unida se lo ha requerido.

Ya hemos oído declaraciones al respecto de algunos de estos dirigentes políticos de oposición en el sentido de la unidad. Faltan otros y otras que son igualmente importantes, diríamos imprescindibles en esta empresa. Ojalá que lo hagan pronto porque el tiempo apremia. Repetiremos aquí nuevamente lo que ya hemos dicho otras veces: es la última oportunidad que tienen estos dirigentes de la oposición para ponerse a la altura de sus circunstancias, para aprovechar las ventajas que hoy están presentes y que son favorables a la oposición, para que se pongan al frente de las luchas que se avecinan, sin prejuicios, sin condiciones, sin intereses subalternos, sin manipulaciones de ninguna clase; en fin que actúen con altura de miras, con honestidad, con amor por Venezuela y por el pueblo que sufre. Frente a ellos está la Nación, los países democráticos que nos han acompañado en esta lucha y la Historia, con hache mayúscula.

Febrero 04 de 2021

Parece un capítulo de la distópica serie británica Black Mirror pero es la pura y dura realidad. Más información falsa que información verdadera: así es la realidad que está ya casi instalada en nuestras pantallas. Una realidad anticipada por el Informe Gartner, cuyas predicciones tecnológicas son insumos de referencia de las mayores empresas del mundo.

Si eso es así en general para el consumo de información, pues más complejo aún es el problema de las falsedades tomando por asalto el mundo de la política.

Sobre las mal llamadas “noticias falsas”

En los ámbitos políticos y periodísticos se ha popularizado la expresión “noticias falsas” (o “fake news” en inglés). Más allá de lo extendido de su uso se trata de una expresión portadora de una contradicción flagrante: si son noticias tendrían que ser informaciones acerca de hechos verdaderamente acaecidos. Si los hechos jamás ocurrieron, si la información acerca de ellos se basa en el error o en la mentira, pues entonces no son noticias. Son simplemente falsedades.

Informar es enterar o dar noticia de algo. De algo que realmente ocurrió. Y que ocurrió con unas determinadas características que son las mismas de las cuales se da noticia. En este contexto, hablar de noticias falsas parece más bien una forma de dinamitar la tarea periodística y de destruir la base común indispensable para el debate público. Porque tanto el periodismo como el debate público necesitan de una base mínima de hechos compartidos acerca de la cual informar, opinar y debatir.

Es cierto que los hechos suelen ser complejos y que pueden ser objeto de interpretaciones diversas. Pero esto solo obliga a ser más prudentes, más pacientes y más inteligentes en su abordaje. Lo cual vale tanto para los ciudadanos en general como para los periodistas y los políticos en particular.

Más que de noticias falsas, entonces, lo más adecuado parece ser hablar simplemente de falsedades. Una falsedad es una afirmación contraria a la verdad, ya sea que esté motivada por el error o por la malicia. En este último caso sería una mentira, un concepto más estrecho que el de falsedad ya que refiere solamente a un tipo de falsedades deliberadas cuyo emisor tiene la expresa intención de engañar.

Reformulando de este modo lo señalado en el Informe Gartner, podemos decir que la mayoría de la población está comenzando a consumir más falsedades que informaciones verdaderas.

Este estado de situación coloca en el primer lugar de la agenda periodística y política la necesidad de contar con estrategias para desmentir las noticias falsas. O, mejor dicho, estrategias para combatir las falsedades.

El “sandwich de la verdad”

Tres son las estrategias comunicacionales básicas para combatir las falsedades. A saber:

El silencio

La afirmación de lo verdadero

El sandwich de la verdad

El silencio es efectivo en un solo escenario: cuando la falsedad se difunde exclusivamente en canales de comunicación muy marginales y minoritarios sin lograr saltar hacia zonas de mayor repercusión pública. En ese caso el silencio funciona porque evita la amplificación de lo falso.

La afirmación de lo verdadero, por su parte, es todo un arte y una ciencia que todo comunicador público debe intentar perfeccionar día tras día. Es un procedimiento altamente efectivo contra las falsedades. Pero esa efectivad depende enteramente de su correcta realización. En ese sentido las pautas principales son las siguientes:

Desmiente lo falso nombrando el concepto opuesto, reafirmando la otra cara de la moneda.

Explica la verdad con frases afirmativas.

Evita repetir la falsedad. Recuerda que el poder de lo falso deriva de su presencia en el desmentido, lo cual lo amplifica y lo hace llegar a sectores sociales a los cuales no habría llegado de otro modo.

Evita las negaciones. El cerebro humano le presta muy poca atención a la palabra “no”. Muchas veces la negación se vuelve prácticamente invisible e inaudible para el destinatario de la comunicación. Y en ocasiones es aún peor porque al no escucharse la negación lo único que queda en pie en el recuerdo es la propia falsedad.

