Las tiranías totalitarias pretenden legitimarse invocando fines trascendentes cuya prosecución habría de liberar, de una vez por todas, al Pueblo (con mayúscula). Apelan a percepciones de injusticia de quienes se sienten marginados, alimentando sus resentimientos y ansias de retaliación para comprometerlos en la conquista de los ofrecimientos reparadores de un líder carismático. En su prédica, la lucha es porque triunfe el bien, es decir, los intereses de “nosotros”, el Pueblo, contra el mal representado por los agentes políticos o sociales enemigos, es decir, los “otros”. Tal simplificación maniquea se rinde ante la fe en un eventual reino de dicha que reivindicará, como debe ser, a los agraviados. Esta creencia da lugar a una construcción teleológica, de claros tintes religiosos, que se sobrepone al dominio de la razón. Esto incluye a la prédica comunista, que alega basarse en una teoría “científica” del cambio social. No puede haber dudas sobre cómo proceder. Sea por la voluntad de un Dios todopoderoso, como sucede con el extremismo islamista de hoy y con la inquisición y las cruzadas de ayer, o por el inexorable triunfo de la justicia que proveerá el devenir de la Historia (con mayúscula), se va forjando un espíritu de secta, cerrada sobre sí misma, que no admite cuestionamientos externos. Inspiradas en verdades reveladas, son refractarios a la razón. Basta con el apasionamiento de saberse en la conquista de lo justo.

El 26 de julio, hace 70 años Fidel Castro encabezó un asalto suicida a un cuartel militar en Santiago de Cuba (Moncada) para derrocar al dictador, Fulgencio Batista. Sobrevivió. En el juicio montado en su contra, argumentó haber insurgido contra un régimen terminal, por inmoral y decrépito: “la Historia me absolverá”. Tal manifestación de fe en el devenir societario se convirtió pronto en proclama de lucha contra la opresión por parte de las distintas fuerzas enfrentadas a la dictadura. Sabemos el desarrollo posterior de los acontecimientos. Basta señalar que la épica guerrillera como eje de la Revolución, luego de eclipsar los aportes al derrocamiento del dictador por parte de la resistencia en las ciudades, adquirió visos de leyenda, contribuyendo a asentar la ascendencia de Fidel ante los cubanos. Ayudó, claro está, una fuerza militar –ahora revolucionaria—que llenaba el vacío del desmoronado ejército batistiano.

Esta absolución por las fuerzas inexorables de la Historia tiene como importante antecedente el alegato que, en su defensa, hizo Adolf Hitler, al ser enjuiciado por el llamado “putsch de la cervecería” de 1923, en Múnich. “Porque no son ustedes, caballeros, los que nos juzgan. Ese enjuiciamiento lo dictamina la eterna corte de la Historia. (...) Podrán pronunciarnos culpables mil y una veces, pero la diosa de la eterna corte de la Historia sonreirá y hará trizas el alegato del fiscal y la sentencia de esta corte. Ella nos absolverá”[1]. Norberto Fuentes, en, La autobiografía de Fidel Castro (Tomo I), señala que, entre los libros que leía Fidel previo al célebre juicio, preso en la Isla de Pinos, estaba el Mein kampf de Hitler, contentivo de la aludida aseveración.

Ambos tiranos se presentan como meras herramientas de designios superiores, trascendentes, que, con o sin su participación, habrían de imponerse irremediablemente. Proyectarse como agente de fuerzas extraordinarias, cuasi telúricas, que se sobreponen a nuestras voluntades particulares, tiene deplorables implicaciones para la construcción de referentes morales. Por un lado, confiere una supremacía moral inobjetable a quien pregona los fines que, irremisiblemente, habrán de cumplirse. Contribuir con ellos define el criterio de lo que es correcto; oponerse, de lo incorrecto. Isaac Berlin nos recuerda que, en el caso del comunismo, supone un concepto de verdad que no depende de su correspondencia con los hechos, con la realidad empírica. Es verdad –según esta visión-- lo que es funcional para con el triunfo de la Revolución, acontecimiento inexorable que marcará la culminación triunfante de la Historia. Así, no hay forma de combatir las falsedades del discurso revolucionario, ya que sus referentes no son los mismos de los que argumentan en su contra. Quien critica sus postulados es, simplemente, enemigo de la verdad y de la humanidad, condenado al basurero de la Historia.

A su vez, al proyectarse estar por encima de las nociones “engañosas” del bien y del mal con que estos “enemigos” arremeten contra la “liberación de los Pueblos”, los “revolucionarios” son tremendamente inmorales. Todo se vale, siempre y cuando contribuya con el avance y consolidación del proceso eminente de hacer realidad el reino de paz y de dicha que pondrá fin (en una eventualidad pospuesta eternamente) a las miserias humanas. No importa que este esfuerzo se haya acompañado de centenares –miles-- de muertes por desnutrición, represión o por haber desaparecido medicamentos y destruido una adecuada asistencia de salud. En alegoría a los mitos de redención de nuestro legado judeocristiano, tales sacrificios por el triunfo de un bien superior son bienvenidos. En tan pavorosa oclusión ética y moral, a los dirigentes les resbala asumir decisiones crueles que destruyan los medios de vida –y la vida misma-- de la población. Así lo atestiguan las experiencias de Cuba y Venezuela. Palidecen, en comparación, los tan denostados llamados a “apretarse el cinturón” de los ajustes neoliberales como fundamento necesario (también eventual) de la prosperidad y la justicia que otorgan las fuerzas del mercado.

Blindados por la Historia, los personeros más despreciables, carentes totalmente de escrúpulos, pontifican sobre las “virtudes” de la “revolución” mientras descalifican con descaro a luchadores democráticos. Diosdado Cabello justifica las agresiones de sus bandas fascistas contra Henrique Capriles y contra María Corina Machado, en gira cada uno ante la convocatoria a las elecciones primarias de la oposición, inventando que provienen de un “Pueblo” que reacciona contra las sanciones impuestas por EE.UU. Jorge Rodríguez despotrica de la Unión Europea luego de que la Eurocámara condenara la inhabilitación política dictada (por la contraloría de Maduro) a María Corina. Vladimir Padrino, soporte del oprobio y destructor de la FAN, denuncia la “guerra económica y mediática” y los “llamados a la violencia” que, supuestamente, promueven factores de oposición, para justificar su complicidad con la tiranía. Insólitamente, se sigue exigiendo la liberación de Alex Saab como si fuese un mártir de la “revolución” y no un delincuente preso por traficar, entre otras cosas, con el hambre de los venezolanos. Con el veneno que destilan en estas imprecaciones contra las fuerzas democráticas, amparadas en esa supuesta “supremacía moral” que creen poseer, podría suplirse una fábrica entera de suero antiofídico y contra todo tipo de alimañas tóxicas.

Con semejantes barbaridades buscan todavía cautivar apoyo y mantener la concertación con militares, jueces y funcionarios corruptos para continuar con el saqueo a la nación. Pero su apoyo, según la última encuesta Delphos, de junio, es de sólo un 9,4%: “resteado con Maduro.” ¿Cómo llegar a acuerdos que abran posibilidades de cambio democrático con quienes insisten en refugiarse impunemente en una burbuja de falsedades? En vez de reconocer su fracaso, como haría cualquier político racional, insultan airadamente a quienes se lo señalan.

