Con voz propia

“Político de mayor talento y audacia que ha figurado en los gabinetes de Hugo Chávez y en general en los equipos de gobierno en los últimos siete años”, describió en 2006 a Luis Manuel Miquilena Hernández (29 julio 1919-24 noviembre 2016) en su característica prosa, el utópico merideño (de Tovar) Domingo Alberto Rangel Bourgoin.

Su larga y discordante acción política la inició Miquilena, adolescente, en Maracay en el PCV y sobresalió con Eduardo Machado en la fracción Machamique; continúo en URD, del cual tuvo un receso de tres décadas, que reactivó en 1990 con el Movimiento V República (MVR). “Con ojo zahorí vio” el líder coriano al expósito golpista de 1992, en un resentido social de ambición desmedida, que fue “vendido” a dueños de medios de comunicación que se embarcaron entusiasmados, y a quienes siguieron grupos absorbidos por intereses económicos.

De subalternos golpistas resaltaron cuatro clanes lucrativos de los cuales se señalaba predominio al tte Diosdado Cabello.

Para colección quedó el manifiesto producido en la prisión a poco del “Movimiento 4F” ¿Por qué insurgímos? al cuál se responden los mismos golpistas: “Por una Democracia mejor/Nunca por el Comunismo que ahora le quieren poner careta de Socialismo del Siglo XXI”.

Tras el 11 de abril 2002, cuando HCH fue desalojado temporalmente de la Presidencia (no lo repuso el pueblo, sino la incompetencia de Pedro Carmona) Miquilena, a quien reconocía como padre ideológico hasta cuando se abrigó en el tutelaje de Fidel Castro que el mismo le conectó. En lo personal –disculpen el ego de quien escribe- nos excluyó de la compañía que nos solicitó desde la cárcel.

“FC explotó la inmensa vanidad de HCh, y se dedicó, de una manera bellaca, a aprovecharse”, observaba Miquilena.

“Una vez estábamos los tres en Sabaneta, y FC dijo: Mira, Hugo, dentro de 500 años, a esta casita donde tú naciste vendrán en procesión a rezar. ¡Vagabundo! ¡Esa vaina no se la creía ni él!”.

FC quiso hacerle ver a Miquilena, que en un país con cuantiosos recursos lo normal era la corrupción, y que más bien lo conveniente era usar ese elemento para controlar el poder.

El dictador cubano lo acrecentó porque consideraba inconveniente atacar pues se “podía quedar solo”.

“Fidel me decía, con mucha razón, que no se nos ocurriera repetir en Venezuela lo que se había hecho en Cuba, porque sería gravísimo”, revela en entrevista con Diego Arroyo Gil (09/12/2016, revista ABC).

Con el agregado del narcotráfico se afianzó el modelo que hoy somete a Venezuela por más de 700 funcionarios sancionados por los EEUU.

Ante el incremento de esas medidas y la protección del castrense castrista régimen, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) coloca en la lista de los más buscados al ministro Tareck Zaidan El Aissami Maddah, por "traficante de narcóticos" desde Venezuela hacia EEUU y México.

Miquilena afirmó entonces que HCh "se emborrachó con el poder" y no estaba capacitado para gobernar”.

En “el ocaso de mi vida, con el tiempo que me queda, estoy dispuesto a la penitencia” (pagar el error de participar en la perpetuación del régimen), confesó a Luis García Mora en entrevista para El Nacional el 9 octubre 2002, cuando cumplía sus 83 año

“Sí mí me sorprendía corrupción de regímenes anteriores, el de este ha sobrepasado en forma más impúdica que se pueda imaginar”.

“Este es un país desquiciado, que está en catástrofe. Afortunadamente lo que dejó como heredero es una resaca intelectual, que no sirve para nada. Una basura. El país sigue hundiéndose, la sociedad venezolana se reagrupa para cambiar. Yo soy de los más optimistas. El país va a cambiar. Y pronto”.

Al MARGEN

En la escuela de El Nacional, la promoción profesional intermedia de la cual formamos parte hace unos 30 años, sentimos la despedida de este mundo de Rita Vicentelli, asistente de jefes editores. Se marchó en la Diáspora que escaló en Colombia. QEPD.

lordanalberto18@yahoo.com

Estimados lectores,

Cuando el presidente Juan Guaidó, previa aprobación de la Asamblea Nacional, me designó representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, resolví suspender la columna que generosamente El Nacional me publicó durante varios años. No me parecía prudente expresar mis opiniones sobre política venezolana y más bien traté de limitarme a hacer conocer planteamientos relativos a mis funciones, aceptando entrevistas en los medios de comunicación.

