Me uno a quienes han abusado de esta famosa interjección para titular sus escritos. La razón es la misma de la campaña presidencial de Bill Clinton: focalizar la atención sobre el asunto central que decidiría el voto. Lamentablemente, las fuerzas opositoras en Venezuela parecen estar en otra cosa.

Sobran los argumentos para exigir un cambio de gobierno. Pero, más allá del no pequeño problema de cómo asegurar las condiciones que permitirían ese cambio, está el hecho de que los venezolanos – opuestos en su mayoría al gobierno de Maduro-- no confían ya en los dirigentes opositores, si nos atenemos a las encuestas.

Si bien las confrontaciones entre estos parecen haber sido superadas por el acuerdo de unas primarias para arribar a una candidatura única de cara a las venideras elecciones de 2024, suponiendo que se den, se asume sin contar con un proyecto claro, capaz de recuperar la confianza de los venezolanos. Para ello, el tema económico es central. La victoria no está asegurada.

Las acciones recientes de Maduro señalan su interés por lavarse la cara ante la comunidad internacional, con miras a que le levanten algunas de las sanciones que tanto le molestan. Ciertas liberalidades en el campo económico, como la venta de acciones de algunas empresas públicas y la devolución del Sambil de la Candelaria a sus legítimos sueños, buscarían proyectar la imagen de una situación que se “normaliza”. Unas elecciones presidenciales en 2024 que aparentasen ser creíbles completan el cuadro. Otra cosa es que, conociendo la naturaleza del personaje, así ocurra. Pero con la dispersión de las fuerzas democráticas, quizás no requiera hacer mayores trampas para asegurar su triunfo.

El ala madurista de este régimen mafioso está intentando capitalizar el rebote en la actividad económica para proyectar la idea de que el país se está arreglando. Y lo evidenciado en algunos sectores del campo y la ciudad –notoriamente la venta de productos importados— alimenta esa ilusión en algunos. En realidad, estaríamos pasando del sótano 12 al sótano 11, todavía muy profundo en el foso de miserias. Y las mejoras, además, quedan circunscritas a un pequeño grupo. No obstante, como sucedía con las misiones que no llegaban a todos, el monopolio de los medios de comunicación puede fundamentar la esperanza de que las ruedas de la fortuna le toquen eventualmente a uno también, si se le ofrece la oportunidad a Maduro de continuar. Urge una alternativa política que claramente desmienta esta ficción.

En medio de esta falsa “normalización”, la inmensa mayoría de venezolanos luchan a diario para estirar el poder de compra de sus recursos y asegurar condiciones básicas para su subsistencia. Al sobreponerse a las adversidades, ponen de manifiesto talentos y capacidades emprendedoras. Y no nos referimos sólo a empresarios establecidos. También a los agricultores y pequeños productores, amas de casa, comerciantes trabajadores calificados, habilidosos, transportistas, costureras, mecánicos y tantos otros quienes, para superar imprevistos, arbitrariedades y carencias diversas, han tenido que inventárselas. Se han convertido en innovadores. Y es sobre tal espíritu de iniciativa que habrá de descansar la recuperación de niveles de vida dignos para los venezolanos, no de las dádivas del Estado.

¿Cómo incrementar sus posibilidades de éxito, en un entorno adverso caracterizado por la precariedad de los servicios públicos, la inseguridad, la falta de financiamiento y mucho más? “Nothing succeeds like success”, como dicen los gringos. Si queremos hacer del emprendimiento el motor de la recuperación económica, es menester sembrar la confianza de un número creciente de potenciales emprendedores y alimentar su éxito. Por definición, todo emprendimiento tiene, en sí, un margen de incertidumbre. Se agrava en Venezuela por reglas difusas, arbitrariedades y la ausencia de seguridad jurídica para amparar los derechos. Un clima favorable al emprendimiento supone, por ende, lo siguiente (entre otras cosas):

- Seguridad y reglas de juego claras que provean una mayor previsibilidad, en el marco de un Estado de Derecho que resguarda los derechos de cada quien;

- Financiamiento oportuno y accesible en sus condiciones, en particular, capital de riesgo;

- Apoyo profesional o técnico, asesorías diversas: acceso a instalaciones y/o experticia para diseñar o poner a prueba prototipos, reparar maquinaria, calibrar instrumentos, definir estrategias empresariales, llevar las cuentas y evaluar opciones de financiamiento. También una red de servicios especializados, proveedores, universidades calificadas y de consultorías competentes.

- Servicios públicos eficientes, de calidad, que no fallen, con mantenimiento y costos competitivos.

- Apertura internacional, tanto comercial y financiera, como en materia de información, tecnología y acceso a talentos;

- Un Estado fuerte, ágil, dotado de personal competente, garante de estabilidad, condiciones para la justicia social, seguridad y productor de la gama de bienes públicos que hagan que ello sea posible.

Una ojeada rápida a esta lista pone de manifiesto que se refiere a condiciones que, precisamente, no existen bajo la “normalidad” de Maduro. En particular, rescatar al Estado venezolano, hoy fallido, amerita la concertación de un extraordinario financiamiento internacional con los multilaterales, que presupone un cambio político profundo, sustentado en reformas legales y estructurales que le devuelvan su rol de productor eficiente de bienes públicos. Esta inyección de recursos, más la reducción de los costos de transacción que resultarán de estas reformas, posibilita que el ajuste macroeconómico sea expansivo. En vez de contraer los agregados monetarios, deprimiendo a la economía, como ha hecho Maduro, los excedentes serán absorbidos productivamente al reactivarse y al aumentar las transacciones.

Un informe reciente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 2.677 protestas a nivel nacional durante los primeros cuatro meses del año en curso, 28% más que en igual período de 2021. Se refiere el informe a que más de 70% de estas protestas, “fueron motivadas por el incumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.” Destaca el reclamo por derechos laborales y por las fallas en la prestación de servicios públicos.

He ahí los fundamentos de una política opositora, capaz de movilizar a los venezolanos para que asuman los retos del cambio político, devolviéndole la confianza en el liderazgo democrático. Se conecta, claramente, con la restitución del Estado de Derecho, la recuperación de las libertades, en particular, la de los presos políticos, la eliminación de las censuras, de las extorsiones, confiscaciones y demás corruptelas. Todo suma para la construcción de un ambiente que permita aprovechar las enormes potencialidades económicas que todavía anidan en el país, así como las oportunidades planteadas por la transición energética y la llamada cuarta revolución industrial a nivel global. La existencia de una vasta comunidad de compatriotas en el extranjero constituye una ventana a experiencias, conocimientos y prácticas que, sin duda, enriquecerán estos esfuerzos.

El desafío del liderazgo democrático es formular propuestas y asumir iniciativas que se traduzcan en una política de cambio capaz de conectarse con las protestas a nivel local y nacional para construir una alternativa que arrase en unas próximas elecciones. Los venezolanos escogerán entre una “normalización” a lo Maduro, que puede tomar 50 años para regresar a los niveles (promedios) de vida de 2013, o una alternativa basada en la competitividad, el emprendimiento y el rescate de la función pública para el bienestar de la población, que permita superar este parámetro en 15 años o menos. Falta mencionar lo imprescindible de contar con una FAN saneada, respetuosa de la Constitución.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

7 de junio 2022

La mesa de negociación en México vuelve a ocupar la agenda política opositora. Sospecho que algunos de sus portavoces abrigan la esperanza de que los atisbos de recuperación económica traídos por la liberación de precios y del uso del dólar habrían persuadido a Maduro a asumir una actitud más constructiva al respecto que en ocasiones anteriores. Se habría dado cuenta de la conveniencia de flexibilizar su conducta para soslayar la erosión de su poder. De ser así, una negociación inteligente, jugando cuadro cerrado con EE.UU. y con la Unión Europea para convertir a las sanciones en carta para comprometer a Maduro con la realización de elecciones confiables, tendría sentido. ¿Pero, qué puede decirse respecto a su disposición de negociar de buena fe condiciones que permitirían al país superar la terrible tragedia que él y los suyos provocaron?

Declaraciones recientes del oficialismo no abonan a favor de la interpretación, diríamos “optimista”, planteada arriba. El vocero del régimen en estos asuntos, Jorge Rodríguez, reiteró como condición hace poco que sea liberado Alex Saab e incorporado a la delegación oficial, que Rusia continúe como país acompañante del chavismo en el proceso, pero que cese el papel de Noruega como mediador, a causa de una declaración de su gobierno sobre la observación de derechos humanos en Venezuela. No se sabe si tan disparatadas ocurrencias forman parte de una política para torpedear deliberadamente toda posibilidad de reanudar la negociación o si obedecen, más bien, a destemplanzas propias de una mente resentida. La defensa de los derechos humanos constituye un pilar de la política exterior de Noruega.

