La detonación de armas nucleares, la emergencia climática, el agotamiento global de los recursos naturales, las desigualdades mundiales. Estos son los principales problemas que los científicos sociales preveían para el futuro y que teorizó entre otros el profesor de la Universidad de California Jared Diamond en sus famosos libros Armas, gérmenes y acero y, más recientemente, Crisis (Debate). Sólo en una segunda tanda aparecían otras dificultades en el planeta tales como el fundamentalismo islámico, la colisión de un asteroide contra la Tierra, la extinción de especies biológicas a gran escala y, finalmente, la propagación de enfermedades infecciosas. Lo último es lo primero que ha llegado.

Y lo ha hecho con tanta agresividad y a tanta capacidad de contagio que ha transformado la agenda política mundial. En España, lógicamente, también: si se amplía un poco el foco, emerge el nuevo orden de prioridades. Incluso el procés y la cuestión territorial catalana han pasado a segundo término, lo que era inimaginable apenas hace pocos días. A cuatro meses de las últimas elecciones generales, el programa del Gobierno de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos, tan discutido o apoyado en su momento, significa algo distinto de cuando fue firmado. Adquieren un papel fundamental las promesas que en él se hacen sobre la sanidad, cuando se reivindica, premonitoriamente, un incremento de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, “alcanzando una inversión en servicios públicos propios de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta alcanzar el 7% del PIB en el año 2023”. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, la derogación de la reforma laboral y la recuperación de los derechos arrebatados por la reforma laboral de 2012, entre otros aspectos, adquieren otro ritmo ante la realidad viva de la coyuntura sanitaria.

Es tan endemoniada y dinámica la pandemia en curso que se renueva el debate sobre el papel de los líderes en coyunturas difíciles (que no es tan lineal como parecería, según los textos de Diamond). Por ejemplo, la intervención de Macron (“esta epidemia es la crisis sanitaria más grave que afronta Francia desde hace un siglo”) o las de Pedro Sánchez en las últimas horas, han tenido la solemnidad de la excepcionalidad. De algún modo han recordado a la que el año 1977, en los albores de la Transición, protagonizó el economista Enrique Fuentes Quintana. Adolfo Suárez nombró vicepresidente a un profesor universitario con nula proyección política hasta entonces. La situación económica del país era dramática: aumento acelerado del desempleo, inflación superior al 20%, parón de la producción, etcétera. A los pocos días de ser nombrado, Fuentes Quintana se presentó en TVE (la única televisión del momento) para dirigirse al país en prime time explicando la situación y demandando sangre, sudor y lágrimas a la ciudadanía. En apenas un cuarto de hora habló de una misión “dura, difícil y desagradable”, esgrimió que las soluciones a los problemas de la economía no eran económicas sino políticas, y aseguró que abordaría esas salidas de acuerdo con la oposición, pese a tener su Gobierno una mayoría parlamentaria muy holgada, porque ninguna ideología, ningún partido político, contaba con respuestas y fuerzas suficientes para imponerlas al resto de la sociedad ante la complejidad de la crisis. La intervención de Fuentes Quintana (se puede encontrar su alocución en YouTube) fue el prólogo a los Pactos de La Moncloa, en los que las respuestas a la crisis económica exigían sacrificios compartidos de todos los grupos sociales, demandando de cada uno la asunción de sus responsabilidades asimétricas frente a las dificultades. Esos acuerdos fueron el inicio de la recuperación. Poco después se firmó la Constitución.

La intervención de Fuentes Quintana (se puede encontrar su alocución en YouTube) fue el prólogo a los Pactos de La Moncloa, en los que las respuestas a la crisis económica exigían sacrificios compartidos de todos los grupos sociales, demandando de cada uno la asunción de sus responsabilidades asimétricas frente a las dificultades. Esos acuerdos fueron el inicio de la recuperación. Poco después se firmó la Constitución.

Algún representante público ya ha declarado que habrá un antes y un después del coronavirus. La historia económica muestra que las epidemias han sido siempre grandes igualadoras. Los procedimientos del pasado a veces marcan los caminos sobre los que se desarrollan las soluciones.

13 de marzo de 2020

El País

https://elpais.com/ideas/2020-03-13/como-reaccionan-los-paises-en-moment...

Una misión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU visitó el país en el año 2019 y llevó a cabo una evaluación sesgada de la seguridad alimentaria que subestimó el problema. El informe de la misión va a contracorriente de las evidencias presentadas por estudios conducidos por las universidades y otras fuentes. En segundo lugar no es congruente con sus propios hallazgos que coinciden con los de la Encovi 2017. Finalmente la misión plantea que la mayoría de los venezolanos desarrolla una estrategia alimentaria que les permite compensar las carencias generadas por el colapso en su capacidad de compra y satisfacer sus requerimientos nutricionales. Este planteamiento no es coherente con la realidad y las estimaciones de los especialistas que revelan que la ingesta tanto calórica como proteica se ubica abiertamente por debajo de los requerimientos mínimos, generando una sustantiva pérdida de peso en la mayoría de la población.

