El triunfo electoral de las fuerzas democráticas en Barinas a comienzos de año ha subido los ánimos en torno a las perspectivas de desalojar la nefasta dictadura de Maduro. Ello estaría sujeto, por supuesto, a muchos condicionantes, sobre todo con relación a la disposición de la oposición para forjar una unidad efectiva y verosímil, apoyada en lineamientos programáticos consensuados y en un trabajo político que interprete a la gran mayoría de venezolanos que anhelan el cambio y la movilice en torno a las tareas que lo hagan posible. En un ambiente de tanta penuria como el de Venezuela, tan propenso a la desesperación y la resignación (ahora más por la pandemia), estimular las expectativas de cambio cobra importancia. Dicho esto, es menester alertar acerca de las ilusiones de que estamos frente a un Maduro más indulgente, abierto a liberalizar la economía y a entenderse con la oposición en pro del bien nacional. ¿Lo que sucedió en Barinas, indica que está dispuesto a permitir mayores libertades y a facilitar el juego democrático? Ayuda poner esta interrogante en perspectiva.

Venezuela ha estado sometido a la administración de quienes, en espacio de ocho años, convirtieron a uno de los países de mayor ingreso por habitante de América Latina, sólo detrás de Chile, en el más pobre, rivalizando con Haití. En ese lapso, fueron asesinados unos 300 ciudadanos mientras ejercían su derecho a la protesta; muchos fueron encarcelados por sus posiciones políticas, algunos torturados y hasta muertos bajo custodia policial; demasiados venezolanos han sido sometidos a niveles de miseria y desnutrición severa, muriendo algunos, como es el triste caso de la profesora merideña, Ysbelia Coromoto Hernández; los servicios públicos han colapsado, causando estragos a la población, incluyendo la educación y la salud; cerca de seis millones de compatriotas han migrado en busca de subsistencia o de una mejor calidad de vida; y pare usted de contar. Pero el principal responsable de tan terrible destrucción, por mucho el peor presidente que ha tenido el país, no sólo no expresa remordimiento alguno, fue capaz de armar la farsa electoral de 2018 que simuló su reelección, a pesar del rechazo mayoritario de la población. ¡Y ahora amenaza con repetir semejante burla en 2024!

Lo que sería un claro sinsentido si funcionasen las instituciones y la población ejerciera libremente su voluntad de elegir a sus gobernantes, se salió con la suya en Venezuela. ¿Cómo se explica semejante abominación? ¿Qué implicaciones tiene para la lucha por la democracia? Sabemos que las instituciones que debían impedir que ello ocurriese fueron desmanteladas y que el régimen se sostiene apelando a la violencia o a la amenaza de aplicarla. Pero tal constatación sólo remite la respuesta un paso más atrás. ¿Cómo es que la institución que, por diseño constitucional, monopoliza los medios de violencia, la fuerza armada nacional, no responda con mínimo sentido de justicia y sustrae su apoyo a tan monstruosa camarilla, obligándola a respetar la voluntad popular y abandonar el poder? Esta inquietud ha sido objeto de innumerables libros y artículos y sería absurdo pretender reproducir aquí sus argumentos. Pero tiene pertinencia referirse a lo ideológico que, junto a la corrupción, han mostrado ser claves para la insólita permanencia del régimen de Maduro.

Al hablar de ideología nos referimos a la construcción de una perspectiva política y de vida sesgada, internamente consistente, con base en símbolos que suelen prestarse a contraposiciones maniqueas, con fines políticos. Se expresa en el “nosotros”, los buenos, enfrentados a “ellos” (los otros), los malos, porque amenazan “nuestra” situación o “nuestro” futuro. Apela a resentimientos y a prejuicios sustentados en la ignorancia, que estimulan una identificación emocional, afectiva, con una causa, hábilmente aprovechada por líderes carismáticos, como Chávez. Con su lenguaje irreverente, supo proyectarse como el “outsider” incontaminado capaz de erigirse en campeón de un Pueblo (mayúscula) oprimido por una oligarquía que había traicionado el legado de Bolívar: hoy, los partidos AD y COPEI. Chávez era ese Pueblo. Con símbolos patrioteros invocó la epopeya independentista, tocando fibras hastiadas por el deterioro económico de los años ’80, la incapacidad percibida de los gobiernos por responder a las demandas de mejora y el azuzamiento interesado de factores de poder que veían perder sus privilegios ante el cambio estratégico instrumentado por el Gran Viraje de CAP II. Pregonaba reproducir ese espíritu épico, bajo su conducción visionaria, para rescatar al país. La prédica chavista se adornó, así, con imágenes de la lucha emancipadora y alegorías a sus batallas más famosas. La represión del llamado Caracazo inflamó aún más este llamado. Con prácticas populistas, lanzó las redes de una ideología patriotera, maniquea y militarista, que regresaron con abundante pesca de adeptos, base para legitimar el desmantelamiento del Estado de Derecho en nombre de una “revolución” redentora, pero de naturaleza neofascista. Su prédica agradó a muchos militares y Chávez los hizo sentir protagonistas del proceso como supuestos herederos del Ejército Libertador. Se rebautizaba a la FAN como “Bolivariana” (FANB). Los mimó y les entregó proyectos y cargos sin control ni supervisión, que fueron convirtiéndose en vetas para todo tipo de enriquecimiento.

Pero Chávez mudó pronto sus referencias ideológicas a aquellas inspiradas en la mitología comunista, bajo la tutela de Fidel Castro. Eran los tiempos del primer referendo revocatorio, que amenazaba con sacarlo del poder si no le daba “sustancia” a su retórica grandilocuente. Aparecieron las misiones y la muletilla de George Bush hijo para proyectar un antiimperialismo atrayente. Este giro permitió, además, cosechar solidaridades automáticas con movimientos autoproclamados de izquierda a nivel mundial. Quizás no haya gustado a aquellos militares que recordaban el rol del ejército en la supresión de la guerrilla castrista de los años ’60, pero siempre que no afectasen sus oportunidades de “negocio” y su posición privilegiada, pasaba. Por si acaso, Chávez fue reemplazando a los disidentes con adeptos suyos en los mandos de la FAN. Complementó esta purga con labores de contrainteligencia militar, bajo tutelaje cubano. Pero los intentos por ideologizar a la FAN no llegaron muy lejos. Aun así, mientras la bonanza petrolera financiase generosos programas sociales, la retórica comunistoide cosechaba apoyo popular: un “socialismo” de reparto que ocultaba la destrucción del país.

Con Maduro y la caída de los precios del petróleo, los clichés repetitivos dejaron de ser útiles para disputar las simpatías populares con el liderazgo opositor. La ideología pasó a cumplir otra función, que fue alimentar un espíritu de secta de sus menguantes partidarios, para que cerraran filas en torno suyo. Se convirtió en una burbuja dentro del cual refugiarse, ajeno a toda increpación del mundo externo. La contienda política dejó de ser tal –con el “enemigo” no hay trato-- para dirimirse por vía de la represión despiadada y el cercenamiento de las posibilidades democráticas de cambio. Los militares con mayor vocación de esbirros fueron “justificados” en sus desmanes por “revolucionarios” y premiados con altos cargos. La ideología pasó a absolver el atropello al ordenamiento constitucional. “Inmunizó” al mando chavomadurista de los crímenes cometidos contra los venezolanos, endureció su virulencia y, con ello, su resiliencia ante variados intentos –constitucionales o no—por desalojarlo.

Los cambios que Maduro se ha visto obligado a instrumentar últimamente, ¿modifican este cuadro? Está por verse. Los posibles avances en la negociación entre el oficialismo y la oposición en México –suponiendo que se reanudarán—podrán dar la pauta. No obstante, los elementos reseñados y las caras enseñanzas de anteriores iniciativas por acordar salidas democráticas aconsejan cautela. Sólo con la superación de las divisiones y del “pescueceo” entre dirigentes y agrupaciones opositoras, y la acumulación de fuerzas a través del trabajo con la población, jugando cuadro cerrado con los países democráticos que nos apoyan, podrá forzarse a personeros oficialistas a entrar en razón.

La animación de algunas actividades comerciales y la superación del desabastecimiento de muchos bienes --siempre que se tenga dólares--, ha sembrado la ilusión en más de uno de que, al fin, la economía empieza a recuperarse. La mayoría de los analistas coinciden en señalar que el año pasado hubo un ligero crecimiento o que, al menos, se detuvo la caída que venía ocurriendo desde 2013. Como sabemos, no se publican cifras oficiales al respecto. Después de siete años consecutivos de contracción, habríamos tocado, entonces, fondo --muy profundo, por cierto, ya que el PIB de 2021 fue menos de la cuarta parte del de 2013. Correspondería, ahora, la recuperación. En una sociedad acostumbrada en el pasado a que contingencias externas --la subida de los precios internacionales del crudo—la rescatasen de sus penurias, la ilusión de un esperado rebote no debe sorprender. ¿Pero, de qué “recuperación” se trata? Examinemos los motores de crecimiento de nuestra economía en el pasado para ver.