Luego hay que examinar las condiciones del entorno internacional. Una perspectiva optimista indicaría que, con el aislamiento de Rusia por su criminal agresión a Ucrania y las oportunidades que de ello se derivan para aliviar las sanciones al petróleo venezolano como reemplazo parcial de la oferta del crudo proveniente de ese país y ganar simpatías con Biden, debía producirse una actitud más proactiva del régimen con relación a esta negociación. No obstante, Maduro acaba de visitar Cuba con la excusa de revivir el ALBA. Necesita cerrar filas con sus cómplices antillanos y nicaragüenses ante el giro adverso que les representa una posible derrota de Putin. Junto a la condonación de la deuda ofrecida a las islas del Caribe por el petróleo suministrado por Venezuela, país arruinado, busca evitar que éstas asuman posiciones desfavorables al régimen en los foros internacionales. Por ahora, ante la perspectiva de un triunfo de Petro en Colombia y, más adelante, de Lula en Brasil, Maduro confía en que le esperan tiempos mejores. No tuvo empacho, por tanto, a retornar con manidos e inútiles clichés al arribar a La Habana:

“Llegamos a la cuna de la revolución: La Habana, Cuba, para participar en la XXI Cumbre del ALBA- TCP, con el objetivo de seguir profundizando en la unidad y la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¡Que viva la unidad de los pueblos!”,

Por lo visto, nada sugiere que el régimen se siente vulnerable o desasistido y que ello lo llevaría a regresar a la negociación para resguardar sus intereses. Se reiteran, además, las poses ideológicas tras las cuales se encubre el fascismo chavomadurista. No es que los jerarcas del régimen realmente crean, a estas alturas, las sandeces que repiten. Éstas cumplen una función muy importante, empero, en evitar exámenes de conciencia y en absolver sus atropellos. Cuando se miran en el espejo, los corruptos, déspotas, torturadores y esbirros que se cogieron al país quieren ver reflejada la imagen de patriotas “revolucionarios”, luchando por librar a Venezuela de las garras del imperialismo. Y así, en respuesta a su exclusión de la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en julio en Los Ángeles, California, Maduro señaló el temor del país anfitrión por “nuestra voz antiimperialista”. En el cierre del Coloquio Internacional por el Bicentenario de la Batalla de Pichincha (¡Uuuff!), añadió:

"Nuestro destino manifiesto es enfrentarnos al imperialismo y derrotarlo en el campo de batalla, pase lo que pase, sea lo que sea, en cualquier circunstancia ¡La victoria siempre nos pertenecerá!"

Definitivamente, el sectarismo provocado por los grilletes ideológicos, al sustituir el examen de las causas reales de las cosas por actos-reflejos simplistas, embrutece.

Por último, puede esgrimirse que, al liberar aspectos de la economía y abrir algunas empresas públicas a la inversión privada (minoritaria), el régimen entendió, ¡al fin!, por dónde debía apuntalar sus esfuerzos para salir del abismo en que nos metió. Es decir, el gobierno estaría mostrando que ahora sí quiere resolver los terribles problemas del país. La negociación en México sería uno de los espacios para ir abriendo oportunidades de reforma que, progresivamente, devolvería la institucionalidad a Venezuela.

Ciertamente, podría aducirse que, en el seno del chavomadurismo se están generando reacomodos que admiten posibilidades de cambio. Sin embargo, ¿Acaso el dominio de mafias articuladas en torno a la expoliación del país fue superado? ¿Qué hay del arco minero, del tráfico de drogas y de tantas otras corruptelas que han aflorado con las pesquisas de valientes periodistas de investigación? Y, ¿cómo compatibilizar el cacareado “arreglo” del país con cárceles llenas de presos políticos, ahora mayormente militares, con la tortura y la represión de razias desatadas por los cuerpos represivos en los barrios populares o en zonas en disputa entre facciones de la guerrilla colombiana? Sigue siendo poco creíble el cuento de hadas acerca del propósito de Maduro y sus cómplices por “normalizar” al país.

En fin, lo afirmado en estas líneas no apoya la expectativa de una mayor disposición de Maduro de negociar, ahora sí, acuerdos con la oposición para un arreglo político que ofrezca salidas, vía elecciones creíbles, a la actual situación. Falta destacar, además, que ello es así porque las fuerzas democráticas no representan, hoy, una amenaza seria para la hegemonía del militarismo “bolivariano”. No solo por la división entre las distintas agrupaciones opositoras que, ¡albricias!, parecen haber encontrado el camino para su superación al acordar las primarias y la formación de la Plataforma Unitaria Democrática, sino porque la oposición carece de una política que le diga algo a las mayorías respecto a la necesidad de desalojar al régimen de Maduro, que no sea la repetición incesante de su ilegitimidad.

Sucede que Maduro, por más que insistamos en lo contrario, se siente cada vez más “legítimo”. Y ello nada tiene que ver su disposición a acatar el orden constitucional y respetar los derechos de sus compatriotas. No. Se siente más legítimo porque, con el rebote económico y las burbujas de prosperidad abiertas al disfrute de enchufados y de quienes tienen ingresos en dólares, ha logrado vender la idea de que el país “se está arreglando”. E, incluso, los gringos parecen asomar un interés en abrir posibilidades de destrancar el juego. Y la inmensa mayoría de los venezolanos, ocupados en los quehaceres con los cuales evitar morirse de hambre, ante la ausencia de un proyecto creíble que sientan suyo, parecen resignarse a que sólo queda apostar a que Maduro siga “normalizando” al país.

Lograr que Maduro negocie seriamente acuerdos para una salida electoral a la tragedia nacional, que sea creíble y confiable, y para que libere a los presos políticos y restituya los derechos políticos y civiles, requiere de una fuerza opositora armada con un proyecto político coherente, capaz de movilizar al vasto sector descontento, que le “late en la cueva”. Debe marcar un deslinde palpable con esa “normalización” mísera, sin garantías, con que el fascismo pretende perpetuarse en el poder. A la par de restablecer el orden constitucional, debe procurar el saneamiento y la recuperación del Estado, con un generoso financiamiento internacional para que pueda prestar eficazmente los servicios públicos, hoy colapsados. Este proyecto tiene que basarse en una economía competitiva, post rentista, que empodere a los ciudadanos con oportunidades de inversión, emprendimiento y de empleo digno, en un entorno económico estable y previsible, con amplias posibilidades de financiamiento. Asimismo, debe abrirle vías de participación ciudadana y de vigilancia en el manejo de la cosa pública, a nivel local, regional y también nacional. Sin construir esa fuerza popular, las posibilidades de avance son poco claras.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Cuando existía la Unión Soviética, la política exterior de muchos países difícilmente podía abstraerse de la polarización entre ésta y los EE.UU. que caracterizó a la Guerra Fría. La confrontación entre ambas potencias se enmarcaba en el contexto ideológico de una lucha entre el sistema socialista y el capitalista por el dominio global. Quien se considerase políticamente de izquierda se decantaba automáticamente por el socialismo y, por ende, se alineaba con el bloque soviético, incluyendo, por supuesto, a la Cuba de Fidel Castro. Eje central de su programa era la defensa de la “patria” socialista: la Unión Soviética.

Desde principios del siglo XX, la perspectiva política tenida como de “izquierda” había venido siendo colonizada por el marxismo y, en su versión más extrema, por los dogmas del marxismo-leninismo. Para quienes se encontraban inmersos en tal burbuja ideológica, la fe de que estaban del lado correcto de la Historia (con mayúscula), luchando por la emancipación de la humanidad, absolvía todo defecto, inconsistencia o crimen que podía haber sido cometido en la prosecución de tan noble fin. En todo caso, para ello estaban los ejercicios de “autocrítica”, para corregir tales “defectos”, sobre todo cuando servía de pretexto para iniciar procesos contra los rivales internos del líder – dictador.

Para no hacerle el juego al enemigo, el “mundo progresista” no titubeaba en asumir alianzas con el modelo socialista, aunque fuese con un pañuelo en la nariz. La solidaridad automática de la “izquierda” ante cualquier disputa definía la posición que debía asumirse en nombre de los ideales más elevados de la humanidad.

Desde luego, el idilio con el “socialismo-realmente-existente” se fue desmoronando en la medida en que se filtraban al exterior sus transgresiones a los más elementales derechos humanos. Pero para los poseídos por la fe, se trataba de excesos productos del momento histórico de la transición –la Dictadura del Proletariado—que se corregirían con el advenimiento del “hombre nuevo”. No alteraban la esencia de la lucha emprendida.

Y los que tenían más de dos dedos de frente, aun teniendo que tragarse tales abominaciones en silencio, se amparaban en la denuncia del imperialismo como justificación existencial de una postura de izquierda “revolucionaria”. Una larga ristra de atropellos a naciones latinoamericanas, desde la anexión de la mitad de México por EE.UU., y los desmanes del filibustero William Walker en Centroamérica en el siglo XIX, pasando por el asesinato de Sandino en Nicaragua, el derrocamiento del demócrata Jacobo Arbenz en Guatemala, la invasión de los marines a República Dominicana para impedir el regreso del presidente electo, Juan Bosch, y la supuesta orquestación del golpe contra Salvador Allende, le daban pasta a esta postura, sin mencionar la historia de abusos del colonialismo europeo, sobre todo del británico, y la “leyenda negra” de la conquista española de América Latina. En fin, ser antiimperialista se convirtió en santo y seña de quien autoproclamaba su posición de izquierda.

Quien se elevó como campeón del antiimperialismo, como sabemos, fue Fidel Castro, alimentando una postura heroica de David contra Goliat mientras destruía la economía cubana y acababa con las libertades de su población, en nombre de un futuro prometedor que nunca llegaba. Chávez, enamorado del personaje, quiso confeccionarse el mismo traje para sí mismo en Venezuela. Carente de épica, se proyectó como heredero genuino del Libertador, apropiándose de los símbolos de la Guerra Emancipadora y enmarcando su cruzada redentora como una lucha entre patriotas y una oligarquía que había traicionado a Bolívar.

Esta visión maniquea la reforzó desde el poder discriminando abiertamente toda disidencia, arremetiendo contra los medios de comunicación y las universidades, y propiciando la conformación de bandas paramilitares para arrebatarle la calle a los opositores. Salvo por el color de las camisas conque uniformó estas bandas, reprodujo los ingredientes definitorios del fascismo clásico: Invocación de mitos épicos, lenguaje de odios y descalificación a los opositores, discriminación y violencia en su contra, culto a la muerte y regimentación de la sociedad, alimentada por una retórica que invocaba batallas, rodilla en tierra, y que colocaba en los militares los verdaderos intereses de la Patria. Al adoptar, bajo la tutela de Fidel, la retórica y los clichés de la mitología comunista, logró remozarle la imagen, conformando un neofascismo de ribetes comunistoides, o fasciocomunismo.

Pero la degradación de lo que, supuestamente, era un proyecto redentor de los pobres no se detuvo ahí. Al desmantelar las instituciones democráticas y arrinconar las fuerzas de mercado, el usufructo y provecho de la riqueza nacional pasó a determinarse por razones políticas.

