Los pranes no solamente están en las cárceles venezolanas, las cuales dominan, sino que también se les puede encontrar fuera de ellas y algunos controlan amplias áreas de esa rica zona llamada Arco Minero del Orinoco (AMO), pese a que la misma está oficialmente bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La denuncia la formuló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo su informe sobre la independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en el AMO.

«Gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados. Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección. La información disponible muestra que la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados, llamados “sindicatos” a nivel local».

Esto fue reportado por la también exmandataria chilena, quien así puso en evidencia la incapacidad del Estado para controlar un área equivalente al 12% del territorio nacional.

Bachelet denunció en su informe que los «sindicatos» han copiado el modelo del «pranato» imperante en las prisiones venezolanas y que no son otra cosa más que estructuras criminales, cuyo líder impone su voluntad con una brutalidad indescriptible y se beneficia de la extorsión, en este caso de los mineros ilegales o incluso de los formales.

En el documento, de diecisiete páginas de extensión, se lee lo siguiente:

«El ACNUDH (…) recibió información que muestra que, en fecha más reciente, elementos irregulares armados han tomado el control de ciertas minas en la parte central del estado de Bolívar y también en la parte oriental, cerca de la frontera con Guyana».

Violencia exacerbada en el AMO

Bachelet informó al Consejo que la violencia se ha apoderado del AMO, y como prueba citó las propias cifras oficiales, según las cuales en los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes se registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

«Las bandas criminales y los elementos armados usan la violencia para ejercer control sobre las zonas mineras», apuntó Michelle Bachelet, quien reportó que entre marzo de 2016 y marzo de 2020 sus oficiales registraron 16 enfrentamientos por el control de minas, en los cuales 140 hombres y nueve mujeres perdieron la vida.

Tras asegurar que según la información obtenida por su oficina la mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales, Bachelet indicó:

«en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta».

La alta comisionada no obvió el detalle de que el AMO está bajo control de la FANB y que la institución castrense tiene 25 puestos de control solamente en la carretera que atraviesa al estado Bolívar. Asimismo se hizo eco de las informaciones que sostienen que jefes militares recibirían sobornos de parte de los «pranes» o «sindicatos» para obviar sus actividades ilegales.

De la boca para afuera

Los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, han utilizado la bandera del ecologismo para atacar a gobiernos como los de Estados Unidos o más recientemente al de Brasil.

«Cuánto nos ha dolido el incendio que ha provocado Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en la Amazonia brasilera (…) es el fascismo destruyendo los derechos sociales y no se quedan solos con la destrucción de los derechos sociales, sino que le han entregado la Amazonia a los terratenientes que la están incendiando».

Estas fueron declaraciones de Maduro en agosto del año pasado a propósito de los fuegos que arrasaron parte de la selva. Sin embargo, a este no le tembló el pulso para autorizar el pasado mes de abril la explotación de seis cuencas hidrográficas al sur del país, sin importar el impacto medioambiental ni los derechos de los pueblos indígenas.

Esta decisión fue rechazada por Bachelet, quien pidió al Gobierno que la deje sin efecto. «La apertura a la explotación minera de áreas geográficas donde se encuentran sus fuentes de agua potable y de alimentos, así como las vías de navegación tradicionales de la población (indígena), menoscabará sus derechos y dañará sus territorios», alertó.

Asimismo, cuestionó la manera poco transparente como las autoridades han decidido explotar la región, sin tomar en cuenta a los habitantes y contraviniendo el artículo 120 de la Constitución, que señala:

«El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley».

La alta comisionada también reportó el uso de mercurio en la explotación de metales como el oro, pese a que el mismo está prohibido, así como su extracción a cielo abierto, la cual no solo conlleva la deforestación sino la excavación de grandes cráteres.

De la misma manera, denunció que los mineros trabajan en condiciones precarias y con largas jornadas de trabajo de hasta doce horas.

La funcionaria también reveló que ni el Ministerio de Desarrollo Minero ni el Banco Central de Venezuela (BCV) han publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el Gobierno ha conformado alianzas, el número de mineros que explotan la zona ni los volúmenes de oro y otros minerales extraídos o sobre cuál es su destino.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

El AMO es una vasta y rica región del país, pero que se encuentra sobre un ecosistema muy vulnerable que, de paso, es parte de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, los cuales según la Constitución tienen derecho a decidir sobre él. La manera en la que el régimen de Nicolás Maduro lo ha explotado, sin ningún tipo de transparencia, impide cualquier tipo de control.

No hay que olvidar que ante la caída de la producción petrolera, las autoridades han recurrido la extracción de minerales para importar bienes, aunque de manera muy opaca, lo cual fomenta la corrupción.

