No puede caber la menor duda de que si queremos construir un influyente y poderoso Poder Ciudadano o Cívico, tal como hemos estado defendiendo en artículos anteriores, el tema de la propiedad del petróleo tiene que ser parte de la agenda civil y política y debería ser evaluado profundamente. Obviamente, en la medida que se mantenga la inercia de la propiedad estatal del suelo y del subsuelo y la participación de los particulares venezolanos, sea como individuos o asociaciones, esté, prácticamente vetada, las posibilidades de construirlo son muy limitadas, si ni siquiera puede acceder a la propiedad de nuestro principal recurso.

En este artículo deseamos provocar una reflexión sobre el tema que llegue a toda la sociedad venezolana, a las autoridades gubernamentales, a los partidos políticos, a las universidades y gremios profesionales pero, muy particularmente al venezolano común quien, muy posiblemente, desconozca esa problemática y no sepa que él es el verdadero y autentico propietario de tan valioso recurso. Sabemos, que un propósito de esta naturaleza conlleva un tema sumamente controversial, dada la historia y la significativa presencia que el petróleo ha tenido y tiene en la vida venezolana, pero también es pertinente reconocer que es indispensable debatirlo para bien de la sociedad venezolana.

¿Se justifica este planteamiento?

Conscientes estamos de lo delicado del tema, pero a la vez consideramos que debe ser examinado porque la experiencia de este formato de explotación del crudo nos ha llevado hasta la situación actual. Con toda razón se puede decir, que la absoluta ausencia de participación y control del venezolano sobre el desarrollo de su principal industria, está en la base de este cuestionamiento porque, si bien su explotación ha sido causante de etapas de crecimiento y bienestar económico generalizado, también lo ha sido de crisis que han afectado severamente la vida y las instituciones de nuestro país.

No se trata de repetir las pretéritas frases del “petróleo estiércol del diablo” o la “bendición o maldición petrolera” porque, en realidad el trasfondo del asunto está en la forma en que el Estado lo ha manejado, cuestión que tiene demasiado que ver con el concepto de propiedad que hemos aceptado pasivamente. En ese sentido, la intención de estas notas es extraer la discusión fuera de los clásicos “clichés”. Por ejemplo, de un lado: el “petróleo es de los venezolanos y para los venezolanos” o “el petróleo es del pueblo” y del otro lado “hay que privatizarlo”, nociones las tres, que han hecho mucho daño a la hora de enfrentar el problema con mayor objetividad.

Unas, porque trasladan ese concepto de propiedad a una eufemística entelequia institucional, en la que nadie es propietario de nada y otras porque crean la percepción de que esa posesión será transferida a algunos pocos muy poderosos o a empresas extranjeras, revirtiendo los beneficios de los procesos de nacionalización llevados a cabo, ampliando el control nacional de la industria, pero, sobre todo porque ocultan la realidad de quien es su verdadero dueño.[1] Una breve historia puede ayudar a disipar, en esa entrañable maraña de decretos y leyes que lo rigen, como nos fuimos acostumbrando y aceptando el “status quo” de la propiedad estatal de nuestro petróleo.

Una breve historia.

Como es bien sabido y repetido toda esa trama se origina en el famoso Decreto del Libertador en el que se traslada el formato institucional de la propiedad colonial al de la reciente creada República independiente. Textualmente, dice así: [2]

“el 24 de octubre de 1829, restándole poco más de un año de vida, El Libertador Simón Bolívar, presidente de la República, decreta que se mantengan las Ordenanzas de Minería coloniales de 1783, de tal modo que la propiedad de las minas correspondería a la República, conservando la tradición legislativa de la Corona Española en esta materia.”[3]

Desde luego, con un origen de ese peso en la historia venezolana es muy difícil cuestionar la bondad de la decisión y la sagrada opinión, pero lo cierto es que ya ha pasado mucho tiempo y demasiados trances que bien vale la pena interrogarse sobre una verdad convertida en axioma indiscutible, aun cuando hay que reconocer que las vicisitudes y acontecimientos que estuvieron presentes en aquel momento y luego, cuando el petróleo llegó a Venezuela, bastante justificaron que nos quedásemos adheridos a ese concepto.

De un lado, al hecho de que recién salíamos de una cruenta guerra y, del otro, la incursión de las grandes compañías internacionales produjo una especie de nacionalismo que solo podía tener cobijo en el naciente Estado. Por una parte, no se les otorgaban concesiones[4] a los enemigos de la guerra y a la provincia donde estaban y, por la otra, la explotación del recurso tenía tales características y tal tamaño, que obligaba a balancear el poder de las grandes compañías.[5] No es de extrañar, entonces, que el país se acogiera a la formula estatista. Todas las regulaciones posteriores sobre la materia siguieron esta pauta hasta culminar con la nacionalización de 1975, que viene a ser la exegesis de la inercia de la propiedad del Estado venezolano sobre el recurso petrolero.

Criterios que pueden ayudar a entendernos

Ofrecemos tres criterios para evaluar la conveniencia de mantener el mismo sistema hasta hoy día. Por un lado, partir de la relación de los ciudadanos con la noción de propiedad, por el otro, analizar la conexión entre Nación y Ciudadano y, finalmente, repasar los resultados económicos, políticos y sociales de la propiedad estatal.

La relación Propiedad – Ciudadano.

Si repasamos brevemente la historia de la humanidad, en su lucha por la igualdad y la libertad, esta ocupa el primer lugar en la fila en sus principales reivindicaciones y no es posible concebir la idea de Ciudadanía sin apelar a su sustento en los derechos de propiedad. Sabemos muy bien que estos han evolucionado, tanto en la realidad, como en la práctica, así como en las distintas concepciones jurídicas que han marcado épocas. Sabemos también que, desde los tiempos de los tratadistas clásicos hasta los más modernos esa relación ha estado presente en la constitución de cada modelo de sociedad.

Por tanto, a los fines de estas notas, es imprescindible revisar este tema y reconocer los derechos que le han sido negados a los venezolanos en la propiedad de su principal recurso, pues el dominio de la supremacía del Estado, altamente asociada a las ideas de propiedad social que han abanderado en el mundo político y en las que se ampara todo el derecho legal petrolero han evitado, salvo honrosas excepciones[6] que los ciudadanos y sus representaciones o asociaciones de ellos, puedan participar o tener incumbencia en su propiedad, manejo y control.

Por consecuencia, está llegando la hora de que esos derechos sean reconocidos, pues en la práctica, de este formato institucional deriva que las operaciones medulares de explotación del crudo estén reservadas exclusivamente a PDVSA y no puedan ser realizadas por ciudadanos venezolanos o sus asociaciones, salvo en aquellas en las que esta conserva la propiedad y el control mayoritario del poder accionario.

¿Quién es el verdadero dueño?

Las Repúblicas, los Estados y las Naciones están, como es natural y lógico suponer, habitadas por gente, por ciudadanos y, sin lugar a dudas, al final del camino son estos los que terminan siendo los autores y actores de lo que en aquellos sucede, solo que para llegar allí el ser humano ha diseñado el marco legal que lo dirige. A veces, ese marco los representa, a veces no y de lo que se trata aquí es evaluar, repetimos, si ese orden en la materia petrolera concuerda con los intereses de la gente, de los Ciudadanos que habitan en este país.

La Republica y el Estado han sido creaciones abstractas y normativas de los seres humanos, mientras que la noción de Nación es más amplia y se acerca más a la realidad porque la conforman costumbres, historia, vínculos especiales, con lo cual, se puede concluir en principio que, aun cuando sigue siendo una abstracción, es más representativa de la vida de quienes la habitan que las entidades anteriores.

La Nación es el todo, la Republica y el Estado son parte de ella. Por tanto, estas dos últimas están construidas sobre un ordenamiento político y jurídico que puede cambiar a juicio de sus ciudadanos y según sus intereses, especialmente cuando se trata del tipo de Estado que hemos heredado y que provino de aquellas condiciones iniciales. La sociedad ha venido cambiando, en tanto que ese Estado quedó petrificado en su formato original y, probablemente hoy no representa el interés de sus nacionales. Veamos, entonces, hasta donde hay correspondencia entre una cosa y otra.

El Estado Petrolero

También llamado “Petro-Estado”, su nombre significa que ese ente se reserva exclusivamente la propiedad del suelo y subsuelo donde se explota el mineral, como una norma institucional y constitucional. Por consiguiente, las entidades jurídicas que derivan de él, empresas públicas o mixtas, han de ser de su exclusiva propiedad o compartida, siempre prevaleciendo el principio de mantener el Estado en ellas una mayoría accionaria. Ubicamos al lector en ese terreno porque, si bien ese formato es cierto y el Estado Petrolero se define y caracteriza por ello, bastaría una reforma jurídica para cambiar ese derecho de propiedad pero, en nuestra opinión, de él deriva toda una gama de intereses que rebasan la estricta concepción jurídica.

De hecho, tiene un muy fuerte componente político y geopolítico, como todos sabemos. De todos ellos, deseamos destacar la coincidencia de intereses de los partidos políticos que han gobernado a Venezuela y esa exclusiva propiedad, porque ella, precisamente, garantiza el monopolio en ese poder[7], sea con el método de la alternancia o, como lo es ahora, en su versión monopólica. La connotación que esto tiene, a los fines de definir quién es el dueño de nuestro petróleo es más que evidente, porque trasladar efectivamente la propiedad a los venezolanos afecta considerablemente a los partidos políticos, todos ellos, por cierto, muy adheridos al concepto de Estado Petrolero.

La otra connotación que tiene esta versión es que se crea una especie de dilema entre el interés nacional y el del Estado propietario, bajo el supuesto de que solo un Estado así definido garantiza aquel interés, especialmente en el campo de la geopolítica internacional. Estaría demás informar cómo, países donde el petróleo no le pertenece al Estado, logran configurar exitosamente su política internacional[8], de manera que no existe una necesaria identidad entre ambos intereses. Además, como veremos más adelante, la separación que han venido proponiendo varios expertos en el tema despeja ese aparente dilema. De todos los criterios sugeridos el de los resultados que se han obtenido con ese formato son más que evidentes de la necesidad de un cambio.

