Tres elementos motivan las siguientes reflexiones. Primero la ilusión de que, con la respuesta de algunas actividades a la liberación de precios y del mercado cambiario, estamos en presencia de un proceso de “normalización” del país. Segundo, la carta recientemente publicada, firmada por 25 integrantes de la sociedad civil venezolana, cuyo aspecto más polémico es el llamado al presidente Biden de EE.UU. a reconsiderar las sanciones impuestas a Venezuela. Y tercero, la constatación de que, frente a los dos elementos anteriores, las fuerzas democráticas no comparten ninguna política clara, ausencia importante ante la oportunidad planteada de desalojar a Maduro del poder en las elecciones de 2024.

Primero, la economía venezolana, efectivamente, da muestras de que dejó de contraerse el año pasado, aunque no hay cifras oficiales al respecto. ¿Significa que, después de tantos años de criminal destrucción, el país empieza a recuperar la normalidad? Depende, por supuesto, de qué se entiende por “normalidad”. Para algunos, la reducción drástica de la inflación, la proliferación de comercios con productos importados (bodegones), el abastecimiento de supermercados y la activación de algunas construcciones en el este de Caracas, son criterios que satisfacen.

Pero las bondades de tal “normalidad” son disfrutadas por aquellos sectores (minoritarios) con ingresos suficientes en divisas o –cuando no—los “enchufados” en distintos negocios con el gobierno. Aparentemente, no les afecta la inseguridad o no les importa. Pero, al revisar los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida levantada por la UCAB en 2021, impactan las evidencias de inopia, hambre, insuficiencias en la prestación de servicios de salud y otras calamidades que atormentan a la gran mayoría de los venezolanos. Más del 94% de los hogares son pobres, medidos por su ingreso, y Venezuela exhibe una de las mayores inequidades en cuanto a distribución del ingreso en América Latina.

Más allá, el colapso del Estado se refleja en su notoria incapacidad por asegurar la prestación de servicios públicos fundamentales: agua, luz, salud, educación, seguridad y transporte. En el país que alega tener las mayores reservas petroleras y que alguna vez fue el mayor exportador de este hidrocarburo, hasta la gasolina escasea.

No basta un crecimiento leve para hablar de “normalidad”. Lo verdaderamente anormal es que la economía venezolana haya estado cayendo, a trancos y barrancos, por siete años consecutivos. Y, como alertó un tweet reciente, cuando una economía se ha reducido en un 80%, recuperar su nivel anterior implica crecer en un 400% (¡!).

No puede existir “normalidad” en ausencia de garantías básicas a los derechos fundamentales de la población, entre ellos, de asociación política, de protesta en reclamo de condiciones dignas de vida, de medios de comunicación libres, sin mencionar los derechos básicos a la salud, a la seguridad y a la vida misma. Venezuela exhibe una de las tasas de homicidio más altas del mundo, muchos a mano de las “fuerzas públicas”, existen 240 presos políticos y más de seis millones de migrados buscando mejores condiciones de vida.

Las garantías básicas no existirán mientras no se restablezca un Estado de Derecho que haga cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes que, de él, se derivan. Este desapareció, no por azar o por hechos fortuitos, sino como resultado de un proceso deliberado de desmantelamiento de las instituciones democráticas y las asociadas al funcionamiento de una economía mercantil, por parte de una camarilla que, en nombre de una supuesta “revolución”, se cogió al país para su usufructo exclusivo, depredándolo hasta dejarla exangüe.

Luego está la “carta de los 25” firmada, entre otros, por amigos que merecen mi mayor respeto, tanto por su historial de luchas a favor de la libertad y la justicia, y/o por su desempeño profesional. Infelizmente, han sido objeto de descalificativos inaceptables por parte de quienes se arrogan derechos de pontificar sobre quien es o no, “auténtico” opositor, en total contraposición a los valores de tolerancia y de respeto al derecho de opinar de los demás que, supuestamente, animan el proyecto de democracia liberal con el que se identifican.

Sin entrar en mayores detalles, creo que el “pecado” cometido por los firmantes estriba en proponer al presidente Biden el levantamiento de algunas sanciones, argumentando que no han cumplido con sus propósitos y que, no obstante culpar a la desastrosa gestión de Maduro y Chávez la causa principal de la situación de miseria, éstas la han empeorado. Es muy discutible que las sanciones no hayan tenido efectos sobre el gobierno. Si bien no han forzado el cambio político esperado, por sí solas y con una oposición débil y dividida, ello era demasiado pedir.

Aunque no es fácil demostrarlo, puede argumentarse que la incipiente liberalización económica es, precisamente, una respuesta obligada a las restricciones asociadas a las sanciones. Más allá, está el intento, poco eficaz, por maquillar las apariencias ante las indagaciones del CPI sobre las responsabilidades del gobierno ante la violación de los derechos humanos de muchos venezolanos. A la camarilla mafiosa que controla el Estado le interesa anular la amenaza de mayores sanciones. Por algo será.

Pero quizás el aspecto más discutible es pensar que, de levantarse algunas sanciones –aquellas, presumiblemente, que afectan a las exportaciones petroleras—, aliviará la situación de miseria que padece la inmensa mayoría de compatriotas. Sucede que, para el primer trimestre de este año (2022), los ingresos por exportación de petróleo fueron entre 2,5 a 3 millardos de dólares superiores a los del primer trimestre del 2021, resultado del alza de precios atribuible a las sanciones contra las ventas rusas de crudo y a incrementos en la producción doméstica.

¿A dónde fueron esos reales? ¿Hay mejoras visibles en los servicios, en el empleo, en la capacidad adquisitiva de la gente? Porque el incremento decretado de sueldos se va a financiar, en buena medida, con emisión monetaria. Ergo, se anticipa mayor presión inflacionaria y una eventual “licuefacción” de estos aumentos. ¿A dónde sospechamos que puedan ir ingresos adicionales de levantarse las sanciones? El efecto “derrame” sobre el bienestar de la población de mayores ingresos externos es muy bajo, por la sencilla razón de que el leit motif de los que ocupan el poder es quedarse con lo que entra.

En función de ello han desmantelado las instituciones que regulan la cosa pública, entre otras la autonomía y equilibrio de poderes (supervisión independiente del gasto), la transparencia y la rendición de cuentas de su gestión, y el respeto al Estado de Derecho en lo concerniente a los derechos y libertades de los venezolanos, incluyendo garantías para la iniciativa privada. Sin recuperar el marco institucional correspondiente, será poca la mejora en las condiciones de vida de las mayorías que podemos esperar. Y de ahí la importancia de levantar las sanciones como arma de negociación que fuerce tal fin, condicionado a avances concretos, verificables, en esa dirección. Por el contrario, suponer que, al levantarlas primero, Maduro, a cambio, introducirá reformas políticas, sería, como dice la crítica, poner la carreta delante del caballo.

Y, por último, ¿Cómo lograr cambios que lleven a la liberación de presos políticos, la restitución de garantías, la observación del Estado de Derecho y a unas elecciones nacionales confiables, de parte de quiénes están interesados en mantener las condiciones con base en las cuales han podido expoliar a sus anchas las riquezas del país? En el actual estado de debilidad, división y confusión de las fuerzas opositoras, luce poco plausible.

Sin una política nacional clara, que cohesione, fortalezca y movilice a la mayoría opositora, habremos de desperdiciar las oportunidades de cambio planteadas por las elecciones de 2024. Sin una estrategia eficaz, asimismo, es poco el fruto que puede brindar la presión de las sanciones. Un elemento básico es aprovechar los reacomodos a que se ha visto obligado Maduro para articular acciones centradas en la ampliación y consolidación de la liberalización iniciada, y para enfrentar las arbitrariedades que habrán de ocurrir. Ello debería conectar con los nuevos liderazgos que emergen de la lucha reivindicativa, por demandar servicios públicos y/o que se manifestaron en las conquistas recientes de algunas alcaldías a nivel nacional.

Más allá, la recuperación de un marco institucional confiable, capaz de suscitar cuantiosos préstamos de las multilaterales, podrá sanear al Estado para que pueda producir los bienes públicos que requiere la población y podrá atraer las inversiones capaces de aprovechar las enormes potencialidades de nuestra economía. Sin ello, será difícil alcanzar las condiciones de bienestar a que aspiran y tienen derecho los venezolanos. Sin estas conquistas, la famélica recuperación con que Maduro alardea de sus “mejoras”, tardará interminables décadas en sacarnos de la miseria. Hacer de esa política una bandera para el cambio es, por tanto, un desiderátum.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Hace diez años, Daron Acemoglu y James Robinson, académicos de universidades estadounidenses, publicaron un libro, Por qué fracasan los países, que ayuda a aclarar la grave disyuntiva que, en materia económica, enfrenta Venezuela. Argumentaron que la diferencia fundamental entre países desarrollados y aquellos que no lo son reside en el tipo de instituciones, tanto políticas como económicas, engendradas al calor de sus respectivos procesos históricos.

En los primeros, las luchas sociales labraron instituciones de naturaleza inclusiva, caracterizadas por reglas de juego comunes a los integrantes de una sociedad, base de un Estado de Derecho capaz de hacer respetar la pluralidad de intereses y de iniciativas que en ella se desenvuelven, y de amparar los intereses legítimos de las minorías. Afianzaron las garantías a la propiedad, de contratación y de respeto por los derechos adquiridos, permitiendo que la gente pudiese proseguir, libremente, la satisfacción de sus necesidades. Se asentó un mayor reparto del poder político entre la población, limitando su concentración y ejercicio arbitrario.

Por el contrario, la incapacidad de otros países por exhibir procesos sostenidos de desarrollo a favor de las mayorías se debe a que sus instituciones son de naturaleza extractiva, puestas al servicio de la extracción de rentas y riquezas del resto de la sociedad por parte de las élites dominantes. Se asocian, por ende, con autocracias que concentran el poder, con pocas limitaciones a su provecho personal. Está en el interés de estas élites fortalecer esa institucionalidad extractiva, tanto en su dimensión económica como política, sin escatimar para ello mecanismos de naturaleza abiertamente represiva. Pocos dudarán que esta caracterización viene como anillo al dedo para describir al régimen chavomadurista.

