Lo conocí en la aquella Escuela de Economía que nos enseñaba Teorías del Desarrollo apegado, en esa época donde hervían las ideas del subdesarrollo y el centro – periferia, pero de una manera tal que se separaba de la mecánica introducción del marxismo en nuestras mentes, porque eso era Héctor dueño de una especial inteligencia que le permitía traducir etiquetas simplificadas. Fue mi muy querido Profesor, no solo por lo que digo antes sino que nos impregnó a todos el deseo de aprender y, diría, más allá del amor por una ciencia tan fría, tal “lúgubre”, como la catequizó Keynes.

Héctor le imprimía a la Economía ese sabor que, desde luego, inspiraba al alma del poeta, porque eso también fue nuestro querido: Poeta. Reconozco que, si no hubiera sido por el estaría haciendo otra cosa. Esa calificación la compartimos todos los que hicimos su curso, por allá por los sesenta que lo designamos Padrino de la promoción.

Pero hay, había, otra cosa más importante en Héctor, esa capacidad que da una inteligencia suprema supo entender y transmitir la realidad hasta percatarse de que su pensamiento, sus libros, sus escritos tenían que dar la vuelta del progreso y comenzó a criticarse a sí mismo, con esa valentía que da la experiencia y la capacidad para hacerse comprender y, lo peor, ayudarnos, a muchos, a salir de aquellos viejos paradigmas. !Miren que valor! Por ese camino se fue convirtiendo en duro crítico de esta supuesta “revolución”, de ese marxismo clásico, anacrónico y simplista.

Sin embargo, de todo ese Héctor Silva Michelena que describo, del que más provecho saqué fue de es ser humano, de sus palabras siempre cálidas, de esa manera de expresarse hasta convencer. Por todo ello puedo decir y calificar a mi gran amigo, Profesor, Padrino de INSIGNE VENEZOLANO.

Como ya le dije. Mis muy sentidas condolencias a Adicea y a los hijos a todos los amigos que compartimos la vida de este INSIGNE VENEZOLANO.

Los miro y los vuelvo a mirar. Cada vez un detalle nuevo. Algunos destrozaban objetos, otros simplemente los robaban. Los más bestias, disparaban. Pero los de la mayoría no sabiendo que hacer, daban vueltas como sonámbulos por las salas del Capitolio, algunos mirando para todos lados con cierto temor, otros como si estuvieran visitando un museo. Les habían dicho que ellos son el pueblo y que el Capitolio es del pueblo, aunque no parecían muy convencidos. Pero era cierto: el Capitolio, en estricto sentido del término, pertenece al pueblo.

El poder pertenece al pueblo y el pueblo lo delega a sus representantes. Pero cuando sus representantes no los representan, el poder debe volver al pueblo. Sea en el formato de Rousseau o en el de Locke, esa es la base de todo contrato social. Tal vez los asaltantes pensaron lo mismo. Les habían asegurado que el derecho de los derechos, el de elegir a su presidente, había sido robado por una clase política fraudulenta. Si eso hubiera sido cierto y no una mentira inventada por el todavía presidente, convertido de pronto en caudillo de multitudes irredentas, habríamos presenciando una grandiosa revolución: La revolución del pueblo en contra de una clase políticamente dominante. Una edición norteamericana de la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno. El problema, el “pequeño problema”, es que la que veíamos en la pantalla no era una revolución en contra de un zar inclemente ni en contra de una monarquía absoluta sino en contra de la máxima representación de la democracia moderna: el parlamento. Un levantamiento ultra-democrático en contra de la democracia representativa. Nada menos

¿Levantamiento ultra-democrático? Preguntarán algunos. Entiendo perfectamente el justificado asombro. Su origen reside seguramente en la excesiva positividad que hemos otorgado al término democracia. Así es: durante mucho tiempo hemos partido de la premisa de que todo lo democrático es bueno solo porque es democrático. No hemos tomado en cuenta que conceptos como los de libertad, justicia, y sobre todo, democracia, a los que consideramos consustanciales a la cultura política moderna, también pueden ser pervertidos. Aún no nos habíamos dado plena cuenta de que la libertad total conduce a la locura, de que la justicia total conduce a la guillotina (o al paredón) y de que la democracia total conduce a la destrucción de la democracia.

Se puede ser extremista y democrático a la vez, y no es contradicción. Los extremistas democráticos del Capitolio eran tan democráticos que no vacilaron en asaltar un edificio histórico que separaba al gobierno de la que ellos imaginaban era la voluntad del pueblo, tan democráticos que no aceptaban que entre gobierno y pueblo existieran instancias mediadoras, tan democráticos que no concebían que entre el que imaginaban líder del pueblo, Donald Trump, y su pueblo, se interpusieran constituciones e instituciones. Tan democráticos en fin, que en nombre de la democracia terminaron por convertirse en democratistas.

¿Democratistas?

La diferencia entre un demócrata y un democratista es fundamental. A diferencias de un demócrata, el democratista no acepta límites dentro de una democracia. El demócrata en cambio, sabe que sin límites toda democracia termina derrumbada sobre sí misma. Esos límites son instituciones cuyos objetivos consisten en regular las relaciones entre el pueblo - convertido en ciudadanía en el marco de un sistema que no solo contempla derechos sino, además, deberes – con el estado.

El demócrata, visto así, defiende a la democracia en forma mientras el democratista a la democracia informe. Es la razón por la cual los movimientos, partidos y gobiernos nacional- populistas de nuestro tiempo no dirigen su artillería en contra de la democracia liberal - como creen sus defensores - sino en contra de las instituciones que dan forma a la democracia, sea esta liberal o no. Esas instituciones son los partidos políticos y por cierto, el lugar donde actúan esos partidos: el parlamento: la “polis nacional” de nuestro tiempo.