No es menester echar la historia de nuevo, porque todos estamos muy claros de lo que sucedió. Fueron apareciendo amplias oportunidades de lucro ilícito, bajo el amparo de un poder judicial obsecuente y la destrucción de todo poder público o privado que controlara la excesiva discrecionalidad con que decidían quienes comandaban el Ejecutivo, dando lugar a una corporación criminal que define al régimen de Maduro.

La corrupción deliberada de estamentos de la FAN y la consecuente descomposición de lo que antes era una de las instituciones que sostenían a la nación, conforman, hoy, el eje central de este poder. Junto con alianzas con estados paria y bandas criminales como las ELN, las FARC disidentes y traficantes de droga, se han dedicado a saquear el país, hundiéndolo en niveles espantosos de miseria.

Pero la pervivencia o inercia de códigos y clichés que antes servían como orientación en el mundo de la Guerra Fría hacen gravitar al régimen, con sus alianzas, a lo que, para muchos, se sigue definiendo como el mundo de “izquierda”. Y, desde luego, Maduro en estas andanzas, está lejos de encontrarse sólo.

En nuestro continente destaca el gobierno gansteril de Nicaragua y la Cuba totalitaria, mientras asoman la cabeza desarrollos potencialmente alarmantes en otros países, muchos bajo el cobijo de ser de “izquierda”. A nivel mundial es notoria la conducta criminal de Putin y de su lacayo en Bielorusia, Lukashenko, así como peligrosos coqueteos de populistas con proyectos claramente autoritarios, incluso en EE.UU. (Trump) y en la Unión Europea (Orbán), sin mencionar a Erdogán en Turquía y el deslizamiento preocupante observado en la conducta del Primer Ministro Modi, de la India.

La analista estadounidense, Anne Applebaum, define la creciente alianza entre estos regímenes, no obstante las diferencias entre sus identidades ideológicas formales, como “Autocracy Inc”, para referirse a una suerte de corporación criminal internacional que representa una amenaza creciente para el orden liberal que habíamos dado por sentado como fin al cual se dirigía el concierto de naciones luego de la caída de la URSS. La invasión del imperialismo ruso a Ucrania, invocando argumentos similares a los usados por Hitler para desatar la Segunda Guerra Mundial, nos ha despertado brutalmente de esta ilusión.

Sobre estos desarrollos se ha escrito mucho últimamente. Moisés Naim acaba de publicar un enjundioso libro al respecto, La revancha de los poderosos[1], que describe cómo esta confraternidad de autócratas está moldeando a su favor el escenario político actual. Pero, en la medida en que desafían ese orden liberal identificado con la hegemonía de los EE.UU. y la Unión Europea, todavía hay quienes insisten en ubicarlo en el marco de una confrontación entre una especie de URSS rediviva que, con sus aliados “revolucionarios” –Maduro entre otros—se opone “justamente” a esta hegemonía.

Y aquí entramos en la futilidad de pretender definir qué se entiende por “izquierda”, concepción tan vapuleada por quienes buscan absolver su atraso y desprecio por los derechos humanos esgrimiendo tal signo.

Arriesgando meterme en “camisa de once varas”, debo resaltar que, conforme a los ideales de justicia y libertad que –al menos en el pasado—inspiraba un posicionamiento de izquierda, no hay manera de ser fiel a esta definición si no se asume desde una perspectiva liberal. Pero ello quedará, irremediablemente, para otro artículo.

[1] Editorial Debate

Dos hechos recientes frustran las ilusiones de que el régimen cambiaba para mejor. Uno, la renovación del Tribunal Supremo que, después de haber despertado expectativas de restitución de la independencia judicial y de retorno a la constitución, resultó en un proceso controlado por el oficialismo para reelegir algunos magistrados –contrariando el artículo 264 de la Carta Magna— y conformar, junto con otros cuya militancia chavista los descalifica para el cargo, un cuerpo que se vislumbra igual de obsecuente con el Ejecutivo. El otro, la condonación de la deuda de San Vicente y Las Granadinas con PetroCaribe, y el anuncio de Maduro de que reducirá a la mitad las deudas de otras islas del Caribe Oriental.

Ambos ratifican conocidas prácticas patrimonialistas para perpetuarse en el poder. Son indicios de que la cacareada “normalización” de Venezuela no ha alterado la primacía que tienen los intereses de quienes controlan el poder en las decisiones del Ejecutivo. Por un lado, revalida la impunidad para personeros del chavomadurismo –es notorio que el gobierno no pierde juicios en su contra-- y, por otro, reactiva la “petrochequera” para comprar apoyos internacionales Semejante comportamiento en absoluto abona a favor de la idea de que levantar las sanciones sobre PdVSA mejoraría las condiciones de vida de la población. Cabe mencionar que el ingreso por habitante de San Vicente y Las Granadinas, en torno a los 7.300 USD, es varias veces superior al del venezolano promedio, hoy.

No puede olvidarse que el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho, y el acorralamiento de los mecanismos de mercado para asignar y distribuir recursos, fue suplantado por criterios políticos para su usufructo, sobre todo, la lealtad con quienes detentan el poder. Ha sido notorio que, al amparo de la discrecionalidad, la no transparencia y la ausencia de rendición de cuentas, fueron proliferando intereses dedicados a depredar la cosa pública. En primer lugar, a PdVSA, con compras abultadas, contratos amañados, comisiones y desvío de fondos. A ello se añadió el despojo de otros entes públicos, las trácalas con Recadi, el contrabando de gasolina, la reventa (y contrabando) de bienes regulados y la confiscación de empresas, mientras se afianzaba la complicidad de militares “bolivarianos” (¡!) en el tráfico de estupefacientes.

Pero la destrucción de la economía obligó a Maduro a levantar algunos controles para darle respiro. Pudo ser aprovechado por quienes disponían de divisas. Y, siendo su poder mucho más precario que el de su padre putativo, sin el carisma de aquél ni los ingresos petroleros que lo favorecieron, también se vio en la necesidad de extender sus bases de apoyo, abriendo otros ámbitos, notoriamente en Bolívar, para la forja de complicidades en la expoliación de sus riquezas naturales. Un poder judicial obsecuente garantiza la impunidad a los que perpetran estos saqueos.

En la medida en que cambiaban las oportunidades de lucro, fueron modificándose las alianzas entre quienes sostienen el poder. Aparecieron nuevas mafias y se restructuraron otras. Sobre todo, adquirieron preeminencia los militares traidores, eje del sistema de corrupción imperante, dedicados a esquilmar a la población en fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras, y con la distribución de comida, petróleo y medicinas. Pero su presencia en corruptelas va más allá, incluyendo el tráfico de drogas.

A Maduro le corresponde regular los reacomodos que ocurren en este tinglado de complicidades para no perder poder y control. Que de allí surjan o se fortalezcan facciones más proclives a restituir ciertas garantías económicas, está por verse. Pero confiar en que levantar algunas sanciones los estimularán puede resultar en que el tiro salga por la culata, nutriendo a los sectores más retrógradas, depredadores, de la alianza, como los asociados a Diosdado Cabello, las bandas criminales y/o los militares corruptos.

Sea como sea, Maduro piensa sacarles provecho a las ilusiones de “normalización” que se desprenden de la incipiente mejoría de algunas actividades económicas. Su plataforma electoral en unos eventuales comicios (¿2024?) sería que “Venezuela se arregló”. Ya se ejercita anunciando disparates, como el de “la cosecha de café más grande de la historia”, amén de entretenerse con banalidades como si en el país no se enfrentasen problemas sumamente graves. Ante esto la oposición debe tener respuesta.

Es menester un deslinde claro entre las posibilidades que ofrece la “normalización” de Maduro y las de un programa económico verosímil, orientado hacia la competitividad. En primer lugar, es necesario insistir en un marco institucional que fomente, de verdad, la reactivación productiva. Esto significa garantías (seguridades) para quien emprenda actividades económicas. Junto con condiciones creíbles para sostener la estabilidad de precios y de los agregados macroeconómicos, posibilitan la previsibilidad en los resultados esperados, elemento base de la confianza.

Ello no sólo convertirá a Venezuela en un destino más atractivo para la inversión, tanto nacional como foránea, sino que permitirá, bajo un gobierno serio, negociar importantes préstamos con los multilaterales para sanear al Estado y reestructurar la abultada deuda pública. Sin apego al ordenamiento constitucional y el imperio de la ley, será prácticamente imposible acceder al financiamiento externo. Y, sin financiamiento externo, no hay forma de rescatar la capacidad de un Estado tan deteriorado como el nuestro, de producir bienes públicos.

En marcada distinción con la “normalización” de Maduro, la estabilización de precios y del tipo de cambio habrá de lograrse mediante políticas expansivas, que estimulen la economía y la demanda por créditos, de forma de absorber productivamente incrementos en las variables monetarias. El ajuste de Maduro, por el contrario, ha sido uno de los más recesivos conocidos –deja pálido al denostado “neoliberalismo” de los ’90—, contrayendo fuertemente el gasto público, aplicando encajes prohibitivos que anularon la capacidad crediticia de la banca y sobrevalorando drásticamente la moneda nacional al anclar el precio de la divisa.

Desplumó, así, al Estado, empobreciendo terriblemente al empleado público y colapsando los servicios públicos, e hizo todavía más dura la competencia de la producción nacional con las importaciones (que, muchas veces, ni siquiera pagan impuestos). Que algunos sectores hayan dado muestras de reactivación no es atribuible a ningún acierto del gobierno. Es expresión de la enorme resiliencia y capacidad de algunos emprendedores, y reflejo de las enormes potencialidades que aun anidan en la economía venezolana.

Tales potencialidades no se restringen a la consabida lista de recursos minerales, hidrográficos y agropecuarios, o al atractivo turístico derivado de su geografía y clima. Incluyen la enorme subutilización de capacidades productivas en la manufactura, el campo, la construcción y los servicios, legada por la “revolución”, y a los millones de venezolanos emigrados, ricos en talento, que se les robó su presente y su futuro.