En Venezuela, la dependencia de enormes rentas petroleras para financiar las inversiones y el gasto público corriente forjó instituciones de naturaleza extractiva en lo económico, conformando un Estado interventor, con gran discrecionalidad para manejar esa renta. Coexistieron, empero, con instituciones inclusivas en lo político, resultado del celo democrático de los dirigentes políticos que sucedieron a las dictaduras de Gómez y de Pérez Jiménez. Sin embargo, quedaba patente la tensión entre ambos tipos de instituciones, en particular, la tentación de un presidencialismo protagónico por aprovechar las potestades económicas concentradas en el Estado, propietario del petróleo, para adelantar proyectos particulares. Alimentó una cultura política que afrontaba los problemas de desarrollo, no con mayor protagonismo ciudadano en la toma de decisiones –profundizando la inclusividad--, sino con una mayor sumisión de los mecanismos autónomos de mercado al Estado, en función de objetivos políticos.

Esta contradicción fue “resuelta”, como sabemos, por Chávez. Desmanteló las instituciones con base en las cuales se sostenía la inclusividad en lo político –las de la democracia liberal—, reemplazándolas por potestades concentradas en su persona. En fin, era heredero del Libertador (¡!) y, por tanto, “uno con el pueblo”. Al eliminar la autonomía y separación de poderes, y al desconocer las garantías del Estado de Derecho, el chavismo terminó alineando las instituciones políticas con la naturaleza extractiva de la institucionalidad económica, que concentraba el usufructo de la renta en quienes controlaran al Estado. Esta autocracia sustituyó a las fuerzas de mercado en la asignación y distribución de recursos por criterios políticos “revolucionarios” --el más importante, el de la lealtad-- blandiendo la construcción de un “socialismo del siglo XXI”. Tras la falta de transparencia y de rendición de cuentas, se acentuó la naturaleza extractiva, depredadora, de las instituciones económicas y políticas, conformando un régimen de expoliación en torno al cual se tejieron los intereses de quienes se lucran de este arreglo. Mientras duró la bonanza petrolera, permitió atender, también, el reparto a sectores populares que apoyaban al régimen. Pero al retroceder los precios petroleros, el sostén político de Maduro pasó a depender de su capacidad para alimentar complicidades de militares traidores y “enchufados”, y para tejer alianzas con agrupaciones criminales más allá, dentro y fuera del país. Se forjó un régimen cleptocrático, que buscó amparo en una cofradía de estados paria similares, en particular, la Rusia de Vladimir Putin.

La exacerbación de prácticas depredadoras, en el marco de una institucionalidad extractivista acentuada por el chavomadurismo, arruinó al país. Esta tragedia es harto conocida por los venezolanos, pues la sufren a diario. No es menester reproducir acá cifras que la documentan. Pero la destrucción de la economía doméstica, incluyendo a la industria petrolera, ha sido tal, que encogió drásticamente las oportunidades de expoliación de las mafias que se apoderaron del Estado. Obligó a levantar los controles de precio y del mercado cambiario, dando lugar a atisbos de reactivación económica.

Estos reacomodos, empero, poco han modificado la naturaleza extractiva de las instituciones. No se han restablecido las garantías a la actividad económica, a la solución de controversias y, mucho menos, las libertades y derechos personales, civiles y económicos, que nutren la iniciativa privada y la inversión. Más bien, se ha incrementado el saqueo de las riquezas minerales de Guayana y las operaciones irregulares con el petróleo. Y las pugnas entre militares fieles a Cabello y aquellos identificados con Maduro han desnudado profundas corruptelas dentro de las filas castrenses. No son sólo las extorsiones denunciadas recientemente en televisión por Ernesto Villegas, sino también el contrabando de gasolina y otros robos[1]. Las armas de la nación puestas al servicio del lucro personal, resultado de la destrucción de la FAN urdida por Padrino, Ceballos, Reverol y otros.

Adicionalmente, combatir la inflación reduciendo violentamente el gasto público, contrayendo el crédito con encajes elevados a la banca y anclando el tipo de cambio, ha acentuado una situación de colapso y de anomia, propias de un Estado fallido, en el que se imponen las arbitrariedades e improvisaciones del más fuerte. La destrucción de las capacidades de cumplir con los servicios básicos de luz, agua, seguridad, transporte, salud y educación dibujan un país a la deriva, inestable y sin la confianza necesaria para atraer inversiones. Encima, la mayor vulnerabilidad internacional producida por el extravío madurista de anotarse con el agresor en la guerra librada por la autocracia rusa contra Ucrania aumenta aún más la incertidumbre. No puede quedar fuera la inseguridad que significa el irrespeto flagrante a los derechos humanos en Venezuela, con unos 260 presos por razones políticas, y la presencia de torturas y desapariciones.

Aun en este escenario, la economía venezolana puede crecer. Pero sujeto a las arbitrariedades de una institucionalidad puesta al servicio de un régimen gansteril, será errático. En algunos años, puede que no crezca. Esto no puede entenderse como una “normalización” de la actividad económica, más con la terrible inequidad sufrida por quienes no tienen ingresos regulares en divisas. La apremiante necesidad de mejorar cuanto antes y de manera significativa las condiciones de vida del venezolano no pueden confiarse en eventualidades precarias, sujetas a la buena de Maduro y/o de reacomodos entre las mafias que buscan conservar sus fortunas. Confiar en que el levantamiento de algunas sanciones sea funcional a que ello ocurra me parece pueril, dados los intereses afianzados en torno a las instituciones extractivas que sustentan la expoliación chavista del país. El bienestar de la población no entra en su agenda.

Pero aprovechar los reacomodos para forjar cambios hacia reglas de juego –instituciones—inclusivas, que asienten las garantías, derechos y libertades que estimulen el despliegue de iniciativas capaces de aprovechar las enormes potencialidades –hoy asfixiadas—que anidan en Venezuela y en los venezolanos, es otra cosa. Es condición, además, para los sustanciales empréstitos requeridos para recuperar los servicios públicos y demás potestades del Estado. Implica, por supuesto, cambios políticos. Los reacomodos deben servir para reconstruir un arco de fuerzas para forzar esos cambios, buscando ampliar y consolidar algunas de las mejoras instrumentadas, y arrinconar, a la vez, las arbitrariedades de quienes insisten en manejar el país como si fuera su propiedad personal.

Les toca a los liderazgos que están emergiendo en torno a la lucha reivindicativa, por demandar servicios públicos y que se manifestaron en las conquistas recientes de algunas alcaldías a nivel nacional, asumir esta plataforma como programa. Sin cohesionar voluntades en torno al rescate de instituciones inclusivas no habrá solución. El levantamiento de sanciones tiene que ser instrumental para avanzar en estos propósitos. La discusión de una temática con tantas implicaciones apenas comienza, pero es imprescindible.

[1] https://www.lapatilla.com/2022/04/14/fuerza-armada-encubre-cada-vez-mas-...

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La despenalización de la tenencia y uso de moneda extranjera, más el levantamiento del control de precios, explican, en buena medida, el frenazo en la caída de la economía venezolana. A pesar de la enorme destrucción fraguada por Maduro y sus cómplices, con sólo levantar algunas las trabas, afloran indicios de las potencialidades del país, cruelmente sofocadas. No es sólo el comercio de bienes importados en bodegones. Empiezan a observarse signos de reactivación en la agricultura y la ganadería en algunos estados, así como de establecimientos agroindustriales. La Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial de CONINDUSTRIA, correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, recoge atisbos de cambios y de expectativas favorables en algunos sectores. De confirmarse tales mejoras, lleva a preguntarse: ¿Se sostendrán en el tiempo? Los que controlan al Estado actualmente, ¿están dispuestos a efectuar los cambios para que así sea? ¿De qué depende?

Antes de examinar estas interrogantes, es menester aclarar que estos indicios se notan con relación a una economía devastada, cuyo tamaño es de apenas la quinta parte de la de ocho años, con terribles efectos para su población. Un crecimiento del 4% para 2021 pudiera aparecer respetable, pero con relación a un monto tan exiguo como el del PIB venezolano, el incremento es prácticamente nulo. Más de 94% de los hogares son pobres (por ingreso), según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI, 2021) realizada por la UCAB, 76.6% padecen de pobreza extrema. Si se examina la pobreza desde una perspectiva multidimensional, 65,2% se encontraban en condiciones de privación. Fuimos el país más desigual de América Latina el año pasado, con un índice GINI estimado de 56,7.

Las políticas sociales se habrían reducido básicamente al reparto de bolsas CLAPs, de distribución inconstante, y míseras transferencias a través del Carnet de la Patria. 24,5% de los hogares padecían de una inseguridad alimentaria extrema, 35,2% una inseguridad moderada y 34,5% de una inseguridad alimentaria leve. Las secuelas de este panorama sobre la salud general de la población no podían ser sino terribles. Hoy se estiman más de 6 millones los venezolanos que, desde 2015, han emigrado huyendo de esta situación.

“Eppur si muove” ...aparentemente. ¿Podrá mantenerse? A falta de datos oficiales sobre el desempeño de la economía venezolana que permitan aproximarnos a una respuesta confiable, ayuda un enfoque de economía política. Empecemos por señalar que el marco de intervención estatal asociado a la destrucción del país no se ha superado, si bien la aplicación de algunos aspectos ha sido suspendida. Continúa la ausencia de un Estado de Derecho efectivo y, con ello, de las garantías y seguridades asociadas a un clima de confianza favorable a la actividad económica y a las libertades civiles, desmanteladas con la excusa de construir el “socialismo del siglo XXI”. Este desapego por la normativa que debía regir en democracia, amparado en tribunales anuentes con quienes la obvian desde el poder, ha permitido que éstos hayan privatizado el patrimonio público, pero en nombre de este “socialismo”. Sus escandalosas corruptelas aparecen como depósitos multimillonarios en bancos suizos, panameños, españoles, rusos y otros, en reportajes de valiosos periodistas de investigación.

