Las elecciones regionales y locales del pasado 21 han dado mucho de qué hablar. Aunque sectores de oposición radical las han descalificado, sus resultados no deben ser desestimados si se busca desalojar, cuanto antes, a Maduro. Afortunadamente, muchos análisis ofrecen aportes en este sentido.

Inicialmente, se buscó poner en contexto la victoria de las fuerzas chavo-maduristas. Algunos numerólogos se refirieron inmediatamente a las cifras de abstención y a la suma de los votos no oficialistas para señalar que ese triunfo fue muy relativo. Además, la votación del PSUV fue la más baja de toda su historia, si se dan como ciertas las cifras que viene publicando en cada elección el CNE. Desde el lado opositor, se puso en evidencia el terrible daño que significó anteponer aspiraciones individuales de líderes o grupos a la búsqueda de candidaturas unitarias. Se aduce que la suma de votos adjudicados a la oposición le hubiesen dado la victoria en 14 estados ganados por el chavismo, de haber concurrido con candidatura única. Los casos más notorios fueron Táchira y Mérida. Tampoco debe subestimarse que la oposición obtuvo un tercio de las alcaldías –bastante más que en los comicios anteriores—y pobló a pueblos y ciudades con sus concejales.

No sorprende que un lugar central lo ocupan las irregularidades, ventajismos y atropellos del fascismo. El informe preliminar de la Misión de Observadores Europeos (MOE), si bien señala importantes avances en la realización del proceso con relación a comicios anteriores, objeta el apoyo a candidatos oficialistas con recursos públicos, el sesgo abierto de medios de comunicación a su favor, la falta de independencia judicial --reflejada en la confiscación de tarjetas y símbolos de partidos opositores y la inhabilitación (inconstitucional) de candidaturas no oficialistas-- y la instalación de centros de control de electores (“puntos rojos”) cerca de los lugares de votación. Hay que recordar, además, la falta de garantías civiles, reflejada en la existencia de más de 250 presos políticos y numerosos perseguidos. Y, a pocas horas de haberse reconocido su triunfo, fue detenido un día entero el alcalde de un municipio del sur de Mérida, Omar Fernández. Asimismo, esbirros del Sebin acosaron a la alcaldesa electa de San Juán de los Morros. Pero la gota que colmó el vaso ha sido la abierta confiscación de la voluntad popular en Barinas, al inhabilitar el tsj (¡minúsculas obligadas!) a Alfredo Superlano para no reconocer su triunfo electoral. Elecciones democráticas, en verdad, no fueron. Maduro lo confesó, implícitamente, cuando quiso descalificar a la MOE, tildándola de “espías”.

Por último, las insuficiencias e irregularidades detectadas dirigen la atención a la necesidad de limpiar el ente supervisor (CNE), empezando porque la designación de sus miembros sea conforme a lo pautado en la constitución para garantizar su imparcialidad política. Es menester asegurar, además, su autoridad para imponer multas u otras medidas pertinentes a quienes violen las normas que regulan los procesos electorales. Entre otras cosas, debe velar porque se cumplan los lapsos establecidos para cada proceso y para que permanentemente sea actualizado el Registro Electoral Permanente.

Es injustificable, empero, que análisis tan diversos hayan soslayado un aspecto crucial con relación a las posibilidades de utilizar el voto para sacar a Maduro y a sus militares corruptos. ¿A cuenta de qué, quienes se identificaron como partidarios del peor gobierno que ha conocido la Venezuela moderna, el más corrupto, ineficiente, requetemalo y mendaz, sacaron tan alta votación relativa? Y aquí no vale aquello de que, con la abstención –más del 58%-- la votación del PSUV fue tan sólo del 19% del REP. Lo que debe ser preocupación central, en vez de regodearse con excusas fáciles, es el hecho de que, bajo las actuales circunstancias, casi un 20% de la población adulta, incluyendo en este total a la que migró, haya votado por el chavismo. En algunos estados este porcentaje fue bastante mayor. Decir que se debió al ventajismo, que muchos empleados fueron conminados a votar por los candidatos oficialistas, a la confusión sembrada por los llamados “alacranes”, o al chantaje de quitarles a la gente los CLAPs (u otras prebendas), no ayuda. Tampoco el bombardeo ideológico por los medios estatales. Ello solo incidiría en la votación de una secta fanatizada, veneradora de Hugo Rafael, el Eterno, que no debe pasar del 5% de la población. Estos son, además, los datos del proceso, los parámetros fijados por el fascismo que deben ser tomados en cuenta si se quiere formular una estrategia exitosa.

El problema central es que las fuerzas democráticas no representaron la opción política esperada a los ojos de un número demasiado importante de venezolanos, sobre todo de los jóvenes, a quienes les han robado su futuro. Es decir, sus candidatos no supieron o no lograron --salvo escasas y valiosas excepciones--, capitalizar lo que es el asunto más importante de toda elección a celebrarse en el país en estos momentos –incluidos los de carácter regional o local--, que es encarnar la única opción económica, social, moral y políticamente posible al desastre urdido por tan deplorable régimen. Por diversas razones, no fueron percibidos, al menos no con la intensidad suficiente, como un proyecto radicalmente distinto de sociedad a la de Maduro y sus cómplices, la única capaz de lograr que sobreviva Venezuela como país en el que vale la pena vivir. Por supuesto que el lamentable espectáculo de las divisiones y pugnas en el campo opositor hizo su efecto, como la indefinición de buena parte de las fuerzas democráticas por participar y la decisión tardía de hacerlo. Dificultó posicionarse con claridad en estos comicios como referente del cambio necesario.

No es descargo tampoco argumentar que, en elecciones de alcance regional y local, los proyectos nacionales no están en juego. Si queremos acabar con las prácticas de expoliación de las mafias que controlan el Estado, la transparencia y rendición de cuentas de gobernadores y alcaldes, la corresponsabilidad ciudadana activa en estos asuntos, su organización para defender sus derechos ante el centralismo dictatorial, los problemas gravísimos de la seguridad personal y otros son claves para deslindar, a partir de los problemas locales y regionales, el proyecto alternativo a reivindicar.

Pueden alegarse circunstancias atenuantes de la débil presencia opositora entre el electorado, además del ventajismo y de las otras irregularidades ya comentadas. Una explicación plausible es que el liderazgo chavo-madurista en algunas regiones o localidades haya podido ser mejor, comoquiera que definamos este término. Supondría reconocer que el nivel de descomposición y de perversión que distingue al núcleo central del madurismo, no caracteriza necesariamente a todos sus dirigentes. Sea como fuere, su impacto hubiese sido bastante más acotado, como las maniobras de aquellos que buscaban confundir al electorado, en presencia de una opción democrática clara. El reto debe ser, además, atraer el chavismo sano que pueda existir a las filas democráticas.

En las distintas versiones del Plan País existen propuestas de solución a los problemas económicos, de los servicios, de la seguridad personal, la salud, la educación, etc. que sólo podrían instrumentarse conquistando el régimen de libertades y garantías requeridos para el despliegue pleno de la iniciativa ciudadana, en aras del bienestar material y espiritual de los venezolanos. Saber transmitir esto de manera sencilla, pero con la pasión que lo amerita, es central a toda participación electoral futura, sea ésta el referendo revocatorio o las presidenciales y legislativas a acordar. El éxito futuro de los líderes que se han ido forjando en las luchas sociales y políticas en distintas partes del país, como de aquellos que se consolidan a nivel nacional, debe nutrirse de estas consideraciones. De no ser así, continuaremos siendo vulnerables a las trapacerías depredadoras del fascismo.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

En un artículo reciente[1], la periodista e historiadora, Anne Applebaum, alerta sobre la existencia de una especie de trasnacional de las autocracias –la denomina (en inglés) “Autocracy Inc”.—, constituida por Estados paria que se auxilian entre sí ante la reprobación que su conducta provoca a la comunidad democrática internacional. Tienen inclinaciones ideológicas variadas, desde la extrema izquierda (Cuba, Corea del Norte) hasta la extrema derecha (Myanmar), incluyendo las teocracias conservadoras de Irán y de los talibanes. En este club de los malos, violadores de los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pueden mencionarse, entre otros, a Alexandr Lukashenko, Bashar Al-Assad, Vladimir Putin, Recep Erdogan, Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel, al menos seis dictaduras africanas y –no podía faltar—Nicolás Maduro. No pertenecen a ninguna organización formal, ni responden a liderazgo alguno. Más bien gravitan instintivamente hacia sus similares por razones de solidaridad criminal.

A pesar de su diversidad, emulan aquellos comportamientos que el “amigo” ha probado que son eficaces para contener a su propia población. Han ido homologando herramientas de un arsenal represivo que cada uno ha afinado con estos fines: desapariciones selectivas para sembrar terror; acoso a medios de comunicación nominalmente libres; elecciones trucadas; contrainteligencia para difamar, intrigar y sembrar falsas noticias; judicialización de la política; criminalización de la protesta; uso de bandas paramilitares disfrazadas de “pueblo” para reprimir; hackeo, espionaje y control de información en las redes sociales; y mucho más. Esta caja de herramientas se complementa con alianzas para evadir sanciones, complicidades en corruptelas numerosas e, incluso, apoyo financiero.

