La RAE define a orate cómo, “Persona que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales.” Coloquialmente, hablamos de “loco”, alguien que ha perdido la razón. Entre otras manifestaciones, está el de perder el sentido de la realidad, ajeno a lo que se consideraría un comportamiento “racional”.

Leyendo la novela “documentada” de Antonio Scurati sobre Mussolini, “M. El hombre de la providencia”, se capta la manera cómo el personaje, con una calculada escenificación de poses, proclamas oportunas, desplantes histriónicos y acciones llenas de simbolismo, va plasmando su fantasía de verse como el elegido por la providencia para conducir a Italia a recuperar las glorias que legó el imperio romano. Numerosas batallas domésticas –la del “trigo”, de la “natalidad”, de la “lira”—, su creciente protagonismo internacional, irguiéndose ante las potencias para hacerles ver que Italia no aceptaba trato de segundón, y las aventuras foráneas que va culminando exitosamente, proyectan decididamente al Duce como el héroe sin el cual Italia no tendría futuro. Y para asegurar que así sea, reprime concienzudamente a toda disidencia –golpizas, inhabilitaciones, confiscación de nacionalidad, terror judicial, muertes. Pero no solo masajea su inmenso ego, captura las esperanzas de un pueblo que se sentía víctima de la Gran Guerra, ninguneado a pesar de haber estado del lado ganador. Mussolini no estaba loco. Estaba en plena sintonía con un pueblo que lo aclamaba y se le entregaba emocionado a sus pies, por haberles prometido un lugar destacado en el mundo. En absoluto estaba en disonancia con la realidad que lo rodeaba: la dialéctica desatada entre él y los italianos era la que fraguaba esa realidad.

Chávez compartió muchas de esas mañas y, sin duda, capturó el imaginario de buena parte de los venezolanos con sus posturas patrioteras, prometiéndoles la felicidad para la cual Bolívar había luchado. Sus ínfulas de segundo Libertador encontraron eco en las ansias por un liderazgo fuerte, alimentadas por los resentimientos y expectativas frustradas cuando el ingreso petrolero ya no podía ofrecer soluciones. Si uno sustituye la figura del Duce por la de Chávez en el mencionado libro, no desencaja. Guardando las distancias, expresa el mismo populismo extremo, autoritario e invocador de épicas del que abusó Mussolini, buscando bañarse en gloria ante los suyos. Y Chávez, a pesar de sus numerosos disparates y poses estrafalarias, tampoco estaba loco. Por demás, sus encantamientos contaron con altísimos precios del crudo para responder a las esperanzas de sus seguidores.

Pero ahora, con la destrucción tan absoluta del país y un dictador torpe y desangelado, se sigue con el mismo libreto. ¿Con qué se sienta la cucaracha?

Ofende a la razón presenciar, después de años de estrepitoso fracaso, que han hundido al país al lúgubre abismo que sufre hoy, a personeros del régimen continuar, impertérritos, con sus consignas, mitos y embustes “revolucionarios”, como si la cosa no fuera con ellos. Seguimos escuchándolos declarar que gobierna el “pueblo”, cuando las encuestas recogen un rechazo de más del 80%; que una “guerra económica” explica el desastre actual, no el saqueo a la nación cometido por ellos; que las sanciones impuestas a altos funcionarios, por violación de derechos humanos, lavado de dólares y otros ilícitos, son “contra el pueblo”; y tantas sandeces más. ¿En qué país viven? ¿A quién creen engañar?

Luego de haber destruido a PdVSA, Tareck el Aissami, ministro de Petróleo, hace pocos días afirmó que el régimen la pondrá a la vanguardia de la industria petrolera. Cuando Nicolás Maduro comenzó su gestión, la producción era de 2,784 millones de barriles diarios, según cifras oficiales suministradas a la OPEP. El último informe registra 582 mil para mayo, 2021. Pero el flamante ministro anuncia que, con esa empresa exangüe por la depredación sostenida de su flujo de caja, la falta de mantenimiento y la huida de personal calificado por las deplorables condiciones de trabajo, aumentará a 1,5 millones para finales de año (¡!) Milagros así no ocurrieron ni en sus mejores momentos.

Pero donde la enajenación alcanza niveles más patéticos, es en el ámbito militar. “Que el sol incandescente de Carabobo sea el esplendor que nos conduzca, unidos como un torbellino de voluntades”, a la conquista de “nuevas glorias” --palabras del sempiterno ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en rimbombante discurso para celebrar el bicentenario de la Batalla de Carabobo—“derrotando a todos los imperios que sea necesario vencer.” Libramos, “una tercera batalla de Carabobo”, en medio "de una campaña cívico-militar que ha tomado las riendas del pueblo por sí misma para defenderse de la agresión sistemática". Días antes, un video circuló por las redes sociales exhibiendo a varias decenas de soldados en cuclillas, repitiendo en eco los cánticos amenazadores de un oficial con megáfono: “gringuito … seremos tu Vietnam, latinoamericano; somos caribes dispuestos a morir.” Es decir, ese ejército tristemente vapuleado en Apure por una disidencia de las FARC colombianas, con más de una decena de soldados muertos y otros capturados; que pasa hambre y carece del apresto necesario --a pesar de la millonada gastada en armas rusas y chinas--; que tiene que llegar a entendimientos con bandas criminales porque no puede con ellas, invita a pelear al ejército más poderoso del mundo.

Manuel Noriega, dictador de Panamá, se le ocurrió lo mismo hace unos 30 años, blandiendo airadamente un machete por televisión. Antiguo agente de la CIA, había caído en desgracia al traficar drogas. Al invadir, esos “gringos” que quiso asustar, lo encontraron escondido en el Episcopado. Loco es poco.

Las dictaduras suelen caer en este tipo de bravuconadas: la argentina con el conflicto de Las Malvinas, Sadam Hussein ante Bush. Pero a diferencia de éstas, la venezolana está obligada a refugiarse en ellas, porque no tiene otra forma de camuflar los desmanes asociados a su razón de ser. La dictadura militar – civil de Maduro vive de la expoliación del país. Hacen de ejército de ocupación, a cuenta de creerse herederos del Ejército Libertador. Pero como su actividad parasitaria ha ido minando su poder, han tenido que forjar alianzas con otras organizaciones criminales que exigen su parte, para garantizar el orden. El tinglado de mafias resultante necesita un discurso legitimador, y éste no es otro que el que les enseñó Chávez en sus proclamas patrioteras rimbombantes. Pero ahora la masa no está para bollos y la incongruencia de ese discurso con la realidad insulta a la inteligencia de la gente cuerda. Más razón para refugiarse en la burbuja ideológica que han construido. No importa si se la creen o no; la necesitan y se aferran a ella para mantenerse cohesionado en torno al poder. La realidad no existe.

Y he aquí uno de los principales desafíos de la negociación en ciernes: cómo entenderse con quienes, como todo fascista, han construido su propia realidad, alterna, para legitimar” sus crímenes. Una de las dificultades a sobreponer es que los gobiernos democráticos que nos apoyan entiendan que las negociaciones difícilmente descorran por la fuerza de la razón. En su mundo ficticio, desconectados de la trágica realidad que han generado, habrá que combinar esto con la razón de la fuerza.

Como sabemos, Mussolini fue capturado por partisanos huyendo de Milán, al enterarse de la derrota alemana, en abril de 1945. Luego de ejecutarlo, junto a su amante, Clara Petacci, los cadáveres de ambos fueron colgados con ganchos de carnicero de un poste para escarnio público. Años alimentando a un monstruo que tanto horror les trajo, desató una furia entre los italianos, difícil de contener.

Lo sensato es que Maduro, Cabello, Padrino y cía., negocien su salida en paz --bajo condiciones a convenir--, antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, siempre es posible hacerse loco.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Dos términos de mucha carga política actualmente en América Latina. Son polisémicos, atribuyéndoseles significados variados según sea cómo se mire. Ciertas posturas dogmáticas, autocalificadas de “revolucionarias”, estigmatizan el liberalismo por su defensa a ultranza del individuo: exaltaría la prosecución de intereses privados y, con ello, generaría inequidad. Contraponen al socialismo, ámbito de lo colectivo, que haría prevalecer la justicia social. Desde la acera de enfrente, conceptualizaciones igualmente primitivas abjuran de toda idea socialista porque ignora lo individual y sacrifica, con ello, la libertad. Solo el liberalismo garantiza, por antonomasia, la libertad personal. Tomadas de manera simplista, dibujan un escenario político maniqueo. Desde una izquierda justiciera, se enfrenta una derecha que antepone intereses personales, egoístas, al bienestar social; desde la otra óptica, cruzados liberales salvan a la humanidad de las dictaduras colectivistas, al oponerse a toda injerencia estatal. En esta proyección blanco – negro, solían ser gananciosos en América Latina, políticamente hablando, quienes izaban la bandera socialista, identificados como de izquierda.

Aun con los denodados esfuerzos de Maduro y sus acólitos por destrozar toda virtud asimilable a esta opción –el mentado “socialismo del siglo XXI”—, los estragos de la pandemia, siempre más crueles con los pobres, y los desaciertos y/o incompetencias de muchos gobiernos, han vuelto a privilegiar en la agenda política la búsqueda de un modelo societario más justo: ¿socialista? Depende qué se entiende por ello. ¿Acaso los conservadores ingleses –más liberales, difícil—se oponen al National Health Service (NHS) a cuenta de ser un sistema social de medicina y atención a la salud? Ángela Merkel, el portavoz de la marca (liberal) en Europa, Emmanuel Macron, y el Partido Popular (PP) español, ¿deben renegar de los servicios de salud pública? ¿Desmontarían la asistencia social que, por distintas vías, compensa los ingresos de los más necesitados? ¿Están obligados, a cuenta de ser liberales, a oponerse a una educación pública de calidad, de universal cobertura, o a ampliar los servicios públicos? No está en sus agendas, porque estos sistemas gozan de amplia aceptación en sus respectivas sociedades.