Por último, no se puede dejar de hacer referencia a la creciente capacidad emprendedora de muchos que se quedaron, atizada por la necesidad de arreglárselas creativamente, dada la destrucción de la economía. El régimen actual es antítesis y negación de tales potencialidades.

Un proyecto económico coherente y viable, que contase con un marco institucional favorable y amplio apoyo financiero internacional, podría atraer de regreso parcial al talento migrado y, con inversiones y nuevos emprendimientos, reconstruir el tejido productivo deshecho. Provocaría un salto cualitativo en las capacidades productivas del país, seguido de altas tasas de crecimiento sostenido. El nivel de vida de 2013 podría recuperarse en 15 años o menos. La “normalización” de Maduro, sin seguridades y sujeta a los abusos y arbitrariedades de un poder corrupto, generará, en contraste, un crecimiento errático que arribaría a este nivel, si acaso, en 40 años o más. Por supuesto que se requiere un cambio político.

Corresponderá a la lucha reivindicativa, en demanda de derechos y de servicios dignos, así como a la gestión eficaz de los alcaldes democráticos, enriquecer este proyecto y darle contenido concreto. Debe devolvérseles las esperanzas de cambio a las mayorías, estimulándolas a movilizarse para arrebatarle concesiones a la dictadura. La lucha sostenida por conquistar mejores condiciones de vida deberá fortalecer a las fuerzas democráticas y constituirse en plataforma para un triunfo electoral en 2024. Sin un programa que aglutine y potencia los esfuerzos opositores, restableciendo la confianza en la inevitabilidad del cambio político, no bastará un candidato unitario escogido en primarias acordadas.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Tres elementos motivan las siguientes reflexiones. Primero la ilusión de que, con la respuesta de algunas actividades a la liberación de precios y del mercado cambiario, estamos en presencia de un proceso de “normalización” del país. Segundo, la carta recientemente publicada, firmada por 25 integrantes de la sociedad civil venezolana, cuyo aspecto más polémico es el llamado al presidente Biden de EE.UU. a reconsiderar las sanciones impuestas a Venezuela. Y tercero, la constatación de que, frente a los dos elementos anteriores, las fuerzas democráticas no comparten ninguna política clara, ausencia importante ante la oportunidad planteada de desalojar a Maduro del poder en las elecciones de 2024.

Primero, la economía venezolana, efectivamente, da muestras de que dejó de contraerse el año pasado, aunque no hay cifras oficiales al respecto. ¿Significa que, después de tantos años de criminal destrucción, el país empieza a recuperar la normalidad? Depende, por supuesto, de qué se entiende por “normalidad”. Para algunos, la reducción drástica de la inflación, la proliferación de comercios con productos importados (bodegones), el abastecimiento de supermercados y la activación de algunas construcciones en el este de Caracas, son criterios que satisfacen.

Pero las bondades de tal “normalidad” son disfrutadas por aquellos sectores (minoritarios) con ingresos suficientes en divisas o –cuando no—los “enchufados” en distintos negocios con el gobierno. Aparentemente, no les afecta la inseguridad o no les importa. Pero, al revisar los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida levantada por la UCAB en 2021, impactan las evidencias de inopia, hambre, insuficiencias en la prestación de servicios de salud y otras calamidades que atormentan a la gran mayoría de los venezolanos. Más del 94% de los hogares son pobres, medidos por su ingreso, y Venezuela exhibe una de las mayores inequidades en cuanto a distribución del ingreso en América Latina.

Más allá, el colapso del Estado se refleja en su notoria incapacidad por asegurar la prestación de servicios públicos fundamentales: agua, luz, salud, educación, seguridad y transporte. En el país que alega tener las mayores reservas petroleras y que alguna vez fue el mayor exportador de este hidrocarburo, hasta la gasolina escasea.

No basta un crecimiento leve para hablar de “normalidad”. Lo verdaderamente anormal es que la economía venezolana haya estado cayendo, a trancos y barrancos, por siete años consecutivos. Y, como alertó un tweet reciente, cuando una economía se ha reducido en un 80%, recuperar su nivel anterior implica crecer en un 400% (¡!).

No puede existir “normalidad” en ausencia de garantías básicas a los derechos fundamentales de la población, entre ellos, de asociación política, de protesta en reclamo de condiciones dignas de vida, de medios de comunicación libres, sin mencionar los derechos básicos a la salud, a la seguridad y a la vida misma. Venezuela exhibe una de las tasas de homicidio más altas del mundo, muchos a mano de las “fuerzas públicas”, existen 240 presos políticos y más de seis millones de migrados buscando mejores condiciones de vida.

Las garantías básicas no existirán mientras no se restablezca un Estado de Derecho que haga cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes que, de él, se derivan. Este desapareció, no por azar o por hechos fortuitos, sino como resultado de un proceso deliberado de desmantelamiento de las instituciones democráticas y las asociadas al funcionamiento de una economía mercantil, por parte de una camarilla que, en nombre de una supuesta “revolución”, se cogió al país para su usufructo exclusivo, depredándolo hasta dejarla exangüe.

Luego está la “carta de los 25” firmada, entre otros, por amigos que merecen mi mayor respeto, tanto por su historial de luchas a favor de la libertad y la justicia, y/o por su desempeño profesional. Infelizmente, han sido objeto de descalificativos inaceptables por parte de quienes se arrogan derechos de pontificar sobre quien es o no, “auténtico” opositor, en total contraposición a los valores de tolerancia y de respeto al derecho de opinar de los demás que, supuestamente, animan el proyecto de democracia liberal con el que se identifican.

Sin entrar en mayores detalles, creo que el “pecado” cometido por los firmantes estriba en proponer al presidente Biden el levantamiento de algunas sanciones, argumentando que no han cumplido con sus propósitos y que, no obstante culpar a la desastrosa gestión de Maduro y Chávez la causa principal de la situación de miseria, éstas la han empeorado. Es muy discutible que las sanciones no hayan tenido efectos sobre el gobierno. Si bien no han forzado el cambio político esperado, por sí solas y con una oposición débil y dividida, ello era demasiado pedir.

Aunque no es fácil demostrarlo, puede argumentarse que la incipiente liberalización económica es, precisamente, una respuesta obligada a las restricciones asociadas a las sanciones. Más allá, está el intento, poco eficaz, por maquillar las apariencias ante las indagaciones del CPI sobre las responsabilidades del gobierno ante la violación de los derechos humanos de muchos venezolanos. A la camarilla mafiosa que controla el Estado le interesa anular la amenaza de mayores sanciones. Por algo será.

Pero quizás el aspecto más discutible es pensar que, de levantarse algunas sanciones –aquellas, presumiblemente, que afectan a las exportaciones petroleras—, aliviará la situación de miseria que padece la inmensa mayoría de compatriotas. Sucede que, para el primer trimestre de este año (2022), los ingresos por exportación de petróleo fueron entre 2,5 a 3 millardos de dólares superiores a los del primer trimestre del 2021, resultado del alza de precios atribuible a las sanciones contra las ventas rusas de crudo y a incrementos en la producción doméstica.

¿A dónde fueron esos reales? ¿Hay mejoras visibles en los servicios, en el empleo, en la capacidad adquisitiva de la gente? Porque el incremento decretado de sueldos se va a financiar, en buena medida, con emisión monetaria. Ergo, se anticipa mayor presión inflacionaria y una eventual “licuefacción” de estos aumentos. ¿A dónde sospechamos que puedan ir ingresos adicionales de levantarse las sanciones? El efecto “derrame” sobre el bienestar de la población de mayores ingresos externos es muy bajo, por la sencilla razón de que el leit motif de los que ocupan el poder es quedarse con lo que entra.

En función de ello han desmantelado las instituciones que regulan la cosa pública, entre otras la autonomía y equilibrio de poderes (supervisión independiente del gasto), la transparencia y la rendición de cuentas de su gestión, y el respeto al Estado de Derecho en lo concerniente a los derechos y libertades de los venezolanos, incluyendo garantías para la iniciativa privada. Sin recuperar el marco institucional correspondiente, será poca la mejora en las condiciones de vida de las mayorías que podemos esperar. Y de ahí la importancia de levantar las sanciones como arma de negociación que fuerce tal fin, condicionado a avances concretos, verificables, en esa dirección. Por el contrario, suponer que, al levantarlas primero, Maduro, a cambio, introducirá reformas políticas, sería, como dice la crítica, poner la carreta delante del caballo.

Y, por último, ¿Cómo lograr cambios que lleven a la liberación de presos políticos, la restitución de garantías, la observación del Estado de Derecho y a unas elecciones nacionales confiables, de parte de quiénes están interesados en mantener las condiciones con base en las cuales han podido expoliar a sus anchas las riquezas del país? En el actual estado de debilidad, división y confusión de las fuerzas opositoras, luce poco plausible.

Sin una política nacional clara, que cohesione, fortalezca y movilice a la mayoría opositora, habremos de desperdiciar las oportunidades de cambio planteadas por las elecciones de 2024. Sin una estrategia eficaz, asimismo, es poco el fruto que puede brindar la presión de las sanciones. Un elemento básico es aprovechar los reacomodos a que se ha visto obligado Maduro para articular acciones centradas en la ampliación y consolidación de la liberalización iniciada, y para enfrentar las arbitrariedades que habrán de ocurrir. Ello debería conectar con los nuevos liderazgos que emergen de la lucha reivindicativa, por demandar servicios públicos y/o que se manifestaron en las conquistas recientes de algunas alcaldías a nivel nacional.

