Mientras la economía venezolana ha colapsado, la de Republica Dominicana ha crecido a tasas que se han considerado de las más elevadas en América Latina y el Caribe. En la actualidad supera a Venezuela en sus avances económicos y sociales. Dominicana es un ejemplo de la importancia de un sector conservador (no socialista), que contrapese las erradas ideas provenientes del régimen de los Castros.

Cuando realizaba mis estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona, a inicios de la década de 1990, me topé con un economista dominicano que me trató con especial deferencia apenas conocerme. Luego, en una conversación en el cafetín de la Facultad, el profesional dominicano me confesaría que sentía un profundo agradecimiento hacia los venezolanos por el subsidio que Venezuela otorgaba a Dominicana en el marco del Pacto de San José, vigente en aquella época. Sin este subsidio la economía dominicana sería inviable, según el profesional dominicano. En efecto los datos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) confirman que la patria natal de Billo Frómeta era una economía con una capacidad de creación de riqueza sustantivamente inferior a la de su vecino petrolero rico. El PIB por habitante de Dominicana era menos de una tercera parte del de Venezuela, como se evidencia en el cuadro insertado al final de este escrito.

Sin embargo esto es historia patria pues con el tiempo la situación de ambos países ha cambiado radicalmente. Mientras la economía venezolana ha colapsado, la de dominicana ha crecido en los últimos años a tasas que han sido consideradas como las más elevadas en América Latina y el Caribe. Como veremos más adelante, en los actuales momentos la creación de riqueza de Dominicana, medida por el PIB por habitante, supera ampliamente a la de Venezuela. La explicación de este cambio reposa en la contrastante agenda política y económica que han seguido ambos países. Nuestro país se adscribió a una agenda que ha privilegiado el control político y el mantenimiento en el poder del régimen, dañando en ese proceso las actividades económicas y productivas, como la petrolera. En contraste Dominicana ha venido instrumentando una agenda de reformas que ha tenido como propósito incentivar la inversión empresarial y el crecimiento económico, muy similar a la que se ha implementado en México, Colombia y Chile con resultados similares.

El primer elemento que hay que resaltar en la contrastante ruta seguida por ambos países es la agenda política e ideológica. Mientras en Venezuela las universidades, las instituciones culturales, los intelectuales de diverso pelaje y los partidos políticos han coqueteado con las ideas socialistas provenientes del régimen de los Castros, en Dominicana se impuso desde la década de 1960 una agenda anticomunista liderada por Joaquín Balaguer. Balaguer fue un político quien se desempeñó como funcionario de rango ministerial de la dictadura de “Chapita” Trujillo. Una vez que Trujillo fallece en un atentado los militares dominicanos toman el poder iniciándose un periodo de inestabilidad que culmina con la intervención de Estados Unidos y la elección de Balaguer como presidente. Una vez en el poder inicia un régimen autoritario que duraría 12 años durante los cuales se reprimió sistemáticamente a los partidos de izquierda. Balaguer decide armar un entramado político que favorecería a los sectores conservadores que él representaba. El antiguo funcionario de la dictadura era un político estrechamente cercano a la iglesia católica, por ello no simpatizaba con la izquierda socialista y entre ellos incluía a los socialdemócratas apoyados por la AD de Venezuela. Contaba además con el apoyo de los Estados Unidos que no deseaba que surgiera en el Caribe otro régimen como el de los Castros. De ese modo se consolida un polo conservador que detentaría el poder por varias gestiones, blindando al régimen dominicano frente a las ideas socialistas y comunistas, que se propagaron en el Caribe y en América Latina durante esos años. Si bien se realizaron importantes inversiones en infraestructura, el régimen se mostró reacio a introducir reformas que modernizaran la economía, la cual permaneció durante muchos años con un atraso relativo en relación a sus vecinos, en especial a su vecino rico Venezuela. Ello se refleja en su creación de riqueza medida por el PIB por habitante que a inicios de la década de 1990 se mantenía abiertamente por debajo del de Venezuela como hemos señalado.

Mientras en la Republica Dominicana Balaguer apoya un giro conservador, en la vecina isla de Cuba asciende al poder un régimen revolucionario que confisca las propiedades de todos los que consideraba enemigos de la revolución, entre ellos muchos de los empresarios e inversionistas que habían mantenido, en virtud de su actividad empresarial, vínculos con la dictadura de Fulgencio Batista. Adicionalmente a ello se instauró un régimen de terror que obligó a la clase empresarial a huir, mayormente a los Estados Unidos, en resguardo de su vida. República Dominicana se benefició del desbarajuste creado por la revolución cubana pues se convirtió en un lugar seguro para las inversiones de los empresarios obligados a huir del régimen de los Castros. Uno de estos fue Pepe Fanjul quien adquirió notoriedad recientemente, pues es un estrecho amigo del Rey Juan Carlos de España. Este empresario dedicado al negocio de la caña de azúcar decidió invertir sus capitales en la Republica Dominicana en el cultivo de la caña y en resorts de lujo en las zonas turísticas de la isla, que con el tiempo se convertirían en un imán para los artistas estadounidenses de origen latino como Marc Anthony y otras estrellas.

La influencia de Balaguer se prolongó hasta inicios de la década de 1990 cuando su partido fue decisivo a la hora de escoger el liderazgo que controlaría el nuevo gobierno que se iniciaría en 1996. Balaguer decidió apoyar a un nuevo liderazgo conservador dirigido por Leonel Fernández en contra de las aspiraciones de quienes lideraban a los socialdemócratas dominicanos apoyados por la AD de Venezuela. La nueva alianza de naturaleza conservadora dirigida por Fernández, se orientó a instrumentar reformas de naturaleza liberal que buscaron fortalecer la conexión del país con la economía internacional lo cual derivó en la firma de un tratado de libre comercio con Centroamérica, que a la postre derivaría en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual daría acceso privilegiado a los productos dominicanos al mercado de este país. En este terreno el liderazgo político dominicano aprendió de la experiencia venezolana, pues la firma del tratado fue parte de un consenso político que permitiría mantener las reformas liberales a pesar del cambio que se diera con motivo de las elecciones presidenciales. Ello ocurrió en las últimas elecciones cuando el partido oficialista perdió las mismas y cedió el poder al partido de la oposición. Como lo señala la revista The Economist en un número reciente “Aunque las transferencias de poder en el país son raras, ellas no necesariamente traen cambios. La política dominicana se ha caracterizado por un consenso de orientación política centrista y amigable con el sector empresarial” totalmente antagónica con la agenda política que ha predominado en Venezuela en las últimas décadas que ha sido hostil al empresariado y a los Estados Unidos. Las reformas introducidas por Fernández y sus aliados dieron inicio a una etapa de acelerado crecimiento económico que se prolongaría hasta los inicios del siglo XXI.

