Ahora que, por primera vez, la economía privada de origen venezolano permitió dar el salto de dinamismo que vive Venezuela, gracias principalmente al flujo de remesas que envía la diáspora venezolana, sería muy conveniente examinar las ventajas y la contribución en crecimiento y bienestar que, históricamente, ese sector le ha dejado a la comunidad venezolana, en especial en comparación con la economía pública o la que proviene del Estado más allá de las circunstancias actuales.
Tal objetivo, creemos que se justifica, porque, como sabemos, también ese dinamismo proviene del aumento de los precios internacionales del crudo, derivados de la invasión rusa a Ucrania y a los recientes recortes de producción de la OPEP, los que han multiplicado el valor de las exportaciones de PDVSA, lo que, si bien es cierto, depende como ha sido siempre, de la volatilidad de los precios y de los acontecimientos políticos[1] que siguen presentes en la Venezuela de hoy.
De allí que resulta necesario evaluar el grado de sostenibilidad de esta opción de crecimiento, en contraste con la que ofrece la Economía Privada, cuyos aportes en el pasado y en el presente le dan ventajas convincentes y de allí deducir la conveniencia de que el país se vuelque por entero a promover y apoyar su desarrollo y así evitar los daños que causa una economía dependiente de los precios del crudo y de decisiones estrictamente gubernamentales y políticas.
Si la prueba a la que sometemos a la Economía Privada resultara positiva, entonces podríamos diseñar una ruta deseable y previsible a futuro para garantizar su continuidad, su sostenibilidad y sus beneficios.
¿Qué es la Economía Privada?
Quizás resulte extraño ubicar su definición, pero podría ser necesario. Una primera manera de identificarla es por su diferencia con la economía pública o economía estatal, donde el marcador proviene de que es el Estado el propietario del capital, caso de PDVSA obviamente, pero de varias empresas que le pertenecen. Una segunda manera es diferenciarla de las que se conocen, en otros medios, como empresas públicas[2].
Desde luego también derivan de la atribución de propiedad que define la legislación, incluyendo la que pauta la Constitución vigente, en las que se especifica su calidad de propiedad privada, a lo que corresponde la clasificación que elaboran los bancos centrales en las cuentas nacionales y se le puede identificar por sus respectivas contribuciones al crecimiento de la economía, medido este por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB)[3], en el Ingreso Nacional, en el empleo y en la remuneración de los factores productivos.
Una paradójica contribución privada
Sabido es que, desde la aparición del petróleo en la economía venezolana el sector estatal ha sido el predominante pero, paradójicamente, es la Economía Privada la que ha tenido un peso relevante en lo que respecta a la conformación de nuestras fuerzas productivas y esa es su gran fortaleza, por ejemplo, si apelamos a su participación en la generación del Producto Interno Bruto, que es la suma y medida de todo lo que se produce en el país y que revela la cuantía del Valor Agregado que cada sistema de propiedad aporta al país. Sin embargo, en contraste se puede decir que su gran debilidad fue y es que nunca logró superar al sector estatal, liderado por la industria petrolera, en la provisión de divisas extranjeras distintas a las de ese origen.
Así pues, tenemos un aparato productivo que, prácticamente lo produce todo, pero no ha sido capaz de liberarse de la “cadena” que impone su completa dependencia del sector estatal para aprovisionarse de sus principales insumos y recursos. Como se comprenderá tal paradoja no solo emana de su propia capacidad para superar esa situación[4], sino del hecho de que la industria petrolera le pertenece exclusivamente al Estado venezolano.
Aportes al PIB de la Economía Privada
Una primera forma de apreciar su contribución procede de su grado de impacto al crecimiento económico en determinadas épocas que, como se observa en el cuadro a continuación casi siempre dominó el sector público gracias al petróleo, pero que ya en los últimos años amainó y la Economía Privada igualó su impacto a la pública. No olvidemos lo que estas tasas significan, pues cada una indica cuanto aumentó la producción, esto es la publica crecía a una tasa más elevada, con el petróleo a la cabeza y la privada a una tasa menor produciendo la mayoría de los bienes y servicios.
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Crecimiento inter-periodos % Anual Promedio |
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Público |
Privado |
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1950-68 |
6,1 |
7,2 |
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1968-84 |
8,5 |
1,5 |
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1984-97 |
3,4 |
2,4 |
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1997-2010 |
1,8 |
2,1 |
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Ahora para comprender mejor la idea presentamos la composición del PIB para cada una de las economías y, como se podrá apreciar la Economía Privada lleva el mayor peso en su contribución al PIB, lo cual, no solo reitera su importancia, sino el hecho de que siendo la que más contribuye a la producción de bienes y servicios, no tiene contrapartida en la generación de las divisas que ella misma requiere para subsistir. El en cuadro que sigue se puede constatar el valor de esa contribución que, como se ve, fue 2,7 veces la pública. Un valor que, gracias a esa paradoja, no representa su peso en la economía total de Venezuela.
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Estructura del PIB (%) |
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Publico |
Privado |
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1950-68 |
17,1 |
82,9 |
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1968-84 |
22,2 |
75,2 |
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1984-97 |
36,8 |
63,2 |
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1997-2010 |
30,0 |
60,2 |
La importancia del empleo privado
Otra variable que permite valorar el peso que ha tenido la Economía Privada en las actividades económicas de todo el país, viene reflejada en la participación que ha tenido el Empleo Privado en el total, sea este entendido como empleo formal o informal. En ese sentido, las cifras que muestran esas relaciones ilustran que el Empleo Privado siempre fue mayor que el público, en especial si se agrega ese factor de informalidad que es, ciertamente, también privado.
Desde 1984, cuando se comienzan a registrar estos datos[5], hasta el 2021, la Economía Privada representó en promedio un 36,9% de la fuerza laboral ocupada, esto es en el orden de 1,8 millones de personas en ese primer año, hasta un máximo de 5,5 millones en 2016 y 3,9 millones en el 2021. Ello, si solo se toma en cuenta la ocupación formal, pero si se agrega la informal[6] encontramos cifras muy significativas de la cantidad de personas que operan en la Economía Privada. Por ejemplo, para todos los años descritos la participación alcanza en promedio a un 81,3% de los trabajadores ocupados, esto es 3,9 millones de personas en 1984, 11,5 millones, su máximo, en 2018 y 10,2 millones en 2021.
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Empleo Privado |
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Millones Personas |
% Empleo Total |
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Total |
Formal |
Total |
Formal |
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1984 |
3,9 |
1,8 |
78,2 |
36,4 |
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1990 |
5,2 |
2,5 |
80,2 |
38,6 |
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1999 |
7,4 |
2,8 |
84,9 |
32,5 |
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2012 |
10,0 |
4,7 |
79,5 |
37,4 |
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2016 |
10,8 |
5,5 |
78,8 |
40,2 |
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2018 |
11,5 |
5,3 |
77,4 |
35,8 |
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2021 |
10,2 |
3,9 |
77,1 |
29,6 |
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Es de resaltar, que aún con el negativo impacto no sólo de años de recesión interna, sino además de la pandemia que se inició en 2020, las cifras oficiales reflejan que el empleo privado formal logró en 2021 representar casi un 30% del empleo total, y el empleo privado total un 77%.
Hubiésemos querido presentar referencias adicionales sobre las remuneraciones a ese empleo que realizaron ambos sectores, el público y el privado, pero no encontramos una serie construida al efecto. Sin embargo, algunas cifras recientes[7] indican que el sector privado remunera mejor a sus empleados que el público, pero no las reseñamos por ser demasiado puntuales y no muestran una tendencia significativa.
¿Quién alimenta a Venezuela?
En resumen, si tomamos cuenta esas dos variables podemos dar a entender al lector la importancia de este sector en la economía venezolana, lo cual no se refleja en estos valores, sino principalmente en que es este sector el que “alimenta a Venezuela”, metáfora que utilizamos para recordar que detrás de ellas está la producción agrícola, la agroindustrial, la manufactura, el sistema financiero y, por supuesto, los medios que permiten que ellas lleguen al consumidor, el transporte, el comercio y los servicios.
Se podrá entender, con esta sola referencia que, cuando se concibe a la Economía Privada como un enemigo y se realizan acciones para restringir su funcionamiento o, inclusive, se eliminan o expropian empresas, tal como sucedió, de lo que se trata es que todo ello termina en la destrucción de toda esa gama de “alimentos”, para decirle de manera también metafórica.
Dos tareas a futuro
Habiendo hecho este recorrido por las cifras y la historia corresponde preguntarse sobre el presente y el futuro, es decir que debería hacer esa Economía Privada para preservar su continuidad, su sostenibilidad y su fortaleza.