Por si esto fuera poco, la zona está controlada por criminales y elementos armados, que ejercen su voluntad y mantienen aterrorizada a la población, sin que las autoridades hagan nada al respecto.

20 de julio 2020

https://www.accesoalajusticia.org/bachelet-como-en-las-carceles-en-el-ar...

Muy contento iba Pedro con su balon de futbol bajo el brazo, acompañado de sus amigos, rumbo a la cancha del barrio. En el trayecto, los jugadores no dejaban de expresar su satisfacción de poder volver a jugar.

-Ya estaba ladillado con esa cuarentena radical que me tenía limitado al video juego "Fifa" dijo uno de los muchachos.

-Otro intervino para preguntar si conocían el caso del Presidente de la Federación Venezolana de Futbol.

-¿Qué pasó?, expresaron sus compañeros.

Bueno, al tipo le sacaron "Tarjeta Roja" en la reunion de la Conmebol y no lo dejaron participar de pleno derecho en su condición de presidente, sino como "invitado" sin derecho a voto.

-¿Y esa vaina por qué?

Cáiganse pa’tras, la razón fue que el susodicho "no aprobó el examen de idoneidad "....

-¿Y que examen es ese? Déjame googlear para ver que significa idoneidad. En cuestión de segundos les dijo a sus amigos que el concepto se refería a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. Se habla también de idoneidad cuando se considera que alguien es adecuado, apropiado o conveniente, para desempeñar determinados cargos o funciones dentro de una organización.

-¿Y por qué no era idóneo?

Aquí viene el tarjetazo rojo: Berardinelli no cumpliría con las exigencias de la FIFA y la Conmebol, por tener antecedentes penales en el territorio venezolano y además haberlos ocultado. Estas acciones van contra el reglamento de gobernanza de los entes del fútbol organizado.

-¿Y qué fue lo que hizo ese bichito?

Según sentencia del Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en el 2007 fue condenado a prisión de dos años, cuatro meses y quince días, por ser el autor responsable del delito de: USO Y APROVECHAMIENTO DE ACTOS FALSOS, Artículo 320 en concordancia con el Artículo 323 del Código Penal Vigente.

-No dejes por fuera que ese falsificador también tiene otra acusación, como responsable de la FVF, de descontarle un 2% a los clubes por transacciones financieras que se depositan en bancos del exterior.

-Lo último en esta novela gansteril, es que la Contraloría de Venezuela ordenó congelar las cuentas bancarias de Berardinelli, por presuntas irregularidades administrativas en el manejo de recursos estatales concedidos a la FVF, como medida precautelativa a objeto de impedir que el sujeto de marras continúe cometiendo ilícitos con el Patrimonio de la Federación.

Una de las irregularidades por las cuales se le acusa está relacionada con los pagos de los premios a los futbolistas venezolanos que destacaron en el Mundial sub 20 del año 2019 y que los propios jugadores exigieron en su momento. Entonces la Vinotinto finalizó segunda tras caer en el encuentro final ante Inglaterra.

Ese tipo es un mañoso, pero ahora me pregunto ¿qué hacían el resto de los directivos con las decisiones del bichito? ¿Cómplices o pajuos que están en un cargo para no ejercerlo? Imagínense las consecuencias de este hecho, en cuanto que el actual vicepresidente de la Federación es nada mas y nada menos que Ministro de la Juventud y el Deporte y puede pasar a ser Presidente de la FVF.

- Ese está jugando como “caimán en boca ‘e caño”; ya empató el récord totalitario de Eduardo Álvarez (Ministro, Presidente del IND y el COV) al ser también ministro, presidente del IND y ahora de la FVF. Tengan la seguridad que ahora irá por la superación de ese récord y aspirara a la Presidencia del COV....EL REY SOY YO, le dice a sus seguidores milicianos del deporte.

Pedro, intervino para pedirle a sus compañeros que empezaran a jugar. Se organizaron las oncenas y cuando estaban a punto del pitazo inicial......llego uno de los muchachos que venía retrasado, gritando a todo pulmón GGGGOOOOLLLL....PPPEEE a la federación. las fuerzas policiales del régimen detienen a Berardinelli .

Los muchachos comenzaron a jugar pero seguían pendientes de los sucesos en la federación por que las acciones de las alimañas pudieran provocar la desafiliación de Venezuela por parte de la FIFA.

El sólido reconocimiento internacional de la presidencia de Juan Guaidó no cambia el hecho de que Nicolás Maduro controla el territorio, las instituciones públicas, las fuerzas de seguridad y los recursos. Por eso, la oposición debe hacer un esfuerzo realista para reformular el conflicto.

