Editorial

Es fácil llenarse la boca señalando que Juan Guaidó es una simple marioneta de Leopoldo López o, en el más generoso de los casos, de un muy mentado G4 integrado por los titiriteros de 4 partidos opositores.

Es fácil ser un mediocre e inventarse una asociación civil, nombre que hoy viste mucho, y lanzar reclamos al hombre que se puso o lo pusieron –la diferencia hoy no es importante- para que diera la cara por el creciente número de ciudadanos disconformes con el persistente desastre castrochavista que, a falta de Hugo Chávez, preside Nicolás Maduro con el beneplácito de la Cuba cargada con sesenta años de represión y miseria, la China poderosa que disfraza con empresas mixtas y dinero el férreo control del Partido Comunista, la Rusia asesina de opositores de un Vladimir Putin que lleva veinte años aferrado al poder, de un Irán hundido en un fanatismo religioso medieval y, por su fuera poco, por los bandidos asesinos y secuestradores que hacen fortunas con la producción y distribución de drogas y, de unos años para acá, con el control de tierras y minas venezolanas.

Cada quien puede o no estar de acuerdo con las propuestas de esos cuatro y otros partidos que se oponen al actual castromadurismo, y que se han estado jugando el tipo desde que Hugo Chávez, fascinado por Fidel Castro, se adueñó del poder con el voto mayoritario de una sociedad por una parte hipnotizada por la antipolítica, y por la otra confiando en medios de comunicación y empresarios que apoyaron a Chávez pensando en ellos mismos.

Pero aquél demagogo que cantaba rancheras y mostraba su machismo en público engañó a todos por igual –excepto a Fidel Castro, que era el ídolo de su mente ramplona y mal formada- y se dedicó a derrochar dinero como heredero loco pedaleando en medio de la corrupción y la ignorancia como mérito.

Ya entonces, justo es recordarlo, hubo venezolanos que se le enfrentaron, muchos de ellos dirigentes y militantes de partidos políticos que también cometieron errores pero jamás dieron la espalda, que pusieron los presos políticos, los torturados y los muertos, y que hoy siguen siendo las grandes barreras contra la tiranía absoluta.

No se trata entonces de si Juan Guaidó será Presidente, o si lo será María Corina Machado o cualquiera de los dirigentes que hoy se enfrentan a la tiranía. Se trata de que nuestro deber de víctimas de la injusticia de una dictadura que nos arruina es darles respaldo, y ése es un acto de decisión y conciencia personales.

No será la multitud de asociaciones civiles de todo tipo que parecen ser la nueva moda de los buscadores de lucimiento quien pondrá punto final a la opresión. Seremos los ciudadanos como comunidad, y los partidos políticos como representación civil, quienes ya lo estamos haciendo. No es tarea fácil, no la compliquemos más con orgullos personales.

La comunidad internacional no reconoce como Presidente interino –calificativo éste que él, sus partidos y cada uno de nosotros debe subrayar- por él mismo, sino porque representa lo que realmente importa y la tiranía no puede dar: la legitimidad y permanencia de las instituciones.

Editorial

Votar es un derecho, pero no es un deber. Por lo visto los venezolanos tenemos derecho a votar pero no a elegir, ni a que nuestra voluntad sea respetada. Veamos:

En las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre del 2005, la oposición se negó a participar. Sus técnicos habían demostrado que las máquinas de votación guardaban los votos en orden de emisión, cosa que había negado el CNE, y con lo cual no se garantizaba el secreto del voto. Además, como no había acceso a los detalles del conteo sino solo a los totales regionales, quedaba en duda la veracidad de los resultados. Finalmente, fue el TSJ quien designó a los rectores del CNE, nombrándolos únicamente entre partidarios del gobierno. Esas fueron, entre otras, las razones por las cuales AD, Primero Justicia, Copei y Proyecto Venezuela se negaron a participar por falta de garantías.

“Que se vayan al carajo” declaró José Vicente Rangel. Por supuesto, el oficialismo arrasó en aquellos sufragios y logró un control total del Parlamento. Por su parte Chávez declaró: “Los errores políticos se pagan”.

En los años siguientes se desató en aquel Congreso, de dudosa legitimidad de origen, un carnaval de leyes oficialistas que alteraron profundamente la estructura legal venezolana.

Pero Chávez no se conformaba. Quería modificar su propia Constitución de 1999, para transformarla en otra abiertamente socialista. Para ello convocó un Referendo Constitucional que habría de tener lugar el 2 de diciembre del 2007.