Los intereses creados en torno a estas prácticas, tan notorias entre integrantes de la cúpula militar que sostiene a Maduro y entre los “enchufados” que se benefician de sus tratos con el Estado, ¿acaso han sido suprimidos? ¿Se ha restituido el imperio de la ley? La depredación de las riquezas minerales en ese territorio sin ley en que han convertido Guayana, la presencia activa de bandas criminales en ese saqueo y/o dedicadas al tráfico de drogas --ambas con complicidad militar--, las empresas de maletín, las compras con sobreprecio, las extorsiones y tantos otros desmanes, indican que no.

El colapso de los servicios es parte de la misma patología. Las denuncias de sabotaje para explicar la incontenible ristra de interrupciones del servicio eléctrico a todo lo largo del país del general Néstor Riverol, como de quienes lo antecedieron frente a ese ministerio, son patéticas. ¿Y el agua? En algunos sitios, como en los altos mirandinos, suele llegar solo una vez por semana. Y ocurre en una geografía con ríos por todos lados, una de las mayores dotaciones de agua por habitante a nivel mundial, y en un país que se esmeraba, antes de la plaga chavista, en mantener una cómoda capacidad sobrante en la generación de electricidad a través de la inversión previsiva en represas y plantas termoeléctricas. ¿Por qué, entonces, el colapso de estos servicios? Las partidas para su mantenimiento, como los apartes para la inversión, fueron esquilmadas por los “revolucionarios” que se colocaron al frente de su administración. ¿Y qué hay del gas, de la gasolina y el diésel para transportar la producción del campo a la ciudad? ¿De la salud y de la educación, cuyos profesionales --bien preparados en su mayoría y con vocación de servicio-- están tan miserablemente remunerados?

La destrucción de la gestión pública no obedece a anomalías que pasaron desapercibidas y que escaparon del castigo de la ley. El desmantelamiento de los mecanismos de control y de supervisión, del mandato de rendir cuentas, la ausencia total de transparencia en la gestión pública y la aquiescencia de un poder judicial muchas veces partícipe en estos procesos de expoliación, hicieron de ello la norma, no la excepción. El “socialismo” del chavomadurismo resultó, en esencia, en el saqueo de la cosa pública, despojando a los entes del Estado de su capacidad de atender los asuntos para los cuales fueron creados. Forjaron un Estado patrimonialista, expresión de un régimen de expoliación bajo su control y usufructo exclusivo. Pero, al anteponer el cognomento de “poder popular” a cada ministerio, las mafias ahí enquistadas creyeron lavarse la cara. Son “revolucionarios”.

Pero esta “dicha” se les tambalea. La “acumulación originaria de capital” de algunas mafias, ejecutada, como es de rigor, con su cuota de violencia, busca legitimarse a través de su inversión en negocios que, al menos, aparentan ser sanos: como la mafia estadounidense terminó montando un emporio de casinos en Las Vegas y Atlantic City. Ello es tanto más plausible si se considera que las oportunidades de expoliación se han ido reduciendo por la ruina del país y por las sanciones. Y, al ampliarse las alianzas internas y externas que mantienen al régimen, sus frutos tienen que compartirse con un mayor número de cómplices. A esta lavandería de capitales le interesa contar con un mínimo de resguardo para su futuro, ante la previsión de cambios políticos ineludibles. Eso la enfrenta a las viejas prácticas de expoliación, que no aceptan límites a sus tropelías. La incautación de las instalaciones de El Nacional en los Cortijos por Diosdado Cabello es un claro ejemplo de esto último.

La desavenencia entre mafias augura reacomodos influidos, además, por los cambios que ocasiona la agresión putinesca en Ucrania. Vuelve a colocar sobre el tapete al petróleo venezolano y las sanciones en su contra. Los mayores precios de un embargo del crudo ruso y algunas señales de que EE.UU. explora posibilidades para ofrecer un trato distinto, siempre que el país se convierta en fuente confiable de este recurso, llevará a más de uno a preguntarse si no conviene considerar las condiciones que permitirían una salida de este tipo, siempre sujetas, claro está, a ciertas garantías de que no implicará, necesariamente, ser apresados o despojados de sus fortunas ante su eventual salida del poder.

Para las fuerzas democráticas, lo examinado ofrece rendijas para presionar por mayores cambios. Si bien son muy pobres las mejoras en comparación con lo que hace falta hacer y con las potencialidades del país, invitan a reclamar reformas ulteriores como parte de un programa político post rentista, capaz de conseguir apoyos de emprendedores y los nuevos liderazgos que, a nivel de base, van surgiendo.

Frente a ello declara el troglodita Ameliach que no hace falta división de poderes porque el país les pertenece, y las burlas cínicas de Maduro de que merece el premio Nóbel de economía. Manifestación crasa de que toda posibilidad de avance presupone la salida de semejantes bárbaros del poder.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

El levantamiento de los controles de cambio y de precio en Venezuela marcaron cambios que, pensaban algunos, inaugurarían la apertura hacia una mayor “normalidad” económica, capaz de superar las terribles penurias que han azotado al pueblo venezolano por tantos años. Reaparecieron muchos bienes importados en los “bodegones” que, cual hongos, brotaron en las principales ciudades. También los supermercados volvieron a llenar sus anaqueles con productos otrora desaparecidos, ahora bastante más caros. La economía detuvo su caída libre, llegando incluso a crecer el año pasado hasta en un 4%, según algunos analistas. Como se sabe, no se publican cifras oficiales al respecto desde 2018. Para 2022, las proyecciones iniciales señalan la posibilidad de un incremento del 8%.

Por otro lado, han pasado seis meses seguidos con un alza general de precios de sólo un dígito. La hiperinflación quedó atrás. Se anuncia, asimismo, un incremento del salario mínimo y del bono de alimentación, desde unos 2 USD al mes, a más o menos 30 USD, que se comenzaría a pagar este mes (marzo). Hechos como la devolución de las instalaciones del Sambil de La Candelaria a sus legítimos dueños indicarían, a su vez, que van quedando atrás las arbitrariedades que arruinaron al país bajo la bandera del “socialismo del siglo XXI”. Y existen augurios de una recuperación sostenida en la producción petrolera, ridiculizadas, empero, por la falta de criterio de Maduro quien, en declaraciones recientes, prometió que a finales de este año se estarán produciendo dos millones de barriles diarios de crudo en Venezuela (¡!).

Es menester poner en perspectiva estos registros. Aun suponiendo que la economía creciera el año pasado en 4% y que cerrase el actual aumentando adicionalmente en un 8%, su tamaño, es decir, el Producto Interno Bruto (PIB) de 2022, apenas superaría la cuarta parte del de 2013. Y, aunque se haya superado la hiperinflación, la subida de precios del año pasado fue de 686.4% (¡!), la más alta del mundo. Por otro lado, el entramado legal de los controles existe todavía. No ha sido abrogado, sólo fue suspendida su aplicación. Y, con toda la alharaca en torno a la recuperación de la actividad productiva petrolera, ésta, según cifras oficiales, no ha superado los 800 mil barriles diarios durante los primeros dos meses del año, el 27% de la producción en 2013.

No hay nada que indique que estamos ante los primeros pasos de un programa de medidas coherentes destinadas a crear las condiciones necesarias para reactivar la economía, como quieren creer algunos. Una muestra es la promulgación de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, según la cual se podrá pechar hasta el 20% de los pagos realizados en moneda extranjera (o criptomonedas) “sin mediación de entidades financieras”. Lejos de promover la mayor actividad derivada de la dolarización de las transacciones o de otorgar créditos en dólares --los depósitos de la banca en la moneda estadounidense casi duplican el monto en bolívares--, el gobierno parece buscar desestimularla.

Y es que el desplome de la actividad económica, incluyendo la petrolera, ha mermado drásticamente los ingresos tributarios y, estando el fisco en default, recurre a la emisión monetaria del Banco Central para cubrir el déficit en sus cuentas. La dolarización plena eliminaría esta posibilidad –el BCV no imprime dólares--, obligando a cortar todavía más el gasto. Ya Maduro ha instrumentado una contracción drástica del gasto público, contribuyendo a contener la inflación, pero a expensas del mantenimiento de los servicios y de los sueldos del personal. Como resultado, las capacidades administrativas del Estado y sus posibilidades de producir los bienes públicos requeridos para atender a la población --su responsabilidad central--, están postradas. De seguir con los recortes, se agravaría la situación de Estado fallido, arrojando costos aún mayores sobre la población.

Por otro lado, la estabilización del precio del dólar como instrumento antinflacionario, sacrificando reservas y sobrevaluando el bolívar, ha tenido el efecto de aumentar la cantidad de dólares requeridos para cubrir el componente local, no transable, de la actividad económica. De ahí que los precios en dólares también aumentan, aunque no hay inflación en dólares en el mercado internacional. Por otro lado, con la penuria de ingresos provocados por el desastre económico infligido al país, el incremento del salario mínimo seguramente será financiado con mayor emisión monetaria, poniendo en jaque la estabilidad del dólar. ¿Podrá seguir bajando la inflación? Y no puede quedar fuera la acentuación de la inequidad que representa el hecho de que quien no tiene acceso regular a los dólares estará condenado a permanecer en las abismales honduras de miseria a que lo arrojó el régimen de expoliación chavista.