Son dictaduras de nuevo cuño que, como se puede apreciar, han perfeccionado dispositivos más “sofisticados” de control y represión que la brutal bota militar clásica. Desde luego, esta estará siempre a la mano si la protesta se desborda. Pero la primera línea de defensa está en asfixiar las posibilidades de que los opositores acumulen fuerzas capaces de desafiar su poder. Denuncias, movilizaciones o protestas son desarticuladas fabricando cualquier acusación absurda para apresar a sus cabezas más visibles o con medios más mortíferas –lamentables “accidentes”--, que le ponen sordina a la expresión democrática. Cada una de estas dictaduras ha confeccionado su propia burbuja ideológica como refugio, sea de naturaleza religiosa, patriotera, anticomunista, procomunista, etc., con la cual “justifican” sus abusos ante sus partidarios y forjan sentimientos de solidaridad entre sí, casi siempre formulados como “defensa ante los ataques” de Estados Unidos (el imperio) y de la Unión Europea (colonialista).

Otro elemento distintivo con respecto a las dictaduras más clásicas es que éstas buscaban cubrirse de las críticas con campañas propagandísticas cuidadosamente articuladas, reservándose en secreto toda información inconveniente. Applebaum señala el caso de la URSS. Pero a los integrantes de la presente trasnacional autocrática parece que la crítica les rueda. En su escrito, cita al activista prodemocracia, Srdja Popovic, quien designa a este comportamiento como el “modelo Maduro”. Los dictadores que lo adoptan –afirma—están dispuestos a pagar el precio de ser un Estado fallido, a aceptar el colapso de su economía y a quedar aislados internacionalmente, si ello es conducente a que puedan mantenerse en el poder y seguir enriqueciéndose. Como ejemplo, se refiere a Al-Assad, el carnicero de Siria, quien ha asumido el modelo Maduro. El disfraz ideológico es lo de menos, acaso para respuestas automáticas.

De manera que el comportamiento de Maduro, totalmente insensible, displicente y despreocupado por la tragedia que su conducta ha urdido sobre los venezolanos, le ha valido para servir de ejemplo, según estos analistas internacionales. Es emblemático de un ejercicio despótico del poder que, más allá del saludo a la bandera de ciertas consignas antiimperialistas y patrioteras, le importa un bledo la suerte de sus compatriotas. Como hemos venido insistiendo, transformar a Venezuela de ser el país más próspero de América Latina hace pocas décadas, a ser hoy el más pobre junto con Haití, no es tanto por ignorancia o incompetencia –que las habido mucho—sino resultado inexorable del régimen de expoliación que montó el chavismo, alegando estar construyendo el “socialismo de siglo XXI”. La guinda que puso Maduro, al extremar la corrupción de militares traidores para hacer de ellos los principales dolientes (cómplices) de semejante desastre, ha hecho que su “modelo” sea muy resiliente: todo le rueda.

Las particularidades del ”modelo Maduro” subrayan la descomposición moral y personal de quienes han hecho de él una referencia. Pone de relieve, además, que en el fondo --¡y en la superficie!—de lo que se trata es de un poder ejercido por una organización criminal. Es necesario tomar esto en cuenta a la hora de pensar que en torno a determinados objetivos o propósitos debería existir un interés común con base en el cual negociar acuerdos para superar la terrible tragedia que agobia a Venezuela. A juzgar por lo comentado, las probabilidades de que ello exista son, cuando menos, remotas. Los valores (si es que pueden llamarse tales) y prioridades de quienes se han forjado tan infame distintivo internacional, están fijados en otra cosa: cómo sostener, valiéndose de las armas a su disposición, su régimen de expoliación. Los intereses de la nación, el bienestar del venezolano o el disfrute a plenitud de las libertades ciudadanas no parece tener sintonía alguna con ésta, su principal misión.

De manera que negociar una salida que le devuelva a la población las posibilidades de disfrutar de una vida digna, en libertad, no va a tener mayores posibilidades de éxito sino persigue acumular una posición de fuerza ante la cual los titulares del “modelo” les sea costoso desestimar. Dada la apatía evidenciada en las elecciones regionales y locales recién culminadas, el desafío del liderazgo democrático es, hoy, aún más significativo. Para bien del país, de los jóvenes que les han confiscado su futuro, y de los adultos y viejos que les arruinaron lo que les queda de vida, no debe escatimarse iniciativa o esfuerzo alguno para construir esa fuerza. Un análisis crítico de lo ocurrido, incluyendo el esfuerzo de numerosos compatriotas por levantar y promover, con sus errores y aciertos, la alternativa democrática, a pesar de las circunstancias adversas, constituye una tarea inescapable para asumir, de manera honesta y productiva, una estrategia capaz de insuflar aires frescos al liderazgo opositor para que, progresivamente, pueda tener éxito en esa labor. En pro de la necesaria unidad que debe fundamentar estos esfuerzos, que cada quien asuma su responsabilidad.

[1] “Autocracy is winning”, The Atlantic, 15 de noviembre, 2021

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El próximo domingo, 21 de noviembre, bajo un régimen que no ha sido reconocido precisamente por su respeto a las reglas de juego ni a los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos, se celebrarán elecciones regionales y locales. A pesar de lo señalado, representan una valiosa oportunidad para avanzar en el desplazamiento de la camarilla que lo controla y que tanto daño ha causado al país, que no debe ser desperdiciada. Esta apreciación se basa en las siguientes consideraciones.

Las condiciones en que habrán de realizarse estas elecciones son diferentes a las que montó Maduro en 2018 para hacerse reelegir. Entonces las fuerzas democráticas aún controlaban la Asamblea Nacional, aunque sólo formalmente por el despojo de sus potestades constitucionales, y el liderazgo opositor gozaba de considerable apoyo y reconocimiento internacional. La farsa electoral de ese año –partidos y dirigentes opositores inhabilitados, ausencia de auditoría de las máquinas y del registro electoral, inexistencia de observación internacional confiable, violación de los lapsos establecidos y un notorio ventajismo oficialista— pudo ser convertida en acusación contra el régimen. El supuesto “triunfo” de Maduro fue, en realidad, una derrota política. Tan así que más de 50 países del mundo democrático lo desconocieron, se acentuaron las sanciones en su contra y las fuerzas democráticas pudieron montar, el año siguiente, el desafío más fuerte que ha tenido que enfrentar: la aparición de un poder paralelo, en la figura de un presidente interino encarnado en Juan Guaidó, con amplio apoyo internacional. Que este interinato finalmente se haya desinflado en sus pretensiones de sustituir a Maduro, no invalida que, en el momento de su aparición, acentuó la precariedad del mandato obtenido fraudulentamente.

En las venideras elecciones el liderazgo opositor no goza de la ascendencia política que tenía en 2018. Si bien las encuestas siguen mostrando un rechazo a la gestión de Maduro de más del 80%, el apoyo a quienes encarnan la alternativa democrática ha descendido casi al nivel que el que tienen las fuerzas chavistas. Parece que, para muchos, ese liderazgo no encarna la salida en estos momentos.

Por su parte, los jerarcas del gobierno de facto necesitan ganar legitimidad internacional para que les sean levantadas las sanciones en su contra. Ello es aún más apremiante por la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de abrirles una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad contra la población. Confiando en que su poder no estará en juego, optaron por respetar ciertas reglas para la venidera contienda, asumiendo un riesgo calculado de que la oposición reconquiste algunos espacios, en lugar de cerrarse aún más en su barbarie y trampear las elecciones abiertamente, como acaba de hacer Ortega en Nicaragua. Y es que sobre Ortega no pesan, por ahora, sanciones como las que tanto perjudican a los bolsillos de la mafia que controla el poder en Venezuela.

De ahí la incorporación de dos respetados demócratas en el CNE, la restitución de la tarjeta única a los fuerzas que integraron la MUD, la venida de una misión de observadores de la Unión Europea y, bajo cuerda, el retorno de algunos dirigentes perseguidos. Claro, persiste la confiscación de las tarjetas y símbolos de importantes partidos opositores, Maduro sigue contando con mayoría en el CNE y es notorio el ventajismo oficialista en el uso de los medios del Estado. La aparición el día 21 de “puntos rojos” para el control de electores, de bandas fascistas merodeando las instalaciones e intimidando a los testigos electorales de oposición, muy probablemente estén también en la agenda. Pero la apuesta del chavo-madurismo parece ser evitar que estos comicios sean invalidados, a los ojos de los observadores, por incumplir con las garantías democráticas esperadas. De lograrlo, Maduro habría dado un importante paso en su búsqueda de legitimidad, mejorando su posición negociadora en México y ante EE.UU.

Y en este riesgo calculado, cuenta con una carta importante: las pugnas habidas entre las fuerzas democráticas, y la desmotivación y consecuente abstención de parte del electorado que, si votara, sería por la oposición. Se ha visto favorecido por la campaña activa contra la participación electoral de una minoría opositora que alega que estos comicios, como los anteriores, serán trampeados: se votará, pero no se elegirá. Ésta se pregunta, no sin razón, si se puede confiar en quienes han dado reiteradas muestras de falsear la voluntad popular. ¿Acaso son ahora demócratas, respetuosos de las normas?