Aquel referendo se transformó en la primera derrota del chavismo. El pueblo no quería una Constitución socialista. El rechazo fue abrumador y un Chávez (con los nudillos destrozados según se dice por haber golpeado enfurecido las paredes ante la exigencia de los militares de que reconociera la derrota) se vio obligado a aceptar el fracaso. Aunque el CNE reconoció la “tendencia irreversible”, interrumpió el conteo de los votos para que no se conociera la verdadera magnitud del descalabro.

Como mal perdedor Chávez anunció: “Es una victoria de mierda … No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva”. Y siguió adelante con su proyecto socialista ignorando claramente la voluntad expresada por el pueblo.

En las elecciones del 6 de diciembre del 2015 para la Asamblea Nacional, la oposición ganó 112 diputados y logró el control total del Parlamento. A pesar de que los diputados electos ya habían sido proclamados por el CNE (que felicitó al pueblo por “el triunfo de la democracia”), el TSJ desconoció la elección de 3 diputados del Estado Amazonas, para así robarles la mayoría calificada de las 2/3 partes de los escaños. Después, como si fuera poco, el mismo TSJ declaró a la Asamblea en “desacato”, figura no aplicable conforme la Constitución.

En abril del 2016, basándose en el Art 72 de la Constitución, se recabaron las firmas para exigir un referendo revocatorio contra Maduro. El oficialismo se opuso, alegando “firmas planas”. Convoca entonces el CNE un nuevo proceso de recolección de firmas. La oposición obtuvo 1,8 millones de firmas para exigir la realización del Referendo Revocatorio, a pesar de que sólo se requerían 200.000. Impúdicamente el CNE paralizó la convocatoria al Referéndum en claro desconocimiento a la Carta Magna.

En diciembre del 2020 tuvieron lugar nuevas elecciones parlamentarias. Ante Ia falta de garantías la oposición se negó una vez más a participar. El TSJ no sólo había designado (sin tener atribuciones para ello) a los miembros del CNE, sino que además intervino a los principales partidos de la oposición designándoles autoridades sumisas al régimen.

Las principales democracias del mundo, incluyendo a la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, EEUU, la OEA, el Grupo de Lima, Japón y muchas otras desconocieron los resultados por no haberse cumplido con estándares internacionales.

Pero el régimen sigue tan campante y tiene ahora la desfachatez de pretender convocar elecciones regionales y sugerir, en todo caso, un nuevo Referendo Revocatorio contra Maduro para el 2022. Repetimos lo que alguna vez dijo Churchill, “si olvidas el pasado, no tienes futuro”.

Si la oposición participa en las elecciones y triunfa, el oficialismo desconoce o desvirtúa, por una vía o por otra, el triunfo. Si no participa, el oficialismo arrasa con todo, a pesar de la ilegitimidad de su victoria, sin detenerse en limitaciones de orden constitucional.

¿Es esto una democracia? Si no nos agarra el chingo nos agarra el sin nariz.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

El principio de libre determinación de los pueblos se basa en el derecho internacional público y se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas.

El derecho a la autodeterminación permite a los pueblos decidir libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin intervención externa, siempre y cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados y los gobiernos emanen de la voluntad popular.

Antiguamente los príncipes alegaban tener derechos de origen divino y por tanto se consideraba que podían ejercer plenamente la soberanía en los territorios que gobernaban. Su voluntad era la ley.

Eso cambió con la Revolución Francesa. Hoy en día la soberanía proviene del pueblo, tal como lo establece nuestra Constitución en su artículo 5, el cual reza textualmente:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Mal puede un gobierno alegar el principio de autodeterminación frente a otros Estados cuando le niega a su pueblo el ejercicio de esa soberanía conforme a lo establecido en su Constitución.

Cuando el derecho al sufragio -claramente previsto en el Art 63 de la Constitución- queda restringido al encarcelar, inhabilitar o exiliar a los líderes opositores, al ilegalizar a los partidos de oposición, al valerse de una justicia amañada para apoderarse de las organizaciones opositoras, al permitir concurrir sólo a los candidatos opositores sumisos o cuando no existe transparencia ni credibilidad en los mecanismos para contar los votos y por el contrario hay la percepción generalizada de fraude, ya no es factible decir que tal gobierno emana del pueblo.

Por eso las democracias más respetadas del mundo desconocieron las elecciones del 6 de diciembre del 2020. Se trató de comicios que no cumplieron con estándares internacionales y que sólo sirvieron para para que el régimen confiscara otro de los poderes.

Cuando esas cosas ocurren deja de existir la democracia y surgen gobiernos que, para mantenerse en el poder, se valen cada vez más de la fuerza.

