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Opinión

Ismael Pérez Vigil

La oposición democrática es una fuerza capaz de organizarse, que resiste y que no está arrinconada por el régimen, eso quedó de manifiesto en la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre.

Casi 7 millones de participantes en la Consulta, 3 de ellos de manera presencial, a pesar de todos los factores en contra, es un capital social importante, que no se puede despreciar, al que hay que agregarle los miles de activistas –de partidos políticos y de la sociedad civil– que estuvieron en los centros de recolección o recorriendo el país apoyando a los que querían expresarse; estas son las bases para reconstruir la organización de la oposición para enfrentar internamente al régimen.

No obstante, el 2021 nos encuentra con una oposición fragmentada, aparentemente –espero– sin brújula ni política compartida, que luce irreconciliable en sus diferentes posiciones, por más que compartan el objetivo de rescatar la democracia y salir de este régimen de oprobio.

Para analizar esa oposición, si hacemos un “mapa” político del país, en mi opinión, nos encontraremos con los siguientes grupos, distintos al oficialismo: Un sector constituido por los denominados “alacranes” e integrantes de la llamada “mesita de diálogo”; un sector “desprendido” del régimen, al cual se opone; y un sector al que podemos llamar “oposición democrática”.

El denominado sector de los “alacranes” o “mesita de diálogo” está conformado por individualidades y grupos que rompieron con la política unitaria de la oposición, aceptaron el despojo que hizo el régimen de los partidos democráticos, se apropiaron de sus nombres, directivas, recursos, símbolos y colores para participar en el proceso electoral parlamentario, sin poner condiciones, sin cuestionar el proceso y los resultados, e incluso algunos aceptaron las curules que el régimen les concedió, sin ni siquiera tener los votos para ser diputados. Son la oposición “leal”, la aceptable por el régimen, siempre que se mantengan en el rincón físico –y mental– en que los sumieron en la instalación de la irrita Asamblea Nacional que tomó posesión el pasado 5 de enero. Son una especie de parias u oportunistas de la política, que el régimen no considera “suyos” y tampoco se les ve como oposición.

Al que denomino el sector “desprendido” del oficialismo lo conforman individualidades o grupos, algunos de los cuales se han acercado a la oposición democrática y los podemos considerar parte de la misma; pero hay algunos en este sector que, si bien rechazan y se oponen al “madurismo”, no han roto ideológicamente con el chavismo y por lo tanto a estos últimos no los considero oposición, de la misma forma en que los otros lo son.

Por último, está el sector mayoritario y democrático; en él podemos distinguir dos posiciones o grupos, claramente determinados. Una mayoría que postula una opción unitaria, en tormo al Frente Amplio y al “gobierno interino”; y un sector con un discurso radical, que se basa en una supuesta intervención externa, de fuerza. Entre estos sectores hay coincidencias en objetivos y algunos insisten en que las diferencias son tácticas y no de fondo, pero no es eso lo que transluce a lo opinión pública y pareciera que es más importante sentar las diferencias, que encontrar puntos de coincidencia y de unión.

Comencemos por evaluar la propuesta del sector radical que, aunque minoritario sus seguidores son muy activos, sobre todo en redes sociales. La intervención externa que proponen ha sido matizada por ellos mismos, a tal extremo que en algunos casos aparece desfigurada, desdibujada, confusa, no terminan de definir de manera clara y univoca lo que postulan. Plantean una intervención externa, sin adherentes externos y asumen la doctrina de la responsabilidad de proteger –R2P– que no se ha implementado exitosamente en ninguna parte y menos se podrá en Venezuela mientras Rusia y China tenga capacidad de veto en la ONU. Esto me luce un tanto absurdo; pero sabemos que en política cuando se propone algo absurdo e imposible de realizar, nunca te equivocas, siempre tienes la razón, porque no hay manera de comprobarlo, precisamente porque es imposible de realizar. ¿Será que esto es lo que se persigue: tener, retóricamente, en la calle, una política que diferencie? ¿Será que es más importante tener razón –su razón– que cualquier otra cosa y disfrazar el rechazo, a la unidad, por ejemplo, con complicadas filosofías y argumentos de Perogrullo, con tal de justificar esa posición?

Concluyo el punto con una frase del periodista Alonso Moleiro, extraída de un artículo suyo del pasado mes de diciembre:

La tesis de la coalición internacional para restaurar la libertad en el país, presumiblemente militar, expresada en instrumentos como la Responsabilidad de Proteger, o las cláusulas de la Convención de Palermo, no pasan de ser esbozos generales e hipótesis de conflicto con muy pocos adherentes en el terreno internacional. (“María Corina Machado, una oposición de nicho”, La Gran Aldea, 16/12/2020)

El otro sector opositor, sin duda el mayoritario, se agrupa en el Frente Amplio y su estrategia fundamental es mantener la unidad, aunque no parece tener aun una opción clara para cruzar el desierto en el que se encuentra. Lo que está claro es que este sector por el momento ha desechado la vía electoral sin proponer tácticas alternativas o formas de hacer de la abstención un instrumento de lucha eficaz, que vaya más allá de una demostración poco activa e inoperante de rechazo al régimen.

¿Significa esto que es la vía electoral la vía fundamental para luchar contra el régimen? No, y no ha sido esta la vía que se ha seguido siempre; en momentos importantes –las parlamentarias en 2005 y 2020, las elecciones de alcaldes y presidenciales en 2018– ha sido la abstención la opción política fundamental. Pero, lo que está planteado, en este momento, es sí se va a continuar con esa política, ahora que tenemos por delante procesos electorales para elegir gobernadores y alcaldes y que –como hemos visto– serán llevados adelante de cualquier manera por el régimen. De lo que se trata es que evaluemos con cabeza fría la eficacia de esa opción, los resultados obtenidos, y que si nos vamos a seguir absteniendo, que no sea para confundirnos en la indiferencia con ese 30% que ni pincha ni hiede y que una buena parte se aprovecha de las prebendas del régimen o de sus enchufados. No se puede continuar con políticas de abstención como una posición pasiva, como ha sido hasta el momento, pues se sume al país opositor, muy numeroso, en un peligroso quietismo, que se confunde, como he dicho, con la indiferencia.

¿Significa esto que creemos en que saldrá el régimen con un proceso electoral en el que gane la oposición?, no parece que esto esté claro; hemos visto que en el 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, el régimen desconoció ese resultado y anuló su actividad con decisiones judiciales írritas; lo vemos también cada vez que a un gobernador o alcalde le nombran un “protector” y lo despojan de recursos, atribuciones y hasta del espacio físico para ejercer su cargo; lo vemos también con la cantidad de trampas, abusos y fraudes que despliega el régimen cada vez que hay un proceso electoral. Lo que postulamos es que la electoral sigue siendo una oportunidad para organizar a la población, a los partidos, a la sociedad civil y para seguir demostrando al mundo y sobre todo a nosotros mismos que somos mayoría y tenemos capacidad de organizarnos. Nunca se sabe por dónde se va a romper el dique de contención. Comparto con muchos que esa es precisamente la base de la estrategia.

Sin embargo, a pesar de lo dicho más arriba, no todas las secuelas de haber participado en las elecciones de Asamblea Nacional en 2015 –y otras– fueron políticamente negativas; esos procesos nos dejaron también cosas positivas, organización política y cívica, reconocimiento internacional y demostración de nuestra capacidad de resistencia. No hay duda que hoy somos más los venezolanos, y más los habitantes de otras tierras, que estamos conscientes que solo un cambio político, profundo, que deje atrás como mal recuerdo este régimen de oprobio, es la única solución a la profunda crisis, al desastre que nos agobia. Pero se hace también necesario la adopción de políticas más activas, de las cuales debemos seguir hablando.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

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Carlos Machado Allison

Las universidades, como el resto del país, viven una crisis aguda. No hay exageración al utilizar adjetivos como destrozadas. Los daños a sus infraestructuras son severos, han sido víctimas de vandalismo y abandono por falta de recursos. Pero además, su núcleo fundamental, el profesorado, ha sido agredido desde ángulos diversos. Sus remuneraciones son miserables, las condiciones de trabajo –presenciales o virtuales- son pésimas y además una fracción importante de los investigadores y docentes han migrado a otros países. La UCV se prepara para conmemorar el tercer centenario de su fundación y reflexionar un poco sobre ella, y las restantes universidades similares, está en orden. Existen muchos profesores que, en forma individual o en grupos de reflexión, claman por cambios e innovación en nuestras máximas casas de estudio y están conscientes que la responsabilidad fundamental descansa sobre ellos.

La tragedia universitaria no sólo es consecuencia del brutal empobrecimiento del país, sino también de la aplicación de políticas explícitas del gobierno destinadas a su reducción en tamaño y calidad. Peor aún, han obligado a muchas autoridades a perpetuarse en sus posiciones a través de instrumentos legales que han impedido la realización de elecciones dentro de lapsos y con procedimientos que formaban parte de la cultura determinada por los acontecimientos de 1958. Sin duda el mundo cambió vertiginosamente desde la aprobación de la Ley de Universidades de 1958 y las formas de gobierno establecidas. Es tan obvia la necesidad de cambios importantes al interior de las mismas, como la de elegir nuevas autoridades. Sin embargo, nada gana la institución con elecciones rectorales y de otro tipo, si las mismas no están basadas en propósitos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y el vínculo con la sociedad.

La enumeración de los cambios requeridos es muy larga para profundizar sobre cada una de ellas en un artículo, pero podemos mencionar algunas y pedirle al profesorado que medite sobre ellas ya que son indispensables para su persistencia. Todas parten de la necesidad de una misión y una visión donde la excelencia, los méritos académicos acumulados y el afán de libertad constituyan el norte, como ocurre en las universidades de prestigio de otras latitudes, donde nadie cuestiona su importancia para la sociedad. Universidades cuyo papel no se limita a la formación de profesionales, sino que son incubadoras del liderazgo nacional.