En 1986, Ricardo Lagos y otros líderes de la oposición socialista al régimen del general Augusto Pinochet en Chile visitaron a Felipe González, presidente del Gobierno de España. El fin era discutir detalladamente sus planes para derrocar a la dictadura. González les dijo que la oposición no podría lograr un cambio en Chile sin antes reconocer que estaban atrapados en el fondo de un pozo. “Primero concéntrense en salir del pozo, y luego intenten ampliar su influencia, paso a paso”, aconsejó González a Lagos.

Lagos y la Concertación —una coalición de partidos de centro, izquierda y centroizquierda— lograron su objetivo a través de la construcción de un amplio movimiento que ganó un plebiscito ordenado por el propio Pinochet, celebrado en octubre de 1988 y que habría mantenido al general en el poder hasta al menos 1997. El No consiguió la mayoría en la votación, un resultado que las Fuerzas Armadas de Chile aceptaron a pesar de la oposición de Pinochet.

El consejo de González se debe aplicar a la Venezuela de hoy. La oposición democrática al régimen autoritario de Nicolás Maduro necesita basar su estrategia y táctica en una comprensión lúcida de las realidades concretas, libre de autoengaños. No ayuda a la oposición subestimar el compromiso de quienes militan en el chavismo con su propia visión de Venezuela, ni ignorar el apoyo que ese movimiento obtuvo de un sector de los venezolanos y el respaldo residual que todavía le da.

Tampoco ayuda a la oposición sobrestimar el nivel de apoyo nacional sostenido que ha podido conseguir, ni exagerar la importancia del considerable apoyo internacional que ha reunido. El constructo de que Venezuela tiene dos gobiernos —uno ilegítimo liderado por Maduro y otro presidido por Juan Guaidó, con un sólido reconocimiento internacional— no cambia los hechos: las autoridades de Maduro controlan el territorio de Venezuela, las instituciones públicas, las fuerzas de seguridad, la vasta mayoría de los recursos y la capacidad del país para diseñar e implementar políticas nacionales.

Un gobierno altamente autocrático no puede ser derrocado solo porque es ampliamente reconocido como ilegítimo, ni siquiera por ser muy impopular, sino solo cuando hay apoyo nacional para una fuerza alternativa creíble, capaz de ganarse el respaldo de las Fuerzas Armadas y de gran parte del sector empresarial, de la sociedad civil y de la opinión pública, y demostrar la capacidad gerencial y técnica para dirigir el país.

Los sectores fragmentados de la oposición deben enfatizar lo que los une, no lo que los divide, y subordinar las ambiciones individuales a los objetivos colectivos. La oposición debe articular una visión llamativa y unificadora que le ofrezca esperanza a la mayoría de los venezolanos, así como métodos de participación y beneficios prácticos, no solo proclamar su oposición a los usurpadores y sus errores, por grandes que estos sean.

Construir una alternativa atractiva que movilice al pueblo venezolano sería extremadamente difícil, si no imposible, desde el exilio. Requerirá estar presente, enfrentar de cerca las realidades desagradables y convocar de manera continua el apoyo de los simpatizantes en todo el país.

La mejor manera de lograrlo es participando activamente en los asuntos públicos y la política, y emprendiendo actividades de ayuda y reconstrucción, aun si eso significa cooperar con el gobierno. El acuerdo del mes pasado entre la Asamblea Nacional, presidida por la oposición, el Ministerio de Salud oficialista y la Organización Panamericana de la Salud fue un buen comienzo. Se deben buscar más colaboraciones de este tipo.

Participar en elecciones injustas diseñadas por el régimen de Maduro para asegurar su victoria será extremadamente frustrante, pero de cualquier modo debe intentarse para fortalecer la visibilidad y la capacidad organizativa de la oposición en toda Venezuela, además de consolidar la unidad y experiencia práctica. Estas actividades podrán dar frutos más adelante, aunque la oposición democrática no triunfe en los comicios parlamentarios programados para diciembre.

La oposición democrática debe aceptar que no llegarán milagros desde el exterior. Lo que a menudo se designa como la “comunidad internacional” en realidad son países individuales que, especialmente ahora, tienen problemas propios en los que se están enfocando y no se puede confiar en que vayan a asumir grandes riesgos o costos ni que vayan a invertir mucha energía para resolver las dificultades internas de otro país. Los poderes externos pueden ser relevantes, pero solo si apoyan una estrategia determinada a nivel nacional y solo en la medida en que puedan hacerlo sin contradecir sus propios intereses o enfrentar costos significativos.

La oposición ya ha afectado su credibilidad al aparecer como que dependen de la intervención extranjera. Los demócratas venezolanos deberían estar en la vanguardia de quienes rechazan las opciones militares internacionales en vez de tratar de inducir una intervención de Estados Unidos que seguramente no ocurrirá.