En su “Contrato Social”, Rousseau afirmaba: “ la fuerza no constituye derecho, y únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos” .

John Locke -Siglo XVII- señalaba que la soberanía emana del pueblo y que el Estado tiene como misión principal proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Abordaba también Locke al principio de la separación de los Poderes. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto sino que ha de respetar los derechos humanos.

En Venezuela la violación reiterada a los Derechos Humanos ha sido ratificada por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los DDHH.

La libertad de expresión está fuertemente restringida y en cuanto a libertades económicas se nos ubica al nivel de Cuba y Corea del Norte. La economía ha sido destrozada en medio de casi 40 meses de hiperinflación y una caída del PIB que ya nos ubica entre las dos naciones más pobres del continente, en tanto que la corrupción campea por sus fueros. La moral pública ha desaparecido.

El principio de no injerencia tiene excepciones que, en el marco de las Naciones Unidas y desde el 2005, se encuentra consagrado en una nueva regla denominada responsabilidad de proteger. No violan por tanto las sanciones el principio de autodeterminación cuando se aplican en el marco de la citada responsabilidad.

El aislamiento del régimen es progresivo. Cada vez se aleja más de la democracia y reprime más a sus ciudadanos. Pretende tener el derecho de hacerlo invocando para ello razones de soberanía y apelando al principio de autodeterminación de los pueblos, a la vez que acusan de injerencia en sus asuntos internos a los Estados que les exigen respetar los DDHH o que les aplican sanciones.

Una cosa es evidente. Como su nombre lo indica, el principio de la autodeterminación se aplica a los pueblos y no a los gobiernos que pretenden robarles la libertad.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

Editorial

Venezuela está atravesando por lo que quizá es la mayor crisis económica documentada en la historia de la América Latina y una de las más severas que hayan sido respaldadas con datos en el mundo. Las cifras son devastadoras: la mayor hiperinflación del planeta, la mayor caída del PIB con excepción de Libia, junto con Siria el mayor número de migrantes (superan ya los 5,5 millones), una caída del Producto Interno Bruto de más del 70% en seis años, el cierre de la mayor parte del aparato productivo incluyendo empresas manufactureras y las de los sectores agrícola, financiero y comercial; el signo monetario -el bolívar- abatido, a pesar de que alguna vez llegó a ser junto con el franco suizo la moneda más sólida del mundo.

En buena medida la destrucción delirante de nuestra economía fue causada por un gasto público populista y de carácter expansivo e imprudente, financiado mediante emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV que desorganizó las finanzas públicas y desató una aceleración de precios endemoniada, acabando con los más elementales equilibrios macroeconómicos. Todo ello sazonado con expropiaciones a diestro y siniestro que eran reflejo de las intenciones socializantes del régimen, aunadas a niveles de corrupción apabullantes.

Venezuela ha sido incluida por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y también por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la lista de países en riesgo de hambruna.

En conjunto se trata de un panorama deplorable, que ha recrudecido con el tema de la pandemia.

Por su parte, el gobierno de Caracas atribuye todos estos males a una supuesta guerra económica y a las sanciones que le han sido aplicadas. Sin embargo, el origen del drama es bastante anterior a la aplicación de dichas sanciones. La hiperinflación ya se había desatado y se ha prologado indetenible por 39 meses, en tanto que la recesión se inicia en el tercer trimestre del 2014 y ha campeado por sus fueros durante 29 trimestres. Se trata de la peor hiperinflación en la historia americana, lo que ha contribuido a que Venezuela sea considerada por el FMI como el segundo país más pobre, además de ser el más desigual del continente.

Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que en medio de una situación así no se haya producido un cambio de gobierno? Lo cierto es que la experiencia indica que las crisis económicas no suelen dar al traste con gobiernos no democráticos; lo que sí logran es que se tornen inviables.

En la actualidad vemos como un sector del empresariado venezolano está procurando algunos mecanismos a fin de tender puentes, alegando que es la única forma de frenar la situación imperante. Sin embargo, la realidad es que si tales mecanismos no son capaces de devolver la confianza y restablecer la seguridad jurídica, tampoco serán capaces de promover los flujos de inversión cuyo efecto multiplicador resulta la única posibilidad de lograr la recuperación del país. Podrán sí, esas iniciativas, brindarle algunas oportunidades a ciertos empresarios locales y también a algunos inversionistas extranjeros osados que estén dispuestos a asumir riesgos importantes a cambio de una elevada rentabilidad.

Sin un retorno a la institucionalidad y un fortalecimiento de la seguridad jurídica es difícil avisorar una recuperación sólida y sostenible, aunque sí pueden producirse focos de oportunidades en sectores específicos.