Los resultados de la era petrolera

Es mucho lo que se ha escrito para identificar los beneficios y los costos de estos, casi 100 años, que llevamos disfrutando del crudo, sus épocas de auge y de crisis, las que nos dejan una precisa lección de lo que hay que hacer y lo que no, independientemente de los buenos y malos momentos[9], lección que tiene que traducirse en la pregunta ¿Cómo fue que los venezolanos dejamos que todo eso sucediera?, porque, mas allá de todas las inversiones, gastos en educación, universidades, subsidios y misiones, algo sucedió en el camino que borró todos esos beneficios.

También, mucho se ha subrayado la relación entre la magnitud de los recursos financieros que ha aportado el petróleo y los logros obtenidos, para concluir en que ha sido elevadamente desproporcionada la distancia entre unos y otros. Como un recordatorio de esta conexión, la cual consideramos con el valor de prueba ultima, aportamos los siguientes datos:

• Desde 1950 hasta el 2007 se habían recibido US 674.435 millones a precio corriente y US$ 1.329.132 millones a precio constante[10],
• Como contraste, para referir la época más reciente, de 1999 al 2012 se habían recibido US$ 779.415 millones a precios corrientes[11]
• Entre 2012 y 2021 hemos estimado[12] se han recibido en el orden de US$ 305.687 millones, cifra nada despreciable a pesar de la reducción de los últimos años.

Lo que sí parece contundente es afirmar que esos resultados no permitieron prosperar a los millones de venezolanos que siguen viviendo muy precariamente y en situación de pobreza[13]. Creemos que ese es el barómetro principal[14] que nos debe guiar a la hora de contestar esa pregunta y la respuesta no puede venir del consabido “cliché” de “la maldición petrolera”, o más sofisticadamente, como alguien lo argumentó en “la maldición de los recursos naturales”[15] porque hoy sabemos muy claramente que la respuesta se encuentra más cerca del modelo organizativo[16] que se adoptó en Venezuela para explotarlo, cuyo nombre y apellido es Estado petrolero.

La pregunta del ¿Cómo?

Tenemos la obligación de cerrar esta propuesta de reflexión con un intento de dar una respuesta al ¿Cómo hacerlo?, porque sobraran los argumentos para defender la inviabilidad de una profunda reforma del Estado Petrolero, comenzando por aquel de como asignar esa propiedad a cada venezolano. Para nosotros la respuesta, sin ser simple, es otorgarle una acción intransferible a cada Ciudadano nacido en Venezuela mayor de edad, del “holding” que es hoy PDVSA, esto es conformando ellos la Asamblea de Accionistas de la industria, en lugar del Estado y quien nos representa allí, el Presidente de la Republica.

El próximo argumento a discutir proviene de la tesis de que ese esquema hace inviable el manejo, la gerencia y la explotación del crudo, lo cual, en nuestra opinión debe resolverse si separamos, como lo es en cualquier sociedad anónima, la propiedad de una empresa, de la forma de explotación y, en este sentido, son innumerables las propuestas de los expertos petroleros que van de la creación de una Junta Directiva[17] representativa de los Ciudadanos propietarios, hasta la creación de la entidad de una Agencia para fines de normas de explotación y una entidad estatal, compartida entre los distintos poderes públicos, para dirigir la política petrolera.

Sin embargo, esta delicada tarea del ¿Cómo?, debe quedar en manos de la experticia que se designe para sugerirla, proponerla y debatirla, pero ella, de ninguna manera debe ser argumento sustantivo para otorgarle a los venezolanos ese derecho que le ha sido negado históricamente.

[1] Usamos la palabra nacionalización consciente de su conversión a estatización.

[2] Goedder, C. “Orígenes de la industria petrolera en Venezuela” Diario Exterior. (abril de 2015).

[4] Recordemos hubo excepciones a esta política, especialmente las que otorgaron los estados, las que luego fueron derogadas y concedidas con el Estado nacional.

[5] Es la época de las “Siete Hermanas”. La postura de los principales actores de la época, Salvador de la Plaza, Uslar Pietri, Pérez Alfonzo, de un lado y de un Gumersindo Torres del otro son buenos ejemplos de esa coyuntura.

[6] Ver contratos de servicio, convenios operativos, para empresas privadas.

[7] Conscientes estamos de la pertinencia de ese poder político en una democracia, pero en Venezuela él se ha exacerbado por el formato de propiedad existente.

[8] Estados Unidos, UK, Canadá son buenos ejemplos de ello. El caso de la OPEP podría ser un contra ejemplo de lo aquí indicado porque todos sus miembros son Estados Petroleros, pero ambos casos pueden considerarse válidos.

[9] En otros ensayos y libros hemos discutido exhaustivamente cuando se sucedieron etapas de prosperidad y de precariedad, ligadas a tres factores que las definen: devaluación del bolívar, aumento de las tasas de inflación y pobreza.

[10] Ross, M. ¿Capitalismo salvaje o Estado depredador? (pág., 29) Alfa, 2008.

[11] Ross, M. “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela” (pág., 237) Amazon,2021

[12] Estimaciones realizadas en el informe Coyuntura de varios años

[13] Son muy conocidas las cifras de pobreza publicadas periódicamente por el informe ENCOVI-UCAB-UCV

[14] No vamos a inundar al lector con los números y resultados económico- financieros y productivos que se han elaborado desde mucho tiempo y, bastaría para convencer al lector, la cifras de producción petrolera que hoy tiene Venezuela, además del reconocido colapso de toda la industria.

[15] Ver Sachs, J. D. y Warner, A. M. (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. NBER Working Paper No. 5398.

[16] Una distinción importante ha de hacerse entre la gerencia de la industria petrolera y la propiedad estatal, porque la primera tuvo éxitos indiscutibles en determinados momentos, pero de la segunda provienen los daños y las crisis que vivió Venezuela. En otros ensayos hemos defendido claramente como la necesidad de mantener ese Estado ocasionó utilizar el método devaluación- inflación-recesión/contracción económica.

[17] Directiva que puede ser conformada por representaciones equivalentes del poder ejecutivo y legislativo o con una participación decisiva de miembros o entidades de la sociedad civil, tal como se ha propiciado con la conformación del Poder Electoral, Judicial o del Poder Ciudadano.

Hemos recibido un sin número de opiniones acerca de esta controversia que, de alguna manera, está “empañando” el ambiente de las elecciones de primarias que debe llevar a cabo la oposición democrática para lograr un candidato único que se enfrente al candidato gubernamental en el 2024. De ese gran número de opinión nos queda la gran duda de cuál de los planteamientos es el más adecuado y conveniente y hay que reconocer que ambos bandos tienen buenas razones detrás de su defensa.

Sin embargo, para optar a uno de ellos, como lo haremos al final de estas notas, nos permitimos colocar un par de criterios que podrían ayudar a despejar las dudas que aún nos asaltan. Por una parte, vamos a apelar al mundo de los principios y, por el otro, al mundo de la eficacia.

¡Si de principios se trata!

Hace tiempo, diría que bastante, desde los tiempos de una de las tesis de Maquiavelo que la política abandonó el mundo de los principios para acogerse al de los intereses y, no nos cabe la menor duda, que este se ha ido imponiendo en Venezuela. Más todavía si de lo se trata es de cómo mantenerse y monopolizar el poder político. Lejos estamos de aquellas ideas que, si bien equivocadas y fundamentadas en arcaicas teorías, esbozaba Chávez. Lejos estamos de aquella visión y aquellos programas que dieron a luz una AD, un COPEI y un MAS, porque de allí en adelante no le conocemos principios, ni programas a los que los sucedieron después, incluyendo al partido que aún nos gobierna.

Por esa razón, invocamos este criterio para evaluar la controversia pues, ¡Si de principios se trata!, estos deberían regir la decisión. Recatamos la autonomía y la privacidad para que los opositores puedan expresar su opinión en este importante momento político y lejos están ambos de la presencia y participación de un CNE, cuya percepción general es que tiene el poder del Estado para imponer reglas, normas y, según muchos, resultados. Que sea o no cierto no es el punto, lo que lo es, es una comprobada experiencia de elecciones dirigidas en sindicatos, gremios, universidades, con un Poder Electoral que tiene la ultima palabra. Por consecuencia ¡Si de principios se trata!, nos acogemos a proteger la autonomía de este evento político.

Rescatamos también la privacidad para el elector la cual, como bien se sabe queda en el medio de la automatización, la telefonía y el teclado. Si un principio fundamental debe estar protegido en esas elecciones es este y si él puede ser defendido y garantizado por todos los participantes, podríamos tener, digamos, unas elecciones genuinas e idóneas que corresponda a la entrega y participación de la gente en asistir y realizarlas, pero decimos: No basta con principios hay que garantizar eficacia.

Hacerlas eficazmente

Uno de los argumentos más preconizado por quienes promueven la participación del CNE es que con este se obtiene la mayor eficacia en su realización, ya que tiene todos los recursos. Por esa razón, hay que preguntarle a quienes la adversan si de verdad pueden, si no garantizarla, al menos procurarla hasta convencer que posee una eficacia equivalente, porque si bien la autonomía y la privacidad deben ser defendidas, esas elecciones tienen que poder ser realizadas con la mayor participación posible. Y en ese sentido, preguntamos:

1. Tendrán posibilidad de hacerlo todos aquellos que todavía no se han inscrito en el Registro Electoral o ¿puede ponerse este al día, sin el CNE?,
2. ¿Es posible maximizar la participación de quienes ese derecho entre los venezolanos que están en el exterior?,
3. ¿Si es voto no es automatizado y se utiliza otro expediente, se garantiza la privacidad del elector?
4. Y, lo más importante, ¿es posible evitar manipulaciones extrañas que avalen y confirmen que votos y actas de votación coincidan?

Finalmente, si quienes defienden unas primarias sujetas a esos principios y a las condiciones de eficacia que señalamos, pueden responder esas preguntas, nos inclinamos por hacerlas sin el CNE. Sobre todo porque su respuesta debería apoyar una mayor participación ciudadana y multiplicar la confianza de una gran mayoría de venezolanos en un evento digno de la defensa de nuestra democracia. ¡Imaginemos unas primarias realizadas de esa manera!