La economía venezolana creció el año pasado –o dejó de caer—y podrá crecer este año, por la sencilla razón de que tiene grandes potencialidades, pero que han sido reprimidas. Bastó con quitar la asfixia de los controles de precio y de tipo de cambio para que la actividad económica empezase a brotar. Es como si, de repente, se abriese una verja para que alguien pudiese enterrar una semilla en un terreno baldío, pero fértil. Emerge una planta. Pero, para que siga creciendo y haya muchas más, se requiere garantizar el agua, los fertilizantes y pesticidas, y que nadie vuelva a cerrar la verja o deje entrar animales que aplastarían el cultivo naciente. Llevando el símil con la economía más allá, se necesitarían inversiones para cercar el terreno, importar semillas certificadas y contar con la maquinaria y los equipos para extender el plantío, amén de la electricidad para operar muchos de éstos. El individuo tendría que adquirir los saberes necesarios para mejorar su cultivo y contar con los servicios de investigación especializados para prosperar (competir) en el tiempo. Y hemos dejado afuera de esta analogía todo lo concerniente a los desafíos de una comercialización eficiente, el financiamiento y la idoneidad de las instituciones para ello, y la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad y la confianza para acometer las inversiones y las innovaciones, que están en la base de un crecimiento robusto y sostenible.

Pues todos estos “aditamentos”, cruciales para una reactivación económica que se sostenga y devuelva a los venezolanos condiciones de vida dignas, están en buena medida ausentes en la Venezuela de Maduro. Pero no sólo eso, a pesar de algunos efectos cosméticos, como la detención de funcionarios acusados de narcotráfico y cambios anodinos en el poder judicial, sigue campante la arbitrariedad y el abuso de poder, como lo testimonian los centenares de presos políticos detenidos sin razón valedera, Roland Carreño y Javier Tarazona, entre otros. Y continúan las extorsiones en aeropuertos, puertos, alcabalas y en negocios y entidades diversas por parte de la Guardia Nacional, distintas policías y funcionarios ahítos por un “resuelve”, sin mencionar los grandes beneficiarios de la depredación de la riqueza mineral de una Guayana sin ley, de lo que queda de la industria petrolera y del narcotráfico, este último en alianza con el ELN y disidentes de la FARC colombiana.

Si, la economía venezolana podrá crecer. Pero podrá dejar de hacerlo si priva la arbitrariedad, con mayores controles, y la caza de rentas. Algunas actividades crecerán más que otras, algunas podrán desaparecer o disminuir aún más. Porque el entramado institucional para que el crecimiento se mantenga y beneficie a las grandes mayorías para asegurar un mínimo de justicia social que asegure la estabilidad social y política, ha sido desmantelado. Las condiciones para que prospere la actividad económica siguen siendo muy precarias. Es menester, por tanto, luchar por la restitución de un Estado de Derecho, con sus garantías jurídicas y procesales, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, así como garante de las demás libertades, para poder activar una ciudadanía protagónica en el ejercicio de sus corresponsabilidades de gobierno.

De lograrse la estabilidad y la confianza necesaria para generar una tasa de crecimiento del 5% interanual --un supuesto negado de continuar el presente régimen— se tardarían 27 años en regresar al nivel de ingresos de 2013. De producirse un cambio político fundamental que reinstalase la democracia plena, permitiese la instrumentación de un programa de estabilización macroeconómica y de reformas que le devuelvan al Estado su capacidad de gestión, con el respaldo de un ingente financiamiento multilateral, este lapso se acortaría significativamente, dada la enorme capacidad ociosa existente.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La brutal invasión de Putin a Ucrania ha alterado drásticamente el orden geopolítico internacional. Paradójicamente, cohesionó fuertemente a la Unión Europea en su contra –anticipaba que su respuesta fuera palabrera, poco contundente--, con sanciones drásticas y suministros de equipos a Ucrania; activó el firme compromiso estadounidense con la defensa de las libertades del mundo occidental, contribuyendo a hacer de la OTAN una amenaza aún más poderosa a sus pretensiones; y, sobre todo, desató una feroz resistencia del pueblo y de las fuerzas militares ucranianas, que le han infligido un costo muy elevado a su aventura.

Independientemente de cómo termine esta horrible tragedia, empieza a hacerse cada vez más evidente que Putin saldrá muy golpeado. Incluso imponiéndose militarmente, dada la enorme superioridad numérica de sus fuerzas, lo hará a un terrible costo en destrucción de equipos y bajas rusas, amén de un resultado político devastador en lo personal. Las sanciones impuestas por la UE y EE.UU. a Rusia hacen prever, asimismo, que su economía saldrá sumamente debilitada de esta aventura imperial. Su abrumadora condena en la Asamblea Plenaria de las Naciones, con más de 140 votos a favor y sólo cinco en contra, muestra el grado de aislamiento en que se encuentra. Incluso regímenes autocráticos identificados con sus métodos despóticos le han dado la espalda. Y todo hace pensar que, mientras más dure el conflicto, mayor pesarán estas pérdidas a Putin.

Por supuesto que del lado ucraniano las pérdidas han sido terribles, más aún con la criminal decisión del comando ruso de bombardear a mansalva objetivos civiles: residencias, hospitales, escuelas e infraestructura de servicios. Pero los ucranianos están luchando por su país, por su libertad, lo que explica su resistencia heroica, suscitando amplio apoyo europeo y estadounidense. Aun logrando Putin tomar a Kyiv y parapetear ahí un gobierno títere, no podrá doblegar este espíritu de lucha. Los valores liberales que arruinan su obsesión de prevalecer por imposición dictatorial se han fortalecido.

Mala hora, entonces, para quienes accedieron a convertirse, irresponsablemente, en peones del imperialismo ruso para salvaguardar sus tropelías. Maduro y los suyos se encuentran perjudicados, además, por la sanción a bancos rusos, que le han bloqueado el acceso a sus reales, y por la decisión de trasladar de Lisboa a Moscú la oficina internacional de PdVSA, ahora inhabilitada de ejercer sus operaciones. Y, luego de aumentar al máximo la dependencia de armas y equipos militares rusos, se ve sin el respaldo en las asesorías y los servicios de adiestramiento y apoyo correspondientes, por estar comprometidos con la agresión bélica contra Ucrania. Esta súbita vulnerabilidad del régimen de Maduro, ahora desprovisto de la red de seguridad que –pensaba—le ofrecía su alineación con Putin, le plantea serios desafíos. En este contexto es que debe examinarse la reciente visita a Venezuela de altos funcionarios del gobierno estadounidense con responsabilidad sobre América Latina.

Se ha especulado mucho sobre los propósitos de esta visita, lamentándose algunos de que EE.UU. parecía estar dispuesto a canjear el levantamiento de las sanciones al régimen de Maduro, a cambio de una mayor exportación de petróleo venezolano para atemperar, así, el alza de precios del crudo en los mercados internacionales que resultaría de la reducción en el consumo de petróleo y gas rusos. Prefiero pensar que, en las actuales circunstancias de enfrentamiento global a una autocracia tan peligrosa como la de Putin, la primera potencia mundial estaría interesada, más bien, en examinar y sopesar todas las opciones a su alcance. En lo que respecta a Venezuela, a pesar de los alardes de que el país posee las mayores reservas petroleras del mundo, la destrucción de la industria –en enero produjo, según cifras oficiales, unos 750 mil barriles diarios, la cuarta parte de lo que producía el país en 2012-- hace difícil prever que pueda aumentar su oferta en más de 200.000 barriles diarios en un corto plazo --en el mejor de los casos--, aun levantándose las sanciones sobre el petróleo venezolano y restableciéndose garantías plenas sobre las inversiones requeridas para este incremento. La producción rusa que se quiere restringir está en el orden de los 11 millones de barriles diarios, de los cuales exporta 7 millones. De manera que una supuesta liberación de las exportaciones petroleras venezolanas aportaría muy poco a este faltante, aunque ayudaría a la empresa estadounidense Chevron, con la cual el régimen arrastra deudas. Por supuesto, junto a una mayor producción de México, Colombia, Brasil, Canadá y del propio EE.UU., sin mencionar que este país llegue a un acuerdo también con Irán, siempre suma.

En tales circunstancias, parecería más sensato pensar que, desde el punto de vista geoestratégico del gobierno de EE.UU., su relación con Venezuela podría buscar “matar varios pájaros de un solo tiro”. En primer lugar, apalancarse en las dificultades rusas para apartar definitivamente a Venezuela de su campo de influencia; segundo, destrancar su postura política respecto a Venezuela, propiciando el restablecimiento de un diálogo productivo entre el régimen de Maduro y la oposición; y tercero, poder aprovechar, en el tiempo, el potencial de producción del petróleo venezolano como suplidor confiable, lo cual supondría su consistencia con los otros dos objetivos. Esto último implicaría explorar formas de levantar las sanciones contra PdVSA, sujeto a compromisos del régimen, verificables, de liberar los presos políticos, frenar la represión y la tortura, y crear condiciones para unas elecciones confiables y creíbles en 2024. La posibilidad de que esto pueda lograrse depende, en gran medida, de la oposición.

La brutal agresión de Putin a Ucrania nos ha movido el tablero. Las prioridades y circunstancias actuales se han reacomodado sustancialmente y la lucha por la democracia en Venezuela tiene que adaptarse a ello. Mantener las posturas de antes no sirve. EE.UU. busca asumir una estrategia geopolítica y económica para contener a Putin, en la cual nuestras prioridades pasan, lógicamente, a un segundo plano. Compatibilizar nuestra lucha por la libertad con esa estrategia global conlleva, por tanto, que la oposición logre consensuar una estrategia propia que sirva de asidero para que EE.UU. pudiese incluir, como parte de aquella, la contribución con estos fines. El hecho de compartir valores propios de la democracia liberal, consustanciados en torno a la defensa de los derechos humanos, hace factible lograr esa compatibilización entre ambas estrategias.