La oposición también debería considerar presionar, por el bien del país y sus ciudadanos, para que se levanten algunas de las sanciones impuestas a Venezuela en lugar de presionar para que se endurezcan esas medidas con la esperanza de que ocasionen la caída del gobierno. Algunas de las sanciones más amplias en vigor, al igual que algunas de las medidas secundarias, tienen costos humanitarios innegablemente altos, y cuanto más duras sean las circunstancias económicas del país, menos energía y espíritu habrá para la movilización ciudadana contra el gobierno autoritario.

Las discusiones amplias y bien preparadas entre representantes del régimen de Maduro y de la oposición democrática proporcionan la mejor ruta disponible para allanar el camino a una transición democrática. Para que esas discusiones sean eficaces, se requiere espacio, tiempo y confidencialidad, no transparencia inmediata. Los mediadores internacionales, como los noruegos —quienes facilitaron las negociaciones más recientes— pueden desempeñar un papel importante en la gestión de esas conversaciones y además brindar una oportunidad para que los interlocutores de cada lado se conozcan individualmente y exploren formas de replantear los problemas en vez de asignar culpas.

Ambas partes usarán el diálogo y las negociaciones futuras para promover sus propios intereses, como se ve en todas las situaciones similares, pero eso no es un argumento válido para evitar un proceso gradual de diálogo enfocado en un objetivo. En muchos casos anteriores, ese tipo de conversaciones ha cambiado la dinámica en situaciones de estancamiento prolongado. Se debe pensar en el diálogo no como un mecanismo para obtener una solución rápida, sino más bien como una manera de reformular el conflicto. En ese contexto, puede haber oportunidades para negociar el levantamiento de algunas sanciones a cambio de mejores condiciones electorales o programar un referéndum revocatorio.

Sobre todo, los venezolanos de ambos bandos y sus simpatizantes internacionales deben aceptar la dura realidad de que las catástrofes económicas, políticas, institucionales y humanitarias de Venezuela continúan y probablemente se verán exacerbadas por la pandemia. Se está haciendo un daño profundo y a largo plazo. Es hora de llevar a cabo esfuerzos realistas con el fin de detener el deterioro, generar acuerdos prácticos y desarrollar una base de apoyo nacional e internacional para la recuperación de Venezuela.

20 de julio 2020

New York Times

https://www.nytimes.com/es/2020/07/20/espanol/opinion/venezuela-oposicio...

No fue la cumbre más larga de la historia de la ​Unión Europea por apenas 25 minutos. A las 05:31 de este martes, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel anunciaba en Twitter: “Acuerdo”. Acababa así una reunión había empezado el pasado viernes a las 10 de la mañana, que había visto drama, tensión, encontronazos, casi insultos y que, al final, como casi siempre en Bruselas, había encontrado ese pequeño punto en el que 27 dirigentes vieron un lugar de encuentro para sumar, en dos paquetes, 1,82 billones de euros para hacer frente a la profunda crisis que dejará la pandemia de coronavirus​.

No es el acuerdo ideal para nadie pero es un acuerdo histórico, esa palabra tan manoseada que en algunas ocasiones sí tiene sentido usar. Por primera vez, la UE acudirá a los mercados no para prestar a algún Estado miembro –eso ocurre desde los años 70- sino para financiar inversiones a fondo perdido. Como si fuera un Estado. El acuerdo, sólo por ese punto, es ya un precedente que fuerza un paso más en la integración política y económica de la UE. Y es, sobre todo, un dique contra la crisis. “¡Día histórico para Europa!”, estallaba el francés Emmanuel Macron.

La última propuesta de Charles Michel, lanzada en la tarde del lunes, fue la buena. Un monto de 390.000 millones de euros en transferencias y 360.000 millones en préstamos. La original de la Comisión Europea eran 500.000 y 250.000. Los más austeros (Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia) no habían querido pasar nunca en cuatro días de 350.000 y 350.000. Italia recibirá unos 80.000 millones de euros que nunca deberá devolver. España unos 72.000.

La idea es que el 70% del dinero se desembolse entre 2021 y 2022, para concentrar la potencia de fuego del nuevo fondo en los años en los que debe arrancar la recuperación económica.

Los presupuestos comunitarios se financian con transferencias de dinero nacional de los Estados miembros. Este fondo innova. La Comisión Europea irá a los mercados con una emisión de deuda para captar 750.000 millones de euros, avalada con los presupuestos europeos. Cada país será responsable de avalar como máximo su cuota en esos presupuestos.