Durante el periodo previo al régimen chavista se consolidó una fuerte relación entre la seguridad alimentaria como acceso y el componente externo del abastecimiento. Las políticas del régimen chavista durante los años 1999-2014, potenciaron esta relación. La aguda caída de los ingresos petroleros después del año 2014, ocasionaron el colapso de las importaciones y generaron una crisis de acceso alimentario, debido a la cual el 80% de la población cayó en situación de inseguridad alimentaria. En el año 2019 la crisis de acceso se mantiene con todas sus implicaciones. La dolarización mejora la capacidad de compra de parte de la población, pero no altera sustantivamente la situación de inseguridad alimentaria que enfrenta la gran mayoría de la población (Rodríguez Rojas, José E. 2020).

De tal modo que cuando la misión del PMA de la ONU realiza su sondeo, en el año 2019, todas las fuentes indican que la crisis de acceso se mantiene y continúa el escenario descrito por la Encovi en el año 2017. Sin embargo la misión concluye que la inseguridad alimentaria involucra solamente a la tercera parte de la población (AP.2020) En consecuencia el informe va a contracorriente de las evidencias presentadas por fuentes confiables como Encovi 2017, el estudio conducido por las universidades, que señala que el 80% de la población ha caído en situación de inseguridad alimentaria.

Adicionalmente a lo señalado, el informe no es coherente con los hallazgos que realizó la misión del PMA. Según estos el “74% de las familias han implementado estrategias alimentarias para hacer frente al problema, como la reducción en la variedad y calidad de la comida que consumen”; en la misma línea de pensamiento el informe señala que “el 60% de las familias reportaron haber reducido sus porciones” reforzando la idea de que la gran mayoría de las familias han reducido la cantidad y calidad de la dieta. Adicionalmente a ello el informe menciona que “siete de cada 10 personas reportaron que siempre es posible localizarlos (los alimentos que requieren), pero indicaron que es complicado adquirirlos debido a los altos precio” (AP.2020). En otras palabras el 70% de las personas manifestaron que tienen dificultades para adquirir los alimentos que requieren debido a los elevados precios, lo que indica claramente que la gran mayoría de las familias tienen su seguridad alimentaria comprometida. Estas evidencias coinciden con las mostradas por la Encovi; en consecuencia afirmar que la inseguridad alimentaria afecta solo a una minoría de la población no es coherente con la realidad, ni con los hallazgos que reporta el informe de la propia misión.

La misión del PMA la ONU define la inseguridad alimentaria como la incapacidad de una persona para obtener sus requerimientos dietéticos básicos. En este contexto plantea, como resultado de su estudio, que la población venezolana ha desarrollado estrategias alimentarias para compensar las carencias que sufre; como consecuencia de esas estrategias la gran mayoría ha logrado satisfacer sus requerimientos nutricionales y solo una minoría cayó en situación de inseguridad alimentaria (AP. 2020). Este planteamiento no tiene base en la realidad pues las estimaciones de los especialistas indican que la reducción en la cantidad y calidad de las porciones, así como la disminución del número de comidas diarias ha provocado una reducción de la ingesta, la cual se ubica lejos de los requerimientos mínimos. En el caso de las calorías la insuficiencia calórica se ha estimado en 75% es decir la ingesta se ubica en promedio 25 puntos por debajo de los requerimientos mínimos (Gutiérrez, A. 2019). Esto revela que en el caso de los sectores de bajos ingresos la insuficiencia es mayor y debe ubicarse 35 puntos por debajo de los requerimientos mínimos. Adicionalmente a ello Encovi encontró que el déficit calórico y protético condijo a una pérdida del peso en 64,3% de la población estimada en 11,4 Kgs.

Referencias:

AP. 2020. ONU. 1 de cada 3 venezolanos enfrenta condiciones de hambre. Febrero, 24.

Gutiérrez, A. 2019. El sistema alimentario venezolano en tiempos del chavismo. (disponible en: www. saber.ula.ve)

Rodríguez Rojas, José E.2020. La seguridad alimentaria en la coyuntura actual. Dígalo Ahí. número 2, marzo 7.

Profesor UCV

El hombre siempre se ha regido por cánones morales. Cuando Caín mató a Abel, no existía norma escrita que condenara el hecho, sin embargo, sintió vergüenza ante la voz divina que le increpó preguntando por su hermano. Posteriormente comenzó a regir su conducta por disposiciones escritas pero aisladas. Aunque existen algunas recopilaciones anteriores, fue con el emperador Justiniano en el siglo VI, en Roma cuando se inició la compilación de leyes denominándolas Códigos, en ese caso el Corpus Iuris Civilis o Código de Justiniano.

De esta manera nació la primera gran división del Derecho como ciencia: Derecho Natural o conjunto de normas ideales, justas y eternas reguladoras de la conducta humana, frente al Derecho Positivo fundado en norma escrita que emana de un órgano con competencia para hacerla y aplicarla en forma coactiva.

La ley se sancionaba por la observación de los hechos sociales, incluso en la actualidad es el método de mayor aceptación. Se ponderan las circunstancias en abstracto, los supuestos que la conforman se califican en base a la conducta de una persona considerada, en promedio, como normalmente prudente o diligente (bonus pater familiae) y, ante su incumplimiento, se impone una consecuencia justa.

Al principio las leyes no obligaban al poderoso, ellos tenían la exclusividad de una fuerza que les inmunizaba de los efectos de las normas, destinadas a mantener la conducta de los pobres y débiles sociales, dentro de cauces exclusivos para servir a sus amos.