República Dominicana gracias a su gestión de naturaleza conservadora y las reformas liberales que introdujo, ha logrado avances considerables. Como podemos observar en el cuadro siguiente la creación de riqueza de República Dominicana, medida a través del PIB por habitante, se ha ido incrementando hasta casi duplicar en el 2019 la de Venezuela, país cuya economía ha colapsado al asumir la agenda estatista de los cubanos. También en el plano social Dominicana ha hecho avances considerables al reducir su tasa de pobreza a menos del 20%, según el Banco Mundial, mientras la de Venezuela se ha elevado por encima del 80% según los datos de la ENCOVI, llevada a cabo por la UCAB y otras universidades.

PIB por habitante en dólares constantes de República Dominicana y Venezuela para los años 1990, 1998 y 2019.

El caso de la Republica Dominicana revela la importancia de un sector conservador que contrapese la influencia de ideas equivocadas como las provenientes del régimen de los Castros, que no constituyen un ideario para el desarrollo sino una agenda para el control social y la eternización en el poder, que cuando se instrumentan tienen efectos traumáticos sobre la creación de riqueza. Ese rol lo desempeñó en Venezuela Rómulo Betancourt quien combatió, sin contemplación alguna, la influencia cubana, en el contexto de un acuerdo político (El Pacto de Punto Fijo) que sentó las bases de la democracia venezolana.

Profesor UCV .

En la región central de Venezuela, donde se ubican importantes ciudades como Maracay y Valencia, entre la Cordillera de la Costa y la Serranía del Interior, se encuentra el Lago de Valencia, o Lago de Los Tacarigua según los aborígenes que ocupaban la región antes de la conquista por parte de los españoles, el cual es el centro receptor de las aguas de una cuenca hidrográfica endorreica, de una gran belleza natural. Este lago tiene una superficie aproximada de 350 km2 y la cuenca cubre 3.150 km2 que corresponde al 0,3% de la superficie del país.

El Lago de Valencia recibe, entre otros, las aguas de los ríos Aragua, Turmero, Cabriales, Güigüe, Los Guayos y Aragua, y en su interior se encuentran islas como El Burro, Burrito, El Horno, Otama, Chambergo, El Zorro y Caigüire. Tiene una longitud máxima de unos 30 km por 20 km de ancho, y una profundidad media de algo más de 20 metros, alcanzando un máximo de 39 metros. En la actualidad, los ríos que fluyen hacia el lago, que en el pasado fueron muy utilizados en agricultura, han sido convertidos en colectores de aguas servidas, lo que ha creado un problema ecológico de grandes dimensiones.

El efecto de los factores formadores de suelos en la depresión del lago ha generado suelos calcáreos, ricos y porosos en lo que es la llanura lacustre; rodeada por una llanura de sedimentos aluviales recientes, generadores de suelos de alto valor agrícola, predominantes en la depresión y valles adyacentes. Sin embargo, esta riqueza edáfica se ha visto disminuida por dos razones fundamentales. Una la expansión de desarrollos urbanos e industriales que crecieron en promedio 621 ha/año entre los años 1939 y 2017, y la otra, el aumento de la cota del lago que ha crecido en promedio 229 ha/año desde 1976. Como consecuencia, se estima que más del 50% de las tierras urbanizadas entre 1985 y 2017, o inundadas por el lago en el período 2000-2017, eran de alto potencial agrícola.

La cota de equilibrio del Lago de Valencia, definida en 1987 y decretada en 1995, es de 408 msnm. Siendo una cuenca endorreica, su equilibrio se establece en función de que la evaporación que allí ocurre compensa las entradas de aguas durante la temporada de lluvias. Eso produce una cota máxima y una cota mínima, las cuales definen en buena medida el uso del territorio de la cuenca aledaño a las aguas del lago, en especial en lo referente al establecimiento de asentamientos urbanos que debe ser contemplado en los planes de desarrollo territorial. La cota máxima del lago ha sido alterada porque a la cuenca le han incorporado, desde la Cuenca del río Pao, 8 m3/s a partir de 1978 y cerca de otros 8 m3/s a partir de 1996. Por la naturaleza de la cuenca, esos excedentes no tienen salida y causan el incremento en la cota máxima del lago, con las terribles consecuencias que estamos viendo en estos momentos, de destrucción de varios asentamientos urbanos que incluye importantes urbanizaciones al sur de la ciudad de Maracay.

Lo que está ocurriendo con el aumento del nivel del lago es una tragedia para una buena cantidad de ciudadanos que están exponiendo sus vidas viviendo en esas condiciones, además de los problemas de calidad de unas aguas con elevados grados de contaminación al recibir aguas servidas tanto domésticas como industriales, sin ningún tratamiento previo que sea efectivo. En el Plan de Saneamiento 1995-2005 del MARNR, se iniciaron obras para reusar dentro de la Cuenca del Lago de Valencia aguas servidas tratadas, y para el trasvase de cierta cantidad de agua, con tratamiento terciario, hacia la Cuenca del río Guárico. Todo este plan se paralizó después de 1999, las obras parcialmente construidas están abandonadas y fuera de vigencia porque contemplaban estabilizar el nivel del lago en la cota 408 msnm. Lo sensato es que en el muy corto plazo, se deben buscar medidas para solucionar tanto la calidad del agua del lago, como para estabilizar su nivel en una cota máxima que evite las serias inundaciones que ocurren actualmente. Aparentemente, la solución para evitar los desbordes de agua pasa por evacuar las aguas excedentarias hacia cuencas vecinas.