Para poner las cosas en relación coherente, podríamos decir que no son los democratistas los que han llevado a la crisis de la democracia sino está última es la que ha hecho posible el avance del democratismo. Sobre las razones que han llevado a esa crisis he escrito otro artículo. Baste agregar aquí que la misión de los democratistas es profundizar al máximo la crisis hasta el punto que un pueblo representado en un caudillo o líder situado más allá de la constitución y de las instituciones, ponga punto final a la discusión pública (“Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó parar”, decía una canción democratista (Carlos Puebla) poco antes de que Fidel Castro se hiciera del poder total en nombre del pueblo).

Ya no podemos cerrar más los ojos: la democracia, no solo la liberal, está siendo asediada. Los movimientos nacional-populistas irrumpen incluso en países considerados modelos de la democracia moderna. Podemos llamarlos chusmas, turbas, hordas, u otros nombres peyorativos. Lo que no podemos negar es que representan auténticos movimientos populares. Nos guste o no, actúan de modo coordinado, organizados con disciplina y objetivos, entre ellos, desbancar a los que los trumpistas llaman el stablishment (o “la casta” en la versión de Podemos en España, o “las cúpulas podridas” en la versión facho-chavista). Dicho en tono más académico, el objetivo de los democratistas es derrocar a la “clase política”. Su ideal es una democracia radical, vale decir, sin políticos ni política.

Formados en la sociedad civil, asociados en organizaciones no gubernamentales y en movimientos muy estructurados, los democratistas son de verdad revolucionarios. A su modo representan una rebelión del demos no en contra de la cracia, pero sí en contra de las instituciones de la demo-cracia. En Alemania por ejemplo ya lograron apropiarse del lema libertario que llevó a la caída del muro: “nosotros somos el pueblo”. A través de ese lema los nacional-populistas reclaman la rescisión del contrato social vigente, la devolución del poder al pueblo para asumirlo directamente a través de sus líderes. El “nosotros somos el pueblo” que en la Alemania comunista buscaba expropiar a una dictadura, es ahora usado ahora en contra del poder institucional delegativo. Quiere decir: “nosotros somos el pueblo” y no los diputados y senadores que dicen representarnos, nosotros y no los emigrantes, nosotros y no los académicos e intelectuales, nosotros y no los virólogos.

Ha llegado el momento de entender: las instituciones que dan forma a la democracia nacieron para representar al pueblo. Eso significa, para impedir que el pueblo, o de algunos en nombre del pueblo, hagan ejercicio directo del poder. No solo nos protegen de tentaciones dictatoriales, sino también del mismo pueblo cuando es conducido por populistas y demagogos. En consecuencias, lo que hay que defender no es tanto la democracia liberal (cada uno puede entender por ella lo que quiera) sino la democracia institucional.

No será impertinente recordar que los totalitarismos del siglo XX nacieron en las propias entrañas del pueblo. Todos irrumpieron como anti-stablishment en contra de “la clase política” y, por supuesto, en contra del parlamento. Ya sea en nombre del pueblo-nación, del pueblo-clase o del pueblo -masa, todos encuentran sus orígenes en movimientos democratistas. De ahí que, si tuviéramos que definir en breves palabras la esencia del democratismo, habría que decir: el democratismo es la democracia sin instituciones. Y como no puede haber política sin instituciones, ha llegado el momento de defender a la política a través y a favor de las instituciones que la representan.

La democracia no parlamentaria, vale decir, la democracia democratista, sin leyes ni delegaciones, sin debates ni controversias, ha sido y es antesala de toda dictadura.

Nota adicional para lectores venezolanos

Cuando el 23 de enero de 2019 el diputado Juan Guaidó, en representación de la Asamblea Nacional se juramentó como presidente interino, declarando fraudulentas las elecciones presidenciales en las cuales la oposición mayoritaria no había participado (20-M-2018) e imponiendo en nombre del pueblo una estrategia que ponía en primer lugar el derrocamiento (no electoral) de Maduro, abandonó la línea democrática (electoral, pacífica y constitucional) asumida por la oposición en el pasado, para transformarla en una línea democratista, vale decir, no-institucional.

El 6-D- 2020, cuando esa oposición democratista pero ya no demócrata, entregó la Asamblea Nacional al gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela fue convertida en un país atrapado por dos democratismos: el de un gobierno que en nombre del pueblo usa las elecciones en contra de las instituciones y el de una oposición que en nombre del pueblo hizo abandono de la institución más política del pueblo, en aras de una insurrección que no tenía con qué llevar a cabo.

El espacio político-democrático fue vaciado.

Polis

29 de enero 2021

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Hablar de valores y particularmente de valores familiares, ha sido considerado por muchos como un tema delicado, y desde múltiples perspectivas, sensible. En un primer momento surgen en la mente de quien tiene encomendada tamaña tarea dudas, sobradamente fundamentadas, sobre los tópicos a tratar, la forma de abordarlos y más importante todavía, el auditorio, ese grupo de individuos ávidos de información con la expectativa e incluso la esperanza puesta en su interlocutor. Visto desde este ángulo, la responsabilidad asumida es enorme, más aún si el tema esta estrictamente ligado con los valores familiares en medio del caos que implica vivir hoy en Venezuela.

Ahora bien, una vez asumido el compromiso y superado el impacto inicial, la estrategia parece clara. Para hablar de valores familiares en medio del caos que rodea a las familias y comunidades que sortean a diario este país, es necesario repasar conceptos fundamentales que den luz sobre el deber ser, limpiando un poco el enmarañado escenario mental que por momentos parece nublar la claridad de pensamiento.

