La conclusión de Lord Acton, recogida arriba, es axiomática: en ausencia de contrapesos, quien ostenta el poder puede hacer lo que le da la gana. Y el poder absoluto se define, precisamente, por eso, por la ausencia de contrapoderes que lo limiten. La famosa máxima del historiador y político inglés partía de señalar, como se sabe, que el poder en sí tiende a corromper.

De ahí la importancia decisiva de erigir instituciones que lo acoten, hagan inviolables los derechos ciudadanos, y obliguen a la rendición de cuentas y a la transparencia de la gestión de los poderes públicos. En una democracia auténtica, en la que reina el equilibrio de poderes independientes, conforme a la fórmula de Montesquieu, y existen medios de comunicación libres y una ciudadanía protagónica, tiende a reducirse al mínimo las posibilidades de cometer atropellos, y a expandirse al máximo las garantías y libertades individuales.

Y es aquí donde se desnuda el régimen de Maduro. En apenas una semana ha condenado a ocho años de prisión a Juan Requesens, acusándolo –sin prueba alguna—de tener participación en el supuesto atentado del dron, ese que puso a correr a sus chafarotes; ha anulado, de un solo plumazo, conquistas laborales fundamentales, cercenando el pago de vacaciones y bonos a los empleados públicos, incluidos los profesores universitarios, a pesar de contemplarse en los respectivos contratos colectivos; y, para mayor ridiculez, el fiscal en funciones, Tarek William Saab, emite una orden de captura a la periodista Carla Angola por una opinión emitida en una entrevista en EE.UU. Si a eso se le añade la prisión sin juicio de Roland Carreño y de Javier Tarazona, como de centenares de presos políticos por el hecho de ser críticos del régimen; el bloqueo de fuentes independientes de información en la red; y el atropello de los cuerpos represivos del Estado en barrios populares o en zonas fronterizas --entre otros desmanes--, tendremos una aproximación a los horrores asociados al ejercicio, sin freno, del poder.

Porque la corrupción a la que se refería el barón inglés no se restringe a las marramuncias que pueden cometerse con los dineros públicos. Ataña directamente a la condición humana. Es la degradación del espíritu de aquellos que, por creer que disfrutan de un poder ilimitado, desprecian a quienes no son sus acólitos para maltratarlos cruelmente. Desaparece toda referencia moral y ética como criterio de convivencia civilizada entre quienes divergen en sus gustos, preferencias y opiniones, para dar paso al ejercicio desnudo de la fuerza contra quienes, al haberse destruido el Estado de Derecho, se encuentran desamparados ante las arbitrariedades de los poderosos. Y esta crueldad se exacerba si quienes la ejecutan se sienten inspirados por una misión trascendental que los sitúa por encima del bien y el mal.

Ese fue, quizás, el mayor crimen que pudo haber cometido Hugo Chávez. Con su lenguaje de odio y descalificación, convenció a sus huestes de que quienes discrepaban no tenían derecho a ser tratados como iguales. Hizo del adversario político legítimo, un enemigo irreconciliable. Su pecado, no haber sucumbido a las soflamas patrioteras de quien se proyectaba como heredero del Libertador y someterse, sin chistar, a su liderazgo. La demolición de las instituciones democráticas y el uso “persuasivo” de la violencia por parte de sus camisas rojas, en un contexto de militarización creciente del quehacer político, desembocó en un régimen neofascista, animado por la consigna “patria, socialismo o muerte”.

La prédica militarista-patriotera, reforzada luego con la asimilación de algunos mitos del comunismo castrista, forjó el apego de sus partidarios a un pensamiento único, cuidadosamente cultivado por Chávez. El culto a su persona y la erección clara de un enemigo “mortal” –el imperio estadounidense—le pasó la aplanadora toda idea independiente al interior de sus filas. Con formulaciones maniqueas simplistas, amalgamó a sus fieles tras de sí, eliminando todo posible contrapeso. El poder creciente de Chávez tuvo como único freno su propia percepción de la conveniencia política de emprender algunas acciones; hasta dónde tenía sentido llegar en su proceso de desmantelamiento institucional.

Maduro, sin la ascendencia de su mentor, se aferró a su legado para permanecer en el poder. Acentuó la corrupción de contingentes del alto mando militar ofreciéndoles oportunidades de lucro de todo tipo para amarrarlos, como cómplices en el despojo de la nación, a su gobierno. El constructo ideológico con que se quiso “legitimar” este despojo --que es en lo que se convirtió la llamada “revolución” bolivariana—hizo que algunos de militares se creyesen el cuento de ser herederos del ejército libertador y, por tanto, propietarios exclusivos de Venezuela. Se forjó un Estado patrimonial, amparado en un poder judicial obsecuente y también cómplice. Al desatar una mayor represión y extender las prácticas de terrorismo de Estado, se ha afianzado en sectores del chavo-madurismo la percepción de que su poder carece de contrapesos. A ello han ayudado los errores que impidieron a las fuerzas opositoras mantenerse como opción clara de poder. Internacionalmente apuestan a Putin, con la esperanza de que, con su apoyo, los desembarace de las reglas de juego que castigan a sus prácticas gansteriles. Y, con la toma de posesión de Petro en Colombia, se ilusionan de contar también con su anuencia ante los desmanes cometidos.

El patrimonialismo instaurado lleva a un personaje tan emblemático como Diosdado Cabello a alertar a Repsol y a ENI que, si bien ahora tienen licencia para exportar crudo venezolano a Europa y cobrarse sus acreencias con PdVSA, tienen que “dejarles alguito para el café”. Maduro, les entrega 10.000 km cuadrados (un millón de hectáreas) a sus “panas” iraníes para cultivo, amén de condonarle la deuda a países del Caribe que compran petróleo venezolano.

Adicionalmente, la asamblea oficialista aprueba una ley de Zonas Económicas Especiales que le confiere la discreción al presidente y a otros jerarcas de decidir quién (o quiénes) pueden beneficiarse de los incentivos provistos. Y los ejemplos siguen. Es en esta veta que las ministras de Educación y de Educación Superior le pasan por encima a los contratos colectivos de profesores y empleados, como al principio de progresividad del derecho, para rebajarles sus remuneraciones. Y los hermanos Rodríguez, violando descaradamente la autonomía universitaria, hacen levantar un monolito a la memoria de su padre en terrenos de la UCV (“Tierra de Nadie”) como si fueran de ellos, sin pedir permiso a las autoridades correspondientes.

Y todo ello ocurre cuando, aparentemente, se adelantan medidas orientadas a una mayor liberación de las fuerzas de mercado: la “normalización” de la que quiere beneficiarse Maduro. Pero todo paso en esa dirección implica ofrecer alguna garantía a los agentes económicos, si se quiere que funcione. La manifiesta incongruencia con el ejercicio de poder sin restricciones comentado arriba, lleva a pensar que hay confusión e intereses contrapuestos en juego en el seno del chavo-madurismo.

La ausencia de contrapoderes institucionalizados obliga a las fuerzas democráticas a ejercerlos por la vía de hecho. Es la verdad de Perogrullo que tanto atormenta a la oposición: el deber de constituirse en fuerza, en un poder efectivo, con capacidad de arrebatarle al oficialismo las garantías que permitan afianzar posibilidades para la apertura democrática y para proveer oportunidades de sustento digno a los venezolanos. No hay otro camino que acompañar a los distintos sectores en sus luchas, procurando que sus objetivos particulares se concatenen en una plataforma política que apunte a la restitución de los derechos fundamentales de los venezolanos, tanto en el plano político como en el económico y el cultural. Sin transformarse en esa fuerza, en ese contrapoder, Maduro no accederá a realizar elecciones confiables, más cuando los EE.UU. y la UE tienen, claramente, prioridades más importantes que atender.

La escogencia de un candidato unitario a través de primarias debe convertirse en un paso decisivo en la construcción de esa fuerza. Es menester hacerlo al calor de una discusión fructífera en torno a las reivindicaciones económicas y políticas del momento, que se plasme en una narrativa que la gente haga suya y se movilicen para su concreción. Quizás sea la mejor forma de visualizar la cohabitación a que se refiere el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Aprovechar los amagos de apertura de Maduro para exigir los derechos sobre los que tendría que fundamentarse para ir ganando la confianza de la población como alternativa viable de poder, garante de que se restituyan las libertades democráticas y el Estado de Derecho. Las elecciones de 2024 y, mucho menor, el triunfo de la oposición, están dados.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La posibilidad de negociar con el chavo-madurismo bases mínimas de un acuerdo para superar la terrible tragedia que sufren los venezolanos, descansa en la suposición de que podemos entendernos y que estamos dispuestos a ello, que usamos palabras con igual significado y hacemos referencia a una misma realidad, aun discrepando en la manera como abordarla. Pero tal obviedad no está dada.

Si hay algo que caracteriza a regímenes de naturaleza fascista es su sujeción a una realidad alternativa, construida con base en símbolos que sirven para proyectar una visión maniquea, moralista, de la lucha política, según la cual los buenos (“nosotros”) enfrentan a los enemigos del pueblo –aquellos que no se pliegan a los designios de la patria declaradas por el líder-- para asegurar su necesaria derrota. De ahí la preeminencia de la jerga militar, de conspiraciones hostiles y de la búsqueda de culpables. En el caso venezolano, Chávez erigió esa falsa realidad invocando la lucha independentista, posicionándose como una especie de Bolívar redivivo y descalificando a todos que se le opusieran como “traidores”. Campañas de odio llevaron al acoso y la discriminación de estos “apátridas” y a la suspensión progresiva de sus derechos. En absoluto había interés en entenderse con estos; había que aplastarlos.