Sería ingenuo confiar en que los maduristas desecharán la trampa ahí donde perciben que puede dar sus frutos. Pero les acarrea un costo político si lo que buscan es aprobación. Además, por las situaciones antes descritas, confían en que la votación de las fuerzas opositoras estará lejos de su potencial y, por tanto, poco amenazante. Perder en algunos lugares, cuando no está en juego el poder a nivel nacional, no les quita el sueño. En última instancia, podrán volver a meter –esta vez camuflada, pues Maduro prometió no aplicarla—la figura del “protector” del estado o de la alcaldía en cuestión.

La naturaleza del régimen no ha cambiado. Sigue siendo un poder dictatorial militarizado, articulado por complicidades mafiosas que, con el apoyo de bandas criminales y de estados forajidos, se dedica a expoliar a Venezuela. Su problema es que, por los momentos, no pueden sacarle todo el provecho a su presa por las restricciones internacionales impuestas a sus desafueros. De ahí su afán de ser percibido como “buen ciudadano” en el concierto de naciones, con elecciones que sean aceptadas como válidas, para recuperar márgenes de acción. No es porque sus personeros crean en la democracia, en el imperio de las leyes y el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de la población.

Cómo el fascismo no da fácilmente su brazo a torcer, tiene una enorme importancia los esfuerzos de muchos para que las fuerzas democráticas conquisten la mayor votación posible. De sobrepasar las expectativas de partida, pondrán en tres y dos a Maduro: o acepta el resultado o se despide de sus intentos por ganar legitimidad. Hay que aprovechar oportunidades como ésta para volver a motivar a la población en torno a las posibilidades y la factibilidad real de un cambio político en el país. Los liderazgos que se están forjando en muchos lugares a propósito de estos comicios, al conectarse con las aspiraciones y los problemas cotidianos del venezolano, habrán de insuflar aire fresco en las fuerzas democráticas. Por los medios sociales se han divulgado importantes movilizaciones y se aprecia un renacer del entusiasmo entre multitudes no despreciables. Ojalá que pueda remontarse en muchos lugares la poco alentadora situación comentada arriba. Decisiones como la de Carlos Ocariz, renunciando a favor de la candidatura de David Uzcátegui para la gobernación de Miranda, son muy positivas. En todo caso y a pesar de las divisiones que aún habrán de presentarse, la suma total de votos democráticos debe dar una señal clara de las aspiraciones de cambio de los venezolanos.

Es menester acumular las fuerzas necesarias para que, con una estrategia consensuada y un liderazgo que haya recuperado la confianza de las grandes mayorías, se logre forzar progresivamente al madurismo a ceder en asuntos cruciales a la convivencia democrática para que, en próximos comicios –las posibilidades de un referendo revocatorio, según el calendario impuesto por Maduro están a la vuelta de la esquina— puedan consolidarse posibilidades efectivas de un gobierno de transición democrática que abra las puertas a la conquista de niveles crecientes de bienestar, en un régimen de respeto al ordenamiento constitucional, a las libertades y a los derechos humanos de la población.

En la superación de las tragedias padecidas por las grandes mayorías, tiene poco efecto la ilusión de “deslegitimar a la dictadura, absteniéndome”. No aprovechar las oportunidades que se presentan para acortar la vida en el poder de tan funesta camarilla solo contribuye a alargar y profundizar su sufrimiento. El esfuerzo de cambio nos corresponde fundamentalmente a los venezolanos, si bien el apoyo internacional es muy importante. Pero no confiemos en soluciones mágicas venidas de afuera.

¡A votar!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Se percola de la forma en que incursionó recientemente Nicolás Maduro en la Ciudad Universitaria. Fue de noche, sin conocimiento del equipo rectoral, protegido por sus escoltas y acompañado de algunos acólitos. Escogió el momento en que no encontraría a nadie; no podía ser de otra manera. Así podía esquivar el repudio de la comunidad universitaria y escenificar, a solas con los suyos, su cínica oferta de “recuperar” a la UCV. Y como no sabe hablar sin insultar ni ofender a quienes no comulgan con su atraso, les echó la culpa a las autoridades de su lamentable deterioro, tildándola de “chatarra” y comparándola con el Retén de Catia. Para mayor afrenta, nombró “protectora de la UCV” (¡!) a quien venía de fracaso en fracaso en su gobierno, Jacqueline Farías. Incómodamente sentado en un pupitre, quiso hacernos entender que el salón recién pintado en que se encontraba era un comienzo. Porque, en su imaginario, lo que importa de una universidad son sus edificaciones. Pero como suelen albergar seres hostiles a la “revolución”, enemigos que la critican, incurrió en el lapsus mentis carcelario: ahí es, donde merecen estar. Semanas antes había tanteado el terreno su vicepresidente, Delcy Rodríguez, también a la sombra, violentando las puertas para entrar, a la fuerza, a una Aula Magna vacía.

Las universidades han sido instituciones señeras en la modernización. Para ello, ha sido crucial disponer de los grados de autonomía requeridos para cobijar el debate de ideas que nutrían el pensamiento científico y humanístico de los condicionamientos o imposiciones de los poderosos. Como era de esperar, no siempre fue respetada. Ámbitos donde era lícito cuestionar dogmas y supersticiones prevalecientes no eran del agrado de quienes se sentían favorecidos por el orden existente. El avance del conocimiento académico adquiría muchas veces, potencialidad subversiva. Como señalara Schumpeter con relación a la innovación, desataba procesos de “destrucción creativa”.

En el pasado, los que reivindicaban su condición de “izquierda” en Venezuela, no podían sino asumir la defensa de la autonomía universitaria, aunque a veces fuese, no por motivación académica, sino para poner a resguardo, fuera del alcance de los órganos represivos, a quienes se habían alzado en armas contra el gobierno democrático. Por eso Chávez, al asumir tal identificación cuando comenzó su gobierno, incrementó en 2001 la asignación presupuestaria a las universidades, mejorando también la remuneración de profesores y empleados. Previamente, la Asamblea Constituyente que había sido convocada para “refundar la patria”, dominada por sus partidarios, había dado rango constitucional a la autonomía universitaria (artículo 109).

Pero esta luna de miel con la libertad de pensamiento fue de muy corta duración. Para quien se proyectaba como segundo Libertador, redentor de los venezolanos traicionados por una oligarquía que obedecía al “imperio”, el ejercicio autónomo de la opinión crítica, propio de las universidades nacionales, era un golpe indigerible por su inmenso ego. La libertad de cátedra le ofendía. Ese mismo año fue tomado violentamente el salón de sesiones del Consejo Universitario de la UCV por huestes fanáticas que clamaban sustituir sus autoridades legítimas a través de una especie de asamblea constituyente. Detrás de este atropello estaba su vicepresidente de entonces, Adina Bastidas. Aunque la comunidad universitaria, indignada, se movilizó para desalojar a los facinerosos del espacio usurpado –y, lamentablemente, arrasado--, el incidente marcaría, junto con la asfixia presupuestaria y la degradación de la normativa relevante, la relación del chavismo con el mundo universitario.

Siguieron, en los años subsiguientes, numerosas acciones vandálicas por parte de bandas armadas chavistas contra las instalaciones de la UCV, destrozando laboratorios y equipos, y quemando aulas e incluso bibliotecas. Agredían a autoridades, profesores y estudiantes, a veces provocándoles graves lesiones. Tal arremetida fue sufrida, igualmente, por otras universidades autónomas, siendo las distintas sedes de la Universidad de Oriente quizás las más devastadas.

A la par, quienes ocupaban el cargo de ministro de Educación, posteriormente, de Educación Superior y luego, de Educación Universitaria fueron minando progresivamente las potestades administrativas que el régimen autonómico confería a las universidades, sometiéndolas a directrices que bastardeaban la meritocracia y confinaban su quehacer académico. En la Asamblea Nacional, chavistas que antes se daban golpes de pecho por la autonomía, aprobaron una Ley Orgánica de Educación (LOE) cuyo artículo 34 impedía la renovación electoral de las autoridades por la propia comunidad académica.

Pero el arma que a la larga resultó más nociva en esta guerra que el atraso chavista desató contra el conocimiento, fue la asfixia presupuestaria. Para el último año del gobierno de Chávez y a pesar de la bonanza de ingresos petroleros, el presupuesto de la UCV se había reducido, en términos reales, a casi la tercera parte del de 2001. Igual el sueldo profesoral, con el agravante de haberse obliterado los incentivos para el ascenso, al reducirse el diferencial de sueldo entre el mayor escalafón --Profesor Titular, producto de cinco trabajos de ascenso y un mínimo de 15 años de servicio-- y el de quien ingresaba por primera vez como Instructor. Fueron desapareciendo, asimismo, las suscripciones a revistas científicas especializadas, la asistencia a congresos o simposios internacionales, sin hablar del deterioro y cierre práctico de laboratorios, estaciones experimentales y de instalaciones diversas.

Ante circunstancias tan adversas, el espíritu universitario nunca se rindió. Porque la UCV siempre conjuró la vocación de excelencia que residía en la entrega de sus profesores, estudiantes y empleados de servicio a la generación del conocimiento, en interacción con el pensamiento universal en diversas disciplinas, resultado de muy variadas opiniones. La promoción y difusión de estos saberes ha enriquecido, material y espiritualmente, la vida de los venezolanos a través del tiempo.