Los años de fuerte crecimiento en la segunda mitad del siglo XX se asocian a altas tasas de inversión, sostenidas por la captación de ahorro externo en la forma de rentas petroleras. Cifras del Banco Central muestran que, entre 1950 y 1978, la formación bruta de capital fijo promedió un 27% del PIB (precios corrientes), superando, en algunos años, el 30%. Son tasas comparables a las de los llamados “tigres asiáticos” en sus buenos años. La eficiencia o calidad de esa inversión puede discutirse, pero se registra un incremento sostenido y robusto de la productividad laboral durante el período. Distintos gobiernos invirtieron en infraestructura física, la provisión de servicios de cobertura nacional, la educación y la salud, que, junto a un mercado doméstico protegido e incentivos fiscales y financieros, estimularon la inversión productiva. Dependía, sin embargo, de la ampliación sostenida del mercado local, proveniente de un ingreso petrolero en alza. Invertir para exportar estaba vedado por la sobrevaloración del bolívar, salvo en pocos rubros con fuertes ventajas comparativas. Cuando los proventos del crudo llegaron a su nivel máximo, no pudieron ser absorbidos productivamente por la limitación del mercado interno --como señaló Asdrúbal Baptista--, disuadiendo nuevas inversiones. El motor del crecimiento (la inversión) se apagó. Las actividades económicas se estancaron y se fue abatiendo la productividad. Al caer los precios del crudo, el pesado fardo de la deuda externa sumergió al país en la llamada “década perdida”. Se había agotado el modelo de desarrollo hacia adentro, tan dependiente de la renta petrolera.

Cuando el siguiente gobierno (el segundo de Carlos Andrés Pérez, 1989-93) quiso revertir esta situación, buscó, de nuevo, activar la inversión productiva, pero ahora bajo condiciones que estimularan su competitividad. Significaba “destetar” al aparato productivo interno de los incentivos que habían ayudado su crecimiento en el pasado, financiados por una renta petrolera en aumento. El imperativo de un programa de estabilización que estimulase el emprendimiento, la innovación y la transformación competitiva de la economía implicaba eliminar las transferencias de renta que ya el Estado no podía sostener. Chocó con los intereses de aquellos que se habían beneficiado, de distintas formas, del anterior rentismo. Resultó en un cambio de cultura política y económica muy difícil de digerir. Lo combatieron frontalmente, logrando la defenestración de Pérez. El segundo gobierno de Rafael Caldera, su sucesor, a pesar de su intención inicial de volver al pasado, terminó aplicando la estrategia de aquél (con ligeras modificaciones, como el anclaje del tipo de cambio) para evitar el colapso. En vísperas del nuevo milenio, parecía estar claro que el país no tenía alternativa para resolver sus necesidades.

Lamentablemente, las ansias de controlar todo de Hugo Chávez, reforzadas posteriormente por sus ínfulas de instrumentar un “socialismo del siglo XXI”, destruyeron las instituciones que amparaban la iniciativa privada, provocando una situación de creciente incertidumbre y de acoso o expropiación de actividades productivas. La vulneración creciente de derechos humanos y la polarización deliberada de la contienda política por parte del caudillo, sumó a ello un clima de conflictividad política que sirvió de excusa para un mayor intervencionismo estatal en la economía. Le sacó las patas del barro a Chávez la segunda gran bonanza petrolera de nuestra historia –la primera fue durante el gobierno de CAP, 1974-78—que posibilitó programas extensivos de reparto, bajo su égida personal. Los precios del crudo frisaron los 100 dólares o más entre 2008 y 2014, salvo en 2009. El motor de la expansión económica (¿crecimiento?) pasó a depender de la ampliación de la demanda que deparó tan significativa renta, no de la inversión. Si bien ésta promedió 20% del PIB durante los años de gobierno de Chávez, su calidad fue más que dudosa. Fue notorio la cantidad de proyectos públicos no culminados –tren centro occidental, el de Guarenas, autopista a Cumaná, segundo puente para Maracaibo—, los sobreprecios y otras corruptelas (Odebrecht), cuyos montos fueron registrados como tal. Aun así, el socialismo petrolero de Chávez logró aumentar el consumo privado por habitante un 37% entre 2005 y 2014, gracias a los altísimos precios del crudo y la cuadruplicación de la deuda pública externa. Sin embargo, la productividad laboral apenas se movió durante estos diez años y los salarios reales cayeron.

Maduro, sin entendederas en materia económica, se refugió en las políticas de su mentor. Pero no puede prosperar el rentismo si cae la renta. El desplome de los precios del crudo en 2015 descubrió una economía arruinada por las políticas de reparto, pero sobre todo por la esquilmación de los dineros públicos y por las extorsiones y confiscaciones al sector privado, impulsadas bajo el intervencionismo “socialista”. Amplió la entrega de empresas, recursos minerales y demás oportunidades de lucro a los militares más corruptos, como a cómplices, de adentro y de afuera, en busca de apoyo, mientras reprimía ferozmente a la población. Al destruir sus bases de tributación, internas y externas (la industria petrolera), puso el pie en el acelerador de la emisión monetaria para financiar sus gastos, provocando una de las hiperinflaciones más severas y duraderas de la historia. El crédito internacional le estaba cerrado por el default que, de hecho, manifestó la república y PdVSA a partir de 2017, logró, así, el milagro de convertir una de las economías más prósperas de América Latina en la más pobre, en escasos años.

Al desaparecer las oportunidades de expoliar al país, más todavía con las sanciones impuestas contra su régimen, hizo saltar el socialismo del siglo XXI del “eterno”. Eliminó controles, permitió la dolarización de las transacciones y empezó a liquidar activos públicos a la sombra de una “Ley Antibloqueo”. Aplicó el peor ajuste posible para reducir la hiperinflación, reduciendo fuertemente el gasto público y achicando aún más la actividad financiera con encajes del 85%. Condenó, así, a los empleados públicos a sueldos de hambre, a la población entera al deterioro aún mayor de los servicios públicos y a las empresas a autofinanciarse. Mientras, invitó al ELN y otras bandas criminales, en complicidad con militares corruptos y Estados cómplices, a saquear las riquezas minerales de Guayana: oro, diamantes, coltan.

Maduro no ha instrumentado reformas para atraer la inversión y fomentar el empleo productivo. Si bien algunas empresas sobrevivientes han aprovechado la liberalización de la economía para importar insumos y otros incursionan tímidamente en la exportación –la mano de obra nacional es la más barata de la región--, lo que los optimistas ven como “recuperación” son los negocios montados para vender productos importados –bodegones—que deben pagarse en dólares. ¿De dónde vienen? Del saqueo de Guayana, de las remesas enviadas por los millones de exiliados a sus familiares, y por una subida coyuntural en los precios del crudo que pudo haber generado, en 2021, unos 10 millardos de dólares en ingresos por exportación. Son los estertores del rentismo: seguir consumiendo sin producir.

¿Y para aquellos –muchísimos—que rara vez ven un dólar? ¿Cuál es la recuperación?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

ElNacional.com

Chávez entendía muy poco de economía. Al comienzo, lo acompañaron algunos que sí dominaban la disciplina, pero, o bien no supieron convencer al caudillo de sus implicaciones o, aprovechándose de la disolución de normas que aquél fue imponiendo, optaron por llenarse los bolsillos. Quizás la única decisión certera del iluminado fue conservar a Maritza Izaguirre al frente del ministerio de Hacienda durante su primer año y medio de gestión. Pero sus ansias desbocadas de poder –procuraba controlarlo todo—pronto anularon cualquier intento de conducir con sensatez los asuntos económicos.

Sin embargo, a la vuelta de pocos años, los dioses de la fortuna lo compensaron con creces. Los precios del crudo en los mercados internacionales subieron a niveles estratosféricos, liberándolo de tener que prestar atención a distracciones tan mundanas como velar por la eficiencia en el uso de los recursos: interferían su tarea trascendental de redimir al “Pueblo”. Bajo la consigna, “Ahora PdVSA es nuestro”, procedió a repartir las enormes rentas captadas en los mercados internacionales, inventando diversas misiones. Entre 2003 y 2012, dispuso de rentas petroleras que superaron los USD 400 millardos, más de cuatro veces la cantidad de que disfrutaron conjuntamente los gobiernos de CAP y LHC. Ojo, no me refiero al total de los ingresos por exportación, sino a las ganancias extraordinarias obtenidas, una vez deducidos los costos de producción del crudo, incluyendo una ganancia normal, es decir, a la renta propiamente dicha. El consumo privado por habitante aumentó en más de un 50% durante estos diez años de reparto chavista. El sello socialista lo completaron los controles de precio, de tipo de cambio, las regulaciones diversas y confiscaciones al sector privado.

Como resultado, fueron acentuándose, progresivamente, distorsiones a nivel microeconómico: las empresas difícilmente podían competir con los controles de precio, una moneda sobrevaluada y un cúmulo de regulaciones que cercenaban sus iniciativas, amén de las extorsiones de “revolucionarios” que vigilaban por su “buen comportamiento”. Surgieron desabastecimientos cada vez mayores y presiones al alza de los precios. Pero mientras Chávez destruía internamente a las fuerzas productivas, los dioses le seguían sonriendo. En 2012, la bonanza petrolera le permitió importar unos USD 88 millardos en bienes y servicios para suplir las insuficiencias domésticas. Y, como era año electoral, había que botar la casa por la ventana para asegurar la victoria, como reconocería luego su sempiterno ministro de Cordiplan, Jorge Giordani. El déficit público llegaría a frisar el 18% del PIB ese año.