En síntesis, por una parte, necesita hacerse más autónoma y menos dependiente del Estado venezolano y, por la otra desarrollar una estrategia propia de producción y de acercamiento a la comunidad venezolana, más allá de objetivos exclusivos de rentabilidad y mantenimiento de los negocios, aun a sabiendas de la situación que vive hoy día.
Una respuesta global de la economía privada
En ese sentido, en el documento “Venezuela Elementos para una Visión de Integración Nacional”[8] decíamos que se requiere: “Una respuesta global de la economía privada que implica:
* Separarse de las prácticas proteccionistas y asumir la tarea de la apertura, la competencia y la integración internacional.
* Renunciar al aprovechamiento de relaciones de influencia, amistad y corruptelas para obtener contratos o ventajas mercantiles con el Estado.
* Se propone consolidar una postura gremial y global sobre su responsabilidad con Venezuela y superar el esquema de la responsabilidad social, mediante un verdadero Compromiso con Venezuela y desarrollar un encuentro con los ingentes problemas venezolanos y no dejárselos solo al Estado, con las consecuencias políticas que se conocen.
* Se propone la creación de una Fundación Privada[9] o una Confederación de las Fundaciones Privadas, a la que se le aporten recursos financieros, que lleguen a representar un % de las utilidades netas del capital o de los activos privados.
* Con el fin de encontrar un camino para el ideal de “democratizar la propiedad y el capital” se propone que las mismas instituciones y las empresas vinculadas a ellas, organicen un sistema de propiedad privada, de pequeñas y medianas empresas compatibles con ellas, de tal manera que, más allá de la creación de empleos productivos, la economía privada desarrolle un amplio sector de “nuevos propietarios”[10], a partir de las exigencias operativas de ellas mismas y de su aparato productivo.
Una Economía Privada más autónoma
Dichas estas recomendaciones un camino útil y fértil podría ser que la Economía Privada pruebe que tiene la capacidad para realizar acciones y tomar decisiones sin tener que esperar las que emanen del Estado, a pesar de las dificultades que ello implica, pero si no
Logra superar de manera, repetimos, autónoma producir sus propias divisas, aquellas que les permitan potenciar su aparato productivo no logrará zafarse de la dependencia del Estado y, para ello, una cifra significativa de exportaciones es la clave.
Obviamente, para que la Economía Privada pueda sustentarse con mayor autonomía el tema de la explotación por el Estado de nuestro recurso principal debe ser considerado, si se acepta que, en un momento dado, los venezolanos y sus capitales deben tener pleno acceso a la explotación del crudo y a las divisas que este permite producir.
Un Plan Productivo de la Economía Privada
Una segunda vía que puede comenzar a ensayarse puede ser el diseño conjunto entre los empresarios y sus trabajadores de un Plan Productivo de la Economía Privada que se conecte con los principales problemas sociales que tiene Venezuela, y que se ponga en conocimiento y al servicio de la sociedad venezolana y que, también, puede ser presentado a las autoridades gubernamentales.
Basamos esta propuesta en algunas manifestaciones que se han llevado a la opinión pública, tales como las que vienen elaborando Fedeagro, Conindustria, Consecomercio y algunos muy especiales que van al ámbito sectorial especifico como lo es el presentado por el Grupo Orinoco titulado: “Hacia un modelo diversificado y sostenible del sector forestal venezolano”
[1] Nos referimos al vínculo entre el tema “sanciones” y decisiones políticas.
[2] En otros países se entiende por empresa pública aquellas que se cotizan en las bolsas de valores, aun cuando sean de propiedad privada o de algún Estado.
[3] Dependiendo del momento que analicemos porque, por ejemplo, antes de la “estatización” de la industria petrolera, esta era clasificada como privada, por cuanto la ejercían las compañías internacionales, que así lo eran, y también como sucedió muy recientemente muchas empresas privadas fueron expropiadas y pasaron a ser propiedad estatal pero, excluyendo ese evento esa diferencia es consistente históricamente.
[4] Tema que lleva a su continuo dilema entre el proteccionismo y la apertura.
[5] La fuente de los datos es el INE
[6] Conscientes estamos de las observaciones que se realizan para clasificar ese sector en el que se incluyen además de aquellos que trabajan en empresas que solo emplean entre 1 y 4 personas, a otras de dudosa identificación, pero que, en definitiva, son privados. El sector informal está dominado por los trabajadores por cuenta propia no profesionales, que en 2012 representaban el 75,1% del empleo informal.
[7] Ver datos del Observatorio Venezolano de Finanzas
[8] Publicado por el Centro de Estudios de Integración Nacional” de la Universidad Monteávila, 2023
[9] No estamos aquí inventando una “nueva idea”, aunque proponiendo consolidar lo que fue una excelente experiencia
privada en años anteriores, con los ejemplos de la “Fundación de la Vivienda Popular: el Instituto de Educación Bancaria
“Fundametal” y otras iniciativas tomadas por el sector privado.
[10] La experiencia indica que, antes de dejar esa tarea a la exclusividad del Estado, con las consecuencias políticas que ya
se conocen, el sector privado tiene el conocimiento y la capacidad operativa para desarrollar esos sistemas y originarlos a
partir de sus necesidades operativas. El caso de la “tercerización” mejorado puede servir de base para esta propuesta
No puede caber la menor duda de que si queremos construir un influyente y poderoso Poder Ciudadano o Cívico, tal como hemos estado defendiendo en artículos anteriores, el tema de la propiedad del petróleo tiene que ser parte de la agenda civil y política y debería ser evaluado profundamente. Obviamente, en la medida que se mantenga la inercia de la propiedad estatal del suelo y del subsuelo y la participación de los particulares venezolanos, sea como individuos o asociaciones, esté, prácticamente vetada, las posibilidades de construirlo son muy limitadas, si ni siquiera puede acceder a la propiedad de nuestro principal recurso.
En este artículo deseamos provocar una reflexión sobre el tema que llegue a toda la sociedad venezolana, a las autoridades gubernamentales, a los partidos políticos, a las universidades y gremios profesionales pero, muy particularmente al venezolano común quien, muy posiblemente, desconozca esa problemática y no sepa que él es el verdadero y autentico propietario de tan valioso recurso. Sabemos, que un propósito de esta naturaleza conlleva un tema sumamente controversial, dada la historia y la significativa presencia que el petróleo ha tenido y tiene en la vida venezolana, pero también es pertinente reconocer que es indispensable debatirlo para bien de la sociedad venezolana.
¿Se justifica este planteamiento?
Conscientes estamos de lo delicado del tema, pero a la vez consideramos que debe ser examinado porque la experiencia de este formato de explotación del crudo nos ha llevado hasta la situación actual. Con toda razón se puede decir, que la absoluta ausencia de participación y control del venezolano sobre el desarrollo de su principal industria, está en la base de este cuestionamiento porque, si bien su explotación ha sido causante de etapas de crecimiento y bienestar económico generalizado, también lo ha sido de crisis que han afectado severamente la vida y las instituciones de nuestro país.
No se trata de repetir las pretéritas frases del “petróleo estiércol del diablo” o la “bendición o maldición petrolera” porque, en realidad el trasfondo del asunto está en la forma en que el Estado lo ha manejado, cuestión que tiene demasiado que ver con el concepto de propiedad que hemos aceptado pasivamente. En ese sentido, la intención de estas notas es extraer la discusión fuera de los clásicos “clichés”. Por ejemplo, de un lado: el “petróleo es de los venezolanos y para los venezolanos” o “el petróleo es del pueblo” y del otro lado “hay que privatizarlo”, nociones las tres, que han hecho mucho daño a la hora de enfrentar el problema con mayor objetividad.
Unas, porque trasladan ese concepto de propiedad a una eufemística entelequia institucional, en la que nadie es propietario de nada y otras porque crean la percepción de que esa posesión será transferida a algunos pocos muy poderosos o a empresas extranjeras, revirtiendo los beneficios de los procesos de nacionalización llevados a cabo, ampliando el control nacional de la industria, pero, sobre todo porque ocultan la realidad de quien es su verdadero dueño.[1] Una breve historia puede ayudar a disipar, en esa entrañable maraña de decretos y leyes que lo rigen, como nos fuimos acostumbrando y aceptando el “status quo” de la propiedad estatal de nuestro petróleo.
Una breve historia.