El año pasado publiqué este artículo1 que, creo, tiene plena vigencia, a raíz de las probabilidades de una negociación política sobre nuestro futuro. Ahora lo reitero, porque Venezuela está en peligro de que un destino inercial se le imponga, siga siendo presa fácil del ajedrez internacional y termine organizada bajo el “modelo chino”, que sucumba como “modelo ruso”, que termine como Cuba o que la organicen los intereses políticos y de seguridad interna de los Estados Unidos.

Ninguno de esos destinos concuerda con el supremo interés de la sociedad venezolana de desarrollarse sobre sus propias fuerzas, por lo que es indispensable y urgente promover una reacción para contrarrestar esa inercia. No se trata de promover la autarquía y nuevos nacionalismos, su objetivo es colocar a Venezuela en línea con esquemas actuales de cooperación e integración internacional.

Frente a ese escenario no podemos seguir siendo espectadores pasivos e imagino que esta percepción la comparten muchos venezolanos. Por esa superior razón, invocamos la necesidad de desarrollar una cierta capacidad nacional que tenga como objetivo táctico ofrecer una respuesta independiente frente a ese juego de poderes y, como objetivo estratégico recuperar y consolidar las fortalezas que históricamente han construido la Venezuela que todavía hoy tenemos, a pesar de la masiva destrucción de su economía, de sus instituciones, de su historia, de sus talentos, sus valores y costumbres.

La sociedad civil organizada[2] es la llamada a construir y consolidar sus capacidades, siendo que es ella la que tiene real existencia y revela las verdaderas fuerzas de una sociedad. Sus trabajadores, sus empresarios, sus profesionales, sus maestros, sus médicos, sus medios de comunicación, sus hospitales y escuelas, etc. etc. conforman ese conglomerado que constituye una Nación.

Para lograr el primer objetivo y no quedar sujetos a esos intereses geo – políticos internacionales es imprescindible que ella se exprese y coloque su principal foco de atención en ampliar y profundizar sus capacidades, institucional, cívica, productiva y regionales y locales, tales que sumadas en un todo, consoliden una capacidad nacional que está allí latente y que permitiría una recuperación integral de Venezuela, apoyada por instituciones y gobiernos fundados en principios de auténtica solidaridad internacional y sin necesidad de la tutela de aquellos poderes. Definamos, entonces, cada una de esas capacidades.

Capacidad Institucional.

Solo el hecho de estar la sociedad civil organizada, parcial o totalmente, genera una fuerza que debería ser aprovechada en la dirección que exigimos, pero la pierde y se hace más débil en tanto cada organización se concentra en defender sus intereses legítimos[3], pero que reunidas cada una de ellas en una que las articule reforzaría su poder institucional. Un alegato por sus intereses o necesidades generales, tales como la vigencia de la Constitución, el restablecimiento del orden democrático o del Estado de derecho o, precisamente, si alzara la voz ante la inercia que arrastra a Venezuela, multiplicaría y potenciaría ampliamente su capacidad institucional.

Capacidad Cívica.

Hay derechos preservados en la Constitución y en el Derecho Internacional que pueden servir de base para articular el fortalecimiento de una capacidad de la sociedad civil que, a veces, aparece disgregada y aislada, cuando es solamente tema y referencia de organizaciones especializadas, sea el tema de la salud, de la seguridad social, de los presos políticos o de cualquier otra, que son el objeto de lo que llamamos “Derechos Humanos”, pero que no terminan de vincularse entre ellas. Si se pudiesen entrelazar se elevarían a una categoría de mayor calibre y estaríamos frente a la creación de un concepto más amplio que podemos llamar “Capacidad Cívica”.

La defensa de las instituciones democráticas forma, obviamente, parte de esta capacidad, pero ella queda vacía y solo en un plano formal, si no va acompañada de la plena incorporación en su ejercicio de los sectores marginados o en situación de pobreza Democracia y pobreza no son compatibles. Por tanto, un esfuerzo productivo con gran impacto social en esa dirección contribuiría notoriamente a afianzar las anteriores capacidades.

Capacidad productiva.

Cuando hablamos de “capacidad nacional” podría entenderse que estamos proponiendo un regreso a los esquemas de “independencia y soberanía económica”, derivados de las doctrinas económicas que orientaron los comienzos de la industrialización venezolana, tales como el proteccionismo y la sustitución de importaciones. Nada más lejos de la realidad actual. Venezuela posee un sin número de ventajas comparativas y competitivas[4] basadas, unas en sus recursos naturales y otras en la creación de ellas, que permiten razonablemente consolidar su capacidad productiva.

Ahora que el petróleo no parece ser quien protagonice el crecimiento económico y el Estado pierda un peso equivalente se presenta una excelente oportunidad para que la producción, primero, se independice tanto como sea posible de aquellos y, segundo, se cimente en el desarrollo de sus propias fuerzas y lo haga fundamentándose en reglas de mercado y en el protagonismo del sector privado venezolano. Venezuela debe pasar del modelo mercantilista que la guiò a los criterios, las experiencias y actualizaciones teorías y prácticas que el mundo experimenta hoy día.

Si a esa capacidad productiva se le incluyen reglas del juego que modifiquen sustancialmente componentes tradicionales de distribución del ingreso y de la propiedad, entonces sus promotores deben propiciar una nueva alianza entre el capital y el trabajo coloque el tema de la pobreza como la más alta prioridad para los productores. Si, además, el talento, el conocimiento y la educación son articulados en esta dirección se completa la ecuación productiva. Un último componente cierra este circuito virtuoso: las capacidades regionales y locales.

Capacidades regionales y locales.

Venezuela tiene que volcarse completamente hacia adentro, cerrar el capítulo centralizador y estimular agresivamente el desarrollo de sus regiones y localidades que concuerdan con sus vocaciones económicas. Esta tiene que ser la “columna vertebral” de la capacidad productiva. No se trata, de nuevo, de regresar al modelo “desarrollo hacia adentro”, marcado por el proteccionismo, el populismo y el dirigismo estatal. La coincidencia con las ventajas competitivas que tiene cada región o cada localidad debe garantizar que sean actividades productivas autosuficientes, rentables y sostenibles.

Finalmente, la construcción de una sinergia entre las capacidades institucionales, cívicas, productivas, regionales y locales permitiría que Venezuela construya una capacidad nacional que la aleje del modelo de dependencia del petróleo y de los avatares internacionales que mantuvo a lo largo del tiempo. Venezuela podría convertirse, como muchos otros, en un país normal donde las capacidades internas amortigüen perversas influencias internacionales.

Capacidades, Integración Nacional y Poder Ciudadano.

Convencidos estamos que un futuro promisor para Venezuela pasa por la fuerza y la reconstrucción de su sociedad civil y que esta, en la medida que tenga conciencia de cómo sumar sus capacidades, logre aumentar el peso de su influencia en nuestro destino. Hemos defendido en otro momento y otros escritos la necesidad de construir un modelo de desarrollo que se afinca en una Visión de integración Nacional[5] que reúne lo político, lo económico y lo institucional en una solución sinérgica que fortalecería notablemente la sociedad civil y el Poder Ciudadano con, a nuestro juicio, un gran impacto social.

[1] Este artículo ha sido publicado antes y ahora porque cobra nueva vigencia por el nuevo giro que toma nuestro presente y futuro. Lo hemos modificado ligeramente y añadido un último párrafo para reforzar el planteamiento sobre el Poder Ciudadano.

[2] Llamo Sociedad Civil Organizada a todas aquellas instituciones que se han constituido formal o informalmente y que tienen la propiedad de ser representativas de sus respectivos miembros. Excluyo expresamente a los partidos políticos como miembros natos de ella, para hacer transparente la definición de sus capacidades propias.

[3] Entendidos por aquellos atinentes a su rol: salarios – trabajadores, libre empresa – empresarios, agricultores, industriales, gremios profesionales, etc., etc.

[4] Hablamos de energía barata, alúmina, turismo, agroindustria, metalurgia, derivados de petróleo y aquellas derivadas de una basta experiencia industrial como lo desarrollado en la zona central del país.

[5] Ver: “Venezuela. Elementos de una Visión de Integración Nacional”. Revista Año 2, No.4 del CEINA de la Universidad Monteavila.

Observamos un creciente interés por el tema Ciudadanos y Ciudadanía y por el grado de poder que podrían tener, no solo en nuestro territorio sino fuera de él[1]. Encontramos también un llamado a aumentar su participación en asuntos de interés público, pero sin hallar una fórmula que potencie ese objetivo. En general, y es lo que registramos, su poder se manifiesta, principalmente, a través de la protesta y las demostraciones de calle, dando lugar a la creencia de que esa es su única manera de expresión.

También, desde luego, existen múltiples expresiones de ese poder, cuando contabilizamos las muchas organizaciones de la sociedad civil que lo revelan, tales como los gremios profesionales, los sindicatos, las organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles y políticos que habitan en distintos países pero que, normalmente, se identifican con intereses particulares a ellas y no persiguen un objetivo más general, el cual equipare su presencia activa con el resto de los poderes públicos y con las organizaciones políticas.

En el caso de estas últimas ellas monopolizan esos intereses generales gracias a la representación que ejercen mediante el componente electoral. Nos inspira una frase tomada de la excelente y breve historia elaborada por Derek Heater que dice así:

“Pero si la ciudadanía se reduce simplemente el hecho de presionar unas pocas letras de un teclado (para votar, nota nuestra) ¿no estamos consintiendo la apatía?[2]

En el fondo de lo que se trata es que esas organizaciones, en la medida que se articulen sobre un propósito de mayor alcance y de interés nacional, terminen potenciando la sociedad civil a la que pertenecen. Como consecuencia de lo antes dicho, en estas notas elaboramos una sucinta evaluación de las distintas versiones que hemos encontrado en nuestro país, proponiendo abrir una discusión sobre el tema y exigiendo un mayor peso de los ciudadanos en los asuntos públicos y de interés general. Para comenzar y ubicar a nuestros lectores en el tema presentamos una breve referencia de su evolución a lo largo del tiempo.

