Este lunes la organización civil Súmate denunció que Roberto Abdul, presidente de esta institución, ya cumplió cinco días desde que fuera privado de libertad de forma arbitraria y hasta el día de hoy sus familiares no han tenido comunicación con él.

“Ni siquiera su esposa ha podido verlo. Solicitamos se le respeten los derechos humanos a Roberto, a su familia y a todos los presos”, manifestaron sus familiares a través de la red social X.

Y es que el pasado 6 de diciembre el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, solicitó la aprehensión del también miembro de la Comisión Nacional de Primaria, quien fue señalado de presuntamente cometer los delitos de “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

“Ante las declaraciones en contra del presidente del comité ejecutivo de nuestra asociación civil Súmate estamos obligados a reivindicar su reputación, ya que la información divulgada sin pruebas contraviene lo previsto en el artículo 60 de la Constitución de la República”, indicó la organización tras las acusaciones hechas contra Abdul.

De la misma manera la ONG Foro Penal denunció la semana pasada, que Abdul había sido presentado ante el Tribunal 4to de terrorismo “a escondidas”, dentro de El Helicoide, donde se presume está privado de libertad. La audiencia de presentación se hizo sin permitir acceso a sus abogados privados, reseñaron medios nacionales.

Incluso pese a la frecuencia en las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial a la hora de judicializar a presos políticos, las audiencias de presentación realizadas en la misma sede del centro de detención son sumamente inusuales y recuerdan al accionar de los tribunales en el caso de corrupción «Pdvsa-Cripto», en una audiencia que incluyó a 19 personas en una sede del Sebin.

El también integrante de la Comisión Nacional de Primaria, figura importante en la celebración de las primarias opositoras celebradas el 22 de octubre, fue detenido el pasado miércoles 6 de diciembre por funcionarios del Sebin, ejecutando una orden de detención emitida por el Ministerio Público contra el activista bajo la acusación de «sabotear» el referendo consultivo sobre el Esequibo del pasado 3 de diciembre.

“No he tenido contacto con él. No he podido constatar su integridad física, me preocupa su salud. Él toma medicamentos diarios para varias condiciones que tiene, no sé si se lo han administrado ni si le han dado comida. No tengo ningún tipo de noticia de él”, alertó su esposa María Eugenia Abad a los medios de comunicación.

Por su parte, la directiva de la CNdP también rechazaron la detención de Abdul: “Tras todo un año de intenso trabajo en conjunto, podemos dar fe que Roberto es un ciudadano honesto, desprendido, responsable y profesional cumplidor de las actividades inherentes a las funciones para la cual fuimos postulados”.

Abdul es el primero de la amplia lista de opositores que el Ministerio Público busca para ejecutar órdenes de aprehensión desde el pasado 6 de diciembre, en el que fueron señalados de “conspirar contra el desarrollo del referendo consultivo por la Guayana Esequiba”.

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