Los reyes sustentaban su poderío omnímodo en hacer creer que eran enviados de Dios. Con diversos movimientos colectivos, pero fundamentalmente con la Revolución Francesa (1789), el monarca como tal, perdió fuerza y nació la República.

Antes y ahora, los seres humanos hemos sido incapaces de mantenernos dentro de la norma si no hay un organismo fuerte encargado de aplicarla y, una sanción ejemplarizante ante su violación. Hoy tenemos al Estado provisto de capacidad para sancionar la ley, imponerla y hacerla cumplir, incluso a través de las armas y la fuerza.

Siendo entonces que el Estado tiene un poderío inmenso pero razonablemente necesario, hubo de desconcentrarse ese poder de manera que diversas ramas a través de elementos propios, controlándose recíprocamente y colaborando entre sí, cumplieran la cuasi divina función de proporcionarnos a los habitantes de una Nación, la posibilidad de convivir en armonía, de satisfacer nuestras necesidades, desarrollarnos, multiplicarnos y en fin, disfrutar del don de la vida.

Todo esto se logra simplemente con el cumplimiento de la ley, es decir, sometiéndonos voluntariamente a su imperio! Pero el Estado que, repito, tiene como función propia, exclusiva y excluyente concebir, administrar y aplicar la norma, es un ente ideal, es una ficción regido por seres humanos e imperfectos.

He allí el problema! cuando el hombre se cree Dios; aun siendo mortal se siente eterno; cuando piensa que el poder es permanente y no efímero; cuando no tiene la capacidad o la humildad para entender que las normas que hace, lo rigen a él también y a los suyos; si no tiene conciencia o no acepta los límites, se desborda el poder y surgen los demonios con el abuso y la anarquía.

Venezuela tenía derecho a buscar otros caminos si consideró que los gobernantes de la República Civil lo habían hecho mal. El pueblo de Venezuela actuó dentro de los límites de los derechos individuales, al elegir a Hugo Chávez en 1998, pero también a revocarle el mandato en el 2003 y a que la Asamblea Nacional designada en el 2015, pudiera ejercer sus funciones de legislar y controlar. Todo eso estaba regido por la ley y debía cumplirse bajo su imperio.

Ha sido la interpretación e imposición anárquica del entramado legal, lo que llevó al actual Presidente de la República a convocar una Asamblea Constituyente, a pesar de estar claramente facultado sólo a proponerla para que el pueblo la convoque si esa era su voluntad. Indebidamente convocada e impropiamente instalada, la Constituyente asumió de manera impropia sancionar leyes constitucionales, sin estar previstas en nuestro ordenamiento jurídico, aunque puede transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución (artículo 347 CN99), sus efectos no son directos ni inmediatos porque el producto de su trabajo ha de ser aprobado por referendo popular, como se hizo en 1999 con la actual Constitución.

Los diferentes órganos del Estado violentan continuamente nuestro ordenamiento y propician caos y anarquía cuando confunden, ex profeso, los límites del gobierno y del partido gobernante; cuando mantienen hombres en las cárceles por sus ideales, a pesar que las leyes y tratados internacionales, que también lo son y tienen jerarquía constitucional (artículo 23 CN99), garantizan la libertad de pensamiento.

También se incumple la ley cuando los recursos básicos de una nación inmensamente rica no se distribuyen equitativamente, con los únicos límites de los esfuerzos personales de sus habitantes.

El Poder Judicial contraviene la norma cuando no aplica justicia distributiva o sus sentencias no son gratuitas, oportunas, coherentes, expresas y precisas.

Se desdibuja el Estado cuando el Contralor protege a quien debe controlar; cuando el Fiscal se alía al gobierno o el Defensor no ampara los intereses y garantías básicas del Pueblo. También cuando el árbitro electoral se parcializa o se designa en pago de lealtad.

Es inconveniente que el Derecho Administrativo contencioso, de relativa reciente creación en Venezuela, no se oriente a igualar derechos sino para subir el pedestal del príncipe. Nos habituamos a la expropiación sin pago justo y oportuno, que lo transforma en confiscación, figura que convierte al Estado en forajido. Es la muerte del Derecho cuando la manifestación pública y pacífica es controlada con armas y se califica como un delito.

Lo peor de todo es el mal ejemplo que esa conducta anómala del gobernante proyecta al ciudadano, obligándolo a actuar por imitación. Ahora pensamos que es lícito y conveniente no pagar por los servicios que utilizamos o que las luces rojas de los semáforos son adornos. Se ha hecho común cerrar las calles, técnicamente del dominio público, justificando nuestra conducta con la excusa de la protección de nuestras vidas y bienes, acosados por el hampa común.

Ese es el mayor fracaso de la llamada Revolución Bolivariana, no se somete al estado de Derecho, ni impone para todos y conforme lo escrito, el imperio de la ley. Dios bendiga a Venezuela!

miércoles, 11 de marzo de 2020

@jesusajimenezp

jesusjimenezperaza@gmail.com

Se dice que existe una tormenta perfecta cuando se juntan grandes corrientes de aire frío con otras de aire caliente. El choque entre ellas logra producir enormes desgracias. El mismo término se ha aplicado cuando en un país o región confluyen numerosos hechos negativos que traen como consecuencia la ruina del país o de la región.