Pero esto es historia conocida. El abandono del “socialismo del siglo XXI” con el levantamiento de los controles, la dolarización de las transacciones y ciertas privatizaciones, ¿no indicaría que estamos, hoy, frente a una realidad distinta, que permite pensar que, al fin, el oficialismo empieza a entender la realidad del país? Pero ahí está Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, recogiendo la costumbre del nefasto Motta Domínguez, de acusar, ahora no a las iguanas o a un francotirador por la caída del servicio eléctrico, sino al gobierno estadounidense por la ruptura de una tubería de gas. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, se molesta por la denuncia que hace Valentina (¡valiente!) Quintero, del cobro de matraca por militares en las alcabalas, denuncia repetida innumerables veces por agricultores del Táchira, ganaderos y comerciantes en general. Declara que es irresponsable “opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”. ¿En qué país vive este señor? Con los miserables sueldos que se les paga y el patrón que exhiben sus superiores, ¿por qué no la extorsión? El expolio de oro y coltán en Guayana, la negociación de crudo, el contrabando de hierro y cabillas, el narcotráfico y mucho más, dan cuenta de esta supuesta “ética profesional”. Cuentan, además, con una impunidad cómplice al ser ensalzado como herederos del Ejército Libertador. Y se lo creen.

El problema está en que los militares traidores que sostienen a Maduro se comportan, en realidad, como un ejército de ocupación. Sus patrones, referencias y su desprecio por el mundo civil, inculcados por la retórica patriotera de Chávez, reflejan la convicción de ser dueños del país, ungidos por la Patria. Permanecen anclados en esta visión retrógrada y primitiva porque les absuelve sus atropellos. Ampara, además, sus pretensiones patrimoniales como columna vertebral de un sistema que expolia a la nación. ¿Dónde están los resguardos institucionales que limitan el abuso de quienes tienen el poder de las armas? ¿Cómo ponerles coto a sus arbitrariedades en zonas fronterizas, en Guayana? ¿Y las torturas en la DGCIM y el SEBIN? ¿Es parte de la “protección, defensa y servicio al pueblo venezolano”?

Pero, algunos aparentan no estar anclados en el pasado. El propio protegido por este gorilismo, Nicolás Maduro, anuncia medidas de apertura para atraer inversiones. Rompe con el hechizo que lo ataba al charlatán español, Serrano Mancilla –aquel que lo había convencido de que el financiamiento monetario del gasto no era inflacionario-- para suspender, primero, los controles de precio y permitir la libre circulación de la divisa. Y, para darles contenido, contrae drásticamente el gasto público, en el más rancio sentido neoliberal, y asfixia el crédito con encajes prohibitivos para contener la hiperinflación. Y combina lo anterior con la quema de escasas divisas para estabilizar el precio del dólar.

La economía privada no podía dejar de responder a este pequeño respiro. Entusiasmado, Maduro, lanza ahora un folleto anunciando las maravillas que aguardan a quien invierta en el sector de hidrocarburos. Salvando el pésimo gusto de ponerle el nombre de Hugo Chávez Frías a la Faja petrolífera del Orinoco, sorprende que proyecta la imagen de una industria integrada: yacimientos, gasoductos, mejoradores de crudo, oleoductos, refinerías y empresas petroquímicas asociadas, operando al unísono, sin problemas. Y con las mayores reservas probadas del mundo. El folleto culmina con una serie de incentivos dispersos acumulados en distintos instrumentos jurídicos aprobados por el chavismo, incluida una “Ley (in)constitucional de Inversión Extranjera Productiva” aprobada en 2017 por la infausta asamblea constituyente. Cierra con alusiones a la Ley de Zonas Económicas Especiales y una extraña referencia a la “Ley Antibloqueo” como “mecanismo de protección de los activos públicos y de los socios e inversores del país” (¡!). Todo el mundo sabe que esta ley se aprobó para evadir controles y la rendición de cuentas al privatizar, bajo el amparo de condiciones de confidencialidad otorgadas a discreción.

En fin, nos enfrentamos a una oligarquía opresiva cuyo componente militar sigue viendo a Venezuela como su coto particular de caza, mientras Maduro intenta cambiar la narrativa para atraer inversiones. ¿Rompe con el pasado? El folleto referido se delata con una foto a toda página, al comienzo, de un “comandante eterno” visionario oteando el futuro, acusa a las sanciones impuestas por los EE.UU. del deterioro de PdVSA, y repite frases emblemáticas de los planes chavistas (“Suprema Felicidad del Pueblo”). Maduro va a tener que ir más allá si quiere, de verdad, atraer inversiones. ¿O se trata sólo de un expediente temporal para solventar problemas de caja? Hechos valen más que palabras. Garantías, acuerdos bilaterales / multilaterales de inversión, financiamiento, la taquilla única ofrecida, respuesta oportuna de la Administración Pública y, por supuesto, servicios públicos –agua, luz, gas, seguridad, infraestructura vial, de puertos y aeropuertos—confiables. Incompatible con el sistema de expoliación que ha servido hasta ahora como base del apoyo prestado por militares traidores, cobijada en mitos revolucionarios. Se pone a prueba la autenticidad de la “normalización” alardeada por Maduro.

Es posible que la dinámica desatada por estas medidas de liberalización, hasta ahora incompletas e inconexas, pueda plasmarse en aspectos de una institucionalidad favorable a la iniciativa privada y ello permita aprovechar las enormes potencialidades existentes en el país para que los venezolanos vayan conquistando, para sí, medios para una vida digna. Pero los intereses atrincherados en el sistema de expoliación existente se resistirán a abandonar sus privilegios. Muchos se amparan en el imaginario construido por Chávez para desentenderse de toda presión de cambio.

Toca a las fuerzas democráticas aprovechar la promoción anunciada por el gobierno para recoger las aspiraciones de mejora de la gente y presionar por la concreción de las reformas ahí implícitas. Y ojo, de ser sincero Maduro, muy probablemente quiera ir hacia alguna modalidad del modelo chino, con control centralizado y derechos restringidos. Y lo haría lentamente, para evitar afectar intereses. No hay nada que indique, hasta ahora, que lo anunciado redunde en una ampliación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y el retorno a un eventual Estado de Derecho.

No hay sustituto de una fuerza democrática mayoritaria, consustanciada con una plataforma política unitaria de cambio, para forzar, cuanto antes, las condiciones que nos permitan salir de esta tragedia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La semana pasada Nicolás Maduro declaró que la economía venezolana había crecido dos dígitos durante el primer semestre. No precisó cifra alguna. Como se sabe, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar datos sobre la economía real desde 2019. No obstante, entes bastante más serios corroboran que, según sus propias estimaciones, hubo un crecimiento significativo el primer trimestre del año con respecto a igual período del año pasado; del 7,8% según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). ¿Qué puede decirse al respecto?

En primer lugar, es menester poner las cosas en perspectiva. Se trata de un aumento con relación a niveles de actividad económica absolutamente paupérrimos. A pesar de la inexistencia de cifras oficiales, hay coincidencia en señalar que, para el cierre del año 2020, ésta había descendido a apenas la cuarta parte de la de 2013. El ligero aumento que se presume hubo el año pasado no altera las magnitudes en referencia: una tasa de crecimiento del 7,8%, de sostenerse durante todo el año, equivaldría a apenas el dos por ciento en una economía del tamaño de la de 2013.

Otra manera de calibrar la magnitud de la devastación urdida por los «revolucionarios» sobre los medios de vida de los venezolanos es señalar que recuperarse de una caída del 75% implica que la economía aumente un 400% (¡!).

Eppur si muove. La razón fundamental es el incremento en la actividad petrolera. Cifras oficiales, reproducidas en el boletín mensual de la OPEP, señalan un aumento del 138% en la producción petrolera de Venezuela durante el primer semestre de 2022, con relación al primer semestre de 2021. Tampoco es que se está aproximando a las cifras lanzadas al garete por Maduro, que habló de 2 millones de barriles diarios (b/d) para finales de 2022 (¡!) Los datos del propio gobierno señalan una producción promedia de 745 mil b/d, mientras que, según fuentes secundarias, estaría en torno a 716 b/d. Al arribar Maduro a la presidencia, se producía, según cifras oficiales, por encima de 2,7 millones de b/d. Para cuando EE.UU. empezó a aplicar sanciones contra Pdvsa –enero de 2019–, militares y otros pícaros puestos por Maduro para dirigir (ordeñar) la empresa, habían destruido a la mitad esta producción.

Pero, además, la guerra criminal desatada por el amigo de Maduro, Putin, en contra de la población de su vecina Ucrania, ha hecho volar por los aires los precios del crudo. El marcador de la cesta de exportación de Venezuela, Merey, estaba por encima de USD 90/barril en junio. Por exportación de crudo pudo haber ingresado en la primera mitad del año más de 2,5 veces el monto que entró en 2021. Claro, el ingreso neto es bastante menor por la necesidad de importar productos refinados (incluyendo gasolina) y petróleo liviano para mezclarlo con el pesado de la Faja.

Dada la devastación de la economía doméstica, Venezuela depende hoy aún más de estos ingresos, a pesar de la destrucción de Pdvsa. La pregunta obligada es, ¿qué se está haciendo con este incremento en los proventos del petróleo? ¿Se puede confiar en que apuntalen la recuperación del país?

Conviene una breve explicación de lo que entendemos por «renta petrolera» para discernir lo que está en juego. Una renta es una ganancia extraordinaria, más allá de la que podría considerarse «normal», es decir, aquella que resultaría al fragor de la competencia de muchos en el mercado. Es atribuible a factores monopólicos en la venta del producto, en este caso, petróleo, por lo que no corresponde a la remuneración del esfuerzo productivo, propiamente dicho. Se lo embolsilla el dueño del recurso. En Venezuela, por razones históricas –equívocos que no vamos a explicar en este breve artículo–, la renta –ese ingreso no productivo—la capta el Estado.

Hacia el peor de los rentismos

La utilización de esta renta por parte de gobiernos para adelantar sus objetivos de política es la base del rentismo. La estrategia de la «siembra del petróleo» que se siguió durante buena parte del siglo pasado fue rentista. Desde que Uslar escribió el famoso editorial del diario Ahora, el petróleo se consideró un agente externo al desarrollo, reducido a proveer –a través del incremento de los impuestos– el mayor ingreso posible para los planes de gobierno.

