Este término, tan presente en estos días en que se rememora la pasión de Cristo, tiene gran pertinencia a la hora de abordar la situación venezolana. La acusación de traidor debe ser una de las más graves, si no la más grave, que se le puede imputar a un militar. Aquellos que, presuntamente, son entrenados para defender a la patria con su vida estarían incurriendo en el peor de los delitos al traicionarla.

Pero ¿qué cosa es la “patria”? ¿Es la bandera, el escudo, la cinta tricolor y los ritos simbólicos evocados en los ceremoniales y en la liturgia conmemorativa de fechas “patrias”? ¿Acaso la “patria” la encarna el presidente de la República o el Congreso Nacional? ¿O –en deliberado contraste-- la “patria” somos los que, compartiendo un sentido de pertenencia a un territorio –Venezuela--, creemos estar identificados con valores particulares a nuestra manera de convivir en sociedad y de vernos ante el mundo?

La primera acepción del DRAE de “patria”, es:

“Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.” Tal definición se asocia a la época moderna, cuando surgen y se consolidan los estados-nación, como los conocemos hoy. La vinculación del concepto de “patria” con el de “nación”, lleva, por tanto, a referirla al conjunto de personas que, por razones históricas y culturales, comparten un territorio acotado en términos jurídicos. ¡La patria venezolana no puede entenderse sin nosotros, los venezolanos!

Este torneo de redundancias tiene como único propósito resaltar la descomunal aberración de aquellos militares que, llenándose la boca con proclamas en defensa de la patria, sostienen al régimen de Maduro. Haber asesinado --junto a colectivos fascistas-- a centenares de manifestantes desarmados que protestaban contra su mandato; proteger a un régimen que acabó, deliberadamente, con los medios de vida de la población y con los recursos para mantener servicios públicos vitales, condenando a los venezolanos a niveles de hambre y miseria insospechados hace escasos lustros; y negar la entrada de ayuda humanitaria --y, ahora, de vacunas contra el COVID-19-- porque fueron gestionados por el liderazgo opositor, no denota, precisamente, un comportamiento en defensa de la patria.

Esta aberración, como sabemos, se explica por la corrupción deliberada de la cúpula militar, de manera de hacerla cómplice y, por ende, defensora, del régimen de expoliación en que terminó el “socialismo del siglo XXI”. Nunca está de más reiterar que el desmantelamiento del ordenamiento constitucional y el acorralamiento de las fuerzas del mercado, amparado en la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de la gestión pública, y con la impunidad otorgada por un aparato judicial –también cómplice—en manos chavistas, crearon un escenario inusitado para la prosecución desenfrenada del lucro.

Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares controlarían, para 2018, no menos del 70% de la economía venezolana[1]. Están al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento, televisoras, de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg, constituida para intermediar en los negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio), de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de las empresas básicas de esa región, de los puertos y aeropuertos, de las empresas públicas, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Hasta hace poco, Maduro mantuvo en la presidencia de PdVSA y, paralelamente, como Ministro de Petróleo y Minería, a un general sin experiencia previa en el campo[2]. La participación de los militares venezolanos en actividades económicas, como directores de empresas públicas o contratistas del Estado, como jefes de despacho de ministerios económicos, como ejecutores de medidas de política o, indirectamente, como custodios de que sean cumplidas, ha sido instrumental para afianzar su lealtad. Adicionalmente, su función de resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras los posiciona favorablemente para extorsionar a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general, que usan estos servicios. Lugar destacado en estas prácticas tiene la Guardia Nacional. Más recientemente se ha denunciado su incautación de bienes y de alimentos de hogares particulares, al hacer sus razias en barriadas populares junto a las brigadas de exterminio (FAES). Si el sueldo más alto de la FF.AA., el de General en Jefe, era de apenas USD 17 (al mes) para finales de 2020[3], puede esperarse cualquier cosa. ¡Y ese es el régimen que defienden!

Pero esta aberración tiene un ingrediente que la hace aún más perversa. La insólita labor de destruir patria, que es, en fin, su resultado, se excusa con un artificio ideológico inventado por Chávez, quien calificó a estos militares como herederos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. Y como tal, son ellos, y solamente ellos, los custodios de la patria. Mejor dicho, son sus dueños. Se la debemos. Por antonomasia, lo que hacen, así sean crímenes registrados en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Misión Independiente de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos –ambos de las Naciones Unidas--, del Consejo Interamericano de Derechos Humanos o de numerosas ONGs, ¡es labor de Patria (ahora con mayúscula)! Subordinarse a Cuba y apoyar la contracción de la economía a la cuarte parte de la de 2013, ¡también! Y, cobijados en su burbuja ideológica, para los militares tales crímenes contra la patria no existen, ¡porque son ellos la patria! Invierten la argumentación conceptual del comienzo. Si la patria se asocia con el pueblo, sólo son “Pueblo” quienes dan su anuencia a esta particular noción de patria, propiedad de militares. Así, el ochenta y tanto por ciento de los venezolanos que repudiamos a Maduro no somos “Pueblo”. En su recetario maniqueo se nos reserva la condición de “enemigos”.

Uno de los elementos más indignantes de esta postura fascistoide es su pretensión de ejercer la supremacía moral. Así, Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, rechaza airadamente unos 12 millones de vacunas contra el Covid, gestionadas por Guaidó con el programa de COVAX de la OMS, ¡porque no va a aceptar “limosnas”! Las muertes que se hubieran podido evitar no existen en su cálculo; ya Maduro anunció remedios milagrosos y una remesa eventual de vacunas rusas. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo serán financiadas? “Detalles” irrelevantes porque, al igual que con el registro de contagios y muertes por Covid, no habrá forma de verificar esta afirmación. Total, ya la élite chavista fue vacunada.

Y ahora, para encubrir la participación de componentes de la FF.AA. en un enfrentamiento entre bandas de la guerrilla colombiana en Apure, presuntamente por el control del tráfico de drogas, se reproduce una de las peores actuaciones del ejército en el pasado –la masacre de El Amparo en 1988—, montando unos “falsos positivos” con campesinos de El Ripial, también del estado Apure. La intensidad de la acometida militar ha obligado a casi 4.000 civiles a cruzar la frontera a Colombia en busca de refugio. Denuncian, además, el robo de sus pertenencias por parte de militares venezolanos que allanan sus viviendas.

A raíz del incidente de El Amparo y a pesar del lamentable escarceo entre tribunales militares que evitó condenar a los asesinos, el Estado venezolano, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció su responsabilidad ante la masacre. ¿Cuál ha sido ahora la actitud de Padrino López?

¿Quiénes son responsables de nuestra tragedia? ¿Quiénes traicionan a la patria? ¿Con quiénes cuenta?

[1] http://impactocna.com/el-ejercito-de-ocupacion-que-opera-en-venezuela/

[2] Manuel Quevedo de la Guardia Nacional, quien estuvo al frente del Comando Regional número 5 en 2014 que desató una represión contra opositores que manifestaron en contra del presidente Maduro en Caracas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad social reportó que durante ese año fueron asesinadas 43 personas en manifestaciones de calle contra el presidente Nicolás Maduro. Se contabilizaron 973 heridos y 3 mil 306 detenidos. Fue destituido como presidente de PdVSA y ministro de Petróleo y Minería el 26 de abril de 2020.

[3] nfobae.com/america/venezuela/2020/11/09/el-regimen-de-nicolas-maduro-le-aumento-el-salario-a-los-militares-ahora-un-general-en-jefe-de-venezuela-ganara-unos-17-dolares-al-mes/

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Todos sabemos que la actual tragedia económica que padecen los venezolanos no se debe a una penuria de recursos, sean estos naturales o formados por la inversión y el esfuerzo de años, como es el caso de las instalaciones productivas, la infraestructura física y del capital humano. Afuera, nuestro país suele ser referido por su dotación en recursos minerales.

Si bien es cierto que la infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos y de servicios públicos está, hoy, bastante deteriorada, que el capital productivo ha sido destruido en gran parte y que el talento ha emigrado o se encuentra degradado a labores de subsistencia por la desaparición de empleos calificados, esa no es la Venezuela que conocimos antes del chavismo, ni la que debe perdurar.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, nuestro país se distinguió en la región por sus autopistas, sistema de generación y distribución eléctrica (represas del Caroní, Guri, Planta Centro), de edificaciones educativas y hospitalarias, sin hablar de la compleja infraestructura asociada a la explotación, distribución, refinación y comercialización de petróleo y sus productos.

Los graduados de las universidades nacionales –UCV, ULA, USB, LUZ y de Oriente--, así como de la UCAB, eran aceptados en las mejores universidades del globo para proseguir sus cursos de postgrado, en reconocimiento de la calidad de las instituciones donde se formaron. Al IVIC venían a hacer investigación y/o a completar su formación doctoral científicos de variadas disciplinas de toda América Latina e, incluso, de más allá. El talento venezolano existente en estas Casas de Estudio, en la industria petrolera, y en muchos institutos y empresas públicas, en absoluto era despreciable, como tampoco el que se había forjado en el sector privado.

Gracias a la fortaleza del bolívar, el empresario venezolano pudo equipar sus plantas o explotaciones agropecuarias de maquinaria moderna, de avanzada tecnología. Y, todo eso en un territorio copioso en recursos minerales, agua fresca abundante, más de mil kilómetros de costa, una geografía diversificada y rica en ambientes naturales atractivos para el turismo.

Desde luego, no todo fue color de rosas. Esta abundancia no fue aprovechada debidamente y, ante la prodigalidad del PetroEstado, la caza de rentas fue desplazando, progresivamente, el esfuerzo productivo, sobre todo con las dificultades confrontadas luego de los años 70. Intentos de corrección bajo la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez tropezaron, como se recordará, con los intereses creados en torno a las prácticas populistas y clientelares que fueron colmando nuestra cultura política, abonando un clima de rechazo que le tendió la cama al triunfo de Chávez.