En Venezuela, luego de más de veinte años de soportar lo que el régimen se ha empeñado en denominar socialismo del siglo XXI o comunismo pero que no es más que una tiranía, se ha logrado que estemos “viviendo” una tormenta perfecta.

En efecto, en los primeros diez años del régimen comunista las arcas públicas se encontraban llenas de dinero gracias al incremento de los precios del petróleo. Esa inmensa cantidad de recursos, en lugar de utilizarlos en beneficio del país, se usaron para satisfacer los sentimientos ególatras de quien gobernaba, para dilapidarlo entre los que le eran afectos y para cometer enormes hechos de corrupción.

Siguiendo las instrucciones de la tiranía cubana, durante estas dos últimas décadas la política de Estado ha sido, no solo la destrucción de la industria petrolera, que era la principal fuente de ingresos del país, sino la de todo el sector productivo. Pero no contentos con ello, han logrado destruir los sistemas de salud, la educación y, las fuerzas armadas han sido objeto de ideologización y desmantelamiento. El transporte en estado agónico y el tránsito en situación de anarquía. Los servicios públicos, el suministro de agua y energía eléctrica brillan cada vez más por su ausencia. Los semáforos que existen en las mayores ciudades no funcionan. La seguridad por el suelo. La población bovina no alcanza sino para alimentar al treinta por ciento de la población. Hay más de ocho millones de habitantes pasando hambre y otros cinco millones han migrado a otros países en busca de un proyecto de vida. Y… los capitostes del régimen disfrutando de las enormes sumas de dinero que han obtenido gracias a la corrupción y a la permisividad con la que han manejado los recursos auríferos y de otros minerales estratégicos.

Hoy, el billete de más alto valor –que difícilmente se consigue- no alcanza ni para comprar un dólar y el salario mensual básico de los trabajadores no supera los seis dólares. Todo esto constituye una tormenta perfecta que ha arruinado al país.

Ahora más que nunca, hay que echar el miedo a un lado y resistir y protestar hasta lograr el cese de la usurpación y un gobierno de transición, para luego hacer unas elecciones transparentes y legítimas. Esa debe ser tarea de todos.

julio.davilacardenas@gmail.com

Aristóteles tenía razón:
"El hombre es un animal político"
En la evolución humana, al cambiar la vida nómada por la sedentaria, se fundaron poblados, muchos de los cuales con el tiempo formaron ciudades. Algunas de ellas alcanzaron un alto grado de desarrollo, como es el caso de importantes ciudades-estado griegas --llamadas "polis"--, este es el origen de la palabra “política”, derivada de “politês”, el habitante de la ciudad; es decir, el ciudadano; la política está así estrechamente ligada al concepto de ciudadano. Desde un inicio, para garantizar la convivencia, y por lo tanto las posibilidades de progreso de las ciudades, las relaciones sociales se hicieron cada vez más complejas. La interacción entre personas, con intereses individuales y colectivos, hizo necesario tomar importantes decisiones, teniendo en cuenta el bien común para crear normas de coexistencia, a partir de las cuales se conformaron relaciones económicas, un sistema de protección y defensa, de servicios públicos, etc. Es decir, se creó la necesidad de "hacer política"; lo cual convierte a los ciudadanos, necesariamente, en entes políticos. Por lo que, considerarse totalmente apolítico es un contrasentido, pues implicaría una actitud insociable en un sistema de naturaleza sociable. De alguna u otra manera, intervenimos y somos afectados por la política; lo reconozcamos o no, estamos sujetos a la acción de la política.

La política, en sentido restringido, se refiere a la administración de los asuntos del Estado, para garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos, así como el de la nación. Por otra parte, identificamos como políticos a las personas que ocupan cargos en la administración pública, o pretenden ocuparlos, ya sea que pertenezcan a un partido político o no; aunque es pertinente tener presente que si se participa en actividades como dar opiniones sobre la situación del país, asistir a una manifestación de protesta, o intervenir en un proceso de elecciones -tanto si decidimos participar o abstenernos- también se está actuando en política.

Un buen político debe tener siempre presente el bienestar de los ciudadanos y el progreso de su país. Para lo cual es imprescindible tener vocación de servicio, preparación, experiencia y sentido de responsabilidad; así como una conducta ética y valores morales fundamentales, como el respeto a las leyes, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad, entre otros. Pero no podemos llamarnos a engaño; si bien algunos toman con responsabilidad su participación en la vida política, otros hacen de la política una actividad lucrativa y pretenden vivir económicamente de ella. Así que no es extraño encontrar a malos políticos o, peor aún, políticos corruptos. En Venezuela, ha sido un mal común el aprovechamiento indebido del poder político; la prepotencia, el tráfico de influencia y la corrupción, son viejos vicios que se arrastran desde mucho tiempo atrás; sin olvidar al populismo, la demagogia y la llamada “guerra sucia” de la política; todo lo cual ha contribuido al agotamiento ideológico y el desgaste y desprestigio de los partidos políticos. En los últimos años, el abuso descarado del poder, la corrupción desmedida, la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas y la aplicación de políticas erróneas, han agravado aún más estos problemas; el quehacer político se ha envilecido hasta alcanzar niveles intolerables.