Pero hoy me veo obligado a interrumpir mi autocensura, pues resulta que se ha desatado una campaña infame en contra de José Ignacio Hernández, procurador especial de la República del gobierno legítimo, en ocasión de una sentencia dictada por un Tribunal del Estado de Delaware desfavorable a los intereses de Venezuela. Ya tanto el propio procurador, como el gobierno de Juan Guaidó, directivos de Pdvsa y una gran variedad de personas autorizadas han explicado hasta la saciedad y con argumentos irrebatibles que ese juicio, consecuencia de un arbitraje contrario a Venezuela, ya se había perdido en una instancia inferior, que la derrota obedecía exclusivamente a errores, negligencias y omisiones del gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Por ello no voy a repetir lo ya dicho. Quiero referirme fundamentalmente a José Ignacio Hernández.

Nacho, como le llaman sus amigos, es hijo de Carlos Hernández Delfino, un destacadísimo servidor público con quien tuve oportunidad de interactuar cuando ejercí la función de diputado. Años más tarde conocí a José Ignacio en un seminario en Bogotá sobre el pensamiento de Alexis de Tocqueville y quedé muy impresionado por su muy sólida formación jurídica y sus acertados criterios en el campo de la teoría política.

Desde entonces empecé a verle y a leerle con frecuencia, en diferentes escenarios: encuentros de profesores de Derecho Público, foros sobre el acontecer constitucional, programas de televisión, charlas, conferencias y artículos en revistas especializadas.

Me asombró la facilidad con la que es capaz de resolver problemas jurídicos muy complejos y evacuar con lujo de acierto consultas sobre temas vinculados con la vida política y parlamentaria. En el año 2013 le tocó coordinar el equipo de abogados que preparó la impugnación de la elección fraudulenta de Nicolás Maduro.

Cuando fui forzado a salir de mi país, me volví a topar con José Ignacio cuando vino a Washington a investigar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown y posteriormente en la Universidad de Harvard, donde trabajaba en la Kennedy School of Government y colaboraba en darle forma jurídica al Plan País.

Hace algunos meses, el presidente Guaidó lo designó procurador general especial de la República y el nombramiento me pareció impecable.

Ya yo estaba en la OEA y desde allí le vi actuar en defensa de los intereses de la República con esmero, dedicación y talento. Todo ello en condiciones de máxima precariedad, pues no tenía a su disposición recurso alguno, ni material ni humano y sin embargo fue acumulando éxitos, muchas veces enfrentado a muy poderosos intereses representados por legiones de abogados expertos.

En ese ir y venir de ciudad en ciudad, de tribunal en tribunal y de una a otra agencia gubernamental, se presentó al gobierno la posibilidad de intervenir en el juicio de la empresa Crystallex contra la República. Mucho antes, José Ignacio Hernández había comparecido en el tribunal como “testigo experto”, no como abogado de la empresa como falsamente ha afirmado Nicolás Maduro.

Su testimonio consistió en ilustrar a los jueces sobre puntos concretos del derecho venezolano en ocasión del litigio de marras. Es una actividad normal en la vida de un abogado en ejercicio que no ejercía para el momento ninguna función pública, pero esa intervención llevó a nuestro amigo a hacer lo que era más aconsejable en aras de la transparencia: inhibirse y dejar en cabeza de otro abogado la representación de la República.

En torno a esta situación se dio inicio por parte del gobierno usurpador, pero también de unos pocos particulares, a una alegre campaña de destrucción moral de José Ignacio: se le acusó, no solo de ser responsable por la pérdida de juicio sino de haberse parcializado en favor de quienes adversaban a Venezuela en ocasión de su testimonio.

Me parece insólito que existan personas que pretendan construir protagonismos sobre la base de la calumnia y de acusaciones infundadas. No se aportan pruebas, no se esgrimen argumentos, no se razona. Simplemente se trata de destruir a alguien, olvidando la presunción de buena fe y de inocencia. Dejando de lado la objetividad y la justicia. En claro ejercicio del famoso “dispare primero y averigüe después”. El testimonio de José Ignacio reposa en los archivos del tribunal y es muy fácil corroborar qué fue lo que dijo o hizo.

Un ex presidente venezolano decía que hay dos cosas que no se pueden ocultar: la tos y el dinero mal habido. Y es verdad. Todos los que conocemos la vida y el accionar de José Ignacio Hernández podemos testificar con relación a la austeridad en la que vive, fundamentada en la rectitud de sus principios morales.