Más allá, la recuperación de un marco institucional confiable, capaz de suscitar cuantiosos préstamos de las multilaterales, podrá sanear al Estado para que pueda producir los bienes públicos que requiere la población y podrá atraer las inversiones capaces de aprovechar las enormes potencialidades de nuestra economía. Sin ello, será difícil alcanzar las condiciones de bienestar a que aspiran y tienen derecho los venezolanos. Sin estas conquistas, la famélica recuperación con que Maduro alardea de sus “mejoras”, tardará interminables décadas en sacarnos de la miseria. Hacer de esa política una bandera para el cambio es, por tanto, un desiderátum.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Hace diez años, Daron Acemoglu y James Robinson, académicos de universidades estadounidenses, publicaron un libro, Por qué fracasan los países, que ayuda a aclarar la grave disyuntiva que, en materia económica, enfrenta Venezuela. Argumentaron que la diferencia fundamental entre países desarrollados y aquellos que no lo son reside en el tipo de instituciones, tanto políticas como económicas, engendradas al calor de sus respectivos procesos históricos.

En los primeros, las luchas sociales labraron instituciones de naturaleza inclusiva, caracterizadas por reglas de juego comunes a los integrantes de una sociedad, base de un Estado de Derecho capaz de hacer respetar la pluralidad de intereses y de iniciativas que en ella se desenvuelven, y de amparar los intereses legítimos de las minorías. Afianzaron las garantías a la propiedad, de contratación y de respeto por los derechos adquiridos, permitiendo que la gente pudiese proseguir, libremente, la satisfacción de sus necesidades. Se asentó un mayor reparto del poder político entre la población, limitando su concentración y ejercicio arbitrario.

Por el contrario, la incapacidad de otros países por exhibir procesos sostenidos de desarrollo a favor de las mayorías se debe a que sus instituciones son de naturaleza extractiva, puestas al servicio de la extracción de rentas y riquezas del resto de la sociedad por parte de las élites dominantes. Se asocian, por ende, con autocracias que concentran el poder, con pocas limitaciones a su provecho personal. Está en el interés de estas élites fortalecer esa institucionalidad extractiva, tanto en su dimensión económica como política, sin escatimar para ello mecanismos de naturaleza abiertamente represiva. Pocos dudarán que esta caracterización viene como anillo al dedo para describir al régimen chavomadurista.

En Venezuela, la dependencia de enormes rentas petroleras para financiar las inversiones y el gasto público corriente forjó instituciones de naturaleza extractiva en lo económico, conformando un Estado interventor, con gran discrecionalidad para manejar esa renta. Coexistieron, empero, con instituciones inclusivas en lo político, resultado del celo democrático de los dirigentes políticos que sucedieron a las dictaduras de Gómez y de Pérez Jiménez. Sin embargo, quedaba patente la tensión entre ambos tipos de instituciones, en particular, la tentación de un presidencialismo protagónico por aprovechar las potestades económicas concentradas en el Estado, propietario del petróleo, para adelantar proyectos particulares. Alimentó una cultura política que afrontaba los problemas de desarrollo, no con mayor protagonismo ciudadano en la toma de decisiones –profundizando la inclusividad--, sino con una mayor sumisión de los mecanismos autónomos de mercado al Estado, en función de objetivos políticos.

Esta contradicción fue “resuelta”, como sabemos, por Chávez. Desmanteló las instituciones con base en las cuales se sostenía la inclusividad en lo político –las de la democracia liberal—, reemplazándolas por potestades concentradas en su persona. En fin, era heredero del Libertador (¡!) y, por tanto, “uno con el pueblo”. Al eliminar la autonomía y separación de poderes, y al desconocer las garantías del Estado de Derecho, el chavismo terminó alineando las instituciones políticas con la naturaleza extractiva de la institucionalidad económica, que concentraba el usufructo de la renta en quienes controlaran al Estado. Esta autocracia sustituyó a las fuerzas de mercado en la asignación y distribución de recursos por criterios políticos “revolucionarios” --el más importante, el de la lealtad-- blandiendo la construcción de un “socialismo del siglo XXI”. Tras la falta de transparencia y de rendición de cuentas, se acentuó la naturaleza extractiva, depredadora, de las instituciones económicas y políticas, conformando un régimen de expoliación en torno al cual se tejieron los intereses de quienes se lucran de este arreglo. Mientras duró la bonanza petrolera, permitió atender, también, el reparto a sectores populares que apoyaban al régimen. Pero al retroceder los precios petroleros, el sostén político de Maduro pasó a depender de su capacidad para alimentar complicidades de militares traidores y “enchufados”, y para tejer alianzas con agrupaciones criminales más allá, dentro y fuera del país. Se forjó un régimen cleptocrático, que buscó amparo en una cofradía de estados paria similares, en particular, la Rusia de Vladimir Putin.

La exacerbación de prácticas depredadoras, en el marco de una institucionalidad extractivista acentuada por el chavomadurismo, arruinó al país. Esta tragedia es harto conocida por los venezolanos, pues la sufren a diario. No es menester reproducir acá cifras que la documentan. Pero la destrucción de la economía doméstica, incluyendo a la industria petrolera, ha sido tal, que encogió drásticamente las oportunidades de expoliación de las mafias que se apoderaron del Estado. Obligó a levantar los controles de precio y del mercado cambiario, dando lugar a atisbos de reactivación económica.

Estos reacomodos, empero, poco han modificado la naturaleza extractiva de las instituciones. No se han restablecido las garantías a la actividad económica, a la solución de controversias y, mucho menos, las libertades y derechos personales, civiles y económicos, que nutren la iniciativa privada y la inversión. Más bien, se ha incrementado el saqueo de las riquezas minerales de Guayana y las operaciones irregulares con el petróleo. Y las pugnas entre militares fieles a Cabello y aquellos identificados con Maduro han desnudado profundas corruptelas dentro de las filas castrenses. No son sólo las extorsiones denunciadas recientemente en televisión por Ernesto Villegas, sino también el contrabando de gasolina y otros robos[1]. Las armas de la nación puestas al servicio del lucro personal, resultado de la destrucción de la FAN urdida por Padrino, Ceballos, Reverol y otros.

Adicionalmente, combatir la inflación reduciendo violentamente el gasto público, contrayendo el crédito con encajes elevados a la banca y anclando el tipo de cambio, ha acentuado una situación de colapso y de anomia, propias de un Estado fallido, en el que se imponen las arbitrariedades e improvisaciones del más fuerte. La destrucción de las capacidades de cumplir con los servicios básicos de luz, agua, seguridad, transporte, salud y educación dibujan un país a la deriva, inestable y sin la confianza necesaria para atraer inversiones. Encima, la mayor vulnerabilidad internacional producida por el extravío madurista de anotarse con el agresor en la guerra librada por la autocracia rusa contra Ucrania aumenta aún más la incertidumbre. No puede quedar fuera la inseguridad que significa el irrespeto flagrante a los derechos humanos en Venezuela, con unos 260 presos por razones políticas, y la presencia de torturas y desapariciones.

Aun en este escenario, la economía venezolana puede crecer. Pero sujeto a las arbitrariedades de una institucionalidad puesta al servicio de un régimen gansteril, será errático. En algunos años, puede que no crezca. Esto no puede entenderse como una “normalización” de la actividad económica, más con la terrible inequidad sufrida por quienes no tienen ingresos regulares en divisas. La apremiante necesidad de mejorar cuanto antes y de manera significativa las condiciones de vida del venezolano no pueden confiarse en eventualidades precarias, sujetas a la buena de Maduro y/o de reacomodos entre las mafias que buscan conservar sus fortunas. Confiar en que el levantamiento de algunas sanciones sea funcional a que ello ocurra me parece pueril, dados los intereses afianzados en torno a las instituciones extractivas que sustentan la expoliación chavista del país. El bienestar de la población no entra en su agenda.

Pero aprovechar los reacomodos para forjar cambios hacia reglas de juego –instituciones—inclusivas, que asienten las garantías, derechos y libertades que estimulen el despliegue de iniciativas capaces de aprovechar las enormes potencialidades –hoy asfixiadas—que anidan en Venezuela y en los venezolanos, es otra cosa. Es condición, además, para los sustanciales empréstitos requeridos para recuperar los servicios públicos y demás potestades del Estado. Implica, por supuesto, cambios políticos. Los reacomodos deben servir para reconstruir un arco de fuerzas para forzar esos cambios, buscando ampliar y consolidar algunas de las mejoras instrumentadas, y arrinconar, a la vez, las arbitrariedades de quienes insisten en manejar el país como si fuera su propiedad personal.

Les toca a los liderazgos que están emergiendo en torno a la lucha reivindicativa, por demandar servicios públicos y que se manifestaron en las conquistas recientes de algunas alcaldías a nivel nacional, asumir esta plataforma como programa. Sin cohesionar voluntades en torno al rescate de instituciones inclusivas no habrá solución. El levantamiento de sanciones tiene que ser instrumental para avanzar en estos propósitos. La discusión de una temática con tantas implicaciones apenas comienza, pero es imprescindible.

[1] https://www.lapatilla.com/2022/04/14/fuerza-armada-encubre-cada-vez-mas-...

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La despenalización de la tenencia y uso de moneda extranjera, más el levantamiento del control de precios, explican, en buena medida, el frenazo en la caída de la economía venezolana. A pesar de la enorme destrucción fraguada por Maduro y sus cómplices, con sólo levantar algunas las trabas, afloran indicios de las potencialidades del país, cruelmente sofocadas. No es sólo el comercio de bienes importados en bodegones. Empiezan a observarse signos de reactivación en la agricultura y la ganadería en algunos estados, así como de establecimientos agroindustriales. La Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial de CONINDUSTRIA, correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, recoge atisbos de cambios y de expectativas favorables en algunos sectores. De confirmarse tales mejoras, lleva a preguntarse: ¿Se sostendrán en el tiempo? Los que controlan al Estado actualmente, ¿están dispuestos a efectuar los cambios para que así sea? ¿De qué depende?

Antes de examinar estas interrogantes, es menester aclarar que estos indicios se notan con relación a una economía devastada, cuyo tamaño es de apenas la quinta parte de la de ocho años, con terribles efectos para su población. Un crecimiento del 4% para 2021 pudiera aparecer respetable, pero con relación a un monto tan exiguo como el del PIB venezolano, el incremento es prácticamente nulo. Más de 94% de los hogares son pobres (por ingreso), según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI, 2021) realizada por la UCAB, 76.6% padecen de pobreza extrema. Si se examina la pobreza desde una perspectiva multidimensional, 65,2% se encontraban en condiciones de privación. Fuimos el país más desigual de América Latina el año pasado, con un índice GINI estimado de 56,7.