Como es bien sabido y repetido toda esa trama se origina en el famoso Decreto del Libertador en el que se traslada el formato institucional de la propiedad colonial al de la reciente creada República independiente. Textualmente, dice así: [2]
“el 24 de octubre de 1829, restándole poco más de un año de vida, El Libertador Simón Bolívar, presidente de la República, decreta que se mantengan las Ordenanzas de Minería coloniales de 1783, de tal modo que la propiedad de las minas correspondería a la República, conservando la tradición legislativa de la Corona Española en esta materia.”[3]
Desde luego, con un origen de ese peso en la historia venezolana es muy difícil cuestionar la bondad de la decisión y la sagrada opinión, pero lo cierto es que ya ha pasado mucho tiempo y demasiados trances que bien vale la pena interrogarse sobre una verdad convertida en axioma indiscutible, aun cuando hay que reconocer que las vicisitudes y acontecimientos que estuvieron presentes en aquel momento y luego, cuando el petróleo llegó a Venezuela, bastante justificaron que nos quedásemos adheridos a ese concepto.
De un lado, al hecho de que recién salíamos de una cruenta guerra y, del otro, la incursión de las grandes compañías internacionales produjo una especie de nacionalismo que solo podía tener cobijo en el naciente Estado. Por una parte, no se les otorgaban concesiones[4] a los enemigos de la guerra y a la provincia donde estaban y, por la otra, la explotación del recurso tenía tales características y tal tamaño, que obligaba a balancear el poder de las grandes compañías.[5] No es de extrañar, entonces, que el país se acogiera a la formula estatista. Todas las regulaciones posteriores sobre la materia siguieron esta pauta hasta culminar con la nacionalización de 1975, que viene a ser la exegesis de la inercia de la propiedad del Estado venezolano sobre el recurso petrolero.
Criterios que pueden ayudar a entendernos
Ofrecemos tres criterios para evaluar la conveniencia de mantener el mismo sistema hasta hoy día. Por un lado, partir de la relación de los ciudadanos con la noción de propiedad, por el otro, analizar la conexión entre Nación y Ciudadano y, finalmente, repasar los resultados económicos, políticos y sociales de la propiedad estatal.
La relación Propiedad – Ciudadano.
Si repasamos brevemente la historia de la humanidad, en su lucha por la igualdad y la libertad, esta ocupa el primer lugar en la fila en sus principales reivindicaciones y no es posible concebir la idea de Ciudadanía sin apelar a su sustento en los derechos de propiedad. Sabemos muy bien que estos han evolucionado, tanto en la realidad, como en la práctica, así como en las distintas concepciones jurídicas que han marcado épocas. Sabemos también que, desde los tiempos de los tratadistas clásicos hasta los más modernos esa relación ha estado presente en la constitución de cada modelo de sociedad.
Por tanto, a los fines de estas notas, es imprescindible revisar este tema y reconocer los derechos que le han sido negados a los venezolanos en la propiedad de su principal recurso, pues el dominio de la supremacía del Estado, altamente asociada a las ideas de propiedad social que han abanderado en el mundo político y en las que se ampara todo el derecho legal petrolero han evitado, salvo honrosas excepciones[6] que los ciudadanos y sus representaciones o asociaciones de ellos, puedan participar o tener incumbencia en su propiedad, manejo y control.
Por consecuencia, está llegando la hora de que esos derechos sean reconocidos, pues en la práctica, de este formato institucional deriva que las operaciones medulares de explotación del crudo estén reservadas exclusivamente a PDVSA y no puedan ser realizadas por ciudadanos venezolanos o sus asociaciones, salvo en aquellas en las que esta conserva la propiedad y el control mayoritario del poder accionario.
¿Quién es el verdadero dueño?
Las Repúblicas, los Estados y las Naciones están, como es natural y lógico suponer, habitadas por gente, por ciudadanos y, sin lugar a dudas, al final del camino son estos los que terminan siendo los autores y actores de lo que en aquellos sucede, solo que para llegar allí el ser humano ha diseñado el marco legal que lo dirige. A veces, ese marco los representa, a veces no y de lo que se trata aquí es evaluar, repetimos, si ese orden en la materia petrolera concuerda con los intereses de la gente, de los Ciudadanos que habitan en este país.
La Republica y el Estado han sido creaciones abstractas y normativas de los seres humanos, mientras que la noción de Nación es más amplia y se acerca más a la realidad porque la conforman costumbres, historia, vínculos especiales, con lo cual, se puede concluir en principio que, aun cuando sigue siendo una abstracción, es más representativa de la vida de quienes la habitan que las entidades anteriores.
La Nación es el todo, la Republica y el Estado son parte de ella. Por tanto, estas dos últimas están construidas sobre un ordenamiento político y jurídico que puede cambiar a juicio de sus ciudadanos y según sus intereses, especialmente cuando se trata del tipo de Estado que hemos heredado y que provino de aquellas condiciones iniciales. La sociedad ha venido cambiando, en tanto que ese Estado quedó petrificado en su formato original y, probablemente hoy no representa el interés de sus nacionales. Veamos, entonces, hasta donde hay correspondencia entre una cosa y otra.
El Estado Petrolero
También llamado “Petro-Estado”, su nombre significa que ese ente se reserva exclusivamente la propiedad del suelo y subsuelo donde se explota el mineral, como una norma institucional y constitucional. Por consiguiente, las entidades jurídicas que derivan de él, empresas públicas o mixtas, han de ser de su exclusiva propiedad o compartida, siempre prevaleciendo el principio de mantener el Estado en ellas una mayoría accionaria. Ubicamos al lector en ese terreno porque, si bien ese formato es cierto y el Estado Petrolero se define y caracteriza por ello, bastaría una reforma jurídica para cambiar ese derecho de propiedad pero, en nuestra opinión, de él deriva toda una gama de intereses que rebasan la estricta concepción jurídica.
De hecho, tiene un muy fuerte componente político y geopolítico, como todos sabemos. De todos ellos, deseamos destacar la coincidencia de intereses de los partidos políticos que han gobernado a Venezuela y esa exclusiva propiedad, porque ella, precisamente, garantiza el monopolio en ese poder[7], sea con el método de la alternancia o, como lo es ahora, en su versión monopólica. La connotación que esto tiene, a los fines de definir quién es el dueño de nuestro petróleo es más que evidente, porque trasladar efectivamente la propiedad a los venezolanos afecta considerablemente a los partidos políticos, todos ellos, por cierto, muy adheridos al concepto de Estado Petrolero.
La otra connotación que tiene esta versión es que se crea una especie de dilema entre el interés nacional y el del Estado propietario, bajo el supuesto de que solo un Estado así definido garantiza aquel interés, especialmente en el campo de la geopolítica internacional. Estaría demás informar cómo, países donde el petróleo no le pertenece al Estado, logran configurar exitosamente su política internacional[8], de manera que no existe una necesaria identidad entre ambos intereses. Además, como veremos más adelante, la separación que han venido proponiendo varios expertos en el tema despeja ese aparente dilema. De todos los criterios sugeridos el de los resultados que se han obtenido con ese formato son más que evidentes de la necesidad de un cambio.
Los resultados de la era petrolera
Es mucho lo que se ha escrito para identificar los beneficios y los costos de estos, casi 100 años, que llevamos disfrutando del crudo, sus épocas de auge y de crisis, las que nos dejan una precisa lección de lo que hay que hacer y lo que no, independientemente de los buenos y malos momentos[9], lección que tiene que traducirse en la pregunta ¿Cómo fue que los venezolanos dejamos que todo eso sucediera?, porque, mas allá de todas las inversiones, gastos en educación, universidades, subsidios y misiones, algo sucedió en el camino que borró todos esos beneficios.
También, mucho se ha subrayado la relación entre la magnitud de los recursos financieros que ha aportado el petróleo y los logros obtenidos, para concluir en que ha sido elevadamente desproporcionada la distancia entre unos y otros. Como un recordatorio de esta conexión, la cual consideramos con el valor de prueba ultima, aportamos los siguientes datos:
Lo que sí parece contundente es afirmar que esos resultados no permitieron prosperar a los millones de venezolanos que siguen viviendo muy precariamente y en situación de pobreza[13]. Creemos que ese es el barómetro principal[14] que nos debe guiar a la hora de contestar esa pregunta y la respuesta no puede venir del consabido “cliché” de “la maldición petrolera”, o más sofisticadamente, como alguien lo argumentó en “la maldición de los recursos naturales”[15] porque hoy sabemos muy claramente que la respuesta se encuentra más cerca del modelo organizativo[16] que se adoptó en Venezuela para explotarlo, cuyo nombre y apellido es Estado petrolero.
La pregunta del ¿Cómo?