Lo que interesa destacar con las referencias citadas, es que Venezuela fue un país de enorme potencialidad, a pesar de los desaciertos de política y de los errores que se han podido haber cometidos. Y lo sigue siendo, en buena medida, no obstante los destrozos del régimen chavo-madurista. Pero la realización de esa potencialidad enfrenta formidables obstáculos.

En primer lugar, está el régimen de expoliación implantado por mafias militares y civiles, bajo tutela cubana. Lo que menos las motiva son los intereses de la nación o la suerte de los pobres. Duchos en la neolengua Orwelliana, cuando vociferan su disposición nacionalista y su compromiso con el pueblo, están, en realidad, confesando exactamente lo contrario. Su apego a los clichés los delata. Sin remover a esta camarilla criminal, Venezuela seguirá deslizándose hacia su ocaso.

El segundo gran obstáculo es la superación de la cultura y del sesgo institucional forjada en torno al usufructo de la renta petrolera, y que este régimen de expoliación ha llevado a extremos. Por razones que, esperemos, sean harto conocidas –la destrucción de la capacidad productiva local de petróleo y la transición mundial hacia fuentes energéticas distintas a los combustibles fósiles— el futuro de Venezuela descansará crecientemente en el potencial de sectores no petroleros.

En un artículo anterior, hicimos referencia al marco general de políticas que permitirían el aprovechamiento cabal de esta potencialidad[1]. Muchas tomarán tiempo en rendir sus frutos. Además, estarán sujetas a una acertada conducción política del gobierno de transición que surja del desplazamiento del régimen fascista actual.

Un aspecto, en particular, podría ser decisivo en el corto plazo para apuntalar esa viabilidad política y enrumbar el país de manera sólida hacia su recuperación: el aprovechamiento de la capacidad ociosa existente del aparato productivo.

De acuerdo con la última encuesta de coyuntura de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), la capacidad utilizada de sus afiliados apenas superaba el 20%. Peor aún, de 12.471 empresas registradas en 1997, sólo sobrevivían, para finales de 2020, 2.121. Know-how, experiencias, esfuerzos, empleos y capital productivo sucumbieron ante la voracidad criminal de un régimen empeñado en controlarlo todo.

Similares destrozos se evidencian en los sectores agropecuario, transporte, financiero y comercial. Recuperar en lo posible tan valioso acervo, en el marco de políticas de estabilización que generen confianza, tropieza con numerosos cuellos de botella. Entre éstos, destacan la ausencia (por emigración) de mano de obra calificada y de talento profesional; el colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física; leyes y reglamentos asfixiantes y punitivos; la destrucción del tejido industrial, representado por proveedores, industrias complementarias y servicios especializados de apoyo (clusters); una banca atrofiada; y el colapso de la administración pública en muchas áreas.

De afrontarse exitosamente estos obstáculos, habría un salto importante en la productividad que serviría para aumentar significativamente las remuneraciones en el corto plazo. La satisfacción de las expectativas de mejora de la población trabajadora es crucial para el éxito político de un programa de transición. Ello sembraría confianza para subsiguientes emprendimientos. “Nothing succeeds like success”, reza un conocido proverbio gringo.

Entre los elementos que coadyuvarían con este éxito ansiado, destaca el incremento de la demanda proveniente de la inyección de significativos recursos externos, negociados con organismos multilaterales en el marco de un plan de estabilización macroeconómica y de reforma del Estado. La provisión, asimismo, de financiamiento para solventar urgentemente deficiencias en materia de servicios públicos e infraestructura, para muchas de las cuáles ya existen proyectos formulados. La inversión extranjera, atraída por la potencialidad a que hicimos referencia y por el costo –criminalmente bajo, a causa de la gestión de Maduro—de la mano de obra. También la aparición de un espíritu de emprendimiento en muchos, adormecido por el petropopulismo, que las penurias han hecho brotar. El venezolano ha tenido que aprender a resolverse por iniciativa propia para subsistir. Igual, el talento emigrado estaría mucho más dispuesto a contribuir con sus iniciativas, aun cuando muchos de sus portadores decidieran quedarse en el extranjero.

Las bonanzas petroleras son cosas del pasado, pero es menester conservar el optimismo sobre las posibilidades de recuperar una vida digna para los venezolanos. El país tiene con qué. Nos lo imposibilita, empero, un formidable impedimento: la existencia de un régimen fascista amparado en una cúpula de militares corrompidos que han traicionado a la nación.

No hay excusa para que la dirigencia opositora no aúna voluntades en torno a una estrategia capaz de lograr el cambio político tan deseado por todos. El valioso apoyo de la democracia internacional debe encontrar el terreno propicio para que su compromiso fructifique provechosamente.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

[1] https://www.elnacional.com/opinion/productividad-y-expectativas-desafio-...

El régimen de expoliación que quedó del “Socialismo del Siglo XXI” hizo de Venezuela el país más pobre de América Latina, después de haber sido uno de sus más prósperos. Su economía es, hoy, apenas la cuarta parte de la de hace siete años y de igual dimensión a la de 1965, pero sirviendo a una población tres veces superior. El ingreso real por habitante alcanza solo a la mitad de la que gozaba el ciudadano promedio en 1950. Y ello ha ocurrido en una nación que, entre 2008 y 2014, disfrutó de la mayor bonanza de exportación experimentada en su historia, con precios para su crudo de USD 100 el barril o más.

Infelizmente, esta enorme riqueza fue dilapidada, esquilmada por contratos leoninos con países “amigos” o simplemente robada. En los años subsiguientes, los venezolanos sufrieron la mayor destrucción de medios de vida registrada en épocas recientes para un país que no esté en guerra. Más de cinco millones decidió emigrar.

Recuperar niveles de bienestar que hagan de nuevo a Venezuela una nación en que vale la pena residir constituye, sin duda, el mayor reto a enfrentar por las fuerzas democráticas, una vez recuperada de la horrible aberración militar que hoy la consume.

Nuestro país enfrentó en el pasado crisis económicas –ninguna, ni remotamente, con las dimensiones de la actual— que fueron solventadas, en mayor o menor grado, gracias a aumentos oportunos en los precios internacionales del petróleo. Proveyeron a la nación con mayores ingresos de exportación para afrontar sus dificultades. El dispendio a discreción de la renta petrolera por parte de diferentes gobiernos sirvió también para cosechar réditos políticos y sembró una expectación en el venezolano de que el Estado estaba ahí para asegurarle su bienestar material.

Esto pasó a ser percibido como un derecho adquirido, no condicionado por otras consideraciones. La captación de rentas internacionales por Venezuela durante décadas obnubiló la vinculación entre la remuneración salarial y la productividad. Las actitudes y valores inherentes a la cultura rentista mellaron, asimismo, las presiones para emprendimientos competitivos. Más rentable fue, para muchos, dedicarse a cazar las rentas que deparaba el intervencionismo del Estado. La viabilidad social, política y económica de un gobierno de transición democrática habrá de verse seriamente comprometida si no logra revertir esta visión.

Repartir la renta petrolera ya no es posible como solución, lo que genera serios desafíos a la hora de querer satisfacer las expectativas de mejora de los venezolanos. El país produce, hoy, apenas 16% de cuando Maduro ocupó la presidencia, privando a Venezuela de las divisas y de los encadenamientos productivos que, en otras oportunidades, dinamizaban al llamado sector conexo de industrias del metal, químicas, de la construcción, como de numerosos servicios. Haberle entregado PdVSA a los militares como premio por su apoyo, terminó la destrucción de su capacidad productiva que había iniciado Rafael Ramírez, cuando hizo de ella una empresa “roja-rojita” al servicio de intereses chavistas.

A nivel mundial es notoria la transición energética a fuentes renovables, hecha posible por los desarrollos tecnológicos, y los intentos deliberados por reducir el uso de combustibles fósiles. En el marco de los acuerdos de París, países europeos se han propuesto como meta reducir sus emisiones netas de gases de carbono a cero para 1950. Muchos se han comprometido, también, a dejar de producir autos de combustión interna para 2030. Metas como estas hacen que la vuelta de precios de bonanza para el crudo sea muy improbable. Los análisis anticipan, más bien, el arribo a una situación de “Peak Demand” en los próximos lustros, a partir del cual el consumo de hidrocarburos se irá reduciendo de forma sostenida. ¿Cuántos años podemos esperar seguir como proveedor importante de recursos energéticos al mundo? Difícil precisar, pero debe tenerse en cuenta, además, que Venezuela no es, actualmente, la provincia petrolera más llamativa para atraer inversiones al sector.

Recuperar un nivel de producción de unos 2,5 millones de b/d tomará al menos 5 años en el mejor de los escenarios. Requerirá, entre otras cosas, una reducción sustancial de la carga fiscal para atraer ingentes inversiones internacionales al sector, sin los cuales ello sería imposible. En consecuencia, el monto de ingresos petroleros del que dispondría el Estado para transferir en auxilio de los sectores más desasistidos será bastante menor. Hoy, parte importante de las exportaciones ni siquiera se cobran por la necesidad de amortizar los préstamos otorgados por China y Rusia al régimen, y por el petróleo que todavía insiste Maduro en regalarle a Cuba.

Enfrentar las expectativas de la población acostumbrada a “soluciones mágicas” provenientes del petróleo constituirá un problema fundamental para la transición democrática. Satisfacer, hasta donde sea posible, sus ansias de superación, implica optimizar el aumento de la productividad, a la vez que se busca cambiar la cultura rentista por una de emprendimiento y competitividad. Si bien se espera negociar un generoso financiamiento internacional con los organismos multilaterales --parte del cual debería destinarse por razones humanitarias a mejorar de inmediato la situación de los más desfavorecidos-- su disponibilidad dependerá de un programa consistente que augure una respuesta favorable de la economía, capaz de asegurar en el tiempo el reintegro de buena parte de los préstamos desembolsados y un crecimiento sostenido que, en un marco de equidad, provea la estabilidad del régimen democrático.