Todo el lago ofrece paisajes de gran atractivo, que serían ideales para un desarrollo turístico importante. En el pasado, algunos lugareños ubicados cerca de sus orillas, construyeron pequeños muelles y embarcaderos, para pasear por estas tranquilas aguas en botes, en algún momento fue un sitio muy especial para el esparcimiento de los habitantes del lugar y de una buena cantidad de visitantes de regiones vecinas. Su cercanía a Maracay y Valencia, dos ciudades con suficiente capacidad para la atención de turistas, favorecen un desarrollo de este tipo.

En la Venezuela por venir se tiene que transformar el Lago de Valencia y sus alrededores en sitios donde pueda desarrollarse un programa turístico de gran alcance, lo cual debe comenzar con la ejecución de proyectos que permitan aliviar los excedentes de agua, el saneamiento de la cuenca, construcción de plantas de tratamiento de las aguas de los ríos más importantes y la regularización de la deposición de las aguas servidas tanto del uso doméstico, como del uso por la gran cantidad de industrias ubicadas en las cercanías de este atractivo espejo de agua. Luego, continuar con la infraestructura y equipamiento que permita disfrutar de paseos lacustrinos y visitas a las islas que serían adecuadamente acondicionadas para este fin.

Eco. Todo este plan se paralizó después de 1999, las obras parcialmente construidas están abandonadas y fuera de vigencia porque contemplaban estabilizar el nivel del lago en la cota 408 msnm. Lo sensato es que en el muy corto plazo, se deben buscar medidas para solucionar tanto la calidad del agua del lago, como para estabilizar su nivel en una cota máxima que evite las serias inundaciones que ocurren actualmente. Aparentemente, la solución para evitar los desbordes de agua pasa por evacuar las aguas excedentarias hacia cuencas vecinas.

Todo el lago ofrece paisajes de gran atractivo, que serían ideales para un desarrollo turístico importante. En el pasado, algunos lugareños ubicados cerca de sus orillas, construyeron pequeños muelles y embarcaderos, para pasear por estas tranquilas aguas en botes, en algún momento fue un sitio muy especial para el esparcimiento de los habitantes del lugar y de una buena cantidad de visitantes de regiones vecinas. Su cercanía a Maracay y Valencia, dos ciudades con suficiente capacidad para la atención de turistas, favorecen un desarrollo de este tipo.

En la Venezuela por venir se tiene que transformar el Lago de Valencia y sus alrededores en sitios donde pueda desarrollarse un programa turístico de gran alcance, lo cual debe comenzar con la ejecución de proyectos que permitan aliviar los excedentes de agua, el saneamiento de la cuenca, construcción de plantas de tratamiento de las aguas de los ríos más importantes y la regularización de la deposición de las aguas servidas tanto del uso doméstico, como del uso por la gran cantidad de industrias ubicadas en las cercanías de este atractivo espejo de agua. Luego, continuar con la infraestructura y equipamiento que permita disfrutar de paseos lacustrinos y visitas a las islas que serían adecuadamente acondicionadas para este fin.

En casi tres años de sesiones, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no presentó ningún proyecto de Constitución, pero sí se arrogó las funciones legislativas de la Asamblea Nacional y en la última ocasión que lo hizo aprobó la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que Nicolás Maduro le presentó con la supuesta finalidad de contrarrestar las sanciones internacionales impuestas a su administración.

Una revisión del instrumento, catalogado como «ley constitucional», permite a Acceso a la Justicia advertir que se trata del mayor atropello al Estado de derecho ocurrido hasta ahora, pues pretende producir transformaciones radicales en el orden jurídico del país por una vía no constitucional. Difícilmente esta «ley» puede considerarse como tal a la luz de la Carta Magna de 1999, pues no fue dictada por el Parlamento, pero además para su aprobación no se cumplió el procedimiento constitucional para la elaboración de las leyes.

Sin embargo, las anteriores fallas no son las únicas y en las siguientes seis preguntas haremos alusión a otras violaciones más.

¿Cuál es el objeto de la nueva ley constitucional aprobada por la írrita ANC?

Su artículo 1 indica que busca establecer un «marco normativo especial y temporal»que facilite al gobierno de Maduro «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria» las sanciones dictadas por varios países contra el Estado venezolano.

Hay que puntualizar al respecto que la fraudulenta ANC a través de ese instrumento instituye una plataforma normativa paralela, cuya aplicación desarticularía la prevista en la Constitución, a fin de habilitar al Ejecutivo Nacional, sin limitaciones ni controles, para dictar las medidas que considere necesarias o cualquier acción que desea emprender, especialmente en el orden económico, con el supuesto propósito de amparar al país de las sanciones internacionales.

¿Qué medidas puede dictar el Ejecutivo Nacional gracias al texto?

La «Ley Antibloqueo» otorga un catálogo de facultades al Poder Ejecutivo que servirían para defender la economía del país ante el bloqueo impuesto por la comunidad internacional.

Entre las medidas que establece este instrumento, Acceso a la Justicia considera importante destacar la prevista en el artículo 24, la cual autoriza al Ejecutivo Nacional a celebrar «todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios», a fin de «impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República».

Este artículo supone una suerte de cheque en blanco para que el Gobierno de Maduro realice con absoluta libertad cualquier acto, actuación o contrato que, según su real parecer y entender, sea conveniente para atender los efectos de las sanciones internacionales.

En segundo lugar, también llama la atención la medida contenida en el artículo 19 según la cual «el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada media coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva».

En pocas palabras, el Gobierno no tiene la obligación de cumplir las leyes y puede dejarlas sin efecto, lo cual socava aún más la institucionalidad y representa una usurpación de funciones del Poder Judicial, el cual es el único constitucionalmente facultado para desaplicar normas. Basta con revisar el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución, el cual señala que corresponde a los tribunales la competencia de desaplicar normas jurídicas, en caso de que estas sean incompatibles con el texto constitucional.

En el mismo sentido es alarmante lo contenido en el primer aparte de la disposición final única del polémico instrumento, el cual establece que las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional «continuarán surtiendo plenamente sus efectos» aun cuando la ley constitucional pierda vigencia.

En este caso, si el Ejecutivo considerara que debe inaplicarse una norma jurídica podría hacerlo, independiente de la propia vigencia de la «Ley Antibloqueo», razón por la cual a la postre este cuerpo normativo podría quedar derogado, pero la desaplicación normativa dictada por el Ejecutivo mantendría indefinidamente su pleno vigor. Es decir, que a pesar de que esta ley se extinga, eso no afectaría a las desaplicaciones normativas adoptadas por el Poder Ejecutivo, ni a ninguna otra medida o decisión que este dictara discrecionalmente.