Esclavos, súbditos, ciudadanos, súbditos, ciudadanos, ¿súbditos?

Puede extrañar la forma en que iniciamos este modesto examen, pero queremos dar cuenta de cómo fue la trama de esta práctica y este concepto a lo largo de la historia pues, como se sabe, la humanidad ha pasado por todas ellas ilustrando, a nuestra manera de ver, dos asuntos importantes. Por una parte, comprueba que cada una de esas etapas ha sido superada por una constante lucha por la igualdad y la libertad en su más amplio sentido, lo que quiere decir que la “ciudadanía” no se consigue gratuitamente, pero que, a la vez, su consecución no es una garantía de supervivencia.

Por otra parte, y aun a pesar de lo dicho, esa historia revela también que el hecho ciudadano parece tener presente y futuro, a pesar de las amenazas políticas que pesan sobre el género humano con todas esas nuevas expresiones de poder que hoy llamamos “neo-populismo” en sus distintas aristas o del inmenso poder que han tomado los Estados nacionales. Por esa razón, colocamos una interrogante a la palabra súbditos, si acaso la apatía y la pasividad vuelven a triunfar. Sin embargo, aun así la historia nos dice que se pueden sembrar esperanzas de su supervivencia, como bien nos defiende Heater:

“Todo lo narrado en este libro es la historia de una forma de identidad socio política que ha sobrevivido desde el año 700 a.C. hasta el 2000 de nuestra era a través de procesos de continuas metamorfosis. No hay razones, pues, para pensar que la ciudadanía no pueda seguir adaptándose y, por tanto, sobrevivir.” (Pág., 265)

Dicho esto, pasamos a examinar las distintas posturas y exigencias que se han realizado en nuestro medio clamando por un mayor peso y más participación en los asuntos que más nos preocupan, especialmente en lo que respecta al deterioro de nuestro ordenamiento democrático y al nivel y la calidad de vida de la gran mayoría de la población venezolana. Todo ello con el fin de evaluar en qué medida pueden contribuir a aumentar el Poder Ciudadano.

Ciudadanos: ¡Uníos!

Los primeros registros de participación proviene de distintas personalidades e instituciones que han hecho un llamado para que los ciudadanos se unan, como suma de individuos, todos en uno, podría decirse y levanten su voz frente a los acontecimientos que nos acogen. Lo característico y significativo de esta versión es que no se formaliza de manera orgánica y queda limitado a un mero llamado sin potenciar sus fuerzas.

Cuando presentamos esta interpretación no despreciamos el inmenso valor que tiene un emplazado de esa naturaleza, en tanto cada individuo tome conciencia de que su rol en la sociedad va más allá de sí mismo, pero si ese clamor no logra encontrar nichos de representatividad o participación más colectivos, o asociativos pierde su eficacia y potencialidad. Individuos aislados difícilmente incrementan el Poder Ciudadano.

Organizaciones Ciudadanas

Precisamente, para superar esa condición de aislamiento que, desde luego, crea pasividad, apatía y, consiguientemente, desesperanza, ese individuo termina focalizándose y acercándose a alguna organización que se asemeje a sus intereses específicos, comúnmente a los más cercanos verbigracia, la comunidad o la vecindad, pero puede concurrir y asociarse en organizaciones de mayor calibre que tienen un objetivo específico, tales como las de defensa de derechos humanos, civiles, políticos, ecológicos o económicos.

Sin embargo, aun cuando estas organizaciones logran alcanzar un gran efecto en la opinión publica, a nivel nacional e internacional y han propuesto importantes cambios y resultados en distintos frentes de la acción humana y gubernamental, tienen la debilidad de que su basamento defensivo y conceptual es, esencialmente, de orden moral y ese, que debería ser su gran poder potenciador, termina opacado o atenuado por la comparativa e inmensa influencia y capacidad de los gobiernos y los Estados.

En nuestro caso, un sinnúmero de organizaciones de ese tipo logran sobrevivir apenas, porque su autonomía no se fundamenta en la posesión de recursos propios y requieren de apoyos externos, nacionales o internacionales, frente a las arremetidas de un Estado que lo tiene todo en su sus manos y en su haber. Además, por sus características propias, no se consolidan en una organización más amplia, de un objetivo general. Queda solo, en su defensa, ese poder moral a que aludimos, pero sin la consiguiente contrapartida que logre equipararlas a otros poderes. De nuevo, nadie puede negar el significativo efecto que tienen en mejorar sustantivamente la práctica de los hechos que defienden, pero difícilmente pueden pasar de allí.

Ciudadanía y capacidades

Obviamente, de lo antes dicho y de la experiencia histórica se desprende que su fuerza y poder dependen de qué tipo de capacidad acumulan. Nos sirve de ejemplo la presencia ciudadana que se encuentra en gremios que la tienen como es el caso de los sindicatos que representan la fuerza laboral que mueve un país. Razón por la cual se volvieron tan poderosos. Otros gremios representativos de capacidades son, desde luego y en primer lugar, los empresariales quienes poseen la contrapartida económica del capital y de allí su también poderosa influencia.

Después de ellos, apelando al mismo criterio que va más allá de un componente moral o ético, están los gremios profesionales de médicos, abogados, docentes, etc., etc., a lo que se suma hoy, el poseer conocimientos y tecnologías como fuerzas propulsoras, las que, sin duda, son formas muy representativas de poder ciudadano. Solo, de nuevo, que este queda limitado a sus fines específicos. Una suma de ellos, articulados sobre un objetivo más amplio podría potenciarlos adicionalmente.[3]

Poder Comunal

Otra de las expresiones de ese poder es el que va desde la Asociación de Vecinos hasta la ahora recreada Comuna, pero debemos tener en cuenta lo que nos dice la historia cuando se trata de evaluar las capacidades y condiciones de existencia de una y otra. Las primeras, la de los Vecinos toma auge por la consolidación de las grandes ciudades y por la existencia de problemas comunes a ellos de menor envergadura. La Comuna, por su parte, refresca el ambiente de los pequeños pueblos de la antigüedad, más de carácter rural que urbano que precedieron a las nuevas ciudades.

Al evolucionar la sociedad hacia lo nuevo, a la Ciudad y a la Ciudad-Estado y al Estado Nacional, la Comuna, aunque permanece, dejó de tener la misma influencia. El Gobernador y el Ayuntamiento fueron sustituyéndolas en poder o cobijándolas cuando las ciudades y los Estados crecieron.

En el caso venezolano, el intento de regresarle poder a la Comuna se debilitó por dos vías. En primer lugar, por la poca vigencia misma que posee, dada la magnitud y calibre de los problemas que aquejan a una sociedad moderna como la nuestra, la que exige soluciones de tamaño “nacional” para superarlas, En segundo lugar, y quizás más importante que lo anterior, fue su extrema supeditación al Estado y su subordinación política al partido de gobierno.

Poder Ciudadano en la Constitución vigente

Enfrentamos ahora la ficción de “poder” que se insertó en la Carta Magna, el cual proviene del rescate del ideario de Bolívar con lo del Poder Moral Republicano, en el que se privilegia el valor ciudadanía cuando se crean las figuras del Defensor del Pueblo y del Fiscal quienes, se supone, representarían genuinamente la voluntad del colectivo, pero bajo la circunstancia, que de entrada mina su poder, por su afiliación y dependencia del Estado venezolano.

Por un lado, porque sus recursos financieros provienen del Presupuesto Nacional, con lo cual están sujetos a las aprobaciones respectivas del Poder Ejecutivo y del Legislativo[4]. Por el otro, porque los funcionarios designados para ejercer esos cargos, si bien provienen de decisiones y postulaciones de “diversos sectores de la sociedad” terminan siendo elegidos por el Legislativo, quien tiene la potestad de removerlos de sus cargos o, inclusive si esas postulaciones no se materializan, termina designándolos.[5]

Las otras expresiones de poder ciudadano en dicha legislación se reúnen en su Capítulo IV en el que se encuentran las figuras del Referendo, la revocatoria de mandatos, las asambleas de ciudadanos, el cabildo, etc. etc.” cuyas decisiones serán de “carácter vinculante”, como allí se indica.[6] De todas ellas, solo una, el Referendo ha sido ejercido pero, como bien sabemos, su puesta en práctica muy contaminada por su elevado componente político y por los otros poderes. Como se puede comprobar fehacientemente ese “poder ciudadano” resulta en una ficción dentro de la Constitución vigente.

Poder Ciudadano

Una vez realizado este repaso por la historia de la Ciudadanía y las distintas expresiones que hemos podido explorar en nuestro medio, cabe hacerse la pregunta de qué contenidos y condiciones debería tener una autentica representación de Poder Ciudadano. Decimos, entonces, que no basta con apelar a todos los ciudadanos, individualmente encarnados, si estos no cuentan con un mínimo de organicidad y asociación que los agrupe y que tampoco basta con poseer todo el peso de un poder moral para que esa Ciudadanía tenga la fuerza necesaria y hacerse valer frente a los restantes poderes.

También la historia nos deja otra primera lección, cuando capacidades, privilegios y propiedad forman parte de su fortaleza y progreso. Como consecuencia de lo antes dicho, a esa fortaleza moral hay que añadirle capacidades intelectuales, profesionales o económicas para que tenga el poderío y la robustez necesarios. Desde luego, lo que otra vez la historia nos comprueba es el que el dúo propiedad y ciudadanía están esencialmente atados y que, sin esta combinación, las posibilidades de ejercer un efectivo Poder Ciudadano se ven limitadas. En el caso venezolano peor todavía.

Poder Ciudadano y Poder Estatal

Un breve inventario de las relaciones de propiedad entre el Estado venezolano y sus ciudadanos lleva a un profundo desbalance porque, se podría decir, que ese Estado “lo tiene todo”, como veremos más adelante. Comencemos con lo principal: el petróleo del que se ha apropiado completamente y donde la participación ciudadana es inexistente. Se comprenderá, que esto de Poder Ciudadano sin afectar esa propiedad es, más allá de ingenuo, engañoso.