En este contexto, palabras tan conocidas y repetidas como valores, familia, comunidad y sociedad, entre muchas otras, resaltan como si tuvieran sus letras hechas con luces de bengala. Si apelamos a la modernidad, pueden incorporarse otros vocablos, mas recientes y no menos importantes como resiliencia, empatía e incluso activismo social. Como si hiciera falta agregar un poco más de complejidad a la ya existente, todo esto debe funcionar bajo la tan nombrada nueva normalidad.

Es necesario entonces empezar por el principio. Los valores por definición representan los principios, virtudes o cualidades positivas que caracterizan a una persona y forman parte de su sistema de creencias, por lo que modulan la conducta, los intereses, sentimientos, pensamientos y la manera cómo los individuos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean, de allí su importancia (Morales, 2018).

La familia, tradicionalmente ha sido vista como el núcleo fundamental de la sociedad, definición miles de veces repetida y aprendida desde los primeros pasos del jardín de infantes. Sin embargo, simboliza un elemento mucho más complejo, representando un grupo de personas que hacen vida en común y que está unidos por un vínculo que puede ser de afinidad (pareja), consanguinidad (padres/hijos), adopción o de algún otro tipo (Martínez, 2020).

La sociedad por su parte, es un grupo de individuos, pueblos o naciones con intereses variados que conviven o se relacionan dentro de una zona geográfica común, bajo leyes comunes que regulan el comportamiento, la participación, la adaptación y la autoridad. Supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada y ordenada, e implica un cierto grado de comunicación, cooperación y la observancia de preocupaciones mutuas, donde cada individuo cumple determinadas funciones (Imaginario, 2018; Chirinos S/F).

El término comunidad puede definirse como un grupo de personas que viven en un área geográficamente específica, cuyos miembros comparten valores, vínculos afectivos y morales, actividades, intereses y necesidades comunes, en un tiempo y espacio determinado, haciendo realidad y vida cotidiana. Representa un entorno dinámico, que se mantiene en constante movimiento, transformación y evolución, sufren crisis, se reorganizan y buscan alternativas comunes o de manera autónoma para solucionar problemas, lo que desarrolla sentido de pertenencia, identidad social y conciencia de sí como grupo. En una comunidad, los individuos asumen el desarrollo de adentro hacia afuera comprendiendo que este desarrollo llega cuando los objetivos comunes trascienden a los particulares (Reynosa, 2015).

Ahora bien, repasar estos conceptos como parte del tema de valores familiares resulta un ejercicio teórico quizás tedioso, pero absolutamente necesario, pues es justamente en la familia donde pueden fortalecerse los valores que permitan cambios vitales en la comunidad y en consecuencia en la sociedad venezolana. Es, como ya se expresa arriba, desde adentro, en la familia consanguínea o no y en la comunidad vista como familia extendida, donde el individuo hace vida diaria, donde las grandes transformaciones tienen su origen y donde los pequeños milagros ocurren casi sin darnos cuenta.

Sin embargo, en la época tan compleja que vive el país, esta concepción de familia y comunidad, aunque ideal, pareciera difícil de alcanzar. La crisis que nos ha tocado padecer, lamentablemente sitúa al país en un escenario desolador, caótico, por no decir trágico. El caos venezolano lamentablemente envuelve. Cada día se convierte en una lucha constante para cubrir las necesidades más elementales. El ciudadano común se encuentra tan arropado por la realidad, tan angustiado y apresurado, que muchas veces olvida reconocerse a sí mismo como parte vital del grupo de gente decente, buena, noble y trabajadora que forma parte de su comunidad.

No obstante, la realidad demuestra que, aun ante este oscuro escenario, los venezolanos se levantan y siguen adelante construyendo de mil formas posibles el mejor futuro para sus familias, sin olvidar a aquellos a quienes la crisis ha golpeado con más fuerza. Es justamente en estos tiempos duros, cuando la comunidad venezolana ha demostrado ese sentimiento de solidaridad, de empatía y de colaboración, dando paso a la unión, la identificación con el otro, el respeto, y la compasión por aquellos menos afortunados, salvando incluso las diferencias políticas.

Esto se vive a diario, en cada calle, en cada sector, en cada comunidad. Estos son valores familiares que están tatuados en el alma de los venezolanos de bien y esos justamente, son los valores que deben ser reconocidos, rescatados y fortalecidos primero en el mismo individuo, y a través de este, en la familia y en la comunidad.

De allí la importancia de reconocer en nosotros mismos, y reconocer en el otro. los valores, comportamientos y formas de vida comunes. Entender que formamos parte de una comunidad que es reflejo de cada uno de los ciudadanos que la conforman y que esos valores que hemos inculcado por años dentro del núcleo familiar al ser extrapolados a la comunidad como familia extendida, permiten mejorar la convivencia y generar cambios desde adentro. Cambios que no son impuestos por terceros, sino que surgen de la propia comunidad que ha sido capaz de reconocerse, respetarse, escucharse, identificar problemas comunes y buscar soluciones que beneficien a todos como grupo y no a individualidades. Representa entender que el bien común, es al mismo tiempo el bien propio.

¿Es posible entonces fortalecer valores familiares, y en consecuencia comunitarios, en medio del caos que implica vivir hoy en Venezuela? ¡La respuesta es definitivamente SI! Valores como la solidaridad, la empatía, la cooperación, la compasión, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, entre otros muchos, se convierten hoy día en el ancla que permite sobrellevar un escenario tan duro y tan incierto cono el venezolano, tocado además por esta nueva normalidad, medida necesaria ante una pandemia que tomó al mundo entero por sorpresa y que implica que cuidar de uno mismo es también cuidar al otro.