Elementos de una estrategia que unificarían a las fuerzas democráticas en Venezuela incluirían:

1) La superación de los desentendimientos e intereses secundarios entre las fuerzas opuestas a Maduro, en aras de asumir, unidos, los desafíos de lograr las mejores condiciones para aprovechar las elecciones pautadas para 2024;

2) Insistir en la reanudación de las conversaciones en México, refrescando la representación democrática para tomar en cuenta los resultados de las elecciones regionales;

3) Proyectar, de la manera más clara y efectiva posible, las bondades de una estrategia de reactivación económica sustentada en la restitución de las garantías, la observación del Estado de Derecho y el acceso a un generoso financiamiento multilateral, muy superior a Ia débil palpitación de la que alarde el oficialismo;

4) Identificar y aprovechar los reacomodos que deben producirse a lo interno del chavomadurismo que resulten de la debacle rusa, así como del conflicto entre algunas mafias buscando lavar sus fortunas en negocios legítimos y quienes persisten en prácticas depredadoras, para introducir una cuña entre ellas para abrir posibilidades de un regreso progresivo al ordenamiento constitucional;

5) Aprovechar la vulnerabilidad resultante de la probable interrupción en la provisión de equipos militares y servicios rusos para insistir, en la consideración de los militares, posturas menos entreguistas, más alineadas con el bienestar de los venezolanos, conforme al artículo 328 de la constitución;

6) Finalmente, deben empezar a introducirse la discusión de criterios de justicia transicional a considerar que ayuden a facilitar el desalojo de quienes tanto daño le han hecho a los venezolanos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Vladimir Putin ha exhibido el arma más terrible en su criminal invasión de Ucrania: su ausencia absoluta de escrúpulos para emprender acciones que considera necesarias para alcanzar sus fines. Al violentar la soberanía e independencia del país vecino, vulnerando normas internacionales asumidas por la propia Rusia, amenazó de inmediato a la OTAN y a Estados Unidos con "consecuencias más grandes de lo que ninguno de ustedes ha visto jamás en la historia" si intervenían a favor de Ucrania. Tal amenaza la volvió a asomar abiertamente días después, al poner en alerta de combate a sus fuerzas estratégicas, es decir, nucleares. Y lo reiteró como respuesta ante cualquier posibilidad de que la OTAN accediera a la petición del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de imponer una zona de exclusión en el espacio aéreo de su país, para contener el incesante bombardeo de aviones rusos a su población. Hay que señalar que Putin no sacó su amenaza nuclear de la nada. Fue probando, en pasos sucesivos, hasta dónde las potencias mundiales le permitirían llegar en sus delirios imperiales a expensas de otros pueblos. El desmembramiento militar de Georgia para crear los protectorados de Abjasia y Osetia del Sur no provocó reacción alguna de occidente, como tampoco el aplastamiento brutal de la rebelión en Chechenia. La ocupación de la península de Crimea en 2014, territorio ucraniano, apenas suscitó una débil protesta. Y su apoyo a Bashar Al Assad, para disuadir a Obama de cumplir con su amenaza de intervenir si el carnicero de Siria utilizaba armas químicas contra sus adversarios, fue consentida. Por último, llegó la gran prueba, la de invadir a Ucrania para deshacerse de un gobierno incómodo a su despótica megalomanía, por ser ejemplo de democracia en un país eslavo con demasiadas semejanzas al ruso. Y, como lamentablemente se ha evidenciado en los últimos días, al encontrar una resistencia mayor a la esperada por parte de los valientes defensores de Ucrania, no ha vacilado en arremeter con bombardeos a zonas residenciales, a pesar de haberse comprometido públicamente a respetar a la población civil. Como sea, busca pulverizar la elevada moral de combate de los ucranianos. Lo que ha extasiado a Donald Trump como una genial operación de brinkmanship de Putin –el “arte” de poner al contrario al borde del precipicio para que no tenga otra opción que aceptar las demandas que se le imponen—es, en realidad, el chantaje de un sicópata quien, aterradoramente, tiene a su disposición el arsenal nuclear más grande del globo, junto al de EE.UU. ¿Quién puede garantizar que, ante acciones más contundentes en apoyo a Zelenski, Putin –mejor, Putler-- no apele a estas armas estratégicas? ¿Hay razones para confiar que este personaje, o aquellos de su círculo íntimo de poder, tengan los valores morales, políticos o humanitarios capaces de frenarlo antes de acometer lo impensable? Precisamente, por haberse revelado como sicópata, su chantaje surte efecto. Demasiado riesgoso para que los gobernantes responsables de occidente accedan a poner a prueba si se trata sólo de un bluff. Pero, precisamente por la eficacia de su chantaje, no hay seguridad alguna de que las ansias imperiales de Putler se satisfagan si, en el peor de los casos, termina aplastando la resistencia ucraniana. EE.UU. y la UE confían en que las sanciones económicas y financieras de por sí sean lo suficientemente contundentes como para ponerlo de rodillas, invalidando su acción miliar, incluyendo la opción nuclear. La clave decisiva aquí es la capacidad de resistencia del ejército y del pueblo ucraniano, uno de cuyos determinantes es, claro está, la efectividad del apoyo de occidente en el suministro de armas y servicios. Y esto necesariamente debe aumentar, si se quiere evitar que Putler se salga con las suyas. La laxitud exhibida en el trato de algunos de sus oligarcas amigos, sobre todo en el Reino Unido, y la dependencia europea del gas ruso tampoco ayudan. Los analistas recogen evidencias de creciente frustración del déspota ruso ante la no concreción en el tiempo de sus planes. Aumentan los temores respecto a su inestabilidad emocional u mental. Por otro lado, la represión emprendida en Rusia contra toda protesta por la guerra y el control draconiano de los medios de comunicación ahí se orientan a evitar que, internamente, surjan las fuerzas que lo conminen a parar su aventura criminal. Pudiera llevarlo a creer que puede ejecutar lo impensable para imponer su voluntad. De ahí las voces a favor de una estrategia que ofrezca un “puente dorado” para el repliegue e “decoroso” de Putler, sin que pierda “cara”. Pero esto implicaría, cruelmente, alguna concesión por parte de Ucrania, como la cesión de los territorios del Donbás, el reconocimiento de que Crimea es rusa o el compromiso de no entrar a la OTAN. Dudo que las heroicas fuerzas de resistencia ucraniana, que han entregado tanta sangre para evitar un desenlace de esta naturaleza, accedan. La invasión de Ucrania es la prueba suprema que ha puesto Putin sobre la mesa para saber lo que estarían dispuesto a tragarse las potencias occidentales para evitar una hecatombe nuclear. De ceder, ¿quién lo parará después? ¿Cómo garantizar la seguridad futura de los países bálticos, Finlandia, Suecia, Polonia y, en fin, del resto de Europa, si prevalece en Ucrania su voluntad? Como han afirmado tantos, lo que está en juego no es sólo la suerte de un país que, para algunos, pudiera ser “prescindible” en aras de evitar la guerra nuclear. Lo que peligra es el orden democrático liberal como paradigma del mundo actual y las posibilidades de contar con unas reglas de juego consensuadas, con base en las cuales los pueblos puedan aspirar a vivir en libertad y forjar las condiciones para su propio bienestar. Desde esta columna sería absolutamente irresponsable pretender sopesar los pro’s y los contra´s de acciones militares de la OTAN contra Putler, como sería la de asegurar una zona de exclusión aérea en Ucrania que pudieran obligarlo a parar su ofensiva criminal. La incertidumbre de la existencia de un loco en el Kremlin dispuesto a apretar el botón nuclear aterra. Pero con todo y el abrumador peso moral que enfrenta occidente ante esta decisión, las opciones a considerar son esas. Porque el dilema verdadero no parece ser si debe tomar o no una decisión que frene definitivamente a Putin, sino cuándo. El aprendizaje de Múnich, 1938, sugiere que mañana quizás sea demasiado tarde. El humor de Maduro A despecho del escenario tan dantesco como el referido arriba, Nicolás Maduro nos sorprendió el sábado cinco de marzo con una humorada. En su alocución pidió a la justicia aplicar el “máximo castigo” a aquellos funcionarios públicos del país que estén involucrados en el “fenómeno de la narcopolítica”, para concluir –miren qué ocurrente-- que es la “primera vez” que en el país se ve tal fenómeno (¡!). Vamos, Nicolás, tus sobrinos presos por narcotráfico en EE.UU., con acceso a la rampa presidencial de Maiquetía para sus andanzas, el “pana” Makled, que llegó a tener en su abultada nómina a muchos jerarcas chavistas, y los militares integrantes del tristemente notorio Cartel del Sol, amparados desde el poder durante años, te obligan a no ser tan torpe en tus sarcasmos. Porque los sarcasmos más hilarantes son los inteligentes, los que explotan la sutileza, ¡no esa burda chanza que anunciaste el sábado! Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela humgarl@gmail.com

El triunfo electoral de las fuerzas democráticas en Barinas a comienzos de año ha subido los ánimos en torno a las perspectivas de desalojar la nefasta dictadura de Maduro. Ello estaría sujeto, por supuesto, a muchos condicionantes, sobre todo con relación a la disposición de la oposición para forjar una unidad efectiva y verosímil, apoyada en lineamientos programáticos consensuados y en un trabajo político que interprete a la gran mayoría de venezolanos que anhelan el cambio y la movilice en torno a las tareas que lo hagan posible. En un ambiente de tanta penuria como el de Venezuela, tan propenso a la desesperación y la resignación (ahora más por la pandemia), estimular las expectativas de cambio cobra importancia. Dicho esto, es menester alertar acerca de las ilusiones de que estamos frente a un Maduro más indulgente, abierto a liberalizar la economía y a entenderse con la oposición en pro del bien nacional. ¿Lo que sucedió en Barinas, indica que está dispuesto a permitir mayores libertades y a facilitar el juego democrático? Ayuda poner esta interrogante en perspectiva.

Venezuela ha estado sometido a la administración de quienes, en espacio de ocho años, convirtieron a uno de los países de mayor ingreso por habitante de América Latina, sólo detrás de Chile, en el más pobre, rivalizando con Haití. En ese lapso, fueron asesinados unos 300 ciudadanos mientras ejercían su derecho a la protesta; muchos fueron encarcelados por sus posiciones políticas, algunos torturados y hasta muertos bajo custodia policial; demasiados venezolanos han sido sometidos a niveles de miseria y desnutrición severa, muriendo algunos, como es el triste caso de la profesora merideña, Ysbelia Coromoto Hernández; los servicios públicos han colapsado, causando estragos a la población, incluyendo la educación y la salud; cerca de seis millones de compatriotas han migrado en busca de subsistencia o de una mejor calidad de vida; y pare usted de contar. Pero el principal responsable de tan terrible destrucción, por mucho el peor presidente que ha tenido el país, no sólo no expresa remordimiento alguno, fue capaz de armar la farsa electoral de 2018 que simuló su reelección, a pesar del rechazo mayoritario de la población. ¡Y ahora amenaza con repetir semejante burla en 2024!