Porque es desde el liberalismo, fundamentado en la inviolabilidad del ser humano en cuanto a sus atribuciones y prerrogativas como ser social, que se posibilita la construcción de lo colectivo. Los individuos en sociedad se ponen de acuerdo para proseguir intereses comunes, dando lugar a organizaciones diversas, sindicatos, asociaciones vecinales, gremiales, recreativas –lo que sea— y a posturas compartidas y, más allá, estableciendo instituciones que resguardan estos derechos. Sus preferencias constituyen la base para la creación de los espacios colectivos; no les son impuestos. Quien no está de acuerdo con la manera en que se persiguen intereses gremiales, por ejemplo, puede desafilarse u optar por conducir la asociación. Quien opina que se dedican demasiados recursos a la educación pública, que vote por el partido que plantea su reducción. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) en España lo hizo, pero recibió muchas críticas por ello luego. El liberalismo no impide que puedan sobreponerse fines colectivos sobre los individuales, pero debe esmerarse por proveer los mecanismos institucionales para que éstos deriven siempre de los derechos irreductibles del individuo: decisiones de cuerpos representativos (parlamento, gremios), consultas populares, elecciones, etc. El gran desafío de la democracia liberal es cómo hacer que esos mecanismos concilien decisiones que deben tomar expertos o intereses que son disímiles, con la voluntad de los individuos que integran la sociedad. Los sesgos o preferencias que, irremediablemente, aparecerán, le darán una tonalidad más de “izquierda” o más de “derecha”, según sea el caso.

Países europeos prósperos, donde priva la iniciativa individual, pero con servicios sociales de salud y un alto grado de equidad a través de la redistribución del ingreso, serían, para algunos, “socialistas”, a pesar del sustento liberal de sus políticas y el acuerdo mayoritario de sus residentes. En Estados Unidos, por su parte, las soluciones colectivas son menos comunes. En el extremo “derecho” estarían quienes reducen las decisiones políticas a lo económico, los “neoliberales”. Para ellos, los flujos financieros internacionales dictan la pauta y cada uno es responsable de su propio bienestar, aun siendo pobre.

Desde la óptica marxista, el socialismo es otra cosa. Al eliminar la propiedad privada sobre los medios de producción y ponerlos en manos trabajadoras, liberaría las fuerzas productivas: los obreros se entregarían gustosamente a producir, ya en control de las circunstancias que determinan sus vidas. En la práctica, esta “socialización” de la producción significó su propiedad por parte del Estado, con lo que los criterios para asignar recursos y distribuir lo producido pasó a determinarse por criterios políticos. Dio lugar a una nueva clase social formada por quienes estaban en comando. Al destruir el Estado liberal, “burgués”, degeneró en una autocracia despótica que sucumbió pronto a la tentación de enriquecerse a través del abuso de poder, pero contando, ahora, con la absolución de la Historia (con mayúscula).

El chavo-madurismo es expresión depravada de lo anterior. Siempre tuvo en mente, no el desarrollo de las fuerzas productivas, sino su depredación: “ahora PdVSA es de todos”. Su dinámica de poder fue mucho más afín al fascismo, al margen del ordenamiento constitucional, y terminó descansando en una alianza diversificada de mafias militares y civiles dedicadas a expoliar particulares cotos de lucro. Privatizó al Estado (para sí mismo), pero invocando el socialismo. Antepuso sus mezquinos intereses partidistas a las soluciones colectivas de bienestar social. Marginó el aporte de las facultades de medicina de las universidades nacionales y de las redes de ambulatorios en distintos estados, para montar una red particular de atención a la salud, “Barrio Adentro”, que le deparaba réditos políticos a la persona de Chávez, dejando sin recursos a los hospitales públicos. Acabó con toda posibilidad de tener una educación pública de calidad y fue privando a las universidades de recursos, minando su capacidad para contribuir con soluciones a los problemas nacionales. La expoliación de partidas de mantenimiento, el desvío de inversiones a bolsillos privados y la contratación de empresas de maletín para “darse el vuelto”, acabó con los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telefonía. Y la seguridad personal pende ahora de la alianza con pranes y demás bandas criminales. Para rematar, destruyó a la economía, dejando a los venezolanos sin posibilidades de sustento.

Todo ello en el marco de la violación extendida de los derechos humanos, como ha sido ampliamente recogida por los organismos competentes de las Naciones Unidas, la OEA y numerosas ONGs. Pero sucede que Maduro y sus militares traidores son tenidos como de “izquierda”. Izando consignas antiimperialistas, gritan que no son ellos quienes arruinaron al país, sino el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos. Concitan, con ello, el apoyo de cierta izquierda internacional, como el partido Podemos en España, algunos de cuyos dirigentes cobraron jugosas asesorías al chavismo. Miran para otro lado antes de condenar a Maduro. Y el expresidente Rodríguez Zapatero se muestra sospechosamente dispuesto a acompañarlo –invariablemente-- en su defensa. Su embajador en Venezuela de entonces, Raúl Morodó, ya fue encausado por recibir más de 5 millones de € de PdVSA por negocios turbios.

La ironía cruel es que quienes insisten en distanciarse de toda noción de Estado de bienestar porque huele a socialismo, le entregan, así, las banderas de la justicia social al fascismo madurista, el verdadero culpable de la destrucción de todo amparo a la población venezolana en estos momentos tan duros. ¿No será tiempo de desechar los simbolismos maniqueos que han encasillado la lucha contra el régimen y por restaurar la democracia? No puede ser que la impostura chavista pretenda cobijarse en la idea de que es un gobierno de vocación social, y que los líderes demócratas son la derecha.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El triunfo electoral de Pedro Castillo en Perú expresa, para algunos, la amenaza de opciones políticas contrarias a la democracia, identificadas con el Foro de Sao Paulo. El próximo país en sucumbir podría ser Colombia, con elecciones el año entrante, preso actualmente de una protesta que no amaina. Similares protestas ocurrieron en Chile y Perú (y la misma Colombia) en 2019. Además, estarían los cambios en puertas en Chile, dado el sesgo de izquierda con que resultó electa la asamblea que habrá de redactar su nueva constitución, y las expectativas de que retorne al poder Lula en Brasil, ante la desafortunada gestión de Jair Bolsonaro. ¿Significa el resurgimiento de fuerzas identificadas de una forma u otra como de “izquierda”, un proyecto para acabar con la democracia liberal en el continente? Las experiencias de la Venezuela chavista, de Nicaragua con Ortega, como de Cuba, no dejan dudas al respecto. ¿Podemos suponer que fuerzas afines en otros países seguirán su camino?

Los venezolanos confiamos en que ninguno de nuestros vecinos latinoamericanos habrá de emular un proceso como el chavista, que destruyó a uno de los países más prósperos del continente y acabó con sus libertades democráticas. Sería suicidio. Pero los discursos redentores de líderes populistas tienen un asombroso poder de contagio, más con los estragos del Covid-19. Tocan sensiblerías comunes a latinoamérica, señalando al “imperio” y a una difusa “oligarquía” como el origen de todos nuestros males, y prometiendo cortar el nudo gordiano de las instituciones de la democracia representativa para darle protagonismo directo al Pueblo (mayúscula). El chavismo ilustra algunos de estos aspectos.

El origen comicial de la presidencia de Chávez no impidió calificar a su gestión de autoritaria, aunque “competitiva”, según algunos analistas: convocaba a elecciones, pero cada vez más dominadas por el ventajismo oficialista, en el marco del desmantelamiento del Estado de Derecho y la violación creciente de los derechos humanos. Esto se acentuó con su sucesor, quien hizo inhabilitar a partidos y dirigentes opositores con un poder judicial pro-chavista, usó abiertamente los recursos del Estado para promover a candidatos oficialistas, acosó a las fuerzas opositoras y les dificultó el acceso a la totalización de votos. La supresión del ordenamiento constitucional culminó, como sabemos, en la anulación de los poderes de la representación popular en la Asamblea Nacional 2015-20 y en comicios amañados para designar una asamblea constituyente en reemplazo, y para reelegir a Maduro como presidente. Tales trampas fueron desconocidas por más de 50 países democráticos. Junto con los informes de la Alta Comisionada y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más denuncias de la OEA y de numerosas ONGs, no dejaron dudas acerca del carácter dictatorial del régimen de Maduro. Pero resultó ser una dictadura sui géneris, diferente a las que asolaron a América Latina el siglo XX, asombrosamente resiliente, que ha podido sobreponerse a su notoria impopularidad, a la severa crisis económica provocada por sus políticas y al rechazo y a las sanciones de las principales democracias del mundo.

Suele caracterizarse como comunista o “castro-comunista”, por su sometimiento a directrices cubanas, sobre todo en materia de seguridad de Estado, y por su prédica antiimperialista y “revolucionaria”. Los cambios en ciernes, mencionados arriba, se designarían, igualmente, como avances del comunismo. No obstante, ni el chavismo, ni las expresiones de izquierda referidas, se avienen al modelo comunista clásico. Amén de la ausencia de una base doctrinaria marxista leninista, su extracción de clase es predominantemente del lumpen y demás desclasados, con la clase obrera organizada ubicada como enemiga a desactivar; sus propuestas destruyen a las “fuerzas productivas”, contrario a lo que se desprendería de los escritos de Marx sobre el socialismo; no hay plan central efectivo de las actividades económicas; y sus alianzas, tanto nacionales como internacionales, son con fuerzas oscurantistas, de derecha: teocracias, dictaduras genocidas (Siria), sectas religiosas y regímenes paria de distinto tipo.