Está claro que a los venezolanos no nos ha tocado una tarea fácil. Sin embargo, si es posible asumir la situación, responder a ella y sobreponernos. Es decir, aprender, a ser resilientes, aprovechando cada experiencia como herramienta para reinventarnos y crecer. Rescatar y fortalecer ese esquema de valores que ya tenemos, en la familia y en la comunidad como familia extendida, es parte de ese proceso. Allí justamente comienza la transformación que tanto deseamos, en cada individuo, en cada familia, en cada comunidad, en la sociedad y finalmente en el país. Es entendiendo la responsabilidad individual y colectiva que tenemos en la construcción de un país distinto, donde quepamos todos, lo que puede hacerlo posible.

REFERENCIAS

Causse, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio - histórico-cultural y lingüístico. Ciencia en su PC,núm. 3, pp. 12-21 Disponible: https://www.redalyc.org/pdf/1813/181321553002.pdf. Consulta: 12 enero 2021.

Imaginario, A. (2018). Significado de Sociedad. Disponible: https://www.significados.com/sociedad/.

Linares, R. (2020). Resiliencia: Los 12 hábitos de las personas resilientes. Disponible: https://www.elpradopsicologos.es/blog/resiliencia-resilientes/. Consulta: 14 enero 2021.

Martínez, A. (2020). Definición de Familia. Disponible: https://conceptodefinicion.de/familia/, Consulta: 12 enero 202.

Morales, A. (2018). Significado de Valores. Disponible: https://www.significados.com/valores/#:~:text=Los%20valores%20son%20los%20principios,importancia%20para%20un%20grupo%20social. Consulta: 12 enero 2021.

Reynosa, E. (2015). Comunidad y sociedad. Síntesis teórica sobre la reflexión de sus significados. Disponible: https://www.grin.com/document/308296. Consulta: 13 enero 2021.

El aturdimiento que sufre el socialismo militarista después del 6D y su conexo 12D, fuentes de la resistencia civil de la venezolanidad democrática, es tal que durante todo el mes de enero ha sido incapaz de desarrollar una acción política, que oriente el desenvolvimiento de la república según la Constitución vigente. En consecuencia, la Corriente de Participación Activa, que muéstrese como resistencia civil, ha venido desarrollando la iniciativa para construir una respuesta política, propia de la invención de la política para, como una irrupción social nacional legítima, reponer y ordenar a una masa social de venezolanos importantísima, que está dispuesta haciendo vida ciudadana y de espaldas a la antipolítica lograr la transición política de la república.

El aturdimiento del régimen -torpeza política que muestra carencia de recursos y falta de serenidad- lo convierte un actor repetitivo, repugnante, confundido que sólo como actos antipolítico sigue empleando el engaño de su grotesca estructura de gobierno, para perseguir, encarcelar y maltratar al venezolano. El aturdimiento lo lleva a darle preeminencia a la violencia de espaldas a la sociedad. Es pánico lo que demuestra el régimen, que permite que se reconozca a este disfraz de proyecto, que ya no sabe cómo mentirle a la Venezuela democrática, valiente y capaz que hoy se muestra como una Corriente de Participación Activa. Participación activa para reponer la democracia en Venezuela, ello crecerá y animará a todos los venezolanos de bien, asqueados de este militarismo ocioso y cobarde.

La venezolanidad democrática como resistencia civil, haciendo política, política horizontal distante del partidismo, participación política incluyente creativa, con nuevas formas de coaliciones, con nuevos contenidos político-sociales le permitirán nuevo contenidos y activar un renacimiento de la política, en el cual la ley, la tradición y la ética estarán por encima la verticalidad, la sumisión y el grupalismo. Nuevas coaliciones y formas de agrupación política para compartir el poder y reiniciar un futuro de la república, totalmente contrario al revolucionarismo perverso y retrógrado, que ha puesto a la república en la desesperación y permanente conflicto.

La política será en base a convocatorias, comunicaciones históricas, acercamientos sociales, encaminados todos por la ciencia y amparados en el poder legítimo, ajustado a la Constitución. Será un hacer político por convicción y dará a pie a la transición política, que será entendida por todos y cada uno de los actores y ciudadanos que aspiramos la democracia. Saldremos del pantano de las palabrerías, de la improvisación. En cambio, se abrazará a la política, la geopolítica y, sobre todo, se respetará la historia. Ese desarrollo impactará por igual a cualquier grupo social que apunte al éxito y a la democracia. La política que se desarrollará desde esas acciones será dirigida por la Corriente de Participación Activa que, como una práctica permanente y continua del realismo, definirá formas, foros y estructuras que mostrará el virtuosismo de la venezolanidad.

La política que desarrollará esa estructura surgida de la resistencia civil le asquea la desocupación, el conflicto, el desempleo, el ladronismo, es decir todo cuanto destruye, por cuanto la política se apoya en la construcción, la iniciativa, el mejor ciudadano para los mayores logros de la república y su propio beneficio. Es tiempo de política… después de 20 años de antipolítica y por lo menos 45 años de conspiración, como consecuencia y responsabilidad de cúpulas partidistas y militaristas, comparsa responsable de lo que se conoce como huerco organizacional militar. Hueco organizacional que defiende el absurdo del Estado Cuartel, vergüenza y desgracia para la historia político-militar de Venezuela en el siglo XXI.

La Corriente de Participación Activa es el camino y el ejercicio y reconstrucción de un país, sociedad e instituciones asaltadas, manipuladas por operadores y grupos de espaldas a la historia, la sociología y moralidad del venezolanismo. Fueron y son grupos simplistas, que desconocen la tesis de la decencia en y del gobierno, pero más grave aún, nunca reconocieron los tres discursos que los acompañan como raza. Son los ignaros que se tragó el revolucionarismo, por ello convirtieron a la república en un espacio donde la explosión violenta y adireccionada los puso en el poder, pero un poder entendido como fuerza. La respuesta que crece que después del 6D y 12D es una respuesta de convicción profunda general de lo que es la venezolanidad, de lo que significa la política por lo cual se logrará desplazar el revolucionarismo, que se alimenta de la ignorancia y la rebelión. Será, entonces, un gran cambio que afectará a la mayoría de demócratas después de la farsa electoral, que hoy ya se entienden como una Corriente de Participación Activa.