Políticas para fortalecer la productividad y, consecuentemente, la competitividad, serán decisivas para la transición y la consolidación de una Venezuela democrática. Esto supone lo siguiente:

1) Un retorno al ordenamiento constitucional y a las garantías inherentes al Estado de Derecho;

2) Un programa exitoso de estabilización macroeconómica, con un tipo de cambio estabilizado en torno a sus valores de equilibrio o una economía totalmente dolarizada;

3) Aprovechamiento cabal de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional en el corto plazo;

4) El desarrollo de un marco y una cultura favorables al emprendimiento productivo;

5) Una estrategia de desarrollo explícitamente orientada al desarrollo de la competitividad, en la cual ocupen papel importante políticas industriales bien concebidas y articuladas;

6) Un esfuerzo especial por insertar al aparato productivo en la ola de la 4ª Revolución Industrial, fortaleciendo sus capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico.

La capacidad para atraer inversiones extranjeras, de estimular también la inversión nacional y de aprovechar, de una manera u otra, el talento que emigró –así sea que sus portadores no regresen al país—será sumamente importante. Asimismo, requiere, como se mencionó, del apoyo de los organismos multinacionales, tanto para la provisión de un importante financiamiento externo, como para apoyar al país en la reestructuración de su deuda externa, de forma de hacer compatible su manejo con las metas de desarrollo propuestas.

La instrumentación de un programa de esta naturaleza, ambicioso y con su visión puesta en el largo plazo, es inconcebible bajo un régimen como el actual, guiado por la idea de que la riqueza no necesita ser producida, sino aprovechada, siguiendo intereses personales y políticos. Es lo que se denomina un régimen de expoliación. Descansa en las jerarquías y relaciones de poder articuladas en torno al Estado, y en la ausencia de normas y contrapoderes. Es el reino de las mafias, muchas de ellas, militares.

Es crucial tener en mente qué se está jugando cuando se propone negociar con personeros del régimen una salida pacífica a la actual tragedia. ¿Podrá ser una solución verdadera, hacia la recuperación de niveles de vida dignos y en libertad? ¿Qué hace falta para ello? Valgan estas líneas como referencia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

A la memoria de Héctor Silva Michelena, amigo, humanista y economista crítico,

comprometido con el triunfo último de la libertad y de la razón.

La posibilidad de una negociación para acordar una salida electoral confiable a la actual tragedia parece asomarse tímidamente. Hacerla realidad obliga a conocer a qué responde la contraparte con la que se pretende negociar, en este caso, la representación del régimen. Con esto en mente y en el ánimo de impedir que las fuerzas democráticas sean burladas --una vez más— por quienes ocupan el poder, es útil un somero enfoque de economía política para entender mejor lo está en juego.

Instituciones, para qué

El quehacer económico responde a los incentivos del marco institucional en que se desenvuelve. Las instituciones son las reglas que acotan el comportamiento económico, político y social de una sociedad. Pueden ser formales --leyes y normas escritas—o informales: hábitos, valores y códigos que guían la vida en colectividades. La economía política busca entender los intereses en juego de una sociedad, las razones a que responden y las instituciones con las que están asociadas.

En Venezuela, las instituciones de la democracia representativa, en particular, el Estado de Derecho, como de la economía de mercado, fueron desmanteladas por la llamada “Revolución Bolivariana”. ¿Por qué? Pueden señalarse las ambiciones de poder de Chávez, empeñado en abatir todo obstáculo a la centralización de decisiones en sus manos por creerse el auténtico heredero del Libertador y, por ende, el nuevo “salvador de la Patria”, y/o los pruritos socialistas de sus conmilitones de extrema izquierda. Sea como fuere, llevó a que se eliminase la transparencia, la rendición de cuentas y toda actividad de supervisión y control externo por parte de los órganos de representación social sobre el uso de los bienes y dineros públicos. Asimismo, ahogó al mercado como mecanismo autónomo para asignar recursos y determinar la remuneración de los agentes productivos, con su sistema de precios que empalma las presiones de demanda con las posibilidades de oferta. Por ende, la asignación, distribución y usufructo de los recursos económicos pasó a determinarse por criterios ajenos a la racionalidad económica y a la preservación del patrimonio público nacional. ¿Qué implicaciones tuvo, qué surgió de eso?

Puede que al comienzo Chávez realmente creyese que, pasando por encima de las instituciones, redimía a un pueblo oprimido, y sus partidarios izquierdosos que el sistema socialismo fuese superior. No importa. El hecho cierto es que la ausencia de controles sobre la gestión pública y su sometimiento a la voluntad personal de un caudillo condujo a un proceso para el disfrute económico cada vez más discrecional y arbitrario. Al imponer una serie de leyes punitivas, con regulaciones y controles de precio que desafiaban las fuerzas de mercado, surgieron fuertes incentivos para lucrarse arbitrando entre precios y extorsionando a comerciantes y empresarios. Cabe recordar, además, que la captación de formidables rentas por la venta de crudo en los mercados internacionales había proveído a gobiernos anteriores de un margen amplio para el gasto discrecional.

Ello dio lugar a prácticas populistas y clientelares, que Chávez llevó a extremos. Incentivos perversos como estos se alimentan de la vulneración del Estado de Derecho, sea por la no aplicación de leyes o por su desvirtuación por parte de policías y jueces abyectos. Dio lugar a intereses consustanciados con una situación de anomia, de ausencia de normas y resguardos, en la que reina el arbitrio de los que tienen poder. Como tal, la conflictividad actual y la tragedia de los venezolanos no obedece a proyecto ideológico alguno, ni debe ubicarse en el plano de una disputa entre izquierda y derecha. Sobre esto invito a leer mi último libro[1].

Corrupción militar como eje

El eje del régimen es el componente militar, por monopolizar los medios de violencia. Su incursión inicial en irregularidades fue con el “Plan Bolívar 2000”, luego aparecieron las corruptelas del Central Azucarero Ezequiel Zamora (CAEZ), con asesoría cubana, y, progresivamente, una sucesión de escándalos relacionados con dinero para obras públicas, procuras, importaciones y, sobre todo, para la adquisición de dólares preferenciales. Aún más notorio fue su participación activa en el narcotráfico, recogida como “cartel de los soles”. Estas irregularidades fueron generando un entramado cada vez más denso de complicidades, que torcían a su favor la toma o instrumentación de medidas. Chávez no enfrentó la corrupción militar. Utilizó su conocimiento de ella como Espada de Damocles para asegurar la lealtad de los oficiales involucrados. Para ello armó un sistema judicial sumiso que castigara a los rebeldes o echase un manto protector (impunidad) sobre los que le eran fieles. Los criterios de justicia y de legitimidad de muchas acciones pasaron a ser determinadas, no por su apego al ordenamiento legal y/o al interés de la nación, sino por su funcionalidad para con el ejercicio de poder de Chávez. Maduro llevó esto todavía más allá. Elevó a altos cargos públicos a militares señalados de narcotráfico y violación de derechos humanos, y edificó una institucionalidad paralela –asamblea constituyente y TSJ secuaz— que anuló la supervisión y el control sobre su gestión por la representación popular en la Asamblea Nacional. Terminó por corromper a altos oficiales, colocándolos al frente de ministerios e institutos del área económica, empresas públicas, inversiones, servicios y permitiendo las trapisondas ejecutadas en la custodia de fronteras, puertos, aeropuertos y alcabalas, como de la extorsión en general.

Ello destruyó a la FAN como institución, suplantando la disciplina, obediencia y respeto por la jerarquía, como la unidad de mando, por alianzas o componendas entre quienes estaban mejor posicionados para sacarle provecho a las oportunidades de depredación de la riqueza social emanadas de la destrucción de la legalidad. Dio lugar a un régimen de expoliación, comandado por una confederación de mafias que cooperan o rivalizan entre sí, por “cotos de caza” específicos. Estas mafias incluyen funcionarios civiles, así como empresarios inescrupulosos –la llamada “boliburguesía”. La situación de anomia permitió extender sus tentáculos a todos los niveles, incorporando, por ejemplo, a consejos comunales de base y a colectivos chavistas, al reparto de bolsas CLAPS o la exacción de “vacunas” a comerciantes.

Vulnerabilidades

Pueden sacarse las siguientes inferencias de lo anterior: 1) el poder, lejos de ser monolítico, está diluido entre la mencionada confederación mafiosa; 2) las alianzas entre y con esas mafias, son la base real de apoyo al régimen; 3) el mayor desafío de Maduro está en alimentar ese apoyo con oportunidades de lucro y, así, mantener su lealtad y adhesión; 4) ello se fundamenta en actividades que parasitan a la nación, que la han dejado exangüe; 5) el encogimiento resultante del botín agudiza los conflictos internos al régimen, causando reacomodos y desplazamientos; 6) éstos debilitan las bases de apoyo de Maduro.

La situación descrita se complica por la situación de default en que se encuentra Venezuela, como por las sanciones impuestas al régimen, que imposibilitan acudir a los mercados financieros internacionales. Ha obligado a éste a concertar alianzas con bandas criminales internacionales y gobiernos “paria”, con el fin de burlar las sanciones, obtener recursos y financiar desarrollos que reemplacen los “negocios” agotados. Maduro se fue convirtiendo, así, en rehén del ELN, las FARC disidentes y de otras organizaciones criminales para explotar las riquezas minerales de Guayana; de Irán y de Rusia para parapetear la industria petrolera destruida y encontrarle salidas de mercado (con enormes descuentos y aquéllos cobrando su parte); de Turquía, para la compra de oro ilegalmente extraído; y de Cuba, por su asesoría en el funcionamiento del Estado de Terror, tan vital para un régimen fascista como el suyo.