Para Acceso a la Justicia, lo descrito puede conducir a un verdadero caos y, especialmente, a un estado de incertidumbre jurídica nunca antes visto, ya que una vez que quede derogada esta ley debería comportar necesariamente la cesación de todas y cada una de las decisiones que fueran decretadas por el Ejecutivo, pues es sabido que en estos casos rige el principio de decaimiento, según el cual las medidas que se dicten en circunstancias excepcionales cesan al momento de extinguirse la situación extraordinaria, tal como ocurre con los estados de excepción.

¿Qué otras potestades da la «Ley Antibloqueo» al Ejecutivo Nacional?

La írrita ANC confiere al Ejecutivo Nacional un abanico de facultades económicas que salen del marco de sus competencias naturales, conforme a la normativa constitucional y legal. Sin entrar en detalle sobre cada una de ellas, destacan las siguientes:

Modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas (artículo 26).

Elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (artículo 27).

Levantar las restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional, por ejemplo, hidrocarburos o riquezas mineras (artículo 31).

Crear e implementar cualquier mecanismo financiero que considere como necesario para mitigar los efectos de las sanciones (artículo 32).

Según el instrumento, estas medidas no quedan sujetas a ninguna limitación legal, con lo cual se menoscaba el principio de reserva legal al que debe sujetarse el Ejecutivo Nacional (artículo 137 constitucional). Se trata de potestades importantes que serían ejercidas ilimitadamente por Maduro, y sin ningún tipo control.

¿Qué diferencia existe entre las potestades especiales que confiere la «Ley Antibloqueo» y las del régimen del estado de excepción de emergencia económica?

La «Ley Antibloqueo» deja a la pura voluntad del Gobierno de Maduro la decisión de dictar las medidas que considere convenientes. Por su parte, en el régimen especial de Estado de Excepción las medidas aparecen más definidas o delimitadas. No obstante, como se sabe, se ha implementado desde hace casi cinco años y sin que hasta la fecha se hayan solucionado los problemas que en teoría deberían atacar, esto es, la crisis económica que el mismo Gobierno de Maduro ha generado.

En cualquier caso, ambos instrumentos son actos abusivos que solo pretenden justificar a la fuerza que el Ejecutivo Nacional ejerza las funciones que están reservadas a otros órganos del Poder Público, particularmente, la de legislar, y que además, las medidas que se adopten con base en esas potestades perduren por largo período de tiempo, a fin de consolidar la actual dominación del régimen sobre el país.

¿Cómo queda el principio de transparencia en las decisiones que adopte el Ejecutivo Nacional en el marco de la «Ley Antibloqueo»?

El texto obvia el cumplimiento de la transparencia como principio básico del actuar de la administración pública, conforme al artículo 141 constitucional, aparte de desconocer el derecho a la información administrativa y al acceso a los documentos oficiales (artículos 58 y 143 constitucionales).

Acceso a la Justicia considera muy grave el hecho de que todas las actuaciones estén amparadas por la opacidad o el secretismo, lo que supone que no está garantizada la seguridad jurídica ni el derecho a la defensa de las personas que puedan ver afectados sus derechos ante las decisiones que adopte el Ejecutivo Nacional. Justamente, la ley en cuestión establece que las máximas autoridades de la administración pública podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, con la finalidad de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos de las sanciones internacionales (artículo 39).

En este mismo sentido, la ley es explícita al prohibir el acceso a la documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, con lo cual también impide la expedición de copias simples y certificadas (artículo 41).

Cabe advertir que el derecho de acceso al expediente tiene su fuente constitucional en el artículo 143, cuando establece que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten al respecto.

¿Cómo ha reaccionado el país ante el instrumento?

El texto ha generado un amplio rechazo. Así, la Asamblea Nacional anunció que lo desconocía, pero incluso dentro de las filas del chavismo se han alzado voces contra la iniciativa. Al menos cuatro miembros de la fraudulenta ANC expresaron su rechazo al instrumento, por considerar que viola principios constitucionales.

Pero las críticas no se quedaron allí. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que el texto «traslada aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de los trabajadores», porque «no es realmente una ley antibloqueo», sino que con ella «el Gobierno nacional lo que pretende es justificar y darle visos legales a su política económica entreguista y subordinada a los intereses del país». Los comunistas creen que Maduro utilizará el instrumento para privatizar empresas estatales y recursos naturales sin ningún tipo de control.

Las sospechas del PCV son respaldadas por el escritor y abogado chavista Luis Britto García, quien en un amplio artículo cuestionó que el texto no prevea «la confiscación masiva de los bienes situados en el territorio nacional propiedad de gobiernos que confiscan los nuestros en el exterior, y de las personas y empresas que colaboran en la Guerra Económica», pero sí dé amplias facultades al Gobierno para disponer de los recursos naturales de los venezolanos.

«Una simple ley no puede derogar normas de rango constitucional ni transitoria ni definitivamente; motivo por el cual sus propuestas (las de la Ley antibloqueo) deben respetar la Carta Magna», recordó.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La «Ley Antibloqueo» es un texto censurable que no responde a ninguno de los requerimientos constitucionales y que busca conferirle más poder al régimen de Maduro, aparte de reforzar su hegemonía, un claro signo de un régimen despótico.

La norma niega groseramente la vigencia de principios y garantías constitucionales, lo que sin duda agravará más la crisis institucional que actualmente existe en el país, pero además abre las puertas a más corrupción debido a que consolida la opacidad y discrecionalidad y también el despojo de los recursos de todos los venezolanos.

16 de octubre 2020

https://www.accesoalajusticia.org/ley-antibloqueo-de-la-irrita-constituy...

Leer los casos de torturas a civiles y militares en las 443 páginas del Informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de septiembre de este año produce náusea, indignación, ira e incluso desconcierto. ¿Cómo es posible que seres, supuestamente humanos, se degraden a torturar a personas por el placer de hacer sufrir y para castigar a quienes piensan diferente?