Tenemos la obligación de cerrar esta propuesta de reflexión con un intento de dar una respuesta al ¿Cómo hacerlo?, porque sobraran los argumentos para defender la inviabilidad de una profunda reforma del Estado Petrolero, comenzando por aquel de como asignar esa propiedad a cada venezolano. Para nosotros la respuesta, sin ser simple, es otorgarle una acción intransferible a cada Ciudadano nacido en Venezuela mayor de edad, del “holding” que es hoy PDVSA, esto es conformando ellos la Asamblea de Accionistas de la industria, en lugar del Estado y quien nos representa allí, el Presidente de la Republica.
El próximo argumento a discutir proviene de la tesis de que ese esquema hace inviable el manejo, la gerencia y la explotación del crudo, lo cual, en nuestra opinión debe resolverse si separamos, como lo es en cualquier sociedad anónima, la propiedad de una empresa, de la forma de explotación y, en este sentido, son innumerables las propuestas de los expertos petroleros que van de la creación de una Junta Directiva[17] representativa de los Ciudadanos propietarios, hasta la creación de la entidad de una Agencia para fines de normas de explotación y una entidad estatal, compartida entre los distintos poderes públicos, para dirigir la política petrolera.
Sin embargo, esta delicada tarea del ¿Cómo?, debe quedar en manos de la experticia que se designe para sugerirla, proponerla y debatirla, pero ella, de ninguna manera debe ser argumento sustantivo para otorgarle a los venezolanos ese derecho que le ha sido negado históricamente.
[1] Usamos la palabra nacionalización consciente de su conversión a estatización.
[2] Goedder, C. “Orígenes de la industria petrolera en Venezuela” Diario Exterior. (abril de 2015).
[4] Recordemos hubo excepciones a esta política, especialmente las que otorgaron los estados, las que luego fueron derogadas y concedidas con el Estado nacional.
[5] Es la época de las “Siete Hermanas”. La postura de los principales actores de la época, Salvador de la Plaza, Uslar Pietri, Pérez Alfonzo, de un lado y de un Gumersindo Torres del otro son buenos ejemplos de esa coyuntura.
[6] Ver contratos de servicio, convenios operativos, para empresas privadas.
[7] Conscientes estamos de la pertinencia de ese poder político en una democracia, pero en Venezuela él se ha exacerbado por el formato de propiedad existente.
[8] Estados Unidos, UK, Canadá son buenos ejemplos de ello. El caso de la OPEP podría ser un contra ejemplo de lo aquí indicado porque todos sus miembros son Estados Petroleros, pero ambos casos pueden considerarse válidos.
[9] En otros ensayos y libros hemos discutido exhaustivamente cuando se sucedieron etapas de prosperidad y de precariedad, ligadas a tres factores que las definen: devaluación del bolívar, aumento de las tasas de inflación y pobreza.
[10] Ross, M. ¿Capitalismo salvaje o Estado depredador? (pág., 29) Alfa, 2008.
[11] Ross, M. “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela” (pág., 237) Amazon,2021
[12] Estimaciones realizadas en el informe Coyuntura de varios años
[13] Son muy conocidas las cifras de pobreza publicadas periódicamente por el informe ENCOVI-UCAB-UCV
[14] No vamos a inundar al lector con los números y resultados económico- financieros y productivos que se han elaborado desde mucho tiempo y, bastaría para convencer al lector, la cifras de producción petrolera que hoy tiene Venezuela, además del reconocido colapso de toda la industria.
[15] Ver Sachs, J. D. y Warner, A. M. (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. NBER Working Paper No. 5398.
[16] Una distinción importante ha de hacerse entre la gerencia de la industria petrolera y la propiedad estatal, porque la primera tuvo éxitos indiscutibles en determinados momentos, pero de la segunda provienen los daños y las crisis que vivió Venezuela. En otros ensayos hemos defendido claramente como la necesidad de mantener ese Estado ocasionó utilizar el método devaluación- inflación-recesión/contracción económica.
[17] Directiva que puede ser conformada por representaciones equivalentes del poder ejecutivo y legislativo o con una participación decisiva de miembros o entidades de la sociedad civil, tal como se ha propiciado con la conformación del Poder Electoral, Judicial o del Poder Ciudadano.
Hemos recibido un sin número de opiniones acerca de esta controversia que, de alguna manera, está “empañando” el ambiente de las elecciones de primarias que debe llevar a cabo la oposición democrática para lograr un candidato único que se enfrente al candidato gubernamental en el 2024. De ese gran número de opinión nos queda la gran duda de cuál de los planteamientos es el más adecuado y conveniente y hay que reconocer que ambos bandos tienen buenas razones detrás de su defensa.
Sin embargo, para optar a uno de ellos, como lo haremos al final de estas notas, nos permitimos colocar un par de criterios que podrían ayudar a despejar las dudas que aún nos asaltan. Por una parte, vamos a apelar al mundo de los principios y, por el otro, al mundo de la eficacia.
¡Si de principios se trata!
Hace tiempo, diría que bastante, desde los tiempos de una de las tesis de Maquiavelo que la política abandonó el mundo de los principios para acogerse al de los intereses y, no nos cabe la menor duda, que este se ha ido imponiendo en Venezuela. Más todavía si de lo se trata es de cómo mantenerse y monopolizar el poder político. Lejos estamos de aquellas ideas que, si bien equivocadas y fundamentadas en arcaicas teorías, esbozaba Chávez. Lejos estamos de aquella visión y aquellos programas que dieron a luz una AD, un COPEI y un MAS, porque de allí en adelante no le conocemos principios, ni programas a los que los sucedieron después, incluyendo al partido que aún nos gobierna.
Por esa razón, invocamos este criterio para evaluar la controversia pues, ¡Si de principios se trata!, estos deberían regir la decisión. Recatamos la autonomía y la privacidad para que los opositores puedan expresar su opinión en este importante momento político y lejos están ambos de la presencia y participación de un CNE, cuya percepción general es que tiene el poder del Estado para imponer reglas, normas y, según muchos, resultados. Que sea o no cierto no es el punto, lo que lo es, es una comprobada experiencia de elecciones dirigidas en sindicatos, gremios, universidades, con un Poder Electoral que tiene la ultima palabra. Por consecuencia ¡Si de principios se trata!, nos acogemos a proteger la autonomía de este evento político.
Rescatamos también la privacidad para el elector la cual, como bien se sabe queda en el medio de la automatización, la telefonía y el teclado. Si un principio fundamental debe estar protegido en esas elecciones es este y si él puede ser defendido y garantizado por todos los participantes, podríamos tener, digamos, unas elecciones genuinas e idóneas que corresponda a la entrega y participación de la gente en asistir y realizarlas, pero decimos: No basta con principios hay que garantizar eficacia.
Hacerlas eficazmente
Uno de los argumentos más preconizado por quienes promueven la participación del CNE es que con este se obtiene la mayor eficacia en su realización, ya que tiene todos los recursos. Por esa razón, hay que preguntarle a quienes la adversan si de verdad pueden, si no garantizarla, al menos procurarla hasta convencer que posee una eficacia equivalente, porque si bien la autonomía y la privacidad deben ser defendidas, esas elecciones tienen que poder ser realizadas con la mayor participación posible. Y en ese sentido, preguntamos:
Finalmente, si quienes defienden unas primarias sujetas a esos principios y a las condiciones de eficacia que señalamos, pueden responder esas preguntas, nos inclinamos por hacerlas sin el CNE. Sobre todo porque su respuesta debería apoyar una mayor participación ciudadana y multiplicar la confianza de una gran mayoría de venezolanos en un evento digno de la defensa de nuestra democracia. ¡Imaginemos unas primarias realizadas de esa manera!
El año pasado publiqué este artículo1 que, creo, tiene plena vigencia, a raíz de las probabilidades de una negociación política sobre nuestro futuro. Ahora lo reitero, porque Venezuela está en peligro de que un destino inercial se le imponga, siga siendo presa fácil del ajedrez internacional y termine organizada bajo el “modelo chino”, que sucumba como “modelo ruso”, que termine como Cuba o que la organicen los intereses políticos y de seguridad interna de los Estados Unidos.
Ninguno de esos destinos concuerda con el supremo interés de la sociedad venezolana de desarrollarse sobre sus propias fuerzas, por lo que es indispensable y urgente promover una reacción para contrarrestar esa inercia. No se trata de promover la autarquía y nuevos nacionalismos, su objetivo es colocar a Venezuela en línea con esquemas actuales de cooperación e integración internacional.
