La brutal invasión de Putin a Ucrania ha alterado drásticamente el orden geopolítico internacional. Paradójicamente, cohesionó fuertemente a la Unión Europea en su contra –anticipaba que su respuesta fuera palabrera, poco contundente--, con sanciones drásticas y suministros de equipos a Ucrania; activó el firme compromiso estadounidense con la defensa de las libertades del mundo occidental, contribuyendo a hacer de la OTAN una amenaza aún más poderosa a sus pretensiones; y, sobre todo, desató una feroz resistencia del pueblo y de las fuerzas militares ucranianas, que le han infligido un costo muy elevado a su aventura.
Independientemente de cómo termine esta horrible tragedia, empieza a hacerse cada vez más evidente que Putin saldrá muy golpeado. Incluso imponiéndose militarmente, dada la enorme superioridad numérica de sus fuerzas, lo hará a un terrible costo en destrucción de equipos y bajas rusas, amén de un resultado político devastador en lo personal. Las sanciones impuestas por la UE y EE.UU. a Rusia hacen prever, asimismo, que su economía saldrá sumamente debilitada de esta aventura imperial. Su abrumadora condena en la Asamblea Plenaria de las Naciones, con más de 140 votos a favor y sólo cinco en contra, muestra el grado de aislamiento en que se encuentra. Incluso regímenes autocráticos identificados con sus métodos despóticos le han dado la espalda. Y todo hace pensar que, mientras más dure el conflicto, mayor pesarán estas pérdidas a Putin.
Por supuesto que del lado ucraniano las pérdidas han sido terribles, más aún con la criminal decisión del comando ruso de bombardear a mansalva objetivos civiles: residencias, hospitales, escuelas e infraestructura de servicios. Pero los ucranianos están luchando por su país, por su libertad, lo que explica su resistencia heroica, suscitando amplio apoyo europeo y estadounidense. Aun logrando Putin tomar a Kyiv y parapetear ahí un gobierno títere, no podrá doblegar este espíritu de lucha. Los valores liberales que arruinan su obsesión de prevalecer por imposición dictatorial se han fortalecido.
Mala hora, entonces, para quienes accedieron a convertirse, irresponsablemente, en peones del imperialismo ruso para salvaguardar sus tropelías. Maduro y los suyos se encuentran perjudicados, además, por la sanción a bancos rusos, que le han bloqueado el acceso a sus reales, y por la decisión de trasladar de Lisboa a Moscú la oficina internacional de PdVSA, ahora inhabilitada de ejercer sus operaciones. Y, luego de aumentar al máximo la dependencia de armas y equipos militares rusos, se ve sin el respaldo en las asesorías y los servicios de adiestramiento y apoyo correspondientes, por estar comprometidos con la agresión bélica contra Ucrania. Esta súbita vulnerabilidad del régimen de Maduro, ahora desprovisto de la red de seguridad que –pensaba—le ofrecía su alineación con Putin, le plantea serios desafíos. En este contexto es que debe examinarse la reciente visita a Venezuela de altos funcionarios del gobierno estadounidense con responsabilidad sobre América Latina.
Se ha especulado mucho sobre los propósitos de esta visita, lamentándose algunos de que EE.UU. parecía estar dispuesto a canjear el levantamiento de las sanciones al régimen de Maduro, a cambio de una mayor exportación de petróleo venezolano para atemperar, así, el alza de precios del crudo en los mercados internacionales que resultaría de la reducción en el consumo de petróleo y gas rusos. Prefiero pensar que, en las actuales circunstancias de enfrentamiento global a una autocracia tan peligrosa como la de Putin, la primera potencia mundial estaría interesada, más bien, en examinar y sopesar todas las opciones a su alcance. En lo que respecta a Venezuela, a pesar de los alardes de que el país posee las mayores reservas petroleras del mundo, la destrucción de la industria –en enero produjo, según cifras oficiales, unos 750 mil barriles diarios, la cuarta parte de lo que producía el país en 2012-- hace difícil prever que pueda aumentar su oferta en más de 200.000 barriles diarios en un corto plazo --en el mejor de los casos--, aun levantándose las sanciones sobre el petróleo venezolano y restableciéndose garantías plenas sobre las inversiones requeridas para este incremento. La producción rusa que se quiere restringir está en el orden de los 11 millones de barriles diarios, de los cuales exporta 7 millones. De manera que una supuesta liberación de las exportaciones petroleras venezolanas aportaría muy poco a este faltante, aunque ayudaría a la empresa estadounidense Chevron, con la cual el régimen arrastra deudas. Por supuesto, junto a una mayor producción de México, Colombia, Brasil, Canadá y del propio EE.UU., sin mencionar que este país llegue a un acuerdo también con Irán, siempre suma.