Estos victimarios, hombres y mujeres, graduados en la Academia Militar, devinieron en degenerados. Algunos torturan directamente, otros presencian, autorizan o se hacen de la vista gorda, contando con el visto bueno de jueces, fiscales y hasta de médicos que ocultan los efectos de las torturas.Aquí solo nos referiremos al caso de los militares víctimas de sus propios compañeros de armas. Cabe recordar que durante la dictadura de Pérez Jiménez, los militares no participaron en asesinatos, ni torturas a sus compañeros, lo cual corría a cargo de la Seguridad Nacional.
Cuando Rómulo Betancourt, los responsables de insurrecciones fueron juzgados y algunos sentenciados. Este presidente otorgó sobreseimiento a un grupo de civiles, pero a ningún militar. Raúl Leoni indultó o sobreseyó a todos los oficiales presos por alzamientos. Ningún militar fue torturado durante los gobiernos de Betancourt y de Leoni. No podemos omitir que sí hubo asesinatos y también torturas a algunos civiles integrantes de la guerrilla castro comunista,
Los alzados en 1992, entre ellos Hugo Chávez y Arias Cárdenas, disfrutaron en la cárcel de mejores condiciones que los casos citados, en cuanto a llamadas telefónicas, mayor número de visitas y entrevistas con los medios de comunicación. Fueron sobreseídos por el presidente Caldera e incluso Arias y otros tres tenientes coroneles fueron funcionarios de ese gobierno.
Hugo Chávez cometió la arbitrariedad de hacer presos y pasar a retiro a muchos oficiales, nombró generales al por mayor y propició la corrupción. Nicolás Maduro profundizó la politización de la Fuerza Armada. Cientos de oficiales pidieron la baja o fueron pasados a retiro ilegalmente. La corrupción alcanzó niveles nunca vistos y, lo más grave es que, por primera vez, militares están torturando a compañeros de armas. En las ergástulas están 153 militares, un general en Jefe, un mayor general, tres generales de división, tres generales de brigada, 14 coroneles, 13 tenientes coroneles, nueve mayores, 18 capitanes, 36 tenientes, 54 sargentos y un cabo. Se hizo la equivalencia con los grados de la marina. Las cifras no incluyen a quienes tienen detención domiciliaria o tienen régimen de presentación.
Muchos tienen años presos sin ninguna acusación. Otros están imputados por supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y faltas al decoro militar. Las pruebas brillan por su ausencia y otras veces son declaraciones de informantes anónimos. Solo hubo un caso de insurrección militar en el Fuerte Paramacay. El levantamiento de los sargentos en Cotiza fue en protesta por las malas condiciones socio-económicas y la incursión por la costa fue una candidez. A veces solo murmuraciones o simplemente ser identificados como no afectos al régimen han sido razones para asesinar, encarcelar y torturar.
Las torturas ocurren en la Dirección de Contrainteligencia de la Fuerza Armada, en Fuerte Tiuna y en el Sebin. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue torturado hasta causarle la muerte. En Macuto fueron masacrados el capitán Robert Colina y otros ocho compañeros.
Entre los muchos torturados están la capitana y odontóloga Layded Salazar, el capitán de navío Humberto de la Sotta, coroneles Rafael Mejías Laya y Oswaldo García Palomo, tenientes coroneles Igbert Marín Chaparro, Henry Medina Gutiérrez, Ruperto Molina Ramírez, mayores Abraham Suárez, Leonardo De Gouveia, capitán de corbeta Carlos Macsotay Rauseo, capitán Juan Cagauripano y teniente Richard Alemán Castellanos. También el sargento Luis Bandres y sus 23 compañeros de Cotiza. Familiares y amigos de los presos también han sufrido torturas, como en el caso de García Palomo.
El informe mencionado cita nombre de torturadores, tales como los coroneles Franco Quintero, Hannover Guerrero, Terán Hurtado y capitana Keyler Chacón, así como la responsabilidad de los generales Hernández Dala y Gustavo González López. Textualmente afirma que: La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe. Además, el Informe de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, señora Bachelet y los del Foro Penal Venezolano, Human Right Watch e Instituto Casla, entre otros, confirman las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Recientemente el régimen mejoró las condiciones en las cárceles gracias a los informes citados. Los victimarios tendrán que ser enjuiciados y las víctimas resarcidas
Como (había) en botica:
Quienes no apoyen la Consulta favorecen al régimen.
Nos alegramos por el Premio Federico García Lorca otorgado a la distinguida escritora Yolanda Pantin.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com

Pesentación del libro

En el año 2016, la Universidad Monteávila publicó la edición digital de la obra “Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela”, cuya realización estuvo a cargo del entonces Centro de Estudios de la Economía Venezolana (CEDEV). En el año 2018 y en virtud de la sinergia de lo político, lo económico y lo social que requiere un Proyecto Integrador, dicho Centro fue convertido en el Centro de Estudios de Integración Nacional (CEINA). La presente edición recoge en su totalidad el texto de la referida obra y añade un Apéndice ilustrativo para implementar el Proyecto.

El Centro de Estudios de la Economía Venezolana (CEDEV) de la Universidad Monteávila, consciente de su responsabilidad en el ámbito académico y social, ha venido planteando en su evento anual ‘‘Venezuela, ¿cómo vas?’’ y en su Boletín mensual, la imperiosa necesidad que tiene el país de adoptar una visión integradora de Venezuela y, en consecuencia, la necesidad de formular un proyecto integrador en los diversos aspectos políticos, económicos y sociales que permita crear un futuro de progreso sostenido, material y moral, para todos los venezolanos.

En este sentido, cabe recordar una certera afirmación de Ortega y Gasset cuando expresaba que ‘‘Quedarse en el pasado es haberse ya muerto’’ y que ‘‘El pasado confina con el futuro porque el presente que idealmente los separa es una línea tan sutil que solo sirve para juntarlos y articu- larlos’’.

Así, es claro que, por ejemplo, nuestra economía no puede quedarse en un pasado meramente petrolero, el cual, luego de ocho (8) décadas de explotación y liquidación del petróleo, arroja resultados globales muy insatisfac- torios desde el punto de vista económico, social y político.