Comentaba un analista que en el pasado Venezuela sufrió etapas donde no existían libertades políticas y sin embargo la economía prosperaba. Puso como ejemplo los gobiernos de Gómez y Pérez Jiménez. La diferencia es que aunque no se trataba de gobiernos democráticos, lo cierto es que se aferraban a una ortodoxia económica que hoy brilla por su ausencia.

Recientes declaraciones del gobierno de Biden y nuevas sanciones de la Unión Europea parecen acabar con las esperanzas de quienes pensaron que podría producirse una distensión capaz de brindarle una nueva oportunidad al régimen de Caracas. Bajo las actuales circunstancias luce difícil apostar por su viabilidad.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

Editorial

“Terra incognita” era el término que se utilizaba en los mapas antiguos desde el Siglo XV para caracterizar los territorios desconocidos. Los cartógrafos solían escribir la frase “hic sunt dracones” (aquí hay dragones) y los mares ignotos los ilustraban con criaturas fantásticas y serpientes marinas gigantes devorando naves.

Todo ello denotaba el miedo a lo desconocido.

En ese miedo están inmersos actualmente millones de venezolanos que no terminan de entender lo que ha pasado. Una nación occidental y moderna, antes próspera y democrática, que el mundo creía rica por estar dotada de incontables riquezas naturales y en la que el sistema democrático parecía haber hundido sus raíces, ha sido destruida.

Una revolución empobrecedora campea por sus fueros. Una nación que durante décadas Fidel Castro intentó inútilmente invadir mediante desembarcos como el de Machurucuto y guerrillas, cayó sin embargo en sus manos cuando el líder caribeño cambió su estrategia y, conquistando a un solo hombre -Hugo Chávez-, se apoderó de todo el país. Fue la invasión más rentable en la historia de la humanidad.

La inmensa mayoría de los venezolanos, como lo demuestran todas las encuestas, se oponen a lo que aquí ocurre y, sin embargo, el régimen se mantiene en el poder.

Hay que reconocerlo. En la población existe una suerte de desaliento. Más de cinco millones y medio de compatriotas han emigrado. La fuga de cerebros es devastadora. Nos enfrentamos a situaciones incógnitas.

El panorama internacional ha variado. Ya no está Trump hablando de que todas las opciones están sobre la mesa. La posición de México es neutral y en Latinoamérica han ganado terreno los sucesores de los Kirshner, de Evo Morales y posiblemente de Correa.

Pero veamos la otra cara de la moneda:

La economía está destrozada y la hiperinflación avanza incontenible al extremo de que entre marzo del 2013 y enero del 2021 (durante el gobierno de Maduro) la inflación acumulada según cifras del BCV alcanza a la pasmosa cifra de 139.655.058.282 % (ciento treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco millones cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y dos por ciento). Aunque las crisis económicas no tumban gobiernos, los gobiernos dejan de ser viables. Eso está ocurriendo.

Si bien la oposición luce bastante desarticulada, el régimen se enfrenta a una situación mucho peor. Económicamente las alternativas que ofrece con su inconstitucional “Ley Antibloqueo” (epítome de la inseguridad jurídica) no son factibles. Presenta, sí, buenas oportunidades de negocio para algunos allegados y enchufados, pero resulta aberrante para el país.

Mientras tanto, a nivel internacional una presión de carácter multilateral protagonizada por el gobierno de Biden, la Unión Europea, la OEA y el Grupo de Lima pudieran ser mucho más efectivas que las amenazas de Trump. En particular porque el tema de los derechos humanos adquiere mayor relevancia ante una comunidad internacional cada vez más sensible frente a esos temas.

A la vez una Cuba arruinada y entrando en un nuevo “período especial” -que enfrenta una transición inevitable dada la edad y la salud de Raúl- y que ya no puede contar con la ayuda venezolana, será sin duda mucho más receptiva a los condicionamientos de un Biden dispuesto a tenderle puentes pero también a exigirle sacar las manos de Venezuela.

Una China, decepcionada ante la ineptitud e incumplimientos del régimen caraqueño pero interesada en mejorar sus relaciones con Washington, difícilmente va a romper lanzas por el país caribeño.

Una Rusia económicamente agobiada y enfrentando un fuerte rechazo internacional por el caso de Crimea y el del disidente opositor Alexei Navalny, tampoco lo hará.

Irán es otro cuento, pero aquí ni somos islámicos ni nuestra idiosincrasia guarda relación alguna con aquel lejano país regido por una dictadura teocrática.