En tales circunstancias, parecería más sensato pensar que, desde el punto de vista geoestratégico del gobierno de EE.UU., su relación con Venezuela podría buscar “matar varios pájaros de un solo tiro”. En primer lugar, apalancarse en las dificultades rusas para apartar definitivamente a Venezuela de su campo de influencia; segundo, destrancar su postura política respecto a Venezuela, propiciando el restablecimiento de un diálogo productivo entre el régimen de Maduro y la oposición; y tercero, poder aprovechar, en el tiempo, el potencial de producción del petróleo venezolano como suplidor confiable, lo cual supondría su consistencia con los otros dos objetivos. Esto último implicaría explorar formas de levantar las sanciones contra PdVSA, sujeto a compromisos del régimen, verificables, de liberar los presos políticos, frenar la represión y la tortura, y crear condiciones para unas elecciones confiables y creíbles en 2024. La posibilidad de que esto pueda lograrse depende, en gran medida, de la oposición.
La brutal agresión de Putin a Ucrania nos ha movido el tablero. Las prioridades y circunstancias actuales se han reacomodado sustancialmente y la lucha por la democracia en Venezuela tiene que adaptarse a ello. Mantener las posturas de antes no sirve. EE.UU. busca asumir una estrategia geopolítica y económica para contener a Putin, en la cual nuestras prioridades pasan, lógicamente, a un segundo plano. Compatibilizar nuestra lucha por la libertad con esa estrategia global conlleva, por tanto, que la oposición logre consensuar una estrategia propia que sirva de asidero para que EE.UU. pudiese incluir, como parte de aquella, la contribución con estos fines. El hecho de compartir valores propios de la democracia liberal, consustanciados en torno a la defensa de los derechos humanos, hace factible lograr esa compatibilización entre ambas estrategias.
Elementos de una estrategia que unificarían a las fuerzas democráticas en Venezuela incluirían:
1) La superación de los desentendimientos e intereses secundarios entre las fuerzas opuestas a Maduro, en aras de asumir, unidos, los desafíos de lograr las mejores condiciones para aprovechar las elecciones pautadas para 2024;
2) Insistir en la reanudación de las conversaciones en México, refrescando la representación democrática para tomar en cuenta los resultados de las elecciones regionales;
3) Proyectar, de la manera más clara y efectiva posible, las bondades de una estrategia de reactivación económica sustentada en la restitución de las garantías, la observación del Estado de Derecho y el acceso a un generoso financiamiento multilateral, muy superior a Ia débil palpitación de la que alarde el oficialismo;
4) Identificar y aprovechar los reacomodos que deben producirse a lo interno del chavomadurismo que resulten de la debacle rusa, así como del conflicto entre algunas mafias buscando lavar sus fortunas en negocios legítimos y quienes persisten en prácticas depredadoras, para introducir una cuña entre ellas para abrir posibilidades de un regreso progresivo al ordenamiento constitucional;
5) Aprovechar la vulnerabilidad resultante de la probable interrupción en la provisión de equipos militares y servicios rusos para insistir, en la consideración de los militares, posturas menos entreguistas, más alineadas con el bienestar de los venezolanos, conforme al artículo 328 de la constitución;
6) Finalmente, deben empezar a introducirse la discusión de criterios de justicia transicional a considerar que ayuden a facilitar el desalojo de quienes tanto daño le han hecho a los venezolanos.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.