Al comienzo se aplicó un rentismo positivo, pues se invirtieron los proventos de la venta internacional de crudo en infraestructura y servicios públicos de cobertura universal, en incentivos a la actividad productiva de otros sectores y en la mejora en las condiciones generales de vida de la población, en particular, la educación y la salud. No obstante, la competencia política entre los partidos que se alternaban en el poder los fue filtrando hacia prácticas populistas y clientelares. Se exacerbó en Venezuela la caza de rentas (rent-seeking), creándose múltiples vías para transar con quienes decidían su asignación.

Un rentismo malo se adueñó del país, vulnerable a la demagogia de salvadores de la patria. Atendiendo a estos cantos de sirena y oponiendo el intento del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez por corregir los entuertos que ayudó a sembrar en el primero, desembocamos en la tragedia chavista de estos últimos veintitantos años.

Chávez llevó al rentismo a niveles aún peores de perversión. Desmanteló las instituciones edificadas por la democracia, sobre todo del equilibrio e independencia de poderes, la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, y las normas que resguardan los recursos de la nación ante prácticas depredadoras. Acabó con los medios de comunicación libres y reprimió la disidencia.

La caza de rentas se convirtió en argamasa para cohesionar lealtades, sobre todo de un núcleo de militares traidores. En fin, se convirtió en el botín a repartir en nombre de una supuesta «revolución» socialista. Pero esta depredación, como vimos, terminó matando la gallina de los huevos de oro. Y murieron, de verdad, por mengua o acribillado por la represión y por bandas criminales, demasiados venezolanos.

Ahora que se presentan estos ingresos extraordinarios –rentas– de que tanto alardea Maduro, cabe preguntarse: ¿el venezolano de a pie podrá esperar un servicio de luz eléctrica confiable, una buena atención de salud, agua permanente, gasolina? ¿Mejorará el alumbrado, se repararán las vías, escuelas, hospitales, las instalaciones universitarias? En el marco de la privatización soterrada (Ley «Antibloqueo») y la venta de acciones de empresas públicas, ¿puede esperarse un proceso de saneamiento del Estado que le devuelva al ciudadano seguridad y ofrezca soluciones a sus problemas?

Una respuesta positiva a las anteriores preguntas supone la instrumentación de medidas que le pongan coto a las prácticas depredadoras que entretejen las alianzas que sostienen a Maduro. Implica el retorno a un Estado de Derecho, a una institucionalidad que resguarde los intereses de las mayorías frente a las apetencias de quienes controlan el poder. ¿Hay razones para pensar que ello esté ocurriendo?

Acontecimientos recientes indican lo contrario. La detención de dirigentes sindicales de Bandera Roja bajo la acusación de terroristas, las amenazas contra ONGs defensoras de derechos humanos, el espionaje y bloqueo de portales de medios independientes y de opositores en general ordenados a Movistar/Telefónica, la permanencia de más de 300 presos políticos y la matraca generalizada, entre otras cosas, son expresión de intereses atrincherados en el poder para mantener sus privilegios.

Algo del incremento en los ingresos petroleros se cuela hacia otros sectores. Lamentablemente, buena parte se malgasta intentando contener el alza del dólar, en medio de un proceso de expansión monetaria. La permanencia, además, de exoneraciones de impuestos a la importación, junto a la sobrevaluación del bolívar, dificulta significativamente la competitividad de muchos sectores productivos.

Los salarios siguen muy deprimidos. Estudios recientes colocan a Venezuela apenas por encima de Haití como el país más pobre de Latinoamérica. ¿Qué va a pasar cuando retornen los precios del crudo de los elevados niveles en que los colocó la cruel matanza de Putin contra el pueblo ucraniano?

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

Mail: humgarl@gmail.com

Los encuentros la semana pasada de una delegación gubernamental de EE.UU. con representantes de Maduro y de la oposición, alimentan la expectativa de que se reanudarán las negociaciones entre ambos. Aunque no fuese el objetivo principal de la misión estadounidense, este tema seguramente no fue excluido. Por su parte, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria opositora, Gerardo Blyde, reiteró su interés por retomar lo iniciado en México el año pasado y, por esa vía, continuar explorando posibilidades de acordar una transición pacífica a un régimen de libertades y de creciente prosperidad.

Para algunos, tales expectativas son ingenuas. Con la excusa del diálogo –no hablaba de negociar— Maduro se ha burlado en reiteradas oportunidades del país, solo para ganar tiempo y desactivar las presiones domésticas. Pero, por más escépticos que seamos, no debe despacharse, así por así, un nuevo intento por ponerle fin a la terrible tragedia arrojada sobre los venezolanos por estos “revolucionarios”. Las condiciones de miseria son demasiado graves y los avatares que golpean a diario a nuestros compatriotas, tan injustas –porque las podría solventar un gobierno democrático--, que sería irresponsable, por decir lo menos, no explorar esta posibilidad. Es demasiado lo que está en juego. No debemos ilusionarnos con que Maduro va a negociar esta vez con los intereses del país por delante (nunca lo ha hecho), pero si debemos identificar qué lo mueve, sus fortalezas y debilidades.

Hugo Chávez reveló muy temprano su inspiración fascista[1]. Invocó la epopeya independentista para promover un proyecto maniqueo y patriotero, asumiendo, como militar, la contienda política en términos bélicos, loas a la muerte de por medio. Su discurso populista, cargado de odios, descalificó a sus opositores y amenazó con vengarse de quienes “habían traicionado a Bolívar”. Los discriminó desde el poder, desconociendo sus derechos constitucionales y atemorizándolos con bandas de choque uniformadas de rojo. Su posterior adopción de categorías discursivas de la mitología comunista, agarrado de la mano de Fidel Castro, no altera esta caracterización. Eso sí, lo vinculó con un universo más amplio, que resultó decisivo para proyectarse internacionalmente como líder antiimperialista. Con esta imagen, labró alianzas con autocracias variadas que sólo tenían en común su odio a EE.UU., como la teocracia iraní, las encabezadas (en su momento) por Hussein, Gadafi y Mugabe y, por supuesto, Putin y su héroe, Fidel. Bajo el tutelaje de este último, accedió al know-how cubano sobre terrorismo de Estado, tan útil para consolidar su poder. Peor aún, al colocarse bajo el paraguas castrista, les entregó gustosamente el país. Accedió a que uno de sus agentes, Nicolás Maduro, lo sucediera al morir.

Al carecer Maduro del carisma de su mentor y no tener ascendencia entre los militares, tuvo que urdir mecanismos para ganárselos, siempre con asesoría cubana. Intensificó la corrupción entre estamentos del alto mando para convertirlos en eje de una red de cómplices dedicados a depredar a la nación, destruyendo, así, a la FAN. De gran ayuda fue el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho adelantado por su antecesor. Barrió con la transparencia y la obligación de rendir cuentas de su gestión, así como con las normas que resguardaban la hacienda pública. Le permitió aumentar aún más la represión, con centenares de manifestantes abatidos y las cárceles llenas de presos políticos. Por otra parte, al impedir –tramposamente-- la alternabilidad política, Maduro se convirtió en dictador.

Al acentuar bajo su mandato la expoliación del país, destruyó las bases de tributación del Fisco. Acudió, entonces, a la emisión monetaria para financiar el gasto. La hiperinflación que desató terminó de arruinar la economía y devastar las condiciones de vida de los venezolanos. La liberalización posterior de precios, la libre circulación de dólares y la privatización de activos públicos --sin orden ni concierto—, ¿indican que Maduro está de regreso de tanta locura? Midámoslo contra el contexto de colapso de la administración de Estado y de los servicios públicos, la matraca y la extorsión por doquier, sin mencionar la inobservancia descarada de los derechos humanos de la población. ¿A dónde va, entonces, el régimen? ¿Qué debemos esperar de éste en una negociación que deseamos sea seria?

Lo que define al régimen de Maduro es la corrupción. Todas las dictaduras son corruptas, en mayor o menor grado. El gobierno de Chávez también lo fue. Dejaba robar a militares y tomaba nota, no para castigarlos, sino para poder chantajearlos si alguno decidía retirarle su apoyo. Pero lo de hoy alcanza otro plano. La trampa, la mentira y desprecio por la vida de los demás es tal, que se han convertido en el nuevo “normal”. Han socavado los valores básicos que sustentan la convivencia en sociedad. No hay seguridad ni respeto por la suerte del venezolano. Sus problemas carecen de respuestas. Reina el abandono y la anomia. Las decisiones penden del capricho o voluntad de los poderosos. Sepultado quedó el promisor futuro socialista. No obstante, los fascistas siguen refugiándose en clichés “revolucionarios” para proyectar la idea de un país asediado por enemigos, tanto internos como externos, que requiere de su protección. La excusa perfecta para erigirse en dueños de Venezuela. Con impunidad sostenida de sus atropellos, por si hubiese dudas. Una “revolución” de cómplices.

Esta descomposición es propia de la cofradía gansteril de autócratas que amenazan al orden liberal, ya que se interpone a la expoliación de sus respectivos países (o de otros, como pretende Putin). Son cleptocracias poderosas, interesadas en trampear el sistema para hacer avanzar sus negocios. La alianza de mafias que sostiene a Maduro encaja bien ahí. Además de Putin, están Lukashenko, Ortega, Díaz Canel, Al Assad y otros, aliados con Hezbolá, el ELN, traficantes y con quien sea, para imponerse. El problema está en que, al pretender desplazar el orden internacional basado en normas --juego suma-positivo de convivencia entre naciones-- por uno sostenido en la fuerza y el embeleco --juego suma-cero--, se puede terminar del lado perdedor. Y es ese el “tres y dos” en que se debate Maduro.