Lamentablemente, llegó terminator. La solución de Nicolás Maduro para acabar con las universidades fue simple: destruir el país, ya que así destruía también a la Universidad. “Muerto el perro, se acaba la rabia”. El presupuesto asignado este año a la UCV no llega al 3% del solicitado; el sueldo de un profesor Titular, a dedicación exclusiva, apenas supera los USD 10 por mes; se han registrado muertes de profesores por inanición y muchos se han visto forzados a proseguir sus actividades académicas migrando a otros países; igual muchos estudiantes, en detrimento de la matrícula en la UCV, que ha caído en un tercio. Para mayor tragedia, la pandemia ha afectado gravemente a la institución. Ante este cuadro de devastación, aparece su verdugo anunciando que va a “recuperar” a la universidad.

La UCV, aun en sus mejores tiempos, presentaba defectos e insuficiencias. Y los que integramos la comunidad siempre tuvimos conciencia de ello. Quien esto escribe coordinó, durante varios años, el Plan Estratégico de la UCV, consensuado a través de consultas a facultades y escuelas, institutos, empleados y también a la dirección estudiantil. Reunió numerosas propuestas para transformar a la institución, poniéndola más a tono con los desafíos planteados por el avance del conocimiento a nivel mundial y por las exigencias del desarrollo nacional. En las condiciones descritas, poco pudo avanzar. Porque es una labor que sólo puede rendir sus frutos con los recursos requeridos, en un ambiente de libertad académica, ajeno al a los intereses primitivos que, amparados en las bayonetas, procuran someter a la institución a los dogmas del pensamiento único.

Maduro sueña con sofocar la libertad de cátedra. Para eso, designó a Tibisay Lucena al frente del ministerio de Educación Universitaria. El próximo paso será designar autoridades chavistas. ¿No será tiempo de convocar a la comunidad a movilizarse en ejercicio de sus prerrogativas autonómicas, consagradas en la constitución, para renovar las autoridades, proceso largamente postergado por imposiciones de la LOE, pero asegurando que estas elecciones obedezcan a preceptos académicos?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Al leer la novela del reconocido escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar, resalta la similitud entre lo ocurrido recientemente en el país centroamericano y la descomposición política y moral vivida en Venezuela bajo Maduro. Se refiere a los trágicos acontecimientos de 2018, cuando fue reprimida la masiva protesta contra las reformas al sistema de seguridad social, con turbas de malandros y esbirros “revolucionarios” armadas por los cuerpos de seguridad. Parece una hoja tomada de la experiencia venezolana. Terminó ese año con la muerte de más de 300 nicaragüenses por fuerzas represivas al servicio de Daniel Ortega y su esposa-vicepresidente, Rosario Murillo. En su mayoría fueron jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios y de secundaria.

Ramírez ha aclarado en entrevistas posteriores que lo que escribió fue una novela y que no pretendió hacer un reportaje riguroso de estos hechos como documento histórico. No obstante, ello en absoluto le resta autenticidad a su obra. Quien sepa algo de la historia reciente de Nicaragua, conoce que Sergio Ramírez, además de laureado escritor premiado internacionalmente por sus novelas, fue militante activo del Frente Sandino de Liberación que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional creado tras el triunfo de la Revolución Sandinista y luego fue vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega (1985-90). A pesar de romper en 1990 con sus antiguos compañeros de lucha, siguió viviendo, hasta hace poco, en su país. Esta novela no deja dudas de que su autor está muy familiarizado con las idiosincrasias y vicisitudes de sus compatriotas, como con la naturaleza dictatorial del régimen. Tan bien refleja lo padecido en la sangrienta represión de 2018, que fue prohibida su circulación en Nicaragua y Ramírez obligado, en julio de este año, a exiliarse.

La similitud entre Venezuela y Nicaragua no es una mera casualidad. Ambos regímenes son expresión de autocracias sumamente crueles que, con tal de mantenerse en el poder, no han vacilado en desatar la guerra contra su propia población, apoyándose en instrumentos propios del terrorismo de Estado. El ductor de tan nefasto comportamiento ha sido, en ambos casos, la dictadura cubana, que ha acumulado una vasta experiencia reprimiendo, de raíz, cualquier protesta. “Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución, nada”, gustaba decir Fidel, parodiando a Mussolini[1]. En este sentido, los tres países conforman una especie de modelo, cada uno con sus particularidades, que ilustran las perversidades de aquellos dispuestos a desmantelar el Estado de Derecho liberal en nombre de una “revolución”.

En Nicaragua y Venezuela la corrupción jugó un papel central en la destrucción de la institucionalidad democrática, disfrazada, en ambos casos, con una retórica revolucionaria, más genuina –al menos al principio— en el país centroamericano. Fueron conformándose autocracias altamente centralizadas, sin autonomía ni equilibrio de poderes, transparencia ni rendición de cuentas, que forjaron complicidades que sirvieron para amalgamar los intereses de quienes ejercen el control del Estado. En Venezuela, la corrupción fue conscientemente dirigida por Chávez hacia los componentes más indignos de la Fuerza Armada. Logró, así, que traicionaran sus lealtades para con la patria en pro de las oportunidades de lucro que les ofrecía, dependientes, claro está, a que aquellas fuesen transferidas hacia él mismo.

En Nicaragua se hizo evidente que el poder corrompe, Lord Acton dixit. La primera etapa del gobierno sandinista terminó con la tristemente célebre “piñata”, en la que casas y otros bienes de la oligarquía desplazada pasaron a manos de muchos “comandantes”. Sin embargo, fue cuando el pacto de Ortega con el expresidente Alemán, prometiendo absolverlo –estaba preso por corrupto—a cambio de que los partidarios de éste en la Asamblea Nacional apoyasen la rebaja del porcentaje de votos requeridos para evitar una segunda vuelta electoral, que la corrupción terminó entronizándose como política. Así regresó Ortega al poder, después de 16 años, con apenas el 38% de los votos. Siguiendo el ejemplo de Maduro, fue adulterando comicios subsiguientes para garantizar su permanencia en el poder, llegando a hacer elegir a su esposa, Rosario Murillo, su vicepresidente. Para las elecciones presidenciales del próximo noviembre, ha fabricado infundios con los cuales meter presos o ahuyentar del país a sus rivales democráticos, asegurando su probable victoria, no obstante la fuerte caída en su popularidad.

Como en nuestro país, lo anterior se posibilitó conculcando la independencia del poder judicial y relajando otros resguardos institucionales, para poder forjar las complicidades requeridas para afianzar su poder. Al igual que en Venezuela, se fue conformando un Estado patrimonial, en el que muchos meten la mano, siempre y cuando –fiel a la prédica de Fidel—se mantuvieran “dentro de la revolución”. El botín a repartir provino en buena parte de la ayuda de Chávez a Nicaragua: petróleo a descuento, financiamientos generosos, preferencias comerciales, programas sociales, viviendas y otras inversiones. Destaca el caso de Albanisa, empresa mixta entre PdVSA y Petronic (Nicaragua), denunciada como fondo de recursos para usufructo discrecional del dúo Ortega-Murillo.

En resumen, el “modelo” reseñado se basa en regímenes de expoliación, con fuerte protagonismo de una casta militar corrupta, que se ampara en discursos revolucionarios construidos con base en simbolismos y mitos épicos de la izquierda comunista. Con la destrucción del Estado de Derecho se ha instalado una situación de anomia, propia de Estados fallidos, en el que una oligarquía militar – civil hace y deshace, con auxilio de medios violentos, en su prosecución del lucro. Para ello polariza al país entre los suyos –patriotas, los buenos-- y quienes tilda como enemigos, Se comporta como ejército de ocupación, violando consuetudinariamente los derechos de estos últimos.

En fin, son regímenes gangsteriles, que se cobijan en una burbuja ideológica izquierdosa que les provee de una falsa realidad, ante la cual están eximidos de tener que justificar sus atropellos. El régimen cubano, celosa y férreamente controlado en el pasado por un exaltado comandante que no aceptaba límites a sus delirios, financiado generosamente por la extinta URSS y luego, Chávez, comparte este estado de descomposición, sobre todo, en lo que respecta al papel hegemónico, discrecional, de su Fuerza Armada y aparatos de seguridad. Las críticas que hacen terceros se descalifican por provenir de enemigos de la “revolución”, de la derecha, agentes del imperio. Izando la bandera anti-EE.UU., han concitado importantes apoyos externos, muchos de regímenes similares a los suyos –Rusia, Bielorrusia, Turquía—pero también de la teocracia iraní y de China. Asimismo, cuentan entre sus aliados a organizaciones criminales, tanto de la región (FARC disidente, ELN) como del cercano oriente (Hezbolá). Y --no podía faltar-- tienen la absolución de políticos e intelectuales de una izquierda en Europa y EE.UU. que, por sus posturas intolerantes y primitivas, son indistinguibles de la derecha retrógrada.

Eventos recientes en América Latina parecen amenazar a la institucionalidad democrática en la región. Las señaladas vinculaciones con la extrema izquierda del recientemente electo presidente del Perú; los devaneos populistas de Nayib Bukele en El Salvador; las posturas primitivas del chauvinismo de AMLO, en México; temores de una orientación antiliberal de la nueva constitución a redactarse en Chile; las insinuaciones de Bolsonaro de perpetuarse en el poder; y la inestabilidad preelectoral en Colombia, son indicios preocupantes. El peligro que plantean estos procesos es que, de continuar sin atenuantes, terminen degradados en regímenes dictatoriales de nuevo tipo, similares a los de Venezuela y Nicaragua. Los ingredientes populistas, tan enraizados en la historia regional, el interés de redes criminales internacionales y el sempiterno empeño desestabilizador de Cuba, están ahí.