Un argumento distinto para evitar esta calificación es que, a pesar del notorio fracaso de todos los intentos por instrumentarlo, todavía la noción “comunista” tiene cierto tinte utópico en algunos sectores de la izquierda política y académica. Habrían fallado los líderes, pero no la idea: con una adecuada corrección de los errores cometidos, podría alcanzarse la tan anhelada liberación de la humanidad. Semejante aberración repercute, asombrosamente, en la aquiescencia de agrupaciones de izquierda ante la dictadura de Maduro, Cuba y movimientos afines. Formarían parte de “las causas más nobles de la humanidad” que, se admite, pueden excederse al defenderse ante acciones en su contra del “imperio”. Al dificultar asumir actitudes condenatorias de sus atropellos a los derechos humanos por sectores académicos de Europa y EE.UU., se convierte en un plus. Internamente, la mitología comunista ofrece un relato para absolver tales atropellos: “legitima” una dictadura totalmente ajena a lo que postula.

La prédica patriotera de Chávez, invocando a la epopeya emancipadora para excitar al pueblo contra una oligarquía que, supuestamente, había traicionado al Libertador, es de naturaleza fascista. Al igual que con el comunismo, recoge su vocación totalitaria. Con campañas de odio contra sus opositores, edificó un imaginario maniqueo que llevó a su discriminación abierta. La militarización de la sociedad, sus diatribas populistas, el culto a la muerte y la asunción de la política como una guerra contra los “enemigos del pueblo”, defendido por sus “camisas rojas”, completan el cuadro. Como innovación, incorporó elementos de la mitología comunista para construir un envoltorio ideológico que identificó con el “socialismo del siglo XXI”. El menjurje con sus prédicas épicas iniciales puede denominarse de “fasciocomunista”. Confirió sentido a prácticas populistas extremas en contra de la democracia liberal, para erigir una trinidad Caudillo-Pueblo-Ejército que justificara su poder personal omnímodo. Habría que estar atento si Castillo u otros líderes populistas latinoamericanos, deriven hacia tales perversiones.

Pero, a diferencia de las experiencias fascistas del siglo XX, interesadas en asegurar una economía robusta que sustentara sus fines bélicos, el chavismo se dedicó a expoliar la enorme renta petrolera, destruyendo las fuerzas productivas del país. La destrucción del Estado de Derecho y el arrinconamiento de las fuerzas de mercado, hizo que la asignación, distribución y usufructo de los recursos económicos pasara a determinarse por criterios políticos, ajenos a la racionalidad económica, creando toda suerte de oportunidades de lucro. Degeneró en componendas entre quienes estaban mejor posicionados para aprovecharse de éstas, en lugar destacado la cúpula militar, corrompida deliberadamente para asegurar su complicidad en la expoliación. Creó un Estado mafioso, asociado a países paria que le prestan asistencia, así como con el ELN y las FARC disidentes colombianas, y otras organizaciones criminales que controlan porciones del territorio nacional. La situación de anomia facilitó la extensión de sus tentáculos a todos los niveles consolidando, así, un régimen de expoliación en el que priva el más fuerte.

Esta situación, propia de un territorio conquistado, describe fielmente la vida actual en Venezuela. El Estado gangsteril de Nicaragua bajo Daniel Ortega se le asemeja mucho. Y Cuba, no obstante la hegemonía del clan Castro, se encuentra dominada por una oligarquía militar que, al igual que en Venezuela, controla la economía. Aprendiendo de la corrupción militar chavista, depreda a sus anchas las escasas fuentes de ingreso de la isla, al controlar el poder sin contrapeso alguno. Otra muestra de “apartheid revolucionario”. Es esta la amenaza ante la que es menester estar vigilante: la emergencia de una internacional militar mafiosa, que conquista a sus propios países en nombre de la “revolución” y procura prestarse ayuda mutua para permanecer indefinidamente en el poder. Recordemos que el populismo latinoamericano muestra, además, un largo historial de destrucción de sus economía.

La celebración reciente del Día Mundial del Ambiente es ocasión propicia para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades planteados a la Venezuela futura por las transformaciones dirigidas a contener los efectos adversos del cambio climático. Una de las metas centrales al respecto es eliminar la dependencia de los combustibles fósiles como fuente energética. Los llamados gases de efecto invernadero que resultan de su quema, como la emanación de partículas contaminantes, han sido señalados como los enemigos a ser erradicados para preservar el ambiente, tan crucial para el bienestar futuro de la humanidad. Ello supone dos formidables retos para la Venezuela posible, una vez desplazadas las mafias destructivas que la han arruinado y puestas las palancas del Estado a cargo de un equipo competente y responsable, que la quiera.

El primer reto apremia a nuestros fundamentos económicos: la Venezuela moderna se amamantó con la renta obtenida por la venta de estos combustibles en los mercados mundiales. Ahora, a propósito de los Acuerdos de París de 2016, las economías principales se han propuesto superar el estilo tecnológico intensivo en energías fósiles, reemplazándolas por energías mucho menos dañinas del ambiente. Entre las metas asumidas está la emisión cero (neta) de gases de efecto invernadero para 2050. En su cumplimiento, países europeos se han comprometido a dejar de producir vehículos automotores de combustión interna para 2030. En algunas de sus ciudades, ya se está prohibiendo su circulación. Estados Unidos, China y Japón persiguen metas similares. Ello plantea una antelación de lo que, en la jerga del mercado petrolero mundial, se denomina “Peak Demand”, es decir, el momento a partir del cual comenzará a reducirse la demanda de estos combustibles en el mundo. Esto significa que se irá cerrando, a partir de entonces, la ventana para la venta de crudo en los mercados internacionales, fuente de sustento nuestro hasta ahora.

Por supuesto que la desaparición de la demanda por petróleo no va a ocurrir de la noche a la mañana. Pero Venezuela se encuentra muy mal preparada para aprovechar sus enormes reservas de crudo durante el período del que todavía dispondría. En primer lugar, porque la destrucción de la industria petrolera, en manos de Ramírez y de los militares que le sucedieron, ha reducido drásticamente su capacidad productiva. Elevar su producción actual (menos de 500.000 b/d) a más de 2,5 millones de b/d tomará, al menos, entre 6 y 8 años. Y requerirá atraer significativas inversiones extranjeras al sector, ofreciendo un marco impositivo bastante más laxo que el actual: Venezuela está lejos de constituir, hoy, “la última pepsicola del desierto” en materia petrolera. Muy posiblemente, la calidad de nuestros crudos –pesados y agrios– llevará a vender a descuentos, amén de que la época de precios altos difícilmente retorne. En consecuencia, el Estado percibirá mucho menos de la explotación petrolera, aún recuperándose el sector.

Por demás, la imperativa derrota de la inflación demandará sustituir el financiamiento monetario de los déficits públicos, por financiamiento internacional. Los organismos multilaterales capaces de proveer estos fondos –Venezuela está en default, marginada de los mercados financieros extranjeros– exigirán, como condición, una profunda reforma del Estado. Visualicemos, entonces, en lugar del petroestado tutor, paternalista, del pasado, con sus alforjas bien llenas para atender cualquier compromiso, a un Estado más pequeño, pero más eficiente, un Estado promotor capaz de dotar al país de condiciones propicias al desarrollo de una economía competitiva, inclusiva y sostenible, no basada en la renta petrolera. Y ello nos adentra en el segundo gran reto a enfrentar.

El “estilo” productivo y comercial del país ha sido, hasta ahora, altamente contaminante con relación al tamaño de su población. Nunca hubo reciclaje de desperdicios, el transporte colectivo deficiente hizo depender de medios de transporte individuales, el precio (prácticamente regalado) de los servicios públicos y de la gasolina llevó a su despilfarro abierto (cuando había). Nos acostumbramos a una economía muy dispendiosa en recursos y en energía.

Insertarnos provechosamente en las corrientes de cambio que están ocurriendo a nivel internacional implica, entre otras cosas, aprovechar recursos, talentos y potencialidades que, en su mayoría, siempre estuvieron ahí, pero desestimados por las facilidades que otorgaba el portentoso ingreso petrolero: el “Estado Mágico” del que hablaba el antropólogo Fernando Coronil. Ello permitiría un fuerte impulso a la agricultura de exportación –deliciosas frutas tropicales, cacao, camarones, arroz, café orgánico– en los cuales Venezuela mostró ser competitiva en el pasado. Adicionalmente, la variada geografía nacional ofrece una riqueza enorme en términos turísticos. Pequeños negocios en red –posadas, comida criolla, tours de aventura, artesanía—auguran “paquetes” turísticos muy atractivos. Piénsese en las oportunidades abiertas a operadores turísticos conectados con las fuentes del turismo internacional. Numerosas iniciativas exitosas al respecto fueron sepultadas en el pasado por la ruina chavista. Y, como insistió la Dra. Carlota Pérez en foro reciente, estas iniciativas tendrán mayores posibilidades de prosperar y la vida del productor del campo será mucho más atractiva, de contar con servicios eficientes de apoyo, tanto en lo personal (educación, salud), como comerciales, provisión de insumos y recreacionales, gracias a una red eficiente de servicios de Internet.

Luego está la enorme resiliencia de la industria manufacturera sobreviviente. Apuntalar sus fortalezas y al tejido industrial y de servicios complementario, y resolver los enormes cuellos de botella y demás obstáculos que han constreñido su expansión, debe estar en la agenda del Estado Promotor. En fin, existen numerosas oportunidades que sería irreal intentar resumir acá, que se le podrán presentar a Venezuela para un desarrollo posrentístico, competitivo, en sintonía con la preservación ambiental, de lograrse desplazar, cuanto antes, a la camarilla que usurpa el poder.