Bajo su sucesor, los desequilibrios macroeconómicos se hicieron cada vez más patentes. Déficits públicos sostenidos, por encima del 10% del PIB, se asociaron a un fuerte déficit externo, una vez que se revirtiera, abruptamente, la tendencia al alza de los precios del petróleo. Maduro, quizás aun más ignorante que su mentor en materia económica, intentó continuar con el libreto del socialismo de reparto. Pero esto implicaba atender, cada vez más, los apetitos de las mafias, militares y civiles, que se habían enseñoreado de los engranajes del Estado en la medida en que se desmantelaban las instituciones y se obstruía el accionar de las fuerzas del mercado. Habían descubierto oro en el caldo de cultivo de corruptelas provocado por las regulaciones excesivas, los controles de precio, el racionamiento de divisas “baratas”, la ausencia de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública, las operaciones dolosas con entes del Estado y el tráfico de estupefacientes. En particular, continuó la depredación del flujo de caja de PdVSA, como si continuaran los años de bonanza, provocando, sobre todo bajo gestión militar, graves deterioros en los niveles de producción y de refinación petrolera.

En 2013 la economía entró en caída libre. Ocho años después, aun no se ha revertido. Estimaciones serias –el BCV no publica cifras sobre el desempeño de la economía real y la balanza de pagos desde 2018—sitúan el valor del PIB al cierre de 2021 en apenas la quinta parte del de 2013. Los niveles de pobreza asociados convirtieron a Venezuela en el país más pobre de América Latina, junto a Haití.

El ajuste de Maduro ante los desequilibrios generados (de la gestión pública y del sector externo) fue, inicialmente, reducir drásticamente el monto de las importaciones para generar los excedentes con los cuales cancelar las abultadas cuotas de deuda que vencían --por encima de los ocho millardos de dólares a partir de 2017-- con la ilusión de mantener el crédito externo, y, por otro lado, financiar el déficit público con emisión monetaria del BCV, dada la destrucción de las bases de la tributación doméstica y petrolera. Con depresión tan drástica del consumo (importaciones reducidas e hiperinflación provocada) descargó íntegramente el costo del ajuste sobre los hombros de los venezolanos no enchufados.

No es menester insistir en los indicadores de miseria generados para comprender la magnitud de la tragedia resultante. Todos estamos conscientes de ella, incluidos los chavomaduristas. Como ya no sirven las monsergas “revolucionarias” para salirse del paso, se han visto obligados a liberar el tipo de cambio y los controles de precio, permitir la dolarización de las transacciones domésticas, desprenderse de activos públicos con su “Ley Antibloqueo" y ofrecer algunos incentivos. Pero esta pretendida “normalización” en el fondo de un foso tan profundo, no descansa en la restitución plena de las garantías económicas --¡mucho menos, de las civiles y políticas!, ni en la transparencia de la gestión pública.

Los ajustes monetaristas clásicos para abatir la inflación y los déficits externos suelen afincarse en la reducción de la oferta de medios de pago, en vez de la demanda por dinero. Ha llegado a representar una especie de Santo Grial para ciertos proponentes neoliberales. Sucede que tal “remedio” puede ameritarse cuando las economías funcionan a pleno empleo y tiene sentido “enfriar” la dinámica que ha provocado los desbordamientos monetarios. Venezuela se encuentra, actualmente, en el polo opuesto de esta situación. Requiere, por el contrario, dinamizar su economía, profundizando sus transacciones –inversiones, contrataciones, empleo, financiamiento—, de manera de aumentar la demanda por dinero, “re-monetizándola”, para absorber los medios de pago que actualmente se fugan hacia la compra de divisas y/o presionan al alza de precios de una oferta sumamente disminuida de bienes y servicios.

Pero dinamizar la economía venezolana requiere restaurar el ordenamiento constitucional, con sus garantías civiles, políticas y económicas, negociar un fuerte financiamiento internacional asociado a un programa consistente de estabilización macroeconómica, incluyendo la reestructuración de la deuda, y restituir la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública, en el marco de profundas reformas que rescaten la capacidad de producir los bienes públicos que tanto hacen falta.

Lo anterior, empero, significa acabar con el barullo que ha servido de caldo de cultivo para las fortunas mal habidas de las mafias atrincheradas en el poder. Las alianzas entre éstas dan sustento al régimen fascista. Maduro, por tanto, ha preferido el ajuste neoliberal: reducir al máximo el gasto público real y, con ello, la necesidad de financiamiento monetario de los déficits, y ahogar la demanda de divisas con encajes prohibitivos a la banca nacional. Implica deprimir aún más las remuneraciones reales a los empleados del Estado, menos recursos para mantener los servicios públicos y reducir el financiamiento bancario hasta hacerlo prácticamente desaparecer. Y, efectivamente, se está “domando”, muy dolorosamente, la hiperinflación. Lo demás es dar rienda suelta al capitalismo salvaje que ha permitido arrasar Guayana con la minería de oro, diamantes, coltán y otros, aupar traficantes al estilo de Alex Saab y acabar con los resguardos que podían constreñir la dedicación de las divisas generadas en montar “bodegones”.

La débil reanimación ocurrida de algunas exportaciones e industrias en este contexto no es lo que define la supuesta “normalización” de Maduro. No nos confundamos. Sus prioridades son otras.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

¿Cuántas veces apelará uno a la fábula del alacrán y la rana para explicar el sinsentido (aparente) del comportamiento fascista? Consciente de que su labor destructiva nacional se pasó de maracas y que su violación extendida de los derechos humanos transgrede normas básicas de convivencia internacional, Maduro pareció entender la necesidad de crear condiciones propicias para adquirir un mínimo de legitimidad ante el mundo. De otra forma, será poco probable que le alivien algunas de las sanciones que pesan sobre él y sus secuaces, una restricción significativa al margen de maniobra para sus diversos “negocios”. Corre el peligro de que, sin recursos, el tejido de alianzas cómplices sobre las que se mantiene su tiranía se deshilache y, “amor con hambre no dura”.

Confiado en que el desgaste del liderazgo opositor y sus pugnas internas le facilitarían la victoria, decidió que las elecciones regionales y locales del 21-N de este año contasen con condiciones que pudiesen obtener el visto bueno de las naciones democráticas de mayor relieve. Aceptó, por tanto, incluir dos reputados demócratas como rectores del CNE (conservando su mayoría de tres), indultó a importantes dirigentes políticos perseguidos por su condición opositora e invitó a una misión de observadores electorales (MOE) de la Unión Europea para que le dieran su sello de aprobación. Nada de las marramucias con las que se hizo reelegir en 2018. El propio demócrata, pues. Pero, como se reveló luego, su puesta en escena resultó muy distinta a la Disneylandia electoral con la que pensaba redimirse.

La MOE constató que el proceso comicial ocurrió en presencia de numerosas irregularidades: ausencia de un poder judicial independiente, fuerte ventajismo oficial, políticos inhabilitados, acceso desigual a los medios de comunicación y tarjetas y símbolos de partidos opositores confiscados. Y, encima, ¡Freddy Superlano ganó las elecciones para gobernador de Barinas, patria chica del Eterno! Como eso desafiaba las leyes de la Historia (con mayúscula), siempre a favor de la “revolución”, había que “corregir” los hechos. Y –bajo las propias narices de la MOE a la que se trataba de enamorar-- salió el esperpento del tsj (minúsculas bien ganadas, con el perdón de las minúsculas) invalidando ese triunfo. Sucede que, secretamente, Freddy Superlano seguía “inhabilitado”. Como si eso no fuera suficiente, el ejército de ocupación en que ha devenido el chavo-madurismo quiso vaciar el significativo triunfo de Manuel Rosales en el Zulia, despojándolo del manejo de aeropuertos, peajes y del puente sobre el Lago. Y, para culminar, se canceló de una vez la permanencia de la MOE en Venezuela. ¡Fuera esa caterva de espías!

Es bueno detenernos un instante en el vergonzoso fraude perpetrado en Barinas, pues arroja luz sobre la naturaleza del régimen. En primer lugar, la inhabilitación política de cualquier venezolano sólo es posible por decisión judicial motivada. Un órgano de la administración pública como la Contraloría General de la República no puede inhabilitar políticamente a Freddy Superlano o a otros. Segundo, el indulto de un presidente –y el chavismo reconoce a Maduro como tal—de todas maneras anularía esa “inhabilitación” amañada. Tercero, la máxima autoridad electoral, el CNE, en razón de este indulto, había autorizado la candidatura de Superlano (como de otros indultados). Cuarto, el alegato del tsj de que inhabilitó de nuevo a Superlano (¡!) nunca fue comunicado al CNE. Nadie lo conocía. Quinto, no le toca a ese tsj intervenir las competencias de la autoridad electoral, el CNE, para imponerle que suspenda el conteo de votos y convoque a nuevas elecciones en ese Estado. Sexto, si la supuesta “inhabilitación” de Superlano era razón para ello, ¿por qué no suspender, también, las elecciones en otros estados en los que habían concurrido candidatos “inhabilitados”? En fin, una ristra de disparates y atropellos pseudo-legales –seguramente se me escapan otros—que magnifican, a los ojos de cualquier observador, la ausencia absoluta de garantías para que se respetara la voluntad popular. Y uno de pregunta, ¿a qué se debió, entonces, el esfuerzo por simular unas elecciones confiables?

Si se esperaba que Maduro y sus cómplices actuasen en términos políticamente racionales, la torpeza cometida con las elecciones de Barinas, la conculcación de atribuciones a la gobernación del Zulia y la salida de la MOE no tienen sentido. Los sacrificios incurridos en abrirles espacios a la oposición, reducir su arsenal de trampas electorales, permitir el triunfo de la oposición en numerosas alcaldías y algunos estados, ¿no era para conquistar legitimidad internacional? ¿Por qué echar todo por la borda?