¿Habrá hecho Putin un mal cálculo? De ser así, ¿debe aprovechar el margen que (aparentemente) le estarían abriendo los gringos? Maduro sopesa cuánto debe ceder para que le retiren algunas sanciones. ¿Tendrá que esforzarse en lucir más convincente en sus alegatos de respeto a los derechos humanos y aplacar, así, al CPI, a la Dra. Bachelet y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Los militares traidores que lo sostienen le dejan poca opción. El Sebin y la DGCIM siguen arrestando a dirigentes sindicales, periodistas, médicos y otros, acusándolos de “terrorismo y asociación para delinquir” (¡!) Igual amenaza pesa sobre diversas ONGs defensoras de derechos humanos. Por otro lado, ¿le conviene continuar liberalizando la economía en busca de mayor apoyo interno? ¿Debe dar garantías creíbles para atraer inversiones? Eso significaría ceder poder y oportunidades de lucro. No se lo permitirían las mafias. ¿Pero podrá sacrificarse a algunas, las más débiles, sin que lo tumben? En fin, el futuro del régimen está sujeto a muchos imponderables, nada está seguro.

¿Qué implicaciones pueden derivarse para negociar unas próximas elecciones con unas garantías mínimas de que se respete la voluntad popular? Maduro no dará paso alguno hacia la apertura a menos que sea forzado a ella. De ahí lo imprescindible que Putin sea derrotado. En primer lugar, por razones de justicia y por el derecho de los ucranianos a existir en paz, pero también para romperle el espinazo a la cofradía gansteril. Pero eso no está en manos de los opositores en Venezuela. Lo que sí depende de nosotros es lograr que esa inmensa mayoría de venezolanos que clama por soluciones –el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra 2.677 protestas durante el primer cuatrimestre de 2022—se unifique detrás de una propuesta de cambio, con la fuerza suficiente para obligar a Maduro a ceder.

Sin apoyo internacional, será muy difícil desplazar a los fascistas del poder. Pero sin una fuerza opositora unida, con un proyecto creíble, capaz de erigirse en alternativa real de poder, tal apoyo no ocurrirá.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

[1] Ver, García Larralde, Humberto, El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, 2008

Ganó Gustavo Petro en Colombia, enarbolando banderas de izquierda. Pero en su nombre, pregonando revoluciones que traerían la justicia social y el progreso, se han impuesto las dictaduras más retrógradas y primitivas, negadoras de las conquistas más importantes de la humanidad. Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega y muchos otros déspotas se retratan aquí. ¿Debe esperarse lo mismo de Petro?

Suponiendo sinceras sus intenciones (al menos inicialmente), puede atribuirse esta incongruencia al empeño de (cierta) izquierda en fundamentar sus ideas en enfoques colectivistas, argumentando que los intereses personales deben subordinarse al bien común. Rompe con la visión liberal, que enfatiza la inviolabilidad del ser humano en sus atribuciones y prerrogativas fundamentales como ser social, lo que implica la irreductibilidad de sus derechos básicos como individuo.

Para esta izquierda, sin embargo, el liberalismo legitimaría conductas egoístas, no solidarias, contrarias a una justicia social basada en la equidad. La economía capitalista sería la mejor demostración de ello, pues subordina consideraciones sociales o ambientales a la maximización del beneficio privado. Si se es marxista, la acumulación de capital se explica, además, por la explotación de la mano de obra, expresión de la injusticia de clase que ha hecho a unos pocos muy ricos, mientras empobrece a la mayoría. Y la verdad es que el marxismo colonizó hasta tal punto la izquierda que buena parte de sus categorías conceptuales vienen de ahí.

Sin duda suena muy loable sacrificar los intereses personales en aras del bien común. ¿No ha sido en buena medida el motor del progreso de la humanidad? El problema está en cómo definir ese bien común. En la historia real se ha reducido, lamentablemente, en quién o quiénes deciden ese bien común.

Es tentador recurrir a la volonté générale de Rousseau para sortear esta dificultad. Pero resulta un espejismo, pues tal voluntad general no se refiere a decisiones tomadas en colectivo, sino al propósito que, en última instancia, anima el contrato social que cohesiona a una sociedad, por encima de los intereses particulares de quienes la constituyen.

Fundamenta la superación del orden personal y arbitrario del déspota, como la libertad salvaje del mundo natural. Podría decirse que la voluntad general se refiere a un orden social que propicia el bien común, pero que es previo a él. Regresamos, por ende, al punto de partida, a menos que nos aprovisionamos de una idea preconcebida de lo que debe ser ese orden social. Y aquí entran todas las utopías concebidas por la humanidad, tanto las de inspiración religiosa, étnica/racista o de pretendidas ciencias del devenir histórico.

El filósofo polaco, Leszek Kolakowski, alertaba hace unos cincuenta años, en referencia al “socialismo realmente existente”, que todo intento de imponer una utopía, por más bella que pareciera, termina, irremediablemente, en dictadura. Lleva a la fundamentación ideológica del totalitarismo, como lo expuso en su obra magna, Hannah Arendt.

Descomponiéndola en sus raíces semánticas, la ideología no sería más que la lógica puesta en acción de una idea asumida previamente como verdad absoluta. Por antonomasia, esa verdad no admite ser desmentida. Está blindado contra toda contaminación externa, además, por su consistencia interna. Es la llave para entender el universo en que vivimos. Quien no comulgue con tal verdad queda desamparado de su paraguas salvador. Son los “paraísos” construidos con base en la intolerancia absoluta de toda desviación del dogma, propios del sectarismo fundamentalista del ISIS o talibán, pero que siglos antes también exhibieron teocracias cristianas.

Pero quizás más pernicioso han sido los “paraísos” edificados a partir de una supuesta ciencia de la historia que desentraña las causas últimas de la injusticia y ofrece, a través de una labor drástica de reingeniería social a manos de “revolucionarios” esclarecidos, acabar de una vez para siempre con los males que han plagado a la humanidad. Nos referimos, obviamente, a los regímenes nacionalsocialista y del socialismo marxista. El nazismo fue derrotado y, al ser revelado la extensión y profundidad de las atrocidades que cometió, suele pasarse por alto que, previo a la guerra, fue vista por muchos como una propuesta salvadora. Y no sólo en Alemania. Debido a su cruel insania, podemos confiar en que no se le permitirá levantar cabeza de nuevo. ¿Pero sucede lo mismo con el comunismo?

Algunos aun creen que el comunismo fracasó por errores en su ejecución, no por su fundamentación conceptual. Si pasó por alto el respeto a los derechos humanos, fue por perseguir “revolucionariamente” bienes superiores de libertad y justicia, sin detenerse en los “falsos valores” de la democracia liberal. Tales ideas encontrarían justificación en la “ciencia” del materialismo histórico develada por Marx y Engels. No es éste el lugar para discutir estos postulados. Pero sería necio menospreciar la alerta sobre su peligrosidad para la libertad formulada en la Miseria del Historicismo del filósofo austríaco, Karl Popper, y en los escritos, en la misma tónica, de Isaías Berlin

Si se piensa que ser de izquierda implica abogar por la justicia social, la igualdad de oportunidades y la libertad, no puede asentarse en preconcepciones colectivistas. ¿Significa desistir de luchar por el bien común? En absoluto. Sólo que ese bien común debe construirse a partir de las preferencias, libremente expresadas, de los individuos. En una democracia auténtica, la gente se organiza en sindicatos, gremios, centros culturales y asociaciones diversas, para proseguir intereses colectivos. Pero a diferencia del dogma colectivista, estas agrupaciones están sujetas a la voluntad de sus integrantes y deben responder a estos por la manera como se conducen. El sumun de estas expresiones de voluntad colectiva está en la representación política, plural y alternativa, electa para gobiernos locales, regionales y nacionales. Claro está, pueden ser capturados por politiqueros o por oligarquías poderosas, pero evitar eso es, precisamente, el reto de toda sociedad democrática. La solución: más democracia.

La democracia liberal pregona la igualdad de oportunidades para todos, lo que supone leyes y un Estado de Derecho que la aseguren. Lamentablemente, las condiciones para disfrutar de la igualdad ante la ley no están, como todos sabemos, garantizadas. La ausencia de recursos (pobreza), la ignorancia, sesgos a favor de los poderosos en la aplicación de justicia o en la prestación de servicios, prejuicios diversos y otras calamidades, pueden hacer de esta igualdad un derecho vacío, inexistente.

Y aquí es donde entra la lucha entre el pensamiento de izquierda y el de derecha en una democracia liberal. Como lo demuestran muchos países europeos, se puede conciliar la prosecución de intereses colectivos con la libertad, con base en el ejercicio pleno de derechos individuales que aseguren objetivos de seguridad social y de igualdad efectiva de oportunidades, en condiciones de creciente prosperidad económica.

Es un error pensar que el liberalismo abandona necesariamente la igualdad de oportunidades a los mecanismos de mercado. Ello es propio del neoliberalismo, que subordina lo político a criterios de racionalidad económica, proponiendo un menú ortodoxo que asegure la confianza del capital financiero globalizado. Es una suerte de chantaje en aras de preservar los equilibrios económicos a nivel nacional, pero que relega a un segundo plano problemas que deberían tener alta visibilidad en la agenda liberal, como los relacionados con percepciones de injusticia y con la provisión adecuada de bienes públicos --o de discriminación en su usufructo--, que fundamentan la igualdad de oportunidades y el respeto por las minorías.

Se requiere, por tanto, coordinar acciones a nivel internacional para contener los efectos desestabilizadores de los flujos financieros internacionales sobre las economías nacionales y disuadir, así, la “carrera hasta el fondo” para congraciarse con estos capitales. Ello permitirá recuperar mayor libertad y seguridad de acción de los gobiernos para responder a estas inquietudes.