Frente a ese escenario no podemos seguir siendo espectadores pasivos e imagino que esta percepción la comparten muchos venezolanos. Por esa superior razón, invocamos la necesidad de desarrollar una cierta capacidad nacional que tenga como objetivo táctico ofrecer una respuesta independiente frente a ese juego de poderes y, como objetivo estratégico recuperar y consolidar las fortalezas que históricamente han construido la Venezuela que todavía hoy tenemos, a pesar de la masiva destrucción de su economía, de sus instituciones, de su historia, de sus talentos, sus valores y costumbres.
La sociedad civil organizada[2] es la llamada a construir y consolidar sus capacidades, siendo que es ella la que tiene real existencia y revela las verdaderas fuerzas de una sociedad. Sus trabajadores, sus empresarios, sus profesionales, sus maestros, sus médicos, sus medios de comunicación, sus hospitales y escuelas, etc. etc. conforman ese conglomerado que constituye una Nación.
Para lograr el primer objetivo y no quedar sujetos a esos intereses geo – políticos internacionales es imprescindible que ella se exprese y coloque su principal foco de atención en ampliar y profundizar sus capacidades, institucional, cívica, productiva y regionales y locales, tales que sumadas en un todo, consoliden una capacidad nacional que está allí latente y que permitiría una recuperación integral de Venezuela, apoyada por instituciones y gobiernos fundados en principios de auténtica solidaridad internacional y sin necesidad de la tutela de aquellos poderes. Definamos, entonces, cada una de esas capacidades.
Capacidad Institucional.
Solo el hecho de estar la sociedad civil organizada, parcial o totalmente, genera una fuerza que debería ser aprovechada en la dirección que exigimos, pero la pierde y se hace más débil en tanto cada organización se concentra en defender sus intereses legítimos[3], pero que reunidas cada una de ellas en una que las articule reforzaría su poder institucional. Un alegato por sus intereses o necesidades generales, tales como la vigencia de la Constitución, el restablecimiento del orden democrático o del Estado de derecho o, precisamente, si alzara la voz ante la inercia que arrastra a Venezuela, multiplicaría y potenciaría ampliamente su capacidad institucional.
Capacidad Cívica.
Hay derechos preservados en la Constitución y en el Derecho Internacional que pueden servir de base para articular el fortalecimiento de una capacidad de la sociedad civil que, a veces, aparece disgregada y aislada, cuando es solamente tema y referencia de organizaciones especializadas, sea el tema de la salud, de la seguridad social, de los presos políticos o de cualquier otra, que son el objeto de lo que llamamos “Derechos Humanos”, pero que no terminan de vincularse entre ellas. Si se pudiesen entrelazar se elevarían a una categoría de mayor calibre y estaríamos frente a la creación de un concepto más amplio que podemos llamar “Capacidad Cívica”.
La defensa de las instituciones democráticas forma, obviamente, parte de esta capacidad, pero ella queda vacía y solo en un plano formal, si no va acompañada de la plena incorporación en su ejercicio de los sectores marginados o en situación de pobreza Democracia y pobreza no son compatibles. Por tanto, un esfuerzo productivo con gran impacto social en esa dirección contribuiría notoriamente a afianzar las anteriores capacidades.
Capacidad productiva.
Cuando hablamos de “capacidad nacional” podría entenderse que estamos proponiendo un regreso a los esquemas de “independencia y soberanía económica”, derivados de las doctrinas económicas que orientaron los comienzos de la industrialización venezolana, tales como el proteccionismo y la sustitución de importaciones. Nada más lejos de la realidad actual. Venezuela posee un sin número de ventajas comparativas y competitivas[4] basadas, unas en sus recursos naturales y otras en la creación de ellas, que permiten razonablemente consolidar su capacidad productiva.
Ahora que el petróleo no parece ser quien protagonice el crecimiento económico y el Estado pierda un peso equivalente se presenta una excelente oportunidad para que la producción, primero, se independice tanto como sea posible de aquellos y, segundo, se cimente en el desarrollo de sus propias fuerzas y lo haga fundamentándose en reglas de mercado y en el protagonismo del sector privado venezolano. Venezuela debe pasar del modelo mercantilista que la guiò a los criterios, las experiencias y actualizaciones teorías y prácticas que el mundo experimenta hoy día.
Si a esa capacidad productiva se le incluyen reglas del juego que modifiquen sustancialmente componentes tradicionales de distribución del ingreso y de la propiedad, entonces sus promotores deben propiciar una nueva alianza entre el capital y el trabajo coloque el tema de la pobreza como la más alta prioridad para los productores. Si, además, el talento, el conocimiento y la educación son articulados en esta dirección se completa la ecuación productiva. Un último componente cierra este circuito virtuoso: las capacidades regionales y locales.
Capacidades regionales y locales.
Venezuela tiene que volcarse completamente hacia adentro, cerrar el capítulo centralizador y estimular agresivamente el desarrollo de sus regiones y localidades que concuerdan con sus vocaciones económicas. Esta tiene que ser la “columna vertebral” de la capacidad productiva. No se trata, de nuevo, de regresar al modelo “desarrollo hacia adentro”, marcado por el proteccionismo, el populismo y el dirigismo estatal. La coincidencia con las ventajas competitivas que tiene cada región o cada localidad debe garantizar que sean actividades productivas autosuficientes, rentables y sostenibles.
Finalmente, la construcción de una sinergia entre las capacidades institucionales, cívicas, productivas, regionales y locales permitiría que Venezuela construya una capacidad nacional que la aleje del modelo de dependencia del petróleo y de los avatares internacionales que mantuvo a lo largo del tiempo. Venezuela podría convertirse, como muchos otros, en un país normal donde las capacidades internas amortigüen perversas influencias internacionales.
Capacidades, Integración Nacional y Poder Ciudadano.
Convencidos estamos que un futuro promisor para Venezuela pasa por la fuerza y la reconstrucción de su sociedad civil y que esta, en la medida que tenga conciencia de cómo sumar sus capacidades, logre aumentar el peso de su influencia en nuestro destino. Hemos defendido en otro momento y otros escritos la necesidad de construir un modelo de desarrollo que se afinca en una Visión de integración Nacional[5] que reúne lo político, lo económico y lo institucional en una solución sinérgica que fortalecería notablemente la sociedad civil y el Poder Ciudadano con, a nuestro juicio, un gran impacto social.
[1] Este artículo ha sido publicado antes y ahora porque cobra nueva vigencia por el nuevo giro que toma nuestro presente y futuro. Lo hemos modificado ligeramente y añadido un último párrafo para reforzar el planteamiento sobre el Poder Ciudadano.
[2] Llamo Sociedad Civil Organizada a todas aquellas instituciones que se han constituido formal o informalmente y que tienen la propiedad de ser representativas de sus respectivos miembros. Excluyo expresamente a los partidos políticos como miembros natos de ella, para hacer transparente la definición de sus capacidades propias.
[3] Entendidos por aquellos atinentes a su rol: salarios – trabajadores, libre empresa – empresarios, agricultores, industriales, gremios profesionales, etc., etc.
[4] Hablamos de energía barata, alúmina, turismo, agroindustria, metalurgia, derivados de petróleo y aquellas derivadas de una basta experiencia industrial como lo desarrollado en la zona central del país.
[5] Ver: “Venezuela. Elementos de una Visión de Integración Nacional”. Revista Año 2, No.4 del CEINA de la Universidad Monteavila.
Observamos un creciente interés por el tema Ciudadanos y Ciudadanía y por el grado de poder que podrían tener, no solo en nuestro territorio sino fuera de él[1]. Encontramos también un llamado a aumentar su participación en asuntos de interés público, pero sin hallar una fórmula que potencie ese objetivo. En general, y es lo que registramos, su poder se manifiesta, principalmente, a través de la protesta y las demostraciones de calle, dando lugar a la creencia de que esa es su única manera de expresión.
También, desde luego, existen múltiples expresiones de ese poder, cuando contabilizamos las muchas organizaciones de la sociedad civil que lo revelan, tales como los gremios profesionales, los sindicatos, las organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles y políticos que habitan en distintos países pero que, normalmente, se identifican con intereses particulares a ellas y no persiguen un objetivo más general, el cual equipare su presencia activa con el resto de los poderes públicos y con las organizaciones políticas.
En el caso de estas últimas ellas monopolizan esos intereses generales gracias a la representación que ejercen mediante el componente electoral. Nos inspira una frase tomada de la excelente y breve historia elaborada por Derek Heater que dice así:
“Pero si la ciudadanía se reduce simplemente el hecho de presionar unas pocas letras de un teclado (para votar, nota nuestra) ¿no estamos consintiendo la apatía?[2]
En el fondo de lo que se trata es que esas organizaciones, en la medida que se articulen sobre un propósito de mayor alcance y de interés nacional, terminen potenciando la sociedad civil a la que pertenecen. Como consecuencia de lo antes dicho, en estas notas elaboramos una sucinta evaluación de las distintas versiones que hemos encontrado en nuestro país, proponiendo abrir una discusión sobre el tema y exigiendo un mayor peso de los ciudadanos en los asuntos públicos y de interés general. Para comenzar y ubicar a nuestros lectores en el tema presentamos una breve referencia de su evolución a lo largo del tiempo.