En esta reinserción fructífera a la economía mundial a partir de los retos y oportunidades que plantean los cambios instrumentados para contrariar el cambio climático, la existencia de un rico reservorio de talento en los más de 6 millones de venezolanos regados en diáspora por el mundo debe convertirse en un plus. Muchos quizás ya no regresen, aun produciéndose los cambios esperados, otros tendrán escaso interés, pero habrá bastantes dispuestos a ayudar en aspectos afines a la provisión de inteligencia comercial, distribución y promoción de productos nacionales. Otros, desde sus actividades actuales, podrán prestar asesorías y ofrecerse en proyectos conjuntos para resolver problemas locales. En fin, los venezolanos de la diáspora podrán convertirse en antena de los cambios que se están produciendo en el mundo y servir de canales para la transmisión de ese know-how al país. Su eslabonamiento con investigaciones de las universidades nacionales, donde sea factible, y con iniciativas privadas, será esencial.

En fin, el Estado Promotor al que nos referimos deberá propiciar el emprendimiento y el fortalecimiento de las capacidades innovativas y tecnológicas de distintos sectores. Descentralizar la toma de decisiones, auspiciando la corresponsabilidad de las comunidades organizadas y de la iniciativa privada en la provisión eficiente de servicios públicos, como en la contraloría social de su gestión, y proveer mecanismos expeditos, justos y ágiles para la solución de controversias, será central para un desarrollo inclusivo, de justicia social. Ello deberá inscribirse en el retorno al ordenamiento constitucional, tantas veces vulnerado, y al respeto pleno de los derechos humanos y de los compromisos asumidos en defensa del ambiente. Hacer de estas posibilidades una realidad implica desalojar a las mafias fascistas de Maduro y sus militares corruptos, del poder.

humgarl@gmail.com

junio 7, 2021

El Nacional

https://www.elnacional.com/opinion/desafios/

La propuesta de negociación de un Acuerdo de Salvación Nacional con el régimen de Maduro, lanzada por Juan Guaidó la semana pasada, parece haber vivificado la política de la oposición democrática. Por lo menos eso es lo que se desprende de la controversia que ha suscitado. Se propone lograr:

– La convocatoria pública de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, con condiciones electorales adecuadas y reconocimiento internacional.

– La entrada masiva de ayuda humanitaria y de vacunas contra el COVID-19.

– Garantías democráticas para todos los actores políticos, tanto del chavismo, como de la oposición, lo que incluiría la liberación de todos los presos políticos y la consideración de medidas de justicia transicional, en un marco de reconciliación política y de reinstitucionalización del país.

– Un compromiso internacional para la recuperación de Venezuela, que permita el levantamiento progresivo de sanciones, sujeto al cumplimiento del Acuerdo.

Esta propuesta, como insistió Guaidó al anunciarla, sólo será posible a través de un proceso simultáneo de presión y negociación, nacional e internacional.

Para voces radicales de oposición se trata de una ilusión, cuando no de una traición, ya que obvia la naturaleza del régimen: éste no llegará a acuerdo alguno que pudiera contribuir a su salida. Por tanto, se estarían sembrando falsas expectativas a la población y a la comunidad internacional, que siempre ha apostado por una salida negociada, haciéndole el juego a Maduro para que alargue su permanencia en el poder. En tales términos, las opciones se reducen a una intervención extranjera o un golpe militar.

Pero despachar el análisis con descalificativos fáciles, además de injusto, es contraproducente, ya que impide evaluar seriamente los alcances de lo que se propone. No puede sostenerse, a estas alturas, que Guaidó y quienes lo acompañen desconozcan la naturaleza fascista del régimen.

El proceso de desengaño de los venezolanos sobre sus verdaderas intenciones ha sido demasiado duro, prolongado, amargo y costoso en lo humano. Lo que mueve a Maduro y los suyos no tiene nada que ver con el bienestar de sus compatriotas y, no obstante su retórica “revolucionaria”, no los anima proyecto alguno, sea socialista o nacionalista, que permitiría arribar a soluciones consensuadas con la democracia. Su objetivo central es, por encima de todo, perpetuarse en el poder para continuar expoliando el país.

De ahí que no rectifican sus ruinosas políticas ni les preocupa restablecer el ordenamiento constitucional porque, junto a la instauración de un régimen de terror contra la oposición, son consustanciales con este fin. La consecuente miseria, hambre y muertes evitables, les rueda. Si levantaron algunos controles de precio, permitieron la dolarización transaccional y aprobaron una “ley antibloqueo” para vender activos públicos, fue porque no les quedaba de otra. Acusar a Guaidó de desconocer la naturaleza del régimen solo busca descalificar todo intento de negociación y a él como líder.

Pero, entonces, ¿a cuenta de qué una negociación con estos personeros puede tener futuro? La razón está en que el régimen tiene tanto o más interés que la oposición en explorar salidas, porque su prolongada actividad parasitaria ha minado sus propias bases de sustento.

El régimen de expoliación instaurado es cada vez menos viable y expuesto a pugnas internas de todo tipo, en competencia por lo que queda de botín. Y, un poder que descansa sobre alianzas forjadas con militares traidores, bandas criminales y estados-paria para depredar a la nación, corre peligro cuando merman tan drásticamente los recursos a compartir.

Adicionalmente, Maduro y sus cómplices están imputados por fiscales de Nueva York y Florida de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo y tienen encima una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), además de la condena de los organismos de defensa de los derechos humanos de la ONU y la OEA, como de reconocidas ONGs. A muchos se les han congelado las cuentas que poseen afuera de dineros mal habidos. Más allá, Alex Saab habrá de ser extraditado a EE.UU. y se anticipa que, para disminuir su condena, divulgue los intríngulis de sus ilícitos con Maduro.

De ahí el interés en negociar, con la esperanza de que, al tomar una que otra medida en la dirección esperada y ceder en algún requerimiento, les sean levantadas las sanciones y consigan el ansiado respiro para seguir con sus “negocios”.

En este orden encaja la anuencia de Maduro, ¡al fin!, de permitir, la entrada de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos, así como de vacunas anti Covid (a pesar de su saboteo inicial, ¡porque Guaidó había contribuido en concertar el programa COVAX para el país!); el nombramiento, por parte de la AN chavista, de dos demócratas como rectores principales del CNE; la concesión de arresto domiciliario, en lugar de cárcel, a los directivos de CITGO; la confesión, por parte de la fiscalía, de que el concejal Fernando Albán fue asesinado y torturado, estando preso en el SEBIN, que el capitán Arévalo también sufrió torturas (que produjeron luego su muerte), y que la muerte del estudiante Pernalete fue homicidio, perpetrado por un Guardia Nacional.

¿Esto nos lleva a creer que, por fin, Maduro está retornando al redil constitucional y que reconoce que ha vulnerado derechos fundamentales de los venezolanos? ¡En absoluto! Pero se ve forzado a abrirse a un proceso de negociación. De ahí los gestos referidos.

Pero no todos los de su bando están contentos con ello. El ansiado alivio presupone sacrificar o marginar a algunos. La apropiación de las instalaciones de El Nacional por parte del asaltante de caminos que ha revelado ser Diosdado Cabello, tendría explicación desde esta perspectiva. A él no lo ningunea nadie y toma medidas para demostrarlo.

Medidas retrógradas contra las ONGs y la amenaza de avanzar hacia formas de “estado comunal”, pudieran ser expresiones en el mismo sentido. En ese tinglado de mafias que viven del régimen de expoliación implantado –y que constituyen su principal apoyo—se agudizan las contradicciones. La muerte y captura de soldados en Apure, por parte de una disidencia de las FARC, son la medida de los riesgos involucrados en pactar este tipo de apoyos. Habrán de presentarse nuevas manifestaciones de ello.

Más indicativo, aún, de la desesperación que parece embargar el régimen por aliviar su situación es la revelación de su oferta por vender PDVSA “por piezas”, sin pasar por licitaciones públicas ni regulaciones legislativas, y que les proveería un monto que sumaría 77 millardos de dólares[1]. Pero tal oferta tendrá muy poca viabilidad si el régimen no logra negociar el levantamiento de sanciones.

De ahí la potencialidad de la propuesta de Guaidó. Vincula necesariamente una negociación de esta naturaleza con un programa de compromisos a cumplir, que desembocarían en unas elecciones presidenciales y legislativas creíbles y aceptables.

Por supuesto, lo clave está en jugar cuadro cerrado con los países democráticos que apoyan el retorno de la democracia en Venezuela y de quienes depende el levantamiento de estas sanciones.

Obviamente, Maduro y los suyos no darán su brazo a torcer, por lo que la amenaza de reforzar las sanciones y de interferir los apoyos de Rusia, Cuba, Irán y China, podrá ser decisiva. La negativa de las mafias a ceder debe traducirse en un costo inadmisible para sí.

En el plano interno, presupone limar las diferencias entre sectores de la oposición democrática y forjar los consensos y la unidad de propósitos que permitan alimentar la confianza de la comunidad internacional en su seriedad y responsabilidad. Si el acuerdo de salvación nacional es respaldado por todos y cuenta con un sólido apoyo internacional, habrá de debilitar aún más a los fascistas.

Desde esta perspectiva, la discusión, ahora divisiva, sobre si participar o no en los comicios regionales y municipales convocados pasa, por los momentos, a un segundo plano. Se subordina a la conquista de condiciones apropiadas para la realización de elecciones, esbozada como primer punto del acuerdo propuesto.