Este artículo tiene una finalidad: expresar mi solidaridad con José Ignacio e invitar a los venezolanos a no creer en mentiras.

Solo nos queda recordar a Nacho uno de los preceptos del famoso Decálogo del Abogado del jurista uruguayo Eduardo Couture:

“La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota”. No permitas que la canalla afecte la tranquilidad que merece haber actuado con base en tu conciencia y en defensa de los mejores intereses de Venezuela.

Michelle Bachelet asestó un duro golpe ―tal vez mortal― al gobierno de Nicolás Maduro con el informe sobre el caso Venezuela que presentó el 4 de julio pasado, en su carácter de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El documento es una suerte de radiografía de las atrocidades cometidas por el régimen venezolano. Bachelet reporta, por ejemplo, que, durante 2018, se produjeron en el país 5,287 muertes por resistencia a la autoridad. La cifra es oficial. Pero le resulta “inusualmente alta”. Y detrás de esa estadística se hallan las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), un escuadrón tenebroso adscrito al entramado estatal. Esta organización fue creada inicialmente para combatir la delincuencia común. Ha ido demasiado lejos: actúa a su libre albedrío, fuera del corsé del Estado de Derecho. Los hombres duros de las FAES visten de negro. Usan pasamontañas. Andan en carros sin placas. Llevan calaveras como emblemas. Son robocops que cumplen con los estereotipos de una truculenta película de acción. Si un ciudadano de a pie se cruza con ellos, se le sube la adrenalina de inmediato. Alerta roja.

La responsabilidad de los excesos referidos por Bachelet no solo recae sobre las FAES. También están en la mirilla el Sebin (policía política) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Bachelet ―una izquierdista con pedigrí, hija de un general asesinado por la dictadura de Pinochet― ha boceteado un compendio de las torturas y asesinatos que se habrían cometido bajo la administración de Maduro. El inventario recuerda a Videla o a Pinochet: asfixia con bolsas de plástico, aplicación de corriente eléctrica, palizas, aislamiento, violaciones, temperaturas extremas. Esto es público dentro y fuera del país. Recordemos que el año pasado un panel de expertos convocados por la OEA presentó un informe de 400 páginas que señalaba que hay fundamentos para sostener que en Venezuela se habrían cometido crímenes de lesa humanidad y, también el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió igualmente un informe en el que se documenta el debilitamiento de la institucionalidad democrática. ¿Por qué, entonces, el pronunciamiento de Bachelet resulta capital?

Primero: porque la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la máxima autoridad mundial en esa materia. No es poca cosa. Segundo: porque el informe está muy bien sustentado. Venezuela, que viene de una cimentada tradición democrática, es un país en el que las organizaciones no gubernamentales juegan un papel protagónico, aun en despotismo. Y esas ONG han trabajado como hormiguitas para documentar la crueldad de la era chavista. Ese material ha servido de insumo al equipo de Bachelet para elaborar su radiografía. Su equipo entrevistó a más de 500 personas. Tercero: el que la alta comisionada haya negado a Maduro y a su régimen una carta de buena conducta tendrá un enorme peso de cara a la investigación que desarrollará la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Este es el quid del asunto: La Haya. Y hay que subrayarlo. ¿Cómo puede despachar o desechar la CPI un documento suscrito por el ACNUDH, con miles de evidencias?

Montémonos en la máquina del tiempo para entender mejor la jugada: a finales de 2017, Luisa Ortega Díaz, a quien meses antes el gobierno de Maduro había destituido inconstitucionalmente del cargo de fiscal general de Venezuela, presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el régimen venezolano por presuntos delitos de lesa humanidad. Incluso solicitó que se librara una orden de captura internacional contra Maduro. Ortega, exiliada en Colombia, se ha mostrado muy activa en su cacería, quizás una forma de expiar su culpa porque por un buen tiempo hizo parte de la jerarquía chavista. La Fiscal sostiene que entre 2015 y 2017 se produjeron 8,090 muertes que suponen graves violaciones a los derechos humanos. Parte de los asesinatos sería imputable a la ya extinta OLP (Operación de Liberación del Pueblo), un operativo estatal que pretendía atacar la delincuencia común y que, según Ortega, aplicó una “limpieza social”. La otra parte de los crímenes se habrían cometido en el marco de las manifestaciones en contra del régimen.