En conjunto lo anterior configura un panorama profundamente incierto para el régimen. A ello se suma el caso del preso de Cabo Verde cuya eventual extradición a los EEUU parece llenarlos de pavor.

Y ni hablar de lo que pudiera ocurrir en la Corte Penal Internacional, donde los casos no prescriben y en los que no quisieran verse envueltas figuras claves para la permanencia del régimen.

Vemos pues que para el oficialismo una transición convenida luce como la mejor opción. Cualquier otra alternativa se presenta llena de serpientes marinas gigantes y dragones (hic sunt dracones): una verdadera “terra incognita”.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

Editorial

Estos 22 años de una pretendida revolución humanista han sido el periodo de nuestra historia en el que más se han vapuleado los valores que toda sociedad organizada requiere para subsistir, armónicamente hablando.

Desde sus inicios, tras el falso discurso de crear al «hombre nuevo», lo que en realidad se impuso fue la destrucción sistemática y continua del orden prevaleciente, para sustituirlo por el control absoluto de la sociedad a manos de una nomenclatura hegemónica que estableció las nuevas reglas que regirían a esta mal llamada revolución bonita, que resultó ser la más horripilante de nuestra historia republicana.

Estos nuevos valores, si así pueden denominarse los antivalores, tienen como base darle rienda libre a la viveza criolla, siempre que esto favorezca a los integrantes de la grey revolucionaria. A través de este modus operandi se desató el proceso de corrupción más amplio que ha podido existir.

El enriquecimiento de la clase dirigente a través de diversos mecanismos concebidos para infringir la ley y anular los controles administrativos fue total. Pero como se requería que otros sectores participaran en este festín de Baltazar, que no era otra cosa que apropiarse de la creciente renta petrolera y crear el soporte necesario para que se mantuviese el régimen, permitieron y promovieron que la cúpula de las fuerzas armadas se aprovechase de la falta de controles para enriquecerse y así armar el círculo perfecto de la sociedad de cómplices de las que nos habló un día Tomas Lander.

Y como eso no era suficiente para asegurar la permanencia del régimen, se dedicaron a regar con dádivas a elementos que se oponían al régimen para fracturar ética y moralmente la resistencia opositora y así surgieron los llamados ‘alacranes’, que le dieron piso a los diversos procesos de fraudes electorales y violaciones sistemáticas a la Constitución y las leyes.

Mientras, empobrecieron y domeñaron al pueblo, con las famosas cajas Clap, con las que les daban lo mínimo necesario para saciar el hambre creciente causada por una desatada e incontrolable hiperinflación, manteniendo a la población sometida a través del Carnet de la Patria.

Hoy la sociedad venezolana mal vive aplicando la viveza criolla para resolverse y ver de qué manera logra los dólares (nueva moneda oficial de un país supuestamente antiimperialista) con cualquier expediente, así sea ilegal, para subsistir en el caos que se ha convertido Venezuela.

Luchar por salir de este pernicioso régimen no es solo indispensable desde el punto de vista político, sino también ética y moralmente hablando, ya que ninguna sociedad puede mantenerse por mucho tiempo a punta de bodegones creados y controlados por los llamados ‘enchufados’, y a los que solo tiene acceso un exiguo porcentaje de la población.

Para reconstruirse económicamente, Venezuela tiene que acabar con la corrupción, con los antivalores, e iniciar una campaña masiva basada en educar y capacitar a todos, así como una vez lo proclamó Bolívar al sostener que la base indispensable de la República son la moral y las luces, para de esta manera tener una población responsable e ilustrada a la vez.

Editorial

Entre el 7 y el 12 de diciembre tuvo lugar un fenómeno extraordinario en Venezuela. La Consulta Ciudadana. Más de 7 millones de ciudadanos participaron en ese evento. Se hace necesario por tanto analizar el mensaje detrás de esa acción.

Lo primero que hay que reconocer es que la consulta se desarrolló en un ambiente claramente adverso. Cerca de 6 millones de venezolanos han tenido que emigrar, casi todos -por definición- opuestos al régimen. Es evidente que los que desesperados han huído por trochas y deambulan a pie por Latinoaméricano no tenían los medios para participar.

De los que sí están en Venezuela, la feroz crisis que padece el país los mantiene sumidos en una paralizante situación de pobreza. Recordemos que la encuesta Encovi ha señalado que el 96% de las familias venezolanas viven en situación de pobreza de ingresos y casi el 80% por debajo de la línea de la pobreza extrema.

Sobre ese frágil sector de la población el régimen lanzó la más descabellada y cruel de las amenazas: “el que no vota no come”, refiriéndose a las Parlamentarias.