Luego, para completar el cuadro es bueno saber que el Estado venezolano es dueño de entre 46% y 50% de la propiedad venezolana, especialmente la agraria, según distintos autores[7] Seria demasiado evidente concluir en que, sin enfrentar esta cualidad del Estado venezolano poco se puede avanzar en construir Poder Ciudadano.

Para concluir

Nadie desea que esta realidad se concrete de una vez y menos con las malas experiencias “revolucionarias”, por lo que promover una ruta de secuencias, de pasos que alcancen al final el objetivo deseado es lo que se propone. Por esta razón, poder moral, sumado a capacidades, a una mayor organicidad de los ciudadanos, aunada a cambios sensitivos en el sistema de propiedad, comenzando con el estatal, pero no dejando de lado el resto, puede progresivamente hacer valer la tesis de un más poderoso y más influyente Poder Ciudadano.[8] Lo más importante es tener clara conciencia de los objetivos, valores y medidas que deberían unificarnos.

[1] Algunas referencias internacionales lo comprueban. Solo como ilustración el auge de Ciudadanos en España, la apelación de Macron a ellos en su primera elección. El Movimiento de los “Indignados”

[2] Derek Heater. “Ciudadanía. Una breve historia” Alianza Editorial, 2007. (pág. 259)

[3] Siempre decimos que nos gustaría ver a los médicos defendiendo a los ingenieros y viceversa.

[4] Articulo 273 El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable.

[5] Articulo 279

[6] Articulo 70

[7] Ver Ross, M, el “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela”. pág. 87/89

[8] La propuesta de una Plataforma Cívica, sumada a las tesis de Construcción de Ciudadanía y los experimentos comunitarios no politizados pueden ofrecer un camino de soluciones.

Me atrevo a incurrir en este delicado y peligroso terreno de la coyuntura actual, aun a pesar de que esta propuesta no tenga eco en el mundo político, pero quizás si en de la sociedad civil. Creo que valdría la pena evaluar fría y reflexivamente la conveniencia de renovar todos los poderes públicos en un momento dado, mientras más pronto mejor. Aporto varias razones en favor de esta idea:

1ª. A partir de 1999 todas las elecciones nacionales, excluyendo la presidencial de 1999, y las regionales han estado sujetas a diferentes cuestionamiento que permiten concluir en que los poderes elegidos, todos, han sido rechazados por cada uno de los actores políticos, lo cual nos coloca en posición de afirmar la necesidad de ir a un proceso político electoral en el cual se renueven todos los poderes públicos y donde la población pueda expresar libremente su opinión y los legitime consensualmente. Una elección en la que todos estén representados y puedan así ser elegidos,

2ª. Más allá de la elección presidencial la que, desde luego, tiene importancia capital por el peso del “híper- presidencialismo venezolano, es relevante evaluar la situación actual del resto de poderes públicos, cuando, de ambos lados se cuestionan severamente las dos Asambleas Legislativas y sus respectivo Poder Judicial. Si una situación como esa se mantiene, el País se coloca en el borde de un entorno Institucional consiguientemente conflictivo que paraliza e inmoviliza, no solo a los actores políticos envueltos, sino, lo que es peor, a Venezuela en su totalidad,

3ª. Siendo que la elección de la Asamblea del 2015 fue confirmada y aceptada por el organismo electoral y por las autoridades gubernamentales y de ella se constituyeron poderes colaterales, tal como fue caso del “Gobierno Interino”, la reacción gubernamental fue oponerle las tesis originadas en el Poder Judicial y luego producir la elección Presidencial y de la Asamblea, no reconocidas, creando una innegable crisis institucional con dos Cámaras Legislativas, dos Poderes Judiciales y dos Poderes Ejecutivos. Una situación que, desde luego, tiene paralizadas a ambas partes y al País en su totalidad,

4ª. Y ultima. Por razones estrictamente practicas sugiero que esas “mega elecciones” se realicen en el 2025 para no interrumpir la secuencia de la elecciones presidenciales, incluyendo particularmente las primarias que debe realizar la oposición democrática, pero si fuera posible y conveniente, por razones técnicas, realizarlas en en 2024 no me opondría.

Percibimos a nuestra sociedad envuelta en un sin número de eventos que, por mínima lógica podemos llamar “trampas”, unas de carácter económico, otras de tipo político y las demás, que es lo peor, una gama de ellas insertas en la sociedad misma, que van desde la precariedad económica y la creencia al bienestar temporal, hasta el desasosiego, la desesperanza y los temores a la movilización y la protesta. Creemos que describen nítidamente la Venezuela de hoy y la inhiben para encontrar salidas.

Por consecuencia, parece tener sentido intentar una caracterización que pueda contribuir en la búsqueda de soluciones para luego identificar como se vinculan unas a otras y se articulan para mantenernos inmovilizados, porque vemos a Venezuela apresada por nudos que le impiden edificar una solución de País, de Nación, de Estado para la gran sociedad que somos.

Pertinente puede ser, entonces, examinar cada una de esas trampas, ver como se combinan para entrampar a Venezuela toda. La primera que nos paraliza es el inmediatismo.

Inmediatismo y juego táctico

Asombrará a los lectores que comencemos por esta. Nos referimos a esa perspectiva temporal que forma parte de nuestra cultura y que, por lo que vemos, compartimos todos los venezolanos. El inmediatismo, el corto plazo y medidas tácticas nos dominan para resolver problemas.

En el Gobierno es evidente con el manejo de la crisis económica, porque nunca ideó una solución estratégica y descansó en los ingresos que, espontáneamente, le proporcionaron las remesas recibidas[1] y el aumento de los precios petroleros originados por la invasión rusa. Obligado por esas circunstancias y por la convicción de que el método anterior lo llevaba al colapso se adhirió a la apertura y a cierta creencia en el mercado. Aranceles e impuestos a discreción para importar, permitieron bodegones y tiendas que animan y crean esa sensación de bienestar que se está viviendo. Espectáculos y recreación completan el juego táctico.

Centrado como está en el tema de las sanciones su única expectativa es que estas se alivien o se liberen y se aprueben más licencias que atraigan inversiones y aumenten la producción y las ventas del crudo, porque todo se apuesta a la inmediatez y los beneficios de esa salida, dejando a Venezuela, otra vez, enganchada y subordinada al milagro petrolero.

En lo político su juego se centra en ganar tiempo en las Negociaciones, en ese “tira y encoge” que utiliza reiteradamente para acercarse a unas elecciones en que reine ese ambiente de bienestar que aludimos. El cambio, bien significativo de la simbología del “rojo rojito” y la República Bolivariana, al muy bien calculado énfasis en el nombre Venezuela y al “Juntos Podemos”, ilustra un intento de reconciliar que pareciera estratégico, pero si se le suman presos, control político, amenazas y ataques revela su apuesta táctica. No hay, en el Gobierno, repetimos, señales de un proyecto nacional que extraiga a Venezuela de la inmediatez y que ponga la mira en el encuentro de todos.

En los partidos políticos, de un lado y del otro, lo que se percibe es el ataque continuo, la descalificación y la exclusión como regla del juego. Desde el lado de los gubernamentales, abandonados están todos aquellos mensajes estratégicos de los “motores de la Revolución”, de la Venezuela “potencia energética”, para aterrizar en meros cambios ministeriales y en la clara intención de lograr un cuadro electoral favorable a su permanencia en el poder. Encerrados en sus misiones, en sus CLAPs o en el subsidio, el asunto es mantener a la población subordinada y sin respuestas al mundanal de miseria, miedo y conformismo que crearon.

Del lado de la oposición democrática el cuadro no puede ser peor, enfocados únicamente en el tema de las primarias. Algunos haciéndole “carantoñas” al Gobierno y otros claramente enfrentados a este, pero dejando la imagen de grandes discrepancias en el terreno meramente táctico, sin dejar saber que se proponen hacer con el país, más allá del 2023. Obviamente, la confusión y la desconfianza reinan en el plano de la opinión pública y en la población en general. La pregunta vuelve a ser: ¿votas o no, te abstienes, con o sin CNE? y paremos de contar.

Del lado del resto de la sociedad se observa una situación similar, porque el más de los ricos disfruta esta bonanza inesperada que lo lleva a hurgar en cuanto negocio o “emprendimiento” acomete para aprovecharlo y extenderla cuanto se pueda. El lema “hay que sobrevivir” está por encima de todo y con toda razón. La consigna es dejar eso de la política para otros, aunque la democracia esté en juego. La conjura “Venezuela abierta al futuro” se va imponiendo.

Mientras tanto el más de los pobres tiene que agenciárselas para sobrevivir en el mundo de las pensiones, del salario mínimo, las subvenciones o el Carnet de la Patria. Si es cierto, como lo indican los datos de ENCOVI, que los niveles de pobreza siguen estando allí, que no han disminuido, mal se le puede pedir que piensen en algo más allá y esa gran masa de población se atenga solo a sobrevivir. Enfrentamos un inmediatismo sobre determinado por la precariedad económica que, como vemos, nos atrapa e inmoviliza. A ello se agrega nuestra clásica cultura inclinada a soluciones simples y únicas

La conducta de la “carta única”

Otra de las trampas en la que estamos envueltos es esta la de asumir una carta política para todo. Con las primarias y las elecciones del 2024 volveremos a la normalidad, sea quien sea quien gane, pero sin saber que nos depara el destino. Del lado del Gobierno, sabemos, que su única carta es mantenerse en el poder, del lado opositor destronarlo. Todo encerrado dentro del terreno táctico de lo político, porque este no parece dar más de sí mismo. Eso que debería ser su interés primario, sus ideas y programas sobre el presente y el futuro de Venezuela, está fuera del juego.

Lo más grave es que esa “trampa” la creamos nosotros mismos cuando delegamos toda solución país a los partidos políticos. Esta sistemática conducta de la sociedad civil ha conducido al falso dilema de participar o no en la política, como si esta fuera predio solo de los partidos, cuando la suerte del país está más en nuestras manos, que en la de ellos. La confluencia del Estado petrolero y el interés de los partidos políticos conllevan a una entrega total del poder en sus manos.