El gatillo fue apretado en exceso: la cifra manejada por Ortega supera a la de las muertes que se produjeron durante el estallido social que se registró durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989). Vuelvo a la cronología: en febrero de 2018, la CPI puso en marcha una investigación preliminar sobre Venezuela. Y hace poco, en mayo pasado, el presidente de la CPI, Chile Eboe-Osuji, designó a tres jueces para que se encarguen del caso. Esos tres jueces forman parte de la Primera Sala de Cuestiones Preliminares. Ellos deberán solicitar a la Fiscalía de la CPI la información que haya recabado sobre la presunta violación de derechos humanos ocurrida en Venezuela y luego decidirá si hay méritos para iniciar un juicio.

Aquí es donde encaja el informe de Bachelet. Dado el cargo que ostenta, representa lo que los romanos calificaban como auctoritas: una persona que por la posición que ocupa o por su prestigio personal ejerce gran influencia sobre los demás. Su documento cuenta. Por ello, el Grupo de Lima y la Asamblea Nacional de Venezuela han decidido remitir el informe de Bachelet a la CPI. Saben el enorme peso que tiene. Desde luego, la CPI es un organismo muy burocrático. Puede andar a paso de morrocoy. Pero que en su seno se esté gestando un eventual juicio contra Maduro y la cadena de mando de su gobierno (porque en los juicios que allí se abren las responsabilidades son individuales: no son imputables al Estado como cuerpo) es algo que debe resultar inquietante para la nomenclatura chavista.

El informe Bachelet no debe verse como un hecho aislado. Forma parte de un conglomerado de medidas que estrechan cada vez más el cerco contra el régimen de Maduro. Los golpes han sido fuertes y de distinta índole. Estados Unidos ha aplicado severas sanciones a la estatal petrolera (PDVSA), principal fuente de ingresos del país. El Departamento del Tesoro ha incluido en su “lista negra” o lista OFAC (Oficina de Control de Activos) al propio Maduro y a su hijo; a su esposa Cilia Flores y a sus tres hijos; al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; al exvicepresidente Tareck El Aissami (a estos dos últimos por supuestos vínculos con el narcotráfico); y a muchos otros altos cargos. La OFAC también ha sancionado a los presuntos testaferros de la élite gobernante. La violación de los derechos humanos, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el terrorismo forman parte del expediente que se arma contra el gobierno a escala internacional.

De allí que el informe de Bachelet contribuye a subir la presión contra el régimen. La Corte Penal Internacional podría jugar un papel clave en el desenlace de la crisis venezolana. Y el informe elaborado por la oficina de la alta comisionada sería una excelente materia prima para los magistrados en caso de que el juicio en La Haya, el lobo al que tanto teme Maduro, llegara a prosperar. Pero esta aseveración es relativa. Puede que la CPI no termine siendo el destino final del régimen. Porque hay otro elemento que está en el tablero: las negociaciones que celebran gobierno y oposición en Barbados.

La crisis que sacude a Venezuela rebasa el ámbito jurídico. La comunidad internacional apuesta por una salida pacífica al conflicto. Una de las opciones que se plantean es que a Maduro se le perdonen sus pecados a cambio de que acceda a celebrar elecciones libres y dé paso a una transición. El informe de Bachelet es un as bajo la manga. Pende como una espada de Damocles sobre la espalda de Maduro: si no hace concesiones en Barbados, se expone a un mayor aislamiento y tal vez a un juicio internacional. Y si hace concesiones también corre un riesgo: los crímenes de lesa humanidad, si acaso los hubiere en su caso, no prescriben.

Por eso, Maduro duda. Tiene derecho a dudar. No controla el futuro. ¿Quién le garantiza que en cinco o diez años no será juzgado? El régimen puede alegar que no hay medicinas por las sanciones, o que no hay comida por las sanciones, todo ello discutible. Pero no puede alegar jamás que mandó al pelotón de fusilamiento a más de 5 mil personas en 2018 por las sanciones. Esa es la importancia del informe de Bachelet: que desnuda al régimen con una experticia casi forense y que allana el camino para un eventual juicio internacional si fracasaran las negociaciones de Barbados. El documento, en sí mismo, surte un efecto coercitivo contra Maduro y sus negociadores. Tal vez lo incline a pactar (buscando una fórmula que lo provea de un salvoconducto) o, tal vez, lo deslice hacia el despeñadero de la inmolación. Lo que sí es cierto es que Bachelet ha dejado al rey desnudo. Y Maduro no está para un striptease.