Y desde luego estaba la intimidante presencia de los colectivos amedrentando, sobre todo a los sectores más humildes, que conocen los riesgos que ello implica.

Estaba por supuesto la alternativa de la participación digital. Eso implicaba disponer de una computadora o de un teléfono inteligente. Pero aún sobre aquellos que tuvieron la posibilidad de recurrir a esa tecnología, pesaba un obstáculo a ratos insuperable: la desesperante lentitud e inestabilidad del internet, que en esos días presentó condiciones particularmente adversas,

Quien esto escribe estuvo desde las 7 am hasta las 11:30 pm del día 7 de diciembre realizando innumerables intentos de votar vía VOATZ. Incluso después de lograr el registro, la plataforma no permitía avanzar con el proceso de votación por cuanto aún no se completaba la verificación de los datos. No sabemos si ello se debió al congestionamiento por exceso de participantes o a alguna acción intencional por parte de alguna autoridad.

En definitiva, sólo un gran esfuerzo de perseverancia permitió finalmente responder SÍ, SÍ, SÍ a las tres preguntas de la Consulta.

Recordemos que se trató de una consulta organizada por la sociedad civil, con muy escasos recursos, sin acceso a los medios de comunicación y enfrentada a un alud de intimidaciones.

En los comicios del 6D, todas las amenazas de averno recaían sobre los que no votaran, así como esas mismas amenazas se tornaron en la Consulta Ciudadana contra los que sí participaran.

Tomando en consideración todo lo anterior, el que más de 7 millones de venezolanos hayan participado es una proeza extraordinaria, que viene a demostrar que la oposición mantiene todo su vigor. Tal cifra más que duplica la votación de 3,5 millones de votos que, tomando por buenos los datos del CNE, dicho organismo le atribuye a la coalición oficialista en las Parlamentarias del 6D.

Además de un contundente mensaje dirigido por los venezolanos a los mismos venezolanos, se trató también de una misiva a una comunidad internacional que cada día ve con mayor preocupación lo que ocurre en Venezuela y una advertencia dirigida a quienes medran de las atrocidades que la barbarie le ha impuesto a una nación que antes creía tener un futuro para sus hijos.

Sin duda tales resultados deben llamar a la reflexión al otro bando, sobre todo a los militares que a través del Plan República conocieron la desolación en los centros de votación el día de las Parlamentarias.

Llegó la hora de que comprendan que la razón de la fuerza no es por definición fiable, porque la fuerza termina por volverse en contra de quienes la ejercen sin razón.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

En esta ocasión nos vamos a referir al sistema circulatorio: la sangre, que es bombeada por el corazón, tiene distintos elementos, entre ellos oxígeno, nutrientes y fagocitos contenidos en los glóbulos rojos y blancos que circulan por todo el organismo a través de una vasta red de arterias, venas y vasos capilares.

En el organismo económico ocurre exactamente lo mismo. La sangre de un organismo económico es el dinero. Circula a través de una red de bancos y otras instituciones que conforman el sistema financiero y que permiten que el torrente monetario llegue a todas las células vivas del organismo económico. El corazón que bombea el dinero hasta hacerlo llegar a todo el organismo es el Banco Central de Venezuela.

En el caso de una leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anómalos y el médico diagnostica que el paciente padece un cáncer. Se traduce en una proliferación anormal de leucocitos que impiden que la sangre cumpla con su función. Los glóbulos rojos dejan de transportar oxígeno y nutrientes. Las células cancerígenas se propagan por el torrente sanguíneo hasta invadir todos los órganos, produciendo la muerte.

El organismo económico de Venezuela padece de un cáncer monetario. Una leucemia que ha invadido su torrente monetario y está destruyendo todo el aparato productivo y el sistema financiero del país, impidiendo que el dinero transporte los elementos indispensables para alimentar el organismo. El corazón está bombeando un dinero enfermo que ya no es capaz de cumplir con sus funciones.

Esta leucemia monetaria que padecemos se llama inflación y, dada su avanzada fase, el diagnóstico es de extrema gravedad: hiperinflación.

Para mantener el organismo vivo, se le están aplicando transfusiones de dólares, pero la raíz misma del mal no está siendo atacada.

La causa de este cáncer devastador es que el corazón económico, el BCV, está emitiendo y bombeando por todo el torrente monetario cantidades extravagantes de un dinero anómalo. Se trata de un dinero que ha perdido su valor y que, en forma de metástasis, está difundiendo sus células cancerígenas por todo el organismo.