¿Es realmente positiva la designación de Enrique Márquez y Roberto Picón al CNE? Tendrá que ponerse a prueba en los próximos meses.

[1] https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-pone-venta-pdvsa-para-recup...

En las recientes elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, la polarización le entregó el triunfo a Isabel Díaz Ayusso, candidata del Partido Popular. A ello contribuyó mucho Pablo Iglesias, candidato del partido Unidas Podemos, quien basó su campaña en instigar a la izquierda a cerrarle el paso a la derecha “fascista”. Puestos a elegir entre extremos y gracias al espantoso ejemplo del chavismo en Venezuela, el verdadero peligro que percibieron muchos madrileños era todo lo que oliera a “izquierda”. Porque el régimen chavo-madurista se ha erigido, mundialmente, en la peste que es menester evitar. No es de sorprender que los venezolanos, en particular, comprasen íntegramente la disyuntiva “comunismo o libertad” con que la Sra. Díaz Ayusso resumió su llamado a votar por ella.

En las elecciones presidenciales de EE.UU. sucedió algo parecido. La polarización, deliberadamente buscada por Trump, cuadró automáticamente a furibundos venezolanos antichavistas detrás de él. Biden fue denunciado como comunista, cuando no pederasta, financiado por Bill Gates y George Soros para instalar ahí el socialismo, entre otras estupideces. En ambos casos, quienes adoptaban estas posturas maniqueas, de blanco y negro, se les escapaban –o no les interesaban—las propuestas concretas de gestión de los candidatos, y/o la evaluación de los errores o aciertos de su pasada gestión. La polarización estimula una adhesión ciega que apela a lo emocional, no a la razón, independientemente de si se ubica en la izquierda o la derecha. Encuentra asidero en mentes débiles, ahítas de seguridades para sus referentes existenciales, que huyen con temor del vacío que significa pensar con criterio propio.

El populismo se alimenta de la polarización, por lo que la promueve activamente. Parodiando a Lenin, se diría que el populismo es “la fase inferior del fascismo”. A pesar de los esfuerzos de algunos analistas, como Federico Finchelstein y Jan-Werner Müller, por separar quirúrgicamente ambos fenómenos, lo que realmente distingue al populismo de su vertiente más extrema, fascista, es que se encuentra constreñida por instituciones que impiden el usufructo, sin restricciones, del poder. De haber tenido éxito Trump en su asalto al Capitolio y en voltear el resultado electoral para quedarse en la Casa Blanca –obviamente, con la anuencia del mando militar--, hubiéramos visto, seguramente, que incitaría a sus bandas, también, contra gobernadores de estado o directores de agencias federales, para hacer prevalecer sus delirios de poder. Tendríamos que llamarlo, con razón, fascista. Paradójicamente, habría uniformado a sus huestes de rojo, igual que hizo Chávez con las suyas, por ser éste el color del partido republicano. Pero no, las instituciones de la democracia estadounidense estuvieron a la altura. En la Hungría de Orbán, juegan papel importante sus ataduras con la Unión Europea, baluarte del ejercicio liberal de gobierno.

Pero las instituciones, en última instancia, derivan sus fortalezas de los valores y pareceres de la gente que las sostienen. Muchos venezolanos fueron capturados por la demagogia de un teniente coronel sin escrúpulos, quién, con una proclama patriotera en la que se proyectaba como auténtico heredero de Bolívar y, luego, con un socialismo de reparto con base en lo que ordeñaba de la renta petrolera, logró su anuencia para desmantelar las instituciones democráticas y acorralar los mecanismos de mercado. Concentro todo el poder en sus manos. Y, con la complicidad de militares traidores, le abrió las puertas al castro-comunismo cubano para que lo asesorara en la instalación de un terrorismo de Estado. Su arremetida populista tuvo éxito en violentar los esquemas de la democracia liberal hasta poder consolidar su forma extrema, fascista, valiéndose, en este caso, de categorías y simbolismos de izquierda.

El resumen anterior, que todos conocemos al detal por ser sus sufrientes directos, se trae a colación porque plantea un serio desafío para el tránsito hacia la democracia en nuestro país. En esta dinámica maniquea, algunos, como ocurrió en EE.UU., pueden dejarse tentar por otro fascismo, pero de derecha, al estilo Bolsonaro o de Trump, para enfrentar al de Maduro. Es menester advertir que esta dinámica amenaza con encasillar las opciones políticas en América Latina, como evidencian las recientes elecciones en Ecuador y Perú –también en Bolivia--. Parece avivarse, además, con las protestas actuales en Colombia, como antes hizo con disturbios similares en Chile y Perú.

En todo el continente, la pandemia ha agravado visiblemente los problemas de pobreza, inseguridad y desempleo de la gente, creando un caldo de cultivo para prédicas populistas redentoras. Distintos opinadores señalan que las fuerzas detrás del llamado Foro de Sao Paulo estarían articulándose para cosechar el descontento, azuzando la polarización contra el neoliberalismo y los “gobiernos de derecha”. Enfrentar esta amenaza exitosamente lleva a evitar la dinámica polarizadora “izquierda – derecha”. Entre otras cosas, implica copar los espacios que reivindican planteamientos de justicia social y desnudar la impostura de Maduro y sus similares por lo que es: un disfraz de izquierda para prácticas neofascistas.

La defensa del progreso, la libertad y el bienestar en América Latina, y en Venezuela en particular, si bien requieren defender y fortalecer las instituciones que les sirven de resguardo, no se resume en defender el status quo (o en regresar al pasado, en el caso nuestro), más con los errores achacables, muchas veces, a los gobiernos de turno.

Hablar de “izquierda” y “derecha” ha perdido sentido para caracterizar a muchos de los asuntos en disputa en la contienda política por la que parece atravesar el continente. Pero si en algo deben distinguirse posturas antes identificadas de izquierda democrática, “progresistas”, de “avanzada”, de “justicia social” o como quiera que se le quiera llamar, es con relación a la defensa, a ultranza, de los derechos humanos. La mayor conquista de la humanidad ha sido, plausiblemente, la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de los países miembros de las Naciones Unidas. Si bien puede que no se cumplan cabalmente en ningún lado, constituyen un referente grabado en piedra, asumido formalmente por todo el mundo, que difícilmente puede ser ignorado. Esta conquista es parte intrínseca de una cultura política de naturaleza liberal, respetuosa de la pluralidad política y religiosa, de la libertad de profesar opiniones diferentes y de otros derechos inalienables del ser humano. En el marco de lo que puede llamarse “economía social de mercado”, el liberalismo constituye el fundamento de un bienestar individual y colectivo basado en la justicia social, como la que disfrutan, hoy, los países de Europa Occidental. Si se quiere dar contenido efectivo a un rótulo que desea identificarse como de “izquierda”, tiene que ser desde una postura liberal.

Esta postura no debe confundirse con lo que muchos llaman “neoliberalismo”. Éste reduce las opciones de política a decisiones sobre el manejo de la economía que no espanten al capital financiero, presto a dejar a gobiernos en la estacada e irse con sus fondos a otra parte, si no atienden sus intereses. Esta capacidad de chantaje explica, en buena parte, la concentración del ingreso y la acentuación de las desigualdades en EE.UU. y otros países en los últimos 40 años. De ahí la significación de la propuesta del presidente Biden a favor de un impuesto base a las grandes empresas, compartido de manera uniforme en todo el mundo, para evitar la competencia entre países por desmontar los suyos, en aras de atraer capitales. La agenda liberal, centrada en crear condiciones que permitan a cada quien aprovechar las posibilidades que le abre un marco legal de igualdad ante la ley, requiere financiarse pechando lo que corresponde a los poderosos.

Defender el liberalismo es todo lo contrario a pretender que, en Venezuela, se aúpe a un Bolsonaro o a un Trump criollos, a cuenta de sacar a Maduro, quien se autodefine de “izquierda revolucionaria”. Con esta calificación, encubre la experiencia más retrógrada, oscurantista y negadora de los derechos básicos experimentada en el país desde Juan Vicente Gómez. No le demos beligerancia, ni mucho menos autoridad moral, a las prédicas “justicieras” de Maduro y sus militares corruptos, con otra opción retrógrada creyendo que es contraria. No nos dejemos encasillar por una dicotomía “izquierda – derecha” con que buscan avasallar las posibilidades de construir, entre todos, una opción efectiva ante su oprobiosa dictadura.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Insoslayable el tema militar. Por más que se quiera evadir, una implacable lógica lo coloca en el centro de cualquier discusión sobre la actual tragedia de Venezuela. Considérense, como premisas, los hechos siguientes relacionados con el régimen de Maduro:

1) su destrucción deliberada de la economía venezolana, condenando a la inmensa mayoría de sus compatriotas a niveles de miseria y hambre impensados;

2) su desconocimiento del ordenamiento constitucional que da sentido a la democracia en Venezuela;

3) su desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho;

4) su entrega al tutelaje cubano y ruso sobre temas sensibles de la seguridad nacional;

5) su alianza con organizaciones criminales en busca de apoyo, a cambio de variados “negocios”;

6) su manejo desastroso de la pandemia, ocultando cifras y negándole a la población las vacunas, debido a mezquinos cálculos politiqueros;

7) su negación de los derechos humanos básicos a sus compatriotas, incluyendo el derecho a la vida, como ha sido recogido en variados informes sobre Venezuela de las NN.UU., la OEA y ONGs;

8) su repudio, en consecuencia, por más del 80% de los venezolanos;

9) su desfachatez y burla al país, al cometer abiertamente fraude para reelegir a Maduro en 2018; y

10) su rechazo por más de 50 de los principales países democráticos, muchos de los cuales han aplicado sanciones en contra de sus máximos personeros, por violación de derechos humanos, socavamiento de la democracia y por estar incursos en prácticas ilícitas,

Con base en ellos, se concluye que representa una aberración política, histórica y moral para la nación.