30 julio 2019

Letras Libres

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/la-espada-damocles-que-pend...

Nuestra industria de hidrocarburos está desmantelada tanto en su infraestructura, como en sus recursos humanos. Sin embargo contamos con la presencia de abundante materia prima, tanto petróleo, como gas, y todavía es una de las pocas áreas en las que tenemos ventajas comparativas y competitivas. El reto es cómo volver a poner en marcha esta vital industria destrozada por el régimen de Chávez-Maduro.

Las transnacionales la desarrollaron con gran eficiencia. Cierto que inicialmente se aprovecharon de nuestra ignorancia del negocio y de la corrupción de la dictadura de Gómez, pero a partir de la Ley- Convenio de 1943 los venezolanos fueron aplicando medidas de control y aprendiendo el oficio. Como quiera que las concesiones vencían en 1983, las compañías, en defensa de sus intereses, dejaron de invertir y se limitaron a ordeñar el negocio. Sin embargo, hay que reconocer que se preocuparon por adiestrar personal venezolano. Esto permitió que al momento de la estatización, nuestros profesionales pudiesen asumir exitosamente las operaciones y la gerencia.

La opción a no estatizar hubiese sido ampliar el lapso de vencimiento de las concesiones, punto impensable para los políticos de la época. A pesar de los temores de muchos de que sucedería lo mismo que con las otras empresas del Estado, es decir la politización y quiebra de las mismas, Pdvsa y filiales resistieron por varios años la intromisión política partidista, con las excepciones que confirman la regla. Sin embargo, gradualmente el sector político empezó a inmiscuirse, como lo ha narrado Gustavo Coronel.

Chávez propinó el zarpazo final, ya que para su proyecto político era imprescindible ponerle la mano a Pdvsa y filiales. Algunos todavía sostienen que la eliminación de las filiales facilitó la toma, pero eso es desconocer la naturaleza del régimen. Lo que sí es cierto es que convertir a los directivos de Pdvsa en operadores afectó transparencia de su manejo.

Ahora se discute si el nuevo gobierno, que inevitablemente llegará, debe privatizar a Pdvsa o recuperarla. A favor de privatizar se alega que el Estado no debe invertir cuantiosos recursos que debería destinar a educación, salud e infraestructura; además, que más temprano que tarde se produciría una nueva injerencia política en su manejo. Al respecto hay varias propuestas de estudiosos del tema que deberían tomarse en cuenta.

Entre quienes predican que debe ser recuperada como empresa del Estado, una mayoría piensa de buena fe que los ingresos petroleros son imprescindibles para reactivar la economía; estos compatriotas deben analizar que durante muchos años esos ingresos serán magros, mientras que las inversiones deberán ser cuantiosas. La vía de los impuestos puede ser una mejor opción. Otro grupo alega que por razones de soberanía la industria petrolera debe ser del Estado. Aunque respetamos este punto de vista, ojalá sus defensores se percaten que ya no estamos en el siglo XIX. Hoy hay muchas maneras de proteger activos considerados importantes para la nación, sin necesidad de poseerlos.

El grupo que más preocupa es el integrado por buitres que piensan que las empresas del Estado son para colocar a los amigos y compañeros de tolda política, o que visualizan jugosos contratos con repartición de comisiones.

La decisión dependerá del grado de influencia de los grupos y será determinante la ideología de los mismos. Por declaraciones de la mayoría de los dirigentes de la oposición pareciera que la decisión será recuperar a Pdvsa y mantenerla como empresa del Estado. Ojalá entiendan que tendrá que ser una empresa diferente a la del pasado y del presente. Guste o no, tendrá que ser más pequeña y la industria deberá tener mayor apertura al sector privado. Un factor crítico serán los recursos humanos. Los nuevos profesionales que ya han adquirido experiencia deben ser el pivote de la recuperación. Los directores, muchos gerentes y otros activistas políticos tendrán que ser sustituidos. De los que fueron despedidos en el 2002-2003 regresarán los que hagan falta. A todos habrá que reconocer los derechos violados, para lo cual Gente del Petróleo y Unapetrol han presentado una propuesta ante la Asamblea Nacional.

Si la decisión es mantener a Pdvsa y a otras empresas como compañías del Estado, habrá que identificar a muchos directivos como el general Rafael Alfonzo Ravard, que resistan la influencia de la política partidista y las manejen como negocio al servicio de la Nación. Ojalá, desde ya, los partidos políticos firmen un acuerdo de no injerencia, salvo la fijación de las políticas a seguir por esas empresas.