Pero están, cada vez más, venidos a menos. Conscientes de ello y desesperados por las perspectivas de una derrota segura de realizarse unas elecciones confiables, intentarán todo lo que puedan para amañarlas con inhabilitaciones, saboteando las primarias y con otras marramuncias. Su arsenal de atropellos no tiene límite alguno en el respeto a las normas de convivencia que deberían prevalecer en democracia. Persisten en su engaño de contar con la absolución (impunidad) de la Historia. Y ahí está su gran problema. Necesitados de un mayor reconocimiento internacional para poder sobrevivir en el foso en que han hundido al país, deben dar muestras de una disposición a llegar a acuerdos con las fuerzas democráticas para realizar elecciones en condiciones sanas y creíbles, es decir, respetando verdaderamente la voluntad popular. De nada sirve intentar convencer a la Unión Europea y a EE.UU. y, mucho menos a esas grandes mayorías de venezolanos desesperadas porque se les ofrezca una salida, invocando los fines supremos (existentes solo en mentes delirantes) de la Historia.

El fascismo no está, claramente, en sus mejores momentos. Es menester, por tanto, poner a un lado discrepancias y suspicacias entre fuerzas opositoras y consolidar una plataforma programática consensuada con las luchas de la población por sus derechos, a la vez que se aumenten las exigencias de que sea respetado el ordenamiento constitucional y puedan realizarse elecciones libres, sin trampas. Han de saber que la historia, la verdadera, sin mayúscula, no los absolverá. Habrá que facilitarles una salida, también, para los que ya están conscientes de ello.

[1] Ver, Schirer, William L. (1966), The Rise and Fall of the Third Reich, Vol. I., Pág. 78. (traducción e itálicas mías, HGL)

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El martes 4 de julio, Nicolás Maduro denunció intentos de la oposición de dividir a la fuerza armada. Pidió a su eterno ministro de defensa, Vladimir Padrino López, que la FAN diera respuesta “al fascismo” --calificación que define mejor que nada a su propio régimen--, “al golpismo y al imperialismo, con unión, moral, en la calle, con fuerza y que les diga claramente que con la Fuerza Armada no se metan”. Fue un ruego a estamentos de la FAN bajo su control para que siguiesen sosteniendo su dictadura. Sin este apoyo, Maduro, en marcada minoría, repudiado por la mayoría de los sectores de la vida nacional y aislado de buena parte de la comunidad internacional, no puede mantenerse en el poder. Es el uso de la violencia oficial y/o la amenaza de usarla, la que ha evitado que la voluntad popular lo haya desplazado. Por tanto, su denuncia se traduce en que los militares que lo apoyan continúen violando los preceptos constitucionales que deberían fundamentar su conducta como institución al servicio de la nación, no a su persona (Art. 328):

“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Recordemos como Chávez, luego de su separación efímera del poder en abril de 2002, se dispuso a purgar a la FAN, alineándola con su proyecto político. Le añadió el epíteto de “bolivariana” y exigió lealtad a su persona, acosando a aquellos que insistían en una conducta institucional conforme al artículo de la constitución arriba citado. Maduro acentuó esta perversión. En la Ley “orgánica” de la FANB de 2014 –ley “orgánica” aprobada por él por decreto presidencial, contrario a lo establecido en la Constitución--, identifica claramente al cuerpo militar con su régimen y le confiere un protagonismo en la conducción de asuntos del Estado y en el manejo de actividades comerciales. Pero ello es apenas el paraguas formal de la apropiación efectiva del país por parte de militares cómplices que venía adelantándose desde Chávez. Para 2018 estaban al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras actividades. Maduro les proveyó una Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), para que intermediaran en negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio. Manejaron, además, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla las empresas básicas de esa región, los puertos y aeropuertos, y empresas públicas como, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Actualmente, un militar es a su vez, Ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA.

Este apoderamiento militar de porciones de la economía se benefició del desmantelamiento del Estado de derecho que marcó la gestión de Chávez y de Maduro. La ausencia de contrapesos, de transparencia y de rendición pública de cuentas redundó en un ambiente favorable a todo tipo de irregularidades, muchas al margen de la ley, para capturar rentas provenientes de la exportación petrolera. El protagonismo de algunos militares inescrupulosos en estas prácticas permite señalarlos como artífices, por ende, del régimen de expoliación que, a la luz de la ausencia de controles, terminó instalándose en Venezuela al amparo de la prédica “revolucionaria”. En tal sentido, forman parte del proceso destructivo que acabó, bajo la gestión de Maduro, con los servicios públicos, la infraestructura y los medios de subsistencia de los venezolanos. Aunado a su activo protagonismo en la represión de las variadas protestas de la gente, lo anterior los convierte en actores abiertamente contrarios al interés nacional.

¿Cómo se explica que algunos militares hayan traicionado su misión, fungiendo, de hecho, como verdugos de la Patria? Obviamente el interés crematístico, facilitado por el quiebre del ordenamiento constitucional, ocupa un papel central. Hoy, su complicidad en la devastación de la nación, sometiendo a la inmensa mayoría de venezolanos a un régimen opresivo que los condena a niveles insólitos de pobreza, a pesar de los recursos petroleros de que dispone el país, se ve reforzada por los sueldos miserables que, formalmente, percibe la oficialidad castrense. Como el resto de los empleados del sector público, tal remuneración no les alcanza para vivir. Por tanto, su control de aduanas, aeropuertos, puertos y alcabalas, como su participación en la inspección o fiscalización de actividades económicas, ha hecho de la extorsión la fuente principal de sustento para muchos. Si bien tales actividades parasitarias son comunes en dictaduras militares, en Venezuela se amparan en el discurso chavista.

Desde la independencia, o gracias a ella, los militares se han arrogado la potestad de ser decisores activos de los destinos de la patria. El sacrificio de vidas y la sangre derramada constituía la credencial de honor con la cual reclamar su función tutelar sobre la sociedad. Pero la FAN de hoy nada tiene que ver con el Ejército Libertador. Tiene sus orígenes en la profesionalización de la carrera militar instituida bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, que acabó definitivamente con las montoneras que asolaban al país durante buena parte del siglo XIX. Pero Chávez, en los delirios iniciales con que arribó al poder, les dijo a los militares que eran los herederos del legado emancipador. Como tales, estaban llamados a conducir la patria hacia los destinos gloriosos que su liderazgo deparaba. Tan patriótico rol tutelar los convertía en genuinos dueños del país. Con base en el culto a Bolívar y una retórica antiimperialista que sustituía a la España de principios del siglo XVIII por EE.UU., hizo de la FAN una especia de Guardia Pretoriana a su servicio. Entre otras cosas, la llevó a apoyar a los insurgentes colombianos (FARC, ELN), permitiendo que traficaran drogas a través del territorio venezolano. De ahí surgió, como sabemos, el llamado Cartel de los Soles, en el cual se señala participación de miembros de la alta oficialidad militar. Y, con una prédica de odio contra quienes se oponían a su proyecto, fue moldeando conductas fascistoides entre los integrantes de la cúpula militar que lo apoyaban. ¡Patria, socialismo o muerte!