En principio nueve propuestas, que apenas son una lista para meditar y perfeccionar.

1. Crear relaciones sostenibles con la comunidad empresarial y las administraciones locales y regionales (gobierno-instituciones generadoras de conocimiento-empresas) y para ello crear, fundaciones, organizaciones y grupos de reflexión, destinados a financiar proyectos destinados a mejorar la calidad y cantidad de la producción nacional y los servicios, así como a participar activamente en el diseño de una nueva y moderna universidad;

2. Fortalecer los estudios de postgrado –maestrías y doctorados- como fuente de capital humano para la docencia y la investigación, y -especializaciones- como respuesta efectiva para solventar los grandes problemas de los sectores productivos y sociales;

3. Innovar para crear carreras de vanguardia, complejas y multidisciplinarias ajustadas a las demandas del siglo XXI y las tecnologías correspondientes;

4. Crear enlaces efectivos a través de redes con proyectos nacionales o internacionales tanto educativos como de investigación;

5. Una política explícita destinada a la actualización y educación continua del profesorado;

6. Una política y acciones concretas para la integración con los profesores destacados que han emigrado;

7. Ajustar los programas de becas estudiantiles basadas en méritos y resultados para asegurar la posibilidad de una dedicación plena al estudio sin agobios socioeconómicos que lo impidan;

8. Crear programas temporales, basados en la excelencia y trayectoria de los docentes activos y jubilados – que puedan ser reincorporados- destinados a mejorar sus condiciones de trabajo e ingresos mientras persistan las dramáticas condiciones económicas del país y

9. Un serio y formal compromiso para construir un nuevo cuerpo de leyes y normas destinadas a la modernización institucional.

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¨Federico Vegas¨

Las mejores ideas suelen aparecer cuando me voy quedando dormido y ya no tengo fuerzas para garabatear unas líneas. Entonces tomo el celular, balbuceo en la oscuridad y el aparato se encarga de escribir.

Al día siguiente encuentro desde trabalenguas y pensamientos perdidos para siempre hasta algunos errores con posibilidades interesantes. Mi pronunciación en inglés no es muy buena y esta mañana encontré que Biden se había transformado en “Vaivén”. Sumido en estos tiempos llenos de sorpresas, no pude evitar preguntarme: “¿Será una premonición?”. La pregunta es comprensible. Me encuentro entre los venezolanos que suspiran como si rezaran a la Virgen de Coromoto: “Espero que Biden no venga con lo que Trump se va”.

Vamos emergiendo de una apasionada relación con el inefable Donald Trump, unos por suponerlo la única solución a nuestra tragedia, otros por culparlo de nuestras divisiones, evasiones y disparates. De aquí parte una primera exigencia que debemos hacerle a Biden: no ofrezca lo que no va a cumplir y ni siquiera ha sido definido. Me refiero a las expectativas creadas por Trump: “No estamos considerado nada, pero todas las opciones están sobre la mesa”.

¿Cómo algo puede estar sobre la mesa sin ser considerado?

A los venezolanos Trump nos resultó tóxico y divisorio con el triste consuelo de que no somos la excepción. Además resultó espectacularmente tragicómico hasta el final. A estas alturas del juego, las elecciones norteamericanas más concurridas de la historia han soliviantado pasiones descaradamente antidemocráticas. ¿Prevaleció el respeto al voto por lo sólido de las instituciones que lo protegen o por la insólita irracionalidad de negar los resultados?

Hablar de irracionalidad es irrelevante. Las locuras de Trump son irrepetibles y en buena medida eran previsibles. Resulta más provechoso pensar que se ha respetado el resultado de los votos gracias a la fuerza de unas costumbres que ya tienen varios siglos evolucionando y lidiando con absurdos, incluyendo los del propio sistema.

El sistema electoral venezolano es más directo, más sencillo, y, sin embargo, ha resultado sumamente frágil. Si buscamos las causas de esta fragilidad conviene revisar una vez más la prédica de Montesquieu en su libro sobre la grandeza y decadencia de los romanos: “Más Estados han perecido por la violación de las costumbres, que por la de las leyes”. Al examinar la decadencia de la democracia en Venezuela es necesario prestarle mucha atención a nuestras costumbres. Si queremos que nos entiendan fuera de Venezuela debemos comenzar por hacernos dolorosas preguntas: ¿es la democracia una de nuestras arraigadas costumbres o ha sido una pasajera fábula en nuestra historia? La respuesta es vital para examinar el mito del socialismo venezolano del siglo XXI, capaz de mantener con impudicia una ilusión de democracia.

La situación de Venezuela es tan incierta e injusta como aparentemente solidificada, una combinación agotadora. Espero que Biden tenga la humanidad que requiere tener afecto y comprensión por la dignidad de un pueblo sometido a una situación indigna. No es tarea fácil apreciar y comprender lo que nosotros mismos no logramos digerir. La distancia entre lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser comienza a ser insalvable. La palabra “Venezuela” va adquiriendo otra música y genera amargas evocaciones. De potente promesa ha pasado a ser un espanto para asustar a electores indecisos.

Alguien dice que si Kafka hubiera nacido en Caracas sería un escritor costumbrista. Otro pregunta para qué tener a Kafka si Hugo Chávez nos convirtió en cucarachas. Esta son algunas de las frases que utilizamos para calificar nuestra historia reciente.

Los diccionarios ingleses definen la historia como un estudio sistemático, cronológico y verdadero. La Real Academia Española incluye la relación de cualquier aventura o suceso, narraciones inventadas, mentiras y pretextos, cuentos y fábulas. De hecho los historiadores venezolanos que más leo y admiro son unos maravillosos y reveladores chismosos. Quizás en los chismes estén los nudos que crean el tejido de lo histórico. Inés Quintero advierte en el título de uno de sus libros: No es cuento, es historia, aclarando que intenta ir en contra de nuestras tendencias naturales.

Siendo un país tan incomprensible como mal explicado, nuestra relación con Biden va a requerir de un enorme esfuerzo para ofrecer un recuento claro, sin la aleatoria narrativa a que estamos acostumbrados. Uno de los temas centrales a explorar es nuestra particular manera de corrompernos los unos a los otros. Una reciprocidad que se ha convertido en el principal pilar de la dictadura, al punto que su fuente de poder radica en la autodestrucción, en un lento suicidio del país. Nos acercamos al extremo de no poder hablar de corrupción, a medida que no va habiendo leyes ni controles que romper.

Montesquieu añade en otro capítulo: “A aquellos que primero habían corrompido sus riquezas, los corrompió después su miseria”. Chávez sirvió de eslabón entre estos dos procesos. Hace más de dos décadas criticaba el “capitalismo salvaje” que con tanta pasión él mismo ayudaría a fomentar y consolidar. ¿Cómo imaginar que al analizarnos nos maldecía?

Nos hemos convertido en una nación desesperada y salvajemente capitalista. Varias veces he escuchado una cínica frase que se nos ha ido haciendo una religión: “En un país capitalista lo más importante es hacerse de un capital”. Hoy, en Venezuela, tener un capital se ha vuelto indispensable tanto para sobrevivir en la patria como para abandonarla.

A medida que la sociedad y lo social, las instituciones y los servicios, los jueces y los congresistas se corrompen, el único asidero cierto y constante es el dólar y todo se subordina a la posibilidad de obtenerlo, desde la voluntad del esclavo hasta la del esbirro. Así se ha generado un organismo que mientras más miserable se va haciendo más sólido aparenta ser. Los militares, quienes podían ser una esperanza, son los más vigilados y sometidos a sobrevivir en la corrupción de la miseria para intentar alcanzar la corrupción de la riqueza. La bota y el botín han establecido una relación que ya parece ser natural y no aprendida.

Quiero creer que Joe Biden decidió luchar por la presidencia preocupado por el posible final de la democracia al que Trump terminó asomándonos sin pudor ni compasión.

La democracia venezolana continúa cayendo en precipicios que alguna vez nos resultaron inconcebibles. Creo que la estrategia para rescatarla tiene dos caras. Necesitamos solucionar la miseria que nos está corrompiendo, desmembrando, deshumanizando; al mismo tiempo hace falta recuperar las riquezas que la dictadura y sus secuaces están extrayendo, robando y destruyendo. Si las medidas generan más miseria y expectativas infundadas, seremos más sumisos a una dictadura más fuerte, y todos nos haremos más salvajes. Ayudar al oprimido y perseguir al opresor requiere inteligencia, firmeza, compasión y el compromiso de quien ha enfrentado la alternativa de perder una democracia que suponía inextinguible.

13 de enero 2021

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2021/01/13/espanol/opinion/venezuela-biden-ma...

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Timothy Snyder

Cuando Donald Trump se paró frente a sus seguidores el 6 de enero y los instó a marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos, estaba haciendo lo que siempre había hecho. Nunca tomó en serio la democracia electoral ni aceptó la legitimidad de su versión estadounidense.

Incluso cuando ganó, en 2016, insistió en que la elección fue fraudulenta, que se emitieron millones de votos falsos para su oponente. En 2020, sabiendo que iba detrás de Joe Biden en las encuestas, pasó meses afirmando que la elección presidencial estaba amañada y señalando que no aceptaría los resultados si no le favorecían. El día de las elecciones afirmó erróneamente que había ganado y luego endureció su retórica: con el tiempo, su victoria se convirtió en una avalancha histórica y las diversas conspiraciones que la negaban cada vez eran más sofisticadas e inverosímiles.