Como (había) en botica

Felicitaciones a El Nacional por sus 76 años de lucha.

La ratificación de la Directiva de Citgo, designada por el presidente(e) Guaidó, por tribunal de USA evidencia el buen trabajo de nuestros representantes.

Admiramos el excelente trabajo de defensa de los derechos humanos que realiza Tamara Sujú. Ojalá se concentre en los mismos y no los mezcle con su percepción política.

Los ballesteros que disparan flechas envenenadas hacia las filas de la oposición, para ver si agarran a incautos con las mentiras, solo favorece a la dictadura.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Todo es más lento, los servicios se dosifican con el temor permanente de que se suspendan, hay más empresas cerradas que abiertas, y la escasez ya es estructural, pese a algunas burbujas de abastecimiento (como la actual) que sabemos que no pueden durar a menos que haya cambios importantes en la filosofía de desarrollo económico y se privilegie la inversión por encima del gasto.

El país se ha gastado la bonanza, y casi no ha hecho inversiones. Y eso es muy triste porque no deja ni siquiera el recuerdo de haber disfrutado la fiesta, pues fue para unos pocos que se quedaron con casi todo.

La vulnerabilidad actual no es una sorpresa, sino que ya se anticipaba desde hace muchos años, con un modelo que no es sustentable, y solo puede extenderse en el tiempo cuando hay mucho dinero para disimularlo; que cuando comienza a escasear y se anuncia que habrá cada vez menos, entonces quedan a la vista todos los males acumulados: en 70 años los temas sociales y políticos, y en los últimos 20 años, los económicos y estructurales.

Como sociedad estamos llegando a un punto de hacernos inviables, y la mejor señal de alerta es la estampida de venezolanos, entre 3 y 4 millones, que es más del 10% de la población, huyendo de una situación en la que estamos mal y vamos peor.

Estamos muy cerca de ser “reseteados” como país, lo cual nos da la esperanza de “reiniciarnos”, y hace que la construcción del futuro ya no dependa del presente o del pasado, porque allí no hay nada a que aferrarse.

No se trata de dos instantes donde todo cambia, pues mientras dura el “reseteo”, y comienza el “reinicio”, corremos el riesgo de apagarnos.

Tenemos que concentrarnos en el presente y seguir trabajando con las condiciones reales para mantenernos activos, cada quien haciendo lo mejor en nuestros roles en la sociedad, tanto profesionales y personales, como en nuestra faceta política y ciudadana.

Ojalá el gobierno entienda que a él le corresponde la iniciativa (que no es ir a una mesa a tratar de retener el poder) de lograr que trabajemos todos juntos, porque por este camino, lo que hay al final, no es bueno para nadie.

Social

Las bases populares ya no tienen diferencias entre ellos y se han convertido en una masa homogénea y sufriente que ayuda a su vecino, así este sea de un pensamiento político opuesto.

La polarización y la ideologización, son un lujo que ya el pueblo venezolano no puede darse.

El CLAP, para mucha gente, es la única posibilidad de acceder a alimentos, y como su distribución está en manos del chavismo, pudiera dar la falsa idea de que porque alguien lo recibe, automáticamente cuenta con su lealtad y sentido de pertenencia.

Hoy más que nunca, la gente busca y quiere soluciones, vengan de donde vengan, lo cual puede ser una inflexión que desactive el “Síndrome de Estocolmo sociológico” donde estaba estacionada la base vulnerable de nuestra sociedad.

Política

Excepto por las amenazas de aquí y de allá, hemos vuelto a entrar en una meseta, que se parece mucho a las anteriores.

El chavismo ha identificado, y está trabajando con ellos, a una “oposición sensata”, de forma tal de contar con un microclima favorable, pues reconocen a Maduro como presidente –la mayoría participó en las elecciones del 20M2018- mientras que la otra oposición, la verdadera, la que tiene con ellos a las bases, no lo reconoce.

Es el tema de “las oposiciones” a que se refería Maduro hace un par de semanas. Son todos movimientos tácticos que nos retrasan el poder llegar a una solución de fondo, donde las cosas cambien para mejor.

Estamos jugando con fuego, y nos podemos quemar.

Económico

Los dos momentos económicos más relevantes para un país, son cuando está en expansión, y cuando está en recesión.

La revolución estaba “diseñada” para expansión, pero la realidad le ha puesto a tener que sobrevivir en recesión, y eso no está en ninguna de las referencias conocidas.