Algunos atribuyen tal desatino a las contradicciones internas del chavo-madurismo, en particular, a las maniobras de Cabello por sabotear la iniciativa de Maduro. Desde luego, entre trúhanes no pueden esperarse conductas de “gentlemen” ingleses, del “fair play”. Pero la razón es otra.

Para el fascismo, la política es una guerra. Los adversarios no son tales; son enemigos. A la hora de las chiquitas, no se respeta norma alguna si ello hace peligrar el triunfo de esa guerra. Y un aspecto central a todo triunfo, sobre todo en la confrontación política, reside en lo simbólico. ¿Cómo admitir que fue derrotado Chávez, el hermano, en la tierra en la que nació y creció el venerado héroe de Sabaneta? El mito requiere preservar inmarcesibles los elementos y signos que le dan vida y suscitan apego. Es consustancial al encantamiento que alimenta la fe de secta. ¡La tierra santa debe defenderse como sea! En un plano más terrenal, el manejo non-sancto de la familia Chávez al frente del estado no debe mancillar ese imaginario. Sus haciendas y otros negociados irregulares no pueden salir a la luz pública. Ya se procedió con la derrota de Francisco Rangel Gómez ante Andrés Velásquez en las elecciones para gobernador de Bolívar en 2017. Para tapar los robos asociados a su gestión al frente del estado Bolívar, había que “cortar por lo sano” (¡!) y robarse, también, las elecciones. Y, así como la naturaleza del alacrán lo llevó a aguijonear a la rana y ahogarse, donde quiera que peligre directa o indirectamente (por el colapso de la simbología “revolucionaria”) el régimen de expoliación chavo-madurista, se echará por la borda cualquier compromiso democrático. Es un asunto de economía política de mafias.

Ahora bien, quienes no deben dejarse llevar por simbolismos y pasiones sectarias, son las fuerzas democráticas. Las cifras del 21-N revelan que, de haberse producido candidaturas unificadas, habrían triunfado en unos 14 estados, aun con la altísima abstención que hubo. Además, se mostró que, en el bastión chavista de Barinas, la voluntad popular se inclina por rescatar la democracia. De manera que no hay excusa para aunar esfuerzos para propinarle a los fascistas una derrota aun mayor en Barinas en enero próximo. Aparentemente, ya se han celebrado acuerdos auspiciosos al respecto. Pero lo ocurrido obliga a anticipar nuevas trampas por su parte y tomar las previsiones en materia organizativa, de equipos de mesa y de denuncia a los medios, ante lo que puedan tramar.

Finalmente, lo sucedido es una alerta más a la estrategia trazada de conquistar condiciones favorables a la realización de elecciones presidenciales y legislativas confiables por medios pacíficos, como se ha tratado de adelantar a través del proceso de negociación interrumpido en México. Sólo ante una correlación de fuerzas que perciba como abiertamente contraria, el chavo-madurismo verá la necesidad de ceder. Ello implica capitalizar el triunfo esperado en Barinas e insuflarle a los venezolanos confianza en el voto como poderosa arma para el cambio. La firmeza de nuestros aliados internacionales en torno a las condiciones que justificarían el levantamiento de las sanciones cierra el cuadro.

Maduro y sus cómplices salieron bastante más golpeados, políticamente hablando, que la oposición de la contienda de 21-N. Aprovechemos al máximo la oportunidad que ello representa para avanzar.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

Las elecciones regionales y locales del pasado 21 han dado mucho de qué hablar. Aunque sectores de oposición radical las han descalificado, sus resultados no deben ser desestimados si se busca desalojar, cuanto antes, a Maduro. Afortunadamente, muchos análisis ofrecen aportes en este sentido.

Inicialmente, se buscó poner en contexto la victoria de las fuerzas chavo-maduristas. Algunos numerólogos se refirieron inmediatamente a las cifras de abstención y a la suma de los votos no oficialistas para señalar que ese triunfo fue muy relativo. Además, la votación del PSUV fue la más baja de toda su historia, si se dan como ciertas las cifras que viene publicando en cada elección el CNE. Desde el lado opositor, se puso en evidencia el terrible daño que significó anteponer aspiraciones individuales de líderes o grupos a la búsqueda de candidaturas unitarias. Se aduce que la suma de votos adjudicados a la oposición le hubiesen dado la victoria en 14 estados ganados por el chavismo, de haber concurrido con candidatura única. Los casos más notorios fueron Táchira y Mérida. Tampoco debe subestimarse que la oposición obtuvo un tercio de las alcaldías –bastante más que en los comicios anteriores—y pobló a pueblos y ciudades con sus concejales.

No sorprende que un lugar central lo ocupan las irregularidades, ventajismos y atropellos del fascismo. El informe preliminar de la Misión de Observadores Europeos (MOE), si bien señala importantes avances en la realización del proceso con relación a comicios anteriores, objeta el apoyo a candidatos oficialistas con recursos públicos, el sesgo abierto de medios de comunicación a su favor, la falta de independencia judicial --reflejada en la confiscación de tarjetas y símbolos de partidos opositores y la inhabilitación (inconstitucional) de candidaturas no oficialistas-- y la instalación de centros de control de electores (“puntos rojos”) cerca de los lugares de votación. Hay que recordar, además, la falta de garantías civiles, reflejada en la existencia de más de 250 presos políticos y numerosos perseguidos. Y, a pocas horas de haberse reconocido su triunfo, fue detenido un día entero el alcalde de un municipio del sur de Mérida, Omar Fernández. Asimismo, esbirros del Sebin acosaron a la alcaldesa electa de San Juán de los Morros. Pero la gota que colmó el vaso ha sido la abierta confiscación de la voluntad popular en Barinas, al inhabilitar el tsj (¡minúsculas obligadas!) a Alfredo Superlano para no reconocer su triunfo electoral. Elecciones democráticas, en verdad, no fueron. Maduro lo confesó, implícitamente, cuando quiso descalificar a la MOE, tildándola de “espías”.

Por último, las insuficiencias e irregularidades detectadas dirigen la atención a la necesidad de limpiar el ente supervisor (CNE), empezando porque la designación de sus miembros sea conforme a lo pautado en la constitución para garantizar su imparcialidad política. Es menester asegurar, además, su autoridad para imponer multas u otras medidas pertinentes a quienes violen las normas que regulan los procesos electorales. Entre otras cosas, debe velar porque se cumplan los lapsos establecidos para cada proceso y para que permanentemente sea actualizado el Registro Electoral Permanente.

Es injustificable, empero, que análisis tan diversos hayan soslayado un aspecto crucial con relación a las posibilidades de utilizar el voto para sacar a Maduro y a sus militares corruptos. ¿A cuenta de qué, quienes se identificaron como partidarios del peor gobierno que ha conocido la Venezuela moderna, el más corrupto, ineficiente, requetemalo y mendaz, sacaron tan alta votación relativa? Y aquí no vale aquello de que, con la abstención –más del 58%-- la votación del PSUV fue tan sólo del 19% del REP. Lo que debe ser preocupación central, en vez de regodearse con excusas fáciles, es el hecho de que, bajo las actuales circunstancias, casi un 20% de la población adulta, incluyendo en este total a la que migró, haya votado por el chavismo. En algunos estados este porcentaje fue bastante mayor. Decir que se debió al ventajismo, que muchos empleados fueron conminados a votar por los candidatos oficialistas, a la confusión sembrada por los llamados “alacranes”, o al chantaje de quitarles a la gente los CLAPs (u otras prebendas), no ayuda. Tampoco el bombardeo ideológico por los medios estatales. Ello solo incidiría en la votación de una secta fanatizada, veneradora de Hugo Rafael, el Eterno, que no debe pasar del 5% de la población. Estos son, además, los datos del proceso, los parámetros fijados por el fascismo que deben ser tomados en cuenta si se quiere formular una estrategia exitosa.

El problema central es que las fuerzas democráticas no representaron la opción política esperada a los ojos de un número demasiado importante de venezolanos, sobre todo de los jóvenes, a quienes les han robado su futuro. Es decir, sus candidatos no supieron o no lograron --salvo escasas y valiosas excepciones--, capitalizar lo que es el asunto más importante de toda elección a celebrarse en el país en estos momentos –incluidos los de carácter regional o local--, que es encarnar la única opción económica, social, moral y políticamente posible al desastre urdido por tan deplorable régimen. Por diversas razones, no fueron percibidos, al menos no con la intensidad suficiente, como un proyecto radicalmente distinto de sociedad a la de Maduro y sus cómplices, la única capaz de lograr que sobreviva Venezuela como país en el que vale la pena vivir. Por supuesto que el lamentable espectáculo de las divisiones y pugnas en el campo opositor hizo su efecto, como la indefinición de buena parte de las fuerzas democráticas por participar y la decisión tardía de hacerlo. Dificultó posicionarse con claridad en estos comicios como referente del cambio necesario.

No es descargo tampoco argumentar que, en elecciones de alcance regional y local, los proyectos nacionales no están en juego. Si queremos acabar con las prácticas de expoliación de las mafias que controlan el Estado, la transparencia y rendición de cuentas de gobernadores y alcaldes, la corresponsabilidad ciudadana activa en estos asuntos, su organización para defender sus derechos ante el centralismo dictatorial, los problemas gravísimos de la seguridad personal y otros son claves para deslindar, a partir de los problemas locales y regionales, el proyecto alternativo a reivindicar.