La gente le creyó, lo que no es para nada sorprendente. Se necesita una gran cantidad de trabajo para educar a los ciudadanos a resistir la poderosa atracción de creer lo que ya creen, o lo que otros a su alrededor creen, o lo que le daría sentido a sus propias decisiones anteriores. Platón advirtió de un riesgo particular sobre los tiranos: que al final se verían rodeados de gente que siempre les dice que sí y de facilitadores. A Aristóteles le preocupaba que, en una democracia, un demagogo rico y talentoso pudiera dominar fácilmente las mentes de la población. Conscientes de estos y otros riesgos, los creadores de la Constitución de Estados Unidos instituyeron un sistema de pesos y contrapesos. No se trataba simplemente de asegurar que ninguna rama del gobierno dominase a las demás, sino también de anclar en las instituciones diferentes puntos de vista.

En este sentido, la responsabilidad de la presión de Trump para anular una elección debe ser compartida por un gran número de miembros republicanos del Congreso. En vez de contradecir a Trump desde el principio, permitieron que su ficción electoral floreciera. Tenían motivos para hacerlo. Un grupo de integrantes del Partido Republicano se preocupa sobre todo por jugar con el sistema para mantener el poder, aprovechando al máximo las imprecisiones constitucionales, las manipulaciones y el dinero sucio para ganar las elecciones con una minoría de votantes motivados. No les interesa que colapse la peculiar forma de representación que permite a su partido minoritario un control desproporcionado del gobierno. El más importante de ellos, Mitch McConnell, permitió la mentira de Trump sin hacer ningún comentario sobre sus consecuencias.

Sin embargo, otros republicanos vieron la situación de manera diferente: podrían realmente romper el sistema y tener el poder sin democracia. La división entre estos dos grupos, los que participan en el juego y los que quieren patear el tablero, se hizo muy evidente el 30 de diciembre, cuando el senador Josh Hawley anunció que apoyaría la impugnación de Trump al cuestionar la validez de los votos electorales el 6 de enero. En ese momento, Ted Cruz prometió su propio apoyo, junto con otros diez senadores. Más de un centenar de representantes republicanos asumieron la misma postura. Para muchos, esto lucía como un espectáculo más: las impugnaciones a los votos electorales de los estados forzarían retrasos y votos en el pleno pero no afectarían al resultado.

Sin embargo, que el Congreso obviara sus funciones básicas tenía un precio. Una institución elegida que se opone a las elecciones está invitando a su propio derrocamiento. Los miembros del Congreso que sostuvieron la mentira del presidente, a pesar de la evidencia disponible y sin ambigüedades, traicionaron su misión constitucional. Hacer de sus ficciones la base de la acción del Congreso les dio vigor. Ahora Trump podría exigir que los senadores y congresistas se sometan a su voluntad. Podía poner la responsabilidad personal sobre Mike Pence, a cargo de los procedimientos formales, para pervertirlos. Y el 6 de enero, ordenó a sus seguidores que ejercieran presión sobre estos representantes elegidos, lo que procedieron a hacer: asaltaron el edificio del Capitolio, buscaron gente para castigar y saquearon el lugar.

Por supuesto que esto tenía sentido de cierto modo: si la elección realmente había sido robada, como los senadores y congresistas insinuaban, entonces ¿cómo se podía permitir que el Congreso siguiera adelante? Para algunos republicanos, la invasión del Capitolio debe haber sido una sorpresa, o incluso una lección. Sin embargo, para quienes buscaban una ruptura, puede haber sido un atisbo del futuro. Luego, ocho senadores y más de 100 representantes votaron a favor de la mentira que les obligó a huir de sus cámaras.

La posverdad es prefascismo, y Trump ha sido nuestro presidente de la posverdad. Cuando renunciamos a la verdad, concedemos el poder a aquellos con la riqueza y el carisma para crear un espectáculo en su lugar. Sin un acuerdo sobre algunos hechos básicos, los ciudadanos no pueden formar una sociedad civil que les permita defenderse. Si perdemos las instituciones que producen hechos que nos conciernen, entonces tendemos a revolcarnos en atractivas abstracciones y ficciones. La verdad se defiende particularmente mal cuando no queda mucho de ella, y la era de Trump —como la era de Vladimir Putin en Rusia— es una de decadencia de las noticias locales. Las redes sociales no son un sustituto: sobrecargan los hábitos mentales por los que buscamos estímulo emocional y comodidad, lo que significa perder la distinción entre lo que se siente verdadero y lo que realmente es verdadero.

La posverdad desgasta el Estado de derecho e invita a un régimen de mitos. Estos últimos cuatro años, los estudiosos han discutido la legitimidad y el valor de invocar el fascismo en referencia a la propaganda trumpista. Una posición cómoda ha sido etiquetar cualquier esfuerzo como una comparación directa y luego tratar esas comparaciones como tabú. De manera más productiva, el filósofo Jason Stanley ha tratado el fascismo como un fenómeno, como una serie de patrones que pueden observarse no solo en la Europa de entreguerras sino más allá de esa época.

Mi propia opinión es que un mayor conocimiento del pasado, fascista o no, nos permite notar y conceptualizar elementos del presente que de otra manera podríamos ignorar, y pensar más ampliamente sobre las posibilidades futuras. En octubre me quedó claro que el comportamiento de Trump presagiaba un golpe de Estado, y lo dije por escrito; esto no es porque el presente repita el pasado, sino porque el pasado ilumina el presente.

Como los líderes fascistas históricos, Trump se ha presentado como la única fuente de la verdad. Su uso del término fake news (“noticias falsas”) se hizo eco de la difamación nazi Lügenpresse (“prensa mentirosa”); como los nazis, se refirió a los reporteros como “enemigos del pueblo”. Como Adolf Hitler, llegó al poder en un momento en que la prensa convencional había recibido una paliza; la crisis financiera de 2008 hizo a los periódicos estadounidenses lo que la Gran Depresión le hizo a los diarios alemanes. Los nazis pensaron que podían usar la radio para remplazar el viejo pluralismo del periódico; Trump trató de hacer lo mismo con Twitter.

Gracias a la capacidad tecnológica y al talento personal, Donald Trump mintió a un ritmo tal vez inigualado por ningún otro líder de la historia. En su mayor parte eran pequeñas mentiras, y su principal efecto era acumulativo. Creer en todas ellas era aceptar la autoridad de un solo hombre, porque creer en ellas era descreer en todo lo demás. Una vez establecida esa autoridad personal, el mandatario podía tratar a todos los demás como mentirosos; incluso tenía el poder de convertir a alguien de un consejero de confianza en un deshonesto sinvergüenza con un solo tuit. Sin embargo, mientras no pudiera imponer una mentira verdaderamente grande, una fantasía que crease una realidad alternativa en la que la gente pudiera vivir y morir, su prefascismo se quedó corto.

Algunas de sus mentiras fueron, sin duda, de tamaño mediano: que era un hombre de negocios exitoso; que Rusia no lo apoyó en 2016; que Barack Obama nació en Kenia. Esas mentiras de tamaño medio eran la norma de los aspirantes a autoritaristas en el siglo XXI. En Polonia el partido de la derecha construyó un culto al martirio que giraba en torno a responsabilizar a los rivales políticos por el accidente de avión que mató al presidente de la nación. El húngaro Viktor Orban culpa a un número cada vez más reducido de refugiados musulmanes de los problemas de su país. Pero esas afirmaciones no eran grandes mentiras; se extendían pero no rompían lo que Hannah Arendt llamaba “el tejido de la realidad”.

Una gran mentira histórica discutida por Arendt es la explicación de Joseph Stalin de la hambruna en la Ucrania soviética en 1932-33. El Estado había colectivizado la agricultura, y luego aplicó una serie de medidas punitivas contra Ucrania que provocaron la muerte de millones de personas. Sin embargo, la versión oficial era que los hambrientos eran provocadores, agentes de las potencias occidentales que odiaban tanto el socialismo que se estaban matando a sí mismos. Una ficción aún más grande, en el relato de Arendt, es el antisemitismo hitleriano: las afirmaciones de que los judíos dirigían el mundo, los judíos eran responsables de las ideas que envenenaban las mentes alemanas, los judíos apuñalaron a Alemania por la espalda durante la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, Arendt pensaba que las grandes mentiras solo funcionan en las mentes solitarias; su coherencia sustituye a la experiencia y al compañerismo.

En noviembre de 2020, al llegar a millones de mentes solitarias a través de las redes sociales, Trump dijo una mentira peligrosamente ambiciosa: que había ganado unas elecciones que, de hecho, había perdido. Esta mentira era grande en todos los aspectos pertinentes: no tan grande como “los judíos dirigen el mundo”, pero lo suficientemente grande. La importancia del asunto en cuestión era grande: el derecho a gobernar el país más poderoso del mundo y la eficacia y fiabilidad de sus procedimientos de sucesión. El nivel de mendacidad era profundo. La afirmación no solo era errónea, sino que también se hizo de mala fe, en medio de fuentes poco fiables. Cuestionaba no solo las pruebas sino también la lógica: ¿Cómo podría (y por qué debería) una elección haber sido amañada contra un presidente republicano pero no contra senadores y representantes republicanos? Trump tuvo que hablar, absurdamente, de una “Elección (para Presidente) amañada”.

La fuerza de una gran mentira reside en su demanda de que muchas otras cosas deben ser creídas o no creídas. Para dar sentido a un mundo en el que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas se requiere desconfiar no solo de los reporteros y de los expertos, sino también de las instituciones gubernamentales locales, estatales y federales, desde los trabajadores electorales hasta los funcionarios electos, la Seguridad Nacional y hasta la Corte Suprema. Esto trae consigo, por necesidad, una teoría de la conspiración: imagina a toda la gente que debe haber estado en ese complot y a toda la gente que habría tenido que trabajar en el encubrimiento.

La ficción electoral de Trump flota libre de la realidad verificable. Está defendida no tanto por hechos como por afirmaciones de que alguien más ha hecho algunas afirmaciones. La sensibilidad es que algo debe estar mal porque siento que está mal, y sé que otros sienten lo mismo. Cuando líderes políticos como Ted Cruz o Jim Jordan hablaban así, lo que querían decir era: crees mis mentiras, lo que me obliga a repetirlas. Las redes sociales proporcionan una infinidad de pruebas aparentes para cualquier condena, especialmente una aparentemente sostenida por un presidente.