Se sigue aumentando el tamaño del gasto, no ya solo por la inercia inflacionaria, sino desde el punto de vista de la estructura, pues el Estado sigue creciendo, y ya a esta altura, eso no es financiable.

El exceso de gasto público versus los ingresos limitados -petróleo, minas, otros- nos asegura una inflación estructural, la cual podrá ser disimulada por políticas tipo el súper encaje (única medida que se puede decir que es antiinflacionaria), la cual por sí sola, no es suficiente, pues no hay manera de detener el pago a proveedores, ni la nómina del Estado.

Ha llegado el momento de hacer una revisión profunda de nuestra economía, y replantearse desde el Estado un cambio radical que debe ser hecho ahora, conjuntamente, chavistas y opositores.

Si esperamos por el cambio político, para ese momento, ya posiblemente hayamos caído en un desmembramiento anárquico que ponga en riesgo a la república.

Y es responsabilidad del Gobierno iniciar estas reformas, lo antes posible. Luego puede ser tarde.

@btripier btripier

@ntn-consultores.com

www.ntn-consultores.com

Mientras Venezuela este bajo la dirección de Maduro, sus ministros y la ANC permanecerá en estado de declive. La razón para ésta afirmación es que ningún empresario venezolano, chino, ruso, turco e hindú y mucho menos latinoamericano, europeo o norteamericano, ningún funcionario público, ningún profesional, ninguno de los trabajadores en el país confía sus propiedades, ni sus mejores esfuerzos en el grupo que ejerce el poder. Ninguna institución de servicios del Estado funciona de manera normal. La corrupción con los prestamos de sus aliados rusos y chinos, el impago de deudas de Pdvsa, las expropiaciones sin previo pago, los controles de cambio y precios asfixiantes del pasado, el uso de fuerza y violación de DDHH para frenar protestas y cambios democráticos, la emisión de dinero inorgánico hace que a pesar del gran interés mundial que existe por invertir en Venezuela, nadie ni los propios aliados de Maduro inviertan. El gobierno bajo la gerencia de Maduro se ha convertido en un tapón que impide el flujo de actividades de la población nacional y extranjera. Si permanecen empresas abiertas en el país es porque creen que habrá un cambio político, o debido a que la administración de Maduro ha moderado sus ataques al sector privado o por que son amigotes del régimen. Inversiones nuevas, nuevos profesionales inspirados por el Socialismo y sus protagonistas no hay ni habrá hasta que haya un cambio político.

En este momento la estrategia del régimen es mantenerse en las riendas del poder y permanecer con un país vegetativo que se vaya reduciendo a lo que quede. Aprovechándose que la población venezolana no reclama sus derechos políticos con arrojo, excusándose en las sanciones estadounidenses, que no habrá intervención militar extranjera, y que los líderes de los países democráticos no se ponen de acuerdo en como enfrentar a Maduro y que pronto perderán elecciones, Maduro piensa que tiene tiempo de sobra y una ANC para ir manteniéndose como los Castro en Cuba sin importar el costo social. Por el otro lado, el presidente (AN) Guaidó aglutina una inmensa porción de apoyo de los ciudadanos del país, y define un plan de reactivación económica donde garantiza tasas de crecimiento de mas de 20 % anual y motiva a los capitales del mundo incluyendo China y Rusia y los grandes inversionistas de las industrias minera, energética, turística, manufacturera y agroindustrial a nivel mundial. Estos inversionistas globales y locales están dispuestos a invertir con entusiasmo centenares de miles de millones de dólares. Hoy una Venezuela libre con apertura a los inversionistas sería el polo de atracción de capitales e inversiones mas importante del planeta. Ningún país en el mundo hoy ofrece (a excepción del sector tecnológico estadounidense) mejores tasas de retorno a la inversión que Venezuela en las industrias de petróleo, petroquímica, minería, y demás sectores ligados a las industrias alimenticias y turística.

Pareciera que la reactivación del aparato productivo venezolano esta a punto de estallar y que el tapón que lo impide es la desconfianza en la ANC y en Maduro. Incluso EEUU arma un fondo de USD 10.000 millones y el FMI y el Banco Mundial hasta USD 80.000 millones sin sumar la inmensa cantidad de dinero de inversión que entrará a Venezuela vía inversión en el rescate de las empresas del Estado y otras inversiones. Ni Rusia ni China ofrecen similar plan de inversiones. Incluso el plan de inversiones de EEUU y Guaidó es lo que haría viable recuperar las inversiones de China y Rusia.