Finalmente, el “sandwich de la verdad” es lo que propone George Lakoff para combatir las falsedades. Es el procedimiento a elegir cuando no hay más remedio que incluir la falsedad en el desmentido. Y consiste básicamente en 3 pasos que serían las 3 capas del sandwich:

Comienza siempre por la verdad acerca del hecho de que se trate. Este primer marco mental ya brinda una ventaja desde el punto de partida.

Recién después incluye la falsedad que quieres desmentir.

Vuelve otra vez a reiterar la verdad para insistir con el mismo marco mental. Y explica las diferentes consecuencias de aquella falsedad y de esta verdad.

Las mal llamadas “noticias falsas” están por todas partes. Influyen sobre la realidad porque afectan las creencias y los comportamientos de sectores de la población cada vez más amplios. Pero pueden ser activamente combatidas.

Maquiavelo&Freud

info@maquiaveloyfreud.com

PO Box 55032

San Carlos Maldonado 20400

URUGUAY

El pasado 24 de enero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaba en la televisión venezolana un nuevo remedio patrio contra la covid-19: “Medicina totalmente inocua… No tiene ningún tipo de efectos secundarios… Ha demostrado una efectividad tremenda”. Un día después, en su cuenta de Twitter, denominaba a este producto como “las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández” y anunciaba que Venezuela estaba en disposición de producirlas de forma masiva. A pesar de rectificar y aclarar que dicho remedio es “complementario” a otros tratamientos, estas afirmaciones constituyen un ejemplo claro de desinformación sanitaria y propaganda política.

Estas “goticas milagrosas” hacen referencia al Carvativir, un medicamento derivado del tomillo y del orégano, cuyo principio activo es el carvacrol o cimofenol (2-metil-5-(1-metiletil)-fenol). La propia Academia Nacional de Medicina del Venezuela, la institución académica más relevante en materia de salud del país, reconoció inmediatamente en una nota preliminar sobre el Carvativir, tras la declaración pública del presidente Maduro, que este medicamento “no tiene nada de novedad, pues tanto los extractos como los productos puros del tomillo tienen ya una larga tradición como nutricéuticos y agentes terapéuticos desde tiempos ancestrales”.

Ya el pasado 18 de marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, el Colegio de Médicos de Madrid, a través de su Observatorio Digital, informaba sobre falsas noticias acerca de agentes terapéuticos contra el SARS-CoV-2. Entre ellas, alertaba sobre ciertas informaciones falsas relacionadas con los aceites esenciales de orégano o de tomillo, que se postulaban como un tratamiento sencillo, capaz de eliminar la envoltura lipídica del virus “para que luego sea más fácil de combatir por nuestro sistema inmunitario”. Hacía mención al timol y al carvacrol, e indicaba “que por sí solas no tienen capacidad de destruir la cubierta lipídica del virus”.

¿Qué es el Carvativir?

Según la ficha técnica de este producto desarrollado en Venezuela, el Carvativir es un medicamento en forma de solución oral (para administración en gotas), y cada mililitro contiene 6 mg de carvacrol (isotimol recombinado lipofílico). La Agencia Norteamericana de Medicamentos y Alimentos (FDA) lo considera “seguro e inocuo para consumo en humanos”. Su ficha técnica también indica que ha sido clasificado en la categoría IV de toxicidad (“no tóxico”) por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Las plantas que presentan carvacrol en su composición, como el tomillo y el orégano, están clasificadas como plantas medicinales expectorantes, aunque también se les han atribuido otros efectos farmacológicos de interés, gracias a la presencia de estos principios activos, como ciertas acciones antiespasmódica y antimicrobiana / antiséptica. De hecho, durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, cuando aún no se habían descubierto los antibióticos, el tomillo era considerado como un eficaz desinfectante. En la actualidad, está comprobado que sus componentes fenólicos, timol y carvacrol, poseen actividad antibacteriana frente a algunos gérmenes grampositivos y gramnegativos.

Por otro lado, también se ha demostrado que el carvacrol presenta, en estudios in vitro, una cierta actividad antifúngica, antiinflamatoria, antitumoral, mutagénica, antioxidante, antidepresiva, y efectos moduladores de los impulsos nerviosos y del sistema inmunológico.

¿Qué justifica la eficacia del carvacrol contra la covid-19?

Algunos estudios de modelado molecular y ensayos de citotoxicidad y de neutralización por reducción de placa (PRNT) han puesto de manifiesto que el carvacrol y otros principios procedentes de plantas son capaces de unirse a la proteasa principal del virus SARS-CoV-2, proteína Mpro. Este hecho hace pensar a los investigadores que estos principios activos podrían servir como potenciales inhibidores del proceso de regulación de esta proteína y, así, controlar la replicación viral.