Veamos lo que está ocurriendo: violando expresas disposiciones establecidas en el Art. 320 de la Constitución, el régimen está obligando al BCV a cubrir su creciente déficit fiscal mediante la emisión de un dinero anómalo que los economistas solíamos llamar inorgánico, un dinero que no tiene respaldo y que por tanto va perdiendo las funciones que son propias de una moneda. Es el equivalente a que la médula ósea estuviese produciendo leucocitos anormales.

En los últimos 30 días nuestro signo monetario, el bolívar, se ha depreciado en casi un 100%. A finales de octubre la cotización del dólar era del orden de los Bs 540.000 (hace un año era de unos Bs 25.900). Esta semana, en el llamado mercado paralelo, se rompió el techo del millón de bolívares por dólar.

La causa es clara. En los últimos 6 meses la liquidez monetaria aumentó 236% y sólo en las 2 primeras semanas de noviembre se incrementó en 21% para pagar aguinaldos y bonos. A la vez la base monetaria aumentó en una sola semana en casi un 30% debido fundamentalmente al financiamiento del BCV a PDVSA. Esos excedentes de “dinero anómalo” están alimentando la hiperinflación. Hay demasiados bolívares (digitales) tratando de comprar pocos bienes y el precio de esos bienes, incluyendo el dólar, se está disparando. Así, la devaluación también está retroalimentando la hiperinflación, la cual se agudizará cuando se trasladen a los precios los nuevos impuestos que el régimen quiere aplicar a las transacciones financieras en dólares.

En medio de una contracción económica sin precedentes (según el FMI Venezuela padece la mayor hiperinflación del planeta y la mayor caída del PIB en el mundo con la sola excepción de Libia) y sin ingresos petroleros “formales” el régimen ya no es capaz de generar los ingresos requeridos para cubrir el gasto público y por tanto le exige al BCV financiar su déficit fiscal mediante la emisión de un dinero enfermo.

El organismo económico se está muriendo, afectado por esta metástasis monetaria que se conoce como hiperinflación. Si quiere sobrevivir, Venezuela necesita cambiar de médico.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

Editorial

A los venezolanos se nos está pidiendo participar en dos eventos electorales que tendrán lugar en la primera quincena del mes de diciembre. La primera convocatoria, cargada de ventajismo, la hace el régimen para unas elecciones Parlamentarias el día 6 de diciembre. La segunda convocatoria la hace la Asamblea Nacional con el objeto de consultar al soberano sus verdaderos deseos ante la grave situación que confronta Venezuela. Esta Consulta Popular tendrá lugar entre el 6 y el 12 de diciembre.

La deslegitimación del régimen es hoy en día claramente percibida por la comunidad internacional. Por eso están desesperados por elegir una nueva Asamblea Nacional y a la vez terminar con la presidencia interina de Guaidó reconocida por unos 60 países. El problema es que, como se saben minoría, no quieren correr riesgos. Por ello en lugar de permitir que la Asamblea Nacional designe a los rectores del CNE, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros como lo exige la Constitución en su Art. 296, optaron por poner en manos de un TSJ teñido de ilegitimidad, la elección de los rectores del CNE.

El CNE es el árbitro en los procesos electorales y, para garantizar su imparcialidad, la Constitución establece una serie de complejos mecanismos de selección que se saltaron a la torera. En el argot deportivo se diría que el “árbitro” está comprado.

Con ese as bajo la manga, el régimen pretendió lavarse la cara invitando a la Unión Europea a enviar observadores.

Como era de esperar, la Unión Europea rechazó la invitación al no estar dadas las condiciones para garantizar un proceso electoral limpio y transparente. No participa la Unión Europea, a menos que haya podido estar presente con 6 meses de anticipación para verificar la organización del proceso en todas sus etapas.

Al no haber un árbitro electoral independiente y no contar con una observación internacional imparcial, si de algo podemos estar seguros es de que en esas elecciones del 6 de diciembre el régimen decidirá por nosotros quienes serán los integrantes de esa Asamblea Nacional que nacerá de un fangal de ilegitimidades.

Ya 27 partidos venezolanos han manifestado su rechazo; y, a nivel internacional, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto encabezado por Uruguay, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH a cargo de Michelle Bachelet, los EEUU, España y muchas otras naciones a título individual han expresado rechazo a la convocatoria de unas elecciones parlamentarias sin condiciones libres ni justas.

A la vez, entre el 6 y el 12 de diciembre tendrá lugar la Consulta Popular organizada por la oposición. Tal Consulta es perfectamente Constitucional porque como lo establece el Art. 5 de nuestra Carta Magna: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley”.