Lo que sería un claro sinsentido si funcionasen las instituciones y la población ejerciera libremente su voluntad de elegir a sus gobernantes, se salió con la suya en Venezuela. ¿Cómo se explica semejante abominación? ¿Qué implicaciones tiene para la lucha por la democracia? Sabemos que las instituciones que debían impedir que ello ocurriese fueron desmanteladas y que el régimen se sostiene apelando a la violencia o a la amenaza de aplicarla. Pero tal constatación sólo remite la respuesta un paso más atrás. ¿Cómo es que la institución que, por diseño constitucional, monopoliza los medios de violencia, la fuerza armada nacional, no responda con mínimo sentido de justicia y sustrae su apoyo a tan monstruosa camarilla, obligándola a respetar la voluntad popular y abandonar el poder? Esta inquietud ha sido objeto de innumerables libros y artículos y sería absurdo pretender reproducir aquí sus argumentos. Pero tiene pertinencia referirse a lo ideológico que, junto a la corrupción, han mostrado ser claves para la insólita permanencia del régimen de Maduro.

Al hablar de ideología nos referimos a la construcción de una perspectiva política y de vida sesgada, internamente consistente, con base en símbolos que suelen prestarse a contraposiciones maniqueas, con fines políticos. Se expresa en el “nosotros”, los buenos, enfrentados a “ellos” (los otros), los malos, porque amenazan “nuestra” situación o “nuestro” futuro. Apela a resentimientos y a prejuicios sustentados en la ignorancia, que estimulan una identificación emocional, afectiva, con una causa, hábilmente aprovechada por líderes carismáticos, como Chávez. Con su lenguaje irreverente, supo proyectarse como el “outsider” incontaminado capaz de erigirse en campeón de un Pueblo (mayúscula) oprimido por una oligarquía que había traicionado el legado de Bolívar: hoy, los partidos AD y COPEI. Chávez era ese Pueblo. Con símbolos patrioteros invocó la epopeya independentista, tocando fibras hastiadas por el deterioro económico de los años ’80, la incapacidad percibida de los gobiernos por responder a las demandas de mejora y el azuzamiento interesado de factores de poder que veían perder sus privilegios ante el cambio estratégico instrumentado por el Gran Viraje de CAP II. Pregonaba reproducir ese espíritu épico, bajo su conducción visionaria, para rescatar al país. La prédica chavista se adornó, así, con imágenes de la lucha emancipadora y alegorías a sus batallas más famosas. La represión del llamado Caracazo inflamó aún más este llamado. Con prácticas populistas, lanzó las redes de una ideología patriotera, maniquea y militarista, que regresaron con abundante pesca de adeptos, base para legitimar el desmantelamiento del Estado de Derecho en nombre de una “revolución” redentora, pero de naturaleza neofascista. Su prédica agradó a muchos militares y Chávez los hizo sentir protagonistas del proceso como supuestos herederos del Ejército Libertador. Se rebautizaba a la FAN como “Bolivariana” (FANB). Los mimó y les entregó proyectos y cargos sin control ni supervisión, que fueron convirtiéndose en vetas para todo tipo de enriquecimiento.

Pero Chávez mudó pronto sus referencias ideológicas a aquellas inspiradas en la mitología comunista, bajo la tutela de Fidel Castro. Eran los tiempos del primer referendo revocatorio, que amenazaba con sacarlo del poder si no le daba “sustancia” a su retórica grandilocuente. Aparecieron las misiones y la muletilla de George Bush hijo para proyectar un antiimperialismo atrayente. Este giro permitió, además, cosechar solidaridades automáticas con movimientos autoproclamados de izquierda a nivel mundial. Quizás no haya gustado a aquellos militares que recordaban el rol del ejército en la supresión de la guerrilla castrista de los años ’60, pero siempre que no afectasen sus oportunidades de “negocio” y su posición privilegiada, pasaba. Por si acaso, Chávez fue reemplazando a los disidentes con adeptos suyos en los mandos de la FAN. Complementó esta purga con labores de contrainteligencia militar, bajo tutelaje cubano. Pero los intentos por ideologizar a la FAN no llegaron muy lejos. Aun así, mientras la bonanza petrolera financiase generosos programas sociales, la retórica comunistoide cosechaba apoyo popular: un “socialismo” de reparto que ocultaba la destrucción del país.

Con Maduro y la caída de los precios del petróleo, los clichés repetitivos dejaron de ser útiles para disputar las simpatías populares con el liderazgo opositor. La ideología pasó a cumplir otra función, que fue alimentar un espíritu de secta de sus menguantes partidarios, para que cerraran filas en torno suyo. Se convirtió en una burbuja dentro del cual refugiarse, ajeno a toda increpación del mundo externo. La contienda política dejó de ser tal –con el “enemigo” no hay trato-- para dirimirse por vía de la represión despiadada y el cercenamiento de las posibilidades democráticas de cambio. Los militares con mayor vocación de esbirros fueron “justificados” en sus desmanes por “revolucionarios” y premiados con altos cargos. La ideología pasó a absolver el atropello al ordenamiento constitucional. “Inmunizó” al mando chavomadurista de los crímenes cometidos contra los venezolanos, endureció su virulencia y, con ello, su resiliencia ante variados intentos –constitucionales o no—por desalojarlo.

Los cambios que Maduro se ha visto obligado a instrumentar últimamente, ¿modifican este cuadro? Está por verse. Los posibles avances en la negociación entre el oficialismo y la oposición en México –suponiendo que se reanudarán—podrán dar la pauta. No obstante, los elementos reseñados y las caras enseñanzas de anteriores iniciativas por acordar salidas democráticas aconsejan cautela. Sólo con la superación de las divisiones y del “pescueceo” entre dirigentes y agrupaciones opositoras, y la acumulación de fuerzas a través del trabajo con la población, jugando cuadro cerrado con los países democráticos que nos apoyan, podrá forzarse a personeros oficialistas a entrar en razón.

La animación de algunas actividades comerciales y la superación del desabastecimiento de muchos bienes --siempre que se tenga dólares--, ha sembrado la ilusión en más de uno de que, al fin, la economía empieza a recuperarse. La mayoría de los analistas coinciden en señalar que el año pasado hubo un ligero crecimiento o que, al menos, se detuvo la caída que venía ocurriendo desde 2013. Como sabemos, no se publican cifras oficiales al respecto. Después de siete años consecutivos de contracción, habríamos tocado, entonces, fondo --muy profundo, por cierto, ya que el PIB de 2021 fue menos de la cuarta parte del de 2013. Correspondería, ahora, la recuperación. En una sociedad acostumbrada en el pasado a que contingencias externas --la subida de los precios internacionales del crudo—la rescatasen de sus penurias, la ilusión de un esperado rebote no debe sorprender. ¿Pero, de qué “recuperación” se trata? Examinemos los motores de crecimiento de nuestra economía en el pasado para ver.

Los años de fuerte crecimiento en la segunda mitad del siglo XX se asocian a altas tasas de inversión, sostenidas por la captación de ahorro externo en la forma de rentas petroleras. Cifras del Banco Central muestran que, entre 1950 y 1978, la formación bruta de capital fijo promedió un 27% del PIB (precios corrientes), superando, en algunos años, el 30%. Son tasas comparables a las de los llamados “tigres asiáticos” en sus buenos años. La eficiencia o calidad de esa inversión puede discutirse, pero se registra un incremento sostenido y robusto de la productividad laboral durante el período. Distintos gobiernos invirtieron en infraestructura física, la provisión de servicios de cobertura nacional, la educación y la salud, que, junto a un mercado doméstico protegido e incentivos fiscales y financieros, estimularon la inversión productiva. Dependía, sin embargo, de la ampliación sostenida del mercado local, proveniente de un ingreso petrolero en alza. Invertir para exportar estaba vedado por la sobrevaloración del bolívar, salvo en pocos rubros con fuertes ventajas comparativas. Cuando los proventos del crudo llegaron a su nivel máximo, no pudieron ser absorbidos productivamente por la limitación del mercado interno --como señaló Asdrúbal Baptista--, disuadiendo nuevas inversiones. El motor del crecimiento (la inversión) se apagó. Las actividades económicas se estancaron y se fue abatiendo la productividad. Al caer los precios del crudo, el pesado fardo de la deuda externa sumergió al país en la llamada “década perdida”. Se había agotado el modelo de desarrollo hacia adentro, tan dependiente de la renta petrolera.

Cuando el siguiente gobierno (el segundo de Carlos Andrés Pérez, 1989-93) quiso revertir esta situación, buscó, de nuevo, activar la inversión productiva, pero ahora bajo condiciones que estimularan su competitividad. Significaba “destetar” al aparato productivo interno de los incentivos que habían ayudado su crecimiento en el pasado, financiados por una renta petrolera en aumento. El imperativo de un programa de estabilización que estimulase el emprendimiento, la innovación y la transformación competitiva de la economía implicaba eliminar las transferencias de renta que ya el Estado no podía sostener. Chocó con los intereses de aquellos que se habían beneficiado, de distintas formas, del anterior rentismo. Resultó en un cambio de cultura política y económica muy difícil de digerir. Lo combatieron frontalmente, logrando la defenestración de Pérez. El segundo gobierno de Rafael Caldera, su sucesor, a pesar de su intención inicial de volver al pasado, terminó aplicando la estrategia de aquél (con ligeras modificaciones, como el anclaje del tipo de cambio) para evitar el colapso. En vísperas del nuevo milenio, parecía estar claro que el país no tenía alternativa para resolver sus necesidades.