En este proceso, Chávez destruyó a la FAN como institución, sustituyendo el compromiso jurado de ésta con los supremos intereses de la nación, por la lealtad a su persona. Relevó de mando a quienes no asentían a esta sumisión y detuvo, con acusaciones frecuentemente inventadas, a aquellos que podían poner en peligro su ascendencia sobre el cuerpo castrense. Maduro, desprovisto de tal ascendencia, ha acentuado la represión de militares institucionalistas. Con participación de la inteligencia cubana, ha desatado, bajo la DGCIM y el SEBIN, un verdadero reino de terror en su seno. Más de la mitad de los presos políticos en Venezuela actualmente son militares, unos 150. Investigaciones de organismos defensores de los derechos humanos, de la ONU, la OEA y ONGs respetables, reportan que muchos han sido sometidos a torturas salvajes. Se registra la muerte del capitán Acosta Arévalo, Rafael Arreaza Soto y Gabriel Medina (policía), entre otros. El compromiso de integrantes de la cúpula militar con el régimen de expoliación que arruinó al país se ha traducido, además, en la feudalización de la estructura castrense en REDIs, ZODIs y ARDIs. Muchos han degenerado en “cotos de caza” repartidos a través del territorio nacional, a ser depredados por auténticas mafias.

Maduro anunció el 5 de julio, el reemplazo de los comandantes del ejército, la armada, la aviación y la milicia bolivariana, y otros cambios en la cúpula militar. No obstante, ratificó a Padrino López, quien lleva 9 años como ministro de defensa, y a Domingo Hernández Lárez en el Comando Estratégico Operacional de la FANB. Son anclas del fascismo castrense que busca consolidar. Algunos analistas señalan que estos cambios se deben al malestar e inquietud creciente dentro de la estructura militar, que no puede ser ajena a la tragedia que vive el país. A ello obedecería su denuncia sobre supuestos intentos de la oposición de dividir a la FAN. ¿Se desmorona el sostén castrense de Maduro? ¿Hasta cuándo se va a prestar el componente militar a servir de salvavidas a quienes tienen como finalidad la destrucción del país? Es lamentable que siga descomponiéndose lo que una vez fue una institución respetada.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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La situación de Venezuela luce terriblemente comprometida en todos los frentes, incapaz de generar condiciones para una vida digna de sus habitantes. De no introducirse cambios drásticos en su manejo, habrá de convertirse en un país fallido. La responsabilidad de tal fracaso recae en la gestión del chavo-madurismo frente al Estado. Redujo la actividad económica en más del 75%; destruyó la moneda nacional –el bolívar—y la capacidad adquisitiva de los venezolanos, perpetuando, durante años, la inflación más alta del mundo; incrementó, aún más, la descomunal deuda externa que dejó Chávez, precipitando una situación de default que aisló al Estado de los mercados financieros internacionales; acabó con las capacidades del Estado por responder a las necesidades de la sociedad, tanto en materia de salud y educación, como con los servicios públicos de agua, luz y seguridad y la infraestructura física; achicó la banca y, con ello, su capacidad crediticia; acentuó las desigualdades sociales, haciendo de Venezuela el país más inequitativo de América Latina; logró el milagro de arruinar a PdVSA, nuestra “gallina de los huevos de oro”; y colocó la explotación de ricos recursos minerales, como de importantes decisiones estratégicas, en manos de cubanos, rusos, chinos, iraníes y de bandas criminales. Nos impuso esta tragedia haciendo un uso extensivo de la represión, disolviendo las garantías ciudadanas y los derechos humanos consagrados en la Constitución. Tal proceder sólo fue posible por la connivencia de un sector descompuesto de la FAN, traidor a la patria, y de jueces y policías corruptos. La Corte Penal Internacional investiga a Maduro y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad contra la población.

Elemento central de esta tragedia --pero lejos de ser el único-- es el colapso de la economía. Aunque el régimen levantó los controles de precio y liberó la tenencia de dólares, al haber arruinado la economía doméstica y destruido PdVSA, se quedó sin ingresos para financiar su gestión. Como tampoco tenía acceso a los mercados financieros internacionales, acudió a la emisión de dinero por parte del BCV, perpetuando las presiones inflacionarias que tanto han empobrecido a la gente. Y su respuesta para aplacar este flagelo ha sido la peor: 1) redujo el gasto público, aumentando la inoperancia del Estado, agravando la prestación de servicios públicos y comprimiendo los sueldos reales de los empleados del Estado; 2) elevó el encaje bancario hasta eliminar, prácticamente, su capacidad crediticia; y 3) intentó estabilizar el precio del dólar como ancla del sistema de precios, “quemando” las escasas divisas que entran al país. O sea, el chavo-madurismo cometió la barbaridad de reducir, aún más, la demanda como fórmula antiinflacionaria, en momentos en que la economía exhibe un descomunal desempleo de sus recursos productivos. Se acentuó, así, el impacto devastador de su gestión sobre la oferta de bienes y servicios, contrayendo aún más el ingreso, ya bajísimo, de los venezolanos. Se perpetúa la situación de postración en que se encuentra la economía, impidiendo la recuperación de los niveles de vida de la población. Un círculo vicioso que revela que, sin cambios significativos, Venezuela continuará entrampada en este estado de pobreza extendida, sin mayor perspectiva de alivio.

Superar esta trampa requiere de una inyección sustancial de recursos externos para sanear al Estado, rescatar los servicios públicos, atender la emergencia humanitaria y liberar a las fuerzas productivas del conjunto de trabas que las aplastan. Pero el acceso a tales recursos está condicionado a reformas que restablezcan el ordenamiento constitucional, ofrezcan garantías a los mercados internacionales, como condiciones que aseguren el reembolso eventual de tales empréstitos. Ello no coincide con el interés del chavo-madurismo de perpetuar el estado de anomia que resultó de desmantelar las instituciones y de la destrucción del Estado de derecho para continuar expoliando, sin restricciones, las riquezas del país. ¿Podrá cambiar de actitud? Se evidencia, entonces, que el entrampamiento es político.

La salida es también, obviamente, política. Del lado de muchos jerarcas del oficialismo, admitir las reformas antes mencionadas implica ceder privilegios y exponerse a ver confiscadas sus fortunas mal habidas y/o a pesar largos años en prisión por sus atropellos. Intentan blindarse erigiendo una falsa realidad a base de clichés, en la cual refugiarse. ¿Habrá otros dispuestos a negociar su salida y/o a permitir los cambios? ¿En qué condiciones? La inhabilitación política de María Corina Machado y la intervención del CNE atestiguan la intención de cerrar la vía electoral para materializar tales cambios. La represión de la protesta sindical en Guayana, como otras violaciones de derechos civiles, indican, asimismo, la continuidad de prácticas dictatoriales. ¿Qué haría falta para aumentar las posibilidades de que emergieran interlocutores oficialistas interesados en liberar al país de la actual tragedia?