La venezolanidad será la propulsora de la reinvención de la política en Venezuela, de la política como la gran orientación para arribar a la democracia, que requiere cultura política y estabilidad necesaria para establecer el orden y el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Los venezolanos después del 6D y 12D se niegan a seguir verificando lo ocurrido el año 2020, en consecuencia a partir de 2021 será necesario no ver más la miseria exponencial y estimular el crecimiento de la venezolanidad. La venezolanidad ha dicho presente y lo político no será más trivial, ni se confundirá con los colores, ni con el partidismo o el simplismo que hasta el 6D venía afectando a la sociedad. La sociedad ha mostrado su responsabilidad por la política, está presente y dispuesta para la reconstrucción de la república democrática. ¡Manos a la obra! Ese es el qué… cada uno de los demócratas definirá el cómo.

Es original,

@JMachillandaP

Director de CEPPRO-CSB

Caracas, 26 de enero de 2021

Hay un movimiento general en el mundo por parte de los Estados o gobiernos contra el poder de las Big Tech, los grandes monopolios u oligopolios tecnológicos, desde EEUU, cuna de estas empresas en Occidente, a Bruselas (y Londres), pero también China. El Foro Económico Mundial, en su último informe de Riesgos Globales para los próximos años, cita el de la “concentración de poder digital” en sexto lugar (por probabilidad, no por impacto). Para impedirlo, entre estos actores no hay coincidencia ni en los objetivos buscados ni en los métodos elegidos, salvo en impedir que se asfixie la innovación.

China

El régimen chino ha frustrado la importante salida a bolsa del Grupo Ant, la financiera tecnológica del gigante Alibaba, fundado por Jack Ma, que había criticado públicamente el modelo arcaico de los bancos chinos. Responde al temor a perder el control sobre los instrumentos del crédito que, como bien recuerda Eugenio Bregolat, son tan importantes para el sistema chino, y al temor a que se generen inestabilidades en el sistema. La decisión se debió tomar con la aprobación de la cúspide, es decir, del propio presidente Xi Jinping, como señaló Nikkei Asia, en un análisis recomendable. Alibaba ha sido sometida a una investigación antimonopolio. Ma ya había dimitido, y su sucesor en Alibaba Daniel Zhang ha hecho un acto de contrición público.

No se trata sólo de quebrar la rebelión o el enfoque de Jack Ma, sino en general de volver a recuperar el control sobre las grandes tecnológicas chinas, tras años de laxitud sobre su crecimiento y prácticas oligopolísticas. El regulador antimonopolio, la Administración del Estado para la Regulación del Mercado, ha hecho público por vez primera un informe proponiendo reglas para impedir que las grandes plataformas de Internet bloqueen la competencia. El Banco de China ha hecho propuestas en esta línea para su sector. En algunos aspectos el régimen chino va más lejos que la regulación occidental pues no se limita a vigilar cuotas de mercado, sino también los intereses de los consumidores. El régimen se plantea limitar la capacidad de actuación de Ant, e incluso entrar en el capital de estos conglomerados privados. El capitalismo chino está cambiando.

Es decir, que el movimiento dentro de China va más allá del caso de Jack Ma. Quizá el régimen haya aprendido de los rusos cómo doblegar el poder de los oligarcas. Las plataformas son un instrumento de control político, y, también en China, la profusión de redes sociales y agregadores de noticias dificulta la censura. Alibaba, Tencent y Baidu (conocidas como las BAT) tienen cada una más de 1.000 millones de usuarios y llevan a cabo una política agresiva de compra de start-ups. Recuperar el control es, pues, una de las prioridades del régimen. Incluso hay una cierta rebelión de los consumidores en China contra las plataformas de ventas o servicios que usan los datos personales que recaban para subir precios.

EEUU

En EEUU ha crecido el movimiento para limitar el poder y alcance de las grandes tecnológicas, sobre todo las llamadas GAFA (Google –o su empresa madre Alphabet–, Amazon, Facebook y Apple). Se han puesto en marcha procedimientos por parte del Departamento de Justicia (que previsiblemente continuarán en una Administración Biden) contra Google y Facebook, de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y de 46 estados. Los servicios Demócratas del Subcomité Antimonopolio del Comité de Justicia del Congreso habían elaborado antes de las elecciones un dictamen sobre “La investigación de la competencia en los mercados digitales”, que plantea varias posibilidades.

Más que cambiar las reglas, se busca cambiar la situación. No es probable que la Administración Biden, que tiene tantos frentes abiertos, promueva como prioridad inmediata una nueva legislación pro-competencia, anti-trust, sino que previsiblemente se basará en la existente, esencialmente la Ley Sherman de 1890, que ha vuelto a invocarse contra Google. Pero la de Biden no será tan permisiva con las Big Tech como lo fue la Administración Obama. California sí avanza más en materia de regulación, pero por ello mismo algunas empresas, sobre todo start-ups, están abandonando Silicon Valley –el tecxódo, se lo está llamando– por otros lugares más propicios a sus fines.

Un objetivo básico es fomentar la competencia, la innovación y la creatividad, y para ello frenar algunas adquisiciones por las Big Tech, justamente para devorar a posibles competidores. Es lo que ha pasado cuando Facebook adquirió Instagram y WhatsApp, o Google con YouTube. También se trata de evitar acuerdos entre grandes, que frenen la competencia, como el que llevó a Apple a integrar el buscador de Google en sus dispositivos. O para el reparto de la publicidad digital.