Esa emisión se pagará con los propios presupuestos europeos y con ingresos propios de la UE –básicamente aranceles pero podrían ponerse en marcha nuevos impuestos, como al plástico no reciclado o al carbono- durante 30 años. Que la UE se endeude para financiar inversiones a fondo perdido en sus Estados miembros era algo que el norte de Europa había rechazado tajantemente hasta que Angela Merkel, a raíz de la pandemia, decidió girar. El cambio alemán dejó solos a los pequeños países del norte.

"Freno de emergencia"

Los 27 pactaron un sistema de gobernanza que rechaza que un solo país tenga derecho de veto sobre los desembolsos. Se llama ‘freno de emergencia’ y está copiado de una ley belga, la ‘sonnette d’alarme’. En Bélgica, cuando una de las tres regiones o una de las tres comunidades lingüísticas cree que sus “intereses vitales” están amenazados por otra o por el gobierno federal, puede bloquear cualquier legislación y convocar un comité de concertación. En él puede negociar pero no tiene derecho de veto.

El ‘freno de emergencia’ europeo consiste en que, por ejemplo el primer ministro holandés Mark Rutte –porque es el que ha insistido en esa herramienta- podría, después de que la Comisión Europea valide un programa nacional de reformas, tocar el silbato y frenar los desembolsos si cree que ese programa se desvía fundamentalmente de los objetivos que debería cumplir. Sería una situación políticamente tóxica pero los ministros de Economía deberían revisar de nuevo el programa. Tampoco habría derecho de veto. En la práctica un gobierno podría retrasar hasta tres meses los desembolsos a otro.

Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, liderados por el holandés Mark Rutte, llegaron el viernes a Bruselas exigiendo que no hubiera ni un euro en transferencias, que hubiera derecho de veto para desembolsar los fondos y que las condiciones fueran de duros ajustes fiscales y más reformas de pensiones y laborales.

Se van sin lograr sus objetivos pero con mayores cheques compensatorios de su contribución neta a los presupuestos europeos. Países como Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Italia, Francia y pronto Eslovenia o España, también son contribuyentes netos y no han pedido nunca esos cheques. Los frugales también querían un presupuesto europeo “moderno”, es decir, aumento de las partidas que más podrían beneficiarles y reducción de aquellas que usan menos, como la Política Agrícola Común. Los presupuestos europeos apenas cambian.

El texto del acuerdo recoge que los programas de reformas nacionales, de presentación obligatoria para recibir desembolsos del nuevo fondo cuando este se ponga en marcha, deberán cumplir con las recomendaciones que hace la Comisión Europea en su ejercicio llamado Semestre Europeo, que hasta ahora eran eso, recomendaciones, pero que pasarán a ser de obligado cumplimiento si se quiere dinero del nuevo fondo.

Modernización y cuidado del medio ambiente

Bruselas no pide en ese ejercicio ajustes fiscales sino modernización administrativa, digitalización, inversiones en transición energética y lucha contra el cambio climático, estabilidad en el empleo e inclusión social, lucha contra la precariedad y apoyo a las empresas y a los trabajadores.

Un paradigma totalmente contrario a las exigencias de ajustes de la década pasada. En esas recomendaciones algunos países –Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo- vienen viendo cómo se les señala por su “agresividad fiscal”, otra forma de hablar de sus prácticas cercanas a las de los paraísos fiscales.

Michel consiguió lo que parecía imposible, hacer que los dirigentes aprobaran también el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, los próximos presupuestos europeos. Básicamente continuistas (1,0743 billones de euros), respetan casi todos los grandes fondos –política agrícola, fondos estructurales y de cohesión-, introducen algunos nuevos con pequeñas cantidades –Defensa, Inmigración- y servirán de percha legal para el nuevo fondo pos pandemia, que utilizará los presupuestos comunitarios como aval para emitir deuda.

Polonia y Hungría pueden darse por satisfechos con el resultado de la cumbre. El viernes muchos gobiernos amenazaban con impedir que obtuvieran fondos si no respetaban al dedillo las recomendaciones sobre respeto de las normas del Estado de derecho que les hacía la Comisión Europea. Los dos llevan una deriva iliberal, por no decir autoritaria en el caso de la Hungría de Viktor Orban, que Bruselas no consigue frenar eficazmente.

Tras cuatro días de cumbre se elimina esa condicionalidad para dejar en el texto apenas una vaga referencia: “El Consejo Europeo subraya la importancia del resto al Estado de derecho”.

A Bruselas no le preocupa únicamente la deriva autoritaria sino el mal uso de los fondos europeos y las sospechas de que en algunos países –Hungría, Eslovaquia o la República Checa- están sirviendo para enriquecer a lo oligarcas cercanos al poder.