Razones de espacio impiden atender otros problemas que son centrales a estas reflexiones. Lo que nos hemos limitado a señalar aquí es la bancarrota de imposiciones colectivistas para proseguir agendas que podría considerarse de izquierda. La historia demuestra que llevan a su contrario. Esperemos, por el bien de Colombia y de Latinoamérica, que el gobierno de Petro pueda sustraerse de esta fatalidad.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Para cualquier venezolano de bien, ver a Nicolás Maduro simular, tan campante, que preside un gobierno “normal” en un país “normal”, es chocante. Quien destruyó la economía, reduciendo su tamaño hasta casi la cuarta parte del que tenía cuando asumió la presidencia y condenando a más del 94% de sus compatriotas a la pobreza; quien mantiene arbitrariamente presos a centenares de venezolanos por razones políticas, muchos de ellos militares; y a quien organismos de las NN.UU. y la CPI investigan por su presunta responsabilidad, como jefe de Estado, en el asesinato de manifestantes y de torturas y muertes de aquellos mantenidos bajo custodia de sus organismos de seguridad, tranquilamente se pasea por los espacios del poder como si no tuviera que responder a eso y a mucho más: un presidente común y corriente.

Olvidados quedaron su reelección fraudulenta y la de una asamblea constituyente inventada para confiscarle, junto con un tribunal supremo abyecto y obsecuente, las potestades legítimas de una Asamblea Nacional con mayoría opositora. Se invisibilizan, asimismo, las corruptelas, extorsiones y confiscaciones que han nutrido a la nueva oligarquía que se ha enseñoreado del poder.

Muy orondo, invade los medios para comentar temas anodinos o para inventar lo que sea para esquivar sus responsabilidades. Mientras, el país sufre profundos y terribles padecimientos que deberían atenderse resueltamente y con urgencia. Anuncia una que otra decisión, como si el Estado que tan afanosamente ha destruido tuviese capacidad real de atender los asuntos aludidos.

En momentos en que se celebra la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, se le ocurre visitar a la Turquía del autócrata Erdogán. Claro, le compra el oro depredado ilegalmente, con enorme daño ambiental, por sus huestes en Guayana. De la cita americana, además, fue expresamente excluido por dirigir una dictadura. Le resbala. Como si nada, aparece luego, junto a su esposa y los miembros de una comitiva, haciendo escala en Argelia para hablar generalidades acerca de la necesidad de un mundo multipolar. Emerge de seguidas en Irán, experimentado socio en sortear las sanciones de EE.UU.

Pero no es una gira de Estado programada. Son de las pocas incursiones que se puede permitir sin que le apliquen la orden de captura por narcotráfico y otros delitos, librada por la fiscalía estadounidense. Eso no va con él, querría pretender. Para mayor absurdo, una noticia informa que la Asociación Mundial de Boxeo lo había nombrado “campeón honorario”. Y no, no fue joda por aquello de haber noqueado de manera fulminante a un país otrora sano. ¡Fue una noticia real! ¿Por qué debemos sospechar manejos turbios?

Pero todo lo anterior les resbala a los chavomaduristas. El país es de ellos, tan simple como eso. Les pertenece. Se lo cogieron porque les fue “legado” por el Libertador en la persona de Hugo Chávez. Por tanto, están por encima de todo reclamo.

Además, después de una travesía por el desierto a que los obligó el imperialismo, ¡al fin Venezuela se “arregló”! Así lo demuestra la (supuesta) reactivación de la economía, los negocios repletos de bienes importados, las construcciones modernas en el este de Caracas y la reaparición de producción agrícola en mercados. Incluso, se está exportando.

Sin que nos hayamos dado cuenta, se ha ido colando una nueva narrativa en la que Maduro y los suyos en absoluto aparecen como los malos. Atrás quedaron las peroratas en torno a un perverso “socialismo del siglo XXI” y, más todavía, las pretensiones de extender las potestades del Estado con nuevas confiscaciones y/o inversiones en proyectos “revolucionarios”. Los dólares que circulan han logrado remozar la imagen de Maduro. Deberían suspenderse, por tanto, las sanciones internacionales y las investigaciones penales en su contra, pues obstaculizan el proceso de “normalización” emprendido.

Indigna, efectivamente, esta narrativa. Pero la oposición no debe caer en el error de reducir su acción a desmentir estos alegatos. La economía tenderá a seguir creciendo por la razón básica de que el país posee una potencialidad no aprovechada, asfixiada durante tantos años de opresión chavista, que no puede dejar de brotar cuando se le ofrecen las mínimas oportunidades de expresarse. No tiene sentido oponerse a las constataciones que se hagan al respecto. Claro, en el país de las arbitrariedades, cualquier ocurrencia de uno de los trogloditas que mandan puede acabar con un negocio.

Les corresponde a las fuerzas democráticas proyectar una Venezuela alternativa, que le dé contenido real a las expectativas de la gente, conectándolas con los cambios imprescindibles a conquistar para que éstas puedan hacerse realidad. Insistimos en la importancia de lo económico, pero con una narrativa que vaya más allá de las consabidas propuestas de estabilización y de las reformas a emprender.

Debe construirse a partir de las necesidades de seguridad, de financiamiento, apoyo, servicios públicos eficientes y, sobre todo, de garantías para que las personas o empresas puedan ver fructificar sus esfuerzos productivos y/o comerciales y disfrutar de una vida digna, de calidad.

La lucha por mejorar las condiciones de vida de la población tendrá, como consecuencia lógica, reclamar derechos y exigir el retorno al ordenamiento constitucional. Sería el fundamento de una plataforma política que coadyuve a la unificación de las fuerzas opositoras en su lucha por conquistar las condiciones para el cambio deseado. Asimismo, contribuirá a desnudar la artificialidad de la pregonada “normalización” de Maduro, sin seguridades, incapaz de propiciar la inversión productiva y sujeta a los caprichos que podrán ocurrírsele a él o a sus allegados cuando la situación se les ponga más difícil.

Es notorio que, debajo del reino de fantasías que busca proyectar Maduro, subyace el mismo mundo de terror al que nos han acostumbrado. Hace desaparecer por unos días a unos jóvenes que rendían honor a un muchacho asesinado por reclamar sus derechos, Neomar Lander, y los acusa de “instigación al odio y asociación para delinquir”. Alienta a sus bandas fascistas a agredir a Juan Guaidó que está en gira por el interior. Mantiene injustamente presos a Javier Tarazona, director de la ONG “Fundaredes”, que había denunciado violaciones de derechos humanos en estados fronterizos, a Roland Carreño, vocero del partido, Voluntad Popular, y a muchísimos más. Presos políticos a capricho. Jorge Rodríguez rivaliza con el del mazo amenazando a un banquero y plantea disparates para boicotear las posibilidades de reemprender las negociaciones en México. Y los militares corruptos, como siempre, están muy presentes con sus extorsiones, matracas y confiscaciones.

Mientras, como lo recoge el informe del prestigioso Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, Venezuela exhibe uno de los peores datos en materia de salud en el continente. Pero como el gobierno dejó de publicar cifras al respecto desde hace años, el problema no existe. El neofascismo del chavomadurismo sigue vivito y coleando.

Por más insólito e indignante que sea constatar que sigue en el poder el peor gobierno que conoce la historia de Venezuela --tan campante, como si no hubiera roto un plato-- no basta con exigir, ¡Maduro vete ya! Porque en lo que sí han sido eficaces, con ayuda de la dictadura castrista y de los errores de los partidos opositores, es en destruir las esperanzas de cambio y en proyectar la idea de que ellos están para quedarse. Por ende, es mejor aceptar la “normalización” en curso.

El gran desafío de las fuerzas democráticas es, entonces, sobreponerse a esta especie de fatalidad y proyectar una clara y real opción de cambio. Para ello, es menester construir una fuerza capaz de recoger las aspiraciones de mejora de las grandes mayorías de manera que éstas hagan suyas las luchas por los cambios requeridos y se movilicen detrás de una plataforma política que haga de ello el centro de su acción.

Una narrativa alternativa, que inspire confianza por estar respaldada por propuestas serias, conectadas con las realidades de la gente, deberá desarrollar los músculos necesarios para conquistar estos cambios. Con tal respaldo, puede tener sentido negociar con el gobierno, con la anuencia de los países que las han impuesto, la reconsideración de algunas sanciones, siempre contra avances concretos, exigibles.

La pretensión del régimen de hacer ver que las cosas mejoran puede servir, paradójicamente, a fortalecer la opción democrática. Cómo ha ocurrido en tantos países, la gente se preguntará, ¿y por qué no me toca a mí? Ahí es dónde debe haber una respuesta clara de las fuerzas democráticas, acompañando de las acciones requeridas para conquistar los cambios imprescindibles.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Me uno a quienes han abusado de esta famosa interjección para titular sus escritos. La razón es la misma de la campaña presidencial de Bill Clinton: focalizar la atención sobre el asunto central que decidiría el voto. Lamentablemente, las fuerzas opositoras en Venezuela parecen estar en otra cosa.

Sobran los argumentos para exigir un cambio de gobierno. Pero, más allá del no pequeño problema de cómo asegurar las condiciones que permitirían ese cambio, está el hecho de que los venezolanos – opuestos en su mayoría al gobierno de Maduro-- no confían ya en los dirigentes opositores, si nos atenemos a las encuestas.

Si bien las confrontaciones entre estos parecen haber sido superadas por el acuerdo de unas primarias para arribar a una candidatura única de cara a las venideras elecciones de 2024, suponiendo que se den, se asume sin contar con un proyecto claro, capaz de recuperar la confianza de los venezolanos. Para ello, el tema económico es central. La victoria no está asegurada.

Las acciones recientes de Maduro señalan su interés por lavarse la cara ante la comunidad internacional, con miras a que le levanten algunas de las sanciones que tanto le molestan. Ciertas liberalidades en el campo económico, como la venta de acciones de algunas empresas públicas y la devolución del Sambil de la Candelaria a sus legítimos sueños, buscarían proyectar la imagen de una situación que se “normaliza”. Unas elecciones presidenciales en 2024 que aparentasen ser creíbles completan el cuadro. Otra cosa es que, conociendo la naturaleza del personaje, así ocurra. Pero con la dispersión de las fuerzas democráticas, quizás no requiera hacer mayores trampas para asegurar su triunfo.