En la superficie, una teoría de la conspiración hace que su víctima parezca fuerte: ve a Trump como resistiendo a los demócratas, los republicanos, el Estado Profundo, los pedófilos, los satanistas. Sin embargo, más profundamente, invierte la posición de los fuertes y los débiles. El enfoque de Trump en las supuestas “irregularidades” y “estados disputados” se reduce a las ciudades donde los negros viven y votan. En el fondo, la fantasía del fraude es la de un crimen cometido por los negros contra los blancos.

No es solo que el fraude electoral de los afroestadounidenses contra Donald Trump nunca haya ocurrido. Es que es todo lo contrario de lo que sucedió, en 2020 y en todas las elecciones estadounidenses. Como siempre, los negros esperaron más tiempo que los demás para votar y era más probable que sus votos fuesen impugnados. Era más probable que estuvieran sufriendo o muriendo a causa de la COVID-19, y menos probable que pudieran tomarse un tiempo fuera del trabajo. La protección histórica de su derecho al voto fue eliminada por el fallo de 2013 de la Corte Suprema en el caso del Condado de Shelby contra Holder, y los estados se han apresurado a aprobar medidas del tipo que históricamente reducen el voto de los pobres y las comunidades de color.

La afirmación de que a Trump se le negó una victoria por fraude es una gran mentira, no solo porque atenta contra la lógica, describe mal el presente y exige creer en una conspiración. Es una gran mentira, fundamentalmente, porque invierte el campo moral de la política estadounidense y la estructura básica de la historia estadounidense.

Cuando el senador Ted Cruz anunció su intención de impugnar el voto del Colegio Electoral, invocó el Compromiso de 1877, que resolvió la elección presidencial de 1876. Los comentaristas señalaron que esto no era un precedente relevante, ya que en ese entonces realmente habían graves irregularidades de los votantes y se produjo un impasse en el Congreso. Para los afroestadounidenses, sin embargo, la referencia aparentemente gratuita llevaba a otra parte. El Compromiso de 1877 —por el que Rutherford B. Hayes tendría la presidencia, siempre que retirara el poder federal del Sur— fue el mismo acuerdo por el que los afroestadounidenses fueron expulsados de las casillas de votación durante la mayor parte del siglo. Fue el fin de la Reconstrucción, el comienzo de la segregación, la discriminación legal y Jim Crow. Es el pecado original de la historia afroestadounidenses en la era posesclavitud, nuestro más cercano roce con el fascismo hasta ahora.

Si la referencia parecía distante cuando Ted Cruz y 10 colegas senadores dieron a conocer su declaración el 2 de enero, se acercó mucho cuatro días después, cuando las banderas confederadas desfilaron por el Capitolio.

Algunas cosas han cambiado desde 1877, por supuesto. En ese entonces, eran los republicanos, o muchos de ellos, los que apoyaban la igualdad racial; eran los demócratas, el partido del sur, los que querían el apartheid. Fueron los demócratas, en ese entonces, quienes llamaron fraudulentos los votos de los afroestadounidenses, y los republicanos quienes querían que fueran contados. Esto se ha invertido ahora. En el último medio siglo, desde la Ley de Derechos Civiles, los republicanos se han convertido en un partido predominantemente blanco interesado —como Trump declaró abiertamente— en mantener el número de votantes, y en particular el número de votantes negros, lo más bajo posible. Sin embargo, el hilo conductor sigue siendo el mismo. Al ver a los supremacistas blancos entre la gente que asaltaba el Capitolio, era fácil ceder a la sensación de que algo puro había sido violado. Sería mejor ver el episodio como parte de una larga discusión estadounidense sobre quién merece ser representado.

Los demócratas se han convertido en una coalición, una que lo hace mejor que los republicanos entre los votantes femeninos y no blancos y consigue votos tanto de los sindicatos como de los universitarios. Sin embargo, no es del todo correcto contrastar esta coalición con un Partido Republicano monolítico. En este momento, el Partido Republicano es una coalición de dos tipos de personas: aquellos que jugarían con el sistema (la mayoría de los políticos, algunos de los votantes) y aquellos que sueñan con romperlo (algunos de los políticos, muchos de los votantes). En enero de 2021, esto fue visible como la diferencia entre los republicanos que defendían el sistema actual con el argumento de que les favorecía y los que trataban de derribarlo.

En las cuatro décadas desde la elección de Ronald Reagan, los republicanos han superado la tensión entre los jugadores y los rupturistas gobernando en oposición al gobierno, o llamando a las elecciones una revolución (el Tea Party), o afirmando que se oponen a las élites. Los rupturistas, en este arreglo, proporcionan una cobertura a los jugadores, al presentar una ideología que distrae de la realidad básica de que el gobierno bajo los republicanos no se hace más pequeño sino que simplemente se desvía para servir a una serie de intereses.

Al principio, Trump parecía una amenaza para ese equilibrio. Su falta de experiencia en política y su racismo abierto lo hicieron una figura muy incómoda para el partido; al principio, republicanos prominentes consideraban que su hábito de mentir continuamente era grosero. Sin embargo, después de ganar la presidencia, sus particulares habilidades como rupturista parecían crear una tremenda oportunidad para los jugadores. Liderados por el jugador en jefe, McConnell, consiguieron cientos de jueces federales y recortes de impuestos para los ricos.

Trump no se parecía a otros rupturistas porque parecía no tener ninguna ideología. Su objeción a las instituciones radicaba en que podían limitarlo personalmente. Tenía la intención de romper el sistema para servirse a sí mismo y, en parte, ha fracasado por eso. Trump es un político carismático e inspira devoción no solo entre los votantes sino también entre un sorprendente número de legisladores, pero no tiene una visión más grande que la suya o la que sus admiradores proyectan sobre él. En este sentido, su prefascismo no estuvo a la altura del fascismo: su visión nunca fue más allá de un espejo. Llegó a una mentira verdaderamente grande no desde cualquier visión del mundo sino desde la realidad de que podría perder algo.

Sin embargo, Trump nunca preparó un golpe decisivo. Carecía del apoyo de los militares, algunos de cuyos líderes había alienado. (Ningún verdadero fascista habría cometido el error que cometió allí, que fue amar abiertamente a dictadores extranjeros; a los partidarios convencidos de que el enemigo estaba en casa podría no importarles, pero a los que juraron proteger de los enemigos en el extranjero sí les importó). La fuerza de policía secreta de Trump, los hombres que realizaban operaciones de secuestro en Portland, era violenta pero también pequeña y ridícula. Las redes sociales demostraron ser un arma contundente: Trump podía anunciar sus intenciones en Twitter, y los supremacistas blancos podían planear su invasión del Capitolio en Facebook o en Gab. Pero el presidente, a pesar de todas sus demandas, ruegos y amenazas a los funcionarios públicos, no podía maquinar una situación que terminase con las personas correctas haciendo lo incorrecto. Trump pudo hacer creer a algunos votantes que había ganado las elecciones de 2020, pero no pudo hacer que las instituciones se alinearan con su gran mentira. Y pudo traer a sus partidarios a Washington y enviarlos al Capitolio, pero ninguno parecía tener una idea muy clara de cómo funcionaría esto o de lo que su presencia lograría. Es difícil pensar en un momento insurreccional comparable —con la toma de un edificio de gran importancia— que implicó tanto trabajo.

La mentira dura más que el mentiroso. La idea de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial en 1918 por una “puñalada por la espalda” judía tenía 15 años cuando Hitler llegó al poder. ¿Cómo funcionará el mito de la victimización de Trump en la vida estadounidense dentro de 15 años? ¿Y en beneficio de quién?

El 7 de enero, Trump pidió una transición pacífica del poder, admitiendo implícitamente que su golpe de Estado había fracasado. Sin embargo, volvió a repetir e incluso amplió su ficción electoral: ahora era una causa sagrada por la que la gente se había sacrificado. La puñalada por la espalda imaginaria de Trump vivirá principalmente gracias a su respaldo por los miembros del Congreso. En noviembre y diciembre de 2020, los republicanos lo repitieron, dándole una vida que de otra manera no hubiera tenido. En retrospectiva, ahora parece como si el último compromiso tambaleante entre los jugadores y los rupturistas fuera la idea de que Trump debería tener todas las oportunidades de probar que se le había hecho mal. Esa posición apoyaba implícitamente la gran mentira de los partidarios de Trump que se inclinaban a creerla. No pudo contener a Trump, cuya gran mentira solo se hizo más grande.

En ese momento, los rupturistas y los jugadores vieron un mundo diferente por delante, donde la gran mentira era un tesoro que había que tener o un peligro que había que evitar. Los rupturistas no tuvieron más remedio que apresurarse a ser los primeros en afirmar que creían en ella. Debido a que los rupturistas Josh Hawley y Ted Cruz deben competir para reclamar el azufre y la bilis, los jugadores se vieron obligados a revelar su propia mano, y la división dentro de la coalición republicana se hizo visible el 6 de enero. La invasión del Capitolio solo reforzó esta división. Por supuesto, algunos senadores retiraron sus objeciones, pero Cruz y Hawley siguieron adelante de todos modos, junto con otros seis senadores. Más de 100 representantes doblaron su apuesta en la gran mentira. Algunos, como Matt Gaetz, incluso añadieron sus propias florituras, como la afirmación de que la turba no estaba liderada por los partidarios de Trump sino por sus oponentes.

