Un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentados en julio de 2017 por la Asamblea Nacional electa en 2015 dirigió una comunicación a la presidenta de ese Parlamento, Dinorah Figuera, para pedir un pronunciamiento institucional sobre su estatus jurídico frente al proceso en marcha para una nueva conformación del máximo tribunal de la República.

El documento, fechado el 20 de octubre de 2026, advierte sobre la ausencia de respuesta y la falta de notificación oficial por parte de la directiva legislativa. Los firmantes recalcan que su designación se produjo conforme al artículo 264 de la Constitución y al artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales establecen un período único e ininterrumpido de 12 años para el ejercicio de la magistratura.

Los jueces sostienen que su mandato constitucional permanece plenamente vigente y que su salida al exilio obedeció a circunstancias de fuerza mayor y persecución política ampliamente notorias que imposibilitaron la toma de posesión material en sedes judiciales venezolanas. Recuerdan además que el 5 de febrero de 2019 el Parlamento ratificó expresamente su legitimidad mediante el artículo 22 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia.

En su argumentación de derecho, la misiva enfatiza que la carta magna fija en el artículo 265 un mecanismo riguroso y exclusivo para la remoción de los integrantes del tribunal supremo. Ese procedimiento requiere la calificación previa de falta grave por parte del Consejo Moral Republicano, la garantía de audiencia al afectado y la aprobación final de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional, causales y pasos que no se han cumplido.

Frente a la mesa de negociación política y las discusiones para reconfigurar el Poder Judicial, los magistrados afirman que cualquier iniciativa debe respetar sus investiduras e incluirlos formalmente. De lo contrario, solicitan que la presidencia del Parlamento emita una resolución expresa y debidamente motivada que aclare su situación jurídica para ejercer las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes.

La comunicación cuenta con el respaldo y las firmas de los magistrados Rommel Gil, Zuleima del Valle González, Milton Ramón Ladera Jiménez, Rafael Antonio Ortega Matos, Luis María Ramos Reyes, Beatriz Josefina Ruiz Marín, Gustavo José Sosa Izaguirre y José Sabino Zamora Zamora, quienes reiteraron su apego al restablecimiento del Estado de derecho y la independencia de poderes.

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