El ala madurista de este régimen mafioso está intentando capitalizar el rebote en la actividad económica para proyectar la idea de que el país se está arreglando. Y lo evidenciado en algunos sectores del campo y la ciudad –notoriamente la venta de productos importados— alimenta esa ilusión en algunos. En realidad, estaríamos pasando del sótano 12 al sótano 11, todavía muy profundo en el foso de miserias. Y las mejoras, además, quedan circunscritas a un pequeño grupo. No obstante, como sucedía con las misiones que no llegaban a todos, el monopolio de los medios de comunicación puede fundamentar la esperanza de que las ruedas de la fortuna le toquen eventualmente a uno también, si se le ofrece la oportunidad a Maduro de continuar. Urge una alternativa política que claramente desmienta esta ficción.

En medio de esta falsa “normalización”, la inmensa mayoría de venezolanos luchan a diario para estirar el poder de compra de sus recursos y asegurar condiciones básicas para su subsistencia. Al sobreponerse a las adversidades, ponen de manifiesto talentos y capacidades emprendedoras. Y no nos referimos sólo a empresarios establecidos. También a los agricultores y pequeños productores, amas de casa, comerciantes trabajadores calificados, habilidosos, transportistas, costureras, mecánicos y tantos otros quienes, para superar imprevistos, arbitrariedades y carencias diversas, han tenido que inventárselas. Se han convertido en innovadores. Y es sobre tal espíritu de iniciativa que habrá de descansar la recuperación de niveles de vida dignos para los venezolanos, no de las dádivas del Estado.

¿Cómo incrementar sus posibilidades de éxito, en un entorno adverso caracterizado por la precariedad de los servicios públicos, la inseguridad, la falta de financiamiento y mucho más? “Nothing succeeds like success”, como dicen los gringos. Si queremos hacer del emprendimiento el motor de la recuperación económica, es menester sembrar la confianza de un número creciente de potenciales emprendedores y alimentar su éxito. Por definición, todo emprendimiento tiene, en sí, un margen de incertidumbre. Se agrava en Venezuela por reglas difusas, arbitrariedades y la ausencia de seguridad jurídica para amparar los derechos. Un clima favorable al emprendimiento supone, por ende, lo siguiente (entre otras cosas):

- Seguridad y reglas de juego claras que provean una mayor previsibilidad, en el marco de un Estado de Derecho que resguarda los derechos de cada quien;

- Financiamiento oportuno y accesible en sus condiciones, en particular, capital de riesgo;

- Apoyo profesional o técnico, asesorías diversas: acceso a instalaciones y/o experticia para diseñar o poner a prueba prototipos, reparar maquinaria, calibrar instrumentos, definir estrategias empresariales, llevar las cuentas y evaluar opciones de financiamiento. También una red de servicios especializados, proveedores, universidades calificadas y de consultorías competentes.

- Servicios públicos eficientes, de calidad, que no fallen, con mantenimiento y costos competitivos.

- Apertura internacional, tanto comercial y financiera, como en materia de información, tecnología y acceso a talentos;

- Un Estado fuerte, ágil, dotado de personal competente, garante de estabilidad, condiciones para la justicia social, seguridad y productor de la gama de bienes públicos que hagan que ello sea posible.

Una ojeada rápida a esta lista pone de manifiesto que se refiere a condiciones que, precisamente, no existen bajo la “normalidad” de Maduro. En particular, rescatar al Estado venezolano, hoy fallido, amerita la concertación de un extraordinario financiamiento internacional con los multilaterales, que presupone un cambio político profundo, sustentado en reformas legales y estructurales que le devuelvan su rol de productor eficiente de bienes públicos. Esta inyección de recursos, más la reducción de los costos de transacción que resultarán de estas reformas, posibilita que el ajuste macroeconómico sea expansivo. En vez de contraer los agregados monetarios, deprimiendo a la economía, como ha hecho Maduro, los excedentes serán absorbidos productivamente al reactivarse y al aumentar las transacciones.

Un informe reciente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 2.677 protestas a nivel nacional durante los primeros cuatro meses del año en curso, 28% más que en igual período de 2021. Se refiere el informe a que más de 70% de estas protestas, “fueron motivadas por el incumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.” Destaca el reclamo por derechos laborales y por las fallas en la prestación de servicios públicos.

He ahí los fundamentos de una política opositora, capaz de movilizar a los venezolanos para que asuman los retos del cambio político, devolviéndole la confianza en el liderazgo democrático. Se conecta, claramente, con la restitución del Estado de Derecho, la recuperación de las libertades, en particular, la de los presos políticos, la eliminación de las censuras, de las extorsiones, confiscaciones y demás corruptelas. Todo suma para la construcción de un ambiente que permita aprovechar las enormes potencialidades económicas que todavía anidan en el país, así como las oportunidades planteadas por la transición energética y la llamada cuarta revolución industrial a nivel global. La existencia de una vasta comunidad de compatriotas en el extranjero constituye una ventana a experiencias, conocimientos y prácticas que, sin duda, enriquecerán estos esfuerzos.

El desafío del liderazgo democrático es formular propuestas y asumir iniciativas que se traduzcan en una política de cambio capaz de conectarse con las protestas a nivel local y nacional para construir una alternativa que arrase en unas próximas elecciones. Los venezolanos escogerán entre una “normalización” a lo Maduro, que puede tomar 50 años para regresar a los niveles (promedios) de vida de 2013, o una alternativa basada en la competitividad, el emprendimiento y el rescate de la función pública para el bienestar de la población, que permita superar este parámetro en 15 años o menos. Falta mencionar lo imprescindible de contar con una FAN saneada, respetuosa de la Constitución.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

7 de junio 2022

La mesa de negociación en México vuelve a ocupar la agenda política opositora. Sospecho que algunos de sus portavoces abrigan la esperanza de que los atisbos de recuperación económica traídos por la liberación de precios y del uso del dólar habrían persuadido a Maduro a asumir una actitud más constructiva al respecto que en ocasiones anteriores. Se habría dado cuenta de la conveniencia de flexibilizar su conducta para soslayar la erosión de su poder. De ser así, una negociación inteligente, jugando cuadro cerrado con EE.UU. y con la Unión Europea para convertir a las sanciones en carta para comprometer a Maduro con la realización de elecciones confiables, tendría sentido. ¿Pero, qué puede decirse respecto a su disposición de negociar de buena fe condiciones que permitirían al país superar la terrible tragedia que él y los suyos provocaron?

Declaraciones recientes del oficialismo no abonan a favor de la interpretación, diríamos “optimista”, planteada arriba. El vocero del régimen en estos asuntos, Jorge Rodríguez, reiteró como condición hace poco que sea liberado Alex Saab e incorporado a la delegación oficial, que Rusia continúe como país acompañante del chavismo en el proceso, pero que cese el papel de Noruega como mediador, a causa de una declaración de su gobierno sobre la observación de derechos humanos en Venezuela. No se sabe si tan disparatadas ocurrencias forman parte de una política para torpedear deliberadamente toda posibilidad de reanudar la negociación o si obedecen, más bien, a destemplanzas propias de una mente resentida. La defensa de los derechos humanos constituye un pilar de la política exterior de Noruega.

Luego hay que examinar las condiciones del entorno internacional. Una perspectiva optimista indicaría que, con el aislamiento de Rusia por su criminal agresión a Ucrania y las oportunidades que de ello se derivan para aliviar las sanciones al petróleo venezolano como reemplazo parcial de la oferta del crudo proveniente de ese país y ganar simpatías con Biden, debía producirse una actitud más proactiva del régimen con relación a esta negociación. No obstante, Maduro acaba de visitar Cuba con la excusa de revivir el ALBA. Necesita cerrar filas con sus cómplices antillanos y nicaragüenses ante el giro adverso que les representa una posible derrota de Putin. Junto a la condonación de la deuda ofrecida a las islas del Caribe por el petróleo suministrado por Venezuela, país arruinado, busca evitar que éstas asuman posiciones desfavorables al régimen en los foros internacionales. Por ahora, ante la perspectiva de un triunfo de Petro en Colombia y, más adelante, de Lula en Brasil, Maduro confía en que le esperan tiempos mejores. No tuvo empacho, por tanto, a retornar con manidos e inútiles clichés al arribar a La Habana:

“Llegamos a la cuna de la revolución: La Habana, Cuba, para participar en la XXI Cumbre del ALBA- TCP, con el objetivo de seguir profundizando en la unidad y la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¡Que viva la unidad de los pueblos!”,

Por lo visto, nada sugiere que el régimen se siente vulnerable o desasistido y que ello lo llevaría a regresar a la negociación para resguardar sus intereses. Se reiteran, además, las poses ideológicas tras las cuales se encubre el fascismo chavomadurista. No es que los jerarcas del régimen realmente crean, a estas alturas, las sandeces que repiten. Éstas cumplen una función muy importante, empero, en evitar exámenes de conciencia y en absolver sus atropellos. Cuando se miran en el espejo, los corruptos, déspotas, torturadores y esbirros que se cogieron al país quieren ver reflejada la imagen de patriotas “revolucionarios”, luchando por librar a Venezuela de las garras del imperialismo. Y así, en respuesta a su exclusión de la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en julio en Los Ángeles, California, Maduro señaló el temor del país anfitrión por “nuestra voz antiimperialista”. En el cierre del Coloquio Internacional por el Bicentenario de la Batalla de Pichincha (¡Uuuff!), añadió:

"Nuestro destino manifiesto es enfrentarnos al imperialismo y derrotarlo en el campo de batalla, pase lo que pase, sea lo que sea, en cualquier circunstancia ¡La victoria siempre nos pertenecerá!"

Definitivamente, el sectarismo provocado por los grilletes ideológicos, al sustituir el examen de las causas reales de las cosas por actos-reflejos simplistas, embrutece.