Pueden alegarse circunstancias atenuantes de la débil presencia opositora entre el electorado, además del ventajismo y de las otras irregularidades ya comentadas. Una explicación plausible es que el liderazgo chavo-madurista en algunas regiones o localidades haya podido ser mejor, comoquiera que definamos este término. Supondría reconocer que el nivel de descomposición y de perversión que distingue al núcleo central del madurismo, no caracteriza necesariamente a todos sus dirigentes. Sea como fuere, su impacto hubiese sido bastante más acotado, como las maniobras de aquellos que buscaban confundir al electorado, en presencia de una opción democrática clara. El reto debe ser, además, atraer el chavismo sano que pueda existir a las filas democráticas.

En las distintas versiones del Plan País existen propuestas de solución a los problemas económicos, de los servicios, de la seguridad personal, la salud, la educación, etc. que sólo podrían instrumentarse conquistando el régimen de libertades y garantías requeridos para el despliegue pleno de la iniciativa ciudadana, en aras del bienestar material y espiritual de los venezolanos. Saber transmitir esto de manera sencilla, pero con la pasión que lo amerita, es central a toda participación electoral futura, sea ésta el referendo revocatorio o las presidenciales y legislativas a acordar. El éxito futuro de los líderes que se han ido forjando en las luchas sociales y políticas en distintas partes del país, como de aquellos que se consolidan a nivel nacional, debe nutrirse de estas consideraciones. De no ser así, continuaremos siendo vulnerables a las trapacerías depredadoras del fascismo.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

En un artículo reciente[1], la periodista e historiadora, Anne Applebaum, alerta sobre la existencia de una especie de trasnacional de las autocracias –la denomina (en inglés) “Autocracy Inc”.—, constituida por Estados paria que se auxilian entre sí ante la reprobación que su conducta provoca a la comunidad democrática internacional. Tienen inclinaciones ideológicas variadas, desde la extrema izquierda (Cuba, Corea del Norte) hasta la extrema derecha (Myanmar), incluyendo las teocracias conservadoras de Irán y de los talibanes. En este club de los malos, violadores de los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pueden mencionarse, entre otros, a Alexandr Lukashenko, Bashar Al-Assad, Vladimir Putin, Recep Erdogan, Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel, al menos seis dictaduras africanas y –no podía faltar—Nicolás Maduro. No pertenecen a ninguna organización formal, ni responden a liderazgo alguno. Más bien gravitan instintivamente hacia sus similares por razones de solidaridad criminal.

A pesar de su diversidad, emulan aquellos comportamientos que el “amigo” ha probado que son eficaces para contener a su propia población. Han ido homologando herramientas de un arsenal represivo que cada uno ha afinado con estos fines: desapariciones selectivas para sembrar terror; acoso a medios de comunicación nominalmente libres; elecciones trucadas; contrainteligencia para difamar, intrigar y sembrar falsas noticias; judicialización de la política; criminalización de la protesta; uso de bandas paramilitares disfrazadas de “pueblo” para reprimir; hackeo, espionaje y control de información en las redes sociales; y mucho más. Esta caja de herramientas se complementa con alianzas para evadir sanciones, complicidades en corruptelas numerosas e, incluso, apoyo financiero.

Son dictaduras de nuevo cuño que, como se puede apreciar, han perfeccionado dispositivos más “sofisticados” de control y represión que la brutal bota militar clásica. Desde luego, esta estará siempre a la mano si la protesta se desborda. Pero la primera línea de defensa está en asfixiar las posibilidades de que los opositores acumulen fuerzas capaces de desafiar su poder. Denuncias, movilizaciones o protestas son desarticuladas fabricando cualquier acusación absurda para apresar a sus cabezas más visibles o con medios más mortíferas –lamentables “accidentes”--, que le ponen sordina a la expresión democrática. Cada una de estas dictaduras ha confeccionado su propia burbuja ideológica como refugio, sea de naturaleza religiosa, patriotera, anticomunista, procomunista, etc., con la cual “justifican” sus abusos ante sus partidarios y forjan sentimientos de solidaridad entre sí, casi siempre formulados como “defensa ante los ataques” de Estados Unidos (el imperio) y de la Unión Europea (colonialista).

Otro elemento distintivo con respecto a las dictaduras más clásicas es que éstas buscaban cubrirse de las críticas con campañas propagandísticas cuidadosamente articuladas, reservándose en secreto toda información inconveniente. Applebaum señala el caso de la URSS. Pero a los integrantes de la presente trasnacional autocrática parece que la crítica les rueda. En su escrito, cita al activista prodemocracia, Srdja Popovic, quien designa a este comportamiento como el “modelo Maduro”. Los dictadores que lo adoptan –afirma—están dispuestos a pagar el precio de ser un Estado fallido, a aceptar el colapso de su economía y a quedar aislados internacionalmente, si ello es conducente a que puedan mantenerse en el poder y seguir enriqueciéndose. Como ejemplo, se refiere a Al-Assad, el carnicero de Siria, quien ha asumido el modelo Maduro. El disfraz ideológico es lo de menos, acaso para respuestas automáticas.

De manera que el comportamiento de Maduro, totalmente insensible, displicente y despreocupado por la tragedia que su conducta ha urdido sobre los venezolanos, le ha valido para servir de ejemplo, según estos analistas internacionales. Es emblemático de un ejercicio despótico del poder que, más allá del saludo a la bandera de ciertas consignas antiimperialistas y patrioteras, le importa un bledo la suerte de sus compatriotas. Como hemos venido insistiendo, transformar a Venezuela de ser el país más próspero de América Latina hace pocas décadas, a ser hoy el más pobre junto con Haití, no es tanto por ignorancia o incompetencia –que las habido mucho—sino resultado inexorable del régimen de expoliación que montó el chavismo, alegando estar construyendo el “socialismo de siglo XXI”. La guinda que puso Maduro, al extremar la corrupción de militares traidores para hacer de ellos los principales dolientes (cómplices) de semejante desastre, ha hecho que su “modelo” sea muy resiliente: todo le rueda.

Las particularidades del ”modelo Maduro” subrayan la descomposición moral y personal de quienes han hecho de él una referencia. Pone de relieve, además, que en el fondo --¡y en la superficie!—de lo que se trata es de un poder ejercido por una organización criminal. Es necesario tomar esto en cuenta a la hora de pensar que en torno a determinados objetivos o propósitos debería existir un interés común con base en el cual negociar acuerdos para superar la terrible tragedia que agobia a Venezuela. A juzgar por lo comentado, las probabilidades de que ello exista son, cuando menos, remotas. Los valores (si es que pueden llamarse tales) y prioridades de quienes se han forjado tan infame distintivo internacional, están fijados en otra cosa: cómo sostener, valiéndose de las armas a su disposición, su régimen de expoliación. Los intereses de la nación, el bienestar del venezolano o el disfrute a plenitud de las libertades ciudadanas no parece tener sintonía alguna con ésta, su principal misión.

De manera que negociar una salida que le devuelva a la población las posibilidades de disfrutar de una vida digna, en libertad, no va a tener mayores posibilidades de éxito sino persigue acumular una posición de fuerza ante la cual los titulares del “modelo” les sea costoso desestimar. Dada la apatía evidenciada en las elecciones regionales y locales recién culminadas, el desafío del liderazgo democrático es, hoy, aún más significativo. Para bien del país, de los jóvenes que les han confiscado su futuro, y de los adultos y viejos que les arruinaron lo que les queda de vida, no debe escatimarse iniciativa o esfuerzo alguno para construir esa fuerza. Un análisis crítico de lo ocurrido, incluyendo el esfuerzo de numerosos compatriotas por levantar y promover, con sus errores y aciertos, la alternativa democrática, a pesar de las circunstancias adversas, constituye una tarea inescapable para asumir, de manera honesta y productiva, una estrategia capaz de insuflar aires frescos al liderazgo opositor para que, progresivamente, pueda tener éxito en esa labor. En pro de la necesaria unidad que debe fundamentar estos esfuerzos, que cada quien asuma su responsabilidad.

[1] “Autocracy is winning”, The Atlantic, 15 de noviembre, 2021

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El próximo domingo, 21 de noviembre, bajo un régimen que no ha sido reconocido precisamente por su respeto a las reglas de juego ni a los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos, se celebrarán elecciones regionales y locales. A pesar de lo señalado, representan una valiosa oportunidad para avanzar en el desplazamiento de la camarilla que lo controla y que tanto daño ha causado al país, que no debe ser desperdiciada. Esta apreciación se basa en las siguientes consideraciones.

Las condiciones en que habrán de realizarse estas elecciones son diferentes a las que montó Maduro en 2018 para hacerse reelegir. Entonces las fuerzas democráticas aún controlaban la Asamblea Nacional, aunque sólo formalmente por el despojo de sus potestades constitucionales, y el liderazgo opositor gozaba de considerable apoyo y reconocimiento internacional. La farsa electoral de ese año –partidos y dirigentes opositores inhabilitados, ausencia de auditoría de las máquinas y del registro electoral, inexistencia de observación internacional confiable, violación de los lapsos establecidos y un notorio ventajismo oficialista— pudo ser convertida en acusación contra el régimen. El supuesto “triunfo” de Maduro fue, en realidad, una derrota política. Tan así que más de 50 países del mundo democrático lo desconocieron, se acentuaron las sanciones en su contra y las fuerzas democráticas pudieron montar, el año siguiente, el desafío más fuerte que ha tenido que enfrentar: la aparición de un poder paralelo, en la figura de un presidente interino encarnado en Juan Guaidó, con amplio apoyo internacional. Que este interinato finalmente se haya desinflado en sus pretensiones de sustituir a Maduro, no invalida que, en el momento de su aparición, acentuó la precariedad del mandato obtenido fraudulentamente.