Lamentablemente, las ansias de controlar todo de Hugo Chávez, reforzadas posteriormente por sus ínfulas de instrumentar un “socialismo del siglo XXI”, destruyeron las instituciones que amparaban la iniciativa privada, provocando una situación de creciente incertidumbre y de acoso o expropiación de actividades productivas. La vulneración creciente de derechos humanos y la polarización deliberada de la contienda política por parte del caudillo, sumó a ello un clima de conflictividad política que sirvió de excusa para un mayor intervencionismo estatal en la economía. Le sacó las patas del barro a Chávez la segunda gran bonanza petrolera de nuestra historia –la primera fue durante el gobierno de CAP, 1974-78—que posibilitó programas extensivos de reparto, bajo su égida personal. Los precios del crudo frisaron los 100 dólares o más entre 2008 y 2014, salvo en 2009. El motor de la expansión económica (¿crecimiento?) pasó a depender de la ampliación de la demanda que deparó tan significativa renta, no de la inversión. Si bien ésta promedió 20% del PIB durante los años de gobierno de Chávez, su calidad fue más que dudosa. Fue notorio la cantidad de proyectos públicos no culminados –tren centro occidental, el de Guarenas, autopista a Cumaná, segundo puente para Maracaibo—, los sobreprecios y otras corruptelas (Odebrecht), cuyos montos fueron registrados como tal. Aun así, el socialismo petrolero de Chávez logró aumentar el consumo privado por habitante un 37% entre 2005 y 2014, gracias a los altísimos precios del crudo y la cuadruplicación de la deuda pública externa. Sin embargo, la productividad laboral apenas se movió durante estos diez años y los salarios reales cayeron.

Maduro, sin entendederas en materia económica, se refugió en las políticas de su mentor. Pero no puede prosperar el rentismo si cae la renta. El desplome de los precios del crudo en 2015 descubrió una economía arruinada por las políticas de reparto, pero sobre todo por la esquilmación de los dineros públicos y por las extorsiones y confiscaciones al sector privado, impulsadas bajo el intervencionismo “socialista”. Amplió la entrega de empresas, recursos minerales y demás oportunidades de lucro a los militares más corruptos, como a cómplices, de adentro y de afuera, en busca de apoyo, mientras reprimía ferozmente a la población. Al destruir sus bases de tributación, internas y externas (la industria petrolera), puso el pie en el acelerador de la emisión monetaria para financiar sus gastos, provocando una de las hiperinflaciones más severas y duraderas de la historia. El crédito internacional le estaba cerrado por el default que, de hecho, manifestó la república y PdVSA a partir de 2017, logró, así, el milagro de convertir una de las economías más prósperas de América Latina en la más pobre, en escasos años.

Al desaparecer las oportunidades de expoliar al país, más todavía con las sanciones impuestas contra su régimen, hizo saltar el socialismo del siglo XXI del “eterno”. Eliminó controles, permitió la dolarización de las transacciones y empezó a liquidar activos públicos a la sombra de una “Ley Antibloqueo”. Aplicó el peor ajuste posible para reducir la hiperinflación, reduciendo fuertemente el gasto público y achicando aún más la actividad financiera con encajes del 85%. Condenó, así, a los empleados públicos a sueldos de hambre, a la población entera al deterioro aún mayor de los servicios públicos y a las empresas a autofinanciarse. Mientras, invitó al ELN y otras bandas criminales, en complicidad con militares corruptos y Estados cómplices, a saquear las riquezas minerales de Guayana: oro, diamantes, coltan.

Maduro no ha instrumentado reformas para atraer la inversión y fomentar el empleo productivo. Si bien algunas empresas sobrevivientes han aprovechado la liberalización de la economía para importar insumos y otros incursionan tímidamente en la exportación –la mano de obra nacional es la más barata de la región--, lo que los optimistas ven como “recuperación” son los negocios montados para vender productos importados –bodegones—que deben pagarse en dólares. ¿De dónde vienen? Del saqueo de Guayana, de las remesas enviadas por los millones de exiliados a sus familiares, y por una subida coyuntural en los precios del crudo que pudo haber generado, en 2021, unos 10 millardos de dólares en ingresos por exportación. Son los estertores del rentismo: seguir consumiendo sin producir.

¿Y para aquellos –muchísimos—que rara vez ven un dólar? ¿Cuál es la recuperación?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

ElNacional.com

Chávez entendía muy poco de economía. Al comienzo, lo acompañaron algunos que sí dominaban la disciplina, pero, o bien no supieron convencer al caudillo de sus implicaciones o, aprovechándose de la disolución de normas que aquél fue imponiendo, optaron por llenarse los bolsillos. Quizás la única decisión certera del iluminado fue conservar a Maritza Izaguirre al frente del ministerio de Hacienda durante su primer año y medio de gestión. Pero sus ansias desbocadas de poder –procuraba controlarlo todo—pronto anularon cualquier intento de conducir con sensatez los asuntos económicos.

Sin embargo, a la vuelta de pocos años, los dioses de la fortuna lo compensaron con creces. Los precios del crudo en los mercados internacionales subieron a niveles estratosféricos, liberándolo de tener que prestar atención a distracciones tan mundanas como velar por la eficiencia en el uso de los recursos: interferían su tarea trascendental de redimir al “Pueblo”. Bajo la consigna, “Ahora PdVSA es nuestro”, procedió a repartir las enormes rentas captadas en los mercados internacionales, inventando diversas misiones. Entre 2003 y 2012, dispuso de rentas petroleras que superaron los USD 400 millardos, más de cuatro veces la cantidad de que disfrutaron conjuntamente los gobiernos de CAP y LHC. Ojo, no me refiero al total de los ingresos por exportación, sino a las ganancias extraordinarias obtenidas, una vez deducidos los costos de producción del crudo, incluyendo una ganancia normal, es decir, a la renta propiamente dicha. El consumo privado por habitante aumentó en más de un 50% durante estos diez años de reparto chavista. El sello socialista lo completaron los controles de precio, de tipo de cambio, las regulaciones diversas y confiscaciones al sector privado.

Como resultado, fueron acentuándose, progresivamente, distorsiones a nivel microeconómico: las empresas difícilmente podían competir con los controles de precio, una moneda sobrevaluada y un cúmulo de regulaciones que cercenaban sus iniciativas, amén de las extorsiones de “revolucionarios” que vigilaban por su “buen comportamiento”. Surgieron desabastecimientos cada vez mayores y presiones al alza de los precios. Pero mientras Chávez destruía internamente a las fuerzas productivas, los dioses le seguían sonriendo. En 2012, la bonanza petrolera le permitió importar unos USD 88 millardos en bienes y servicios para suplir las insuficiencias domésticas. Y, como era año electoral, había que botar la casa por la ventana para asegurar la victoria, como reconocería luego su sempiterno ministro de Cordiplan, Jorge Giordani. El déficit público llegaría a frisar el 18% del PIB ese año.

Bajo su sucesor, los desequilibrios macroeconómicos se hicieron cada vez más patentes. Déficits públicos sostenidos, por encima del 10% del PIB, se asociaron a un fuerte déficit externo, una vez que se revirtiera, abruptamente, la tendencia al alza de los precios del petróleo. Maduro, quizás aun más ignorante que su mentor en materia económica, intentó continuar con el libreto del socialismo de reparto. Pero esto implicaba atender, cada vez más, los apetitos de las mafias, militares y civiles, que se habían enseñoreado de los engranajes del Estado en la medida en que se desmantelaban las instituciones y se obstruía el accionar de las fuerzas del mercado. Habían descubierto oro en el caldo de cultivo de corruptelas provocado por las regulaciones excesivas, los controles de precio, el racionamiento de divisas “baratas”, la ausencia de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública, las operaciones dolosas con entes del Estado y el tráfico de estupefacientes. En particular, continuó la depredación del flujo de caja de PdVSA, como si continuaran los años de bonanza, provocando, sobre todo bajo gestión militar, graves deterioros en los niveles de producción y de refinación petrolera.

En 2013 la economía entró en caída libre. Ocho años después, aun no se ha revertido. Estimaciones serias –el BCV no publica cifras sobre el desempeño de la economía real y la balanza de pagos desde 2018—sitúan el valor del PIB al cierre de 2021 en apenas la quinta parte del de 2013. Los niveles de pobreza asociados convirtieron a Venezuela en el país más pobre de América Latina, junto a Haití.

El ajuste de Maduro ante los desequilibrios generados (de la gestión pública y del sector externo) fue, inicialmente, reducir drásticamente el monto de las importaciones para generar los excedentes con los cuales cancelar las abultadas cuotas de deuda que vencían --por encima de los ocho millardos de dólares a partir de 2017-- con la ilusión de mantener el crédito externo, y, por otro lado, financiar el déficit público con emisión monetaria del BCV, dada la destrucción de las bases de la tributación doméstica y petrolera. Con depresión tan drástica del consumo (importaciones reducidas e hiperinflación provocada) descargó íntegramente el costo del ajuste sobre los hombros de los venezolanos no enchufados.

No es menester insistir en los indicadores de miseria generados para comprender la magnitud de la tragedia resultante. Todos estamos conscientes de ella, incluidos los chavomaduristas. Como ya no sirven las monsergas “revolucionarias” para salirse del paso, se han visto obligados a liberar el tipo de cambio y los controles de precio, permitir la dolarización de las transacciones domésticas, desprenderse de activos públicos con su “Ley Antibloqueo" y ofrecer algunos incentivos. Pero esta pretendida “normalización” en el fondo de un foso tan profundo, no descansa en la restitución plena de las garantías económicas --¡mucho menos, de las civiles y políticas!, ni en la transparencia de la gestión pública.