Ergo:

Este régimen no tiene razón de existir. De respetarse la voluntad popular, debería ser desalojado. Su permanencia constituye, por tanto, una anomalía que requiere del ejercicio de una fuerza capaz de romper con la lógica del cambio que se desprende de lo anterior: la de aquellos militares, en posiciones de comando, que han decidido poner las armas de la República al servicio de los intereses de quienes la han pisoteado con saña, hasta convertirla en la calamidad que presenciamos, tristemente, hoy.

Es menester recordar que las fuerzas democráticas han dejado su pellejo en la calle para hacer realidad la voluntad mayoritaria de cambio, tanto por medio de las instituciones existentes –su dominio de la Asamblea Nacional, el Referendo Revocatorio, invalidados ambos por el fascismo--, como por la protesta multitudinaria, sobre todo durante 2014 y 2017, que dejó centenares de muertos, otros tantos presos y numerosos torturados y heridos. Independientemente de sus errores, que no se venga, ahora, a afirmar que los venezolanos no lucharon, que no se entregaron, de cuerpo y alma, a consumar la lógica del cambio inevitable. La dificultad está en que nos enfrentamos a un régimen de naturaleza fascista.

Las razones de la traición a Venezuela de Padrino López, Remigio Ceballos, Hernández Dala, Fabio Zavarse y de otros jerarcas militares, es harto conocida: su complicidad, protagonismo activo y/o aquiescencia con las prácticas de expoliación que el chavismo ha hecho su razón de poder. Ha sido ampliamente documentada la participación militar en el tráfico de drogas (cártel de los soles), en el desguace de PdVSA y de otros entes públicos, en el saqueo del oro y de minerales valiosos de Guayana, en el llamado “contrabando de extracción” de gasolina, en extorsiones, peajes y demás exacciones que les facilita su rol de custodios de fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras y, en fin, en los numerosos ilícitos que les depara su dominio de sectores claves de la economía venezolana. En defensa de este botín, han desatado, junto a la banda de exterminio, FAES, una guerra en contra de sus compatriotas.

Pero su traición no termina ahí. Su participación en la expoliación del país los ha llevado también a traicionar a la institución militar a la que juraron lealtad. Desde posiciones de mando han entablado alianzas con las fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana, con los “sindicatos” hamponiles que controlan la minería ilegal en Guayana y, por lo visto, con las megabandas que se hacen cada vez más notorias en zonas de la capital --Cota 905, barrio José Félix Ribas--, para que “colaboren” con el mantenimiento del “orden” criminal instituido. Han abdicado, así, de su monopolio de los medios de violencia, argumento Weberiano que acotaba el rol de la Fuerza Armada como institución de los Estado-nación modernos. Es decir, acabaron con la razón de ser de la institución militar como tal. Su pregonada disciplina, obediencia, subordinación jerárquica y unidad de mando han sido disueltas en componendas de oficiales de la Guardia Nacional, del ejército y de otros componentes, con las bandas mencionadas arriba. Ha dado lugar, así, a un estadio de anomia, caldo de cultivo para una red de mafias dedicadas a explotar las oportunidades de lucro dejadas abiertas por la demolición del Estado de Derecho.

Predomina, entonces, la ley del más fuerte. Pero se está viendo que ello no corresponde, necesariamente, con la FAN. Su desmoralización, las penurias por la que pasa la tropa, las deficiencias del apresto militar --no obstante las millonarias adquisiciones de equipos que han llenado los bolsillos a más de uno--, han repercutido en su creciente vulnerabilidad operativa, como ha quedado en evidencia con la muerte de humildes soldados enviados a enfrentar disidentes de las FARC en el estado Apure. Si ello fue por disputas por controlar el tráfico de drogas, se trata, además, de un crimen atroz. El fracaso en someter al “Coqui” o al “Wileixis” y la negociación de “zonas de Paz” con ellos y con otras bandas en distintas partes del país, son otro testimonio. El país parece hundirse en un tremedal de violencia de grupos ubicados fuera de la ley, que sólo se ocupan de sus propios intereses, al costo de lo que sea. ¿Hasta dónde nos lleva el vacío de poder dejado por la destrucción de la institución militar?

Dos cosas finales. La primera, referente al sentir del resto de los militares y a su disposición a asumir posturas activas en defensa de la nación. ¿Están preparados para enfrentar a quienes, a sangre y fuego, han impedido --hasta ahora-- que culmine la lógica del cambio político comentada? Entiendo que existe una represión cruel por parte de la DGCIM, con asesoría del G2 cubano, a los militares que anteponen su lealtad con Venezuela a las trapacerías del régimen y, también, de los intentos por adoctrinarlos con base en clichés de la mitología comunista. Pero los militares tienen familia, amigos y conocidos. Con todo y la censura, no pueden desconocer el sufrimiento infligido a la nación –deliberadamente, por demás—por quienes la expolian. Si no es con militares de aquí, ¿habrá que esperar a que acudan los de afuera para quebrar las bases de sustento del fascismo? Es hora de que oficiales y tropa reflexionen profundamente sobre esta disyuntiva. ¿O dejarán que se disuelva Venezuela definitivamente como país?

El segundo punto es que, una vez que implosione la podredumbre sobre la cual se erige el régimen, será crucial contar con un componente de la FAN lo suficientemente sano y comprometido con el país, que retome su condición de monopolizador de los medios de violencia. Ello será imprescindible para construir un referente de autoridad capaz de enfrentar, en última instancia, las bandas criminales que se han apoderado de extensas áreas de Venezuela. Nos jugamos la recuperación de un clima de paz y de seguridad, tan importante para nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos.

Sea cual fuese nuestra posición sobre la existencia de la FAN, necesitaremos a los militares, pero a los que sienten realmente su compromiso con la patria y con los venezolanos que la formamos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Al igual que ocurre con el agua, las fuerzas económicas “buscan su nivel” al interactuar con el extranjero. Los bienes y servicios comprados del resto del mundo deben poderse pagar en el tiempo. El pivote de este ajuste suele ser el tipo de cambio, es decir, el precio a que se transa la divisa, en moneda nacional. Como en toda mercancía, está sujeto a la puja entre demanda y oferta, modificándose el tipo de cambio en respuesta, siempre que el mercado sea de libre concurrencia. Ello altera la relación de precios entre bienes y servicios domésticos con respecto a los extranjeros, afectando la competitividad del aparato productivo y las expectativas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio en el tiempo. Influye, a su vez, en el flujo de capitales hacia o desde el país. Pero, si se intenta mantener fijo el precio de la divisa, se impide este ajuste, obligando a la economía a responder por otras vías.

En principio, una nación puede pedir prestado o atraer inversiones para financiar sus déficits con el resto del mundo. Pero, con el tiempo, estos préstamos deben pagarse y la inversión devuelta a través del rendimiento que se espera de ella. Luego están las reservas internacionales, es decir, un colchón de divisas para cuando su demanda supera a la oferta. Ahora bien, si el objetivo de política es mantener el tipo de cambio fijo, las reservas internacionales se agotarán si no son corregidos los factores que ocasionan este desequilibrio. Expectativas adversas respecto a su sostenibilidad impulsarán una demanda por divisas todavía mayor, en previsión de que el gobierno aumente su precio. Esto suele precipitar la devaluación predicha, produciéndose lo que se llama una “profecía autocumplida”.

Ha habido gobiernos –como los de Chávez y el de Maduro-- que se creen capaces de acotar permanentemente la demanda por divisas, suprimiendo la acción de las fuerzas económicas. Instrumentan un régimen de controles para intervenir directamente en el mercado de divisas y prohibir su libre cambio, buscando mantener su precio fijo. Ocurre, sobre todo, si, como en Venezuela, el Estado controla la oferta de divisas y raciona su venta al tipo de cambio establecido, con base en criterios fijados según sus objetivos de política. Chávez sobrevaluó, así, al bolívar, elevando el poder adquisitivo de los venezolanos, gracias al alza espectacular en los precios del crudo en los mercados mundiales. Junto a sus programas de reparto, aseguró el apoyo de muchos. A la par, minaba la productividad de la economía, acorralando al sector privado. En fin de cuentas, la fabulosa renta petrolera captada le permitía importar de todo con un dólar artificialmente barato y sin pagar los impuestos correspondientes.

Pero al racionar la divisa “oficial”, apareció, inmediatamente, un mercado negro, donde se transaba a un precio superior ante la presencia de una demanda insatisfecha dispuesta a pagarlo. Como evidencia la historia –no sola la de Venezuela—, estimuló operaciones especulativas, comprando divisas al precio “barato” del mercado regulado, para revenderlas al precio superior del mercado negro. Esto ocasionó todo tipo de distorsiones, aupando cualquier mecanismo –no importa si fuese ilícito—para ponerse en la divisa barata. En la Venezuela de Chávez y Maduro, tales irregularidades fueron asistidas por la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, un sistema judicial abyecto, y por la anulación de la función contralora y supervisora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación libres. Se crearon, así, fuentes de lucro inusitadas para quien tuviese acceso al dólar controlado. Al eliminarse el tipo de cambio de Bs. 10 por dólar, el 26 de enero de 2018, éste se cotizaba en más de 260.000 bolívares en el mercado paralelo. Pueden imaginarse las fortunas amasadas a través de su reventa.