La respuesta a la pregunta anterior depende mucho de lo que puedan hacer las fuerzas democráticas. Debilitadas, divididas y sin una vinculación estrecha con los diversos sectores que luchan contra la dictadura, será muy poco. Seguiríamos entrampados. El desafío crucial es, por ende, forjar la unidad requerida para construir una fuerza capaz de labrar espacios de lucha conducentes al cambio. Fundamental, en ello es saber asumir las aspiraciones de las mayorías en un proyecto claro y viable que les inspire confianza en las posibilidades de conquistar el cambio. Las movilizaciones con miras a participar en las primarias opositoras del 22 de octubre son un buen comienzo. Asimismo, la respuesta contundente de todos los candidatos ante la inhabilitación política de María Corina Machado que, junto a la impuesta a Enrique Capriles y a Freddy Superlano, violan la constitución, es también alentadora. Pero debe perpetuarse en una plataforma unitaria que conecte con las luchas sociales como imperativo para conquistar condiciones electorales confiables que abran las puertas a las posibilidades de cambio político. Persistir en la lucha por unas primarias que aúnan voluntades mayoritarias en torno a un propósito común de transformación democrática e inclusiva del país –o cualquier otro mecanismo consensuado que cumpla con tales requisitos--, por más obstáculos que interpongan los personeros del fascismo chavo-madurista, debe ser la estrategia a seguir. Tanto las inhabilitaciones, como la intervención, también inconstitucional, del CNE, revelan la vulnerabilidad de Maduro ante la perspectiva de que se concreten elecciones mínimamente confiables. Perdería de calle ante quien emergiese como candidato/a de unas primarias que cumpliesen con los propósitos arriba mencionados. Ahora es cuando las fuerzas democráticas deben afincarse en esa estrategia, sin ceder ante las vilezas que, como es su naturaleza, llegue a instrumentar el (des)gobierno para evitar medirse de verdad.

Podría objetarse que se corre el peligro de alimentar la polarización con posturas extremistas, de confrontación, que tanto han favorecido al chavo-madurismo en el pasado. Se asoma, como amenaza una respuesta similar a la instrumentada por el gánster Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Se podrá evitar que ello ocurra a través de negociaciones? Lamentablemente, no hay razones para pensar que Maduro y los suyos vayan a acordar con la oposición condiciones para un “fair play” político. No está en su naturaleza.

Ante las últimas acciones del fascismo es menester la denuncia frontal y la movilización continua de la gente por hacer valer sus derechos a manifestar abiertamente su voluntad de cambio. Sólo desde una posición de fuerza podrá eventualmente negociarse acuerdos con los que han destruido al país que abran posibilidades de una salida electoral que inspire confianza como solución. Esto implica mantenerse firme ante los atropellos con que el chavo-madurismo pretende acallar la voz popular en estos momentos.

Una vez consolidada una posición de fuerza, en concierto con los aliados democráticos a nivel internacional, podrá pensarse en concesiones que ayuden a aquellos oficialistas que se han dado cuenta de que su proyecto no tiene salida a asumir un mayor protagonismo en la concreción de acuerdos prometedores con la oposición. Llegará el momento en que, con el pañuelo en la nariz, puedan discutirse condiciones de un régimen de justicia provisional que facilite el abandono del poder por parte de los criminales que hoy lo ocupan. Con la división de las fuerzas de oposición, seguiremos entrampados.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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La semana pasada, El Nacional publicó un interesante artículo de Moisés Naím titulado, “Dictadores sin salida”. El autor comenta ahí la dificultad que presenta, en comparación con el pasado, deshacerse hoy de crueles dictadores. Antes, cuando se les ponía muy fea su permanencia en el poder, solían optar por un exilio dorado, frecuentemente en un país del primer mundo, con los dineros robados. Cita varios ejemplos. Pero, con los avances en el derecho internacional y/o de los países democráticos por imputar a estos dictadores por sus violaciones de derechos humanos, rapacerías y demás delitos, se les ha ido cerrando tal salida. El costo de abandonar el poder –la posibilidad de pasar el resto de su vida en una cárcel, por ejemplo—hace que se aferren a él como sea, cometiendo los crímenes más atroces, de ser necesarios. Aunque no lo cita, Nicolás Maduro es un claro ejemplo. Más allá de los errores que haya podido cometer el liderazgo opositor, su resiliencia frente a las sanciones y para capear las numerosas protestas en su contra, apelando, sin empacho, a la represión más desmedida, pone de manifiesto que desalojarlo con las fórmulas tradicionales de lucha democrática se ha hecho bastante cuesta arriba. De ahí la inclinación de algunos hacia una especie de modus vivendi con el régimen, en espera de que –al contrario de lo que reitero Cabello—“por las buenas” se logren introducir los cambios políticos.

Entre las razones que explican la disposición de Maduro a pisotear el ordenamiento constitucional para permanecer en el poder, destaca, en primer lugar, los intereses en torno a la expoliación de las riquezas del país y de los ingresos de los venezolanos, base de la alianza entre los que lo sostienen. Se asienta, como tanto se ha repetido, en el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, en particular de la autonomía y el equilibrio de poderes (incluyendo medios de comunicación críticos e independientes), en la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas sobre su gestión al frente de las dependencias públicas y, en general, en el desconocimiento extendido de los derechos ciudadanos. Los cómplices fundamentales de esta alianza estratégica contra los venezolanos han sido los componentes de la cúpula militar que traicionaron sus juramentos y sus deberes para con la patria, para enriquecerse groseramente al amparo de la destrucción del Estado de derecho. Pero las complicidades claves van más allá.

Como también ha analizado Naím en su libro, La revancha de los poderosos, Maduro no se encuentra solo en este empeño. La idea de que un dictador que transgrede los derechos humanos se aísla de la comunidad internacional y sufre el oprobio de hombres y mujeres de bien, es muy relativo. En plena guerra fría, EE.UU. amparaba a dictaduras en distintas partes del mundo para mantener a raya la amenaza comunista. La URSS hacía lo propio con regímenes de fuerza de su agrado. Desaparecida esa confrontación, emergen ahora gobiernos en distintos países en alianza heterogénea por desmontar las reglas de juego del orden internacional hegemonizado por las democracias liberales: Estados Unidos, Europa y Japón. En argumentos de la analista, Anne Applebaum (El ocaso de la democracia), conforman una especie de cofradía que adopta comportamientos similares, aprenden los unos de los otros y se prestan ayuda para superar reveses. En su arco de complicidades entran también bandas criminales, de narcotráfico y/o terroristas, igualmente enfrentadas al “imperialismo”. Frente al orden liberal, se forja una alianza antiliberal, formada por autocracias de variado signo, desde las teocracias primitivas como la de Irán, hasta las dinastías comunistas de Corea del Norte y de Cuba, pasando por dictaduras militares como las de Maduro y Ortega en América Latina, y sus similares en Asia y África. Su intención es armar un orden internacional alterno, en el cual caben acciones de fuerza si contribuyen a inclinar la correlación de fuerzas a su favor. Vladimir Putin es la cabeza más visible y agresiva de esta pandilla, como muestra su asalto cruel a Ucrania, pero quien tiene el poder para capitalizar esta alianza a su favor parece ser la China de Xi Jinping. No en balde Maduro y Padrino asumen las patrañas inventadas por Putin para justificar su bárbara e inhumana agresión a su vecino, aún ante el riesgo, cada vez más probable, de que salga derrotado. Pero, como dicen en criollo, son caimanes del mismo pozo.