Esclavos, súbditos, ciudadanos, súbditos, ciudadanos, ¿súbditos?
Puede extrañar la forma en que iniciamos este modesto examen, pero queremos dar cuenta de cómo fue la trama de esta práctica y este concepto a lo largo de la historia pues, como se sabe, la humanidad ha pasado por todas ellas ilustrando, a nuestra manera de ver, dos asuntos importantes. Por una parte, comprueba que cada una de esas etapas ha sido superada por una constante lucha por la igualdad y la libertad en su más amplio sentido, lo que quiere decir que la “ciudadanía” no se consigue gratuitamente, pero que, a la vez, su consecución no es una garantía de supervivencia.
Por otra parte, y aun a pesar de lo dicho, esa historia revela también que el hecho ciudadano parece tener presente y futuro, a pesar de las amenazas políticas que pesan sobre el género humano con todas esas nuevas expresiones de poder que hoy llamamos “neo-populismo” en sus distintas aristas o del inmenso poder que han tomado los Estados nacionales. Por esa razón, colocamos una interrogante a la palabra súbditos, si acaso la apatía y la pasividad vuelven a triunfar. Sin embargo, aun así la historia nos dice que se pueden sembrar esperanzas de su supervivencia, como bien nos defiende Heater:
“Todo lo narrado en este libro es la historia de una forma de identidad socio política que ha sobrevivido desde el año 700 a.C. hasta el 2000 de nuestra era a través de procesos de continuas metamorfosis. No hay razones, pues, para pensar que la ciudadanía no pueda seguir adaptándose y, por tanto, sobrevivir.” (Pág., 265)
Dicho esto, pasamos a examinar las distintas posturas y exigencias que se han realizado en nuestro medio clamando por un mayor peso y más participación en los asuntos que más nos preocupan, especialmente en lo que respecta al deterioro de nuestro ordenamiento democrático y al nivel y la calidad de vida de la gran mayoría de la población venezolana. Todo ello con el fin de evaluar en qué medida pueden contribuir a aumentar el Poder Ciudadano.
Ciudadanos: ¡Uníos!
Los primeros registros de participación proviene de distintas personalidades e instituciones que han hecho un llamado para que los ciudadanos se unan, como suma de individuos, todos en uno, podría decirse y levanten su voz frente a los acontecimientos que nos acogen. Lo característico y significativo de esta versión es que no se formaliza de manera orgánica y queda limitado a un mero llamado sin potenciar sus fuerzas.
Cuando presentamos esta interpretación no despreciamos el inmenso valor que tiene un emplazado de esa naturaleza, en tanto cada individuo tome conciencia de que su rol en la sociedad va más allá de sí mismo, pero si ese clamor no logra encontrar nichos de representatividad o participación más colectivos, o asociativos pierde su eficacia y potencialidad. Individuos aislados difícilmente incrementan el Poder Ciudadano.
Organizaciones Ciudadanas
Precisamente, para superar esa condición de aislamiento que, desde luego, crea pasividad, apatía y, consiguientemente, desesperanza, ese individuo termina focalizándose y acercándose a alguna organización que se asemeje a sus intereses específicos, comúnmente a los más cercanos verbigracia, la comunidad o la vecindad, pero puede concurrir y asociarse en organizaciones de mayor calibre que tienen un objetivo específico, tales como las de defensa de derechos humanos, civiles, políticos, ecológicos o económicos.
Sin embargo, aun cuando estas organizaciones logran alcanzar un gran efecto en la opinión publica, a nivel nacional e internacional y han propuesto importantes cambios y resultados en distintos frentes de la acción humana y gubernamental, tienen la debilidad de que su basamento defensivo y conceptual es, esencialmente, de orden moral y ese, que debería ser su gran poder potenciador, termina opacado o atenuado por la comparativa e inmensa influencia y capacidad de los gobiernos y los Estados.
En nuestro caso, un sinnúmero de organizaciones de ese tipo logran sobrevivir apenas, porque su autonomía no se fundamenta en la posesión de recursos propios y requieren de apoyos externos, nacionales o internacionales, frente a las arremetidas de un Estado que lo tiene todo en su sus manos y en su haber. Además, por sus características propias, no se consolidan en una organización más amplia, de un objetivo general. Queda solo, en su defensa, ese poder moral a que aludimos, pero sin la consiguiente contrapartida que logre equipararlas a otros poderes. De nuevo, nadie puede negar el significativo efecto que tienen en mejorar sustantivamente la práctica de los hechos que defienden, pero difícilmente pueden pasar de allí.
Ciudadanía y capacidades
Obviamente, de lo antes dicho y de la experiencia histórica se desprende que su fuerza y poder dependen de qué tipo de capacidad acumulan. Nos sirve de ejemplo la presencia ciudadana que se encuentra en gremios que la tienen como es el caso de los sindicatos que representan la fuerza laboral que mueve un país. Razón por la cual se volvieron tan poderosos. Otros gremios representativos de capacidades son, desde luego y en primer lugar, los empresariales quienes poseen la contrapartida económica del capital y de allí su también poderosa influencia.
Después de ellos, apelando al mismo criterio que va más allá de un componente moral o ético, están los gremios profesionales de médicos, abogados, docentes, etc., etc., a lo que se suma hoy, el poseer conocimientos y tecnologías como fuerzas propulsoras, las que, sin duda, son formas muy representativas de poder ciudadano. Solo, de nuevo, que este queda limitado a sus fines específicos. Una suma de ellos, articulados sobre un objetivo más amplio podría potenciarlos adicionalmente.[3]
Poder Comunal
Otra de las expresiones de ese poder es el que va desde la Asociación de Vecinos hasta la ahora recreada Comuna, pero debemos tener en cuenta lo que nos dice la historia cuando se trata de evaluar las capacidades y condiciones de existencia de una y otra. Las primeras, la de los Vecinos toma auge por la consolidación de las grandes ciudades y por la existencia de problemas comunes a ellos de menor envergadura. La Comuna, por su parte, refresca el ambiente de los pequeños pueblos de la antigüedad, más de carácter rural que urbano que precedieron a las nuevas ciudades.
Al evolucionar la sociedad hacia lo nuevo, a la Ciudad y a la Ciudad-Estado y al Estado Nacional, la Comuna, aunque permanece, dejó de tener la misma influencia. El Gobernador y el Ayuntamiento fueron sustituyéndolas en poder o cobijándolas cuando las ciudades y los Estados crecieron.
En el caso venezolano, el intento de regresarle poder a la Comuna se debilitó por dos vías. En primer lugar, por la poca vigencia misma que posee, dada la magnitud y calibre de los problemas que aquejan a una sociedad moderna como la nuestra, la que exige soluciones de tamaño “nacional” para superarlas, En segundo lugar, y quizás más importante que lo anterior, fue su extrema supeditación al Estado y su subordinación política al partido de gobierno.
Poder Ciudadano en la Constitución vigente
Enfrentamos ahora la ficción de “poder” que se insertó en la Carta Magna, el cual proviene del rescate del ideario de Bolívar con lo del Poder Moral Republicano, en el que se privilegia el valor ciudadanía cuando se crean las figuras del Defensor del Pueblo y del Fiscal quienes, se supone, representarían genuinamente la voluntad del colectivo, pero bajo la circunstancia, que de entrada mina su poder, por su afiliación y dependencia del Estado venezolano.
Por un lado, porque sus recursos financieros provienen del Presupuesto Nacional, con lo cual están sujetos a las aprobaciones respectivas del Poder Ejecutivo y del Legislativo[4]. Por el otro, porque los funcionarios designados para ejercer esos cargos, si bien provienen de decisiones y postulaciones de “diversos sectores de la sociedad” terminan siendo elegidos por el Legislativo, quien tiene la potestad de removerlos de sus cargos o, inclusive si esas postulaciones no se materializan, termina designándolos.[5]
Las otras expresiones de poder ciudadano en dicha legislación se reúnen en su Capítulo IV en el que se encuentran las figuras del Referendo, la revocatoria de mandatos, las asambleas de ciudadanos, el cabildo, etc. etc.” cuyas decisiones serán de “carácter vinculante”, como allí se indica.[6] De todas ellas, solo una, el Referendo ha sido ejercido pero, como bien sabemos, su puesta en práctica muy contaminada por su elevado componente político y por los otros poderes. Como se puede comprobar fehacientemente ese “poder ciudadano” resulta en una ficción dentro de la Constitución vigente.