Trump es, por ahora, el mártir en jefe, el sumo sacerdote de la gran mentira. Él es el líder de los rupturistas, al menos en la mente de sus partidarios. Por ahora, los jugadores no quieren a Trump cerca. Desacreditado en sus últimas semanas, es inútil; despojado de las obligaciones de la presidencia, volverá a ser embarazoso, como lo fue en 2015. Incapaz de proporcionar una cobertura para jugar astutamente, será irrelevante para sus propósitos diarios. Pero los rupturistas tienen una razón aún más fuerte para buscar la desaparición de Trump: es imposible heredar de alguien que todavía está por aquí. Aprovechar la gran mentira de Trump podría parecer un gesto de apoyo. De hecho, expresa un deseo de su muerte política. Transformar el mito de uno sobre Trump a uno sobre la nación será más fácil cuando esté fuera del camino.

Como Cruz y Hawley pueden aprender, decir la gran mentira es ser propiedad de ella. Solo porque hayas vendido tu alma no significa que hayas hecho un buen negocio. Hawley no tiene ningún nivel de hipocresía; hijo de un banquero, educado en la Universidad de Stanford y en la Escuela de Derecho de Yale, denuncia a las élites. En la medida en que se pensaba que Cruz se apegaba a un principio, el de los derechos de los estados, que los llamados a la acción de Trump violaban descaradamente. Una declaración conjunta que Cruz emitió sobre la impugnación de los senadores al voto captó muy bien el aspecto posverdadero del conjunto: nunca alegó que hubiera fraude, solo que había alegaciones de fraude. Alegaciones de alegaciones, alegaciones hasta el final.

La gran mentira requiere compromiso. Cuando los jugadores republicanos no se arriesgan lo suficiente, los rupturistas republicanos los llaman “RINO”, que en inglés es la sigla de “republicanos solo de nombre”. Este término alguna vez sugirió una falta de compromiso ideológico. Ahora significa una falta de voluntad para echar abajo una elección. Los jugadores, en respuesta, cierran filas en torno a la Constitución y hablan de principios y tradiciones. Todos los rupturistas deben saber (con la posible excepción del senador por Alabama Tommy Tuberville) que están participando en una farsa, pero tendrán una audiencia de decenas de millones que no lo saben.

Si Trump sigue presente en la vida política estadounidense, seguramente repetirá su gran mentira incesantemente. Hawley, Cruz y los otros rupturistas comparten la responsabilidad de lo que eso desencadenará. Cruz y Hawley parecen estar postulándose para la presidencia. ¿Pero qué significa ser candidato a la presidencia y denunciar el voto? Si afirmas que el otro lado ha hecho trampa, y tus partidarios te creen, esperarán que te engañes a ti mismo. Al defender la gran mentira de Trump el 6 de enero, ellos sentaron un precedente: un candidato presidencial republicano que pierde una elección debe ser nombrado de todos modos por el Congreso. Los republicanos en el futuro, por lo menos los candidatos a presidente de la ruptura, presumiblemente tendrán un Plan A, para ganar y ganar, y un Plan B, para perder y ganar. No es necesario el fraude; solo las alegaciones de que hay alegaciones de fraude. La verdad debe ser remplazada por el espectáculo, los hechos por la fe.

El intento de golpe de Trump de 2020-21, como otros intentos fallidos de golpe, es una advertencia para quienes se preocupan por el Estado de derecho y una lección para aquellos que no lo hacen. Su prefascismo reveló una posibilidad para la política estadounidense. Para que un golpe de Estado funcione en 2024, los rupturistas necesitarán algo que Trump nunca tuvo: una minoría furiosa, organizada para la violencia nacional, dispuesta a añadir intimidación a las elecciones. Cuatro años de amplificación de una gran mentira podría darles eso. Afirmar que el otro lado robó una elección es prometer que tú también robarás una. También es afirmar que el otro bando merece ser castigado.

Observadores informados dentro y fuera del gobierno están de acuerdo en que la supremacía blanca de la derecha es la mayor amenaza terrorista para Estados Unidos. La venta de armas en 2020 alcanzó un nivel asombroso. La historia muestra que la violencia política ocurre luego de que los líderes prominentes de los principales partidos políticos abrazan abiertamente la paranoia.

Nuestra gran mentira es típicamente estadounidense, envuelta en nuestro extraño sistema electoral, y depende de nuestras particulares tradiciones de racismo. Sin embargo, nuestra gran mentira también es estructuralmente fascista, con su extrema mendacidad, su pensamiento conspirativo, su inversión de los perpetradores y las víctimas y su implicación de que el mundo está dividido entre nosotros y ellos. Para mantenerlo en marcha durante cuatro años hay que cortejar el terrorismo y el asesinato.

Cuando esa violencia llegue, los rupturistas tendrán que reaccionar. Si la aceptan, se convierten en la facción fascista. El Partido Republicano estará dividido, al menos por un tiempo. Uno puede, por supuesto, imaginar una funesta reunificación: un candidato de la ruptura pierde una estrecha elección presidencial en noviembre de 2024 y grita fraude, los republicanos ganan ambas cámaras del Congreso y los alborotadores en la calle, educados por cuatro años de la gran mentira, exigen lo que ven como justicia. ¿Se mantendrían los jugadores con los principios si esas fueran las circunstancias del 6 de enero de 2025?

Sin embargo, este momento también es una oportunidad. Es posible que un Partido Republicano dividido sirva mejor a la democracia estadounidense; que los jugadores, separados de los rupturistas, empiecen a pensar en la política como una forma de ganar elecciones. Es muy probable que el gobierno de Biden-Harris tenga unos primeros meses más fáciles de lo esperado; tal vez se suspenda el obstruccionismo, al menos entre unos pocos republicanos y por poco tiempo, para vivir un momento de cuestionamientos. Los políticos que quieren que el trumpismo termine tienen un camino sencillo: decir la verdad sobre las elecciones.

Estados Unidos no sobrevivirá a la gran mentira solo porque un mentiroso esté separado del poder. Necesitará una reflexiva repluralización de los medios y un compromiso con los hechos como un bien público. El racismo estructurado en cada aspecto del intento de golpe es un llamado a prestar atención a nuestra propia historia. La atención seria al pasado nos ayuda a ver los riesgos pero también sugiere la posibilidad de futuro. No podemos ser una república democrática si decimos mentiras sobre la raza, grandes o pequeñas. La democracia no consiste en minimizar el voto ni en ignorarlo, ni en jugar ni en romper un sistema, sino en aceptar la igualdad de los demás, escuchar sus voces y contar sus votos.

15 de enero 2021

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2021/01/15/magazine/trump-fascismo-golpe.html

 21 min


Fernando Mires

El cierre de la cuenta de Trump por parte de diversas redes sociales (RRSS) entre ellas Twitter y Facebook fue vista por Angela Merkel como un hecho problemático.

Problemático no quiere decir que Merkel se hubiese pronunciado en contra de la decisión de los empresarios de las RRSS. Problemático quiere decir simplemente que estamos frente a un problema no resuelto. Según el portavoz del gobierno, Steffen Seibert: “Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por las leyes, y no por la decisión de una dirección de empresa”.

Agregó el portavoz que los operadores de las plataformas de RRSS “tienen una gran responsabilidad en que la comunicación política no sea envenenada por el odio, las mentiras y la incitación a la violencia”. Pero Seibert también dijo que la libertad de opinión es un derecho de “importancia elemental”. Precisamente el día anterior, Merkel había expresado, sin nombrar a Trump, su radical oposición a la repartición de noticias falsas y a las incitaciones al odio. En efecto, no todas las emitidas por Trump han sido, en sentido estricto, opiniones. Opinar no es colocar cualquier mensaje en las redes.

Si Trump opina que sus contrincantes son pedófilos, asesinos de nonatos y mercenarios comunistas, está en su derecho. Es su descabellada opinión, pero es su opinión. Pero si él o sus secuaces ordenan materializar su odio en las instituciones del estado, ahí no están opinando. Están usando a las RRSS como comando central para desatar acciones subversivas. Y justamente eso fue lo que entendieron los empresarios de las RRSS. Pues una cosa es que Trump se sirva de las redes para expresar sus puntos de vista y otra es que intente convertirlas en plataforma de lucha en contra de las instituciones democráticas y sus representantes. Todo empresario tiene el derecho a proteger su empresa cuando surgen intentos para desviarla de los objetivos para los cuales fue creada. Más todavía si al convertirse en usuario cada persona acepta las condiciones que impone participar en una determinada red.

El problema, y esta es la opinión de Merkel, es que dictaminar quien o no debe interactuar en las redes no solo debe ser atributo de sus propietarios pues esas redes han llegado a ser un foro de la sociedad digital. Son “cosa pública” y por lo mismo, sin ser en sí políticas, alcanzan en ocasiones una alta incidencia política. Las RRSS pueden llegar a convertirse, para decirlo con las palabras de Habermas, en “agentes discursivos de la razón comunicativa”. Definición que concierne, dicho con benevolencia, a no más del cinco por ciento de sus usuarios. Basta revisar las páginas de Twitter para darse cuenta de que allí también concurren testaferros, bandas organizadas e imbéciles de tomo y lomo. Pero son ciudadanos, y en sus turbios modos sub-políticos, internan expresarse. Al fin y al cabo la civilización moderna no es mejor que Twitter (y otras mesas digitales) en su conjunto.

Así y todo, Twitter y otras redes han llegado a ser un campo de opiniones encontradas. Espacio de controversias múltiples, sin duda. Y allí interactúan líderes políticos, dirigentes de masas, revolucionarios, presidentes racistas, misóginos, populistas y hasta dictadores. Considerando estas características es evidente que las RRSS urgen de instancias moderadoras que impongan ciertas reglas. Y esas, es la opinión de Merkel, no pueden ser solo las formadas por empresarios de las redes. Pero si no son solo ellos, ¿quién otro puede serlo? Ahí está el nudo del problema.

Deben ser los estados, podría ser una respuesta espontánea. Sería lógico. Pero solo en un mundo ideal. El problema es que los estados están representados por gobiernos que, como tales, son ocasionales y fortuitos. Y si consideramos que la mayoría de los estados acreditados en la ONU no son democráticos, confiar a ellos la tutela sobre las RRSS sería parecido a poner un lobo a cuidar las ovejas. Basta saber que casi la totalidad de los estados nacionales ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero solo una extrema minoría de gobiernos los cumple. La mayoría se la pasa por el forro. Lo mismo pasaría con una declaración de los derechos de las redes.