Las políticas sociales se habrían reducido básicamente al reparto de bolsas CLAPs, de distribución inconstante, y míseras transferencias a través del Carnet de la Patria. 24,5% de los hogares padecían de una inseguridad alimentaria extrema, 35,2% una inseguridad moderada y 34,5% de una inseguridad alimentaria leve. Las secuelas de este panorama sobre la salud general de la población no podían ser sino terribles. Hoy se estiman más de 6 millones los venezolanos que, desde 2015, han emigrado huyendo de esta situación.

“Eppur si muove” ...aparentemente. ¿Podrá mantenerse? A falta de datos oficiales sobre el desempeño de la economía venezolana que permitan aproximarnos a una respuesta confiable, ayuda un enfoque de economía política. Empecemos por señalar que el marco de intervención estatal asociado a la destrucción del país no se ha superado, si bien la aplicación de algunos aspectos ha sido suspendida. Continúa la ausencia de un Estado de Derecho efectivo y, con ello, de las garantías y seguridades asociadas a un clima de confianza favorable a la actividad económica y a las libertades civiles, desmanteladas con la excusa de construir el “socialismo del siglo XXI”. Este desapego por la normativa que debía regir en democracia, amparado en tribunales anuentes con quienes la obvian desde el poder, ha permitido que éstos hayan privatizado el patrimonio público, pero en nombre de este “socialismo”. Sus escandalosas corruptelas aparecen como depósitos multimillonarios en bancos suizos, panameños, españoles, rusos y otros, en reportajes de valiosos periodistas de investigación.

Los intereses creados en torno a estas prácticas, tan notorias entre integrantes de la cúpula militar que sostiene a Maduro y entre los “enchufados” que se benefician de sus tratos con el Estado, ¿acaso han sido suprimidos? ¿Se ha restituido el imperio de la ley? La depredación de las riquezas minerales en ese territorio sin ley en que han convertido Guayana, la presencia activa de bandas criminales en ese saqueo y/o dedicadas al tráfico de drogas --ambas con complicidad militar--, las empresas de maletín, las compras con sobreprecio, las extorsiones y tantos otros desmanes, indican que no.

El colapso de los servicios es parte de la misma patología. Las denuncias de sabotaje para explicar la incontenible ristra de interrupciones del servicio eléctrico a todo lo largo del país del general Néstor Riverol, como de quienes lo antecedieron frente a ese ministerio, son patéticas. ¿Y el agua? En algunos sitios, como en los altos mirandinos, suele llegar solo una vez por semana. Y ocurre en una geografía con ríos por todos lados, una de las mayores dotaciones de agua por habitante a nivel mundial, y en un país que se esmeraba, antes de la plaga chavista, en mantener una cómoda capacidad sobrante en la generación de electricidad a través de la inversión previsiva en represas y plantas termoeléctricas. ¿Por qué, entonces, el colapso de estos servicios? Las partidas para su mantenimiento, como los apartes para la inversión, fueron esquilmadas por los “revolucionarios” que se colocaron al frente de su administración. ¿Y qué hay del gas, de la gasolina y el diésel para transportar la producción del campo a la ciudad? ¿De la salud y de la educación, cuyos profesionales --bien preparados en su mayoría y con vocación de servicio-- están tan miserablemente remunerados?

La destrucción de la gestión pública no obedece a anomalías que pasaron desapercibidas y que escaparon del castigo de la ley. El desmantelamiento de los mecanismos de control y de supervisión, del mandato de rendir cuentas, la ausencia total de transparencia en la gestión pública y la aquiescencia de un poder judicial muchas veces partícipe en estos procesos de expoliación, hicieron de ello la norma, no la excepción. El “socialismo” del chavomadurismo resultó, en esencia, en el saqueo de la cosa pública, despojando a los entes del Estado de su capacidad de atender los asuntos para los cuales fueron creados. Forjaron un Estado patrimonialista, expresión de un régimen de expoliación bajo su control y usufructo exclusivo. Pero, al anteponer el cognomento de “poder popular” a cada ministerio, las mafias ahí enquistadas creyeron lavarse la cara. Son “revolucionarios”.

Pero esta “dicha” se les tambalea. La “acumulación originaria de capital” de algunas mafias, ejecutada, como es de rigor, con su cuota de violencia, busca legitimarse a través de su inversión en negocios que, al menos, aparentan ser sanos: como la mafia estadounidense terminó montando un emporio de casinos en Las Vegas y Atlantic City. Ello es tanto más plausible si se considera que las oportunidades de expoliación se han ido reduciendo por la ruina del país y por las sanciones. Y, al ampliarse las alianzas internas y externas que mantienen al régimen, sus frutos tienen que compartirse con un mayor número de cómplices. A esta lavandería de capitales le interesa contar con un mínimo de resguardo para su futuro, ante la previsión de cambios políticos ineludibles. Eso la enfrenta a las viejas prácticas de expoliación, que no aceptan límites a sus tropelías. La incautación de las instalaciones de El Nacional en los Cortijos por Diosdado Cabello es un claro ejemplo de esto último.

La desavenencia entre mafias augura reacomodos influidos, además, por los cambios que ocasiona la agresión putinesca en Ucrania. Vuelve a colocar sobre el tapete al petróleo venezolano y las sanciones en su contra. Los mayores precios de un embargo del crudo ruso y algunas señales de que EE.UU. explora posibilidades para ofrecer un trato distinto, siempre que el país se convierta en fuente confiable de este recurso, llevará a más de uno a preguntarse si no conviene considerar las condiciones que permitirían una salida de este tipo, siempre sujetas, claro está, a ciertas garantías de que no implicará, necesariamente, ser apresados o despojados de sus fortunas ante su eventual salida del poder.

Para las fuerzas democráticas, lo examinado ofrece rendijas para presionar por mayores cambios. Si bien son muy pobres las mejoras en comparación con lo que hace falta hacer y con las potencialidades del país, invitan a reclamar reformas ulteriores como parte de un programa político post rentista, capaz de conseguir apoyos de emprendedores y los nuevos liderazgos que, a nivel de base, van surgiendo.

Frente a ello declara el troglodita Ameliach que no hace falta división de poderes porque el país les pertenece, y las burlas cínicas de Maduro de que merece el premio Nóbel de economía. Manifestación crasa de que toda posibilidad de avance presupone la salida de semejantes bárbaros del poder.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

El levantamiento de los controles de cambio y de precio en Venezuela marcaron cambios que, pensaban algunos, inaugurarían la apertura hacia una mayor “normalidad” económica, capaz de superar las terribles penurias que han azotado al pueblo venezolano por tantos años. Reaparecieron muchos bienes importados en los “bodegones” que, cual hongos, brotaron en las principales ciudades. También los supermercados volvieron a llenar sus anaqueles con productos otrora desaparecidos, ahora bastante más caros. La economía detuvo su caída libre, llegando incluso a crecer el año pasado hasta en un 4%, según algunos analistas. Como se sabe, no se publican cifras oficiales al respecto desde 2018. Para 2022, las proyecciones iniciales señalan la posibilidad de un incremento del 8%.

Por otro lado, han pasado seis meses seguidos con un alza general de precios de sólo un dígito. La hiperinflación quedó atrás. Se anuncia, asimismo, un incremento del salario mínimo y del bono de alimentación, desde unos 2 USD al mes, a más o menos 30 USD, que se comenzaría a pagar este mes (marzo). Hechos como la devolución de las instalaciones del Sambil de La Candelaria a sus legítimos dueños indicarían, a su vez, que van quedando atrás las arbitrariedades que arruinaron al país bajo la bandera del “socialismo del siglo XXI”. Y existen augurios de una recuperación sostenida en la producción petrolera, ridiculizadas, empero, por la falta de criterio de Maduro quien, en declaraciones recientes, prometió que a finales de este año se estarán produciendo dos millones de barriles diarios de crudo en Venezuela (¡!).

Es menester poner en perspectiva estos registros. Aun suponiendo que la economía creciera el año pasado en 4% y que cerrase el actual aumentando adicionalmente en un 8%, su tamaño, es decir, el Producto Interno Bruto (PIB) de 2022, apenas superaría la cuarta parte del de 2013. Y, aunque se haya superado la hiperinflación, la subida de precios del año pasado fue de 686.4% (¡!), la más alta del mundo. Por otro lado, el entramado legal de los controles existe todavía. No ha sido abrogado, sólo fue suspendida su aplicación. Y, con toda la alharaca en torno a la recuperación de la actividad productiva petrolera, ésta, según cifras oficiales, no ha superado los 800 mil barriles diarios durante los primeros dos meses del año, el 27% de la producción en 2013.

No hay nada que indique que estamos ante los primeros pasos de un programa de medidas coherentes destinadas a crear las condiciones necesarias para reactivar la economía, como quieren creer algunos. Una muestra es la promulgación de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, según la cual se podrá pechar hasta el 20% de los pagos realizados en moneda extranjera (o criptomonedas) “sin mediación de entidades financieras”. Lejos de promover la mayor actividad derivada de la dolarización de las transacciones o de otorgar créditos en dólares --los depósitos de la banca en la moneda estadounidense casi duplican el monto en bolívares--, el gobierno parece buscar desestimularla.

Y es que el desplome de la actividad económica, incluyendo la petrolera, ha mermado drásticamente los ingresos tributarios y, estando el fisco en default, recurre a la emisión monetaria del Banco Central para cubrir el déficit en sus cuentas. La dolarización plena eliminaría esta posibilidad –el BCV no imprime dólares--, obligando a cortar todavía más el gasto. Ya Maduro ha instrumentado una contracción drástica del gasto público, contribuyendo a contener la inflación, pero a expensas del mantenimiento de los servicios y de los sueldos del personal. Como resultado, las capacidades administrativas del Estado y sus posibilidades de producir los bienes públicos requeridos para atender a la población --su responsabilidad central--, están postradas. De seguir con los recortes, se agravaría la situación de Estado fallido, arrojando costos aún mayores sobre la población.