En las venideras elecciones el liderazgo opositor no goza de la ascendencia política que tenía en 2018. Si bien las encuestas siguen mostrando un rechazo a la gestión de Maduro de más del 80%, el apoyo a quienes encarnan la alternativa democrática ha descendido casi al nivel que el que tienen las fuerzas chavistas. Parece que, para muchos, ese liderazgo no encarna la salida en estos momentos.

Por su parte, los jerarcas del gobierno de facto necesitan ganar legitimidad internacional para que les sean levantadas las sanciones en su contra. Ello es aún más apremiante por la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de abrirles una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad contra la población. Confiando en que su poder no estará en juego, optaron por respetar ciertas reglas para la venidera contienda, asumiendo un riesgo calculado de que la oposición reconquiste algunos espacios, en lugar de cerrarse aún más en su barbarie y trampear las elecciones abiertamente, como acaba de hacer Ortega en Nicaragua. Y es que sobre Ortega no pesan, por ahora, sanciones como las que tanto perjudican a los bolsillos de la mafia que controla el poder en Venezuela.

De ahí la incorporación de dos respetados demócratas en el CNE, la restitución de la tarjeta única a los fuerzas que integraron la MUD, la venida de una misión de observadores de la Unión Europea y, bajo cuerda, el retorno de algunos dirigentes perseguidos. Claro, persiste la confiscación de las tarjetas y símbolos de importantes partidos opositores, Maduro sigue contando con mayoría en el CNE y es notorio el ventajismo oficialista en el uso de los medios del Estado. La aparición el día 21 de “puntos rojos” para el control de electores, de bandas fascistas merodeando las instalaciones e intimidando a los testigos electorales de oposición, muy probablemente estén también en la agenda. Pero la apuesta del chavo-madurismo parece ser evitar que estos comicios sean invalidados, a los ojos de los observadores, por incumplir con las garantías democráticas esperadas. De lograrlo, Maduro habría dado un importante paso en su búsqueda de legitimidad, mejorando su posición negociadora en México y ante EE.UU.

Y en este riesgo calculado, cuenta con una carta importante: las pugnas habidas entre las fuerzas democráticas, y la desmotivación y consecuente abstención de parte del electorado que, si votara, sería por la oposición. Se ha visto favorecido por la campaña activa contra la participación electoral de una minoría opositora que alega que estos comicios, como los anteriores, serán trampeados: se votará, pero no se elegirá. Ésta se pregunta, no sin razón, si se puede confiar en quienes han dado reiteradas muestras de falsear la voluntad popular. ¿Acaso son ahora demócratas, respetuosos de las normas?

Sería ingenuo confiar en que los maduristas desecharán la trampa ahí donde perciben que puede dar sus frutos. Pero les acarrea un costo político si lo que buscan es aprobación. Además, por las situaciones antes descritas, confían en que la votación de las fuerzas opositoras estará lejos de su potencial y, por tanto, poco amenazante. Perder en algunos lugares, cuando no está en juego el poder a nivel nacional, no les quita el sueño. En última instancia, podrán volver a meter –esta vez camuflada, pues Maduro prometió no aplicarla—la figura del “protector” del estado o de la alcaldía en cuestión.

La naturaleza del régimen no ha cambiado. Sigue siendo un poder dictatorial militarizado, articulado por complicidades mafiosas que, con el apoyo de bandas criminales y de estados forajidos, se dedica a expoliar a Venezuela. Su problema es que, por los momentos, no pueden sacarle todo el provecho a su presa por las restricciones internacionales impuestas a sus desafueros. De ahí su afán de ser percibido como “buen ciudadano” en el concierto de naciones, con elecciones que sean aceptadas como válidas, para recuperar márgenes de acción. No es porque sus personeros crean en la democracia, en el imperio de las leyes y el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de la población.

Cómo el fascismo no da fácilmente su brazo a torcer, tiene una enorme importancia los esfuerzos de muchos para que las fuerzas democráticas conquisten la mayor votación posible. De sobrepasar las expectativas de partida, pondrán en tres y dos a Maduro: o acepta el resultado o se despide de sus intentos por ganar legitimidad. Hay que aprovechar oportunidades como ésta para volver a motivar a la población en torno a las posibilidades y la factibilidad real de un cambio político en el país. Los liderazgos que se están forjando en muchos lugares a propósito de estos comicios, al conectarse con las aspiraciones y los problemas cotidianos del venezolano, habrán de insuflar aire fresco en las fuerzas democráticas. Por los medios sociales se han divulgado importantes movilizaciones y se aprecia un renacer del entusiasmo entre multitudes no despreciables. Ojalá que pueda remontarse en muchos lugares la poco alentadora situación comentada arriba. Decisiones como la de Carlos Ocariz, renunciando a favor de la candidatura de David Uzcátegui para la gobernación de Miranda, son muy positivas. En todo caso y a pesar de las divisiones que aún habrán de presentarse, la suma total de votos democráticos debe dar una señal clara de las aspiraciones de cambio de los venezolanos.

Es menester acumular las fuerzas necesarias para que, con una estrategia consensuada y un liderazgo que haya recuperado la confianza de las grandes mayorías, se logre forzar progresivamente al madurismo a ceder en asuntos cruciales a la convivencia democrática para que, en próximos comicios –las posibilidades de un referendo revocatorio, según el calendario impuesto por Maduro están a la vuelta de la esquina— puedan consolidarse posibilidades efectivas de un gobierno de transición democrática que abra las puertas a la conquista de niveles crecientes de bienestar, en un régimen de respeto al ordenamiento constitucional, a las libertades y a los derechos humanos de la población.

En la superación de las tragedias padecidas por las grandes mayorías, tiene poco efecto la ilusión de “deslegitimar a la dictadura, absteniéndome”. No aprovechar las oportunidades que se presentan para acortar la vida en el poder de tan funesta camarilla solo contribuye a alargar y profundizar su sufrimiento. El esfuerzo de cambio nos corresponde fundamentalmente a los venezolanos, si bien el apoyo internacional es muy importante. Pero no confiemos en soluciones mágicas venidas de afuera.

¡A votar!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Se percola de la forma en que incursionó recientemente Nicolás Maduro en la Ciudad Universitaria. Fue de noche, sin conocimiento del equipo rectoral, protegido por sus escoltas y acompañado de algunos acólitos. Escogió el momento en que no encontraría a nadie; no podía ser de otra manera. Así podía esquivar el repudio de la comunidad universitaria y escenificar, a solas con los suyos, su cínica oferta de “recuperar” a la UCV. Y como no sabe hablar sin insultar ni ofender a quienes no comulgan con su atraso, les echó la culpa a las autoridades de su lamentable deterioro, tildándola de “chatarra” y comparándola con el Retén de Catia. Para mayor afrenta, nombró “protectora de la UCV” (¡!) a quien venía de fracaso en fracaso en su gobierno, Jacqueline Farías. Incómodamente sentado en un pupitre, quiso hacernos entender que el salón recién pintado en que se encontraba era un comienzo. Porque, en su imaginario, lo que importa de una universidad son sus edificaciones. Pero como suelen albergar seres hostiles a la “revolución”, enemigos que la critican, incurrió en el lapsus mentis carcelario: ahí es, donde merecen estar. Semanas antes había tanteado el terreno su vicepresidente, Delcy Rodríguez, también a la sombra, violentando las puertas para entrar, a la fuerza, a una Aula Magna vacía.

Las universidades han sido instituciones señeras en la modernización. Para ello, ha sido crucial disponer de los grados de autonomía requeridos para cobijar el debate de ideas que nutrían el pensamiento científico y humanístico de los condicionamientos o imposiciones de los poderosos. Como era de esperar, no siempre fue respetada. Ámbitos donde era lícito cuestionar dogmas y supersticiones prevalecientes no eran del agrado de quienes se sentían favorecidos por el orden existente. El avance del conocimiento académico adquiría muchas veces, potencialidad subversiva. Como señalara Schumpeter con relación a la innovación, desataba procesos de “destrucción creativa”.

En el pasado, los que reivindicaban su condición de “izquierda” en Venezuela, no podían sino asumir la defensa de la autonomía universitaria, aunque a veces fuese, no por motivación académica, sino para poner a resguardo, fuera del alcance de los órganos represivos, a quienes se habían alzado en armas contra el gobierno democrático. Por eso Chávez, al asumir tal identificación cuando comenzó su gobierno, incrementó en 2001 la asignación presupuestaria a las universidades, mejorando también la remuneración de profesores y empleados. Previamente, la Asamblea Constituyente que había sido convocada para “refundar la patria”, dominada por sus partidarios, había dado rango constitucional a la autonomía universitaria (artículo 109).