Tenemos que aceptarlo: las leyes están sujetas a condiciones de tiempo y espacio. No existe una legislación global válida para todos los países de la tierra. No obstante, existen organizaciones internacionales como la UE y la OEA y a ellas correspondería, por lo menos en parte, fijar algunos puntos sobre el tema. A su modo lento, perezoso, burocrático, la UE está tomando en serio el problema.

Una reglamentación sobre la participación en las RRSS no puede, sin embargo, ser perfecta. Eso quiere decir que las decisiones acerca del uso y participación en las redes debe atender por lo menos a dos criterios. Uno tiene que ver con la gravitación o incidencia de quien hace uso indebido de las redes. Si no fuera así, una inmensa mayoría de personas dedicadas a divulgar noticias falsas, a ofender al prójimo, a maltratar a la palabra escrita, deberían ser excluidos de las redes. Pero las redes, al servicio de las opiniones de “esa madera carcomida que es el ser humano” (Kant) no pueden ser distintas a lo que son la mayoría de sus usuarios. Por eso no es lo mismo si el presidente de Kirguistan no cumple con normas éticas en las redes, a que lo haga el presidente de la más grande potencia económica y militar, una persona cuyas decisiones gravitan y giran alrededor del planeta.

El otro criterio tiene que ver contra qué o quién van dirigidos los llamados a subvertir el orden institucional de un país y a quienes van dedicados los mensajes de odio. El caso de Trump es más claro que el agua: sus agresivas invectivas iban dirigidas en contra de las instituciones de un estado republicano y democrático a la vez. Pero si esos mismos llamados son dirigidos en contra de una autocracia o una dictadura ¿deberían ser cerradas sus cuentas en las RRSS? Si un político disidente en Bielorrusia (podría ser en Turquía o Venezuela) tilda a los tribunales electorales como organizaciones corruptas y llama a rebelarse en contra de ellos, ¿vamos a negar su derecho a la rebelión solo por cumplir una norma absoluta y general? Sería absurdo.

Entonces, preguntarán por otro lado ¿no es posible dictar reglas para todos? La respuesta solo puede ser una: No podemos medir con la misma vara el odio hacia las instituciones electorales que despliega Trump con el odio hacia las instituciones electorales que despliega un perseguido político de Bielorrusia. Son dos odios no solo distintos sino, además, contrarios entre sí. Lo importante entonces – y eso hay que recalcarlo – no es el mensaje de odio sino el objeto del odio. Entonces, ¿las redes deben tomar partido a favor de unos y en contra de otros? Para responder a esta delicada pregunta, debemos hacer un ejercicio de lógica.

Si tenemos en cuenta que todo odio supone rechazo (aunque no todo rechazo supone odio) podríamos sustituir la palabra odio por la palabra rechazo. Efectivamente, las redes no pueden aceptar todo tipo de interacción. Si alguien intenta rendir culto a la antropofagia – a veces hay que recurrir a ejemplos extremos – la mayoría no caníbal va a estar de acuerdo en que los antropófagos no lo hagan en las RRSS. En ese sentido los actores de las redes tomarían partido en contra de la antropofagia. Bajemos el tono ahora y hablemos de las dictaduras. Aquí el tema es algo más complicado: todo gobierno no democrático, lo sabemos por los propios mensajes emitidos en las redes, cuenta con legiones de partidarios. Desde un punto de vista liberal están en su derecho a emitir opiniones en las redes. En ese punto, los directivos de las redes son libres de decidir o no, si dan curso a mensajes de odio a las democracias. Lo que no deberían permitir, y aquí rozamos el caso Trump, son los llamados a destruir, a asaltar, a vejar a las instituciones democráticas, aunque sea en nombre de la democracia. Incluso puedo imaginar a demócratas extremos – podemos llamarlos democratistas – que, sin estar de acuerdo con el canibalismo, estarían en desacuerdo con que las opiniones de los caníbales fueran vetadas pues su publicación permitiría debatirlas. Lo que no deja de ser, en parte, cierto.

Pongamos ahora otro ejemplo. No es un misterio para nadie que la mortífera expansión del Covid-19 ha activado el espíritu negacionista, hasta el punto de que ha habido personas -Trump ha sido una de ellas – que han negado o minimizado la existencia de la pandemia. ¿Deben las redes permitir dichas negaciones? Aquí hay que diferenciar entre el “pueden” y el “deben”. De poder, pueden, evidentemente. Si deben, es controversial, o en las palabras de Merkel, muy “problemático”. Lo que no pueden ni deben es permitir la publicación de llamados a subvertir las normas que dictan los gobiernos, sobre todo los democráticos, para prevenir o para defender a la ciudadanía de los efectos de la pandemia. Lamentablemente no ha sido ese el caso. El asalto de las turbas alemanas al Reichstag fue organizado, al igual que el asalto al Capitolio, desde las RRSS.

Dicho de modo escueto: las redes no deben tomar partido a favor de una ideología, creencia, partido, grupo o movimiento, o simples opiniones, sean democráticas o antidemocráticas. Pero los llamados a asaltar instituciones democráticas no deberían tener cabida en sus mensajes. Asumir una imparcialidad total y absoluta significaría en este caso situar en un mismo nivel a los defensores y a los destructores de la democracia. La popular frase “lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava” no aplica en este caso. Democracias y antidemocracias no pertenecen a la misma “especie” política. La frase avícola correcta debería ser “lo que es bueno para los canarios no es bueno para los buitres”.

Digámoslo terminantemente. No vivimos en un mundo homogéneo. La política, que es la continuación de la guerra por otros medios, ha trazado a nivel mundial una línea demarcatoria: A un lado las naciones y personas democráticas. Al otro, las naciones y personas antidemocráticas. Vivimos, queramos o no, en un mundo dividido y confrontado. En ese mundo las RRSS han contraído una deuda con la democracia. Nacieron en un mundo democrático. Gracias a la democracia han podido expandirse y ampliarse hacia la globalidad total. Sin democracia serían solo instrumentos de dictaduras o poderes autocráticos locales.

Por cierto, sería ideal que las decisiones que llevan a cerrar cuentas a quienes llamen a la destrucción de la democracia obedecieran a reglamentos plenamente aceptados por la comunidad internacional. Ideal sería también que en caso de dudas, hubiera organismos de consulta. Y mucho más ideal sería que las decisiones sobre esta materia no estuvieran libradas a la buena o mala voluntad de los empresarios comunicacionales.

Pero frente a la ausencia de reglamentos y organismos acreditados, los ejecutivos de Twitter, Facebook y otras RRSS tenían frente a “el caso Trump” solo dos alternativas. O aceptaban convertir las redes en una plataforma anti-democrática de Trump y los suyos, o les cerraban la puerta. Bajo esas condiciones - repito, solo bajo esas condiciones – hicieron bien. La decisión que ellos tomaron fue jurídica, ética y políticamente, correcta. Problemática, dice Merkel. Muy problemática, agregamos. Pero fue la correcta.

15 de enero 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/01/fernando-mires-trump-en-las-red...

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Acceso a la Justicia

Venezuela llegó a 2021 como un Estado de hecho forjado por instituciones que, a lo largo de estas dos últimas décadas, se han levantado a contracorriente de la Constitución; ello les ha permitido a las autoridades del partido de Gobierno atornillarse cada vez más en el poder, además de imponer su modelo político de manera definitiva.

Este proceso de resquebrajamiento institucional, como se ha denunciado de forma reiterada, se vio acelerado desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, momento a partir del cual el Gobierno de Nicolás Maduro descargó su artillería para impedir y neutralizar el funcionamiento del Legislativo, así como reforzar el control en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y la consecuente eliminación de sus derechos y garantías constitucionales.

Hoy día se ha eliminado toda sujeción o subordinación de las instituciones a las normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Venezuela. De hecho, el Ejecutivo nacional está por encima del resto de los poderes públicos, gracias a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ha permitido hacerse con el poder absoluto, gracias a las decisiones de la Sala Constitucional que difieren en gran medida del contenido y espíritu de la Carta Magna.

Para describir la realidad institucional fáctica que existe en Venezuela, basta con reseñar algunas de las situaciones que se han producido a lo largo de este período, que no solo representan un quebrantamiento al orden constitucional, sino que ha llevado a la creación de una organización estatal paralela y desnaturalizada que choca abiertamente con la plataforma organizativa y funcional contemplada en la Constitución, con el propósito de que el Ejecutivo gobierne sin ningún tipo de control ni obstáculo.

Nombramiento exprés de los magistrados del TSJ

La designación de las altas autoridades del máximo tribunal del país ha estado al margen del texto constitucional en el mismo momento en que el chavismo comenzó a gobernar desde 1999. Sin embargo, en 2015 llegaría a su cenit cuando la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo y que estaba por culminar sus funciones, designó trece magistrados principales y veinte suplentes, obviando los pasos contemplados en la Constitución y la legislación que rige al TSJ.

Como si lo anterior no fuera suficiente de los treinta y dos magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados desde 2010, muy pocos cumplen con el mínimo de los requisitos exigidos para ocupar dichos cargos. Esta maniobra sería una de las acciones clave del Gobierno de Nicolás Maduro, pues al controlar el TSJ se ha garantizado la estabilidad y permanencia en el cargo.

Un tercio de los treinta y dos magistrados del TSJ fueron funcionarios del Gobierno o tienen parientes en el mismo, mientras que solo dos se han opuesto a decisiones que favorecen abiertamente a los intereses del Gobierno.