Otros estudios de acoplamiento molecular también inciden en este punto, al demostrar que el carvacrol y otros aceites esenciales poseen afinidad por la unión a la proteína de pico SARC-CoV-2, la proteasa principal Mpro, la ARN polimerasa dependiente de ARN y las proteínas ACE-2 humanas.

¿Existe evidencia clínica de la eficacia del Carvativir en la covid-19?

La ficha técnica del Carvativir indica, literalmente, que “es un inhibidor de la proteasa principal del agente SARS-CoV-2 (Mpro), y está indicado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en adultos y adolescentes asintomáticos o con neumonía que requieren oxígeno suplementario”.

Sin embargo, no existe ni un solo artículo publicado en las revistas indexadas en las habituales bases de datos científicas que aporten datos sobre la eficacia de este producto en la covid-19.

Para encontrar datos clínicos sobre el Carvativir en la covid-19 hay que ir a Amazon, donde aparece publicitado un texto editado por Labfarven, en el que se indica que se aportan datos de la actividad antiviral e inmunomoduladora de isotimol recombinado en pacientes covid-19 asintomáticos y sintomáticos, procedentes de ensayos clínicos en fase I, II y III, pero sin tener acceso a los mismos de forma abierta.

Otra de las escasas evidencias científicas, se encuentra en una publicación de los mismos autores, editada por Droguería J&R, en la que también se muestran datos de ensayos de fase I y II, y que parecen ser resultados parciales de la publicación anterior.

El estudio aporta datos de una escasa muestra de 100 pacientes (50 con oxígeno suplementario, 10 con ventilación mecánica y 40 asintomáticos), a los que se administró de 7 a 14 días una dosis 6 de mg/ml cada 4 horas de carvacrol. Los resultados del estudio, según los autores, indican el aparente efecto beneficioso del isotimol en los pacientes que recibieron oxígeno suplementario y en los que requirieron ventilación mecánica.

En el grupo que necesitaba suplementación de oxígeno, el 92 % de los pacientes fueron dados de alta en aire ambiente, y 9 de los 10 pacientes de la cohorte de ventilación mecánica fueron extubados con éxito. En cualquier caso, las características metodológicas del estudio (carácter prospectivo y no controlado, escasez de la muestra, administración concomitante de otros fármacos, como corticoides o hidroxicloroquina, etc.) imposibilitan su publicación en cualquier revista científica de prestigio revisada por pares.

Todo el desarrollo clínico del Carvativir en covid-19 carece del suficiente rigor científico y los datos han sido publicados en fuentes de difícil o nulo acceso. En la base de datos clinicaltrials.gov y en la base de datos EudraCT de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no existe ningún estudio en curso con esta molécula.

¿Y qué datos existen sobre su seguridad?

El carvacrol está reconocido por la FDA como GRAS (Generally Recognized as Safe), acrónimo empleado para referirse a sustancias que son usadas como aditivos alimentarios, siendo generalmente reconocidas como seguras en este ámbito, pero no como medicamentos. En cualquier caso, los escasos datos clínicos parecen indicar que este principio activo es bien tolerado.

Sin embargo, en algunas publicaciones se ha reportado que el carvacrol puede interferir con la actividad de las enzimas hepáticas, y causar hepatotoxicidad. Pero esta toxicidad solo tiene lugar al utilizar los aceites esenciales a dosis elevadas y durante un periodo de tiempo prolongado.

Cuidado con “el milagro de las goticas”

La evidencia científica y clínica del Carvativir en el tratamiento de pacientes con covid-19 es enormemente escasa y muy preliminar; anecdótica, podríamos decir. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha pedido insistentemente que se publiquen los resultados clínicos disponibles sobre el Carvativir.

Con estos mimbres, es absolutamente injustificado e irresponsable promocionar su uso como esperanza terapéutica por parte de los responsables políticos, incluida la máxima autoridad de Venezuela. Y también puede ser sumamente peligroso, pues si se dejan de aplicar aquellos medicamentos cuya eficacia sí ha sido contrastada clínicamente y se confía en los efectos de este preparado, se pueden encontrar con el fallecimiento de muchos pacientes que esperan el “milagro de las goticas”.

El verdadero “milagro” para estos países con escasos recursos sanitarios y terapéuticos debería ser la articulación de medidas y políticas internacionales que facilitasen un acceso a los medicamentos justo, amplio y solidario.

Febrero 2, 2021

The Conversation

https://theconversation.com/carvativir-las-goticas-milagrosas-de-maduro-contra-el-coronavirus-154502?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%202%20febrero%202021%20en%20The%20Conversation%20-%201851618037&utm_content=Novedades%20del%20da%202%20febrero%202021%20en%20The%20Conversation%20-%201851618037+CID_58bde5d31161234b0c87499e7ee118f9&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Carvativir%20las%20goticas%20milagrosas%20de%20Maduro%20contra%20el%20coronavirus