Pero esta luna de miel con la libertad de pensamiento fue de muy corta duración. Para quien se proyectaba como segundo Libertador, redentor de los venezolanos traicionados por una oligarquía que obedecía al “imperio”, el ejercicio autónomo de la opinión crítica, propio de las universidades nacionales, era un golpe indigerible por su inmenso ego. La libertad de cátedra le ofendía. Ese mismo año fue tomado violentamente el salón de sesiones del Consejo Universitario de la UCV por huestes fanáticas que clamaban sustituir sus autoridades legítimas a través de una especie de asamblea constituyente. Detrás de este atropello estaba su vicepresidente de entonces, Adina Bastidas. Aunque la comunidad universitaria, indignada, se movilizó para desalojar a los facinerosos del espacio usurpado –y, lamentablemente, arrasado--, el incidente marcaría, junto con la asfixia presupuestaria y la degradación de la normativa relevante, la relación del chavismo con el mundo universitario.

Siguieron, en los años subsiguientes, numerosas acciones vandálicas por parte de bandas armadas chavistas contra las instalaciones de la UCV, destrozando laboratorios y equipos, y quemando aulas e incluso bibliotecas. Agredían a autoridades, profesores y estudiantes, a veces provocándoles graves lesiones. Tal arremetida fue sufrida, igualmente, por otras universidades autónomas, siendo las distintas sedes de la Universidad de Oriente quizás las más devastadas.

A la par, quienes ocupaban el cargo de ministro de Educación, posteriormente, de Educación Superior y luego, de Educación Universitaria fueron minando progresivamente las potestades administrativas que el régimen autonómico confería a las universidades, sometiéndolas a directrices que bastardeaban la meritocracia y confinaban su quehacer académico. En la Asamblea Nacional, chavistas que antes se daban golpes de pecho por la autonomía, aprobaron una Ley Orgánica de Educación (LOE) cuyo artículo 34 impedía la renovación electoral de las autoridades por la propia comunidad académica.

Pero el arma que a la larga resultó más nociva en esta guerra que el atraso chavista desató contra el conocimiento, fue la asfixia presupuestaria. Para el último año del gobierno de Chávez y a pesar de la bonanza de ingresos petroleros, el presupuesto de la UCV se había reducido, en términos reales, a casi la tercera parte del de 2001. Igual el sueldo profesoral, con el agravante de haberse obliterado los incentivos para el ascenso, al reducirse el diferencial de sueldo entre el mayor escalafón --Profesor Titular, producto de cinco trabajos de ascenso y un mínimo de 15 años de servicio-- y el de quien ingresaba por primera vez como Instructor. Fueron desapareciendo, asimismo, las suscripciones a revistas científicas especializadas, la asistencia a congresos o simposios internacionales, sin hablar del deterioro y cierre práctico de laboratorios, estaciones experimentales y de instalaciones diversas.

Ante circunstancias tan adversas, el espíritu universitario nunca se rindió. Porque la UCV siempre conjuró la vocación de excelencia que residía en la entrega de sus profesores, estudiantes y empleados de servicio a la generación del conocimiento, en interacción con el pensamiento universal en diversas disciplinas, resultado de muy variadas opiniones. La promoción y difusión de estos saberes ha enriquecido, material y espiritualmente, la vida de los venezolanos a través del tiempo.

Lamentablemente, llegó terminator. La solución de Nicolás Maduro para acabar con las universidades fue simple: destruir el país, ya que así destruía también a la Universidad. “Muerto el perro, se acaba la rabia”. El presupuesto asignado este año a la UCV no llega al 3% del solicitado; el sueldo de un profesor Titular, a dedicación exclusiva, apenas supera los USD 10 por mes; se han registrado muertes de profesores por inanición y muchos se han visto forzados a proseguir sus actividades académicas migrando a otros países; igual muchos estudiantes, en detrimento de la matrícula en la UCV, que ha caído en un tercio. Para mayor tragedia, la pandemia ha afectado gravemente a la institución. Ante este cuadro de devastación, aparece su verdugo anunciando que va a “recuperar” a la universidad.

La UCV, aun en sus mejores tiempos, presentaba defectos e insuficiencias. Y los que integramos la comunidad siempre tuvimos conciencia de ello. Quien esto escribe coordinó, durante varios años, el Plan Estratégico de la UCV, consensuado a través de consultas a facultades y escuelas, institutos, empleados y también a la dirección estudiantil. Reunió numerosas propuestas para transformar a la institución, poniéndola más a tono con los desafíos planteados por el avance del conocimiento a nivel mundial y por las exigencias del desarrollo nacional. En las condiciones descritas, poco pudo avanzar. Porque es una labor que sólo puede rendir sus frutos con los recursos requeridos, en un ambiente de libertad académica, ajeno al a los intereses primitivos que, amparados en las bayonetas, procuran someter a la institución a los dogmas del pensamiento único.

Maduro sueña con sofocar la libertad de cátedra. Para eso, designó a Tibisay Lucena al frente del ministerio de Educación Universitaria. El próximo paso será designar autoridades chavistas. ¿No será tiempo de convocar a la comunidad a movilizarse en ejercicio de sus prerrogativas autonómicas, consagradas en la constitución, para renovar las autoridades, proceso largamente postergado por imposiciones de la LOE, pero asegurando que estas elecciones obedezcan a preceptos académicos?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Al leer la novela del reconocido escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar, resalta la similitud entre lo ocurrido recientemente en el país centroamericano y la descomposición política y moral vivida en Venezuela bajo Maduro. Se refiere a los trágicos acontecimientos de 2018, cuando fue reprimida la masiva protesta contra las reformas al sistema de seguridad social, con turbas de malandros y esbirros “revolucionarios” armadas por los cuerpos de seguridad. Parece una hoja tomada de la experiencia venezolana. Terminó ese año con la muerte de más de 300 nicaragüenses por fuerzas represivas al servicio de Daniel Ortega y su esposa-vicepresidente, Rosario Murillo. En su mayoría fueron jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios y de secundaria.

Ramírez ha aclarado en entrevistas posteriores que lo que escribió fue una novela y que no pretendió hacer un reportaje riguroso de estos hechos como documento histórico. No obstante, ello en absoluto le resta autenticidad a su obra. Quien sepa algo de la historia reciente de Nicaragua, conoce que Sergio Ramírez, además de laureado escritor premiado internacionalmente por sus novelas, fue militante activo del Frente Sandino de Liberación que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional creado tras el triunfo de la Revolución Sandinista y luego fue vicepresidente del gobierno de Daniel Ortega (1985-90). A pesar de romper en 1990 con sus antiguos compañeros de lucha, siguió viviendo, hasta hace poco, en su país. Esta novela no deja dudas de que su autor está muy familiarizado con las idiosincrasias y vicisitudes de sus compatriotas, como con la naturaleza dictatorial del régimen. Tan bien refleja lo padecido en la sangrienta represión de 2018, que fue prohibida su circulación en Nicaragua y Ramírez obligado, en julio de este año, a exiliarse.

La similitud entre Venezuela y Nicaragua no es una mera casualidad. Ambos regímenes son expresión de autocracias sumamente crueles que, con tal de mantenerse en el poder, no han vacilado en desatar la guerra contra su propia población, apoyándose en instrumentos propios del terrorismo de Estado. El ductor de tan nefasto comportamiento ha sido, en ambos casos, la dictadura cubana, que ha acumulado una vasta experiencia reprimiendo, de raíz, cualquier protesta. “Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución, nada”, gustaba decir Fidel, parodiando a Mussolini[1]. En este sentido, los tres países conforman una especie de modelo, cada uno con sus particularidades, que ilustran las perversidades de aquellos dispuestos a desmantelar el Estado de Derecho liberal en nombre de una “revolución”.

En Nicaragua y Venezuela la corrupción jugó un papel central en la destrucción de la institucionalidad democrática, disfrazada, en ambos casos, con una retórica revolucionaria, más genuina –al menos al principio— en el país centroamericano. Fueron conformándose autocracias altamente centralizadas, sin autonomía ni equilibrio de poderes, transparencia ni rendición de cuentas, que forjaron complicidades que sirvieron para amalgamar los intereses de quienes ejercen el control del Estado. En Venezuela, la corrupción fue conscientemente dirigida por Chávez hacia los componentes más indignos de la Fuerza Armada. Logró, así, que traicionaran sus lealtades para con la patria en pro de las oportunidades de lucro que les ofrecía, dependientes, claro está, a que aquellas fuesen transferidas hacia él mismo.

En Nicaragua se hizo evidente que el poder corrompe, Lord Acton dixit. La primera etapa del gobierno sandinista terminó con la tristemente célebre “piñata”, en la que casas y otros bienes de la oligarquía desplazada pasaron a manos de muchos “comandantes”. Sin embargo, fue cuando el pacto de Ortega con el expresidente Alemán, prometiendo absolverlo –estaba preso por corrupto—a cambio de que los partidarios de éste en la Asamblea Nacional apoyasen la rebaja del porcentaje de votos requeridos para evitar una segunda vuelta electoral, que la corrupción terminó entronizándose como política. Así regresó Ortega al poder, después de 16 años, con apenas el 38% de los votos. Siguiendo el ejemplo de Maduro, fue adulterando comicios subsiguientes para garantizar su permanencia en el poder, llegando a hacer elegir a su esposa, Rosario Murillo, su vicepresidente. Para las elecciones presidenciales del próximo noviembre, ha fabricado infundios con los cuales meter presos o ahuyentar del país a sus rivales democráticos, asegurando su probable victoria, no obstante la fuerte caída en su popularidad.