Designación irregular de los rectores del CNE

Otro ejemplo notorio de violación del texto constitucional se presenta cuando, de manera ilegítima, el alto tribunal del país ha decidido durante los últimos diecisiete años asumir la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por encima de lo dispuesto en el artículo 296 constitucional, que establece la designación de los rectores corresponde a la AN por el voto de 2/3 de sus integrantes.

Desde 2003 la Sala Constitucional se ha dado a la tarea de nombrar a todos los rectores del CNE, tanto principales como suplentes, una práctica que se repetiría en 2005 tras una renovación parcial de sus miembros, y luego en las designaciones correspondientes a 2014 y 2016; tan solo en dos oportunidades la designación fue realizada por el Parlamento (2006 y 2009).

Por si todo esto fuera poco, en 2020 la Sala también tomaría en sus manos el control absoluto de esta función, tras nombrar y juramentar de forma exprés a los cinco miembros principales y diez suplentes del organismo, con miras a garantizar el control gubernamental en las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de ese mismo año, en las que la alianza del Gran Polo Patriótico se impondría cómodamente por más de 67% de los votos.

Gracias a esta práctica la Sala Constitucional se ha apoderado de la administración electoral, imponiendo un CNE de dominio partidista y partidario a los intereses del Gobierno nacional.

Designación arbitraria del Consejo Moral Republicano

Otra situación preocupante es la designación de los miembros del Consejo Moral Republicano (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General de la República), realizada sin cumplir las pautas establecidas en la Constitución.

Desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 buscó dominar a todos los poderes públicos del país, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue una pieza clave para ello. La ANC estuvo sometida a los designios del desaparecido presidente, y bajo la excusa de que era supraconstitucional impuso a las autoridades de cada uno de los órganos que componen al novísimo Poder Ciudadano, sin importar lo que decía el texto fundamental.

Idéntica situación se planteó cuando la AN electa en el año 2000 impulsó una ley para la elección de los miembros de los poderes públicos, en la cual quedarían excluidos los representantes de los sectores organizados de la sociedad civil, en franca violación del artículo 279 de la carta constitucional. Esto le ha permitido al Palacio de Miraflores tener bajo su control a esta rama del Poder Público, responsable, entre otros aspectos, de la investigación criminal, de la lucha contra la corrupción y de la defensa de los derechos humanos.

Estos cambios cobrarían un peso mayor en 2017, cuando la ANC convocada por Maduro, sin seguir el procedimiento constitucional y usurpando la facultad exclusiva del soberano a fin de neutralizar a la AN, decidió nombrar a los titulares de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Hay que destacar que a los pocos días de su instalación la ANC destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y nombró al defensor del Pueblo, Tarek William Saab como encargado del Ministerio Público y a su adjunto como defensor sustituto, luego de que la exfiscal cayera en desgracia con el Gobierno nacional por sus declaraciones contra el TSJ por las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, que habían despojado a la AN de sus facultades y la declaraban en desacato.

Elecciones fraudulentas de 2017, 2018 y 2020

Otro caso irregular que deja en total evidencia la configuración de un Estado de hecho es la celebración de procesos electorales en el país durante los años 2017, 2018 y 2020 al margen de la Constitución y de los estándares internacionales, a través de procedimientos arbitrarios empleados por un CNE que, de manera indiscutible, favoreció al partido gobernante en detrimento de la oposición, de la voluntad de los electores y de la alternabilidad democrática.

La elección de la Constituyente (julio 2017); las de gobernadores (octubre 2017) y alcaldes y concejos municipales (diciembre 2017); la elección presidencial y de representantes a los consejos legislativos de los estados (mayo 2018); y la reciente elección parlamentaria (diciembre 2020), estuvieron marcadas por distintas violaciones constitucionales y legales, tales como la ilegalización e intervención judicial de los partidos de oposición, la inhabilitación de dirigentes opositores, el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la instalación de los puntos rojos cerca de los centros de votación para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria; y la modificación del sistema electoral.

Dichas acciones afectaron la transparencia, integridad e imparcialidad de estos comicios y han puesto en tela de juicio la legitimidad de las autoridades electas. Por ello, no era ninguna sorpresa que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) arrasara en todas las elecciones, incluso que el propio Maduro fuera reelegido como presidente en un proceso marcado por una serie de ilícitos electorales, al ser convocado por la ANC de manera adelantada y en una fecha contraria a la tradición democrática de Venezuela, aparte de juramentarse de forma ilegítima ante el TSJ, instancia que carece de competencia para juramentar funcionarios electos por votación popular.

Especial mención merece lo sucedido en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, diseñadas a la medida de los intereses políticos del Gobierno de Maduro por parte del CNE, incumpliendo los estándares mínimos para garantizar un proceso equitativo, libre y transparente.

El escenario descrito permite afirmar que en Venezuela existe una profunda crisis institucional que ha convertido al Estado de derecho en un Estado de facto, donde todos los poderes públicos son ilegítimos e inconstitucionales, dado que ninguna de sus autoridades ha sido designada o seleccionada según las normas constitucionales ni respetando los principios más básicos para garantizar su autonomía, la separación de poderes y la democracia, y lo que es más grave, bajo el visto bueno del TSJ.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Desafortunadamente, 2021 llega para los venezolanos con un retroceso institucional, que viene acompañado de la tragedia humanitaria y los estragos de la pandemia de COVID-19, hechos que ponen al descubierto a un Gobierno ineficiente que no atiende los continuos reclamos de los ciudadanos ante la grave y compleja crisis que se vive, ni hace uso de su poder para restablecer la institucionalidad rota por su propia mano.

La implantación de instituciones en desconocimiento a lo previsto por la Constitución venezolana solo confirma la ruptura del orden constitucional y, en consecuencia, del Estado de derecho, del respeto de los derechos humanos y de la democracia.

14 de enero 2021

https://accesoalajusticia.org/el-nuevo-orden-inconstitucional-en-venezuela/

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Humberto García Larralde

El peor gobierno de la era petrolera

A finales de 2018, concluía el período constitucional de Nicolás Maduro. Advenido a la presidencia en virtud de un cuestionado triunfo electoral en 2013, nos encauzó a la peor tragedia sufrida por país alguno que no estuviese en guerra. Bajo su mandato, redujo la economía a la mitad, desplomándose las actividades de construcción (-90%), comerciales y de reparación (-76,4%), la de las instituciones financieras (-74,9%) y la manufactura (-71,6%)[1]. La producción petrolera se encogió en 50%, obligando a la importación de gasolina y otros productos para satisfacer la demanda interna, y de petróleo liviano para mejorar los crudos pesados. Incrementó la descomunal deuda dejada por su predecesor a niveles muy por encima del valor del PIB venezolano. La caída en más de dos tercios de las exportaciones petroleras hizo imposible cancelar su abultado servicio, colocando al país en default. Valiéndose de un control de cambio que estimuló todo tipo de corruptelas, Maduro intentó generar excedentes para pagar este servicio, contrayendo las importaciones en 2018 a apenas la quinta parte de las de 2012. Contrajo el consumo privado por habitante (promedio) a los niveles de 1970, víctima, además, de la terrible hiperinflación que desató el financiamiento monetario de los déficits generados por su irresponsable gestión. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 70%, deprimiendo la estructura general de remuneraciones. En fin, Maduro descargó sobre los hombros de los venezolanos todo el peso de un severísimo ajuste contractivo, mucho peor que los denostados ajustes “neoliberales”, producto de las distorsiones que ocasionó su conducción (y la de Chávez) de la economía.

Pero los daños infligidos a la población no se reducían al ámbito económico. La represión de manifestaciones de protesta, con más de 200 muertos a manos de militares y colectivos fascistas, y la detención arbitraria y tortura de muchos opositores --denunciadas por Foro Penal y otras ONGs--, añadían un cariz terriblemente inhumano a la gestión de Maduro. A ello habría que agregar la sumisión de los venezolanos a las arbitrariedades, extorsiones y exacciones de militares, policías y otros funcionarios, dada la anomia resultante de la destrucción del Estado de Derecho. Luego está la indignante corrupción, abierta y desmedida, en tantas ejecutorias del Estado, despojando a los servicios públicos, entre otros, de recursos y degradando la calidad de vida de la población. Finalmente, el régimen pisoteó la voluntad popular que eligió una mayoría calificada de demócratas para la Asamblea Nacional en diciembre, 2015, anulando todas las prerrogativas de ese cuerpo, persiguiendo y encarcelando a muchos de sus diputados, y usurpando sus funciones con dictámenes de un tsj rastrero y una asamblea constituyente tramposamente constituida. No en balde, la desaprobación del gobierno se encontraba, en la mayoría de las encuestas, por encima del 80%.

La aberración de Maduro

Todo lo anterior era razón de sobra para haber cambiado de gobierno, una vez vencido el período de Maduro. Pero, como sabemos, ello fue impedido. Además de sabotear el referendo revocatorio de su mandato en 2017, se hizo reelegir en una pantomima comicial, con dirigentes y partidos opositores proscritos, sin auditoría del registro electoral ni participación de observadores internacionales de confianza, y bajo un CNE constituido con militantes del oficialismo. El régimen que de ahí surgió en absoluto responde a la voluntad popular y rompe, por ende, con el ordenamiento constitucional. Es, en términos políticos, una aberración. El diccionario define este término como: “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.” Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado. Lamentablemente, la complicidad activa de militares corruptos, que emplean el terrorismo de Estado contra opositores, ha permitido que cumpla dos años. Son dos años en guerra contra la población venezolana, usurpando funciones que debería haber asumido un gobierno democráticamente elegido.