Pero más allá de esta alianza entre mafias nacionales e internacionales, existe un tercer elemento que le da una inusual capacidad de resistencia a una dictadura que, en todos los ámbitos –económico, social, cultural, ambiental y apoyo político—, ha fracasado estruendosamente. Es la edificación de una falsa realidad con base en la retórica neofascista con que Chávez conquistó el poder, aderezada por slogans y mitos forjados al calor de revoluciones comunistas o de otro signo, que les sirve hoy como refugio inexpugnable a toda crítica. En el pasado, se creía que la lucha ideológica tenía como fin ganar adeptos para una causa, herramienta utilísima para conquistar el favoritismo de las masas. Sin duda que el populismo extremo de Chávez y los suyos cumplió inicialmente con estos propósitos, anteponiendo pueblo contra la “oligarquía” y hacerle creer a algunos militares –a los peores—que eran legítimos herederos del Libertador (¡!), para proceder, así, a destruir el Estado de derecho. Pero, luego de un desastre tan completo como el urdido por Maduro y sus cómplices sobre la nación, la inmensa mayoría de los venezolanos han dejado de creer en estas imposturas “revolucionarias”. Pero su ausencia de credibilidad en absoluto les molesta a quienes actualmente detentan el poder.

Lo importante ahora del discurso “revolucionario” es mantener la cohesión interna de sus partidarios. Con contraposiciones simbólicas han construido una realidad alterna que alimenta fanatismos totalmente refractarios a la racionalidad empírica para abordar los problemas del país. Su criterio de verdad no es la que, por haber salido airosa en su contrastación con la realidad, ofrece un piso sólido para avanzar en respuestas efectivas, que tengan sentido. No. La verdad es, para la cofradía de complicidades dedicadas a expoliar al país, todo lo que le sirve para fortalecer el poder dictatorial. Siempre hay enemigos al acecho, dispuestos a acabar con la “revolución”. De ahí que no viene al caso que ésta haya fracasado tan visiblemente: eso es obre de esos enemigos. ¡Hay que tener fe! De subsistir, ¡algún día podrán saborearse las mieles de la gloria! La secta, cebada con base a discursos maniqueos que alimentan el odio contra todo aquel que protesta y pide cambios, hace de semillero de bandas fascistas tan útiles para atemorizar a la población y evitar que las protestas pasen a mayores. Y, no se cofundan, es éste “El Pueblo” en beneficio del cual los jerarcas consagran sus atropellos. ¡La inmensa mayoría de venezolanos o son agentes del imperio o son unos ignorantes que se han dejado engañar por el mal!

Lo sorprendente es que, aún siendo minoritarios, todavía cerca de un 20 o un 25% de venezolanos continúen vulnerables a tales supercherías. Una manifestación de fe que, no obstante, debe alimentarse continuamente ofreciendo migajas del expolio a sus fieles y abrumándolos con un bombardeo de clichés y excusas que les echen la culpa a otros de sus infortunios. Además de la censura y persecución de los medios independientes, críticos, no se proporcionan datos sobre el desempeño económico, la gestión fiscal, los contratos o negocios celebrados con entes no públicos, nacionales o extranjeros. En fin, a la sombra de la ignorancia aumentan las posibilidades de mantenerse en el poder.

Los más cínicos y oprobiosos son los que están arriba, los que comandan esta involución al pasado. Si no fuera tan trágico, daría risa leer a cualquiera de ellos hablando de la defensa del pueblo, de los “logros”, ahora en peligro por la acechanza enemiga, de la “revolución”. En el fondo, es dudoso que crean, en verdad, sus propias sandeces. Pero están obligados a abrazarlas, pues son las “verdades” que absuelven la represión, la tortura, la violación descarada de los derechos consagrados en la Constitución y la realización de toda suerte de negocios sucios a cuenta de la “guerra económica” del imperio contra la “revolución”. No hay blindaje más efectivo que el que se construye aquel que se refugia en sus propios embustes. Al final, constituyen la única “verdad” que les es admisible. Y esta propensión a caerse a embuste la comparten con los estados forajidos y las bandas criminales con las que están aliadas. En particular, lava la conciencia de aquellos militares sin los cuales la tragedia chavo-madurista no hubiera podido materializarse. De ahí su terrible resiliencia para evadir compromisos que puedan poner en riesgo su dominio. Lo peor es que encuentran eco en la proliferación de “posverdades” con las que movimientos populistas de toda laya han aprendido a justificar sus atropellos en distintas partes del mundo. ¡Es esa la medida del desafío a enfrentar por las fuerzas democráticas en Venezuela!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

Escribo estas líneas algo consternado por la ligereza con que muchos interpretan los resultados de las elecciones del 28 de mayo en España según referentes de la situación venezolana. En sus versiones extremas, el presidente Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sería expresión de una izquierda similar a la que sostiene hoy a Maduro. Peor aún, al aliarse con nacionalistas catalanes y vascos, busca destruir a la España “única e indivisible”. Merecidamente, fue derrotado por los amantes de la libertad. De ahí la alineación automática con la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y con el partido VOX, de extrema derecha. No importa que aboguen por “aplanar” las particularidades de las distintas comunidades, limitando sus perfiles autonómicos, que nieguen la existencia de la violencia de género, desconozcan derechos de minorías, como el del colectivo LGTB+ y reivindiquen acciones propias del pasado franquista.

Tales apreciaciones, en mi opinión, malinterpretan (¿adrede?) las realidades de la política en España.

Una primera dificultad con la que tropieza un venezolano es entender la dinámica de su democracia parlamentaria, bastante disímil a la del voluntarismo presidencialista a que estamos acostumbrados, potenciado por el usufructo discrecional de una enorme renta petrolera. El Estado español vive de los impuestos y de algunas transferencias de la Unión Europea sujetas a políticas que hagan avanzar el proyecto liberal democrático compartido.

En España, además, gobiernan las mayorías parlamentarias, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas y ayuntamientos, expresión de su descentralización política. Obliga a los partidos políticos a cuidar cada escaño, a responder a los intereses particulares de sus votantes y a buscar alianzas para asegurar una mayoría. Lleva a asumir –puede pensarse— conductas que podrían calificarse de oportunistas y a privilegiar asuntos que son secundarios. Y, ciertamente, puede criticarse la ausencia de una visión de Estado en torno a problemas centrales que deberían abordarse. Pero nadie puede negar la gran estabilidad –previsibilidad, confianza-- de que disfruta la democracia española bajo este esquema.

Pedro Sánchez desplegó la habilidad política requerida para labrar una alianza mayoritaria que le permitiese conformar gobierno en España. El PSOE no goza de mayoría para gobernar sólo. Pero tuvo que hacerlo con Podemos, un partido de izquierda universitaria, rígido en sus posturas, algunos de cuyos líderes han sido señalados de haber recibido dinero de Chávez. Sánchez había aseverado que no gobernaría con ellos. Cabe recordar que su primera opción fue buscar una alianza con Ciudadanos, un partido de centro. Pero no fraguó (ese partido está en vías de desaparición). Claramente estas marchas y contramarchas le abrieron un flanco vulnerable a la artillería política de fuerzas de derecha.