Por último, puede esgrimirse que, al liberar aspectos de la economía y abrir algunas empresas públicas a la inversión privada (minoritaria), el régimen entendió, ¡al fin!, por dónde debía apuntalar sus esfuerzos para salir del abismo en que nos metió. Es decir, el gobierno estaría mostrando que ahora sí quiere resolver los terribles problemas del país. La negociación en México sería uno de los espacios para ir abriendo oportunidades de reforma que, progresivamente, devolvería la institucionalidad a Venezuela.

Ciertamente, podría aducirse que, en el seno del chavomadurismo se están generando reacomodos que admiten posibilidades de cambio. Sin embargo, ¿Acaso el dominio de mafias articuladas en torno a la expoliación del país fue superado? ¿Qué hay del arco minero, del tráfico de drogas y de tantas otras corruptelas que han aflorado con las pesquisas de valientes periodistas de investigación? Y, ¿cómo compatibilizar el cacareado “arreglo” del país con cárceles llenas de presos políticos, ahora mayormente militares, con la tortura y la represión de razias desatadas por los cuerpos represivos en los barrios populares o en zonas en disputa entre facciones de la guerrilla colombiana? Sigue siendo poco creíble el cuento de hadas acerca del propósito de Maduro y sus cómplices por “normalizar” al país.

En fin, lo afirmado en estas líneas no apoya la expectativa de una mayor disposición de Maduro de negociar, ahora sí, acuerdos con la oposición para un arreglo político que ofrezca salidas, vía elecciones creíbles, a la actual situación. Falta destacar, además, que ello es así porque las fuerzas democráticas no representan, hoy, una amenaza seria para la hegemonía del militarismo “bolivariano”. No solo por la división entre las distintas agrupaciones opositoras que, ¡albricias!, parecen haber encontrado el camino para su superación al acordar las primarias y la formación de la Plataforma Unitaria Democrática, sino porque la oposición carece de una política que le diga algo a las mayorías respecto a la necesidad de desalojar al régimen de Maduro, que no sea la repetición incesante de su ilegitimidad.

Sucede que Maduro, por más que insistamos en lo contrario, se siente cada vez más “legítimo”. Y ello nada tiene que ver su disposición a acatar el orden constitucional y respetar los derechos de sus compatriotas. No. Se siente más legítimo porque, con el rebote económico y las burbujas de prosperidad abiertas al disfrute de enchufados y de quienes tienen ingresos en dólares, ha logrado vender la idea de que el país “se está arreglando”. E, incluso, los gringos parecen asomar un interés en abrir posibilidades de destrancar el juego. Y la inmensa mayoría de los venezolanos, ocupados en los quehaceres con los cuales evitar morirse de hambre, ante la ausencia de un proyecto creíble que sientan suyo, parecen resignarse a que sólo queda apostar a que Maduro siga “normalizando” al país.

Lograr que Maduro negocie seriamente acuerdos para una salida electoral a la tragedia nacional, que sea creíble y confiable, y para que libere a los presos políticos y restituya los derechos políticos y civiles, requiere de una fuerza opositora armada con un proyecto político coherente, capaz de movilizar al vasto sector descontento, que le “late en la cueva”. Debe marcar un deslinde palpable con esa “normalización” mísera, sin garantías, con que el fascismo pretende perpetuarse en el poder. A la par de restablecer el orden constitucional, debe procurar el saneamiento y la recuperación del Estado, con un generoso financiamiento internacional para que pueda prestar eficazmente los servicios públicos, hoy colapsados. Este proyecto tiene que basarse en una economía competitiva, post rentista, que empodere a los ciudadanos con oportunidades de inversión, emprendimiento y de empleo digno, en un entorno económico estable y previsible, con amplias posibilidades de financiamiento. Asimismo, debe abrirle vías de participación ciudadana y de vigilancia en el manejo de la cosa pública, a nivel local, regional y también nacional. Sin construir esa fuerza popular, las posibilidades de avance son poco claras.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Cuando existía la Unión Soviética, la política exterior de muchos países difícilmente podía abstraerse de la polarización entre ésta y los EE.UU. que caracterizó a la Guerra Fría. La confrontación entre ambas potencias se enmarcaba en el contexto ideológico de una lucha entre el sistema socialista y el capitalista por el dominio global. Quien se considerase políticamente de izquierda se decantaba automáticamente por el socialismo y, por ende, se alineaba con el bloque soviético, incluyendo, por supuesto, a la Cuba de Fidel Castro. Eje central de su programa era la defensa de la “patria” socialista: la Unión Soviética.

Desde principios del siglo XX, la perspectiva política tenida como de “izquierda” había venido siendo colonizada por el marxismo y, en su versión más extrema, por los dogmas del marxismo-leninismo. Para quienes se encontraban inmersos en tal burbuja ideológica, la fe de que estaban del lado correcto de la Historia (con mayúscula), luchando por la emancipación de la humanidad, absolvía todo defecto, inconsistencia o crimen que podía haber sido cometido en la prosecución de tan noble fin. En todo caso, para ello estaban los ejercicios de “autocrítica”, para corregir tales “defectos”, sobre todo cuando servía de pretexto para iniciar procesos contra los rivales internos del líder – dictador.

Para no hacerle el juego al enemigo, el “mundo progresista” no titubeaba en asumir alianzas con el modelo socialista, aunque fuese con un pañuelo en la nariz. La solidaridad automática de la “izquierda” ante cualquier disputa definía la posición que debía asumirse en nombre de los ideales más elevados de la humanidad.

Desde luego, el idilio con el “socialismo-realmente-existente” se fue desmoronando en la medida en que se filtraban al exterior sus transgresiones a los más elementales derechos humanos. Pero para los poseídos por la fe, se trataba de excesos productos del momento histórico de la transición –la Dictadura del Proletariado—que se corregirían con el advenimiento del “hombre nuevo”. No alteraban la esencia de la lucha emprendida.

Y los que tenían más de dos dedos de frente, aun teniendo que tragarse tales abominaciones en silencio, se amparaban en la denuncia del imperialismo como justificación existencial de una postura de izquierda “revolucionaria”. Una larga ristra de atropellos a naciones latinoamericanas, desde la anexión de la mitad de México por EE.UU., y los desmanes del filibustero William Walker en Centroamérica en el siglo XIX, pasando por el asesinato de Sandino en Nicaragua, el derrocamiento del demócrata Jacobo Arbenz en Guatemala, la invasión de los marines a República Dominicana para impedir el regreso del presidente electo, Juan Bosch, y la supuesta orquestación del golpe contra Salvador Allende, le daban pasta a esta postura, sin mencionar la historia de abusos del colonialismo europeo, sobre todo del británico, y la “leyenda negra” de la conquista española de América Latina. En fin, ser antiimperialista se convirtió en santo y seña de quien autoproclamaba su posición de izquierda.

Quien se elevó como campeón del antiimperialismo, como sabemos, fue Fidel Castro, alimentando una postura heroica de David contra Goliat mientras destruía la economía cubana y acababa con las libertades de su población, en nombre de un futuro prometedor que nunca llegaba. Chávez, enamorado del personaje, quiso confeccionarse el mismo traje para sí mismo en Venezuela. Carente de épica, se proyectó como heredero genuino del Libertador, apropiándose de los símbolos de la Guerra Emancipadora y enmarcando su cruzada redentora como una lucha entre patriotas y una oligarquía que había traicionado a Bolívar.

Esta visión maniquea la reforzó desde el poder discriminando abiertamente toda disidencia, arremetiendo contra los medios de comunicación y las universidades, y propiciando la conformación de bandas paramilitares para arrebatarle la calle a los opositores. Salvo por el color de las camisas conque uniformó estas bandas, reprodujo los ingredientes definitorios del fascismo clásico: Invocación de mitos épicos, lenguaje de odios y descalificación a los opositores, discriminación y violencia en su contra, culto a la muerte y regimentación de la sociedad, alimentada por una retórica que invocaba batallas, rodilla en tierra, y que colocaba en los militares los verdaderos intereses de la Patria. Al adoptar, bajo la tutela de Fidel, la retórica y los clichés de la mitología comunista, logró remozarle la imagen, conformando un neofascismo de ribetes comunistoides, o fasciocomunismo.

Pero la degradación de lo que, supuestamente, era un proyecto redentor de los pobres no se detuvo ahí. Al desmantelar las instituciones democráticas y arrinconar las fuerzas de mercado, el usufructo y provecho de la riqueza nacional pasó a determinarse por razones políticas.

No es menester echar la historia de nuevo, porque todos estamos muy claros de lo que sucedió. Fueron apareciendo amplias oportunidades de lucro ilícito, bajo el amparo de un poder judicial obsecuente y la destrucción de todo poder público o privado que controlara la excesiva discrecionalidad con que decidían quienes comandaban el Ejecutivo, dando lugar a una corporación criminal que define al régimen de Maduro.

La corrupción deliberada de estamentos de la FAN y la consecuente descomposición de lo que antes era una de las instituciones que sostenían a la nación, conforman, hoy, el eje central de este poder. Junto con alianzas con estados paria y bandas criminales como las ELN, las FARC disidentes y traficantes de droga, se han dedicado a saquear el país, hundiéndolo en niveles espantosos de miseria.

Pero la pervivencia o inercia de códigos y clichés que antes servían como orientación en el mundo de la Guerra Fría hacen gravitar al régimen, con sus alianzas, a lo que, para muchos, se sigue definiendo como el mundo de “izquierda”. Y, desde luego, Maduro en estas andanzas, está lejos de encontrarse sólo.

En nuestro continente destaca el gobierno gansteril de Nicaragua y la Cuba totalitaria, mientras asoman la cabeza desarrollos potencialmente alarmantes en otros países, muchos bajo el cobijo de ser de “izquierda”. A nivel mundial es notoria la conducta criminal de Putin y de su lacayo en Bielorusia, Lukashenko, así como peligrosos coqueteos de populistas con proyectos claramente autoritarios, incluso en EE.UU. (Trump) y en la Unión Europea (Orbán), sin mencionar a Erdogán en Turquía y el deslizamiento preocupante observado en la conducta del Primer Ministro Modi, de la India.