Las consecuencias de tal aberración no podían ser más trágicas. La economía se redujo adicionalmente en más de un 40%, terminando el 2020 con un tamaño que es solo la cuarta parte de cuando Maduro accedió por primera vez a la presidencia. Se profundizó la destrucción de la industria petrolera, que actualmente produce unos 400 mil barriles diarios, un 17% de la cantidad de entonces. La hiperinflación multiplicó el alza de precios unas 230 veces más, haciendo de Venezuela el país más pobre de América Latina, según estimaciones basadas en la encuesta de las universidades, ENCOVI. Por otro lado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU[2], confirmó las denuncias que venían realizando diversas ONGs nacionales e internacionales con relación a la violación extendida de derechos humanos por parte del régimen. Documentó lo que consideró crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, señalando responsabilidades en los más altos niveles del Estado. Ello fue confirmado también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michele Bachelet. Finalmente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”[3].

La eliminación de la política

Hoy sabemos que la tragedia venezolana. no es resultado de la ignorancia o de errores de política. Es deliberada, resultado de acciones tomadas conscientemente por Maduro y sus cómplices, militares y civiles, a fin de asegurar oportunidades para depredar al país. La eliminación del Estado de Derecho y la sumisión de las actividades económicas a sus dictados obedecen a los imperativos de expoliación de la riqueza social. Y, al aniquilar los derechos del ordenamiento constitucional, reprimir los medios de comunicación independientes y perseguir a las organizaciones civiles (y políticas) autónomas, acabaron con las condiciones para relevarlos por vías democráticas. Desnudaron a Maduro como dictador.

Su insistencia en cobijar su dictadura bajo formas democráticas --eso sí, totalmente adulteradas para vaciarlas de toda capacidad de expresar la voluntad popular-- ha confundido a algunos opositores, que se empeñan en circunscribir la lucha política a los métodos propios de una democracia. En otros, la retórica utilizada y la tutela cubana llevan a percibir al régimen –en mi opinión, de manera equivocada— como una clásica dictadura comunista. Asumen que lo impulsa un proyecto ideológico, conducido por un Partido Comunista –en este caso, el PSUV-- monolítico y disciplinado, que, desde el poder, impone acciones con base en el patrón doctrinario conocido de los países de la antigua órbita soviética.

Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos –Maduro, los hermanos Rodríguez y otros— y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan entre sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomia resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interponen. Son los artífices de las extorsiones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen.

El neofascismo bolivariano

La consustanciación del régimen con acciones de fuerza y de violencia por parte de militares corruptos, autoridades civiles y bandas paramilitares, lleva a categorizarlo de fascista o neofascista. Comparte sus métodos totalitarios o proto-totalitarios, pero camuflado en un populismo extremo para proyectarse como campeones del pueblo. Ahora la ideología no ejerce la función de inspirar un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder, sino como burbuja en la cual refugiarse para escapar de la realidad del mundo circundante, resistente a sus propósitos. Sirve como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. Edifica una realidad falsa, conformando una secta de fanáticos que se identifican con ella, refractaria a toda posibilidad de convivencia con quienes piensan diferente. Sus nociones de verdad y de razón se construyen a partir de su funcionalidad para con el ejercicio del mando y la preservación de sus oportunidades de lucro, no de su capacidad para explicar la realidad existente, mucho menos como referencia para proponer soluciones. Representa un blindaje contra acuerdos de política basadas en criterios racionales aceptables para los demócratas. Éstos deben ser aplastados. Las objeciones desde afuera, señalando los sufrimientos de la población, en absoluto lo perturban[4].

La mitología comunista, al justificar la liquidación del Estado de Derecho, por burgués, y someter a las fuerzas del mercado para sustituirlas en el reparto de la riqueza y del producto social con criterios políticos –basadas en relaciones de fuerza--, ha sido de utilidad para legitimar la expoliación del país. Se destruye, así, la economía, pero echándole la culpa a una “guerra económica” contra la “revolución” por parte del imperialismo y la burguesía. La burbuja ideológica sirve, asimismo, para criminalizar toda protesta, tildándola de “terrorista”, y justificar toda suerte de disparates, siempre y cuando contribuyan a galvanizar a sus partidarios en torno a sus desmanes. Nada más parecido a las turbas de extrema derecha que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. que las bandas fachas de Chávez y Maduro.

La vulnerabilidad del régimen

El hecho de depender de una armazón de complicidades a distintos niveles para sostenerse constituye la mayor vulnerabilidad del régimen. No se basa en un poder monolítico, que obedece a un mando único, centralizado, como haría creer la invocación de las experiencias comunistas. En la medida en que su depredación ha ido reduciendo los recursos con base en los cuales tejer esas alianzas, más precario se ha tornado su poder y mayor fricción interna concita. Y no tiene escapatoria. No puede revertir el deterioro económico, porque la “premiación” a sus secuaces ocurre, precisamente, con base en la expoliación de la economía. No puede ofrecer garantías y seguridades para atraer inversiones, eliminar las coimas y otras exacciones, porque acabaría con esta expoliación. Tampoco puede desmontar el terrorismo de Estado para negociar el levantamiento de las sanciones impuestas a muchos de sus personeros por violación de derechos humanos porque, más allá de las complicidades, es la herramienta que le queda para evitar ser desplazado. Lamentablemente, ello hace al régimen aún más virulento, preso de las rivalidades, de la anarquización de las líneas de mando y de la impunidad que se deriva de la anomia. Al no poder desmontar los mecanismos de expoliación, la situación económica empeorará todavía más, sobre todo en el marco de los estragos causados por el COVID-19.

La instalación de su asamblea nacional partidista, ahora con unos 270 diputados, además de pretender borrar la representación popular electa de la anterior asamblea –la única legítima—ofrece un espacio ampliado para zanjar ambiciones de los diversos intereses que se mueven en la constelación fascista. Las elecciones para autoridades municipales constituirán otro escenario. Si bien ayudan a aliviar las tensiones, también diluyen el poder de la cúpula central, cada vez más aislada y vulnerable.

Los nuevos escenarios

La elección de Biden como presidente de Estados Unidos, más las nuevas condiciones creadas por el vencimiento del período constitucional de Guaidó y demás diputados elegidos en 2015, suponen un escenario diferente a aquel imaginado antes por algunos ilusionados por la retórica de Trump. Todo hace pensar que el apoyo internacional al cambio democrático en Venezuela habrá de enfatizar la negociación para acordar elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional, que sean confiables. Por lo pronto, no pareciera que fuésemos prioritarios en la agenda de Biden, ocupado inicialmente en sanear las heridas dejadas por su antecesor, ni tampoco de los países del llamado Grupo de Lima, por la necesidad que tiene cada uno de centrar sus esfuerzos en superar el grave impacto causado por el Coronavirus sobre sus sociedades. La Unión Europea mantendrá una posición similar a la que ha venido sosteniendo, una vez barajado un nuevo status para su relación con el liderazgo opositor. Es de suponer, entonces, que las cosas se mantengan más o menos igual en los próximos meses, aunque continuará deteriorándose la situación país, como la represión y persecución de opositores.

En tal escenario, la negociación no puede enredarse en “solucionar los problemas del país”. Esto es una excusa del fascismo para ganar tiempo. En absoluto le interesa el bienestar de la población. Tampoco puede dejarse enmarcar en una supuesta confrontación “izquierda – derecha” o de defensa ante el acoso imperialista, con que Maduro busca tocar sensiblerías “progre” a nivel mundial. Su fin solo puede ser apurar salidas a la aberración social y política que representa una dictadura primitiva y oprobiosa, que le niega posibilidades de sustento al pueblo para esclavizarlo con bolsas CLAP. Los países democráticos deben entender esto y no prestarse a engaños que alarguen su permanencia. Las negociaciones deben plantearse desde una posición de fuerza, que lleve a que algunos integrantes de la mafia tomen en serio las ofertas para que se vayan. Ello no será posible mientras la oposición se mantenga dividida, acusándose mutuamente y sin vincularse con los padecimientos y las luchas de una población cada vez más oprimida. No hay otra opción, entonces, que dejar de lado los afanes de protagonismo personal y subordinar todo interés secundario a los esfuerzos para construir, unidos, esa fuerza mayoritaria.

La cabeza visible del fascismo –Maduro, Cabello, los Rodríguez, Padrino López y sus secuaces—está demasiado enferma con sus delirios onanistas para pensar que accedería honestamente a este tipo de negociación. Tampoco se puede negociar con la FAN, pues ésta, como institución, fue destruida. Pero sí tiene sentido focalizar los esfuerzos en quienes sirven de sustento a la médula militar corrupta. Éstos se sienten inseguros, ya que su permanencia depende de criterios políticos, no de las jerarquías o de los méritos institucionales ya destruidos. Al achicarse las oportunidades de lucro, serían los primeros en ser excluidos. Además, sobre ellos pesan severas sanciones por violación de derechos humanos, narcotráfico y otras corruptelas, lo cual los hace vulnerables a negociaciones que ofrecen salidas.

Negociar significa, por mucho que nos asquea, estar en disposición de ceder. Al fascismo no le interesa consolidar ningún proyecto de sociedad porque lo anima la confrontación permanente. Basta observar el gozo que invade el rostro de Cabello cuando anuncia, por TV, medidas contra la oposición. Pero tampoco la oposición está en condiciones de desplazarlo con la fuerza. Con el pañuelo en la nariz, busquemos resquebrajar el sostén militar del régimen con negociaciones que permitan elecciones confiables a cambio de suspender sanciones. Son unos 195 sancionados. Algunos tienen que ceder. Procuremos abrir las rendijas para que pueda expresarse la voluntad popular mayoritaria. La alternativa de conservar nuestra posición impoluta, amparada en nuestros principios y razones para no negociar con criminales, es que Venezuela se deslice todavía más por la pendiente chavista, hasta su desaparición como país.

[1] Cifras oficiales. www.bcv.org.ve

[2] https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx

[3]https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-corte-penal-internacional-nic...

[4] Remito al lector a escritos míos al respecto, para no repetir aquí sus argumentos:

http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2013/05/humberto-garcia...

https://politicom15.wordpress.com/2017/02/08/fascismo-comunismo-y-la-pre...

El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas, 2008.

Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos, 2020. Cap. 6, 7.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

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