Por otro lado, la estabilización del precio del dólar como instrumento antinflacionario, sacrificando reservas y sobrevaluando el bolívar, ha tenido el efecto de aumentar la cantidad de dólares requeridos para cubrir el componente local, no transable, de la actividad económica. De ahí que los precios en dólares también aumentan, aunque no hay inflación en dólares en el mercado internacional. Por otro lado, con la penuria de ingresos provocados por el desastre económico infligido al país, el incremento del salario mínimo seguramente será financiado con mayor emisión monetaria, poniendo en jaque la estabilidad del dólar. ¿Podrá seguir bajando la inflación? Y no puede quedar fuera la acentuación de la inequidad que representa el hecho de que quien no tiene acceso regular a los dólares estará condenado a permanecer en las abismales honduras de miseria a que lo arrojó el régimen de expoliación chavista.

La economía venezolana creció el año pasado –o dejó de caer—y podrá crecer este año, por la sencilla razón de que tiene grandes potencialidades, pero que han sido reprimidas. Bastó con quitar la asfixia de los controles de precio y de tipo de cambio para que la actividad económica empezase a brotar. Es como si, de repente, se abriese una verja para que alguien pudiese enterrar una semilla en un terreno baldío, pero fértil. Emerge una planta. Pero, para que siga creciendo y haya muchas más, se requiere garantizar el agua, los fertilizantes y pesticidas, y que nadie vuelva a cerrar la verja o deje entrar animales que aplastarían el cultivo naciente. Llevando el símil con la economía más allá, se necesitarían inversiones para cercar el terreno, importar semillas certificadas y contar con la maquinaria y los equipos para extender el plantío, amén de la electricidad para operar muchos de éstos. El individuo tendría que adquirir los saberes necesarios para mejorar su cultivo y contar con los servicios de investigación especializados para prosperar (competir) en el tiempo. Y hemos dejado afuera de esta analogía todo lo concerniente a los desafíos de una comercialización eficiente, el financiamiento y la idoneidad de las instituciones para ello, y la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad y la confianza para acometer las inversiones y las innovaciones, que están en la base de un crecimiento robusto y sostenible.

Pues todos estos “aditamentos”, cruciales para una reactivación económica que se sostenga y devuelva a los venezolanos condiciones de vida dignas, están en buena medida ausentes en la Venezuela de Maduro. Pero no sólo eso, a pesar de algunos efectos cosméticos, como la detención de funcionarios acusados de narcotráfico y cambios anodinos en el poder judicial, sigue campante la arbitrariedad y el abuso de poder, como lo testimonian los centenares de presos políticos detenidos sin razón valedera, Roland Carreño y Javier Tarazona, entre otros. Y continúan las extorsiones en aeropuertos, puertos, alcabalas y en negocios y entidades diversas por parte de la Guardia Nacional, distintas policías y funcionarios ahítos por un “resuelve”, sin mencionar los grandes beneficiarios de la depredación de la riqueza mineral de una Guayana sin ley, de lo que queda de la industria petrolera y del narcotráfico, este último en alianza con el ELN y disidentes de la FARC colombiana.

Si, la economía venezolana podrá crecer. Pero podrá dejar de hacerlo si priva la arbitrariedad, con mayores controles, y la caza de rentas. Algunas actividades crecerán más que otras, algunas podrán desaparecer o disminuir aún más. Porque el entramado institucional para que el crecimiento se mantenga y beneficie a las grandes mayorías para asegurar un mínimo de justicia social que asegure la estabilidad social y política, ha sido desmantelado. Las condiciones para que prospere la actividad económica siguen siendo muy precarias. Es menester, por tanto, luchar por la restitución de un Estado de Derecho, con sus garantías jurídicas y procesales, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, así como garante de las demás libertades, para poder activar una ciudadanía protagónica en el ejercicio de sus corresponsabilidades de gobierno.

De lograrse la estabilidad y la confianza necesaria para generar una tasa de crecimiento del 5% interanual --un supuesto negado de continuar el presente régimen— se tardarían 27 años en regresar al nivel de ingresos de 2013. De producirse un cambio político fundamental que reinstalase la democracia plena, permitiese la instrumentación de un programa de estabilización macroeconómica y de reformas que le devuelvan al Estado su capacidad de gestión, con el respaldo de un ingente financiamiento multilateral, este lapso se acortaría significativamente, dada la enorme capacidad ociosa existente.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La brutal invasión de Putin a Ucrania ha alterado drásticamente el orden geopolítico internacional. Paradójicamente, cohesionó fuertemente a la Unión Europea en su contra –anticipaba que su respuesta fuera palabrera, poco contundente--, con sanciones drásticas y suministros de equipos a Ucrania; activó el firme compromiso estadounidense con la defensa de las libertades del mundo occidental, contribuyendo a hacer de la OTAN una amenaza aún más poderosa a sus pretensiones; y, sobre todo, desató una feroz resistencia del pueblo y de las fuerzas militares ucranianas, que le han infligido un costo muy elevado a su aventura.

Independientemente de cómo termine esta horrible tragedia, empieza a hacerse cada vez más evidente que Putin saldrá muy golpeado. Incluso imponiéndose militarmente, dada la enorme superioridad numérica de sus fuerzas, lo hará a un terrible costo en destrucción de equipos y bajas rusas, amén de un resultado político devastador en lo personal. Las sanciones impuestas por la UE y EE.UU. a Rusia hacen prever, asimismo, que su economía saldrá sumamente debilitada de esta aventura imperial. Su abrumadora condena en la Asamblea Plenaria de las Naciones, con más de 140 votos a favor y sólo cinco en contra, muestra el grado de aislamiento en que se encuentra. Incluso regímenes autocráticos identificados con sus métodos despóticos le han dado la espalda. Y todo hace pensar que, mientras más dure el conflicto, mayor pesarán estas pérdidas a Putin.

Por supuesto que del lado ucraniano las pérdidas han sido terribles, más aún con la criminal decisión del comando ruso de bombardear a mansalva objetivos civiles: residencias, hospitales, escuelas e infraestructura de servicios. Pero los ucranianos están luchando por su país, por su libertad, lo que explica su resistencia heroica, suscitando amplio apoyo europeo y estadounidense. Aun logrando Putin tomar a Kyiv y parapetear ahí un gobierno títere, no podrá doblegar este espíritu de lucha. Los valores liberales que arruinan su obsesión de prevalecer por imposición dictatorial se han fortalecido.

Mala hora, entonces, para quienes accedieron a convertirse, irresponsablemente, en peones del imperialismo ruso para salvaguardar sus tropelías. Maduro y los suyos se encuentran perjudicados, además, por la sanción a bancos rusos, que le han bloqueado el acceso a sus reales, y por la decisión de trasladar de Lisboa a Moscú la oficina internacional de PdVSA, ahora inhabilitada de ejercer sus operaciones. Y, luego de aumentar al máximo la dependencia de armas y equipos militares rusos, se ve sin el respaldo en las asesorías y los servicios de adiestramiento y apoyo correspondientes, por estar comprometidos con la agresión bélica contra Ucrania. Esta súbita vulnerabilidad del régimen de Maduro, ahora desprovisto de la red de seguridad que –pensaba—le ofrecía su alineación con Putin, le plantea serios desafíos. En este contexto es que debe examinarse la reciente visita a Venezuela de altos funcionarios del gobierno estadounidense con responsabilidad sobre América Latina.

Se ha especulado mucho sobre los propósitos de esta visita, lamentándose algunos de que EE.UU. parecía estar dispuesto a canjear el levantamiento de las sanciones al régimen de Maduro, a cambio de una mayor exportación de petróleo venezolano para atemperar, así, el alza de precios del crudo en los mercados internacionales que resultaría de la reducción en el consumo de petróleo y gas rusos. Prefiero pensar que, en las actuales circunstancias de enfrentamiento global a una autocracia tan peligrosa como la de Putin, la primera potencia mundial estaría interesada, más bien, en examinar y sopesar todas las opciones a su alcance. En lo que respecta a Venezuela, a pesar de los alardes de que el país posee las mayores reservas petroleras del mundo, la destrucción de la industria –en enero produjo, según cifras oficiales, unos 750 mil barriles diarios, la cuarta parte de lo que producía el país en 2012-- hace difícil prever que pueda aumentar su oferta en más de 200.000 barriles diarios en un corto plazo --en el mejor de los casos--, aun levantándose las sanciones sobre el petróleo venezolano y restableciéndose garantías plenas sobre las inversiones requeridas para este incremento. La producción rusa que se quiere restringir está en el orden de los 11 millones de barriles diarios, de los cuales exporta 7 millones. De manera que una supuesta liberación de las exportaciones petroleras venezolanas aportaría muy poco a este faltante, aunque ayudaría a la empresa estadounidense Chevron, con la cual el régimen arrastra deudas. Por supuesto, junto a una mayor producción de México, Colombia, Brasil, Canadá y del propio EE.UU., sin mencionar que este país llegue a un acuerdo también con Irán, siempre suma.

En tales circunstancias, parecería más sensato pensar que, desde el punto de vista geoestratégico del gobierno de EE.UU., su relación con Venezuela podría buscar “matar varios pájaros de un solo tiro”. En primer lugar, apalancarse en las dificultades rusas para apartar definitivamente a Venezuela de su campo de influencia; segundo, destrancar su postura política respecto a Venezuela, propiciando el restablecimiento de un diálogo productivo entre el régimen de Maduro y la oposición; y tercero, poder aprovechar, en el tiempo, el potencial de producción del petróleo venezolano como suplidor confiable, lo cual supondría su consistencia con los otros dos objetivos. Esto último implicaría explorar formas de levantar las sanciones contra PdVSA, sujeto a compromisos del régimen, verificables, de liberar los presos políticos, frenar la represión y la tortura, y crear condiciones para unas elecciones confiables y creíbles en 2024. La posibilidad de que esto pueda lograrse depende, en gran medida, de la oposición.