Hay muchas reticencias en EEUU a trocear las grandes tecnológicas, como en su día se hizo con las petroleras, las eléctricas o las telefónicas. Hay casos en que sí sería relativamente sencillo (por ejemplo, separar a WhatsApp de Facebook). Pero a menudo las tecnologías están imbricadas. Estas empresas, además, invierten mucho en Inteligencia Artificial y otras tecnologías en las que EEUU está en competencia, con consecuencias geopolíticas, con China.

Como en Europa, ante los procesos de desinformación vividos, se plantea además la cuestión de que las plataformas se responsabilicen de la veracidad de los mensajes que transportan, algo que tampoco es fácil de conseguir sin vaciar una parte importante del sistema de funcionamiento de las redes sociales. Que Apple y Google hayan expulsado de su espacio –y Amazon de sus servidores– una app como Parler, con contenidos de extrema derecha, plantea un problema central: ¿son las grandes plataformas privadas las que han de regular el espacio público de debate, o han de hacerlo, como se propone más desde Europa, las autoridades públicas? Es de Europa, concretamente Angela Merkel, de donde, en nombre de la libertad de expresión, han surgido críticas más duras a la prohibición de las cuentas de Trump en Twitter y Facebook, entre otros. Europa quiere que se regulen las plataformas de modo que se hagan responsables de lo que portan, pero no está a favor de este tipo de censura. No es aceptable que las grandes plataformas de redes sociales tomen decisiones por su cuenta, ha apuntado la Comisión Europea.

UE (y el Reino Unido)

A diferencia de EEUU, en la estela de varios Estados miembros que lo pidieron en octubre, la UE pretende aprobar reglas para cambiar los modos en que las Big Tech operan. La UE está orgullosa del alcance global de algunas de algunas de sus regulaciones (como el Reglamento General de Protección de Datos). Su política de competencia es estricta y en marzo multó a Google con 1.760 millones de euros por abuso de dominio de mercado en publicidad online. La Comisión Europea, a la que ha asesorado en estos temas Jason Furman, que trabajó para la Administración Obama, ha presentado a finales del año pasado dos iniciativas de gran calado: las propuestas de Reglamento de Servicios Digitales, esencialmente para responsabilizar a las plataformas sobre contenidos (con la amenaza de cuantiosas multas), y el Reglamento de Mercados Digitales para limitar las actividades de algunas de estas empresas, sobre todo contra los “guardianes”, los gatekeepers, pues otras compañías han de usar sus servicios para sus propios negocios, y son capaces de dictar cómo han de funcionar los mercados. Estas propuestas han sido recibidas con uñas por algunas grandes estadounidenses, pero la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, les ha advertido que la alternativa a una legislación europea es una multiplicidad de regulaciones nacionales, algunas más duras. También la Autoridad de Competencia y Mercados británica propone un nuevo código de conducta y una nueva Unidad de Mercados Digitales que pueda imponer multas significativas.

No parece probable, pese a las advertencias de los comisarios Margrethe Vestager y Thierry Breton, que ante una nueva Administración en Washington, con la que quiere recomponer las relaciones transatlánticas, la UE se lance a intentar trocear por su cuenta las grandes empresas estadounidenses. Pero quiere abrir espacios a sus propias empresas. Europa ahora, según un informe, dice haber generado 120 unicornios (tecnológicas de más de 1.000 millones de dólares de valor) en la última década.

Desde Europa, en un espejo invertido del chino con Ant, los bancos tradicionales piden que se regule las fintech para poder competir en igualdad de permanecer en el negocio, como reclama, por ejemplo, Ana Botín, presidenta del Santander, para la cual “las grandes empresas tecnológicas se están convirtiendo en plataformas de préstamo sin tener que cumplir con la mayoría de la normativa bancaria”.

Ante las Big Tech, todos, Europa, EEUU y China, parecen estar en un juego aparentemente similar, pero con grandes diferencias, que tenía que llegar tras años de crecimiento sin control de estas empresas. También se trata de estar en buena posición de competir desde los gobiernos (o la UE) por los estándares internacionales, incluidos los impuestos a pagar por estas empresas.

26 de enero 2021

Elcano

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Ante las irregularidades en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional (AN) elegida legítimamente en 2015 respondió modificando parcialmente el 26 de diciembre de 2020 la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia. Se trató de una decisión polémica que no contó con el respaldo de la fracción parlamentaria de Acción Democrática (AD).

Dicho instrumento se sustenta en los artículos 7 y 333 constitucionales. El primero establece el principio de la supremacía de las normas del texto fundamental sobre todas las demás normas. Por su parte, el artículo 333 contempla, en primer lugar, que la Carta Magna no perderá vigencia por ningún acto de fuerza ni mucho menos queda derogada por algún medio distinto al previsto por ella. En segundo lugar, hace referencia expresa a la obligación que tienen los ciudadanos de colaborar en la restitución de la plena vigencia de la Constitución cuando se vea afectada.

Desde Acceso a la Justicia, consideramos conveniente conocer los aspectos más relevantes de los cambios, los cuales se refieren según sus promotores a impulsar un cambio político y el restablecimiento del Estado de derecho.

Declaratoria de ilegitimidad de las elecciones del 6 de diciembre de 2020

La reforma modificó el artículo 11 del Estatuto, cuyo texto establece que el proceso realizado el 6 de diciembre de 2020 no fue una legítima elección parlamentaria, y, en consecuencia, todos los actos que emanen «de la írrita institucionalidad derivada del fraude electoral del 6 de diciembre de 2020 son nulos e ineficaces en los términos de los artículos 25 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

Ante la ilegitimidad de los resultados electorales por las múltiples denuncias de irregularidades que rodearon al proceso comicial desde su mismo inicio, y que favorecieron fraudulentamente a los candidatos del oficialismo, la AN de 2015 estableció que los actos que emanen del nuevo Parlamento son nulos e ineficaces.