Probablemente, en buena parte, haya influencia de la conocida "viveza criolla"; es decir, el saltarse las leyes y las normas de conducta, el aprovechar las oportunidades que se puedan dar para el beneficio particular, en desmedro del bien común. Lo peor, en este aspecto, es que no falta quien admire, incluso envidie, este tipo de comportamiento.

Sin embargo, los malos y corruptos políticos los puede haber, y de hecho los hay; pero afirmar que "todos los políticos son iguales" es una generalización injusta que no es cierta, y que descalifica a quienes ejercen la política con honestidad.

En todo caso, está en manos de los ciudadanos interesarse en el tema, para actuar como un muro de contención, para evitar llevar a cargos públicos a políticos manipuladores, corruptos, o que los utilicen para su propio beneficio; no basta con la crítica, es necesario actuar al respecto. El que se aprovecha indebidamente de la cosa pública no es, según el término popular, un “vivo”; pues éste es un vicio de conducta muy perjudicial para la sociedad y para el país en general. Claro, esto no justifica, de ningún modo, actuar a tal fin sin tener las certezas necesarias.

Sin duda, hay personas que ejercen la función política, sean militantes de partido o no, pertenecientes a instituciones o gremios, ONG’s, o de cualquier otra instancia u organización de la sociedad civil, incluso independientes, que son honestas y se preocupan y actúan en beneficio de la comunidad y del bienestar y progreso del país. Los políticos honesto no son bichos raros, por más deshonestos y corruptos que haya.

Por último, viene al caso recordar el dicho popular, según el cual “No son todos los que están, ni están todos los que son". Siempre habrá políticos, así que es mejor ejercer un adecuado control ciudadano sobre su desempeño en la vida pública que ignorarlos o limitarnos solamente a la crítica.

Profesor, Facultad de Agronomía, UCV

1.- La ruta hacia un Pliego Nacional de Conflicto.

El 21 de febrero 2020 el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo un encuentro con distintos sectores sociales, gremios, sindicatos, estudiantes, en la cual presentó Juan Guaidó un “Pliego Nacional de Conflicto” producto de las diversas reuniones sectoriales realizadas en el mes de diciembre enmarcada en la estrategia de construir una “Agenda 2020”[1].

En ese encuentro Guaidó afirmó:

“Hoy le presentamos al país el Pliego Nacional de Conflicto y el 10 de marzo vamos a la calle porque Venezuela no se rinde, porque no nos arrodillamos ante la dictadura; por el contrario, estamos aquí dando la cara y haciéndoles frente. Hoy convoco a cada sector a que levanten sus banderas desde la calle hasta lograr la elección presidencial realmente libre. Cada sector presentará su pliego conflictivo hasta hacerlo realidad”.

Por cierto, en ese acto propuso la creación de un “Comando Unificado” para coordinar y hacer realidad el Pliego Nacional de Conflicto.

El termino “pliego nacional de conflicto”, según lo expresó Guaidó, es “prestado del mundo sindical” y en esta oportunidad representa el instrumento que registrará los requerimientos, reivindicaciones y requerimientos de los distintos sectores del país[2].

Cada sector incluirá tantas y variadas exigencias como considere necesario, afirmó Guaidó, pero el requerimiento común de todos los pliegos será el reclamo por unas elecciones presidenciales libres, con todas las condiciones y garantías ampliamente discutidas por la oposición del país.

Según la información pública el 10 de marzo sería la presentación del Pliego Nacional de Conflicto, que según El Pitazo, de hecho fue aprobado en la sesión realizada por la Asamblea Nacional en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes en el Municipio Baruta, luego de no poder llegar al palacio federal ante el impedimento de las fuerzas públicas de seguridad controladas por el régimen de Nicolás Maduro.

La imposibilidad de llegar al Palacio Federal, no impidió a la Asamblea Nacional sesionar en otro espacio físico, y para ello contó con el respaldo de miles de venezolanos que de manera comprometida respondieron al llamado del 10 de marzo, el cual deja como respuesta que el pueblo venezolano sigue comprometido con el rescate de la democracia y la restitución del orden constitucional, que la Asamblea Nacional es acompaña por sus electores.

Sin duda, esa capacidad de responder ante la adversidad llevó al régimen a detener a tres diputados de la Asamblea Nacional, de los cuales 2 fueron dejados en libertad y uno permanece detenido.

Por cierto, en el marco de esta estrategia del gobierno encargado, el 7 de marzo 2020, se registró un evento en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, en el cual el sector sindical de Venezuela[3], a quienes les dijo:

“Este pliego es la construcción popular de una ley, de una exigencia, de un clamor popular. Esto lo llevaremos a la AN y debe hacerse ley.”

Según expuso Juan Guaidó, que para hacer cumplir el Pliego Nacional de Conflicto es necesario[4]:

1- Unir a todas las fuerzas del país para la primera reivindicación, que es liberar a Venezuela.

2- Hacer revivir la Constitución Nacional.

3- Organización de elecciones libres para salir del conflicto.

4- Condiciones para lograr garantías que allanen el camino a la libertad.