El Consejo -la presidencia alemana- y la Comisión Europea deberán convencer ahora a un Parlamento Europeo que en principio no debe estar dando saltos de alegría porque quería un fondo pos pandemia más potente y, sobre todo, porque ve como su propuesta de presupuestos comunitarios de 1,3 billones de euros queda reducida hasta los 1,074 billones. El acuerdo no es perfecto pero como decía Macron en la madrugada del martes: “El mundo no es perfecto”.

Bruselas, especial

21 de julio 2020

Clarín

https://www.clarin.com/mundo/union-europea-llego-acuerdo-historico-crear...

«La rebelión de los náufragos» es el extraordinario libro de Martha Rivera en el que desmenuzó los diversos factores de la sociedad venezolana que se conjuraron en contra del presidente Carlos Andrés Pérez y que lograron sacarlo del poder mediante un golpe de estado judicial. Tal vez los llamados «notables» de aquel nefasto periodo de nuestra historia pensaban que sacando a CAP del poder iban a poder gobernar y reconstruir al país con base en un pasado que fue frustrado el 18 de octubre de 1945.

No vamos a entrar en determinar quiénes fueron los responsables del «caracazo», lo único que puede decirse es que convergieron intereses muy disímiles, que provenían tanto de sectores de la izquierda radical, como de la derecha.

Lo cierto es que no fueron los naúfragos los beneficiarios del derrocamiento de CAP, y a fin de cuentas de la democracia, sino un carismático Teniente Coronel, cuya labor principal fue derribar las columnas que habían -mal que bien- sostenido una democracia representativa, un estado de derecho y la alternancia en el poder.

Ahora resurgen nuevos náufragos que pretenden, bajo diversas excusas y argumentos, defenestrar a Guaidó, como si fuese él y no Maduro el obstáculo para recuperar la democracia en nuestro país. Tal vez algunos de ellos se creen que son los auténticos y necesarios salvadores de la patria, sólo que no toman en cuenta que Guaidó no está ahí por ser Juan Guaidó, sino por ser la única representación legítima de la constitucionalidad mancillada por el régimen y, en tal sentido, la reconocida por 60 naciones.

Al igual que con CAP, algunos logreros o ingenuos creen que sacando a Guaidó del poder la crisis va resolverse, y que la comunidad internacional va mansamente a plegarse y aceptar a quien este grupito decida poner en su lugar.

Pero la realidad es otra y sería bueno que los que así piensan se bajen de esa nube, ya que ni los EEUU, ni Europa, ni América Latina, van a aceptar algo producto de maniobras en las redes sociales, en algunos medios de comunicación fuera de Venezuela y de ciertos analistas políticos, y hasta empresarios, que quieren una salida rápida a su situación sin importarles con quien.

Dicen que la historia no se repite pero en la nuestra ya son demasiados los casos en el que la conspiración de algunos integrantes de las élites económicas, políticas e intelectuales han querido derribar al que estaba en la cima, para que alguno de ellos ocupase el sitial de honor.

Esperamos que por el bien de Venezuela no vuelva a prosperar otra Cosiata, u otra Rebelión de los náufragos, que impida el retorno a la democracia y con ella la recuperación y reconstrucción de nuestra nación.

https://www.analitica.com/el-editorial/estamos-en-un-nuevo-episodio-de-l...

Cada día la pandemia de la COVID-19 cuesta al mundo miles de vidas y miles de millones de dólares. La forma más eficiente de terminar con esta crisis —tal vez ya en el próximo año— es fabricando una vacuna segura y eficaz en grandes cantidades y distribuyéndola en todo el mundo. Para evitar demoras innecesarias los gobiernos deben aprovechar este momento, mientras los investigadores desarrollan la fórmula correcta, para preparar el terreno para su rápida producción y distribución amplia y equitativa.

En este principio se basa el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX). Fue creado por Gavi, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias. Es una plataforma innovadora que busca distribuir al menos 2000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para fines de 2021.

Esa cantidad de dosis —que se dividirán equitativamente entre los países participantes, independientemente de su capacidad de pago— cubrirá aproximadamente al 20 % de su población. Sería entonces suficiente como para proteger a las personas vulnerables y de alto riesgo, y a los trabajadores de la salud en el frente de batalla en todo el mundo. (También se almacenarían dosis adicionales para poder controlar cualquier brote antes de que se salga de control).

Actualmente hay más de 160 vacunas candidatas en desarrollo, en fase preclínica o clínica. No hay forma de saber cuál aprobará los ensayos clínicos y será autorizada para su comercialización (la tasa de fracasos de las vacunas en las etapas iniciales de desarrollo es elevada), pero podemos garantizar que, cuando alguna lo consiga, exista un marco eficaz para su producción y distribución. A tal fin, los gobiernos deben invertir en el COVAX lo antes posible.