En este sentido, teniendo en cuenta, por ejemplo, los ingresos petroleros de las últimas cuatro (4) décadas, están a la vista las distorsiones económicas, en términos de devaluación, inflación y estancamiento económico real; la diferencias sociales en cuanto a propiedad, educación y poder, y la falta de consenso político democrático para potenciar un crecimiento económico sostenido al mismo tiempo que justo, equitativo y solidario.

Por todo ello, el Centro ha estimado altamente conveniente, con base en las investigaciones realizadas, elaborar el presente documento con miras a contribuir al desarrollo en el país de un esquema de pensamiento sistémico que, buscando una cierta sinergia de lo económico con lo social y lo político, nos permita identificar las causas de nuestros problemas y nos ayude a generar un sistema institucional que contribuya a crear y a guiar un futuro altamente satis- factorio en términos políticos, económicos y sociales.

La elaboración de los puntos I, V y VI ha estado a cargo de Maxim Ross, Julieta Lares de Molina y Juan Garrido Rovira, Directores del Centro. El punto II ha estado a cargo
Presentación de Maxim Ross y Julieta Lares de Molina; el punto III a cargo de Maxim Ross y el punto IV a cargo de Juan Garrido Rovira.

Con este modesto pero decidido esfuerzo, la Universidad Monteávila desea concurrir al debate necesario sobre la comprensión de nuestra identidad como nación, en colaboración con las demás universidades, organizaciones e instituciones nacionales, estadales y municipales, a fin de ofrecer a nuestra sociedad, especialmente a su juventud, un ámbito de diálogo conciliatorio, animado por la búsqueda de la verdad y el compromiso de alcanzar juntos un país mejor.