5- Hacer realidad los pliegos sectoriales y que se vea garantizado el derecho al trabajo, salud, educación…

Finalmente, el 10 de marzo, según El Pitazo, la Asamblea Nacional aprobó el Pliego Nacional de Peticiones” y convocó a una marcha para el 12 de marzo cuyo motivo será sorpresa[5], pero según Crónica Uno[6] la sesión del 10 de marzo fue de recibimiento del Pliego y la aprobación de un Acuerdo sobre el Pliego.

En esa sesión de la Asamblea Nacional el 10 de marzo en la Plaza Sadel, Guaidó[7] afirmó:

“El Pliego Nacional de Conflicto tiene como norte salir de la dictadura y recuperar la democracia como paso indispensable para que un gobierno legítimo, con reconocimiento nacional e internacional, pueda dar respuesta a las demandas sociales del país”.

2.- El Acuerdo aprobado el 10 de marzo por la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional logró el 10 de marzo aprobar el ACUERDO QUE CONTIENE EL PLIEGO NACIONAL DE CONFLICTO QUE UNIFICA LA LUCHA POR EL RESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y EL RESCATE DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLITICOS Y ECONOMICOS DEL PUEBLO VENEZOLANO.

El Acuerdo se motiva en 16 considerandos y logra concretar 6 Acuerdos, pero en su contenido no expone con detalle el contenido del Pliego Nacional de Conflicto y no desarrolló la creación del Comando Unificado que prometió el 7 de marzo 2020 que hubiera sido oportuno en ese texto, tal vez vendrá en próximos actos de la Asamblea Nacional, según se anunció será el 11 de marzo su conformación.

El primer acuerdo destaca que la intención es lograr una sola lucha, y que el Pliego Nacional de Conflicto sea el instrumento que logre unir todas las fuerzas de los distintos sectores del país para lograr la liberación del pueblo de Venezuela.

El segundo reitera el objetivo electoral de la estrategia, que es sin duda alguna la realización, en el menor plazo posible, de una elección presidencial libre, justa y verificable, por ser reconocida como la vía constitucional y democrática para la restitución de los derechos del pueblo de Venezuela.

En el tercer acuerdo, reitera cuáles son las condiciones electorales que calificó de “innegociables”:

- La existencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial que sea designado por ésta legítima Asamblea Nacional como lo ordena la Constitucional Nacional,

- La rehabilitación de todas las organizaciones políticas inconstitucionalmente canceladas por el régimen,

- La habilitación y el retorno de todos los derechos políticos de todos los ciudadanos conforme a la ley para el ejercicio del sufragio pasivo y activo,

- El cese de las persecuciones y la judicialización de la política, así como las inhabilitaciones inconstitucionales,

- La garantía del derecho al voto para todos los venezolanos que han tenido que emigrar de nuestra patria por la inmensa crisis humanitaria causada por el régimen tiránico,

- La presencia de observadores internacionales con credibilidad en todas las etapas del proceso electoral para garantizar el cumplimiento de todas las reglas que permitan una competencia electoral en igualdad de circunstancias, sin menospreciar el resto de las condiciones necesarias para la transparencia del proceso.

Por su parte el cuarto acuerdo, destaca la necesidad de restituir la independencia y autonomía de los poderes públicos y adecuar sus autoridades legítimas según la norma constitucional y de esa forma garantizar a través de los poderes públicos los derechos políticos, sociales y económicos de los venezolanos.

El quinto acuerdo recuerda expresamente el rechazo a cualquier intento del régimen para que mediante falsos diálogos disfrace una pretendida legitimidad ante el país y el mundo. Así mismo, reitera la no disposición a participar en ningún proceso electoral que no garantice condiciones libres, justas y verificables.

Por último, el sexto acuerdo, reitera el compromiso incansable, expresado desde el 2016 de rescatar el orden constitucional y democrático de Venezuela.

3.- Las motivaciones del Acuerdo aprobado el 10 de marzo por la Asamblea Nacional.

Este Acuerdo tiene motivaciones que sin duda responden a una realidad social cuyo diagnóstico está contenido en el llamado Pliego Nacional de Peticiones, a saber:

Sobre la naturaleza política del régimen, el Acuerdo se aprueba como respuesta institucional en rechazo a un modelo político que:

-Favorece y es partícipe en delitos graves que involucran tanto el narcotráfico como el terrorismo, convirtiendo a nuestra patria en una amenaza constante tanto para sus propios ciudadanos, como para la comunidad internacional;

-Es incapaz de cumplir con ninguna de sus obligaciones esenciales en materia política, económica, social y humanitaria;

-Es incapaz de asegurar la eficiencia del aparato estatal, así como tampoco la defensa y el resguardo de nuestra soberanía territorial o de la población; la productividad y el crecimiento económico, la salud, la alimentación del pueblo venezolano;

-Carece de legitimidad política interna y de reconocimiento internacional, convirtiendo al Estado venezolano en un Estado débil, frágil e inestable;

-Ha convertido al estado venezolano en un estado fallido que ha fracasado en el desempeño de sus funciones básicas y no es capaz de asegurarle a la población venezolana la satisfacción de sus más básicas necesidades.

El Acuerdo responde a un régimen que en materia de derechos sociales:

-Ha conculcado y secuestrado los derechos sociales.