La sociedad civil ha renunciado a ejercer sus derechos como Nación, como dueños que somos del trabajo, del capital, de los recursos y del talento venezolano. Si la política es el buen manejo de un país en algo le incumbe a la sociedad civil ocuparse de ella, sin pretender, lo hemos dicho, sustituirlos, pero si complementarlos debidamente, hacerle seguimiento efectivo a cada gobierno. Salir de la trampa de la política como única herramienta es indispensable para encontrarle una ruta duradera al país que proporcione bienestar para todos. Lo que pasa y pueda suceder en el terreno económico es vital para encontrar esa ruta.

La economía

Ni el Gobierno puede sacar a Venezuela del marasmo económico que el mismo creó, ni puede hacerlo la oposición. No pueden solos y necesitan el concurso de empresarios, profesionales, trabajadores, empleados y todo eso que bien se llama sociedad civil. El Gobierno no puede porque requiere de unos recursos financieros que no tiene y que están siendo limitados, no solo porque los despilfarró groseramente y por el régimen de sanciones, sino porque la comunidad financiera internacional no tiene confianza en él. No puede endeudarse ya que ha incumplido con demasiadas obligaciones y contratos que bien lo identifican. Acreedores, expropiados y tenedores de bonos lo confirman.

Tampoco se atreve a abrirle camino sano y completo al sector privado venezolano porque le tiene “ojeriza” y lo considera su enemigo estratégico, al menos mientras mantenga su diluida tesis del socialismo del siglo XX. Como sabemos, sin agricultura, agroindustria, manufactura y comercio no hay país que se sustente y, también sabemos, que con solo petróleo no basta para crear una economía sostenible y duradera.[2] El Gobierno está entrampado porque no admite de verdad poder trabajar con todos.

La oposición democrática, obviamente tampoco puede porque no maneja recursos. Podría, de ganar las elecciones, reconstruir la confianza y la pluralidad política y así recurrir a la comunidad internacional en busca del apoyo financiero necesario para reparar los daños e iniciar una era de reconstrucción, pero tiene que ganarlas y otra vez regresamos a la trampa de la “carta única”.

Para que la economía tome el rumbo que todos deseamos, el de una visión amplia y compleja, ese proceso no puede quedar solo en manos de partidos y gobiernos. Esa responsabilidad vuelve a recaer en quienes poseen el talento, el capital y el trabajo, esto es en la sociedad civil organizada, pero esta tiene que desprenderse de sus atávicos hábitos y de su extrema subordinación al Estado. Tiene que salir de esa trampa en que está hoy de cooperar, enfrentarse o asociarse con los nuevos actores y, para ello, tiene que tomar la iniciativa de proponerse una poderosa alianza cívica que vaya más allá de lo cotidiano, salga del inmediatismo y la táctica y se concentre en una estrategia y un programa realista para el presente y el futuro de Venezuela.[3]

Intereses foráneos

Para colmo de males estamos entrampados en el juego político y económico de las grandes potencias o de sus apéndices, del que sabemos no podemos escapar, pero que si podríamos atenuar si no todo queda en manos de gobiernos y partidos. De nuevo, una Venezuela más autónoma es posible, si logramos como hemos repetido incesantemente, reducir nuestra dependencia del drama petróleo que parece ser nuestro único destino. La oportunidad de mitigar o moderar ese status quo proviene de la capacidad y la participación de la sociedad civil organizada en crear una economía mucho más diversificada.

No sabemos si hemos logrado el objetivo de transmitir a la opinión publica los argumentos que sustentan esta idea del cómo estamos entrampados, porque a ello se une el clamor de lo que escuchamos todos los días: La desesperanza que arropa un sentimiento de resignación, el exilio y la diáspora que poco pueden hacer desde lejos, las manifestaciones de calle que se convierten en la única vertiente de protesta civil y que, tan pronto como aparecen, son apagadas por el ataque policial o por las ofertas monetarias. A ellas se añade el excesivo peso individualista de las redes sociales que limitan la creación de opiniones más colectivas y, al final, algunos intentos que presumen de analíticos de la situación que vivimos y que terminan en meras descripciones de hechos.

Venezuela atrapada

Concluimos estas reflexiones con el convencimiento de que nuestro país no podrá alcanzar el largo y complejo camino de la recuperación si no logra levantar las restricciones que imponen las trampas que hemos descrito. ¿Cómo hacerlo? No lo tenemos claro, pero si creemos, que identificándolas podríamos, quizás, contribuir a encontrar soluciones.

También ratificamos la opinión de que el “juego” está en las manos de nuestra sociedad civil, de las iniciativas propias que pueda tomar, sin la pretensión de sustituir partidos o gobiernos, pero si ofreciéndole a ellos y a todos los venezolanos un programa y una Visión que nos extraiga de ese universo de trampas en que estamos envueltos.

[1] Fue esa economía privada la que, paradójicamente, le ayudó a salir de su crisis de ingresos.

[2] Ver mi artículo sobre los riesgos económicos y políticos de una Venezuela Petrolera. recién publicado en los medios nacionales.

[3] Las asociaciones empresariales han presentado varias veces planes en esa dirección, pero no terminan de evidenciar en su práctica más autonomía frente al Estado.

Por el camino que vamos y por las noticias que se originan adentro y afuera, todo parece indicar que el quid pro quo de una modificación en el sistema de sanciones será económico y no político, en especial por la insistente defensa de las inmensas ventajas que le reportaría a Venezuela una inyección de capitales extranjeros en la industria petrolera. Sin lugar a dudas, levantar millares de millones de dólares para rehacer la tragedia de PDVSA y elevar la producción del crudo y el valor de las exportaciones, tienen una repercusión indudable en la depauperada economía y sociedad venezolanas.

Los beneficios

En ese sentido, hay aquí quienes están viendo “una sola cara de la moneda” y no la otra, es decir solo la de los beneficios. Desde luego el PIB global aumentará y el per cápita también. Al gobierno le ingresará más dinero y PDVSA, quizás, vuelva a convertirse en el emporio que fue. Algunos grandes capitales criollos se beneficiaran por una menor o mayor apertura a participar, si se modifica o no la legislación vigente. Sin embargo, un esquema de esas características, que en buena medida repite nuestra historia pasada, nuestra Venezuela Petrolera, tiene estas ventajas, pero tiene riesgos importantes que deben ser considerados, cuando el petróleo se vuelva a convertir en el único sostén de toda la economía, como fue hasta ahora.

El petróleo como único sostén

Estaría demás argumentar sobre este punto, porque todos sabemos la importancia y el peso que ha tenido en Venezuela, en especial como nuestro único proveedor de divisas y este es su rasgo particular y el más relevante a los fines de estas notas... Sirvió, prácticamente solo, de soporte de nuestro país en los años que van de los 30s hasta los 50s, poniéndolo a crecer a tasas insospechadas. Luego, las reformas iniciadas en los 60s cambiaron en algo esa dependencia, en tanto que se creó una primera base industrial, que no tuvo el impulso necesario como para sustituirlo como el gran proveedor de divisas. El aumento de los precios internacionales a mediados de los 70s reprodujo la Venezuela enteramente petrolera y el país se acostumbró a vivir con ingresos crecientes y extraordinarios, hasta que estalla la crisis de los 80s, con las consabidas repercusiones económicas y políticas.

No aprendimos la lección y lo volvimos a colocar en el centro de nuestro universo y nunca pudimos sustituirlo por otra fuente de riqueza similar, especialmente porque cuanta crisis aparecía y exigía un cambio fundamental en la estructura económica, “apertura tras apertura” resolvían la coyuntura. Tiempo después, tampoco aprendimos la lección cuando la “revolución” lo hizo el vértice del bienestar de los pocos años que culminaron en los aprietos que vivimos hoy. Pareciera entonces, obvio y evidente que la economía del petróleo como único sostén[1] tiene un patrón de conducta que debemos examinar y no repetir. Su típica característica de hacernos mono-productores y mono-exportadores nos hace excesivamente dependientes del “oro negro” y de los riesgos que implica.

Riesgos económicos

¿Será necesario repasar la película de todos estos años de la Venezuela petrolera para no darnos cuenta de los riesgos que tomamos si volvemos a repetirla? ¿Será necesario decir que su gran resultado lo registran “crisis de auge y crisis de miseria” producto de la crítica volatilidad de los precios internacionales, como bien registramos en la gráfica [2]al final de estas notas y como bien lo ilustra la situación actual?

En primer lugar esta el hecho de que, cuando hay crisis, el bolívar se devalúe, lo cual ya es suficiente razón para evitarlo, pero la raíz del problema está en permitir y promover que se mantenga una única fuente proveedora de divisas, tan inestable e incierta como la petrolera, creando expresamente las condiciones para el riesgo cambiario. Si a ello se suma que, en épocas de auge la tasa de cambio tiende a fortalecerse y reduce las posibilidades competitivas de otras actividades[3], caemos en el viejo dilema de devaluar en su favor, pero en contra del poder de compra de la gran mayoría. Como vemos: doble riesgo cambiario.

Por si acaso no nos convence este argumento, no olvidemos que devaluación y equilibrio fiscal “van de la mano” y que cuanto déficit se presenta la manera más sencilla de solventarlo es depreciar el bolívar. El Estado y sus administradores se acostumbraron a vivir con ello sin control alguno. La experiencia nos dice que ese camino es contraproducente y que termina en graves crisis fiscales, que culminan en serios problemas sociales, como los que se viven hoy día.

El riesgo social

Luego, en sus efectos de más largo plazo y estructurales podemos constatar que hemos alcanzado índices de pobreza impensables en contraste con los ingresos percibidos, con una población desasistida, en las condiciones más precarias y con el empobrecimiento generalizado de todos los venezolanos, hecho que deriva de que la relación entre la tasa de cambio y la inflación es extremadamente inflexible y que devaluar la empuja al alza, con el consiguiente efecto de deterioro del ingreso real, especialmente en los sectores más vulnerables.

Si después de 100 años de explotación petrolera lo que exhibimos son 15 millones o más personas en esas condiciones y viviendo precariamente alrededor de nuestras principales ciudades no es para alegrarse. ¿No será este suficiente argumento para evitar, tanto como se pueda, volver a caer en una política del petróleo como único sostén, siendo este el problema de raíz? La experiencia venezolana nos dice que el petróleo genera bienestar, pero también produce miseria, ¿Por qué?