Por otro lado, todavía se percola en la política de España la partición remanente de su trágica guerra civil y de la larga dictadura de Francisco Franco. Recae la lucha partidista desde líneas enfrentadas, de izquierda – derecha, que hunden sus raíces en ese pasado, dificultando la construcción de consensos nacionales en torno a problemas de Estado.

Y ello entronca con un tercer problema de enorme importancia para el futuro de España, que es el desafío que representa fortalecer la unión en la rica diversidad de sus culturas y realidades. La España “única e indivisible” es un mito que sólo existió en la retórica nacional católica con que Franco impuso su cruenta dictadura central. La progresiva unificación de una diversidad de reinos que provocó la lucha por expulsar a los moros, impulsada por la intolerancia obstinada de la iglesia católica, fue relativamente reciente. Pero se registra la existencia de una cultura vasca desde épocas romanas. Las primeras referencias de lo catalán se remontan al siglo XI de nuestra era. Asimismo, lo que es hoy Galicia existió desde hace siglos como región en la cual se encontraba Portugal.

Lamentablemente, la disputa con los nacionalismos regionales se ha convertido en pasto de prácticas populistas a ambos lados de la contienda. Los que enfatizan la subordinación a un Estado central, como Partido Popular y Vox, saben que, al arremeter contra los nacionalistas, perderán simpatías entre quienes componen ese electorado (en Cataluña, unos 5,6 millones). Pero el mito de una España única e indivisible desde los visigodos les permite cosechar una cantidad mucho mayor de votos entre el resto de la población, de unos 35 millones. Partidos catalanistas y vascos, por su parte, capitalizan el sentimiento nacionalista invocando la pretensión de los partidos “centrales” de desconocer sus particularidades. Serán minoritarios dentro del conjunto de España, pero son mayoría en sus regiones. Criminalizar el problema lo que hace es alimentar aún más esta polarización. La solución, a favor de una España unida en su diversidad, tiene que ser política. Pero que estas realidades históricas y culturales sean subsumidas en la lucha entre intereses político-partidistas, no les quita autenticidad.

Lo cierto es que este encajonamiento de la política española no es lo mismo que enfrenta Venezuela. Si hay diferencias de política entre derecha e izquierda, pero siempre bajo el mismo techo compartido de la Unión Europea. Pedro Sánchez, lejos de atornillarse en el poder y arremeter contra las libertades al estilo de Maduro, inmediatamente convoca a elecciones. En vez de apelar a la represión, promueve el diálogo con los nacionalistas, logrando bajar sustancialmente la tensión del conflicto. En el marco de la política común europea, ha mantenido una postura crítica con el (des)gobierno de Maduro, si bien mostrando a veces algunas flaquezas (encuentro Ábalos-Delcy Rodríguez en Barajas).

Peor aún es proyectar el enfrentamiento en Venezuela a la política de Estados Unidos, que ha llevado a algunos compatriotas a alinearse fanáticamente con Trump. Desde luego, cada quien es libre de manifestar sus preferencias políticas, pero que tengan consciencia de que, en ambos casos (España y EE.UU.), lejos de defender la democracia, pueden estar aupando posturas bastante alejadas del ideal democrático-liberal. Notoriamente, Trump busca destruir el andamiaje institucional de la democracia para instaurar un mando autoritario. Es decir, lo más parecido a Chávez. Igual la intolerancia de VOX.

Esta obnubilación de visiones políticas en torno a un enfrentamiento entre derechas libertarias e izquierdas dictatoriales encuentra alimento en la irresponsabilidad de algunas figuras emblemáticas de la izquierda (¿?) latinoamericana. La ofensiva e insultante declaración de Lula, afirmando que la crítica a Maduro por violación de derechos humanos y otros atropellos es una narrativa inventada por sus enemigos, su coqueteo reciente con el dictador, así como las posturas equívocas asumidas por Petro en su trato con él, refuerzan claramente esa idea de una izquierda proclive al totalitarismo.

Lamentablemente, aquí sí parece operar una narrativa embustera, forjada con lo que queda de la mitología comunista --incluyendo la gesta de David contra Goliat con la cual algunos todavía pretenden visualizar ese esperpento de la revolución cubana--, hace saltar resortes de solidaridad automática con quienes, por asumir posturas contra los Estados Unidos, oprimen a sus poblaciones, sometiéndolas a prácticas crueles de represión, arremeten contra la libertad de expresión, se subordinan a intereses externos, entronizan mafias que roban y extorsionan amparadas en jueces corruptos, torturan, destruyen el ambiente y condenan a las mayorías a niveles inhumanos de miseria.

Nada más alejado de la defensa de la libertad, de la prosperidad según criterios de justicia social compartidos democráticamente, del aprovechamiento de los avances de la humanidad en aras de un mayor bienestar social, de la defensa del ambiente y de la promoción de la cultura que algunos, ilusamente, habíamos pensado constituyen ser de izquierda. ¡Qué bochorno Luis Ignacio Lula da Silva!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El elemento determinante de la estrategia económica de Maduro es que no hay estrategia. Discurre a tientas, dando tumbos en lo económico, con la esperanza de que la providencia venga al rescate. Encima se encuentra entrampado, como explicaremos más abajo. No olvidemos que el socialismo que Chávez le legó a Maduro se basa en el reparto, no en la actividad productiva como expuso Carlos Marx. Nada de “liberar las fuerzas productivas”; más bien, su parasitación. Si se definiese a los detentores de este curioso “socialismo” en función de cómo se relacionan con el proceso productivo –la metodología con que Marx elaboró su teoría--, serían terratenientes. Viven (¡y cómo!) de la renta de la tierra, en este caso, de la que se capta por la venta de crudo en los mercados internacionales, así como de exacciones que, al posesionarse a la fuerza y en exclusividad del territorio (Venezuela), les imponen a sus moradores. Invocando un cambio de cara al futuro –el socialismo, en el imaginario marxiano—estos “revolucionarios” han ido consolidando un arreglo más afín al feudalismo. Para completar, la soberanía, que “reside intransferiblemente en el pueblo”, fue usurpada por el eterno con el cuento de que “Chávez es el pueblo”. Como cuando la monarquía. Pero estos émulos trasnochados de pasados señoríos se caen a embuste autocalificándose de “revolucionarios”, denunciando al imperialismo y a la oligarquía, para encubrir su depredación. Y, desde las antípodas del socialismo pregonado por Marx, asumen sus categorías discursivas y los clichés de la mitología comunista, para aparecer del lado “correcto” de la Historia.

Chávez llevó hasta el extremo la cultura rentista del país. Cosechó la convicción, asumida por muchos, de que la percepción de rentas petroleras nos hacía ricos, por lo que nuestros problemas se debían a desaciertos, ineptitudes o corruptelas de quien estuviese en el poder. Pero, a diferencia de AD y Copei, que procuraban erigir una institucionalidad en la cual la renta contribuyese a financiar una batería de incentivos a la actividad productiva para así “sembrar el petróleo”, él y su designado a dedo se avocaron a destruirla –incluida la propia PdVSA, que “ahora era de todos”--, alegando que la “oligarquía” esquilmaba al pueblo. Beneficios (y pérdidas) de actividades mercantiles amparadas por el marco legal de la democracia representativa, si bien sujetas a ciertas intervenciones del Estado, fueron superados por las posibilidades irrestrictas de lucro profesando lealtad incondicional al líder y a la “revolución”, y tocando las teclas adecuadas. Estas nuevas “reglas de juego”, cuyos premios y castigos se basan en criterios políticos que moldean la conducta de los venezolanos, fueron plasmando una institucionalidad “de facto” que terminó por socavar la institucionalidad “de jure” explicitada en la Constitución de 1999.