Poder Ciudadano
Una vez realizado este repaso por la historia de la Ciudadanía y las distintas expresiones que hemos podido explorar en nuestro medio, cabe hacerse la pregunta de qué contenidos y condiciones debería tener una autentica representación de Poder Ciudadano. Decimos, entonces, que no basta con apelar a todos los ciudadanos, individualmente encarnados, si estos no cuentan con un mínimo de organicidad y asociación que los agrupe y que tampoco basta con poseer todo el peso de un poder moral para que esa Ciudadanía tenga la fuerza necesaria y hacerse valer frente a los restantes poderes.
También la historia nos deja otra primera lección, cuando capacidades, privilegios y propiedad forman parte de su fortaleza y progreso. Como consecuencia de lo antes dicho, a esa fortaleza moral hay que añadirle capacidades intelectuales, profesionales o económicas para que tenga el poderío y la robustez necesarios. Desde luego, lo que otra vez la historia nos comprueba es el que el dúo propiedad y ciudadanía están esencialmente atados y que, sin esta combinación, las posibilidades de ejercer un efectivo Poder Ciudadano se ven limitadas. En el caso venezolano peor todavía.
Poder Ciudadano y Poder Estatal
Un breve inventario de las relaciones de propiedad entre el Estado venezolano y sus ciudadanos lleva a un profundo desbalance porque, se podría decir, que ese Estado “lo tiene todo”, como veremos más adelante. Comencemos con lo principal: el petróleo del que se ha apropiado completamente y donde la participación ciudadana es inexistente. Se comprenderá, que esto de Poder Ciudadano sin afectar esa propiedad es, más allá de ingenuo, engañoso.
Luego, para completar el cuadro es bueno saber que el Estado venezolano es dueño de entre 46% y 50% de la propiedad venezolana, especialmente la agraria, según distintos autores[7] Seria demasiado evidente concluir en que, sin enfrentar esta cualidad del Estado venezolano poco se puede avanzar en construir Poder Ciudadano.
Para concluir
Nadie desea que esta realidad se concrete de una vez y menos con las malas experiencias “revolucionarias”, por lo que promover una ruta de secuencias, de pasos que alcancen al final el objetivo deseado es lo que se propone. Por esta razón, poder moral, sumado a capacidades, a una mayor organicidad de los ciudadanos, aunada a cambios sensitivos en el sistema de propiedad, comenzando con el estatal, pero no dejando de lado el resto, puede progresivamente hacer valer la tesis de un más poderoso y más influyente Poder Ciudadano.[8] Lo más importante es tener clara conciencia de los objetivos, valores y medidas que deberían unificarnos.
[1] Algunas referencias internacionales lo comprueban. Solo como ilustración el auge de Ciudadanos en España, la apelación de Macron a ellos en su primera elección. El Movimiento de los “Indignados”
[2] Derek Heater. “Ciudadanía. Una breve historia” Alianza Editorial, 2007. (pág. 259)
[3] Siempre decimos que nos gustaría ver a los médicos defendiendo a los ingenieros y viceversa.
[4] Articulo 273 El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable.
[5] Articulo 279
[6] Articulo 70
[7] Ver Ross, M, el “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela”. pág. 87/89
[8] La propuesta de una Plataforma Cívica, sumada a las tesis de Construcción de Ciudadanía y los experimentos comunitarios no politizados pueden ofrecer un camino de soluciones.
Me atrevo a incurrir en este delicado y peligroso terreno de la coyuntura actual, aun a pesar de que esta propuesta no tenga eco en el mundo político, pero quizás si en de la sociedad civil. Creo que valdría la pena evaluar fría y reflexivamente la conveniencia de renovar todos los poderes públicos en un momento dado, mientras más pronto mejor. Aporto varias razones en favor de esta idea:
1ª. A partir de 1999 todas las elecciones nacionales, excluyendo la presidencial de 1999, y las regionales han estado sujetas a diferentes cuestionamiento que permiten concluir en que los poderes elegidos, todos, han sido rechazados por cada uno de los actores políticos, lo cual nos coloca en posición de afirmar la necesidad de ir a un proceso político electoral en el cual se renueven todos los poderes públicos y donde la población pueda expresar libremente su opinión y los legitime consensualmente. Una elección en la que todos estén representados y puedan así ser elegidos,
2ª. Más allá de la elección presidencial la que, desde luego, tiene importancia capital por el peso del “híper- presidencialismo venezolano, es relevante evaluar la situación actual del resto de poderes públicos, cuando, de ambos lados se cuestionan severamente las dos Asambleas Legislativas y sus respectivo Poder Judicial. Si una situación como esa se mantiene, el País se coloca en el borde de un entorno Institucional consiguientemente conflictivo que paraliza e inmoviliza, no solo a los actores políticos envueltos, sino, lo que es peor, a Venezuela en su totalidad,
3ª. Siendo que la elección de la Asamblea del 2015 fue confirmada y aceptada por el organismo electoral y por las autoridades gubernamentales y de ella se constituyeron poderes colaterales, tal como fue caso del “Gobierno Interino”, la reacción gubernamental fue oponerle las tesis originadas en el Poder Judicial y luego producir la elección Presidencial y de la Asamblea, no reconocidas, creando una innegable crisis institucional con dos Cámaras Legislativas, dos Poderes Judiciales y dos Poderes Ejecutivos. Una situación que, desde luego, tiene paralizadas a ambas partes y al País en su totalidad,
4ª. Y ultima. Por razones estrictamente practicas sugiero que esas “mega elecciones” se realicen en el 2025 para no interrumpir la secuencia de la elecciones presidenciales, incluyendo particularmente las primarias que debe realizar la oposición democrática, pero si fuera posible y conveniente, por razones técnicas, realizarlas en en 2024 no me opondría.
Percibimos a nuestra sociedad envuelta en un sin número de eventos que, por mínima lógica podemos llamar “trampas”, unas de carácter económico, otras de tipo político y las demás, que es lo peor, una gama de ellas insertas en la sociedad misma, que van desde la precariedad económica y la creencia al bienestar temporal, hasta el desasosiego, la desesperanza y los temores a la movilización y la protesta. Creemos que describen nítidamente la Venezuela de hoy y la inhiben para encontrar salidas.
Por consecuencia, parece tener sentido intentar una caracterización que pueda contribuir en la búsqueda de soluciones para luego identificar como se vinculan unas a otras y se articulan para mantenernos inmovilizados, porque vemos a Venezuela apresada por nudos que le impiden edificar una solución de País, de Nación, de Estado para la gran sociedad que somos.
Pertinente puede ser, entonces, examinar cada una de esas trampas, ver como se combinan para entrampar a Venezuela toda. La primera que nos paraliza es el inmediatismo.
Inmediatismo y juego táctico
Asombrará a los lectores que comencemos por esta. Nos referimos a esa perspectiva temporal que forma parte de nuestra cultura y que, por lo que vemos, compartimos todos los venezolanos. El inmediatismo, el corto plazo y medidas tácticas nos dominan para resolver problemas.
En el Gobierno es evidente con el manejo de la crisis económica, porque nunca ideó una solución estratégica y descansó en los ingresos que, espontáneamente, le proporcionaron las remesas recibidas[1] y el aumento de los precios petroleros originados por la invasión rusa. Obligado por esas circunstancias y por la convicción de que el método anterior lo llevaba al colapso se adhirió a la apertura y a cierta creencia en el mercado. Aranceles e impuestos a discreción para importar, permitieron bodegones y tiendas que animan y crean esa sensación de bienestar que se está viviendo. Espectáculos y recreación completan el juego táctico.
Centrado como está en el tema de las sanciones su única expectativa es que estas se alivien o se liberen y se aprueben más licencias que atraigan inversiones y aumenten la producción y las ventas del crudo, porque todo se apuesta a la inmediatez y los beneficios de esa salida, dejando a Venezuela, otra vez, enganchada y subordinada al milagro petrolero.
En lo político su juego se centra en ganar tiempo en las Negociaciones, en ese “tira y encoge” que utiliza reiteradamente para acercarse a unas elecciones en que reine ese ambiente de bienestar que aludimos. El cambio, bien significativo de la simbología del “rojo rojito” y la República Bolivariana, al muy bien calculado énfasis en el nombre Venezuela y al “Juntos Podemos”, ilustra un intento de reconciliar que pareciera estratégico, pero si se le suman presos, control político, amenazas y ataques revela su apuesta táctica. No hay, en el Gobierno, repetimos, señales de un proyecto nacional que extraiga a Venezuela de la inmediatez y que ponga la mira en el encuentro de todos.