[1] “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.

Impresiona, aunque no sorprende, la alharaca montada por voceros del régimen a raíz de la detención y posterior extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Por la reacción de Maduro y sus secuaces, se colige que ha sido un golpe terrible. Es como si se hubiese profanado lo más sagrado de la secta en que se ha convertido el bolivarianismo: el sarcófago que, supuestamente, contiene a los restos del “eterno” en el Museo Militar. Esta respuesta del fascismo permite formular, como ley irrebatible, la siguiente tesis: mientras más pataletas escenifica protestando la “injusta detención” de un colaborador de la “revolución”, más razones hay para creer que su complicidad y todo lo que se le acusa, son ciertas.

Alex Saab, oriundo de Barranquilla, Colombia, es acusado de varios delitos de lavado de dinero con relación a manejos irregulares del gobierno chavo-madurista. Comienza en estas andanzas desde la época de Chávez, manteniendo un perfil bajo que lo hizo pasar desapercibido durante años. Pero eventualmente el equipo de periodistas de investigación del portal, Armando.info, empezó a exponer en sus publicaciones sus sospechosas operaciones. Una de las primeras referencias lo ubican en Miraflores en 2011 en relación con un contrato para construir casas prefabricadas en Venezuela, en representación de un Fondo Global de Construcción. Esa compañía habría recibido al menos 159 millones de dólares entre 2012 y 2013 para ese proyecto --según la investigación—pero sólo entregó materiales equivalentes a 3 millones de dólares. Saab también intercede en la obtención de divisas reguladas de CADIVI para una red de clientes, aprovechando el comercio entre Venezuela y Colombia. Pero rompe la banca con la oportunidad planteada por la escasez de alimentos, a raíz de la desastrosa gestión del gobierno de Maduro. Con empresas fantasmas los importa, con jugosos sobreprecios, para el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del Estado venezolano. Se ha denunciado, además, la baja calidad de estos alimentos. Con su empresa, Group Gran Limited se le señala de haber recibido unos 1.500 millones de dólares entre 2016 y 2018, muchos en calidad de testaferro de Maduro, según la exfiscal general, Luisa Ortega. La Asamblea Nacional alegó en 2018 que la importación de alimentos para estos programas subsidiados, defraudaron al país al menos 5.000 millones de dólares en sobreprecios y amplios márgenes de ganancias, a expensas del hambre impuesto a los venezolanos.

No sorprende, entonces, que sobre él pesan siete cargos por lavado de dinero de parte de la fiscalía de los Estados Unidos. Detenido en Cabo Verde desde hace más de un año, fue al fin extraditado, luego de un arduo y engorroso proceso legal en el cual el gobierno de Maduro gastó millones contratando abogados poderosos para su defensa. Entre quienes se mancillaron en tal desempeño, se encuentra el abogado español, Baltasar Garzón, una vez celebrado por haber iniciado un proceso en contra del exdictador chileno, Augusto Pinochet, mientras éste se encontraba en Inglaterra.

La valía de Alex Saab para el régimen, personaje hasta hace poco casi desconocido, que operaba sus redes de negocio detrás de bastidores, a la sombra, comienza a ponerse de manifiesto una vez detenido en Cabo Verde. En su defensa se alega inicialmente que se trataba de un ciudadano venezolano (es colombiano) en misión oficial de gobierno. Como ello no logra la revocatoria de su detención, se le enviste, luego, de una pretendida condición de diplomático y se politiza el asunto para hacerlo aparecer como víctima de un agravio al gobierno “revolucionario” por parte del enemigo de siempre, el imperio norteamericano. Mientras, el abogado Garzón introducía toda suerte de ardides leguleyos para retrasar el proceso de extradición, elevando la sospecha de que el régimen preparaba algún tipo de rescate de Saab. El grado de compromiso con quien hasta hace poco era tenido como un simple comerciante, llegó al absurdo de designarlo después integrante de la delegación oficial que negociaba una salida para la terrible crisis del país con las fuerzas democráticas, en México. Sin sentido alguno del ridículo, Jorge Rodríguez y demás representantes de la delegación aparecieron en un stint publicitario desplegando cada uno un afiche con colores de la bandera nacional y la foto del personaje, exigiendo su libertad. En Caracas, Maduro armó protestas de sus secuaces con la misma función, como si fuera una especie de héroe revolucionario y no el artífice de los embelecos con los que se ha enriquecido al núcleo central del fascismo. El acto más reciente de este sainete es el anuncio de un Jorge Rodríguez con aires de indignado, de que la delegación oficial se retira del proceso de negociación en México por esta “agresión”.

Una puesta en escena tan desproporcionada como ésta evidencia, una vez más, que el verdadero interés de quienes conducen la “revolución” es lucrarse a la sombra de la destrucción del Estado de Derecho. A Saab lo revisten ahora de supuestos atributos antiimperialistas –“no se doblegará ante los jueces”—para hacer creer que es víctima de una agresión política de EE.UU. y no de un proceso judicial debidamente fundamentado. Y es que les duele. El susodicho había exhibido las habilidades y artimañas requeridas para sortear muchas de las sanciones impuestas a los criminales, hoy al mando del país por violación de derechos humanos, lavado de dineros y otros ilícitos, y mantener el flujo de sus ingresos mal habidos. Se señala que, en sus actividades de testaferro habría lavado al menos 350 millones de dólares a sus compinches “revolucionarios”.

Sin Saab, los integrantes de la cúpula chavo-madurista se quedan sin anestesia ante estas sanciones. Les pega en lo más entrañable: sus alforjas. Se les arrebata su excelso operador. Y tal es su desesperación, que a los cuatro vientos y a todo pulmón confiesan haber sido despojados de lo que es, para ellos, la esencia de la Revolución Bolivariana, su auto asignado derecho, como ejército de ocupación, a continuar saqueando a Venezuela.

Para más angustia, se añade la probable extradición a Estados Unidos de Hugo “Pollo” Carvajal. ¿Cantarán a capella o acompañándose como dúo?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El término se ha venido usando en referencia a los cambios ocurridos en muchas sociedades en respuesta a la Pandemia Covid-19: mayor trabajo y clases a distancia, proveedores más cercanos y confiables, menos reuniones presenciales, entre otros, y –sin que se vea claramente cómo habrá de reflejarse—la revaloración (positiva) de aquellos trabajadores que proveen los servicios básicos de que depende nuestro bienestar. ¿Puede suponerse que estos cambios sean permanentes, que sustituirán formas de hacer las cosas o de realizar nuestras actividades anteriores a la pandemia?

Lo que nos concierne aquí, empero, es un empleo deliberadamente pernicioso de la idea de normalidad. Son los intentos de Maduro y su gente de aparentar que es éste el estado actual en que se encuentra Venezuela. Se valen de algunos indicios positivos que han emergido últimamente: el abastecimiento y la estabilidad de precios (en divisas) que resulta de la dolarización; la gestión privada de algunos activos públicos que habían sido estatizados anteriormente; la participación mayoritaria de fuerzas opositoras en los próximos comicios; el comienzo –sin tropiezos, hasta el momento—de negociaciones entre estas fuerzas y representantes oficialistas en México; la anunciada reapertura de la frontera con Colombia y del comercio bilateral con ese país; e, incluso, atisbos de construcción en el este caraqueño. Bancos como el Credit Suisse, pronostican un crecimiento de la economía este año que pudiera llegar al 5%.

Enmarcado en tales indicios, Nicolás Maduro anuncia por televisión que ya comenzó la navidad, mostrando, con aire festivo, detalles del arbolito y de otros adornos navideños en Miraflores. ¡Llegaron las pascuas! La metamorfosis del tirano se quedó corta, sin embargo, de desearles paz, buenaventura y hermandad a los venezolanos. Vamos, sería como que un puerco espín invitara a que lo acariciasen.

Cinismo aparte, es obvio el intento del régimen de aprovechar ciertos cambios, que se ha visto obligado a aceptar, para proyectar la idea de una nueva “normalidad”, no tan perversa como la pinta la oposición. El meta-mensaje es que esto es lo que hay. Acostumbrémonos a ello para sacarle provecho. Queda oculto en este imaginario la dantesca situación padecida por vastas capas de la población, reveladas en el último reporte de la ENCOVI, los 300 y tantos presos políticos, las torturas e innumerables violaciones a los derechos humanos, los centenares de muertos en las protestas de años anteriores.

Es posible que, para algunos empresarios del campo y la ciudad, se estén abriendo espacios que les permiten mayor respiro. No tiene nada de criticable que se aprovechen de ello, suponiendo que lo hagan por medios lícitos. Otra cosa, empero, son las fortunas lavadas con negocios financiados con el saqueo de PdVSA, del arco minero o con otros desmanes contra la cosa pública. En todo caso, aun suponiendo la posibilidad de algún crecimiento –pero el Observatorio Venezolano de Finanzas registra, más bien, una caída del PIB del 28% durante el primer semestre del año--, es menester preguntarse para quienes habrá de producirse, a quienes beneficia. Queda excluida esa inmensa masa de personas que aún tiene que vérselas primordialmente con bolívares. No tienen acceso a esas islas de actividad dolarizadas.