El desmantelamiento progresivo del Estado de derecho por parte de Chávez fue expresión de una nueva correlación de fuerzas políticas, urdida con prédicas populistas orientadas a cosechar las expectativas frustradas y las esperanzas incumplidas en 40 años de democracia. Lo que prometía ahora era adscribirse a un movimiento que profesaba su lealtad a Chávez. Sus jefes podían, a discreción, abrir puertas y garantizar la impunidad para contrataciones ilegales, sobreprecios, comisiones, extorsiones, apropiaciones indebidas y otras prácticas formalmente vedadas por el ordenamiento jurídico. Fueron sembrándose redes de complicidad a lo largo y ancho del aparato de toma de decisiones, que fraguaron en verdaderas mafias, dedicadas a expoliar la riqueza social en nombre de la “revolución”.

En contraposición a los deberes y el disfrute de derechos atinentes a la observancia de la ley y a la valoración social de facultades o competencias a través del mercado, en el ámbito del trabajo y/o por la comunidad, emergió una idea alterna del “deber ser” social basado en el imaginario que fue construyendo de sí mismo la “revolución bolivariana”. El criterio de verdad y de lo que se considera correcto y justo pasó a depender de su funcionalidad para con los intereses del poder. “Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada” como sentenciara el nuevo padrino de Chávez, Fidel Castro. De manera que el poder político se fue transfigurando en una alianza entre mafias, aunado por las oportunidades de lucro que deparaba el abatimiento del andamiaje de contrapoderes, normas y obligaciones del ordenamiento constitucional. Sin estas restricciones, el Estado deviene en instrumento para ejecutar las preferencias de quienes controlan el poder. Ello cual hace imperativo su conservación, como sea, so pena de perder tales prebendas y enfrentar las penas legales correspondientes.

A diferencia de las dictaduras clásicas, las mafias que se han apoderado de Venezuela disponen de una moralidad que ampara y legitima sus desmanes, construida con base en una falsa realidad que se nutre de las “verdades” de la mitología comunista y de la tergiversación patriotera con que Chávez construyó su ascenso al poder. No existe resguardo moral, ético o legal que restrinja sus apetencias. Su mundo ficticio es refractario a críticas externas, pues los criterios de verdad y de justicia liberal le son ajenos. Se sienten así blindadas moralmente y no tienen por qué considerar argumentos que cuestionen su proceder. Como dolorosamente hemos comprobado, esta ausencia de frenos se ha materializado en la violación extendida de derechos humanos en el país, con un balance de centenares de acribillados en manifestaciones de calle, de presos políticos, muchos de ellos torturados, y de millones de migrantes huyendo de las penurias que han resultado del régimen de expoliación que se fue instalando.

Y he aquí la trampa a que hacíamos referencia. La depredación de las alianzas mafiosas con base en las cuales se sostiene el poder que encabeza Maduro ha agravado hasta tal punto las condiciones de vida de los venezolanos que la conflictividad social amenaza con desbordarse, poniendo en peligro la sustentabilidad del régimen. Asimismo, la economía, disminuida hasta cerca de la cuarta parte de hace una década, no alcanza como botín para satisfacer las apetencias de quienes viven del poder. Si bien la liberalización de precios y de la transacción en divisas ha detenido su caída, los intereses creados y la dinámica consustancial a las instituciones de facto –“reglas de juego”-- que han venido imponiéndose impiden reformas adicionales necesarias para que rindiesen sus frutos plenamente. Ello implicaría restituir derechos y garantías, acabar con las corruptelas y eliminar las prácticas depredadoras, para así poder generar la confianza que fundamentaría la reactivación de la economía.

En un intento por contener la protesta social, Maduro anuncia aumentos salariales, ahora bonos sin incidencia en las prestaciones, para los cuales no cuenta con ingresos para pagarlos. La ruina económica y la destrucción de PdVSA lo han dejado con una base impositiva mínima y el impago de la enorme deuda, contraída alegremente hasta hace poco, junto a las sanciones que le han impuesto a su gobierno, le impiden acceso al financiamiento externo. Recurre, entonces, a la emisión monetaria –el dinero “inorgánico”—para financiar esos aumentos / bonos, lo cual, como ya ha aprendido bien el venezolano, es gasolina para la inflación. Intentar contenerla reduciendo aún más el gasto público, secando el crédito bancario y gastando divisas escasas para estabilizar su precio, lo que hace es agravar la situación de la economía: mayor deterioro de los servicios públicos, sueldos miserables y un ambiente hostil a las empresas por la ausencia de financiamiento, la inseguridad y la sobrevaluación del bolívar.

Maduro aspira a contar con mayores ingresos para superar este atolladero consiguiendo que le levanten las sanciones a la comercialización del petróleo venezolano y que restringen su acceso a dinero fresco afuera. Para ello tiene que acceder a la convocatoria de elecciones confiables, requisito exigido por los gobiernos de EE.UU. y de la U.E. Pero sabe que no puede cumplir, pues, salvo que la oposición se haga un harakiri acudiendo dividida, perdería inexorablemente. El régimen de expoliación, con sus instituciones de facto que amparan la depredación, sería desmantelado para poder restaurar el ordenamiento constitucional y el imperio de la ley. Inadmisible para las alianzas mafiosas que sostienen a Maduro. En la medida en que se le achican sus opciones, arremete contra los eslabones más vulnerables en la cadena de complicidades –aquellos asociados a Tarek El Aissami--, con la ilusión de recuperar espacio de maniobra. ¿Cuántos eslabones más tendrá que desmontar, sin que ello termine desestabilizando su mando? Porque las reformas para restablecer las garantías y poder contar con las inversiones y el financiamiento internacional requerido, no parecen entrar en su agenda.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La Universidad Central de Venezuela ha sido instrumento indispensable de la modernización del país, tanto por la formación de profesionales capacitados requeridos en múltiples áreas, la generación de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos para abordar los múltiples problemas nacionales --y para posicionarnos como interlocutores con los avances de la humanidad en el mundo--, como en la defensa de la libertad de opinión y de la contrastación de ideas en la búsqueda desinteresada del saber. Ha sido portavoz de los valores más avanzados de justicia y de la ética de convivencia en democracia. Inevitablemente, la ha enfrentado con el afán dictatorial de quienes hoy controlan al Estado, empeñados en acallar toda disidencia o crítica que cuestione su poder. Ideas distintas de las “verdades reveladas” por sus líderes, subvierten la realidad ficticia que han construido para legitimarse. No es de sorprender, por tanto, su acoso a las universidades nacionales, ninguneándoles presupuesto y condenando a sus académicos y empleados a subsistir con remuneraciones miserables. El desafío que enfrenta la UCV hoy es, por tanto, cómo continuar y fortalecer sus capacidades para cumplir con su elevada misión.