-Ha evidenciado en la práctica su incapacidad para cumplir con sus obligaciones esenciales en esta materia, en tal sentido concreta esa denuncia afirmando que el régimen:

No garantiza el derecho a la salud, al trabajo digno, y menos aún el derecho a unas prestaciones sociales adecuadas a la realidad.

Secuestró el derecho a la contratación colectiva, desconoce el derecho a la sindicalización y democracia sindical.

Eliminó por la vía de los hechos el derecho a la seguridad social y protección a los ancianos con pensiones de hambre.

No cumple con su deber de proteger al a familia, ni a los niños ni a los adolescentes.

Ha pulverizado el derecho a tener educación de calidad, plural e integral.

Ha violentado la autonomía universitaria interviniendo en sus procesos internos y negando un presupuesto digno que cubra las necesidades de la comunidad universitaria para el cumplimiento de sus deberes de formación.

Sobre el tema económico, el Acuerdo es una respuesta a un régimen que:

-Ha atentado y violado la libertad económica, ha confiscado la propiedad privada, acabó con la producción industrial y agropecuaria, no respeta la libre empresa para la generación de riqueza y la generación de fuentes de trabajo de calidad.

Sobre los servicios públicos destaca que el Acuerdo es respuesta a un régimen:

-Acabó con los servicios públicos de calidad a los que está obligado conforme al texto constitucional, incumpliendo incluso con los servicios mínimos como el servicio eléctrico, el suministro de agua potable, todo el sistema nacional de transporte público, las vías de penetración rurales, el gas doméstico para la familia venezolana, entre otros servicios públicos fundamentales para la vida de nuestro pueblo;

Sobre los derechos humanos, advierte que el Acuerdo responde a un régimen en el cual:

-Son inexistentes los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad personal, la integridad de las personas, la prohibición de realizar torturas o recibir tratos crueles o inhumanos, la inviolabilidad del hogar, el debido proceso que contiene el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho al juez natural, como también son inexistentes el acceso a sistema judicial que brinde al pueblo la posibilidad de resolver sus controversias;

-Se ha anulado mediante vías de hecho la libre expresión del pensamiento y el derecho a la libre información; Considerando Que utiliza todo el sistema público de comunicaciones para violentar el derecho al honor y reputación de las personas;

-No hay capacidad de proteger la vida de los ciudadanos y que ha convertido a los principales cuerpos de seguridad del estado en órganos para la represión y hasta para la comisión de delitos con total impunidad;

Sobre los derechos políticos el Acuerdo responde a un régimen en el cual se ha desconocido:

-El derecho al ejercicio de la soberanía a través del sufragio.

-El derecho a la libre participación política, a asociarnos para fines políticos y del derecho al ejercicio de la soberanía a través del sufragio.

-El derecho a la libre participación política, a asociarnos para fines políticos y de manifestación y protesta.

4.- Un extraordinario esfuerzo de la Asamblea Nacional, que debe orientarse a lograr mayor cohesión.

La Asamblea Nacional ha realizado un gran esfuerzo al promover la concreción del Plan País y ahora, al intentar cohesionar a todos los sectores sociales en torno a este Pliego Nacional de Conflicto.

Es evidente que la estrategia sigue orientada en presionar hacia la elección presidencial, porque sin duda, los problemas del sólo pueden resolverse con un cambio político, lo que exige el cese de la usurpación.

Pero el Acuerdo aprobado queda corto si consideramos que en su título ofrece el "contenido del pliego", pues en sus acuerdos reitera aspectos que son conocidos por todos y que claramente deben ser reiterados una y otra vez para que tenerlos presente, pero no permite conocer las reivindicaciones y exigencias de cada sector.

Es obvio que esas reivindicaciones sociales están en los considerandos que motivan el Acuerdo, pero esos enunciados ya son conocidos y no faltan nunca en la narrativa política venezolana.

El tiempo va transcurriendo y no se percibe una clara estrategia que permita entender el valor del Plan País y ahora el Pliego Nacional de Conflictos en la responsabilidad de defender la Asamblea Nacional como único bastión de la democracia. ¿El Plan País y este Pliego Nacional de Conflicto, liderados por la Asamblea Nacional, cómo logra fortalecer la conexión con sus electores para lograr una mayor presión para que las elecciones presidenciales sean primero que las parlamentarias?.

[1]Asamblea Nacional. Presentamos pliego nacional de conflicto y el 10 de marzo vamos a la calle. 21 de febrero 2020. Online en: https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guaido-presentamos-el-pli...

[2]CrónicaUno. Las 5 claves del pliego nacional de conflicto presentado por Juan Guaidó. 5 de marzo de 2020. Online en: https://cronica.uno/las-5-claves-pliego-nacional-conflicto-convocado-jua...

[3]El Pitazo. Trabajadores sindicales presentan pliego de conflicto a Guaidó en la UCAB. 7 de marzo de 2020. Online en: https://elpitazo.net/politica/trabajadores-sindicales-presentan-pliego-d...

[4] El Cooperante. Guaidó anunció creación del Comando Unificado para ejercer presión contra el régimen. 7 de marzo de 2020. Online en: https://elcooperante.com/guaido-anuncio-la-creacion-de-un-comando-unific...