@alejandrojsucre

El archipiélago opositor es una incongruencia que subyuga las posibilidades de derrotar al gobierno de Maduro. Es como si cada quien remara para su lado en un naufragio; sin rumbo fijo. Girando, como pollo sin cabeza. Una estampida alocada… Parecen no entender que más puede el todo que la suma de sus partes, en el conocido principio aristotélico. Pero, las rivalidades y las ambiciones crean muros de incomunicación y desacuerdo, que hacen crecer exponenciales las contradicciones y los antagonismos. No hay un solo camino y el número esta acoplado a personalidades y organizaciones (generales sin ejército), que hacen vida en solitario. Cabalgan sin compañía, pero hacen ruido mediático y en las redes, aparentando una fuerza que no tienen. En algunos casos estimulados por el gobierno. Ideas efectistas, oportunas y propuestas sesudas, se pierden en el laberinto de la trama inoficiosa. Remos antigregarios… ermitaños.

Timón y motor de la victoria

Pescando en río revuelto, pasan su tiempo negociando aquí negociando allá. Son piezas furtivas nadando a un lado y otro en el inmenso mercado opositor. No coinciden con nadie y son como las estrellas solas que titilan a lo interno. Son símbolos de una etapa paradójica e incomprensible donde reina la incertidumbre como bosque nocturno y empantanado. Satisfechos en sus afanes melodramáticos, andan, por el mundo político, tras un chance, para figurar y fantasear. Pareciera que no conviene la unidad, aunque fuera para derrotar a Maduro. El liderazgo reconocido por la mayoría, capitaliza en forma íntegra. Sin embargo, el objetivo de sacar a Maduro, con esfuerzo interno, demanda una acción unitaria. La situación de minusvalía de la actual participación colectiva, reclama una contundente estrategia unitaria, que eleve el optimismo, aliente la lucha y la movilización en la calle. La unidad total opositora es el timón y motor de la victoria.

Representatividad cualitativa y cuantitativa

Habida cuenta que el líder opositor, reconocido por la mayoría de los venezolanos y por el mundo occidental, es Juan Guaidó, a él corresponde un llamado a la unidad total, con propuestas de funcionamiento y liderazgo colectivo. Hay que integrar a todos en una plataforma política de dirección y lucha. Donde quepan todos, alrededor de un consensuado programa de gobierno y de unas líneas argumentales y propuestas centrales. A mi entender, este sería el principal esfuerzo de diálogo y negociación que se debe desarrollar en el país. ¡Antes, que con el gobierno! A la negociación promovida por el gobierno de Noruega asisten por primera ves “las oposiciones”, tal como lo dijo Maduro. ¡Buena esa, es un importante avance! No se debe ir a una guerra con una parte de las fuerzas. Ir fraccionado, decreta la derrota. Como se estaba haciendo, le daba ventaja, de entrada, al gobierno. Era igual a presentarse al campo de batalla enclenque o disminuida. La imagen de vigoroso o corpulento se lo da su grado de unidad. Su representatividad cualitativa y cuantitativa.

ANC, “Caballo de Troya”

Por conocer esa debilidad y raquitismo es por lo que el gobierno luce prepotente… amenazador. Ahora va por los diputados que aprobaron el TIAR, en la Asamblea Nacional. Desconociendo el fuero de la “Irresponsabilidad”. Y el carácter que tiene la cámara de enjuiciar a sus miembros. Mejor dicho, su objetivo es liquidar el único poder público y electo que tiene la oposición. Continúan las persecuciones, la violación de los DDHH, a los privados de libertad por posiciones públicas. Violando la Constitución y las leyes respectivas. La Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en un “Caballo de Troya”, para la oposición. Desde allí y desde el TSJ, tienen a raya por “Desacato”, a la AN. Ni aprueba leyes ni controla la administración pública. Es simplemente un centro de desahogo o calistenia. Que reconoce el mundo occidental, pero sin efecto práctico en la institucionalidad democrática y en el funcionamiento del Estado de derecho. A mi entender, la prioridad es amalgamar en un solo proyecto a toda la oposición: líderes, cuadros medios, regionales, militantes y opositores al gobierno. Esta es la forma de levantar el espíritu de lucha y la confianza en el liderazgo. ¿Qué es una temática compleja? Estoy de acuerdo, pero para eso hay especialistas de gran capacidad mediadora y facilitadora. Métodos y técnicas eficaces que desarrollan procesos con resultados garantizados. El objetivo es común, cambiar el gobierno e instaurar uno de transición. ¡Manos a la obra!

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