La dilución de la autoridad central y la formación de nudos de poder dispersos se ha visto acompañada de un relajamiento de los controles y regulaciones de la legislación punitiva, otrora “socialista”. La liberación (de hecho) de controles de cambio y de precio ha estimulado iniciativas comerciales en la forma de “bodegones” y mercados virtuales, que transan mercancías importadas en divisas, cobrando precios bastante superiores a los internacionales en muchos rubros. La anuencia del régimen con este despliegue de “capitalismo salvaje” obedece a que representa una veta para lavar dineros mal habidos y, además, da una sensación de prosperidad a sectores de clase media alta y funge de aliviadero para satisfacer las necesidades de quienes perciban divisas. Ello atemperaría su actitud opositora. Mantener los controles era contraproducente, tanto por los estragos causados (escasez, mercados negros), como por su futilidad para la prédica populista. Pero la dolarización desnuda más que nunca la enorme desigualdad en el consumo entre quienes tienen acceso regular a las divisas y quienes deben conformarse con comprar en bolívares y depender de las bolsas CLAP. Además, introduce una dinámica que puja por mayores libertades en distintas actividades. Ello atenta contra las prácticas de expoliación amparadas en los controles, por lo que esta “flexibilización” económica, amén de negar el supuesto socialismo, añade a los conflictos y reacomodos en el seno del chavo-madurismo. La visita de Jorge Rodríguez, a Fedecámaras, ya como presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, podría verse dentro de este contexto.

Inferencias para una eventual negociación

Entender los intereses en juego ayuda a precisar qué se puede negociar y con quién. El cómo es potestativo de políticos, bien asesorados, y de las circunstancias que puedan presentarse.

La expoliación de la renta y de la riqueza social ha sido la razón de ser del régimen. Su resiliencia en aferrarse al poder se vale de una burbuja ideológica que ha creado una realidad alterna, ante la cual sus integrantes consiguen la absolución de sus crueldades y cobijo a sus desafueros. La destrucción de la economía, de la industria petrolera y de los medios de sustento de los venezolanos, les rueda. Se desentienden absolutamente del hambre, la inseguridad, el colapso de los servicios y el deterioro de su calidad de vida. Pretender, por tanto, que el bienestar de la población o el “interés de la nación” puedan ser fundamento para incitarlos a negociar su salida, no tiene ningún sentido.

Puede distinguirse, en particular, a un núcleo perverso, sin escrúpulos, en el cual destacan Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Padrino López y los que están al frente de los órganos de terror (Sebin, DGCIM), que aplastan toda objeción ética, humanitaria, legal o moral a sus atropellos, repitiendo clichés e inventando conspiraciones que los obligan a “defenderse”. Son sociópatas, profundamente dañados por esa falsa realidad a que se han entregado: la maldad hecha poder. Algunos tienen encima, además, requisitorias por violación de derechos humanos y tráfico de drogas. De tanto huir hacia adelante, se quedaron sin salida. Se les pasó el tiempo para una posible reinserción. Y ellos lo saben.

Su permanencia depende de su capacidad por renovar continuamente las complicidades que le sirven de sustento. El encogimiento del botín y las sanciones aumentan su vulnerabilidad: hay cada vez menos renta para repartir. En el contexto de poderes anarquizados, compromisos con socios externos (que cobran su parte) y flexibilización creciente de algunos aspectos de la economía. ¿podrán impedir su salida? Depende, por supuesto, de la existencia de una oposición capaz de cobrársela, con el apoyo internacional. Esto último supone un esfuerzo por despejar toda duda acerca de la naturaleza fascista, proto totalitaria, de Maduro y de los militares que lo acompañan, de manera de no caer –una vez más—en las ilusiones de sus cantos de sirena, para ganar tiempo y desmoralizar al país. No concederán nada que apunte al restablecimiento pleno de la democracia, a menos que las circunstancias los obliguen a ello.

Una estrategia inteligente desde la oposición, con apoyo de los gobiernos de EE.UU., la UE, Canadá y algunos latinoamericanos, deberá incidir en aislar a Maduro de los socios de los cuales es rehén. Las sanciones podrían ser la carta decisiva para aprovechar las crecientes vulnerabilidades del régimen y producir su resquebrajamiento interno, siempre que estén acompañadas de la reactivación interna de la protesta. Es menester, por tanto, diseñar una estrategia con estos propósitos, que restablezca la confianza mayoritaria en un liderazgo opositor comprometido con el restablecimiento de la democracia.

[1] Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos

De acuerdo con una encuesta hecha a finales del año pasado en 14 ciudades principales del país por la consultora Ecoanalítica, un 68% de las transacciones comerciales se estarían haciendo en dólares. Por esas fechas Maduro había declarado que la dolarización era de apenas el 17% y que no pensaba abandonar el bolívar como moneda nacional.

Estamos acostumbrados a que el régimen inventa cifras a conveniencia, pero en este caso ambas aseveraciones no tendrían por qué ser contradictorias. Se entiende que Ecoanalítica se refiere al valor (68% del valor total transado), mientras que, con respecto al número total de transacciones, las realizadas en dólares podrían ser tan solo del 17%. De ser así, estaría indicando varias cosas: 1º., que las compras en dólares son de bienes que, en promedio, son bastante más caros; 2º., que estas compras están concentradas en las ciudades principales; y/o 3º., que el valor consumido por todos aquellos que no tienen acceso regular a las divisas, es muy reducido.

Lo que sí es inobjetable es que el régimen acabó con el bolívar como moneda. No sirve como unidad de cuenta, cada vez menos como medio de transacción y, claro está, nadie lo usa como reserva de valor. ¿Significa que la economía terminará de dolarizarse también en lo financiero y que el dólar suplantará definitivamente al bolívar? Como han pregonado algunos desde hace tiempo, ¿es ésta la mejor forma de abatir la inflación? ¿Empezará a reactivarse la economía? Ya el banco Credit Swiss anticipa para este año una ligera recuperación del PIB, en el orden del 3%, relacionado, en parte, con la mayor estabilidad y previsibilidad que otorga la creciente dolarización de las transacciones.

Hace poco argumentamos que una dolarización completa era improbable. Primero, porque en Venezuela existen muy pocas divisas para sustentar una reactivación de la actividad económica. Su monto quedaría sujeto a las reservas existentes, al saldo de la balanza de pagos y a la política monetaria de EE.UU. En segundo lugar, porque el gobierno sólo puede financiar su enorme brecha fiscal con emisión monetaria del BCV.

Si se completara la dolarización, esta potestad del Instituto Emisor desaparecería. Como el Estado venezolano está en default, sin acceso a los mercados financieros internacionales, no tendría cómo financiar esta brecha y tendría que recortar brutalmente su gasto, lo que representaría una verdadera debacle política y social. Cabe recordar que el ingreso tributario está en el piso por el derrumbe de la economía y la destrucción de la industria petrolera.

Finalmente, en un escenario de dolarización, el sector externo se ajusta –si el Estado no controla el suministro de las divisas-- moviendo el salario real. Saldos positivos en la B de P requerirán salarios bajos, a menos que la productividad aumente, contrario a lo que sería el objetivo de cualquier gobierno que prioriza el bienestar nacional.

Sabemos, empero, que el bienestar de la población no es preocupación que le quite el sueño a quienes están actualmente al mando del Estado. ¿Qué significa, entonces, la dolarización creciente de las transacciones, si la dolarización completa no está contemplada como política? Podría afirmarse que es el resultado inevitable de la destrucción de la moneda nacional y del abandono, por parte del régimen, de toda pretensión de imponer su proyecto económico.

El gobierno entendió, como confesó Maduro, que permitir la dolarización de las transacciones, dejando el funcionamiento de la economía doméstica a la libre, sin controles de cambio o de precio, representaba una importante válvula de escape a las tensiones que se venían acumulando por la escasez y por las restricciones externas.

Pero esta dolarización transaccional habrá de modificar la dinámica económica de algunos integrantes de la oligarquía militar - civil. Las mafias clásicas buscaban lavar sus dineros mal habidos en negocios legítimos. Claro está, sus ganancias ahí eran siempre menores a las exacciones obtenidas por medios ilegales. Pero el riesgo de pasar largos años en la cárcel indudablemente influía en su decisión de buscar amparo legal para sus fortunas. Hoy, en EE.UU., muchos lujosos casinos tienen este origen.

En Venezuela, la rapiña de la coalición criminal que comanda al Estado sin duda está enfrentando obstáculos a nivel internacional en la forma de sanciones, requisitorias, congelación de activos, detenciones y otras medidas. En comparación con los años de gloria, cuando el barril de crudo estaba en USD 100 y abundaban oportunidades para parasitar la renta, el “negocio” actual se les ha puesto chiquito y con riesgos crecientes. Se les encoge el pastel a las mafias.

Por otro lado, las penalidades acechan. Los incentivos por legitimar dineros amasados en sus trapisondas y saqueos estarían ahí, a pesar de que el marco legal en que operarían es más restrictivo. Las inversiones en montar bodegones en las grandes ciudades, surtidos de todo tipo de mercancía importada para ser pagada en dólares, pudieran ser una salida. Pero implicaría fricciones internas y un reacomodo de algunos intereses comprometidos con el régimen, que afectaría a sus bases de apoyo.

Siendo negocios privados que escapan, así, de las sanciones impuestas al Estado venezolano, su autonomía de acción se amplía. Podrían favorecer el restablecimiento de garantías institucionales para repatriar capitales y ampliar el mercado interno. Asimismo, podrían impulsar cambios políticos para que se les aliviasen ciertas sanciones en lo personal.