En archivo anexo se incluye el libro completo en pdf

Es agotador vivir aquí. Somos una nación desconcertada, peleada y medio loca. Estados Unidos es una mezcla terrorífica de reality show televisivo, república bananera y Estado fallido. En solo cuatro años hemos perdido de vista todo: el Estado de derecho, un mínimo sentido de la decencia, la verdad y la fe en el gobierno y la gobernanza nacional. Mientras escribo estas líneas, el presidente de Estados Unidos baila sobre un escenario al ritmo de la música de Village People, en un auditorio abarrotado y en medio de una pandemia que ha matado a 215.000 estadounidenses y seguramente va a matar a algunos de los asistentes.
Nuestro presidente está clínicamente loco. Lo sabe el mundo, lo sabe el Partido Republicano y los saben hasta sus seguidores. Además ha cometido docenas de delitos y actos merecedores de la destitución estando en el poder y lo único que le salva es que son tantos que nadie logra centrarse en uno solo. Hace solo unas semanas, un lunes, nos enteramos de que no había pagado impuestos en 10 de los últimos 15 años. Al día siguiente, durante un debate con Joe Biden, dijo a los miembros de las milicias supremacistas que “se retirasen y se mantuvieran a la espera”; a la espera de una guerra civil. Hacia el final de esa semana supimos que les habían diagnosticado la covid-19 a él y otras 32 personas del personal de la Casa Blanca.
Hemos tenido 200 semanas así, unas semanas que parecen años, que habrían acabado con cualquier otra presidencia. Estamos hartos de este circo.
Los republicanos se consideran conservadores, pero los años de Trump han sido los más radicales y radicalizadores de la historia moderna de Estados Unidos. Trump y su gobierno son erráticos, irracionales y reaccionarios y están dispuestos a hacer pedazos cualquier parte de la Constitución que sea un obstáculo para obtener sus caprichos. El lema de Ronald Reagan era que el gobierno debía ser eficiente pero pequeño, nada entrometido, casi invisible. Pues bien, en estos cuatro años hemos tenido que lidiar a diario con el gobierno que más se ha inmiscuido en nuestras vidas de toda la historia de nuestro país. Trump está cada día en nuestras narices, contando mentiras y fomentando la discordia y el odio, y lo peor de todo es que su incompetencia absorbe constantemente nuestra atención. Su presidencia es un accidente de automóvil del que llevamos cuatro años sin poder apartar la vista.
El año pasado, mi familia y yo necesitábamos un respiro del caos interminable de la vida en Estados Unidos y nos fuimos a España. A las Islas Canarias. Durante tres meses vivimos en La Garita, Gran Canaria; una comunidad de lo más discreta a orillas del océano y alejada de los turistas. Nuestros hijos fueron al colegio allí y todos vivimos una vida totalmente distinta y llena de cordura. La policía no disparaba contra la gente normal en la calle. El presidente no empujaba a sus partidarios a rebelarse contra el gobierno que se suponía que dirigía él. Cuando necesitábamos asistencia médica, la teníamos y prácticamente gratis.
Y no teníamos que pensar en Trump. Figuraba pocas veces en los informativos locales, en los periódicos locales y en nuestro pensamiento. Hasta el intento de destituirle. Aunque Trump ha cometido un centenar de delitos que son causa de destitución, el Congreso por fin escogió uno concreto, celebró las sesiones correspondientes y ocurrió lo que esperábamos: se inició el proceso de impeachment pero él permaneció en su puesto. No sé para qué vimos las sesiones en La Garita. Sabíamos que no iba a cambiar nada, y así fue. Cuando Nixon cometió sus delitos, los republicanos y los demócratas estuvieron de acuerdo en que había profanado el cargo de presidente y debía marcharse. Pero ese consenso de los dos partidos sobre el honor y la decencia ha desaparecido. Los republicanos han sido espectadores silenciosos mientras Trump convertía nuestro país en un hazmerreír cleptocrático.
Poco después de que volviéramos a California estalló la epidemia de coronavirus y los peores temores que todos teníamos sobre Trump se hicieron realidad. Hasta la covid-19, sus partidarios podían alegar la fuerza de la economía como prueba de que estaba justificado elegir a un promotor de campos de golf. Pero gobernar significa afrontar racionalmente y con seriedad las crisis, y Trump ha demostrado que un narcisista lunático que desdeña la ciencia, que no puede concebir el sufrimiento de ninguna otra persona que no sea él mismo, es incapaz de dirigir un país en un periodo histórico difícil. El coronavirus no fue real hasta que él lo contrajo; y como no ha muerto, desprecia las vidas de los que sí han fallecido. No se le ha oído decirlo, pero podemos estar seguros de que considera que los difuntos, como los soldados estadounidenses que murieron en acto de servicio, son unos “fracasados” y unos “pringados”.
Hace unos años informé sobre un mitin de Trump en Phoenix, Arizona. Como anticipo de su reacción autoritaria frente a las protestas de Black Lives Matter, la policía de Phoenix, al acabar la concentración, arrojó gas lacrimógeno contra miles de manifestantes (entre los que me encontraba yo). No hubo ninguna provocación, ninguna advertencia. Estábamos de pie pacíficamente detrás de una barricada y, un instante después, empezamos a ahogarnos por culpa de un gas amarillo prohibido por la ONU incluso como arma de guerra. Al día siguiente entrevisté al senador Jeff Flake, uno de los pocos republicanos de las dos cámaras del Congreso que se había opuesto a Trump y que, por su deslealtad, se vio obligado a retirarse del Senado. “Es una especie de fiebre”, dijo a propósito del trumpismo. “Pero un día, la fiebre bajará”.
Gran parte del resto del mundo, y por supuesto España, ha tenido históricamente coqueteos con el autoritarismo. Pero Estados Unidos —y esto es importante destacarlo— nunca ha tenido un presidente autoritario. Incluso los presidentes que procedían de las fuerzas armadas, como Ulysses S. Grant y Dwight D. Eisenhower, han sido muchas veces los que más criticaban y desconfiaban de todo lo militar y del peligro de politizarlo. En general, los más peligrosos han sido los diletantes como George W. Bush y ahora Trump. Este último ha utilizado el ejército, la Guardia Nacional, la policía local e incluso a agentes federales de paisano para intimidar a los manifestantes. “Fuerza aplastante. Dominio”, tuiteó el 2 de junio sobre la represión de las protestas en Washington, la noche después de que hubiera ordenado dispersar con violencia a los manifestantes para poder posar con una Biblia en la mano.
Estos horrores no han disminuido el apoyo que le prestan sus fieles seguidores. En la mayoría de las democracias liberales —espero—, esas tácticas despóticas significarían el final de su presidencia. Pero lo que ha puesto de manifiesto el mandato de Trump es que, en realidad, muchos estadounidenses no están comprometidos con la democracia. Están entregados a mantener el orden y el statu quo. Después de la elección de Trump, los sociólogos descubrieron que el principal rasgo que compartían sus partidarios no era la afición al maquillaje anaranjado y el tinte de pelo amarillo, sino el gusto por el autoritarismo. Preferían a un líder fuerte y autocrático antes que el proceso de construcción de consensos, a menudo lento y caótico, inherente a la democracia. Preferían la sencillez, la rigidez y la obediencia. Hasta que llegó a la presidencia, nunca habría dicho algo así, pero ahora estoy seguro de que al menos la cuarta parte de nuestro país preferiría una autocracia trumpiana permanente que una verdadera democracia.
Hay mucho trabajo por delante, empezando por la educación. Son demasiados los estadounidenses que, en realidad, no comprenden la democracia ni la seriedad del arte de gobernar. Desde hace décadas hemos mezclado tanto la fama y la política que la mayoría de la gente no distingue entre las dos cosas. En el primer mitin de Trump al que asistí, en plena campaña, en un aeropuerto de Sacramento, los asistentes se quedaron deslumbrados al ver llegar al personaje de los reality shows en su avión privado. Se rieron de sus chistes y le hicieron fotos con su gorra roja. No hubo nada remotamente parecido a una discusión seria sobre temas importantes o sobre la administración. Más bien, se dedicó a hablar mucho rato sobre uno de sus campos de golf.
Guía cultural para entender una sociedad rota
Los libros sobre Trump, el feminismo, las armas, o Silicon Valley han dominado los cuatro años de mandato del presidente
No tiene nada de malo que la gente vaya a un aeropuerto a ver a un personaje de televisión. Pero votar para que él dirija el país es señal de que no sabemos lo que es gobernar y de que no nos tomamos en serio a nosotros mismos, nuestra nación ni nuestra historia. Y ese es un fracaso del que somos responsables todos como padres, educadores y ciudadanos. Ya seamos republicanos o demócratas, debemos considerar la labor del gobierno como algo noble y sagrado. Debemos recuperar el sentido de que todas las tareas de gobierno, sean grandes o pequeñas, deben llevarse a cabo con dignidad y sobriedad, que los líderes que elegimos deben ser los mejores, los más razonables, los de carácter más estable.
En las elecciones de 2016, Hillary Clinton obtuvo los mejores resultados en las partes de Estados Unidos con más nivel educativo. De los 50 condados con más nivel, venció en 48. A la inversa, Trump tuvo los mejores resultados en las zonas con el nivel educativo más bajo. De los 50 condados con menor nivel, ganó en 42. Así que tenemos mucho que hacer. No necesitamos un gobierno elitista, pero sí que sea competente, utilice la razón y respete la ciencia. Que en 2020 tengamos que recordar los principios de la Ilustración es trágico, pero así estamos. Que Estados Unidos acabe de obtener cinco premios Nobel más la semana pasada, mientras nuestro presidente rechaza el conocimiento científico, ¿qué es? ¿Tragedia o ironía?
Hablando de ciencia: el cambio climático ha hecho que en California, en los últimos cinco años, los incendios descontrolados se hayan convertido en parte permanente de nuestras vidas. Como el Estado se ha vuelto cada vez más seco y caluroso, cada otoño trae consigo nuevos incendios; este año se han quemado ya más de 12.000 kilómetros cuadrados. Para millones de residentes en las zonas más afectadas se ha vuelto esencial tener lista una bolsa de viaje, la maleta con artículos de primera necesidad que cada familia californiana debe tener a mano por si nos evacúan de un momento par otro. El 27 de septiembre estaba visitando a unos amigos en St. Helena, a una hora al norte de San Francisco, cuando estalló un incendio en el que acabaron ardiendo más de 240 kilómetros cuadrados. Les ayudé a meter sus cosas en el coche y se fueron mientras veíamos arder las llamas sobre un promontorio cercano.
Pero existe otro tipo de bolsa de viaje para millones de estadounidenses, que es la mochila con la que cargaremos si Trump vuelve a ganar. Su victoria querrá decir que Estados Unidos ha desaparecido. Que nos hemos rendido. Que nada significa ya nada y que hemos preferido ser una idiocracia sin civilizar.
Muchos se irán a Canadá, una versión más fría pero más sensata de Estados Unidos. Muchos amigos nuestros están estudiando las leyes de inmigración de Nueva Zelanda y Australia. En nuestra familia estamos pensando volver a La Garita. Conocemos los colegios, nos sabemos los menús de todos los restaurantes locales, estamos familiarizados con el Alcampo de Telde y conocemos también el apacible paseo marítimo por el que caminábamos como seres civilizados en una sociedad racional. Qué sensación tan buena.
17 OCT 2020
El País
https://elpais.com/cultura/2020/10/15/babelia/1602748837_466765.html