En fin, ¿de dónde provienen los dólares que circulan en la economía, sostén del presunto crecimiento? De las remesas, del petróleo que todavía se exporta y de los ilícitos que han proliferado bajo el amparo de la “revolución” chavista. Los canales por los cuales ingresan los dos últimos son las redes mafiosas que han proliferado bajo el régimen chavista de expoliación. Imposible sostener niveles de vida dignos para un país que tiene que importarlo todo, dada la destrucción de sus fuentes domésticas de suministro. ¡Muy lejos de las millonadas que entraban cuando existía una PdVSA robusta¡

El problema no está en dejarse llevar por la ilusión de que, aún bajo el régimen fascista, las cosas puedan estarse normalizando. Las evidencias, tanto en lo que respecta a la violación extendida de los derechos humanos y la ausencia del Estado de Derecho, como en las cifras económicas que muestran el nivel de miseria infligido al país, otrora considerado el más próspero de América Latina, son demasiado elocuentes, a pesar del velo propagandístico. El verdadero peligro está en que nos resignemos a que sea ésta la única realidad posible a qué atenernos, que limite nuestros horizontes de aspiración a la conquista solo de mejorías marginales en nuestras condiciones de vida. Implica conformarse en compartir, con Haití y Cuba, la condición de ser el país más pobre de América Latina, con el agravante de estar bajo la impronta de una organización criminal militarizada que concibe al país como territorio conquistado para su exclusivo provecho. Y, para aquellos sin escrúpulo, siempre estará la puerta abierta para adular a los gorilas y rendirle pleitesía a sus disparates “revolucionarios”, haciendo caso omiso de sus desmanes, con tal de participar en los despojos que va dejando su acción depredadora.

La obnubilación que procura el régimen sobre la situación del país debe quedar absolutamente proscrita de las mentes de quienes, en nombre de las fuerzas democráticas, llevan las negociaciones con los representantes de la dictadura. Confío en que estos líderes, probados en adversidades y castigos de todo tipo por denunciar los atropellos del régimen al ordenamiento constitucional y a los derechos ciudadanos, no caigan en esta trampa. Les toca seguir reivindicando, claramente, los objetivos básicos de la negociación como orientación a los venezolanos: el restablecimiento del Estado de Derecho, con sus garantías civiles y políticas; la convocatoria a elecciones nacionales creíbles y confiables; la libertad de los presos políticos; el levantamiento de las inhabilitaciones políticas; y la ayuda humanitaria efectiva para aliviar las terribles penurias que padece la población, incluyendo una respuesta enérgica y racional para contener la pandemia y sus estragos. Como corolarios quedarán los asuntos referidos a la justicia transicional, los problemas de la seguridad nacional y personal, y el papel de los militares.

Si en algo deben contribuir las negociaciones es en quebrar las bases de sustento de la dictadura para que acceda a discutir sobre los aspectos centrales anteriormente referidos. Como se ha dicho tantas veces, en eso hay que jugar cuadro cerrado con la comunidad internacional, en aras de condicionar cualquier alivio en las sanciones al cumplimiento verificable de éstos. La pata coja de esta estrategia, por ahora, está en el desarreglo –por llamarlo de una forma—con que las fuerzas democráticas enfrentan las venideras elecciones del 21 de noviembre. Sea como salgan los resultados, es menester aprender de ellos para lograr la movilización popular requerida para darles músculos a la gestión de cambios.

Sin garantías jurídicas, personales, civiles y económicas, es absurdo hablar de “normalidad”. ¿Qué “normalidad” puede haber cuando el salario formal de policías y militares –pagado en bolívares—está en el orden de orden de 20 o 40 dólares mensuales? ¿Cómo impedir que se redondeen, los más decentes, con exacciones ocasionales a la ciudadanía que les toca defender? ¿Cómo evitar que los más inescrupulosos, proveídos de sus poderes, le entren a saco a los dominios públicos y privados más apetecibles, muchas veces atropellando físicamente a los venezolanos? ¿Acaso hay un sistema jurídico confiable que castigue estos desmanes?

El fascismo no accederá voluntariamente a socavar las bases de sustento de su actividad saqueadora. No es su naturaleza. Ello es un parámetro ineludible a considerar por parte de las fuerzas democráticas.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Enfatizábamos, en un escrito anterior, la importancia de las instituciones para la recuperación de Venezuela. Sin un marco institucional apropiado no ocurrirá, salvo que el concepto de “recuperación” lo estiremos para designar solo la disponibilidad de bienes importados para quienes tienen cómo pagarlos en dólares o la opulencia ostentada por las mafias del poder que desangran al país. Pero para la gran mayoría de los venezolanos, tal situación está muy lejos de la vida digna a que aspiran y merecen.

Solo con una significativa inyección de recursos externos podrá Venezuela aprovechar a cabalidad sus potencialidades. Éstos son cruciales para reemplazar el financiamiento monetario del déficit público, y para costear las reformas sustanciales que capaciten al actual Estado (fallido) para gestionar políticas y administrar eficazmente los bienes públicos. Por la magnitud requerida, estos recursos solo pueden provenir de los organismos multilaterales, que los condicionarán a que sean utilizados para superar las distorsiones que tanto han dañado a la economía, como para proyectos específicos. Eventualmente deberá reembolsarse lo prestado, salvo la ayuda humanitaria acordada a fondo perdido. Esto último estará muy lejos de cubrir los requerimientos de Venezuela, más cuando se compite por fondos con la gran mayoría de los países del globo, los más pobres, castigados con los estragos de la pandemia.

Central a que nos sean aprobados estos recursos es la instrumentación de políticas que restituyan los equilibrios macroeconómicos y abaten la inflación. Sin esto, difícilmente habrá reactivación económica. Implican sanear las cuentas fiscales vendiendo activos que son, hoy, un desaguadero de las cuentas públicas, eliminar la corrupción, mejorar la recaudación impositiva y asegurar el equilibrio inter-temporal de su gestión. Lo anterior se asocia a un marco institucional regido por la autonomía y equilibrio de poderes, conforme a la constitución, base para el control y la supervisión presupuestaria por parte de la Asamblea Nacional y del país en general. Exige la transparencia de gestión y la rendición de cuentas. Requiere de la independencia del poder judicial para dirimir controversias entre el Estado y privados, así como entre dependencias públicas, según lo pautado en el ordenamiento jurídico. Asimismo, supone la autonomía del Banco Central para conducir políticas monetarias que redunden en la estabilidad de precios y el equilibrio en las cuentas externas, en el caso que se pretenda conservar la moneda nacional.

El régimen chavo-madurista se constituyó con base en una dinámica diametralmente opuesta. Descansa en la centralización del poder y la sustitución de las garantías constitucionales y de los mecanismos de mercado, por decisiones discrecionales arbitrarias basadas en intereses grupales o pecuniarios. Las instituciones del Estado republicano democrático fueron destruidas para erigir un Estado patrimonialista, en el cual los recursos públicos son administrados como si fueran patrimonio de quienes controlan el poder. Se retrotrajo la sociedad a reglas de juego (instituciones) primitivas, basadas en el control, excluyente y por la fuerza, de las condiciones necesarias para la vida de los venezolanos. En este arreglo tienen supremacía los militares que traicionaron sus juramentos de defender la nación en aras de participar ventajosamente en las corruptelas que afloraron con la demolición del Estado de Derecho.

Se instituyó, así, un régimen de expoliación, amparado en una retórica “revolucionaria” que “justifica” la parasitación de las actividades productivas y comerciales de la nación por quienes se han impuesto en el poder. Venezuela se convirtió en territorio ocupado de una camarilla militar y civil, cada vez más envilecida y reprochada interna y externamente, pero que se sostiene gracias a las alianzas tejidas con cómplices diversos para desvalijar al país. Al igual que cuando las monarquías depredadoras de los siglos XVI y XVII, Maduro les enviste de “patentes de corso” para asegurar su connivencia y lealtad. Cimentó, así, un tinglado de complicidades entre mafiosos para sostenerse en el poder.

Ahora, ante la eliminación y despenalización del régimen cambiario, la liberación de facto de precios y de transar en dólares, y la anunciada exoneración de impuestos a los emprendedores, algunos creen que comienza un proceso de reactivación. Pero éstas son iniciativas aisladas a las que Maduro se ha visto obligado a acudir en un intento de paliar la desolación que él mismo causó. Sin servicios públicos satisfactorios, seguridad jurídica y personal, financiamiento, estabilidad de precios, inserción provechosa en la economía mundial y libertades civiles y garantías ciudadanas, tienen muy corto aliento, más con los controles asfixiantes que incentivan la extorsión a comerciantes y productores. No modifican la naturaleza del régimen de expoliación instaurado. Se evidencia claramente en la desesperación del chavo-madurismo por la detención de Alec Saab (en Cabo Verde) y Hugo Carvajal (en Madrid), y su pronta extradición a los EE.UU. Son engranajes estratégicos del sistema mafioso-expoliador que se ha entronizado en el poder. Al primero se le acusa de ser testaferro de Maduro en una serie de negocios marcados por sobreprecios y lavado de dineros mal habidos, y el segundo ocupó posiciones claves para facilitar el tráfico de drogas de las FARC, entre otras cosas.