Pero el control de cambio no sólo propició la corrupción. Las distorsiones provocadas tuvieron un costo económico creciente, desalentando la inversión productiva y estimulando una fuga de capitales para poner a salvo ahorros y activos. Chávez se endeudó significativamente con el extranjero para compensar estas salidas. Pero, ante la destrucción de la industria petrolera y el retorno de sus precios, después de 2014, a niveles más acordes con las tendencias de largo plazo del mercado energético internacional, sobrevino, en 2017, el default del Estado venezolano sobre su deuda externa. Encima, la caída en los precios del crudo desnudó el clásico doble déficit –fiscal y externo, tan reseñado en la literatura económica sobre América Latina--, al pretender el gobierno mantener sus niveles de gasto. Ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros internacionales y la merma en los ingresos provenientes del petróleo y de la economía doméstica, el gobierno de Maduro recurrió al financiamiento monetario –la “maquinita” del BCV—para financiar sus déficits. Instaló, así, un terrible motor inflacionario, que terminó de arruinar la economía, destruyó puestos de trabajo, sepultó el poder adquisitivo de la población y disparó a niveles estratosféricos la cotización de la divisa en el mercado paralelo.

Ante tal cúmulo de distorsiones, desaciertos y negligencias de política, Maduro no tuvo más remedio que desmontar el control de cambio, permitir la dolarización de las transacciones domésticas y aliviar significativamente los controles de precio. Esto, sin duda, fue un paso en la dirección correcta, pero apenas un paso. Lamentablemente, ante las arbitrariedades y disparates del chavismo en el poder, la economía ya había tenido que ajustar su interacción con el mundo por otras vías: contrayendo en forma drástica el consumo doméstico, eliminando la inversión, deprimiendo el salario real y alentando la salida de casi seis millones de compatriotas, que ahora transfieren divisas desde el extranjero a sus familiares. En este proceso, se liquidó al bolívar como medio de pago, depositario de valor y unidad de cuenta.

La dolarización evidenciada en absoluto resuelve esta tragedia. Tampoco restituye el intercambio externo a lo que era antes del desastre. Ni siquiera provee el ansiado remedio a la hiperinflación, pues el régimen no puede dolarizar su propia gestión, ya que sus ingresos en divisas son muy inferiores a sus compromisos de gasto. Se vería obligado a reducirlos brutalmente, despidiendo empleados y dejando sin recursos a los servicios públicos y a otras dependencias. Con la destrucción de PdVSA, de las empresas básicas y la ruina de la economía privada, la economía genera muy pocos dólares. El saqueo de las riquezas minerales de Guayana, las transferencias de familiares expatriados y, claro está, los proventos del tráfico de drogas y de otros ilícitos, proveen divisas, pero lo que ingresa por estos conceptos está lejos de lo requerido para recuperar los niveles de consumo deseados. Salvo las empresas que han podido dolarizar los salarios, éstos, en general, continúan en niveles miserables.

La única solución –y estamos cansados de repetirlo-- es la mejora acelerada de la productividad y de la competitividad de nuestra economía. Pero no ocurrirá sin un programa de estabilización y de ajuste económico creíble que abata la inflación y eche las bases de un marco institucional capaz de transmitir seguridad y previsibilidad. Ello permitirá contraer un generoso empréstito de los organismos financieros multilaterales para encarar las numerosas necesidades derivadas del colapso del Estado, y atraer inversiones productivas en petróleo y en otras áreas. Inversiones en infraestructura, el rescate de los servicios y la modernización de la administración pública, serán imprescindibles para bajar los costos de transacción e incrementar la productividad y, con ello, el nivel general de salarios. Pero lo anterior es totalmente contrario al régimen de expoliación del que viven las mafias que se han atrincherado en el poder. La mejor muestra de tan perversa dinámica es el intento de uno de sus mayores capos de despojar a El Nacional de sus instalaciones, valiéndose de la bochornosa complicidad de un tribunal. Más que nunca, hay que forzar un cambio político para salvar a Venezuela y a su gente.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Nos habíamos preguntado, en un escrito anterior[1], acerca de las razones de la propuesta de “Ciudades Comunales” que discute actualmente la ilegítima asamblea nacional. Sumergiéndose en simbolismos revolucionarios, el chavismo parece creer que, con ella, adelanta la constitución de un “poder popular”, como fue la Comuna de Paris de 1971. Sin embargo, al examinar su propuesta, no puede haber nada más alejado de tal experiencia. Aquél respondió a una rebeldía por la capitulación de Francia ante Prusia, que llevó a la Guardia Nacional a tomar el Ayuntamiento de Paris y, con amplio apoyo popular, promulgar una serie de decretos que buscaban aliviar a la población trabajadora los estragos dejados por la guerra recién concluida. Luego de 60 días, la comuna fue aplastada en duros combates callejeros, por las tropas de Versalles. Esta épica, tan cara a la narrativa de anarquistas y comunistas, insufló la mitología “revolucionaria” con la que se recuerda el caso.

La propuesta “comunal” chavista, por el contrario, es una elucubración engendrada por burócratas que han perdido todo sentido de la realidad. Traza una detallada organización, desde sus órganos de base (consejos comunales), pasando por las comunas constituidas a partir de éstos, para arribar a una espesa burocracia para gobernar la “ciudad comunal”. Tales requerimientos y las características que deberían tener sus distintos estamentos, revelan que se prosigue un orden alterno al estipulado en la Constitución, para que sirva de instrumento del régimen. Evoca, por tanto, al Estado Corporativo fascista.

Cualquier pretendido “poder popular” se traiciona a sí mismo al ponerse al servicio de una parcela política. Pierde su razón de existir. Tiene que ser, en esencia, originario e independiente, no un apéndice del Estado central. Le corresponde encarnar la voluntad de sus asociados de manera fidedigna, garantizando la autonomía requerida para que los poderes públicos tomen en cuenta los intereses colectivos ahí representados. Porque el pueblo no es más que un agregado de individuos, heterogéneos en sus intereses y en sus preferencias, que, no obstante, pueden ponerse de acuerdo para organizarse local, sectorial o profesionalmente, en la prosecución de un provecho común. Ejercita, así, su soberanía, dotándose de órganos de representación –sindicatos, asambleas de vecinos, asociaciones gremiales, consejos comunales, asambleas legislativas, etc.-- para defender sus fines ante las élites y/o el aparato burocrático del Estado. En contraste, la propuesta chavista establece estructuras artificiales como única opción, subordinadas a normativas y jerarquías del propio Estado, que borran toda representación social auténtica. Confisca al pueblo para sus propios fines. Por demás, al matar todo incentivo a la actividad productiva, la propuesta comunal pierde toda viabilidad económica. Sólo puede subsistir parasitando la renta petrolera y las actividades que generan riqueza. Es, precisamente, lo que persigue la propuesta.

Al régimen de Maduro lo sostiene una alianza entre sectores y grupos con militares corruptos, para aprovechar las oportunidades de expoliación que depara el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho y la sumisión de la actividad mercantil a sus intereses. Pero esta alianza es cada vez más difícil de sostener ante las apetencias desaforadas que se nutren de la impunidad de un poder sin contrapesos ni controles, dada la destrucción económica que produce. Ahora, la creciente conciencia a nivel internacional acerca de las vagabunderías y atropellos que comete el régimen, y las sanciones que se le imponen en correspondencia, hace cada vez más difícil satisfacer las demandas de tantos cómplices. No alcanza. Es la asociación con el ELN y bandas criminales para saquear las riquezas minerales de Guayana; el modus vivendi alcanzado con los pranes para mantener en paz en las prisiones, a cambio de luz verde para proseguir con sus “negocios”; la vacuna cobrada a comerciantes y transportistas por colectivos; las exacciones que, a la fuerza, imponen componentes de la Guardia Nacional, las FAES y otros cuerpos represivos, a la población; amén de las abultadas contrataciones con PdVSA y con el Estado por parte de amigos de la boliburguesía y de la jerarquía militar. Luego están los socios internacionales –Rusia, Irán, Turquía, China, pero sobre todo Cuba—que son menester contentar. El enfrentamiento reciente entre componentes de las FAN y elementos de las FARC cimarrona en Apure, presumiblemente en disputa por el control del tráfico de drogas, es otra expresión de las rivalidades que han estallado por la crisis del régimen de expoliación instaurado.

Queda muy poco, entonces, para repartir a las bases chavistas. Y, aunque no suman más del 12% de la población, hacen el imprescindible papel de “Pueblo”, tan central a la prédica fascista. La probable extradición de Saab a EE.UU., al destapar el negociado montado con Maduro en torno a los CLAPs, le resta atractivo y efectividad a este mecanismo. Para mantener su lealtad es necesario dar testimonio de que, no obstante las penurias sufridas, se continúa pendiente de sus intereses. El tinglado a armar en torno a la propuesta comunal promete asegurarlos. Son instancias para incluir al pueblo chavista en la dinámica de expoliación, argamasa que mantiene unidos a quienes apoyan al régimen “revolucionario”.

Pero “empoderaría” a sectores de base chavistas en la disputa por un botín que no hace sino disminuir. De poder avanzar, aunque sólo fuese parcialmente, en su instrumentación, no contribuiría a estabilizar al régimen. Al contrario, se erigiría en una amenaza potencial a los bodegones y a otras iniciativas recientes que proveen bienes importados, pagaderos en dólares, que, para algunos, auguran una pizca de reactivación bajo Maduro. La tentación de depredar también estos negocios podrá ser irresistible.

Maduro, al desempolvar este muerto, se ha empastelado desprevenidamente. Lo peor es que habrá quienes realmente crean en este disparate y procurarán hacerlo realidad. El fascismo, desde Chávez, viene sumiéndose en una burbuja ideológica, construida, paradójicamente, con categorías propias del discurso comunista, para aislarse de una realidad que los adversa y absolver sus atropellos. Con la abundancia de recursos que disfrutó en su segundo gobierno, este montaje le sirvió a Chávez para “justificar” el desmantelamiento del Estado de Derecho e implantar el régimen de expoliación que destruyó a la economía. Todo ello en nombre de la construcción del socialismo. Claro está, bajo la tutoría de la gerontocracia cubana, tan útil para asesorarlo a él y a Maduro en materia de terrorismo de Estado.