Tampoco es que les interesa, empero, una economía competida, a juzgar por los precios especulativos con que cobran muchos bienes. Pero con el tiempo, estas iniciativas podrían socavar la cohesión que genera la dinámica de expoliación existente, dependiente de la estructura de poder. No compagina con la persistencia de depender del bolívar para el gasto público. En fin, sin pretender que la dolarización creciente subvierta al régimen –los privilegios otorgados seguirán negociándose a cambio de lealtad-- si parece incidir en su reacomodo interno.

Por otro lado, esta dolarización agrava la desigual distribución del ingreso que viene agudizándose bajo Maduro, siendo la de Venezuela la segunda peor de América Latina, superada solo por Brasil. Porque la cara adversa de esta dolarización transaccional es que alimenta la inflación de aquellos que sólo tienen posibilidades de comprar con bolívares. En efecto, la emisión monetaria con que el gobierno financia sus gastos impulsa el precio del dólar al alza y éste sirve de marcador de precios para las transacciones en moneda local.

Si en lo formal, ello implica un capitalismo salvaje que contradice toda esa cháchara socialista, en los hechos, desnuda abiertamente una odiosa realidad en la que los que una minoría que tiene divisas vive a cuerpo de Rey, mientras que la gran mayoría, con ingresos en bolívares, languidece con unos CLAPs y unos “bonos de la patria” cada vez más escuálidos y menos frecuentes.

Como conclusión, no parece realista confiar la reactivación de la economía en esta dolarización parcial y silvestre. Como se ha insistido una y otra vez, sin un cambio radical de políticas que restablezca garantías y estabilidad a la iniciativa privada, elimine las corruptelas y logre concertar una generosa ayuda externa, la situación general del país seguirá empeorando.

Esta dolarización parcial, sin embargo, estaría agudizando las contradicciones en el seno del régimen fascista. Podrían estarse asomando grietas en sus bases de sustento que deben ser aprovechadas por la oposición democrática.

Una negociación inteligente que, desde posiciones de fuerza y con apoyo internacional, explote estos puntos débiles ayudaría a abrir las puertas a un acuerdo en torno a elecciones confiables. Un elemento a considerar para producir los cambios políticos que los venezolanos imploran para mejorar sus deplorables condiciones de vida. Es menester, entonces, forjar esa fuerza en el campo opositor.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

El peor gobierno de la era petrolera

A finales de 2018, concluía el período constitucional de Nicolás Maduro. Advenido a la presidencia en virtud de un cuestionado triunfo electoral en 2013, nos encauzó a la peor tragedia sufrida por país alguno que no estuviese en guerra. Bajo su mandato, redujo la economía a la mitad, desplomándose las actividades de construcción (-90%), comerciales y de reparación (-76,4%), la de las instituciones financieras (-74,9%) y la manufactura (-71,6%)[1]. La producción petrolera se encogió en 50%, obligando a la importación de gasolina y otros productos para satisfacer la demanda interna, y de petróleo liviano para mejorar los crudos pesados. Incrementó la descomunal deuda dejada por su predecesor a niveles muy por encima del valor del PIB venezolano. La caída en más de dos tercios de las exportaciones petroleras hizo imposible cancelar su abultado servicio, colocando al país en default. Valiéndose de un control de cambio que estimuló todo tipo de corruptelas, Maduro intentó generar excedentes para pagar este servicio, contrayendo las importaciones en 2018 a apenas la quinta parte de las de 2012. Contrajo el consumo privado por habitante (promedio) a los niveles de 1970, víctima, además, de la terrible hiperinflación que desató el financiamiento monetario de los déficits generados por su irresponsable gestión. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 70%, deprimiendo la estructura general de remuneraciones. En fin, Maduro descargó sobre los hombros de los venezolanos todo el peso de un severísimo ajuste contractivo, mucho peor que los denostados ajustes “neoliberales”, producto de las distorsiones que ocasionó su conducción (y la de Chávez) de la economía.

Pero los daños infligidos a la población no se reducían al ámbito económico. La represión de manifestaciones de protesta, con más de 200 muertos a manos de militares y colectivos fascistas, y la detención arbitraria y tortura de muchos opositores --denunciadas por Foro Penal y otras ONGs--, añadían un cariz terriblemente inhumano a la gestión de Maduro. A ello habría que agregar la sumisión de los venezolanos a las arbitrariedades, extorsiones y exacciones de militares, policías y otros funcionarios, dada la anomia resultante de la destrucción del Estado de Derecho. Luego está la indignante corrupción, abierta y desmedida, en tantas ejecutorias del Estado, despojando a los servicios públicos, entre otros, de recursos y degradando la calidad de vida de la población. Finalmente, el régimen pisoteó la voluntad popular que eligió una mayoría calificada de demócratas para la Asamblea Nacional en diciembre, 2015, anulando todas las prerrogativas de ese cuerpo, persiguiendo y encarcelando a muchos de sus diputados, y usurpando sus funciones con dictámenes de un tsj rastrero y una asamblea constituyente tramposamente constituida. No en balde, la desaprobación del gobierno se encontraba, en la mayoría de las encuestas, por encima del 80%.

La aberración de Maduro

Todo lo anterior era razón de sobra para haber cambiado de gobierno, una vez vencido el período de Maduro. Pero, como sabemos, ello fue impedido. Además de sabotear el referendo revocatorio de su mandato en 2017, se hizo reelegir en una pantomima comicial, con dirigentes y partidos opositores proscritos, sin auditoría del registro electoral ni participación de observadores internacionales de confianza, y bajo un CNE constituido con militantes del oficialismo. El régimen que de ahí surgió en absoluto responde a la voluntad popular y rompe, por ende, con el ordenamiento constitucional. Es, en términos políticos, una aberración. El diccionario define este término como: “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.” Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado. Lamentablemente, la complicidad activa de militares corruptos, que emplean el terrorismo de Estado contra opositores, ha permitido que cumpla dos años. Son dos años en guerra contra la población venezolana, usurpando funciones que debería haber asumido un gobierno democráticamente elegido.

Las consecuencias de tal aberración no podían ser más trágicas. La economía se redujo adicionalmente en más de un 40%, terminando el 2020 con un tamaño que es solo la cuarta parte de cuando Maduro accedió por primera vez a la presidencia. Se profundizó la destrucción de la industria petrolera, que actualmente produce unos 400 mil barriles diarios, un 17% de la cantidad de entonces. La hiperinflación multiplicó el alza de precios unas 230 veces más, haciendo de Venezuela el país más pobre de América Latina, según estimaciones basadas en la encuesta de las universidades, ENCOVI. Por otro lado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU[2], confirmó las denuncias que venían realizando diversas ONGs nacionales e internacionales con relación a la violación extendida de derechos humanos por parte del régimen. Documentó lo que consideró crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, señalando responsabilidades en los más altos niveles del Estado. Ello fue confirmado también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michele Bachelet. Finalmente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”[3].

La eliminación de la política

Hoy sabemos que la tragedia venezolana. no es resultado de la ignorancia o de errores de política. Es deliberada, resultado de acciones tomadas conscientemente por Maduro y sus cómplices, militares y civiles, a fin de asegurar oportunidades para depredar al país. La eliminación del Estado de Derecho y la sumisión de las actividades económicas a sus dictados obedecen a los imperativos de expoliación de la riqueza social. Y, al aniquilar los derechos del ordenamiento constitucional, reprimir los medios de comunicación independientes y perseguir a las organizaciones civiles (y políticas) autónomas, acabaron con las condiciones para relevarlos por vías democráticas. Desnudaron a Maduro como dictador.

Su insistencia en cobijar su dictadura bajo formas democráticas --eso sí, totalmente adulteradas para vaciarlas de toda capacidad de expresar la voluntad popular-- ha confundido a algunos opositores, que se empeñan en circunscribir la lucha política a los métodos propios de una democracia. En otros, la retórica utilizada y la tutela cubana llevan a percibir al régimen –en mi opinión, de manera equivocada— como una clásica dictadura comunista. Asumen que lo impulsa un proyecto ideológico, conducido por un Partido Comunista –en este caso, el PSUV-- monolítico y disciplinado, que, desde el poder, impone acciones con base en el patrón doctrinario conocido de los países de la antigua órbita soviética.

Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos –Maduro, los hermanos Rodríguez y otros— y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan entre sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomia resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interponen. Son los artífices de las extorsiones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen.

El neofascismo bolivariano

La consustanciación del régimen con acciones de fuerza y de violencia por parte de militares corruptos, autoridades civiles y bandas paramilitares, lleva a categorizarlo de fascista o neofascista. Comparte sus métodos totalitarios o proto-totalitarios, pero camuflado en un populismo extremo para proyectarse como campeones del pueblo. Ahora la ideología no ejerce la función de inspirar un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder, sino como burbuja en la cual refugiarse para escapar de la realidad del mundo circundante, resistente a sus propósitos. Sirve como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. Edifica una realidad falsa, conformando una secta de fanáticos que se identifican con ella, refractaria a toda posibilidad de convivencia con quienes piensan diferente. Sus nociones de verdad y de razón se construyen a partir de su funcionalidad para con el ejercicio del mando y la preservación de sus oportunidades de lucro, no de su capacidad para explicar la realidad existente, mucho menos como referencia para proponer soluciones. Representa un blindaje contra acuerdos de política basadas en criterios racionales aceptables para los demócratas. Éstos deben ser aplastados. Las objeciones desde afuera, señalando los sufrimientos de la población, en absoluto lo perturban[4].