El riesgo del Estado propietario.

Porque para mantener ese Estado es necesario exprimir al resto de la sociedad. Por tanto, si algo hay que revisar es ese formato del Estado como único dueño y administrador del recurso petrolero a juzgar por los trágicos resultados, económicos, sociales, políticos e institucionales en que estamos envueltos. La economía en ruina, la petrolera igual. Pobreza. La democracia en peligro. Las instituciones desarmadas y desequilibradamente compuestas. Un Poder Ejecutivo excesivamente omnipotente. Estos son los riesgos de haberle delegado todo al Estado propietario. Si vamos en dirección de mantener ese “status quo” bien vale la pena reconsiderarlo.

Los riesgos políticos

Resulta ser que el formato adoptado tiene, también, estos riesgos. El primero de ellos se origina en que una situación así le conviene ampliamente al liderazgo político, pues le permite manejar el país sin tener que depender de los ingresos de los venezolanos, de la opinión pública y del resto de la sociedad civil, como ha sido hasta hoy. “Partidocracia y petróleo” se juntan en una conveniente ecuación[4], que se agrava exponencialmente si, gracias a aquel formato de apropiación se logra imponer un partido único en el poder.

El segundo de los riesgos políticos es que, cualquier intento de transformación de ese esquema choca con demasiados obstáculos e intereses porque, acostumbrados a vivir de él, los cambios requieren de un alto consenso político y, si este no existe, no se logra o no se promueve, la pérdida del poder político es casi inexorable, como lo demuestra otra vez la experiencia.

Pero, de todos los riesgos políticos el mayor de ellos es que el petróleo, como nuestro único sostén, nos conduce a una extrema dependencia de la coyuntura económica internacional, que ya es bastante, aunque lo peor es que nos coloca en el marco del juego de la geopolítica internacional y terminamos “danzando” entre los intereses de los grandes poderes mundiales, llámense americanos, rusos o chinos. Venezuela, gracias a ello, ha estado excesivamente condicionada a esos poderes. Tanto es así que ahora, de lo único que hablamos es si se mantienen o se eliminan las conocidas sanciones, pendiendo del “hilo” de específicos intereses internacionales. Por supuesto, no estamos pensando en una Venezuela autárquica es estos tiempos, pero si en una que pueda gozar de una mayor autonomía frente a ellos.

Narrados estos hechos, nos permitimos llegar a algunas conclusiones. La primera: siendo que el petróleo va a seguir allí por largo tiempo tenemos que evitar esa condición de “único sostén” a que hemos aludido y desarrollar una economía elevadamente diversificada en la producción de divisas, la cual, precisamente aumentaría nuestro grado de autonomía. La segunda: no podemos continuar con el esquema de una economía petrolera y otra no petrolera, pues la primera tiene que integrarse a la segunda[5], de manera tal reducir al máximo los riesgos descritos. La tercera: como debe parecer más que obvio es que debemos modificar radicalmente la estructura del Estado Propietario y hacernos dueños los venezolanos de nuestra principal industria. Quizás así, podamos poner al petróleo en dirección del interés de toda la sociedad y no solo de algunos.

[1] Hay quienes piensan que la “era petrolera” ya culminó y que el estado de PDVSA así lo comprueba, pero muy lejos estamos de ese fin.

[2]El grafico que mostramos, tomado de una Revista petrolera internacional, solo pretende recordar a los lectores como fluctúa el precio del crudo en los mercados hoy día.

[3] Es la llamada “enfermedad holandesa”, la que solo tuvo validez en Venezuela cuando los aranceles se redujeron y dejaron de ser guías principales de las actividades económicas.

[4] Ver “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela” M. Ross, Amazon.Books

[5] Ver nuestro planteamiento en “Venezuela: Elementos de una Visión de Integración Nacional” Revista de Integración Nacional Año 2, No 4. Universidad Monteávila.

Quienes tengan el interés y la oportunidad de leer este ensayo se preguntarán porque escogimos estos nombres para titularlo y la razón es muy simple: Por un lado, Venezuela es petróleo y petróleo es Venezuela. Nuestros últimos 100 años de historia están signados por el descubrimiento y explotación de ese recurso natural, con todas las implicaciones y consecuencias que conocemos.

De otro lado, PETROLIA estaría representando una era que estaría por terminar y abre una oportunidad para construir una Nueva Venezuela, donde el petróleo no tenga el mismo protagonismo y cambiemos la manera de organizarla.

Cuando lo afirmamos de esta forma no estamos diciendo que el petróleo se esté acabando o que no siga siendo explotado.

El fin de PETROLIA no es este. Lo que queremos puntualizar es que esa era tuvo un determinado enfoque y es a eso a lo que nos referimos cuando decimos que ese “modelo” está mostrando su agonía, en lo económico, lo político, lo institucional y lo social.

En este ensayo nos concentramos en refutar las ideas y la ideología que orientaron a Venezuela en esos 100 años, cuyos resultados están a la vista.

Invitamos a acompañarnos en esta interpretación y esta apuesta por Una Nueva Venezuela.

Interesados pueden adquirir el libro en:

https://www.amazon.com/-/es/Maxim-Ross/dp/B09JDXNW9Y

Número de páginas: 280

Fecha de publicación: 13 Octubre 2021

ISBN-13: 979-8496006651

La de la economía y la sociedad.

Necesario es referirse a lo que acontece hoy en Venezuela con esa muy triste y dolorosa gran paradoja que estamos viviendo, entre la inauguración de la Gran Tienda, el sinnúmero de ricos y elevados nuevos restaurantes, abastecidos, seguro de afuera o de cualquier Bodegón y, las familias que siguen “pelando”, en el “barrio” y en su casa, esperando que le llegue la bolsa CLAP, la pensión, el aumento del salario mínimo o poder comprar su bombona de gas, gracias al favor del Carnet de la Patria o del Consejo Comunal. No hace falta invocar aquí, para resaltar el enfoque académico, los últimos resultados de la encuesta ENCOVI-UCAB-UCV, o a la espera de la del INE, sobre el gran número de pobres que siguen viviendo en este país. Paradójico también lo de las principales ciudades sede del espectáculo masivo en que se ha convertido Venezuela. Cuanto artista, cantante o teatro este por ahí viene y muy bien pagado. Abierto el Poliedro está para el gran evento. Pan y Circo es la consigna.

En la política.

No menos interesante es el registro de lo acordado en Méjico, pues teníamos entendido, que era para renovar la negociación de como regresamos al sistema democrático, en el que debieron realizarse y se deben efectuar unas elecciones presidenciales y legislativas limpias, transparentes y aceptadas por todos. Las mismas que dieron origen a las sanciones aplicadas desde el 2015 hasta hoy[1].

Pero resulta que no. Que la negociación fue para llegar a un “acuerdo social” que permite liberar los fondos congelados a un gobierno no reconocido por la comunidad internacional y cuyo fin es aliviar la crisis humanitaria que ahora parece ser cierta y que se originó en el buen manejo de la economía de los últimos dos gobiernos. Una crisis que provino, para que no se olvide, de esa excelente combinación de políticas que produce hiperinflación, devaluación, contracción económica[2], desabastecimiento y escasez. También, aparentemente, el “acuerdo” incluye algún monto para financiar la recuperación del sistema eléctrico el que, como recordamos, fue muy bien manejado por CORPOELEC.

Habría que añadir que estamos en vísperas de unas elecciones primarias de la oposición para escoger un único candidato contra el del gobierno, unas que, de acuerdo con este, solo se permitirán si se eliminan las sanciones que se le fueron aplicando sucesivamente y que, según recordamos se fundaron en la defensa del ordenamiento político y los derechos humanos.

La petrolera.

A esto se agrega, y no se puede omitir, la graciosa concesión a la empresa Chevron, ganada, según parece, solo porque se sentaron a dialogar los opuestos, quiere decir que, extraña y milagrosamente, lo que se supone que era una negociación política, terminó en petrolera, tema que, por supuesto, tiene un solo beneficiario y no dos. Mientras tanto, un buen número de voceros, ven con muy buenos ojos esa conversión de las negociaciones, de elecciones libres por sanciones a sanciones por petróleo.

Un poema viene a cuento.

Frente a este muy triste panorama, se nos ocurre, por cuestiones de memoria y, quizás, de antigua participación y desilusión política, recordar el bello poema de Jacques Prevert,[3] en el cual alude a una paradoja similar en otra época, en la que varios personajes enmascarados se reúnen para celebrar y del que tomé algunas partes que dicen así:

“Los que piadosamente…
Los que copiosamente…
Los que patrioterizan…
Los que inauguran
Los que creen
Los que creen creer

Como duele profundamente lo que puede venir y no se ve una alternativa de cambio valida, apelamos a esas palabras, viendo a nuestra Venezuela en manos vitalicias, cuyas características van desde ese “socialismo confuso” que apela a las reglas de mercado, luego las revierte y son las mismas que se asociaron a la “moneda imperial y, mientras tanto promueve a la callada el Estado Comunal siguiendo la versión china o la cubana. Por esas razones el mismo poema nos ayude, quizás, a entender. Sigue así:

Los que croan croan
Los que tienen plumas
Los que meten mano
Los que andromaquean
Los que dreadnoughtean
Los que mayusculan
Los que cantan a compás
Los que cepillan para que brille
Los que tienen panza
Los que bajan los ojos
Los que saben trinchar el pollo
Los que son calvos por dentro
Los que bendicen las jaurías
Los que se hacen besar los pies
Los que corren, vuelan y nos vengan, (4)

Todos esos y otros entraban orgullosamente al palacio del Elíseo haciendo crujir la grava; todos se atropellaban, se apuraban, pues hay un banquete de cabezas y cada cual se había fabricado la que más le gustaba.”

Describe el poeta minuciosamente a todos aquellos que, disfrazados, asisten a la cena y reproducen aquella Francia paradójica en la que convivieron ricos y pobres, reyes y revolucionarios, asambleístas y Presidentes que terminaron, como todos sabemos.

Como se dice en el argot cinematográfico esta película, este poema, estas notas no representan hechos reales, ni a persona alguna. Son ficciones inventadas por el guionista y el productor.