[5]IDEM. Minuto a minuto: Asamblea Nacional aprueba pliego nacional de conflicto. 10 de marzo 2020. Online en: https://elpitazo.net/politica/marchas-del-oficialismo-y-oposicion-10-marzo/

[6] Crónica Uno. AN recibió Pliego Nacional de Conflicto consignado por la Sociedad Civil en Caracas. 10 de marzo 2020. Online en: https://cronica.uno/an-recibio-pliego-nacional-conflicto-consignado-soci...

[7] idem

miércoles, 11 de marzo de 2020

Estado Ley Democracia

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El 10M refleja el persistente e incremental conflicto social entre la dirigencia democrática y la masa ciudadana de la democracia venezolana que padece la sociedad venezolana, como consecuencia de la arbitrariedad del régimen autocrático-militarista y también por el comportamiento indulgente, de quienes como oposición política lideran el restablecimiento de la democracia sin conocimiento cierto del Ambiente Político Real Violento. El 10M y su pliego conflictivo nacional, demuestran -una vez más- una oposición democrática desarticulada, sin comunicación plena y sin incorporación de toda la masa de venezolanos democráticos que, sí reclama ya y de manera impostergable, una Transición Política que se prometió desde el 5 de enero de 2019, 5 de enero cuando la Ley de Estatuto orienta a la oposición política a que desplazara al madurismo-militarista, debido a su condición de usurpación y su permanente violencia y desarraigo frente a la Constitución.

Los demócratas venezolanos después de 20 años de violencia política y conflictos sociales, requieren que, quienes se han hecho responsable por la restauración de la democracia, ejerciten la Política. Ejercitar la política para reponer el orden social y el Estado de derecho, léase, hacer valer el Estado de Derecho para que la oposición con sus acciones, que contengan motivo, dirección y sentido, frenen al bestiario militarista. Ejercer la política por parte de la oposición es privilegiar al ciudadano, su organización, su comprensión y dominio en las ejecutorias de las acciones Sociales Transformadoras que conducirán –inobjetablemente- a la reposición de un nuevo gobierno.

El10M y la presentación de un pliego conflictivo nacional, no se corresponde con un acción política cierta, definida y orientada a desplazar al régimen. Tampoco, ubica al ciudadano en su rol preferencial de participación, para mostrar la importancia y el universo de los demócratas en Venezuela, listos y prestos para el ejercicio de la política domestica. El 10M, y cualquier otra acción que construyan quienes creen como grupo dirigente, son necesarios para desplazar al bestiario militarista, requieren del apoyo y consenso más la acción de la ciudadanía. En consecuencia, léase, el cuerpo societal es la variable independiente y el factor principal para desarrollar cualquier acción política en aras a crecer como opción de gobierno.

La clase dirigente o grupo dirigente está impuesta a organizar, estimular y construir una oposición política, que se pone en duda hoy de la interacción y direccionalidad de quienes se muestran como oposición. Una oposición política que, sin esperar que sea monolítica, tiene que responder con acciones que apunten al cambio, y donde se establezca el grupo fecha hora para el fin de este régimen sea referido, conocido y logrado. Las acciones, entonces, tienen que realizarse en el territorio nacional y la sociedad toda como una élite accionará en la ejecución de movimientos, tareas, y acciones que muestren de manera diáfana y publica la decisión democrática de desplazar la barbarie, que ya ha logrado por la vía de la diáspora producir el más grave dolor y tristeza mediante el empleo de la barbarie.

El 10M y los próximos 10M, tienen que mostrar la actitud de quienes como responsable de la reinstalación de la democracia, se muestren con un conjunto de acciones, en toda la geografía venezolana, en todos los espacios para que haciendo política, crezca el ánimo y la decisión política general de los diputados, jefes de caseríos, estudiantes y prohombres que sirvan firmemente en la reinstalación de la democracia. La actitud y las acciones tienen que complementarse, serán riesgosas y por lo tanto se necesita de todos, todos los demócratas, con precisas acciones claves para garantizar que la oposición política como fuente de poder en el Estado-nación, conduzca a una categórica resistencia civil.

Los próximos 10M tienen que mutar a Resistencia Civil de manera precisa, procurando el apoyo de segundas y terceras partes sí, para magnificar la protesta y conmover a toda Venezuela que frente a esta grave realidad tiene la decisión de ser toda oposición política para desplazar la barbarie. La barbarie del militarismo cobarde. La resistencia civil, es decir, todos los demócratas tienen que estar en cuenta que los métodos y medios del militarismo obsecuente -que funciona como partido político en armas- son crueles y propios de los cobardes, de los conspiradores que ahora como gobierno persiguen a la mayoría de los demócratas. Léase, demócratas dispuestos a socavar las fuentes de poder, del madurismo-militarista inmoral, que requiere de muchos 10 M de Resistencia Civil.

Los próximos 10M como Resistencia civil, como acciones no violentas, serán una importante y permanente movilización de lucha política, en la cual cooperarán todos los ciudadanos en el entendido que es tiranía y su acompañamiento armado, requiere de una decisiva política general de acciones, que fortalecida con la ética individual y colectiva, se conviertan en acciones transformadoras para reponer la democracia. Democracia que meterá en cintura al guerrerismo, la violencia, al armamentismo de muchos armados con o sin uniforme que han traicionado a la República.

Es original,

Director de CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 10 de marzo de 2020