La mitología comunista, al justificar la liquidación del Estado de Derecho, por burgués, y someter a las fuerzas del mercado para sustituirlas en el reparto de la riqueza y del producto social con criterios políticos –basadas en relaciones de fuerza--, ha sido de utilidad para legitimar la expoliación del país. Se destruye, así, la economía, pero echándole la culpa a una “guerra económica” contra la “revolución” por parte del imperialismo y la burguesía. La burbuja ideológica sirve, asimismo, para criminalizar toda protesta, tildándola de “terrorista”, y justificar toda suerte de disparates, siempre y cuando contribuyan a galvanizar a sus partidarios en torno a sus desmanes. Nada más parecido a las turbas de extrema derecha que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. que las bandas fachas de Chávez y Maduro.

La vulnerabilidad del régimen

El hecho de depender de una armazón de complicidades a distintos niveles para sostenerse constituye la mayor vulnerabilidad del régimen. No se basa en un poder monolítico, que obedece a un mando único, centralizado, como haría creer la invocación de las experiencias comunistas. En la medida en que su depredación ha ido reduciendo los recursos con base en los cuales tejer esas alianzas, más precario se ha tornado su poder y mayor fricción interna concita. Y no tiene escapatoria. No puede revertir el deterioro económico, porque la “premiación” a sus secuaces ocurre, precisamente, con base en la expoliación de la economía. No puede ofrecer garantías y seguridades para atraer inversiones, eliminar las coimas y otras exacciones, porque acabaría con esta expoliación. Tampoco puede desmontar el terrorismo de Estado para negociar el levantamiento de las sanciones impuestas a muchos de sus personeros por violación de derechos humanos porque, más allá de las complicidades, es la herramienta que le queda para evitar ser desplazado. Lamentablemente, ello hace al régimen aún más virulento, preso de las rivalidades, de la anarquización de las líneas de mando y de la impunidad que se deriva de la anomia. Al no poder desmontar los mecanismos de expoliación, la situación económica empeorará todavía más, sobre todo en el marco de los estragos causados por el COVID-19.

La instalación de su asamblea nacional partidista, ahora con unos 270 diputados, además de pretender borrar la representación popular electa de la anterior asamblea –la única legítima—ofrece un espacio ampliado para zanjar ambiciones de los diversos intereses que se mueven en la constelación fascista. Las elecciones para autoridades municipales constituirán otro escenario. Si bien ayudan a aliviar las tensiones, también diluyen el poder de la cúpula central, cada vez más aislada y vulnerable.

Los nuevos escenarios

La elección de Biden como presidente de Estados Unidos, más las nuevas condiciones creadas por el vencimiento del período constitucional de Guaidó y demás diputados elegidos en 2015, suponen un escenario diferente a aquel imaginado antes por algunos ilusionados por la retórica de Trump. Todo hace pensar que el apoyo internacional al cambio democrático en Venezuela habrá de enfatizar la negociación para acordar elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional, que sean confiables. Por lo pronto, no pareciera que fuésemos prioritarios en la agenda de Biden, ocupado inicialmente en sanear las heridas dejadas por su antecesor, ni tampoco de los países del llamado Grupo de Lima, por la necesidad que tiene cada uno de centrar sus esfuerzos en superar el grave impacto causado por el Coronavirus sobre sus sociedades. La Unión Europea mantendrá una posición similar a la que ha venido sosteniendo, una vez barajado un nuevo status para su relación con el liderazgo opositor. Es de suponer, entonces, que las cosas se mantengan más o menos igual en los próximos meses, aunque continuará deteriorándose la situación país, como la represión y persecución de opositores.

En tal escenario, la negociación no puede enredarse en “solucionar los problemas del país”. Esto es una excusa del fascismo para ganar tiempo. En absoluto le interesa el bienestar de la población. Tampoco puede dejarse enmarcar en una supuesta confrontación “izquierda – derecha” o de defensa ante el acoso imperialista, con que Maduro busca tocar sensiblerías “progre” a nivel mundial. Su fin solo puede ser apurar salidas a la aberración social y política que representa una dictadura primitiva y oprobiosa, que le niega posibilidades de sustento al pueblo para esclavizarlo con bolsas CLAP. Los países democráticos deben entender esto y no prestarse a engaños que alarguen su permanencia. Las negociaciones deben plantearse desde una posición de fuerza, que lleve a que algunos integrantes de la mafia tomen en serio las ofertas para que se vayan. Ello no será posible mientras la oposición se mantenga dividida, acusándose mutuamente y sin vincularse con los padecimientos y las luchas de una población cada vez más oprimida. No hay otra opción, entonces, que dejar de lado los afanes de protagonismo personal y subordinar todo interés secundario a los esfuerzos para construir, unidos, esa fuerza mayoritaria.

La cabeza visible del fascismo –Maduro, Cabello, los Rodríguez, Padrino López y sus secuaces—está demasiado enferma con sus delirios onanistas para pensar que accedería honestamente a este tipo de negociación. Tampoco se puede negociar con la FAN, pues ésta, como institución, fue destruida. Pero sí tiene sentido focalizar los esfuerzos en quienes sirven de sustento a la médula militar corrupta. Éstos se sienten inseguros, ya que su permanencia depende de criterios políticos, no de las jerarquías o de los méritos institucionales ya destruidos. Al achicarse las oportunidades de lucro, serían los primeros en ser excluidos. Además, sobre ellos pesan severas sanciones por violación de derechos humanos, narcotráfico y otras corruptelas, lo cual los hace vulnerables a negociaciones que ofrecen salidas.

Negociar significa, por mucho que nos asquea, estar en disposición de ceder. Al fascismo no le interesa consolidar ningún proyecto de sociedad porque lo anima la confrontación permanente. Basta observar el gozo que invade el rostro de Cabello cuando anuncia, por TV, medidas contra la oposición. Pero tampoco la oposición está en condiciones de desplazarlo con la fuerza. Con el pañuelo en la nariz, busquemos resquebrajar el sostén militar del régimen con negociaciones que permitan elecciones confiables a cambio de suspender sanciones. Son unos 195 sancionados. Algunos tienen que ceder. Procuremos abrir las rendijas para que pueda expresarse la voluntad popular mayoritaria. La alternativa de conservar nuestra posición impoluta, amparada en nuestros principios y razones para no negociar con criminales, es que Venezuela se deslice todavía más por la pendiente chavista, hasta su desaparición como país.

[1] Cifras oficiales. www.bcv.org.ve

[2] https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx

[3]https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-corte-penal-internacional-nic...

[4] Remito al lector a escritos míos al respecto, para no repetir aquí sus argumentos:

http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2013/05/humberto-garcia...

https://politicom15.wordpress.com/2017/02/08/fascismo-comunismo-y-la-pre...

El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas, 2008.

Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos, 2020. Cap. 6, 7.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La incapacidad de los gobiernos chavistas por controlar la inflación en Venezuela ha ido asomando la dolarización de su economía como solución definitiva: al imposibilitar al estado emitir dinero, se eliminaría la expansión monetaria que empuja el alza de los precios. Pareciera que el régimen de Maduro se viene aproximando, por fuerza, a esta medida, a pesar de haberlo negado rotundamente hace pocos días.

En las ciudades principales del país --según una encuesta reciente de la consultora Ecoanalítica[2]—más de la mitad de las transacciones se estarían haciendo en moneda estadounidense. El ámbito dolarizado ha generado una burbuja en la que no hay escasez, haciendo que quienes posean suficientes dólares, sientan que se le abren las puertas a la prosperidad. Se obnubila la situación de la inmensa mayoría que, al no tener acceso a la divisa, sobrevive apenas en condiciones sumamente deplorables. Los precios inflados, además, siguen presentes, pero esta vez por la especulación de noveles comerciantes oportunistas, no, por desórdenes monetarios.

Algunos opinan –entre ellos, el gurú de los currency boards, Steve Hanke—que toca terminar de instrumentar las medidas que hagan al dólar moneda oficial de Venezuela y dejar atrás la terrible vorágine que ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos. Otros, sin idea alguna de cómo funciona una economía, ya proponen salarios mínimos de USD 300. ¡Zuás! ¡Salimos de la miseria!

No obstante, y adicional a las críticas que, en general, se le hacen a la dolarización, se presentan en Venezuela dos problemas que hacen de sus esperadas bondades una quimera. El primero es, desde luego, que no hay dólares o, mejor dicho, estos son demasiado pocos para lubricar la recuperación económica. Este año, las exportaciones de petróleo no llegarán a USD 6 millardos. El saqueo de minerales del arco minero guayanés y lo obtenido por otras actividades ilegales, podría añadir unos USD 2 millardos o más. Las remesas, en esta era de confinamiento y caída en la actividad económica en el mundo, difícilmente pasarían de ese monto. Y si las exportaciones privadas (no tradicionales) superan el millardo de USD, será gracias a la incipiente exportación de servicios.

Estaríamos hablando de un ingreso total de divisas probablemente inferior a USD 10 millardos. Actualmente Venezuela no tiene acceso a fondos internacionales, ni siquiera chinos. Luego, están sus compromisos internacionales. La República y Pdvsa ya no pagan el servicio de sus deudas, pero están las importaciones y algunos servicios ineludibles. ¿Cuánto quedaría, entonces, como base monetaria (en dólares) para las actividades domésticas? Cabe señalar que la capacidad crediticia de la banca interna es mínima. en USD, sus activos totales apenas superan los 5 millardos. Su cartera propiamente crediticia resultó ser el equivalente de apenas 208 millones en octubre de este año. Una economía en el estado de depresión en que se encuentra Venezuela tiene una demanda por créditos muy baja, lo que restringe la función expansiva del multiplicador monetario.

De manera que, sin los cambios estructurales que restituyan las garantías, restablezcan la confianza requerida para atraer inversiones y para negociar una importante reestructuración de la deuda externa, y permita contraer cuantiosos empréstitos con los organismos multilaterales, la dolarización sólo sería compatible con una actividad económica muy reducida, todavía menor a la de la economía enana que, con sus estropicios, forjó el actual régimen dictatorial. En ausencia de la prodigiosa renta petrolera que tanto nos malcrió en el pasado, el salario medio se conservará, probablemente, en torno a los miserables niveles de hoy.