El problema es que los gobiernos pueden sentirse inclinados a para negociar directamente con los fabricantes de vacunas y solicitar la dosis que necesitan en vez de cooperar. Es cierto, es la obligación del gobierno proteger a sus ciudadanos por encima de todo, pero este enfoque nacional conlleva graves riesgos. El primero es la posibilidad de que un gobierno respalde las vacunas equivocadas.

Incluso si un gobierno logra obtener suficientes dosis de una vacuna eficaz para su propia población, parte de su gente —como los inmunodeprimidos, que tal vez no puedan ser vacunados— quedarán expuestos si otros países no logran obtener suficientes vacunas. Y esto sin considerar el imperativo moral de garantizar que no quede gente sin recibir medicamentos que podrían salvarles la vida.

Durante la epidemia de la fiebre porcina en 2009, unos pocos países acapararon el mercado y dejaron a la gran mayoría de la población mundial sin vacunas hasta que el brote hubo terminado. Se debe hacer todo lo posible para evitar este escenario durante la crisis actual, especialmente porque la COVID-19 tiene una tasa de contagio y mortalidad mucho mayor.

Si colaboran con las agencias mundiales de salud a través del COVAX, los gobiernos pueden asegurar que todos tengan acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. Para los países que han firmado acuerdos bilaterales con los fabricantes, el COVAX es una póliza de seguro en caso de que hayan apostado a los candidatos incorrectos. Para los países que no han firmado acuerdos —por lejos, la mayor parte del mundo— el COVAX es la única forma de evitar que los dejen al final de la fila.

El COVAX garantiza que los beneficios y los riesgos del desarrollo de la vacuna se distribuyan de manera amplia. Con la mayor cartera de vacunas candidatas en el mundo, ofrece a los gobiernos participantes la mayor probabilidad de recibir una vacuna segura y eficaz en cuanto esté disponible... y asegura que ese momento llegue mucho antes.

Si las empresas farmacéuticas cargan con todos los riesgos financieros solo invertirán en ampliar la producción una vez que su vacuna haya completado los ensayos clínicos y sido aprobada. Este enfoque puede tener sentido desde la perspectiva comercial, pero no en el contexto de una pandemia global extremadamente dinámica.

El COVAX emplea un enfoque radicalmente distinto. Además de usar financiamiento para impulsar —inversión directa en investigación, desarrollo y producción— utiliza financiamiento para atraer: compromisos de compra anticipados de gran cantidad de dosis para cuando se autorice la comercialización. Esto proporciona poderosos incentivos al sector privado para apoyar el urgente desarrollo de las vacunas.

Por otra parte, el COVAX combina los recursos gubernamentales para financiar la producción a gran escala de las candidatas más promisorias, incluso antes de la finalización de los ensayos clínicos. De esa manera, cuando se logre la aprobación habrá grandes cantidades de dosis de la vacuna listas para su uso. La OMS ya está trabajando con diversos interesados, que incluyen a estados miembros y organizaciones de la sociedad civil, para desarrollar e implementar un mecanismo de asignación equitativa y justa de las dosis de la vacuna cuando esté disponible.

El COVAX solo apoya a las vacunas candidatas que hayan sido desarrollados según los estándares de seguridad más elevados. Como trabaja con expertos de todo el mundo para desarrollar perfiles de los productos buscados, compartir los modelos de prueba con mejores prácticas, facilitar los ensayos clínicos multipaíses y promover la armonización regulatoria, el COVAX establecerá una referencia para el desarrollo y la distribución rápidos, seguros y eficaces de la vacuna.

No podemos darnos el lujo de dejar a nuestras economías mucho tiempo más en la situación actual. Mientras el PIB mundial se reduce —el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pronostican una contracción del 5 % para 2020— la pobreza y el hambre aumentan bruscamente. La economía mundial está perdiendo más de 10 mil millones de dólares cada día, acortar la pandemia incluso unos pocos días más que compensaría los costos del COVAX. La colaboración mundial —gracias a la cual se comparten de manera igualitaria los riesgos y los beneficios— nunca tuvo una propuesta de valor más ventajosa.

15 de julio 2020

Traducción al español por www.Ant-Translation.com

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid-19-vaccine-cooperatio...

En Venezuela nuestros militares no son producto de una élite, sino que provienen de familias de clase media y clase media baja, con los mismos defectos y virtudes de la mayoría de los civiles. Sin embargo, siempre ha existido cierto divorcio entre ellos y el resto de la sociedad. Hoy, este divorcio se ha acentuado por la complicidad del Alto Mando Militar que tolera las violaciones a la Constitución, por los atropellos de los guardias nacionales en contra de manifestantes pacíficos, por la corrupción, incluida el tráfico de drogas, y por las torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿Qué hacer con nuestra Fuerza Armada una vez tengamos democracia? ¿Eliminarla? ¿Purgarla? ¿Redimensionarla?