Como en nuestro país, lo anterior se posibilitó conculcando la independencia del poder judicial y relajando otros resguardos institucionales, para poder forjar las complicidades requeridas para afianzar su poder. Al igual que en Venezuela, se fue conformando un Estado patrimonial, en el que muchos meten la mano, siempre y cuando –fiel a la prédica de Fidel—se mantuvieran “dentro de la revolución”. El botín a repartir provino en buena parte de la ayuda de Chávez a Nicaragua: petróleo a descuento, financiamientos generosos, preferencias comerciales, programas sociales, viviendas y otras inversiones. Destaca el caso de Albanisa, empresa mixta entre PdVSA y Petronic (Nicaragua), denunciada como fondo de recursos para usufructo discrecional del dúo Ortega-Murillo.

En resumen, el “modelo” reseñado se basa en regímenes de expoliación, con fuerte protagonismo de una casta militar corrupta, que se ampara en discursos revolucionarios construidos con base en simbolismos y mitos épicos de la izquierda comunista. Con la destrucción del Estado de Derecho se ha instalado una situación de anomia, propia de Estados fallidos, en el que una oligarquía militar – civil hace y deshace, con auxilio de medios violentos, en su prosecución del lucro. Para ello polariza al país entre los suyos –patriotas, los buenos-- y quienes tilda como enemigos, Se comporta como ejército de ocupación, violando consuetudinariamente los derechos de estos últimos.

En fin, son regímenes gangsteriles, que se cobijan en una burbuja ideológica izquierdosa que les provee de una falsa realidad, ante la cual están eximidos de tener que justificar sus atropellos. El régimen cubano, celosa y férreamente controlado en el pasado por un exaltado comandante que no aceptaba límites a sus delirios, financiado generosamente por la extinta URSS y luego, Chávez, comparte este estado de descomposición, sobre todo, en lo que respecta al papel hegemónico, discrecional, de su Fuerza Armada y aparatos de seguridad. Las críticas que hacen terceros se descalifican por provenir de enemigos de la “revolución”, de la derecha, agentes del imperio. Izando la bandera anti-EE.UU., han concitado importantes apoyos externos, muchos de regímenes similares a los suyos –Rusia, Bielorrusia, Turquía—pero también de la teocracia iraní y de China. Asimismo, cuentan entre sus aliados a organizaciones criminales, tanto de la región (FARC disidente, ELN) como del cercano oriente (Hezbolá). Y --no podía faltar-- tienen la absolución de políticos e intelectuales de una izquierda en Europa y EE.UU. que, por sus posturas intolerantes y primitivas, son indistinguibles de la derecha retrógrada.

Eventos recientes en América Latina parecen amenazar a la institucionalidad democrática en la región. Las señaladas vinculaciones con la extrema izquierda del recientemente electo presidente del Perú; los devaneos populistas de Nayib Bukele en El Salvador; las posturas primitivas del chauvinismo de AMLO, en México; temores de una orientación antiliberal de la nueva constitución a redactarse en Chile; las insinuaciones de Bolsonaro de perpetuarse en el poder; y la inestabilidad preelectoral en Colombia, son indicios preocupantes. El peligro que plantean estos procesos es que, de continuar sin atenuantes, terminen degradados en regímenes dictatoriales de nuevo tipo, similares a los de Venezuela y Nicaragua. Los ingredientes populistas, tan enraizados en la historia regional, el interés de redes criminales internacionales y el sempiterno empeño desestabilizador de Cuba, están ahí.

[1] “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.

Impresiona, aunque no sorprende, la alharaca montada por voceros del régimen a raíz de la detención y posterior extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Por la reacción de Maduro y sus secuaces, se colige que ha sido un golpe terrible. Es como si se hubiese profanado lo más sagrado de la secta en que se ha convertido el bolivarianismo: el sarcófago que, supuestamente, contiene a los restos del “eterno” en el Museo Militar. Esta respuesta del fascismo permite formular, como ley irrebatible, la siguiente tesis: mientras más pataletas escenifica protestando la “injusta detención” de un colaborador de la “revolución”, más razones hay para creer que su complicidad y todo lo que se le acusa, son ciertas.

Alex Saab, oriundo de Barranquilla, Colombia, es acusado de varios delitos de lavado de dinero con relación a manejos irregulares del gobierno chavo-madurista. Comienza en estas andanzas desde la época de Chávez, manteniendo un perfil bajo que lo hizo pasar desapercibido durante años. Pero eventualmente el equipo de periodistas de investigación del portal, Armando.info, empezó a exponer en sus publicaciones sus sospechosas operaciones. Una de las primeras referencias lo ubican en Miraflores en 2011 en relación con un contrato para construir casas prefabricadas en Venezuela, en representación de un Fondo Global de Construcción. Esa compañía habría recibido al menos 159 millones de dólares entre 2012 y 2013 para ese proyecto --según la investigación—pero sólo entregó materiales equivalentes a 3 millones de dólares. Saab también intercede en la obtención de divisas reguladas de CADIVI para una red de clientes, aprovechando el comercio entre Venezuela y Colombia. Pero rompe la banca con la oportunidad planteada por la escasez de alimentos, a raíz de la desastrosa gestión del gobierno de Maduro. Con empresas fantasmas los importa, con jugosos sobreprecios, para el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del Estado venezolano. Se ha denunciado, además, la baja calidad de estos alimentos. Con su empresa, Group Gran Limited se le señala de haber recibido unos 1.500 millones de dólares entre 2016 y 2018, muchos en calidad de testaferro de Maduro, según la exfiscal general, Luisa Ortega. La Asamblea Nacional alegó en 2018 que la importación de alimentos para estos programas subsidiados, defraudaron al país al menos 5.000 millones de dólares en sobreprecios y amplios márgenes de ganancias, a expensas del hambre impuesto a los venezolanos.

No sorprende, entonces, que sobre él pesan siete cargos por lavado de dinero de parte de la fiscalía de los Estados Unidos. Detenido en Cabo Verde desde hace más de un año, fue al fin extraditado, luego de un arduo y engorroso proceso legal en el cual el gobierno de Maduro gastó millones contratando abogados poderosos para su defensa. Entre quienes se mancillaron en tal desempeño, se encuentra el abogado español, Baltasar Garzón, una vez celebrado por haber iniciado un proceso en contra del exdictador chileno, Augusto Pinochet, mientras éste se encontraba en Inglaterra.

La valía de Alex Saab para el régimen, personaje hasta hace poco casi desconocido, que operaba sus redes de negocio detrás de bastidores, a la sombra, comienza a ponerse de manifiesto una vez detenido en Cabo Verde. En su defensa se alega inicialmente que se trataba de un ciudadano venezolano (es colombiano) en misión oficial de gobierno. Como ello no logra la revocatoria de su detención, se le enviste, luego, de una pretendida condición de diplomático y se politiza el asunto para hacerlo aparecer como víctima de un agravio al gobierno “revolucionario” por parte del enemigo de siempre, el imperio norteamericano. Mientras, el abogado Garzón introducía toda suerte de ardides leguleyos para retrasar el proceso de extradición, elevando la sospecha de que el régimen preparaba algún tipo de rescate de Saab. El grado de compromiso con quien hasta hace poco era tenido como un simple comerciante, llegó al absurdo de designarlo después integrante de la delegación oficial que negociaba una salida para la terrible crisis del país con las fuerzas democráticas, en México. Sin sentido alguno del ridículo, Jorge Rodríguez y demás representantes de la delegación aparecieron en un stint publicitario desplegando cada uno un afiche con colores de la bandera nacional y la foto del personaje, exigiendo su libertad. En Caracas, Maduro armó protestas de sus secuaces con la misma función, como si fuera una especie de héroe revolucionario y no el artífice de los embelecos con los que se ha enriquecido al núcleo central del fascismo. El acto más reciente de este sainete es el anuncio de un Jorge Rodríguez con aires de indignado, de que la delegación oficial se retira del proceso de negociación en México por esta “agresión”.

Una puesta en escena tan desproporcionada como ésta evidencia, una vez más, que el verdadero interés de quienes conducen la “revolución” es lucrarse a la sombra de la destrucción del Estado de Derecho. A Saab lo revisten ahora de supuestos atributos antiimperialistas –“no se doblegará ante los jueces”—para hacer creer que es víctima de una agresión política de EE.UU. y no de un proceso judicial debidamente fundamentado. Y es que les duele. El susodicho había exhibido las habilidades y artimañas requeridas para sortear muchas de las sanciones impuestas a los criminales, hoy al mando del país por violación de derechos humanos, lavado de dineros y otros ilícitos, y mantener el flujo de sus ingresos mal habidos. Se señala que, en sus actividades de testaferro habría lavado al menos 350 millones de dólares a sus compinches “revolucionarios”.

Sin Saab, los integrantes de la cúpula chavo-madurista se quedan sin anestesia ante estas sanciones. Les pega en lo más entrañable: sus alforjas. Se les arrebata su excelso operador. Y tal es su desesperación, que a los cuatro vientos y a todo pulmón confiesan haber sido despojados de lo que es, para ellos, la esencia de la Revolución Bolivariana, su auto asignado derecho, como ejército de ocupación, a continuar saqueando a Venezuela.

Para más angustia, se añade la probable extradición a Estados Unidos de Hugo “Pollo” Carvajal. ¿Cantarán a capella o acompañándose como dúo?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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