El otro problema es que el gobierno escasamente se financia con impuestos, dada la destrucción de Pdvsa y el colapso de la economía interna. La enorme brecha fiscal se cubre con emisión monetaria del BCV. El fin de dolarizar es, precisamente, eliminar tal opción.

En ausencia de acceso al crédito internacional y con el tamaño reducido de la banca doméstica, habría que hacer una amputación drástica del gasto para cerrar la brecha fiscal. Si bien, en términos reales, el gasto público se ha reducido significativamente por la depreciación del bolívar, todavía paga cerca de 3 millones de empleados (con sueldos muy miserables), servicios públicos (venidos a menos), el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades (con recursos muy desmejorados), compras públicas y otras actividades. Una estimación somera llevaría a vislumbrar una contracción del gasto probablemente mayor al 50% para cerrar el déficit. ¡Una debacle inmensa!

De ahí el rechazo tajante de Maduro a hacer del dólar moneda oficial. No, no es por ninguna sensibilidad patriotera en mantener el bolívar, sino porque –simplemente—su esquema de expoliación se le viene abajo si no puede mantener la ficción de ocuparse de la gestión pública. Al fascismo criollo en absoluto le importa la calidad del gasto, el sostenimiento de sueldos dignos o de sus efectos sobre el bienestar de los venezolanos. Su angustia es que la carga de sus responsabilidades frente al Estado sea manejable y no se le estropee su interés central, que es continuar con la expoliación del país. La dolarización hace de la gestión pública –en ausencia de financiamiento externo—inmanejable. La debilidad actual del régimen haría de la dolarización su tumba.

Cabe señalar que la dolarización colocaría a la economía venezolana a merced de la política monetaria del país emisor (EE.UU.) y haría que, en última instancia, toda expansión monetaria autónoma estuviese sujeta a saldos positivos en la balanza de pagos. Pero podría ser la “bala de plata” –la única posible—para acabar, de una vez, por todas, con la inflación. Habría que preguntarse, sin embargo, a qué costo. Por las razones expuestas, bajo Maduro y sus cómplices, debe descartarse. No obstante, el esquema bi monetario actual representa un vertedero importante para el lavado de divisas mal habidas.

En el estado en que se encuentra la economía venezolana, la dolarización –como cualquier esquema de estabilización macroeconómica conservando el bolívar—sólo podría funcionar en presencia de un muy generoso apoyo del FMI, que incluya la reestructuración de la cuantiosa deuda del país para aliviar, significativamente, su servicio.

Las posibilidades de ello pasan por un programa de estabilización que ataque las enormes distorsiones generadas por el régimen de expoliación, restituya las garantías económicas y emprenda un proceso profundo de reforma estructural que haga viable la gestión pública y el reembolso de los empréstitos contraídos. Por otro lado, la posibilidad de sostener salarios dignos, que no se deterioren en el tiempo, no sólo está sujeto a que se cuente con una moneda estable. Depende de que aumente de manera sostenida la productividad laboral. Ello es función de la inversión, de la innovación y el cambio tecnológico, de la capacitación y la formación de talentos, y del despliegue amplio de la iniciativa privada, en un marco institucional inclusivo que genere seguridades y confianza. Es decir, la antítesis de la situación actual.

La dolarización, en absoluto, es la solución mágica a nuestros problemas. La única opción para abrirle las puertas a esa posibilidad es salir de este nefasto régimen.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

[1] Autor del libro, Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos.

https://www.amazon.com/dp/B08MDF3MLR/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Venezu...

[2] Ecoanalítica, “Una Venezuela diferente: Perspectivas 2021”

2020 cerrará como un año nefasto por los estragos producidos por la pandemia mundial y los efectos económicos y en nuestras formas de vida, que trajo. En Venezuela, adicionalmente, quedará marcado por la profundización del sufrimiento infligido a su población por parte del régimen fascista. No obstante, la devastación ocasionada por Maduro y sus cómplices ha sido tal que ha minado sus propias bases de sustentación, haciendo cada vez más precario su poder. De unirse la oposición en torno a una estrategia eficaz y un proyecto consensuado de sociedad, más pronto que tarde habremos de construir una Venezuela democrática. Claro está, forjar esa estrategia constituye la angustia y el reto principal de dirigentes y militantes de la oposición democrática. Y, respecto a la sociedad deseada, la actitud asumida por algunos opositores en las recientes elecciones de EE.UU., mueve a preocupación.

Chávez fue una expresión de un populismo funesto, llevado a extremos. Destruyó las instituciones de la democracia liberal y arruinó la economía. Escogió a Maduro para terminar de consolidar un estado mafioso, cuya despiadada depredación sumió a los venezolanos en la peor miseria conocida desde que se empezó a extraer petróleo en el país. La violación sistemática del orden constitucional se amparó en una falsa realidad construida con base en una retórica maniquea moralista, que polarizó a la sociedad entre patriotas (los buenos) y escuálidos (los malos). En esta narrativa, éstos conspiraban en contra del pueblo, por lo que había que descartar las instituciones que salvaguardan la pluralidad política, el respeto por la diversidad y el respeto por sus derechos. Eliminado el equilibrio de poderes, Chávez abusó de los recursos del Estado para atacar y someter a los medios de comunicación, criminalizar la protesta y perseguir a opositores. Los descalificó con campañas de odio, señalándolos como “enemigo del pueblo” y rebajándolos con ofensas de todo tipo. El poder sin contrapesos en manos de Chávez, Maduro y sus cómplices, degeneró en la transgresión de derechos civiles y humanos básicos, y en la discriminación de quien expresase ideas contrarias. El acoso a las universidades nacionales y a los gremios completó esta arremetida. A esas prácticas, y a la destrucción de las normas legales y de convivencia propias de una democracia liberal, debemos la miseria inhumana infligida hoy a tantos venezolanos.

En las elecciones recientes de EE.UU., una cantidad no despreciable de compatriotas --algunos con derecho a votar allá--, todos furibundos antichavistas, llenaron las redes sociales en apoyo al presidente Trump. Sirvieron de eco a un candidato que basó su campaña en construir una falsa realidad con base en mentiras y alegatos ridículos sobre sus adversarios, para polarizar a los estadounidenses entre los MAGA buenos (Make America Great Again) y aquellos que estarían amenazando su modo de vida. Además de los demócratas, los intelectuales y los dueños de los grandes medios de comunicación, culpabilizó de ello a los inmigrantes. Aupó a grupos de supremacía blanca y atizó los odios contra manifestantes de conciencia (Black Lives Matter; contra el calentamiento global), a quienes tildó de “terroristas”. Descalificó a periodistas críticos, acusándolos de fabricar “fake news” y de ser “enemigos del pueblo”. Alimentó, así, un imaginario en el que el estadounidense genuino –el pueblo—se enfrentaba a una conspiración internacional de “socialistas”, financiada por George Soros y Bill Gates, cuya punta de lanza sería la candidatura de Joe Biden. En desafío a las reglas de juego democrático de su país, denunció con anticipación que, de no ser reconocida su triunfo electoral, se habría cometido, invariablemente, un masivo fraude. Y, en previsión de ello, forzó a destiempo el nombramiento a la Corte Suprema de una juez aliada, de manera de asegurar una mayoría aplastante de magistrados que pudieran interceder en su defensa.

Al quedar claro que, efectivamente, no había sido favorecido ni por el voto popular, ni por la mayoría de los colegios electorales de los estados, se negó a reconocer su derrota y desplegó los poderes a su alcance para denunciar supuestas trampas que le habrían robado su triunfo, sin presentar evidencia alguna al respecto. De hecho, las demandas legales que su equipo interpuso contra el proceso electoral han sido rechazadas abrumadoramente por jueces estadales –muchos pro-Republicanos—y, una tras otra, las autoridades electorales en cada estado han ido certificando el triunfo de Biden. Pero, a mes y medio de las elecciones, Trump sigue insistiendo en que ganó, poniendo en entredicho la confianza del sistema electoral estadounidense. Un 80% de Republicanos, según los sondeos, creen que hubo fraude.

Sorprende, entonces, que muchos venezolanos antichavistas, apoyaran a un candidato quien, con un signo diferente, utilizó los mismos ardides contra la institucionalidad liberal que alimentaron a Chávez. Y lo hicieron con igual pasión e intensidad que mostraron los seguidores de éste al comienzo. De hecho, más de un furibundo Trumpista –hoy arrepentido—, fue un furibundo chavista. Y, al igual que entonces, hicieron suya la falsa realidad maniquea que dividió a la sociedad entre buenos y malos, aunque ahora éstos son los “socialistas” de Biden quien, entre otros horrores, ¡aboga por una medicina social! Conozco de venezolanos residentes en España, beneficiarios de la excelente salud pública de este país y a quienes el Estado Español ha suministrado otras ayudas, anotados en esta campaña.

Lo anterior revela una preocupante tendencia de algunos a fanatizarse tras líderes populistas que falsean la realidad con soluciones simplistas --blanco y negro-- a situaciones que, por su naturaleza, son complejas. Y, al reducir el debate entre la verdad única (la mía) y la conspiración artera de los otros, se convierten en secta refractaria a toda razón. El sectarismo ancla la mente en mitos y supersticiones, refractarios a la verificación (fact checking). Embrutece y cierra las puertas a la convivencia democrática.