Los ajustes monetaristas clásicos para abatir la inflación y los déficits externos suelen afincarse en la reducción de la oferta de medios de pago, en vez de la demanda por dinero. Ha llegado a representar una especie de Santo Grial para ciertos proponentes neoliberales. Sucede que tal “remedio” puede ameritarse cuando las economías funcionan a pleno empleo y tiene sentido “enfriar” la dinámica que ha provocado los desbordamientos monetarios. Venezuela se encuentra, actualmente, en el polo opuesto de esta situación. Requiere, por el contrario, dinamizar su economía, profundizando sus transacciones –inversiones, contrataciones, empleo, financiamiento—, de manera de aumentar la demanda por dinero, “re-monetizándola”, para absorber los medios de pago que actualmente se fugan hacia la compra de divisas y/o presionan al alza de precios de una oferta sumamente disminuida de bienes y servicios.

Pero dinamizar la economía venezolana requiere restaurar el ordenamiento constitucional, con sus garantías civiles, políticas y económicas, negociar un fuerte financiamiento internacional asociado a un programa consistente de estabilización macroeconómica, incluyendo la reestructuración de la deuda, y restituir la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública, en el marco de profundas reformas que rescaten la capacidad de producir los bienes públicos que tanto hacen falta.

Lo anterior, empero, significa acabar con el barullo que ha servido de caldo de cultivo para las fortunas mal habidas de las mafias atrincheradas en el poder. Las alianzas entre éstas dan sustento al régimen fascista. Maduro, por tanto, ha preferido el ajuste neoliberal: reducir al máximo el gasto público real y, con ello, la necesidad de financiamiento monetario de los déficits, y ahogar la demanda de divisas con encajes prohibitivos a la banca nacional. Implica deprimir aún más las remuneraciones reales a los empleados del Estado, menos recursos para mantener los servicios públicos y reducir el financiamiento bancario hasta hacerlo prácticamente desaparecer. Y, efectivamente, se está “domando”, muy dolorosamente, la hiperinflación. Lo demás es dar rienda suelta al capitalismo salvaje que ha permitido arrasar Guayana con la minería de oro, diamantes, coltán y otros, aupar traficantes al estilo de Alex Saab y acabar con los resguardos que podían constreñir la dedicación de las divisas generadas en montar “bodegones”.

La débil reanimación ocurrida de algunas exportaciones e industrias en este contexto no es lo que define la supuesta “normalización” de Maduro. No nos confundamos. Sus prioridades son otras.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

¿Cuántas veces apelará uno a la fábula del alacrán y la rana para explicar el sinsentido (aparente) del comportamiento fascista? Consciente de que su labor destructiva nacional se pasó de maracas y que su violación extendida de los derechos humanos transgrede normas básicas de convivencia internacional, Maduro pareció entender la necesidad de crear condiciones propicias para adquirir un mínimo de legitimidad ante el mundo. De otra forma, será poco probable que le alivien algunas de las sanciones que pesan sobre él y sus secuaces, una restricción significativa al margen de maniobra para sus diversos “negocios”. Corre el peligro de que, sin recursos, el tejido de alianzas cómplices sobre las que se mantiene su tiranía se deshilache y, “amor con hambre no dura”.

Confiado en que el desgaste del liderazgo opositor y sus pugnas internas le facilitarían la victoria, decidió que las elecciones regionales y locales del 21-N de este año contasen con condiciones que pudiesen obtener el visto bueno de las naciones democráticas de mayor relieve. Aceptó, por tanto, incluir dos reputados demócratas como rectores del CNE (conservando su mayoría de tres), indultó a importantes dirigentes políticos perseguidos por su condición opositora e invitó a una misión de observadores electorales (MOE) de la Unión Europea para que le dieran su sello de aprobación. Nada de las marramucias con las que se hizo reelegir en 2018. El propio demócrata, pues. Pero, como se reveló luego, su puesta en escena resultó muy distinta a la Disneylandia electoral con la que pensaba redimirse.

La MOE constató que el proceso comicial ocurrió en presencia de numerosas irregularidades: ausencia de un poder judicial independiente, fuerte ventajismo oficial, políticos inhabilitados, acceso desigual a los medios de comunicación y tarjetas y símbolos de partidos opositores confiscados. Y, encima, ¡Freddy Superlano ganó las elecciones para gobernador de Barinas, patria chica del Eterno! Como eso desafiaba las leyes de la Historia (con mayúscula), siempre a favor de la “revolución”, había que “corregir” los hechos. Y –bajo las propias narices de la MOE a la que se trataba de enamorar-- salió el esperpento del tsj (minúsculas bien ganadas, con el perdón de las minúsculas) invalidando ese triunfo. Sucede que, secretamente, Freddy Superlano seguía “inhabilitado”. Como si eso no fuera suficiente, el ejército de ocupación en que ha devenido el chavo-madurismo quiso vaciar el significativo triunfo de Manuel Rosales en el Zulia, despojándolo del manejo de aeropuertos, peajes y del puente sobre el Lago. Y, para culminar, se canceló de una vez la permanencia de la MOE en Venezuela. ¡Fuera esa caterva de espías!

Es bueno detenernos un instante en el vergonzoso fraude perpetrado en Barinas, pues arroja luz sobre la naturaleza del régimen. En primer lugar, la inhabilitación política de cualquier venezolano sólo es posible por decisión judicial motivada. Un órgano de la administración pública como la Contraloría General de la República no puede inhabilitar políticamente a Freddy Superlano o a otros. Segundo, el indulto de un presidente –y el chavismo reconoce a Maduro como tal—de todas maneras anularía esa “inhabilitación” amañada. Tercero, la máxima autoridad electoral, el CNE, en razón de este indulto, había autorizado la candidatura de Superlano (como de otros indultados). Cuarto, el alegato del tsj de que inhabilitó de nuevo a Superlano (¡!) nunca fue comunicado al CNE. Nadie lo conocía. Quinto, no le toca a ese tsj intervenir las competencias de la autoridad electoral, el CNE, para imponerle que suspenda el conteo de votos y convoque a nuevas elecciones en ese Estado. Sexto, si la supuesta “inhabilitación” de Superlano era razón para ello, ¿por qué no suspender, también, las elecciones en otros estados en los que habían concurrido candidatos “inhabilitados”? En fin, una ristra de disparates y atropellos pseudo-legales –seguramente se me escapan otros—que magnifican, a los ojos de cualquier observador, la ausencia absoluta de garantías para que se respetara la voluntad popular. Y uno de pregunta, ¿a qué se debió, entonces, el esfuerzo por simular unas elecciones confiables?

Si se esperaba que Maduro y sus cómplices actuasen en términos políticamente racionales, la torpeza cometida con las elecciones de Barinas, la conculcación de atribuciones a la gobernación del Zulia y la salida de la MOE no tienen sentido. Los sacrificios incurridos en abrirles espacios a la oposición, reducir su arsenal de trampas electorales, permitir el triunfo de la oposición en numerosas alcaldías y algunos estados, ¿no era para conquistar legitimidad internacional? ¿Por qué echar todo por la borda?

Algunos atribuyen tal desatino a las contradicciones internas del chavo-madurismo, en particular, a las maniobras de Cabello por sabotear la iniciativa de Maduro. Desde luego, entre trúhanes no pueden esperarse conductas de “gentlemen” ingleses, del “fair play”. Pero la razón es otra.

Para el fascismo, la política es una guerra. Los adversarios no son tales; son enemigos. A la hora de las chiquitas, no se respeta norma alguna si ello hace peligrar el triunfo de esa guerra. Y un aspecto central a todo triunfo, sobre todo en la confrontación política, reside en lo simbólico. ¿Cómo admitir que fue derrotado Chávez, el hermano, en la tierra en la que nació y creció el venerado héroe de Sabaneta? El mito requiere preservar inmarcesibles los elementos y signos que le dan vida y suscitan apego. Es consustancial al encantamiento que alimenta la fe de secta. ¡La tierra santa debe defenderse como sea! En un plano más terrenal, el manejo non-sancto de la familia Chávez al frente del estado no debe mancillar ese imaginario. Sus haciendas y otros negociados irregulares no pueden salir a la luz pública. Ya se procedió con la derrota de Francisco Rangel Gómez ante Andrés Velásquez en las elecciones para gobernador de Bolívar en 2017. Para tapar los robos asociados a su gestión al frente del estado Bolívar, había que “cortar por lo sano” (¡!) y robarse, también, las elecciones. Y, así como la naturaleza del alacrán lo llevó a aguijonear a la rana y ahogarse, donde quiera que peligre directa o indirectamente (por el colapso de la simbología “revolucionaria”) el régimen de expoliación chavo-madurista, se echará por la borda cualquier compromiso democrático. Es un asunto de economía política de mafias.

Ahora bien, quienes no deben dejarse llevar por simbolismos y pasiones sectarias, son las fuerzas democráticas. Las cifras del 21-N revelan que, de haberse producido candidaturas unificadas, habrían triunfado en unos 14 estados, aun con la altísima abstención que hubo. Además, se mostró que, en el bastión chavista de Barinas, la voluntad popular se inclina por rescatar la democracia. De manera que no hay excusa para aunar esfuerzos para propinarle a los fascistas una derrota aun mayor en Barinas en enero próximo. Aparentemente, ya se han celebrado acuerdos auspiciosos al respecto. Pero lo ocurrido obliga a anticipar nuevas trampas por su parte y tomar las previsiones en materia organizativa, de equipos de mesa y de denuncia a los medios, ante lo que puedan tramar.

Finalmente, lo sucedido es una alerta más a la estrategia trazada de conquistar condiciones favorables a la realización de elecciones presidenciales y legislativas confiables por medios pacíficos, como se ha tratado de adelantar a través del proceso de negociación interrumpido en México. Sólo ante una correlación de fuerzas que perciba como abiertamente contraria, el chavo-madurismo verá la necesidad de ceder. Ello implica capitalizar el triunfo esperado en Barinas e insuflarle a los venezolanos confianza en el voto como poderosa arma para el cambio. La firmeza de nuestros aliados internacionales en torno a las condiciones que justificarían el levantamiento de las sanciones cierra el cuadro.

Maduro y sus cómplices salieron bastante más golpeados, políticamente hablando, que la oposición de la contienda de 21-N. Aprovechemos al máximo la oportunidad que ello representa para avanzar.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com