Ahora, con el agua al cuello, es posible que se acreciente la presión para emprender de nuevo una huida hacia adelante, como tantas veces se ha hecho, en este camino de destrucción y gane adeptos la idea de animar este Frankenstein. Se dirá que es poco probable. Lamentablemente, los últimos años no llevan a confiar en que, en las filas oficialistas, predomine una actitud racional. En momentos de dificultad como éste, los fascistas tienden a buscar refugio en sus delirios ideológicos. Sin duda, el fanatismo embrutece.

Una señal de alarma acerca de la ausencia de contrapesos a la locura criminal de Maduro y sus cómplices es que, entre sus filas, no haya aparecido, hasta ahora, quienes los obliguen a abandonar el poder, no obstante la irrefutable evidencia de su accionar en materia de pobreza, hambre y muerte de tantos. Ni siquiera para evitar la disolución terminal del país con base en el cual han amasado sus fortunas. Indigna ver, en particular, a una cúpula militar impertérrita, repitiendo consignas y votos de lealtad al monstruo que no ha tenido empacho en negar la entrada de millones de vacunas que salvaría muchas vidas. Los compañeros de armas de Pinochet entendieron que, ante su derrota en el referendo de 1989, había que convencerlo que aceptara la realidad y entregara el poder. ¿Cuánto destrozo adicional hace falta para que ocurra un asomo de vergüenza similar entre sus contrapartes venezolanos?

Reflexiones a ser tomadas en cuenta por las fuerzas democráticas para favorecer semejante desenlace.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

[1] https://www.elnacional.com/opinion/reviviendo-un-muerto-las-ciudades-com...

La omnisciencia del Dr, Google permite saber que, en Chile, lo que se llama “comuna” corresponde a la unidad básica de la administración local. En Francia designa a una colectividad territorial que engloba al consejo municipal y el ayuntamiento. En Colombia, se refiere a una subdivisión del área urbana de una ciudad media o principal. Es decir, sirve como denominación de gobierno local en estos países, como sería el caso de “alcaldía” en Venezuela. Pero en las mentalidades primitivas de cierta izquierda, nombrar la palabra “comuna” desata una salivación como la de los perros de Pávlov cuando escuchaban la campanita que anunciaba su comida. Ello es así por la mitología construida por anarquistas y comunistas en torno a la Comuna de Paris de 1871, emblema del poder popular revolucionario soñado.

En pos de una figura que certificara igual sentido a su gesta, Chávez se engolosinó con este emblema. Ofrecía la excusa ideal para edificar una estructura de poder bajo su control directo, en reemplazo de la establecida en la Constitución. En 2007 sometió a referendo una propuesta de reforma constitucional para crear un Estado Comunal. Como se recordará, fue derrotada. Pero, violando la voluntad popular, la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó en 2009 la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de las Comunas, la del Sistema Económico Comunal y una Ley Orgánica de Poder Popular, con iguales propósitos que el referendo rechazado.

En 2012, Chávez sanciona por decreto una Ley Orgánica (¡!) para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, para regular la transferencia a las comunidades organizadas, comunas y demás instancias de agregación comunal, de actividades que son potestad de gobernaciones y alcaldías. Desplazaría, así, los gobiernos electos a nivel municipal y regional, por instancias de un poder que “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”, como rezaba el artículo 136 de la reforma derrotada en diciembre, 2007. Pero el chavismo se cuidó de poder controlarlas, gracias a una enrevesada normativa.

Salvo una que otra comuna que se mantuvo como vitrina para un “turismo de izquierdas” que acudía a Venezuela en busca del Santo Grial de la Revolución, el experimento comunal no cuajó. Su escasa viabilidad económica y la tergiversación de lo que se entiende por “poder popular”, terminó convirtiendo a los consejos comunales creados en parásitos de las asignaciones hechas desde el Estado y/o en usufructuaros de comisiones por su participación en mecanismos de reparto, como es la distribución de cajas de alimentos subsidiados CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), o de exacciones a la comunidad, dadas las atribuciones de fiscalización que le otorgan algunas de las leyes antes mencionadas. Pasaron a servir de correa de transmisión del mando desde el Ejecutivo, a cambio de compartir mecanismos populistas de expoliación de la renta petrolera.

El Estado Comunal cayó en el olvido, a pesar de la reverencia que se le hizo en el Segundo Plan Nacional Socialista 2013-19. Pero ahora, la asamblea ilegítima de Maduro lo desempolva con una Ley de Ciudades Comunales --aprobada en primera discusión--, llena de adjetivaciones rimbombantes que exaltan supuestos atributos del nuevo orden social propuesto. Para muestra, un botón (art. 29): “La Ciudad Comunal, promueve la planificación sistémica, multiescalar, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional como una herramienta alternativa y transformadora que promueva la planificación a partir de la construcción y puesta en práctica de un pensamiento crítico, totalizador, descodificador, liberador, humanista y radical; que reivindique al pueblo como sujeto histórico de derechos y con poder”.

Las ciudades comunales se constituirían a partir de la agregación de comunas, las cuales, a su vez, se crearían a partir de similar decisión por parte de los consejos comunales. En tal sentido, la figura de “Ciudad Comunal” incorpora todos los defectos de sus unidades primigenias. Pero el proyecto en discusión añade otros. Su articulado comienza repitiendo la misma aberración de las leyes de “Poder Popular” referidas antes, al afirmar que su objeto es, “construir, desarrollar, fortalecer y establecer la sociedad y el Estado Comunal, Socialista y Bolivariano”. Es decir, la Ciudad Comunal se concibe como instancia de un proyecto político muy particular, hoy claramente minoritario, que de ninguna manera deriva de la agregación de instancias de “poder popular”.

Esto queda todavía más claro con la descripción de cómo debe organizarse dicha ciudad comunal. Una estructura que comprende poderes Ejecutivo, Legislativo, de Justicia y Paz, Contraloría, Electoral y Moral, definen su gobierno, con atribuciones detalladas para cada uno. La rama ejecutiva dirige unos Sistemas de Gestión Comunal (SIGCOM) que son: de Planificación; de la Economía y Finanzas Comunal; del Desarrollo Social; de la Infraestructura y los Servicios Comunes; del Hábitat; de la Cultura y el patrimonio; y de la Seguridad y la Defensa Integral del Territorio. Se especifica cómo y en función de qué deben operar estos “SIGCOM”, y se precisa, para algunos, su subdivisión operativa. Reproduce localmente, así, al gobierno nacional, creando una frondosa burocracia que competiría con las alcaldías y gobernaciones existentes por recursos de un Estado que el propio chavismo quebró.

En el plano económico, la ausencia de derechos inequívocos de propiedad en las leyes antes referidas, así como la vigilancia de un órgano rector externo que determinaría el carácter “social” de la gestión comunal, elimina todo incentivo al emprendimiento. Más bien, los incentivos que se desprenden de su arreglo institucional tienden a reforzar la obsecuencia y la lealtad para con los dictados del Ejecutivo, en procura de financiamiento u otras prebendas, y no un espíritu de iniciativa para el autogobierno o la solución autónoma de problemas.

La pregonada “economía comunal” está vaciada de toda potencialidad creativa por una normativa rígida que impide su versatilidad. En absoluto es sostenible y tendría que depender, necesariamente, de asignaciones del presupuesto nacional. Su no sometimiento al Código de Comercio o a otras normativas referentes a la responsabilidad social y a la rendición de cuentas en el manejo de recursos económicos, deja la puerta abierta, además, a todo tipo de irregularidades.

En conclusión, la propuesta comunal del chavismo en absoluto favorece la constitución de un supuesto “poder popular” autónomo. La existencia legal de sus instancias está sujeta a la validación de su registro en el ministerio correspondiente. Su puesta en operación se rige por una detallada normativa que regula su constitución, organización, propósitos y actividades. Asimismo, las distintas instancias de la economía comunal son concebidas como espacios para la construcción del socialismo, es decir, como instrumentos de la política oficial. Del cumplimiento de tal normativa depende su entidad legal, así como los recursos con los cuales operar. Su financiamiento depende del Estado, que impone su subordinación a, e integración con, el Plan de Desarrollo Nacional.

Por las razones expuestas, la propuesta Estado Comunal que se desprende de estas leyes es más bien reminiscente del Estado Corporativo Fascista, que cooptó a las organizaciones sociales dentro del Estado para que estuviesen al servicio de la construcción de un Nuevo Orden. De ahí surgiría el mítico Hombre Nuevo de todo proyecto totalitario, siempre bajo una fuerte tutela de órganos del Gobierno Central[1]. “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”, como afirmara Benito Mussolini.

Ahora bien, si bajo Chávez, quien gozaba de carisma, ascendencia sobre sus seguidores y contaba con una abundancia de recursos, no pudo imponerse este adefesio, ¿a qué responde su rescate bajo Maduro, carente de cada uno de los atributos antes mencionados? En particular, ¿Cómo compagina con la supuesta liberalización de la economía que pretende proyectar?

Debido a razones de espacio, reflexiones al respecto tendrán que esperar un próximo artículo.

[1] Para un análisis profundo de la propuesta comunal chavista, véase, Silva Michelena, Héctor, Estado de siervos. Desnudando el Estado comunal, bid & co., editor / Ediciones del Rectorado, UCV, Caracas, 2014.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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