[1] No olvidemos los pronunciamientos en cada caso. Por ejemplo: la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, aprobada por el Congreso de ese país y refrendada por el Presidente Obama impuso “sanciones a las fuerzas de seguridad venezolanas que reprimieron las protestas estudiantiles de ese año”. Posteriormente se produjeron otras, quizás la más importante, la “Ley Verdad”, pues en el año 2019 el Congreso de ese país la aprobó con el respaldo de ambos partidos y cuyo fin es el mismo.

[2] Venezuela perdió del 2013 al 2018 cerca de un 70% de su capacidad productiva (PIB) con su consecuente impacto en el empleo y la multiplicación del empobrecimiento.

[3] “Intento de descripción de una cena con máscaras en Paris” Publicado en El Porteño, Valparaiso.2/12/2021

Dedicado al amigo Eddie Ramírez y a la Gente del Petróleo.

Me he tomado la tarea de indagar sobre la validez del concepto de renta petrolera y encontré algunos hallazgos que deseo compartir con mis lectores, pero que me llevaron a la afirmación del título de estas notas. Como su frase derivada, la de “rentismo petrolero”, se ha incrustado completamente en nuestra memoria histórica y ha marcado la economía, la política y la sociología y, quizás demasiado, la vida venezolana en general, creo que vale la pena compartir el resultado de esta indagación.

La principal motivación que tuvo esta iniciativa fue tropezarme con el uso repetitivo de la frase, incluyendo el mío propio, sin un cuestionamiento del término que venimos utilizando en el lenguaje común y por dirigentes políticos, intelectuales, empresarios y periodistas o en documentos mas acabados.

Sobre el origen del concepto de renta petrolera.

Hemos repetido, una y mil veces, que Venezuela ha vivido, desde que se descubrió petróleo de una “renta”, porque trasladamos equívocamente el pago que recibe el propietario del suelo o del subsuelo, la regalía o “royalty”, en nuestro caso el Estado venezolano, a todo el excedente económico que genera la industria, esto es a todos sus ingresos.

Comprendimos que el origen de esos términos tiene que ver con las interpretaciones que se dieron en el comienzo de su explotación, marcadas por el “impromptu” de su llegada inesperada o porque se percibía como un regalo de la naturaleza que no exigía esfuerzo o trabajo alguno para extraerlo. Se entendió como algo “improductivo” al compararlo con la estructura económica tradicional, con el comercio y sobretodo con la agricultura. De allí se generó un tipo de pensamiento que invocaba un cierto retorno hacia ella, que era la realmente productiva.

Sumado a ello, está el efecto fulminante de desorden y desequilibrio que causó en las finanzas públicas. Un ingreso que solo provenía de ese “regalo” de la naturaleza y que, como tal, calificaba como renta. Si añadimos que inicialmente fue explotado totalmente por empresas extranjeras, quienes conformaban una especie de “enclave externo” y únicamente “dejaban” en el país esa renta del propietario, podemos apreciar la lógica, razonable y correcta conducta gubernamental de maximizar los tributos a dichas compañías pero también la fecundación de la ideología de “capturar esa renta”, evitar que fuera apropiada por el extranjero, pero entendida esta como la totalidad del ingreso petrolero.

Nunca se le quiso entender como una actividad económica tan productiva como cualquier otra que exigía contribuciones factoriales distintas a la propiedad del suelo y el subsuelo, tales como la investigación, la tecnología, el capital y el trabajo para hacerlo útil, para darle valor agregado y valor de mercado, actividades que no solo generan renta, más allá de que el propietario recibiera su regalía o “royalty”.

No sabemos si los argumentos presentados son suficientes y convincentes para cuestionar las dos frases que hemos repetido e instalado como un paradigma indiscutible de nuestra historia. Creemos haber vivido de una renta y del rentismo petrolero.

¿Abandonar el rentismo petrolero?

Quienes lean estas notas se preguntaran por su pertinencia y actualidad, dado que parecen apegadas a nuestro pasado, pero resulta que, hoy día, dirigentes de toda índole y el común de la gente siguen repitiendo que la causa de todos nuestros “males” radica en haber vivido del “rentismo petrolero” y que bastaría con abandonar esa trayectoria para encontrar una ruta apropiada de desarrollo económico y extirpar de nuestra sociedad su consecuencia derivada la cultura del “facilismo”.

Si el petróleo es una actividad productiva y económica como cualquier otra no hay tal cosa que se pueda llamar rentismo y no podemos repetir que la solución de nuestros problemas sea abandonarlo, porque estaríamos llegando al absurdo de decir que habría que dejar de producir petróleo, cuando este ha sido nuestro gran proveedor de riqueza productiva. Como sabemos que esa provisión ha estado llena de sobresaltos, de auges y crisis, es muy oportuno reconsiderar su rol en la economía y la sociedad venezolanas, tal como sugerimos al final de estas notas.

¿Rentismo o mono-producción?

Con la intención de ratificar el juicio que estamos emitiendo creemos que el problema venezolano con su petróleo nunca fue de “rentismo”, para reducirlo a un concepto, sino de no haber podido romper con la clásica estructura mono-productora y mono-exportadora, a pesar de varias intentos frustrantes, como los experimentados en la etapa de vida democrática, que es cuando realmente se ensayaron.[1]

La otra “Venezuela exportadora” de bienes no tradicionales nunca logró su objetivo de sustituir el protagonismo petrolero, especialmente en el abastecimiento de las divisas internacionales que financiaran el resto de la economía[2], fuese porque las medidas adoptadas no tuvieran el alcance necesario o porque tampoco se quiso romper con el modelo de sustitución de importaciones. Reiteradamente, se regresó a él por razones ideológicas o, quizás porque la dirigencia política y, en algún momento la empresarial; no fueron capaces de dar “el salto” hacia una economía competitiva y abierta a los mercados internacionales[3].

De hecho, al no hacerlo, en cualquiera de las formas descritas, se condenó a Venezuela a seguir viviendo del petróleo, pero no en la forma de renta, como se creyó, sino en su extrema dependencia de la explotación económica del crudo. Hemos puesto y seguimos “Poniendo los huevos en una sola canasta”, según el antiguo proverbio. Creemos que esa conducta coloca al país, en el pasado y actualmente, ante una exagerada exposición a la geopolítica internacional, con graves secuelas que se viven hoy.

El petróleo: un instrumento de integración y autonomía nacional[4]

Si los números que han evaluado nuestros amigos petroleros son ciertos y Venezuela posee todavía ingentes reservas del crudo, resultaría totalmente fuera de sentido dejar de producirlo pero, dados los resultados obtenidos hasta ahora conviene evaluar como lo hicimos hasta ahora, especialmente para reestablecerle un mayor grado de autonomía a la Venezuela presente y futura.

La primera cuestión a revisar es si la herencia del Estado propietario está en los orígenes del problema, puesto que, desde siempre, fue la forma concebida para explotarlo, primero en alianza con las grandes compañías y luego como propiedad absoluta del Estado. Con el balance que tenemos a la vista el tema merece una profunda y rigurosa reflexión fuera del sentimentalismo ideológico en todas sus vertientes.

En primer lugar, para que no haya equivocaciones, hay que puntualizar que el verdadero propietario del recurso es la Nación venezolana y no el Estado. Que, como consecuencia de ello, sus auténticos Dueños somos los venezolanos, que no se trata de “privatizar” PDVSA, que es otro tema y que de lo que se trata es de devolverle esa propiedad a sus legítimos propietarios, los nacionales de este país que llamamos Venezuela.

En segundo lugar, el petróleo en manos del Estado lo hace demasiado poderoso frente al resto de la sociedad, se independiza de ella y potencia a limites extremos el poder del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la Republica, de los Gobiernos y del o de los partidos políticos. Argumento, ya de si, suficiente para promover un cambio radical, con el que estaríamos de acuerdo todos...

En tercer lugar, para llegar a PDVSA, su Asamblea de Accionistas estará constituida por todos los venezolanos y cada uno es propietario de una acción intransferible y con derecho a voto, con un valor simbólico o determinado por una experticia pertinente. Su Junta Directiva será designada por esa Asamblea, mediante un procedimiento de postulaciones público y completamente transparente.

En cuarto lugar, para que el negocio petrolero no tenga el mismo protagonismo y el peso específico que ha tenido hasta ahora, para salir del esquema “mono-productor y mono-exportador” y con el fin de evitar la total dependencia del negocio petrolero, con las graves consecuencias, políticas, económicas, institucionales y sociales, que todos conocemos y hemos padecido, se propone Integrarlo al quehacer de la vida nacional bajo las siguientes normas:

1. Los proyectos de explotación serán configurados de un tamaño tal que faciliten y maximicen la participación de los venezolanos en cada uno de ellos, sea como personas particulares o en asociaciones de ellos,
2. Dichos proyectos serán igualmente confeccionados para facilitar y maximizar la participación de capital privado venezolano, el cual además deberá poseer la mayoría accionaria de cada proyecto,
3. La participación de empresas internacionales será abierta, transparente y realizada mediante un sistema de licitaciones públicas,
4. Los proyectos de explotación podrán ser ofrecidos en el mercado de valores, nacional o internacional, respetando las normas anteriores,
5. Reconsiderar el esquema único de “defensa de los precios” y darle prioridad a la captación de mercados que hagan crecer la industria,
6. Finalmente, reconsiderar la conveniencia de continuar con los grandes proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco, los que tienden a mantener a perpetuidad la presencia de capital extranjero asociado al Estado venezolano y para evitar su alta incidencia en repetir el modelo de excesivo protagonismo petrolero y replantearnos un modelo mucho más autónomo.

[1] La Venezuela previa al experimento democrático nunca promovió un proyecto de esa naturaleza.

[2] Detrás de lo cual está el esquema de devaluación, inflación, recesión típico de nuestra economía.

[3] Los intentos hacia la Comunidad Andina o de plena apertura lo lograron consolidarse.

[4][4] Las medidas aquí sugeridas están expuestas y complementadas en los trabajos “Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela” y en “El Fin de Petrolia y Una Nueva Venezuela” con participación parcial o total del autor.