Prórroga del mandato de la AN de 2015

Ante la ilegitimidad de la nueva AN, el Estatuto incluye la premisa de la continuidad del mandato del Legislativo electo en 2015, el cual:

«funcionará a través de la Comisión Delegada hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021» (artículo 12).

Sobre la base de que la AN de 2015 es la única institución constitucional que goza de legitimidad de origen, la norma establece la prórroga y preservación del mandato legislativo hasta el 5 de enero de 2022, mientras se restablezca la confianza institucional por medio de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias que fomenten la democratización en el país.

La Comisión Delegada según la Constitución y el Estatuto

La reforma del Estatuto incluye los artículos 13 y 14 que están destinados a regular la composición y las funciones que tiene asignada la Comisión Delegada como instancia que ejercerá la continuidad de la AN de 2015 en el país.

El instrumento legal indica que la Comisión Delegada estará presidida por la junta directiva de la Asamblea Nacional y compuesta de acuerdo a la integración establecida en el artículo 195 de la Constitución (artículo 13).

Asimismo, en el artículo 14, además de recoger las funciones previstas en la Constitución (convocar sesiones extraordinarias, autorizar créditos adicionales y la salida del país del presidente de la República, entre otras), se incluyen otras adicionales: dar continuidad a las funciones del Poder Legislativo nacional (numeral 1); actuar para el restablecimiento del orden constitucional, asegurando la separación de poderes (numeral 3); autorizar la designación hecha por el presidente de la República del procurador especial de la República y de los jefes de misiones diplomáticas, así como designar al contralor especial de la República (numeral 10); promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, así como el restablecimiento de la democracia (numeral 12); defender los derechos humanos, procurar el rescate del sistema de garantías y libertades constitucionales, así como propiciar la reversión de la crisis humanitaria compleja (numeral 14); y procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses de los entes del Estado venezolano en el extranjero (numeral 15).

Creación de un «Consejo Político»

El texto crea un «Consejo Político» que llevará a cabo la coordinación, seguimiento y evaluación de la acción de la presidencia encargada de la República. Adicionalmente, contempla que la actuación del Consejo Político se «orientará a la procura de elecciones libres, justas y verificables, al pleno restablecimiento del orden constitucional y de la separación de poderes, y al rescate del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela» (artículo 18).

En cuanto a la organización, competencias y régimen de funcionamiento de este ente, el Estatuto indica que serán reglamentados por el propio presidente encargado de la República mediante Decreto dictado de conformidad con los artículos 226 y 236, numerales 10 y 20, de la Constitución, en concordancia con el presente artículo, dentro de los treinta días continuos e inmediatos al 5 de enero de 2021 (artículo 19).

La respuesta del Gobierno de Maduro

Pocos días después de la aprobación del Estatuto, específicamente el 30 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió y decidió la demanda de nulidad presentada por los otrora diputados opositores Oscar Adolfo Ronderos Rangel, y Ezequiel Eligio Pérez Roa.

En tal sentido, mediante sentencia n.° 274, la Sala Constitucional declaró la nulidad e ineficacia de la reforma del Estatuto por considerar que es contrario al texto constitucional; en buena medida, reiteró el contenido de su fallo n.° 6 del 8 de febrero de 2019, por medio del cual rechazó este instrumento normativo ante la falta de legitimidad del órgano parlamentario dominado por la oposición.

Nuevamente, la Sala Constitucional acusó a la AN de 2015 de «atentar contra el orden constitucional y la paz social»; y por ello, le ordenó al Ministerio Público que investigue penalmente «la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley» a quienes aprobaron la reforma. Igualmente, ratificó que cualquier actuación de la mencionada AN y de cualquier órgano o individuo en contra de la sentencia «será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de las responsabilidades a que hubiere lugar».

Además, el TSJ pidió a la Contraloría General de la República que evalúe y cuantifique los daños materiales y patrimoniales causados al patrimonio público como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por el Parlamento controlado por la oposición.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Lamentablemente no se vislumbra ninguna solución política, electoral y pacífica de la crisis institucional a corto plazo. A medida que se consolida el control político por parte del Gobierno de Maduro se alejan las esperanzas, especialmente ante la agudización de la represión a la disidencia.

En todo caso, parece ser que los graves problemas de hiperinflación e inseguridad que agobian a la población venezolana continuarán a la orden del día en medio de una pandemia, acompañados además de ineficiencia y corrupción sin límites bajo el amparo del Gobierno.

26 de enero 2021

https://accesoalajusticia.org/la-hoja-de-ruta-de-una-parte-de-la-an-de-2...

Extracto de lo más resaltante

1. Incapacidad del Estado de dar respuesta a demandas sociales

Debido a un mayor nivel de deuda pública, débil desempeño de las economías y creciente conflicto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

“América Latina nuevamente es puesta a prueba. Buena parte de sus gobiernos se enfrentan a desafíos políticos recurrentes en su convulsionada historia. Inmersos en un clima de agitación social, agravado por el incierto escenario económico mundial y la pandemia, los gobiernos se enfrentan a presiones por mayor gasto público y soluciones fáciles. El populismo y la desconfianza en las instituciones, en especial, en la capacidad del Estado de atender las demandas ciudadanas, comienzan a debilitar el Estado de Derecho y constituirse en un riesgo para la democracia”.

Marcelo Forni. Consejero CEIUC

2. Nueva ola de protestas violentas en la región

Por altas tasas de desempleo, mayor desigualdad y aumento de pobreza.

“Si no se encuentra una manera de canalizar institucionalmente estas demandas, el riesgo que viene es que van a volver las protestas sociales y, en algunos casos, estas protestas pueden venir acompañadas de una ola de violencia”.