Por demás, el régimen mantiene centenares de presos políticos, continúa ofendiendo a los venezolanos con sus mentiras para lavarse sus culpas y sigue arremetiendo contra las libertades ciudadanas, en un marco de total opacidad de su gestión. Ahora parece andar buscando excusas para sabotear el proceso de negociación iniciado en México para evitar compromisos que atenten contra estos arreglos. Como buenos fascistas, les echarán la culpa a otros.

La recuperación de Venezuela demanda un cambio político profundo. Pero al producirse éste –desafío central de las fuerzas democráticas, que es tema de otras reflexiones--, no debe limitarse a instaurar un programa de estabilización y reformas como lo mencionado al comienzo. El nivel de destrucción ha sido excesivo. De una manera u otra, es menester desatar, dentro del marco de ese programa, lo que Aquiles Nazoa denominó “los poderes creativos del pueblo” para engendrar una respuesta excepcional por parte de los venezolanos que recupere, cuanto antes, sus posibilidades de vida digna. No es éste el espacio para profundizar en los mecanismos institucionales para ello, pero merecen atención las siguientes interrogantes, entre otras. ¿Cómo concertar esfuerzos entre empresarios, autoridades y fondos a fin de superar velozmente los cuellos de botella que impiden aprovechar la enorme capacidad ociosa del aparato productivo? ¿Cuáles instituciones son cruciales para fomentar el emprendimiento entre los venezolanos, con qué recursos debemos contar para ello? ¿Qué mecanismos serán los más idóneos para aprovechar, a nivel local, sectorial o nacional, el caudal de talentos existentes en el país o dispersos en la diáspora, muchos de los cuales quizás no regresen? ¿Cómo atacar eficazmente la terrible inseguridad causada por la corrupción de las fuerzas de seguridad y la proliferación de bandas criminales, tomando en cuenta la situación de anomia producida? ¿Cuáles son los elementos críticos de la gestión pública a corregir para que pueda contribuir con estos procesos de cambio? ¿Cuál es el marco más propicio para promover la activa participación de la ciudadanía en la solución de problemas locales o nacionales? ¿Qué papel deben jugar los medios de comunicación en todo esto?

Indudablemente, son muchas más las preguntas que deben plantearse. Cabe recordar que la respuesta efectiva ante ellas requerirá de un fuerte apoyo financiero internacional y del desmantelamiento rápido del marco punitivo que asfixia la iniciativa privada e intimida el ejercicio de la ciudadanía, en el marco de un programa de estabilización y reformas iniciales básicas. Asegurar la confianza que se desprende de un marco institucional que defiende celosamente los derechos humanos y económicos, y que derrote la inflación, será crucial. Más allá, se pone a prueba las virtudes políticas del liderazgo democrático, el “timing” y la secuencia de medidas, sus complementariedades y el apoyo ciudadano. Y quedan las preguntas claves: ¿Cómo producir el imprescindible cambio político?, ¿Qué hacer con los militares?

Esperemos que el liderazgo democrático y el pueblo venezolano estén a la altura de tan formidables desafíos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La única respuesta seria a la pregunta que encabeza este artículo es: depende. Es menester aclarar, además, qué se entiende por “recuperar”. Si se piensa en recrear condiciones parecidas a las disfrutadas por Venezuela en los años 70 o, incluso, los ’90, la respuesta es un rotundo NO. Mucho menos el consumo dispendioso alimentado por el reparto de la renta que instrumentó Chávez cuando el precio del crudo superó los USD 100/barril. A esas situaciones es imposible retornar y mientras más rápidamente nos convenzamos de ello, mejor. De lo contrario, no podremos superar los retos que plantea la recuperación del país, postrado por la hecatombe infligida por la gestión chavo-madurista.

Si lo que se aspira es lograr mejoras sostenibles en la vida de la población que superen en el tiempo el nivel recordado de los períodos referidos, la respuesta es un SI, condicional. Tiene que ver con la capacidad de los venezolanos de sortear exitosamente la complejidad de este desafío. Como tiene tantas aristas, en este breve escrito apenas rozaremos algunas de ellas.

Empecemos por el ámbito de lo económico. Se suele examinar empezando con un arqueo de los recursos con que cuenta Venezuela. Desde primaria se nos enseña que dispone de una rica dotación de yacimientos minerales, entre estos, las reservas petroleras más grandes del mundo; tierras de variada calidad que, no obstante, sirven para sustentar una agricultura y una ganadería competitiva en muchos rubros; una topografía variada y atractiva para la promoción del turismo; abundantes costas con playas, puertos, ensenadas; un clima agradable, con mucho sol; disponibilidad abundante de agua; ubicación geográfica favorable, etc. Es decir, en el “haber”, Venezuela exhibe ventajas comparativas clásicas bastante prometedoras.

Si extendemos el examen a las ventajas que deben ser creadas para una mayor competitividad, la descripción no es tan favorable. La infraestructura vial, de puertos, aeropuertos y de servicios existente, antes envidia de otros países de la región, está colapsada y en mal o pésimo estado. Pero “está”. La planta industrial, de empresas del campo, comerciales y de servicios que, en el pasado, se benefició de una moneda fuerte para importar maquinaria moderna, equipos e insumos, está severamente vapuleada por la pésima gestión económica del chavo-madurismo. El sistema financiero, por su parte, se ha encogido aún más que la economía y tiene escasísima capacidad para apalancar negocios.

Los recursos humanos con que cuenta el país, producto de un sistema educativo de cobertura universal e inclusiva, de la capacitación y especialización vinculada a actividades productivas y comerciales, como de la formación profesional en institutos de educación superior, se encuentran diezmados por sueldos miserables y el deterioro en sus condiciones de vida (alimentación, seguridad, salud, vivienda). Muchos talentos han migrado, encontrándose dispersos en la diáspora de venezolanos. Y las universidades nacionales que, en el pasado, exhibían enclaves de excelencia a la altura de sus pares internacionales, se han visto aplastadas por el fascismo chavista, arrasando con muchos de sus logros. Venezolanos brillantes, experimentados, altamente calificados y/o con aptitudes y destrezas provechosas, no encuentran donde aplicar sus talentos o decidieron hace rato buscar fortuna afuera.

Estas insuficiencias y otras que se omiten por razones de espacio, abultan el “debe” de esta contabilidad.

Si se profundiza un poco más, deben ponderarse las condiciones de los intangibles, tan decisivos en el mundo actual. Se trata de las interacciones entre los distintos actores sociales, económicos, políticos y culturales, como del ambiente (incentivos, oportunidades) para el despliegue creativo y la innovación. Aquello que llaman “capital social”, fundado en la confianza, la asociatividad y el compromiso con los pares, se ha visto perjudicado por un estatismo centralista que ha pretendido imponer sus pautas hasta en la esfera privada de las gentes, con el pretexto de una “revolución” que sólo sirve para que una nueva oligarquía expolie el país. Castró la participación ciudadana proactiva. La iniciativa privada se encuentra reprimida con controles, regulaciones e intervenciones. La falta de garantías jurídicas a la propiedad y procesales disuade la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos.

Ello se ha agravado aún más por la inflación, el derrumbe del sector externo y el colapso de la gestión estatal. Un tejido industrial raído empobrece significativamente las sinergias positivas entre empresas, proveedores y servicios, tan importante para la competitividad. El deterioro de las universidades y otros centros de investigación, junto a la inestabilidad e incertidumbre existente, inhibe la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y/o soluciones a los problemas del país, como las actividades creativas en general. Ello ocurre en el marco de un régimen enemigo del emprendimiento y dedicado a reforzar la cultura rentista a través de prácticas clientelares diversas, haciendo que la gente dependa del reparto estatal.

Si se suponen condiciones para sostener tasas de crecimiento del PIB del 5% anual a partir del próximo año, tardarán más de 30 años para alcanzar el nivel de 2013. Con Maduro, se encogió en un 80% desde ese año. Un examen muy somero de la economía venezolana revela una capacidad ociosa, en términos de recursos no utilizados o subutilizados, gigantesca. CONINDUSTRIA revela que la industria trabaja hoy en torno a un 20% de su capacidad; las tres cuartas partes de las empresas existentes en 1999 han desaparecido. Situaciones análogas afectan a la agricultura, el comercio, los servicios y la construcción.

Pero tiene un lado positivo. No es temerario pronosticar que, con un formidable impulso financiero inicial y en condiciones que permitiesen un aprovechamiento acelerado y eficaz de tantos recursos ociosos, la meta referida podría alcanzarse en mucho menos tiempo, quizás la mitad. Con la ventaja de un nivel de vida mucho más robusto, equitativo y enriquecedor, pues descansaría sobre incrementos sostenidos de la productividad, sólo posibles en ambientes que incentivan la inversión vigorosa y que ofrecen oportunidades para que todos puedan beneficiarse de la aplicación provechosa de sus talentos y habilidades.

Se trata no solo de aproximarnos velozmente a lo que en economía llaman la frontera de posibilidades de producción del país –que, en estos momentos, se encuentra totalmente desdibujada y difusa--, sino de desatar una dinámica que va expandiendo aceleradamente sus horizontes, moldeando sus contornos en respuesta a las capacidades competitivas desplegadas. Los agentes de este “milagro” constituyen la otra cara, la positiva, de los intangibles referidos en el parágrafo de arriba

¿Wishful thinking? Restringiéndonos, por ahora, a lo económico, la única posibilidad real de recuperar a Venezuela es aspirar a lo que, en otros tiempos y ámbitos, habría de tomarse como una fantasía. La destrucción ha sido demasiado como para restringir nuestros horizontes en niveles más “realistas” por modestos. Y bajo el régimen actual, toda posible mejora sería agónica, lenta y escasa. ¿Y cuál es la clave que evita que estas reflexiones se vean como ilusiones irrealizables? Las instituciones.