La brutal agresión de Putin a Ucrania nos ha movido el tablero. Las prioridades y circunstancias actuales se han reacomodado sustancialmente y la lucha por la democracia en Venezuela tiene que adaptarse a ello. Mantener las posturas de antes no sirve. EE.UU. busca asumir una estrategia geopolítica y económica para contener a Putin, en la cual nuestras prioridades pasan, lógicamente, a un segundo plano. Compatibilizar nuestra lucha por la libertad con esa estrategia global conlleva, por tanto, que la oposición logre consensuar una estrategia propia que sirva de asidero para que EE.UU. pudiese incluir, como parte de aquella, la contribución con estos fines. El hecho de compartir valores propios de la democracia liberal, consustanciados en torno a la defensa de los derechos humanos, hace factible lograr esa compatibilización entre ambas estrategias.

Elementos de una estrategia que unificarían a las fuerzas democráticas en Venezuela incluirían:

1) La superación de los desentendimientos e intereses secundarios entre las fuerzas opuestas a Maduro, en aras de asumir, unidos, los desafíos de lograr las mejores condiciones para aprovechar las elecciones pautadas para 2024;

2) Insistir en la reanudación de las conversaciones en México, refrescando la representación democrática para tomar en cuenta los resultados de las elecciones regionales;

3) Proyectar, de la manera más clara y efectiva posible, las bondades de una estrategia de reactivación económica sustentada en la restitución de las garantías, la observación del Estado de Derecho y el acceso a un generoso financiamiento multilateral, muy superior a Ia débil palpitación de la que alarde el oficialismo;

4) Identificar y aprovechar los reacomodos que deben producirse a lo interno del chavomadurismo que resulten de la debacle rusa, así como del conflicto entre algunas mafias buscando lavar sus fortunas en negocios legítimos y quienes persisten en prácticas depredadoras, para introducir una cuña entre ellas para abrir posibilidades de un regreso progresivo al ordenamiento constitucional;

5) Aprovechar la vulnerabilidad resultante de la probable interrupción en la provisión de equipos militares y servicios rusos para insistir, en la consideración de los militares, posturas menos entreguistas, más alineadas con el bienestar de los venezolanos, conforme al artículo 328 de la constitución;

6) Finalmente, deben empezar a introducirse la discusión de criterios de justicia transicional a considerar que ayuden a facilitar el desalojo de quienes tanto daño le han hecho a los venezolanos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Vladimir Putin ha exhibido el arma más terrible en su criminal invasión de Ucrania: su ausencia absoluta de escrúpulos para emprender acciones que considera necesarias para alcanzar sus fines. Al violentar la soberanía e independencia del país vecino, vulnerando normas internacionales asumidas por la propia Rusia, amenazó de inmediato a la OTAN y a Estados Unidos con "consecuencias más grandes de lo que ninguno de ustedes ha visto jamás en la historia" si intervenían a favor de Ucrania. Tal amenaza la volvió a asomar abiertamente días después, al poner en alerta de combate a sus fuerzas estratégicas, es decir, nucleares. Y lo reiteró como respuesta ante cualquier posibilidad de que la OTAN accediera a la petición del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de imponer una zona de exclusión en el espacio aéreo de su país, para contener el incesante bombardeo de aviones rusos a su población. Hay que señalar que Putin no sacó su amenaza nuclear de la nada. Fue probando, en pasos sucesivos, hasta dónde las potencias mundiales le permitirían llegar en sus delirios imperiales a expensas de otros pueblos. El desmembramiento militar de Georgia para crear los protectorados de Abjasia y Osetia del Sur no provocó reacción alguna de occidente, como tampoco el aplastamiento brutal de la rebelión en Chechenia. La ocupación de la península de Crimea en 2014, territorio ucraniano, apenas suscitó una débil protesta. Y su apoyo a Bashar Al Assad, para disuadir a Obama de cumplir con su amenaza de intervenir si el carnicero de Siria utilizaba armas químicas contra sus adversarios, fue consentida. Por último, llegó la gran prueba, la de invadir a Ucrania para deshacerse de un gobierno incómodo a su despótica megalomanía, por ser ejemplo de democracia en un país eslavo con demasiadas semejanzas al ruso. Y, como lamentablemente se ha evidenciado en los últimos días, al encontrar una resistencia mayor a la esperada por parte de los valientes defensores de Ucrania, no ha vacilado en arremeter con bombardeos a zonas residenciales, a pesar de haberse comprometido públicamente a respetar a la población civil. Como sea, busca pulverizar la elevada moral de combate de los ucranianos. Lo que ha extasiado a Donald Trump como una genial operación de brinkmanship de Putin –el “arte” de poner al contrario al borde del precipicio para que no tenga otra opción que aceptar las demandas que se le imponen—es, en realidad, el chantaje de un sicópata quien, aterradoramente, tiene a su disposición el arsenal nuclear más grande del globo, junto al de EE.UU. ¿Quién puede garantizar que, ante acciones más contundentes en apoyo a Zelenski, Putin –mejor, Putler-- no apele a estas armas estratégicas? ¿Hay razones para confiar que este personaje, o aquellos de su círculo íntimo de poder, tengan los valores morales, políticos o humanitarios capaces de frenarlo antes de acometer lo impensable? Precisamente, por haberse revelado como sicópata, su chantaje surte efecto. Demasiado riesgoso para que los gobernantes responsables de occidente accedan a poner a prueba si se trata sólo de un bluff. Pero, precisamente por la eficacia de su chantaje, no hay seguridad alguna de que las ansias imperiales de Putler se satisfagan si, en el peor de los casos, termina aplastando la resistencia ucraniana. EE.UU. y la UE confían en que las sanciones económicas y financieras de por sí sean lo suficientemente contundentes como para ponerlo de rodillas, invalidando su acción miliar, incluyendo la opción nuclear. La clave decisiva aquí es la capacidad de resistencia del ejército y del pueblo ucraniano, uno de cuyos determinantes es, claro está, la efectividad del apoyo de occidente en el suministro de armas y servicios. Y esto necesariamente debe aumentar, si se quiere evitar que Putler se salga con las suyas. La laxitud exhibida en el trato de algunos de sus oligarcas amigos, sobre todo en el Reino Unido, y la dependencia europea del gas ruso tampoco ayudan. Los analistas recogen evidencias de creciente frustración del déspota ruso ante la no concreción en el tiempo de sus planes. Aumentan los temores respecto a su inestabilidad emocional u mental. Por otro lado, la represión emprendida en Rusia contra toda protesta por la guerra y el control draconiano de los medios de comunicación ahí se orientan a evitar que, internamente, surjan las fuerzas que lo conminen a parar su aventura criminal. Pudiera llevarlo a creer que puede ejecutar lo impensable para imponer su voluntad. De ahí las voces a favor de una estrategia que ofrezca un “puente dorado” para el repliegue e “decoroso” de Putler, sin que pierda “cara”. Pero esto implicaría, cruelmente, alguna concesión por parte de Ucrania, como la cesión de los territorios del Donbás, el reconocimiento de que Crimea es rusa o el compromiso de no entrar a la OTAN. Dudo que las heroicas fuerzas de resistencia ucraniana, que han entregado tanta sangre para evitar un desenlace de esta naturaleza, accedan. La invasión de Ucrania es la prueba suprema que ha puesto Putin sobre la mesa para saber lo que estarían dispuesto a tragarse las potencias occidentales para evitar una hecatombe nuclear. De ceder, ¿quién lo parará después? ¿Cómo garantizar la seguridad futura de los países bálticos, Finlandia, Suecia, Polonia y, en fin, del resto de Europa, si prevalece en Ucrania su voluntad? Como han afirmado tantos, lo que está en juego no es sólo la suerte de un país que, para algunos, pudiera ser “prescindible” en aras de evitar la guerra nuclear. Lo que peligra es el orden democrático liberal como paradigma del mundo actual y las posibilidades de contar con unas reglas de juego consensuadas, con base en las cuales los pueblos puedan aspirar a vivir en libertad y forjar las condiciones para su propio bienestar. Desde esta columna sería absolutamente irresponsable pretender sopesar los pro’s y los contra´s de acciones militares de la OTAN contra Putler, como sería la de asegurar una zona de exclusión aérea en Ucrania que pudieran obligarlo a parar su ofensiva criminal. La incertidumbre de la existencia de un loco en el Kremlin dispuesto a apretar el botón nuclear aterra. Pero con todo y el abrumador peso moral que enfrenta occidente ante esta decisión, las opciones a considerar son esas. Porque el dilema verdadero no parece ser si debe tomar o no una decisión que frene definitivamente a Putin, sino cuándo. El aprendizaje de Múnich, 1938, sugiere que mañana quizás sea demasiado tarde. El humor de Maduro A despecho del escenario tan dantesco como el referido arriba, Nicolás Maduro nos sorprendió el sábado cinco de marzo con una humorada. En su alocución pidió a la justicia aplicar el “máximo castigo” a aquellos funcionarios públicos del país que estén involucrados en el “fenómeno de la narcopolítica”, para concluir –miren qué ocurrente-- que es la “primera vez” que en el país se ve tal fenómeno (¡!). Vamos, Nicolás, tus sobrinos presos por narcotráfico en EE.UU., con acceso a la rampa presidencial de Maiquetía para sus andanzas, el “pana” Makled, que llegó a tener en su abultada nómina a muchos jerarcas chavistas, y los militares integrantes del tristemente notorio Cartel del Sol, amparados desde el poder durante años, te obligan a no ser tan torpe en tus sarcasmos. Porque los sarcasmos más hilarantes son los inteligentes, los que explotan la sutileza, ¡no esa burda chanza que anunciaste el sábado! Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela humgarl@gmail.com