Daniel Zovatto. Investigador asociado CEIUC

3. Aumento de corrupción, narcotráfico y crimen organizado

Ante el debilitamiento del Estado de Derecho, organismos de control y falta de orden público.

“En la medida que el estado latinoamericano falla de proteger a la ciudadanía de las crecientes vulnerabilidades producto de la crisis sanitaria y económica, disminuirá aún más su legitimidad. En cambio, en muchas partes los grupos criminales, los carteles del narco-tráfico y las pandillas han podido ganar capital político y apoyo entre la gente”.

Nicole Jenne. Profesora afiliada CEIUC

4. Mayor apoyo a líderes autoritarios y populistas

Ante bajo nivel de confianza en las instituciones y democracia, viéndose afectadas las libertades y derechos de las personas.

“La tendencia hacia los personalismos es una constante casi permanente en el mundo Hispanoamericano. La débil génesis de las instituciones políticas tras las emancipaciones dio lugar a una seguidilla de regímenes de corte caudillista basados en el carisma o apoyo fáctico de líderes en concreto, que acentuaron la idea de que el poder se construye sobre personas y no sobre instituciones o leyes. De allí la constante rotativa gubernativa o constitucional que es tan característica de ciertos países de la región. Esa carencia de instituciones fuertes explica y facilita hoy la irrupción de caudillos de corte populista”.

Javier Infante. Profesor afiliado CEIUC

5. Inseguridad jurídica en los negocios y la inversión

Debido a la debilidad institucional y del Estado de Derecho.

“Cuando el Estado no puede reaccionar debidamente contra los flagelos sociales, aumenta considerablemente la probabilidad de que emergerán líderes populistas y/o autoritarios, uno de los riesgos que más afectan al emprendimiento y la inversión. Como es sabido y entendible, el capital y el emprendedor se defienden de ese riesgo no invirtiendo, o si lo han hecho, retirando su inversión para ponerla a buen recaudo”.

Jorge Carey. Consejero CEIUC

6. Crisis migratoria

Ante deterioro de la situación económica y social en la región, generando tensiones internas.

“No obstante la migración ser conceptualmente un derecho humano, el incremento de sus flujos ha provocado que algunos sectores la consideren como riesgo estratégico, lo que —en los hechos— con- figura una contradicción pues, por una parte, no se condice con el significado tradicional del término y, por la otra, dimensiona circunstancias adversas que contaminan la consecución del proceso propiamente tal”.

Pablo Cabrera. Investigador asociado CEIUC

“Este fenómeno no es nuevo en América Latina, quienes se embarcan en estas travesías comparten una misma realidad: dejan sus hogares debido a la falta de oportunidades, la violencia, la inestabilidad política en sus países e incluso la escasez de alimentos y medicinas. Sin embargo, estas condiciones podrían recrudecerse, debido a la crisis causada por la conjunción de la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Esto supondrá enormes retos para las zonas de destino en materias de servicios de educación, salud, atención humanitaria, empleo, entre otras”

María Paz Fernández. Investigadora CEIUC

7. Utilización de las Fuerzas Armadas

Para fines políticos o de orden público interno, generando inestabilidad política.

“Este riesgo no es nuevo y se remonta a una discusión antigua y la solución está en la República, en el espíritu republicano y en la democracia. Las FF.AA. no deben pertenecer al gobierno de turno, de lo contrario, se crea una visión distorsionada, cuando se empiezan a confundir con la autoridad política, se crea un riesgo para la gobernanza y generará un riesgo eventualmente que no será sostenible en el tiempo”.

Javier Urbina. Investigador asociado CEIUC

“Las FF.AA. están subordinadas a la autoridad política legítimamente constituida, pero no son parte del gobierno de turno. Forman parte del Estado y en último término, se deben a la República y su institucionalidad. De allí que, cuando se utilizan con fines políticos del gobierno en ejercicio, se deslegitiman, al perder la neutralidad política (Venezuela, Cuba). Cuando no se siguen los parámetros precedentes, con el empleo de las FF.AA., frente a las situaciones complejas que se viven y se seguirán viviendo, lo más probable es que se aumenten los riesgos políticos que azotan a la región”.

Óscar Izurieta. Investigador asociado CEIUC

8. Conflicto geopolítico de Estados Unidos y China

Y mayor dependencia a este último, genera divisiones políticas en la región.

“La guerra comercial y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China obligan a todos los países de la región a adaptar su política externa a un orden bipolar cada vez más agresivo”.

Francisco Urdínez. Profesor afiliado CEIUC

9. Parálisis de la integración regional

“La parálisis de la integración regional, ante mayor polarización y fragmentación de los países, comenzará a afectar las instancias de coordinación geopolítica de la región con el mundo. Una gran parte de América Latina no está siendo parte de las conversaciones globales que definirán las nuevas reglas de diversas áreas en las que no se ha podido alcanzar consensos globales y, por tanto, muchos países avanzan en generar consensos reducidos. Con el afán de “no inclinarse para ninguna de los dos lados de un mundo fragmentado” América Latina no está casi dialogando con el resto del mundo, constituyendo un riesgo en el mediano plazo”.

Nicolás Albertoni. Investigador asociado CEIUC

10. Surgimiento de tensiones fronterizas

Pueden derivar en conflictos armados.

“Los conflictos fronterizos en América Latina suelen ser reavivados recurrentemente por los gobiernos de la región en determinados momentos como elemento de cohesión nacional, principalmente cuando se enfrentan problemas de otra índole. Ante la vulnerabilidad social y económica que produzca el coronavirus es un riesgo que los gobiernos reaviven estas tensiones en busca de apoyo y cohesión y que estos terminen en algún conflicto armado entre países”.

Diego Rojas. Investigador CEIUC