Nuestros militares han intervenido en la vida política en varias oportunidades. Unas veces con razón, otras equivocadamente. Desde que en 1910 se creó el ejército profesional, los militares intervinieron justificadamente en cuatro oportunidades: 1- Cuando Gómez, un pequeño grupo intentó derrocar sin éxito al dictador. 2- El 18 de octubre de 1945 la oficialidad joven insurgió contra un presidente demócrata, pero que se negaba a desprenderse de los residuos del gomecismo y se oponía a realizar elecciones directas para elegir presidente. Cabe apuntar que todavía este es un punto polémico. 3- El 23 de enero de 1958 cuando le quitaron el apoyo al dictador Pérez Jiménez y 4- El 12 de abril 2002, cuando le solicitaron la renuncia a Chávez por propiciar la masacre del día anterior y por violaciones previas a la Constitución.

Las intervenciones militares en contra de gobiernos electos democráticamente fueron numerosas. Todas fracasaron, excepto la del 24 de noviembre de 1948, en la que el Alto Mando derrocó a don Rómulo Gallegos en medio de una gran ebullición política.

El inicio del período democrático a partir de 1958 fue traumático. Muchos ciudadanos confundieron libertad con libertinaje. Unas veces espontáneamente, otras aupados por la extrema izquierda. Poco después, el 7 de septiembre hubo un alzamiento en contra del gobierno de facto presidido por Larrazábal. La toma del cuartel Bolívar en San Cristóbal, la toma de la Escuela Militar y cuartel de la Policía Militar y el Barcelonazo fueron intentos fallidos de derrocar a Betancourt en la creencia equivocada de que seguía siendo el comunista de los años 30 y que toleraba los focos iniciales de guerrilla. Esto último probablemente era cierto, pero más bien para mantener ocupado y asustado al ejército sobre el peligro comunista.

El Caupanazo y el Porteñazo fueron insurrecciones inéditas. Por primera vez el Partido Comunista y el MIR participaron en alzamientos conjuntamente con algunos oficiales adoctrinados y otros que se dejaron arrastrar. El 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 tuvieron características similares. Sobre la infiltración comunista en nuestra Fuerza Armada cabe especular si es un plan de la extrema izquierda, una consecuencia de la educación impartida por maestros y profesores de esa ideología o que últimamente ingresan jóvenes de las clases más necesitadas, que equivocadamente piensan que el comunismo resuelve las desigualdades.

¿Qué estimula a algunos oficiales a intentar derrocar un gobierno ? Pensamos que no es la ambición, ya que el riesgo de perder la carrera es muy alto. Más bien es el deseo de enderezar entuertos, reales o supuestos, causados por los políticos. Consideran que son la “reserva moral” de un país y que tienen la obligación de intervenir cuando la situación económica, social y política es percibida como mala por una parte, mayor o menor, de la población. No hay que olvidar que en todos los “golpes” han participado, activa o pasivamente, civiles y partidos políticos. Desde luego que en una democracia el único mecanismo de cambio aceptable es el voto. Los militares solo deben intervenir para derrocar una dictadura.

Los militares no participaron en la represión durante las dictaduras de Gómez y de Pérez Jiménez, pero sí en las torturas y desaparecidos durante la guerrilla castrista y ahora con la dictadura de Chávez-Maduro. Cabe recordar que hay 127 militares presos y numerosos exiliados por enfrentar al régimen actual.

Eliminar la Fuerza Armada no es factible, ni deseable. Lo procedente es purgar la institución de corruptos y violadores de derechos humanos, pero también redimensionar la organización. Hoy no tiene sentido que exista para enfrentar el ejército de un país vecino, pero sí para combatir la guerrilla de extremistas nuestros y colombianos, así como para desmantelar la red de narcotráfico. Para eso no se requieren tanques, destructores y submarinos, tampoco aviones Sukhoi o F16.

Nuestros militares retirados deben contribuir a diseñar la Fuerza Armada del futuro, la cual debe garantizar la seguridad y apoyar en casos de desastres naturales. También trabajar para lograr una relación armónica de los militares con el resto de la sociedad.

Como (había) en botica:

Luis Pacheco, Presidente de Pdvsa Ad hoc, informó detalladamente sobre Citgo. Algunos deberían asesorarse antes de declarar. Monómeros Colombo Venezolanos reportó en el primer semestre aumentos de 30% de ventas consolidadas, 221% de utilidad operacional, de 17% en aprovechamiento capacidad instalada y de 374% del EBITDA*.

Lamentamos fallecimiento de César Hernández Gimón, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

* Beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.