Se trata pues de consultar al pueblo, ajustándose a los mecanismos previstos en el Art 70 de la misma Constitución que estipula que la Consulta Popular es un mecanismos de “participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.

Existen sólidos argumentos, muchas veces expuestos, de por qué debemos participar en la Consulta. Queremos en esta oportunidad insistir en uno solo. Como todos sabemos, EEUU está saliendo de una disputada elección presidencial. Se han presentado objeciones a los resultados, pero pareciera mantenerse la diferencia de 306 votos contra 230 electorales. Por ahora los tribunales y el recuento favorecen a Biden.

En todo caso con respecto a Venezuela existe un sólida posición bipartidista en favor del restablecimiento de la democracia. Ahora bien, a no dudarlo puede haber una diferencia de tácticas y de acento con respecto a la forma de abordar el problema.

El apoyo de los EEUU, al igual que el del resto de la comunidad internacional es vital para el logro de una salida en Venezuela. Ese apoyo será entre otras cosas determinante para enviar una señal a los propios partidarios del régimen. Un apoyo decidido a una salida, sin duda creará fracturas internas que facilitarán el objetivo.

Nuevos elementos pueden contribuir a esa fractura. La declaración de la saliente fiscal de la Corte Penal Internacional de que las acusaciones presentadas contra las autoridades venezolanas por parte de seis presidentes latinoanericanos caen dentro de la jurisdicción de la Corte de la Haya, representa una espada de Damocles a la que muchos no querrán exponer su cuello.

En todo caso y, a no dudarlo, el régimen recurrirá a resultados abultados para construir una imagen ficticia de un supuesto apoyo popular. Eso es lo que Maduro quiere presentarle tanto a quien resulte ganador en los EEUU como a la Unión Europea. Con eso aspira lograr un segundo aire que le permita mantenerse.

La Consulta Popular es el antídoto contra ese veneno. Una consulta que será verificada por la OEA y por muchos otros países con representación diplomática en Venezuela, servirá no sólo para que el soberano manifieste su opinión con respecto a las preguntas, sino también para contraponer sus verdaderos resultados frente a las cifras trucadas que el régimen ofrecerá.

Se percibe en sectores de la población venezolana una suerte de desesperanza hábilmente alimentada por el régimen. Por el contrario, las circunstancias planteadas pudieran más bien constituir un punto de quiebre al régimen para que se produzca un cambio.

José Toro Hardy, director adjunto de Analítica

Editorial

Que Borrell, que los miembros de la mesita, que los alacranes, que los confiscadores de los partidos estén dispuestos a oxigenar al régimen por diferentes razones y que, por ahora, Capriles y Stalin aparentemente hagan mutis por el foro, no podrá borrar todo el daño que le ha hecho el régimen a Venezuela y que seguirá haciéndole mientras puedan, si hay gente dispuesta a darle oxígeno para que permanezca un poquito más en el poder.

Solo basta recordar cómo han destruído todo lo que funcionaba hace 20 años. Enumérenos caso por caso, cuánto petróleo, gas, productos petroquímicos, electricidad, hierro, bauxita, cemento producíamos en 1998, y cuánto hoy. La comparación es espeluznante, porque la producción en todos estos rubros ha disminuido en mucho más de 50% y en el caso del aluminio en un 100%.

¿Qué han hecho con los servicios? ¿cuántos embalses de agua han construido? la respuesta es fácil: cero, se distribuye la misma cantidad de agua al pueblo venezolana o esta se ha mermado en casi 50%. ¿Qué ha sucedido con la CANTV y MOVILNET? ¿acaso el buen servicio telefónico que prestaban es igual al desastroso de hoy? Y qué decir de las avenidas y autopistas, de la producción agrícola y pecuaria, y de los hospitales ¿han mejorado después de haber recibido los ingresos petroleros más elevados de toda nuestra historia? La respuesta es claro que no.

Podríamos ponernos a contar cualquier actividad económica, social, humana, cultural y, sin necesidad de ser acerbos críticos, no hay una sola que supere lo que teníamos en la mal denominada cuarta República, que en realidad fue la era democrática más importante de nuestra historia republicana, en la que Venezuela progresó como nunca antes.

Lo único en que si la superó ampliamente fue en la corrupción, en la violación de los DDHH, en la delincuencia, en la fragmentación del país, en la siembra de odios y de antivalores.

Los que prosiguen buscando fórmulas que permitan que este estado de cosas prosiga, o son ciegos o quieren serlo, porque pareciera que les importa poco el padecimiento del pueblo y lo único que vale es proteger sus intereses y seguir medrando a la sombra, no de un buen árbol sino de un cactus venenoso.