La analista estadounidense, Anne Applebaum, define la creciente alianza entre estos regímenes, no obstante las diferencias entre sus identidades ideológicas formales, como “Autocracy Inc”, para referirse a una suerte de corporación criminal internacional que representa una amenaza creciente para el orden liberal que habíamos dado por sentado como fin al cual se dirigía el concierto de naciones luego de la caída de la URSS. La invasión del imperialismo ruso a Ucrania, invocando argumentos similares a los usados por Hitler para desatar la Segunda Guerra Mundial, nos ha despertado brutalmente de esta ilusión.

Sobre estos desarrollos se ha escrito mucho últimamente. Moisés Naim acaba de publicar un enjundioso libro al respecto, La revancha de los poderosos[1], que describe cómo esta confraternidad de autócratas está moldeando a su favor el escenario político actual. Pero, en la medida en que desafían ese orden liberal identificado con la hegemonía de los EE.UU. y la Unión Europea, todavía hay quienes insisten en ubicarlo en el marco de una confrontación entre una especie de URSS rediviva que, con sus aliados “revolucionarios” –Maduro entre otros—se opone “justamente” a esta hegemonía.

Y aquí entramos en la futilidad de pretender definir qué se entiende por “izquierda”, concepción tan vapuleada por quienes buscan absolver su atraso y desprecio por los derechos humanos esgrimiendo tal signo.

Arriesgando meterme en “camisa de once varas”, debo resaltar que, conforme a los ideales de justicia y libertad que –al menos en el pasado—inspiraba un posicionamiento de izquierda, no hay manera de ser fiel a esta definición si no se asume desde una perspectiva liberal. Pero ello quedará, irremediablemente, para otro artículo.

[1] Editorial Debate

Dos hechos recientes frustran las ilusiones de que el régimen cambiaba para mejor. Uno, la renovación del Tribunal Supremo que, después de haber despertado expectativas de restitución de la independencia judicial y de retorno a la constitución, resultó en un proceso controlado por el oficialismo para reelegir algunos magistrados –contrariando el artículo 264 de la Carta Magna— y conformar, junto con otros cuya militancia chavista los descalifica para el cargo, un cuerpo que se vislumbra igual de obsecuente con el Ejecutivo. El otro, la condonación de la deuda de San Vicente y Las Granadinas con PetroCaribe, y el anuncio de Maduro de que reducirá a la mitad las deudas de otras islas del Caribe Oriental.

Ambos ratifican conocidas prácticas patrimonialistas para perpetuarse en el poder. Son indicios de que la cacareada “normalización” de Venezuela no ha alterado la primacía que tienen los intereses de quienes controlan el poder en las decisiones del Ejecutivo. Por un lado, revalida la impunidad para personeros del chavomadurismo –es notorio que el gobierno no pierde juicios en su contra-- y, por otro, reactiva la “petrochequera” para comprar apoyos internacionales Semejante comportamiento en absoluto abona a favor de la idea de que levantar las sanciones sobre PdVSA mejoraría las condiciones de vida de la población. Cabe mencionar que el ingreso por habitante de San Vicente y Las Granadinas, en torno a los 7.300 USD, es varias veces superior al del venezolano promedio, hoy.

No puede olvidarse que el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho, y el acorralamiento de los mecanismos de mercado para asignar y distribuir recursos, fue suplantado por criterios políticos para su usufructo, sobre todo, la lealtad con quienes detentan el poder. Ha sido notorio que, al amparo de la discrecionalidad, la no transparencia y la ausencia de rendición de cuentas, fueron proliferando intereses dedicados a depredar la cosa pública. En primer lugar, a PdVSA, con compras abultadas, contratos amañados, comisiones y desvío de fondos. A ello se añadió el despojo de otros entes públicos, las trácalas con Recadi, el contrabando de gasolina, la reventa (y contrabando) de bienes regulados y la confiscación de empresas, mientras se afianzaba la complicidad de militares “bolivarianos” (¡!) en el tráfico de estupefacientes.

Pero la destrucción de la economía obligó a Maduro a levantar algunos controles para darle respiro. Pudo ser aprovechado por quienes disponían de divisas. Y, siendo su poder mucho más precario que el de su padre putativo, sin el carisma de aquél ni los ingresos petroleros que lo favorecieron, también se vio en la necesidad de extender sus bases de apoyo, abriendo otros ámbitos, notoriamente en Bolívar, para la forja de complicidades en la expoliación de sus riquezas naturales. Un poder judicial obsecuente garantiza la impunidad a los que perpetran estos saqueos.

En la medida en que cambiaban las oportunidades de lucro, fueron modificándose las alianzas entre quienes sostienen el poder. Aparecieron nuevas mafias y se restructuraron otras. Sobre todo, adquirieron preeminencia los militares traidores, eje del sistema de corrupción imperante, dedicados a esquilmar a la población en fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras, y con la distribución de comida, petróleo y medicinas. Pero su presencia en corruptelas va más allá, incluyendo el tráfico de drogas.

A Maduro le corresponde regular los reacomodos que ocurren en este tinglado de complicidades para no perder poder y control. Que de allí surjan o se fortalezcan facciones más proclives a restituir ciertas garantías económicas, está por verse. Pero confiar en que levantar algunas sanciones los estimularán puede resultar en que el tiro salga por la culata, nutriendo a los sectores más retrógradas, depredadores, de la alianza, como los asociados a Diosdado Cabello, las bandas criminales y/o los militares corruptos.

Sea como sea, Maduro piensa sacarles provecho a las ilusiones de “normalización” que se desprenden de la incipiente mejoría de algunas actividades económicas. Su plataforma electoral en unos eventuales comicios (¿2024?) sería que “Venezuela se arregló”. Ya se ejercita anunciando disparates, como el de “la cosecha de café más grande de la historia”, amén de entretenerse con banalidades como si en el país no se enfrentasen problemas sumamente graves. Ante esto la oposición debe tener respuesta.

Es menester un deslinde claro entre las posibilidades que ofrece la “normalización” de Maduro y las de un programa económico verosímil, orientado hacia la competitividad. En primer lugar, es necesario insistir en un marco institucional que fomente, de verdad, la reactivación productiva. Esto significa garantías (seguridades) para quien emprenda actividades económicas. Junto con condiciones creíbles para sostener la estabilidad de precios y de los agregados macroeconómicos, posibilitan la previsibilidad en los resultados esperados, elemento base de la confianza.

Ello no sólo convertirá a Venezuela en un destino más atractivo para la inversión, tanto nacional como foránea, sino que permitirá, bajo un gobierno serio, negociar importantes préstamos con los multilaterales para sanear al Estado y reestructurar la abultada deuda pública. Sin apego al ordenamiento constitucional y el imperio de la ley, será prácticamente imposible acceder al financiamiento externo. Y, sin financiamiento externo, no hay forma de rescatar la capacidad de un Estado tan deteriorado como el nuestro, de producir bienes públicos.

En marcada distinción con la “normalización” de Maduro, la estabilización de precios y del tipo de cambio habrá de lograrse mediante políticas expansivas, que estimulen la economía y la demanda por créditos, de forma de absorber productivamente incrementos en las variables monetarias. El ajuste de Maduro, por el contrario, ha sido uno de los más recesivos conocidos –deja pálido al denostado “neoliberalismo” de los ’90—, contrayendo fuertemente el gasto público, aplicando encajes prohibitivos que anularon la capacidad crediticia de la banca y sobrevalorando drásticamente la moneda nacional al anclar el precio de la divisa.

Desplumó, así, al Estado, empobreciendo terriblemente al empleado público y colapsando los servicios públicos, e hizo todavía más dura la competencia de la producción nacional con las importaciones (que, muchas veces, ni siquiera pagan impuestos). Que algunos sectores hayan dado muestras de reactivación no es atribuible a ningún acierto del gobierno. Es expresión de la enorme resiliencia y capacidad de algunos emprendedores, y reflejo de las enormes potencialidades que aun anidan en la economía venezolana.

Tales potencialidades no se restringen a la consabida lista de recursos minerales, hidrográficos y agropecuarios, o al atractivo turístico derivado de su geografía y clima. Incluyen la enorme subutilización de capacidades productivas en la manufactura, el campo, la construcción y los servicios, legada por la “revolución”, y a los millones de venezolanos emigrados, ricos en talento, que se les robó su presente y su futuro.

Por último, no se puede dejar de hacer referencia a la creciente capacidad emprendedora de muchos que se quedaron, atizada por la necesidad de arreglárselas creativamente, dada la destrucción de la economía. El régimen actual es antítesis y negación de tales potencialidades.

Un proyecto económico coherente y viable, que contase con un marco institucional favorable y amplio apoyo financiero internacional, podría atraer de regreso parcial al talento migrado y, con inversiones y nuevos emprendimientos, reconstruir el tejido productivo deshecho. Provocaría un salto cualitativo en las capacidades productivas del país, seguido de altas tasas de crecimiento sostenido. El nivel de vida de 2013 podría recuperarse en 15 años o menos. La “normalización” de Maduro, sin seguridades y sujeta a los abusos y arbitrariedades de un poder corrupto, generará, en contraste, un crecimiento errático que arribaría a este nivel, si acaso, en 40 años o más. Por supuesto que se requiere un cambio político.

Corresponderá a la lucha reivindicativa, en demanda de derechos y de servicios dignos, así como a la gestión eficaz de los alcaldes democráticos, enriquecer este proyecto y darle contenido concreto. Debe devolvérseles las esperanzas de cambio a las mayorías, estimulándolas a movilizarse para arrebatarle concesiones a la dictadura. La lucha sostenida por conquistar mejores condiciones de vida deberá fortalecer a las fuerzas democráticas y constituirse en plataforma para un triunfo electoral en 2024. Sin un programa que aglutine y potencia los esfuerzos opositores, restableciendo la confianza en la inevitabilidad del cambio político, no bastará un candidato unitario escogido en primarias acordadas.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com