En los partidos políticos, de un lado y del otro, lo que se percibe es el ataque continuo, la descalificación y la exclusión como regla del juego. Desde el lado de los gubernamentales, abandonados están todos aquellos mensajes estratégicos de los “motores de la Revolución”, de la Venezuela “potencia energética”, para aterrizar en meros cambios ministeriales y en la clara intención de lograr un cuadro electoral favorable a su permanencia en el poder. Encerrados en sus misiones, en sus CLAPs o en el subsidio, el asunto es mantener a la población subordinada y sin respuestas al mundanal de miseria, miedo y conformismo que crearon.
Del lado de la oposición democrática el cuadro no puede ser peor, enfocados únicamente en el tema de las primarias. Algunos haciéndole “carantoñas” al Gobierno y otros claramente enfrentados a este, pero dejando la imagen de grandes discrepancias en el terreno meramente táctico, sin dejar saber que se proponen hacer con el país, más allá del 2023. Obviamente, la confusión y la desconfianza reinan en el plano de la opinión pública y en la población en general. La pregunta vuelve a ser: ¿votas o no, te abstienes, con o sin CNE? y paremos de contar.
Del lado del resto de la sociedad se observa una situación similar, porque el más de los ricos disfruta esta bonanza inesperada que lo lleva a hurgar en cuanto negocio o “emprendimiento” acomete para aprovecharlo y extenderla cuanto se pueda. El lema “hay que sobrevivir” está por encima de todo y con toda razón. La consigna es dejar eso de la política para otros, aunque la democracia esté en juego. La conjura “Venezuela abierta al futuro” se va imponiendo.
Mientras tanto el más de los pobres tiene que agenciárselas para sobrevivir en el mundo de las pensiones, del salario mínimo, las subvenciones o el Carnet de la Patria. Si es cierto, como lo indican los datos de ENCOVI, que los niveles de pobreza siguen estando allí, que no han disminuido, mal se le puede pedir que piensen en algo más allá y esa gran masa de población se atenga solo a sobrevivir. Enfrentamos un inmediatismo sobre determinado por la precariedad económica que, como vemos, nos atrapa e inmoviliza. A ello se agrega nuestra clásica cultura inclinada a soluciones simples y únicas
La conducta de la “carta única”
Otra de las trampas en la que estamos envueltos es esta la de asumir una carta política para todo. Con las primarias y las elecciones del 2024 volveremos a la normalidad, sea quien sea quien gane, pero sin saber que nos depara el destino. Del lado del Gobierno, sabemos, que su única carta es mantenerse en el poder, del lado opositor destronarlo. Todo encerrado dentro del terreno táctico de lo político, porque este no parece dar más de sí mismo. Eso que debería ser su interés primario, sus ideas y programas sobre el presente y el futuro de Venezuela, está fuera del juego.
Lo más grave es que esa “trampa” la creamos nosotros mismos cuando delegamos toda solución país a los partidos políticos. Esta sistemática conducta de la sociedad civil ha conducido al falso dilema de participar o no en la política, como si esta fuera predio solo de los partidos, cuando la suerte del país está más en nuestras manos, que en la de ellos. La confluencia del Estado petrolero y el interés de los partidos políticos conllevan a una entrega total del poder en sus manos.
La sociedad civil ha renunciado a ejercer sus derechos como Nación, como dueños que somos del trabajo, del capital, de los recursos y del talento venezolano. Si la política es el buen manejo de un país en algo le incumbe a la sociedad civil ocuparse de ella, sin pretender, lo hemos dicho, sustituirlos, pero si complementarlos debidamente, hacerle seguimiento efectivo a cada gobierno. Salir de la trampa de la política como única herramienta es indispensable para encontrarle una ruta duradera al país que proporcione bienestar para todos. Lo que pasa y pueda suceder en el terreno económico es vital para encontrar esa ruta.
La economía
Ni el Gobierno puede sacar a Venezuela del marasmo económico que el mismo creó, ni puede hacerlo la oposición. No pueden solos y necesitan el concurso de empresarios, profesionales, trabajadores, empleados y todo eso que bien se llama sociedad civil. El Gobierno no puede porque requiere de unos recursos financieros que no tiene y que están siendo limitados, no solo porque los despilfarró groseramente y por el régimen de sanciones, sino porque la comunidad financiera internacional no tiene confianza en él. No puede endeudarse ya que ha incumplido con demasiadas obligaciones y contratos que bien lo identifican. Acreedores, expropiados y tenedores de bonos lo confirman.
Tampoco se atreve a abrirle camino sano y completo al sector privado venezolano porque le tiene “ojeriza” y lo considera su enemigo estratégico, al menos mientras mantenga su diluida tesis del socialismo del siglo XX. Como sabemos, sin agricultura, agroindustria, manufactura y comercio no hay país que se sustente y, también sabemos, que con solo petróleo no basta para crear una economía sostenible y duradera.[2] El Gobierno está entrampado porque no admite de verdad poder trabajar con todos.
La oposición democrática, obviamente tampoco puede porque no maneja recursos. Podría, de ganar las elecciones, reconstruir la confianza y la pluralidad política y así recurrir a la comunidad internacional en busca del apoyo financiero necesario para reparar los daños e iniciar una era de reconstrucción, pero tiene que ganarlas y otra vez regresamos a la trampa de la “carta única”.
Para que la economía tome el rumbo que todos deseamos, el de una visión amplia y compleja, ese proceso no puede quedar solo en manos de partidos y gobiernos. Esa responsabilidad vuelve a recaer en quienes poseen el talento, el capital y el trabajo, esto es en la sociedad civil organizada, pero esta tiene que desprenderse de sus atávicos hábitos y de su extrema subordinación al Estado. Tiene que salir de esa trampa en que está hoy de cooperar, enfrentarse o asociarse con los nuevos actores y, para ello, tiene que tomar la iniciativa de proponerse una poderosa alianza cívica que vaya más allá de lo cotidiano, salga del inmediatismo y la táctica y se concentre en una estrategia y un programa realista para el presente y el futuro de Venezuela.[3]
Intereses foráneos
Para colmo de males estamos entrampados en el juego político y económico de las grandes potencias o de sus apéndices, del que sabemos no podemos escapar, pero que si podríamos atenuar si no todo queda en manos de gobiernos y partidos. De nuevo, una Venezuela más autónoma es posible, si logramos como hemos repetido incesantemente, reducir nuestra dependencia del drama petróleo que parece ser nuestro único destino. La oportunidad de mitigar o moderar ese status quo proviene de la capacidad y la participación de la sociedad civil organizada en crear una economía mucho más diversificada.
No sabemos si hemos logrado el objetivo de transmitir a la opinión publica los argumentos que sustentan esta idea del cómo estamos entrampados, porque a ello se une el clamor de lo que escuchamos todos los días: La desesperanza que arropa un sentimiento de resignación, el exilio y la diáspora que poco pueden hacer desde lejos, las manifestaciones de calle que se convierten en la única vertiente de protesta civil y que, tan pronto como aparecen, son apagadas por el ataque policial o por las ofertas monetarias. A ellas se añade el excesivo peso individualista de las redes sociales que limitan la creación de opiniones más colectivas y, al final, algunos intentos que presumen de analíticos de la situación que vivimos y que terminan en meras descripciones de hechos.
Venezuela atrapada
Concluimos estas reflexiones con el convencimiento de que nuestro país no podrá alcanzar el largo y complejo camino de la recuperación si no logra levantar las restricciones que imponen las trampas que hemos descrito. ¿Cómo hacerlo? No lo tenemos claro, pero si creemos, que identificándolas podríamos, quizás, contribuir a encontrar soluciones.
También ratificamos la opinión de que el “juego” está en las manos de nuestra sociedad civil, de las iniciativas propias que pueda tomar, sin la pretensión de sustituir partidos o gobiernos, pero si ofreciéndole a ellos y a todos los venezolanos un programa y una Visión que nos extraiga de ese universo de trampas en que estamos envueltos.
[1] Fue esa economía privada la que, paradójicamente, le ayudó a salir de su crisis de ingresos.
[2] Ver mi artículo sobre los riesgos económicos y políticos de una Venezuela Petrolera. recién publicado en los medios nacionales.
[3] Las asociaciones empresariales han presentado varias veces planes en esa dirección, pero no terminan de evidenciar en su práctica más autonomía frente al Estado.