Desafortunadamente, los venezolanos nos formamos en una cultura política en la cual un Estado Mágico –denominación con que el antropólogo, Fernando Coronil, tituló un libro suyo--, alimentado por una renta petrolera prodigiosa, resolvía los problemas básicos de nuestra existencia. El culto a Bolívar nos hizo vulnerables a prédicas populistas que se proponían traspasar las restricciones de la democracia liberal para hacer realidad la gloria que él quiso legarnos. Chávez fue el caudillo que, por excelencia, supo explotar estas esperanzas de redención. No es descabellado afirmar que el apoyo a Trump de algunos venezolanos se debe, precisamente, a ver en él al salvador que nos liberaría de la terrible dictadura de Nicolás Maduro. Y el presidente de EE.UU. no cesó de proyectar esta idea para ganarse el voto latino. Confieso que hubo un momento en que yo también le creí. ¡Buche y pluma no más!

La búsqueda de un salvador destruye la confianza en las instituciones y socava a la democracia liberal. Son éstas las que, al asegurar los derechos civiles frente al poder del Estado, constituyen la base de las libertades y de la convivencia entre personas que piensan distinto. Fortalecer al poder ciudadano y resguardar el equilibrio entre poderes que propuso Montesquieu, son antídotos inapelables contra caudillos autoritarios que destruyen las libertades en nombre de una voluntad única del pueblo.

Señaló el filósofo, Daniel Innerarity en un artículo reciente[2] que, “El desafío de la democracia liberal consiste en desplegar tanto poder como sea necesario, pero no más, para asegurar la libertad de todos.” ¿Estamos realmente ganados para la idea de instaurar una democracia liberal en Venezuela?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Lo confesó la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez: “No nos importa el reconocimiento internacional de las elecciones del 6 de diciembre”. Este desplante no es solo al denigrado “imperio”, sino también a la Unión Europea, al Grupo de Lima y a otros países democráticos que se niegan a validar la farsa en ciernes. Tampoco le importa, por lo visto, que 78% de venezolanos manifestaran que no irían a votar, según la encuesta flash de noviembre de Consultores 21. Tal actitud no debe sorprendernos. Los fascistas tienen años gritándole a los cuatro vientos que el país les pertenece, que es de su exclusiva propiedad. Alegan contar con el apoyo del “Pueblo”, siendo ese “Pueblo” –claro está—la exigua minoría que sigue acompañándolos. El 80 y tanto por ciento que repudia su gestión se ha autoexcluido de ser considerado “pueblo”. Esta categoría, por antonomasia, se define sólo a partir de su identificación con la causa fascio madurista; no puede incluir a los que se oponen a ella.

Y en ejercicio de su propiedad exclusiva sobre una nación que le han arrebatada a los venezolanos, procedieron a privatizar los bienes públicos y a demoler toda restricción a la depredación de sus riquezas. No sólo acabaron con las partidas de mantenimiento y de inversión de empresas e institutos públicos, se chuparon íntegro su flujo de caja –en particular, la de PDVSA y de las empresas básicas y de servicio--, inventando contratos con compañías de maletín, comisiones escondidas o “por servicios”, compras ficticias (con abultado sobreprecio), financiamientos que terminaron en sus bolsillos --pero cargados al presupuesto nacional-- y cuantas marramucias fueron capaces de idear. Rafael Ramírez, ahora “opositor”, presidió el mayor saqueo de una empresa jamás visto, con terribles daños para la industria petrolera y para el país en general. La explosión de la Refinería de Amuay en 2012, que dejó 55 muertos, más de un centenar de heridos y destruyó decenas de casas, es apenas la expresión más visible y trágica de esta devastación. Jorge Giordani, ministro de Planificación de Chávez durante casi toda su gestión, reconoció en 2016 --como quien no tuviese nada que ver con ello-- que se habrían malversado unos USD 300.000 millones durante la última década. Los recurrentes apagones, el suministro tan esporádico de agua, la ausencia de gas y de gasolina, que hoy constituyen el sufrimiento cotidiano de todo venezolano que no pertenezca a la oligarquía militar y civil que se cogió al país, tienen su causa en tal expoliación. Pero ésta, olímpicamente, culpa a las sanciones de los EE.UU.

Luego de exprimir al máximo la “caja” del sector público, va ahora por el capital. Con tal fin, la asamblea constituyente fraudulenta aprobó una llamada ley “antibloqueo”; una patente de corso para desguazar los activos del país. Claro está, “¡en defensa de los intereses del pueblo trabajador”! Esa “ley” autoriza a los jerarcas al mando a “desaplicar” el ordenamiento legal –incluidas las leyes viciadas que ellos mismos se hicieron aprobar—para ofrecerle estos activos al mejor postor. Garantiza, además, la confidencialidad (el secreto cómplice) sobre tales transacciones. No se rendirán cuentas –la transparencia hace años que desapareció de su diccionario—, por lo que se le extiende un manto de impunidad a los infractores (nacionales o extranjeros) que participen en estos desfalcos. De hecho, ya Maduro había barrido con todo requerimiento legal que impidiese ofrecerles a sus cómplices el saqueo de las riquezas minerales de Guayana, amén de lo que queda de PDVSA.

Los comicios amañados de diciembre, al igual que los anteriores para la “constituyente” y la fraudulenta “reelección” de Maduro, tienen como finalidad terminar de ponerle un candado a su propiedad. Cual dados cargados, su diseño sólo permite que triunfe al chavo-madurismo. Copar todas las instituciones formales, con las trampas que sean, facilitará seguir expoliando la nación. Ya el mafioso máximo, Diosdado Cabello, se frota las manos anunciando, con su acostumbrado sadismo, la persecución de los actuales diputados de la Asamblea Nacional, una vez tome posesión la que se elija tramposamente en diciembre.

Nos enfrentamos a una monstruosidad impensada, insospechada en la intensidad de su maldad y por su absoluto desprecio por los sufrimientos de los venezolanos, como por su empeño en acentuarlos con tal de permanecer en el poder. Tal insensibilidad y falta de humanidad para con sus compatriotas no sólo obedece a las enormes fortunas amasadas, sus camionetotas y demás privilegios que exhiben, ostentosamente, ante al pueblo que dicen representar. También se refuerza con una construcción ideológica que, cual imagen espejo, invierte la culpabilidad para hacerlos aparecer como “revolucionarios”, víctimas del imperio. Y con esa cantinela siguen campantes, cayéndose a embustes con supuestos planes para el futuro, como si su permanencia en el poder fuese cosa ya dictada por la providencia. No es menester que sean creíbles los clichés que a diario repiten. Éstos sirven para obnubilar la mente y no tener que enfrentar las terribles consecuencias de sus atropellos. Suprimen toda noción de culpa y disuelven, con un discurso maniqueo, cualquier freno moral a sus desmanes. Reiteran conspiraciones inagotables, siempre promovidas por el imperio, como explicación de su fracaso al frente del Estado. Tal blindaje ideológico es reforzado por una “izquierda” internacional exquisita, que sirve de caja de resonancia a sus idioteces, en procura tremendista de acaparar resentimientos autóctonos. Este blindaje explica su crueldad y su capacidad de aguante. El sufrimiento del pueblo en absoluto es razón a considerar para entretener posibilidades de abrirles paso a quienes sí ofrecen soluciones, El reciente despojo y acoso de dos ONGs -- Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, partícipes del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas--, que coordinan el suministro de comida a unos 25.000 niños en 14 estados, confirma que, a la hora de las definiciones, los necesitados están, a los ojos de Maduro, del lado enemigo.

Que no quepa la menor duda de que la prolongación del régimen sólo acarreará mayores padecimientos a la población. La actividad económica, que se reducirá este año a apenas la cuarta parte de la que era cuando asumió Maduro, va a continuar con su caída libre; la hiperinflación seguirá corroyendo la exigua capacidad adquisitiva de las mayorías; la Guardia Nacional y otros cuerpos, esquilmando al pueblo; y los aparatos represivos ejercitando el terrorismo de Estado, con apoyo del alto gobierno.

Von Stauffenburg y Rommel, artífices de triunfos militares nazi -sobre todo el segundo-, pudieron redimirse parcialmente ante la historia con el atentado –lamentablemente fallido—contra Hitler en 1944. Que no haya habido acción análoga en Venezuela contra Maduro y su combo, aunque deprimente, no debe impedir que sigamos insistiendo en resquebrajar la cohesión que, hasta ahora, mantiene ese antro.

Pero no debemos esperar soluciones mágicas. En EE.UU., parece que nunca estuvieron todas las opciones sobre la mesa para sacar a Maduro, a pesar de los alardes de Trump. Debemos construir una estrategia sólida, que avance con pies de plomo, para abrir las puertas a algún tipo de negociación para reinstaurar, cuanto antes, la democracia. Se juega lo que hemos conocido como el país Venezuela.

Esta negociación sólo tendrá sentido si se hace desde una posición de fuerza, capaz de obligar al fascismo a pactar las condiciones de su salida. Las fuerzas democráticas en Venezuela deben mostrar la fuerza y la unidad de propósitos, para proyectarse claramente como la alternativa capaz de restablecer un régimen democrático, respetuoso de los derechos humanos y participante activo en la futura prosperidad de América Latina. De ahí la importancia de la consulta del 12 de diciembre, capaz de aglutinar y motivar a la población en la exigencia de elecciones libres, creíbles y auditables, de manera de proyectar un contraste claro con la farsa del 6 de diciembre que adelanta el fascismo.

Esperemos que Biden, una vez presidente de EE.UU., apoye con firmeza e inteligencia, la concreción de elecciones presidenciales en Venezuela, con las garantías debidas. Asimismo, que ponga su peso en neutralizar las acciones de Rusia, Irán, China y Cuba, a favor de Maduro. La carta de negociación sería el levantamiento progresivo de las sanciones contra la verificación de pasos concretos, por parte del fascismo, a favor de la realización de elecciones en las condiciones deseadas. Pero es imprescindible contar con una oposición venezolana revitalizada para fundamentar las transformaciones a emprender.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com