Como habremos de recordar, las instituciones son, en esencia, las reglas de juego con los cuales se dotan los integrantes de un colectivo social, en este caso, la nación venezolana. Estas no caen del cielo ni provienen de una intervención extranjera; debemos construirlas los venezolanos. En momentos de crisis tan profundas como la nuestra, es el ámbito por excelencia de la política. Pone a prueba, sobre todo, la capacidad de liderazgo, pues implica un cambio radical de nuestra cultura política tradicional y de la forma como se ha venido conduciendo Venezuela hasta ahora.

Olvidémonos de una bonanza petrolera súbita que nos inunde, como en el pasado, de fabulosos ingresos o de un acuerdo inesperado que permita al país acceder a ingentes ayudas financieras externas como solución. Sin instituciones sólidas que generen confianza y estimulen lo mejor de nosotros mismos, será imposible aspirar a condiciones de vida dignas y enriquecedoras. Significan la antítesis de lo existente hoy. En un próximo escrito abordaremos algunas reflexiones sobre este papel de las instituciones.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Se pone cada vez más de manifiesto que uno de los mayores obstáculos para conquistar de nuevo la democracia y emprender soluciones a la grave tragedia que agobia al país, es la burbuja ideológica en que se refugia el chavo-madurismo. Armada con las alusiones épicas iniciales de un Chávez redentor que prometía refundar la república invocando a Bolívar, condimentada profusamente de odios contra quienes identificó como enemigos y revestida, luego, con categorías de la mitología comunista, pudo terminar en una cosmovisión cerrada sobre sí misma, refractaria a ser contrastada con la realidad.

En los primeros tiempos, la retórica patriotera y de justicia social interpretó las frustraciones que muchos habían incubado contra la democracia bipartidista. Al prometer la ruptura con ésta y el castigo a los supuestos culpables, alimentó, asimismo, sus ansias revanchistas. Sin embargo, en la medida en que el chavismo fue desnudando su naturaleza fascista y, sobre todo, después de que regresaran los precios internacionales del crudo de los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014, la retórica oficialista fue perdiendo sintonía con las realidades vividas por los venezolanos.

La representación ideológica construida pasó de ser una referencia aglutinadora de voluntades, en competencia con visiones alternas expuestas por otras fuerzas políticas, a convertirse en un blindaje contra todo cuestionamiento, refugio en el cual hurgarían los personeros del chavismo los justificativos con los cuales absolver la pasmosa destrucción del país engendrada por su gestión de gobierno. Terminaron por erigir una falsa realidad acomodaticia con sus atropellos y desmanes, por más disparatados y crueles que estos fuesen. Según este submundo ficticio, siempre habría un enemigo a quien echarle la culpa por las penurias de la nación. La necesidad de combatirlo y no descansar hasta limpiar el país de su presencia posponía indefinidamente la dicha de la tierra prometida en sus alocuciones “revolucionarias”.

La tragedia de Venezuela es que tal enajenación ha dominado las ejecutorias de quienes han controlado los mandos del Estado durante todos estos años. De tanto repetir consignas y reemplazar la realidad por representaciones simbólicas afectas a sus intereses, se han convertido en sus rehenes. Dadas las alianzas y posturas construidas con base en estas fabricaciones, no saben cómo desenvolverse sin ellas. Ámbitos en los que es menester entenderse con las complejidades de la realidad tal cual como es, son inasibles. Inventos como los del “bloqueo” y la “guerra económica” ahorran el esfuerzo mental de compatibilizarla con su ideario. Quizás el mayor prisionero de estas gríngolas ideológicas sea el propio Maduro, incapaz de ver al mundo sin estos cristales deformantes y razonar en consecuencia.

Hace unos días tuvo el tupé de vociferar en una alocución televisada: “Capriles, Ramos Allup y Guaidó, me van buscando la forma de que se levanten las sanciones” (¡!), después de haberlos acusado de pedir la imposición de las mismas. Creyendo, ahora, que las negociaciones le allanaban el camino para eliminarlas, “ordenó” a sus recién aceptados interlocutores demócratas que le quitaran tan enojosa traba. Totalmente ausente estaba cualquier referencia a las razones detrás de las sanciones: violaciones flagrantes de los derechos humanos, narcotráfico, lavado de dineros sucios y otras corruptelas. Muchísimo menos se le ocurrió mostrar propósitos de enmienda, ni atisbos de que se comprometería a superar las condiciones que las motivaron. ¡Estas sanciones sólo obedecen a la inquina del imperio maligno contra el gobierno “revolucionario” y por la “traición” de los opositores!

Pero la desfachatez de Maduro no termina ahí. Pocos días después volvió a amenazar con una “justicia severa” a la dirigencia opositora, tildándola de “delincuentes”, por “lo que le hicieron a Venezuela” (¡!). O sea, el responsable de haber reducido a la economía venezolana a menos de la cuarta parte de cuando ocupó la presidencia, quien acabó con la industria petrolera y les entregó el país a bandas criminales de todo tipo –incluyendo los militares corruptos que lo sostienen—, y quien violó garantías fundamentales del ordenamiento legal vigente, lanza amenazas a otros con aplicarles una “justicia severa”. ¿A nombre de quién está la requisitoria librada por fiscales de EE.UU., ofreciendo una compensación de USD 15 millones? ¿A quién señalan los informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como máximo responsable del aparato represivo instalado por su gobierno? ¿En qué mundo se mueve este señor? Como reza el dicho: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. ¡La prisión ideológica!

Pero de contrasentidos y torpezas, Maduro llenaría páginas enteras. Por lo recién, traemos a colación sus intemperancias con los obispos por haber denunciado el bloqueo, por parte de unos militares gorilas, de la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por las lluvias que azotaron el sur del estado Mérida. Cuando no. “Fue una campaña miserable dirigida por obispos de la Iglesia católica contra la FANB”, increpó. Los calificó de “bicharracos”, que montaban un show. “Salgo en defensa de la FANB y pido respeto y apoyo al pueblo de Mérida y a la FANB”. Para taparear las barbaridades de “sus muchachos” –así los identificó en su alocución—, los identifica con el pueblo de Mérida agredido, adulterando el hecho de que fueron sus gorilas los que le faltaron el respeto a ese pueblo, atropellando sus requerimientos más urgentes. El mayor descalificativo a la FANB viene de su propio seno. No hacen falta señalamientos de obispos ni de otros. Mayor descrédito por corrupción, atropellos a los venezolanos y traición a la patria, creo que jamás habían logrado echarse encima los militares en Venezuela en toda su historia como los que apoyan a Maduro.

Estos incidentes tienen relevancia en momentos en que se intenta desarrollar un proceso de negociación en México entre personeros del régimen y las fuerzas democráticas, con miras a arribar a acuerdos que permitan instrumentar salidas mutuamente aceptables a la terrible situación en que se encuentra el país. Ponen de manifiesto que destacados dirigentes chavistas prefieren seguir recreándose en un mundo totalmente ajeno a la realidad. Son incapaces de conectarse con lo que esta padeciendo el país.

Se me dirá que entiendo poco de las realidades políticas del chavismo. Que lo de Maduro son alardes dirigidos a sus partidarios destinados a demostrar que sigue siendo el caprino macho que más micciona. Pero esto, en vez de excusar sus desatinos, le confieren todavía mayor gravedad. Dibujan ese mundo de absurdos que encapsulan el imaginario de quienes lo acompañan y que, por tanto, él se ve obligado a alimentar. Con interlocutores forzados a caerse a embuste permanentemente para su sobrevivencia, las esperanzas de arribar a acuerdos en las negociaciones en México sobre bases razonables y teniendo como referencia los graves problemas que padecen los venezolanos, lucen bastante opacas.

De ahí la importancia de continuar con una posición firme, blindada con las principales democracias realmente interesadas en contribuir con la conquista de las libertades públicas en el país y apoyada en la viabilidad de programas efectivos para abordar el terrible problema humanitario que enfrenta la población, para condicionar toda posibilidad de levantar las sanciones a compromisos verificables sobre el restablecimiento de las garantías constitucionales. Y, con ello, convocar a comicios confiables para que se pronuncie el pueblo sobre quienes –presidente y diputados—deben conducir el país.

En momentos en que el país sigue hundiéndose en una crisis que parece todavía no tocar fondo y que el régimen hace aguas por todos lados, destemplanzas como las de Maduro constituyen uno de los mayores crímenes imaginables. Pero, por más que hayan arruinado al país, el núcleo de enchufados todavía logra apoderarse de lo requerido para mantener sus privilegios. ¿Crisis? ¡No, que va!

Viene a la mente la pregunta de una reportera a Maduro sobre si dormía tranquilo ante la muerte de tantos jóvenes que protestaban contra su gobierno. “Duermo como un bebé”, fue su respuesta. Negociar exitosamente con fascistas para el bien de los venezolanos, representa un formidable reto. Tenemos confianza en que quienes nos representan en este afán, así como las democracias que nos apoyan, habrán de mostrar la fortaleza, consistencia y paciencia para lograr el resultado anhelado.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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