Confieso que estoy obsesionado con la reconstrucción de nuestro país. Veo mucha gente que quiere cambio, pero pone obstáculos a la creación de una sociedad libre y solidaria capaz de compartir el bien común nacional. Por eso me alarma la reacción de algunos frente a la reciente encíclica Tutti Fratelli del papa Francisco que toma el nombre del gran inspirador de la fraternidad universal: San Francisco de Asís. Les escandaliza que el papa diga que “el mercado no resuelve todo” y que “la libertad de mercado no basta”. Yo creía que este principio defendido por los clásicos liberales era obvio.
Los grandes padres del liberalismo no defendieron solo el libre mercado, sino la libertad, la igualdad y la fraternidad. Una nueva sociedad donde el poder político y el económico no sean dueños absolutos si no que estén sometidos a la Constitución que consagra los derechos humanos fundamentales de todos. Esto que defiende el liberalismo lo necesitamos en Venezuela: combinar la economía de mercado con la Constitución y crear oportunidades para la realización de todos con su propio esfuerzo. Las economías liberales más exitosas lo son porque contribuyen al bienestar general.
Acabo de encontrar un artículo mío del año 2009 que recibió de El Nacional el premio al Mejor Artículo del Año publicado en ese diario y viene a cuento. Aunque es chocante citarse a uno mismo lo veo necesario con gente que creía sensata y parece escandalizada con la llamada del papa Francisco a la fraternidad.
¿Capitalismo Antihumano? (Publicado el 4 de junio de 2009)
“La economía capitalista es extraordinariamente eficaz para producir bienes en abundancia; con ella miles de millones se han liberado de la pobreza tradicional. En China y en la India, en la próxima década cientos de millones saldrán de la pobreza económica, gracias a los avances del capitalismo que aplica con éxito la tecnología a la revolución productiva.
Pero la economía no es la sociedad, apenas una parte de ella, y reducir a la persona humana al “homo oeconomicus” nos lleva a una humanidad profundamente enferma, aunque materialmente menos pobre. La persona humana no se reduce a animal que produce y consume para alimentar el mercado capitalista en carrera continua. La economía capitalista utiliza el individualismo y la búsqueda del “interés propio” como una poderosa fuerza motora creativa, pero el ser humano no es puro individualismo y egoísmo, sino también solidaridad y amor. No somos solo lobos unos contra otros, sino también hermanos unos con otros. Dos fuentes irreductibles de identidad humana, que requieren fuerza suficiente para complementarse, hacerse contrapeso y corregirse mutuamente; con uno solo de estos motores los humanos no levantamos vuelo. La economía tiene sentido como base e instrumento para la libertad y la dignidad de todos en un mundo en paz. El mercado solo no pone la economía próspera al alcance de todos los pueblos; se requiere desarrollo espiritual, con convicciones éticas vigorosas que inspiren y modelen la conducta humana, le den valor y sentido a la vida y a la economía y desarrollen leyes e instituciones fuertes y eficaces.
El capitalismo exitoso trae otros problemas: salimos de la economía ancestral con escasez, hambrunas, enfermedades, guerras y limitaciones y ahora la abundancia nos lleva a otra escasez: destrucción del medio ambiente, de las condiciones de vida para animales y vegetales, e insuficiencia de fuentes de energía y algunas materias primas. El capitalismo tiene tanta fuerza productiva que su capacidad destructiva es monstruosa e imparable por sí misma. La ley del más fuerte en la competencia trae la exclusión de los más débiles y la guerra; la exclusiva de la lógica del mercado lleva aceleradamente a la destrucción de la tierra como casa acogedora y al enfrentamiento social. Vivimos una crisis de civilización. Las empresas más exitosas planifican, calculan, hacen alianzas y fusiones… es decir ordenan las fuerzas (no las dejan al ciego mercado) para sus fines. En tiempo de crisis hasta los más liberales piden la intervención del Estado y de las leyes. La vida digna requiere defender la tierra como hábitat adecuado, el diálogo y convivencia entre pueblos, razas, culturas humanas diversas que se reconocen y aprecian. No solo se requieren estados nacionales, sino autoridad, instituciones y ciudadanía mundiales, cuyo objetivo es que a todos lleguen aquellos bienes y posibilidades humanas que hoy son técnicamente alcanzables, pero no asequibles con solo el interés económico sin humanismo solidario.
El capitalismo es unilateral, antihumano y destructivo, si no va acompañado del otro principio de la dignidad humana, del amor y de la solidaridad; pero es una necesidad y bendición si el interés propio y las fuerzas del mercado son orientadas por leyes e instituciones hacia un nuevo humanismo, que afirma la dignidad y ofrece oportunidades para la creatividad de todos.
No hay ley económica, ni marxista, ni capitalista, que pueda evitar el desastre, sino la conciencia humana con sus valores, de amor y solidaridad, y del instinto de conservación inteligente, que ordenan la economía como parte de una civilización para la vida humana global y personal. Cuanto más exitoso el capitalismo, más eficaz la destrucción de las formas tradicionales de solidaridad, de religión, de ética, de expresiones no económicas de la vida y de la dignidad humanas. No se puede esperar del capitalismo económico que las reponga con nuevas formas de espiritualidad, de solidaridad y de sentido trascendente de la vida; estas tienen otras raíces no económicas y hay que cultivarlas para que crezcan vigorosas y se expresen en relaciones sociales, instituciones, prácticas sociales, organizaciones y leyes no reducibles a la economía y con una lógica distinta y complementaria a la del mercado”.
15 de octubre de 2020
ArticularNos
https://articularnos.org/2020/10/15/libertad-y-fraternidad/