Tuve el privilegio de coordinar el Plan Estratégico de la UCV entre 2007 y 2013. Ahí conocí aportes muy valiosos de calificados académicos sobre el quehacer universitario en distintas áreas. Me permiten ofrecer algunas pinceladas de una visión futura de la institución que, incluso en las circunstancias terribles que le toca vivir hoy, debe servir de norte a quienes resulten elegidos como sus autoridades. Y es que la búsqueda de la excelencia, inspiración de su misión académica, descansa, entre otras cosas, en un uso más racional de sus recursos, lo que ayudará a enfrentar las limitaciones actuales.

Diversidad y flexibilidad en sus planes de estudio

La UCV ofrecerá en el futuro una mayor variedad de carreras y de certificados/titulaciones, gracias a una mayor flexibilización en sus programas curriculares y a la certificación de salidas intermedias donde ello sea factible. Permitirá al educando confeccionar su carrera a la medida de sus expectativas y de las competencias que aspira adquirir, cumpliendo con una sólida formación medular básica, según sea su carrera, complementada con opciones que enriquecerán su formación profesional y cultural, como la de ciudadano venezolano y del mundo. El pregrado se hará, salvo contadas excepciones, en cuatro años, transfiriendo asignaturas de mayor especialización y/o profundidad teórica al cuarto nivel. Reducir esta “frondosidad curricular” contribuirá a una mejor formación promedio de los educandos del pregrado, al focalizar su atención en los aspectos básicos, medulares, de la carrera. Los más aventajados podrán proseguir en el postgrado una formación más especializada y/o de mayor profundización teórica.

Se ofrecerán variadas modalidades de estudio –presencial, semi-presencial, a distancia, promoviéndose la inter, trans y multidisciplinariedad de la enseñanza. Donde sea factible, se combinará con asignaturas aplicadas –“de campo”- o pasantías, para la adquisición de experiencias y aprendizaje en la solución de problemas reales. Así, el estudiante tendrá la oportunidad de compartir con alumnos de otras disciplinas y de familiarizarse con las particularidades del entorno social, cultural y ambiental en que habrá de desarrollar sus actividades de trabajo, lo cual deberá ampliar su perspectiva como futuro profesional.

La flexibilidad curricular llevará, asimismo, a ampliar y profundizar acuerdos de equivalencia y titulación doble con múltiples universidades de prestigio, tanto nacionales como extranjeras, permitiendo a estudiantes cursar etapas de su carrera en estas instituciones y obtener la titulación correspondiente luego de cumplir los requisitos exigidos, similar al programa Erasmo en la UE. Esta integración habrá de extenderse también a los cursos de especialización, maestría y doctorado, en colaboración con otras universidades, para acceder a una masa crítica de académicos de alto nivel que difícilmente podría concentrarse en una sola. Acuerdos de intercambio versátiles habrán de mejorar la calidad y el prestigio del cuarto nivel de la UCV, permitiendo que se posicione competitivamente, también, en la provisión de cursos de actualización de alta calidad, en una variada gama de áreas de conocimiento.

Una estructura académica más sencilla y consistente

El usufructo exclusivo de edificios, laboratorios, aulas, y recursos administrativos por parte de escuelas y facultades, dará paso a su compartición por Áreas de Conocimiento, y a una departamentalización creciente del profesorado. Facilitará una mayor racionalidad y movilidad de recursos de todo tipo, en aras de la eficiencia, eficacia y sinergia en su aplicación. Favorecerá la consistencia y cobertura de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pudiendo lograr atender, incluso, aumentos de matrícula. Los Departamentos, agrupados por áreas temáticas, asumirán la gestión de la carrera docente, coordinando su asignación entre escuelas según las demandas de cada período. Serán espacios para la formulación, coordinación y desarrollo de proyectos de investigación. Las escuelas podrán, así, focalizar su atención en la permanente adecuación de su respectivo currículum, incluyendo una mayor integración con otras disciplinas y con el postgrado, como su proyección hacia la comunidad, desembarazándose de engorrosos procesos administrativos. Facilitará, asimismo, la mayor movilidad estudiantil y profesoral.

La producción y gestión de conocimiento

La mayor “redificación” (de red) de la investigación se potenciará con una rica interacción con usuarios o demandantes externos del conocimiento, así como con otros centros de investigación en el país o en el extranjero. La producción de saberes será el resultado del intercambio de conocimientos en múltiples direcciones, en el que los actores externos a la universidad aportarán criterios, experiencias y/o investigaciones propias, para enriquecer y/o complementar la labor de los equipos intramuros. La dinámica así generada será fuente de innovaciones que respondan directamente a las expectativas y requerimientos de los actores involucrados, tanto internos como externos. Fortalecerá la capacidad para proveer de soluciones a distintos actores de la sociedad –empresas, gobiernos locales, organizaciones sociales, instituciones del Estado, comunidades-, ampliando las fuentes de financiamiento de la UCV, en resguardo de asignaciones presupuestarias insuficientes por parte del Estado. Una oficina de Interfaz con la sociedad, ágil y eficaz en la detección de oportunidades para la provisión de soluciones a problemas particulares con base en las competencias en diversos campos y/o proyectos específicos, que ofrece la UCV, dispondrá de una asesoría jurídica calificada que resguarde la propiedad intelectual de la institución y del (los) profesor(es) involucrado(s), y vele por las mejores condiciones contractuales para la prestación de estos servicios. Esta oficina desembarazará al investigador de tener que apartar tiempo para actividades de naturaleza comercial que no son su especialidad y para las cuales no suele estar bien preparado, quitándole su dedicación a sus labores académicas.

Una misión sustentable, a tono con el siglo XXI

Las discusiones a propósito del Plan Estratégico de la UCV ofrecen muchos más elementos para adecuar la institución a las oportunidades y desafíos del siglo XXI. Debe instrumentarse, entre otras cosas, la automatización plena de los procesos administrativos para agilizar la contratación y ascensos de profesores y empleados (y su pago oportuno), las inscripciones estudiantiles, las compras, etc., reservando el Consejo Universitario (CU) su rol central como formulador de políticas académicas. Podría auxiliarse con un Consejo Consultivo, integrado por exrectores y representantes externos calificados, quienes proveerán perspectivas de análisis sobre tendencias particulares del país y del mundo como insumo para la optimización de tales políticas académicas. No existirá Vicerrector Administrativo. Un profesional calificado, con amplia experiencia, contratado por concurso como Gerente General de la institución, rendirá cuentas periódicas al CU, siendo removible sólo con el voto calificado de este organismo. Permitirá contar con políticas administrativas de mayor permanencia para afianzar las actividades académicas de la UCV.

Éstas y otras transformaciones se constituirán en ejercicio central de las potestades autonómicas de las que debe desfrutar la universidad. Sin autonomía, se degrada la institución, sometiéndola a intereses políticos bastardos y minando la necesaria libertad de cátedra como fundamento de su misión. En este orden, es menester que, las discusiones de un Plan Estratégico para la institución contribuyan a la formulación de una propuesta de Ley de Universidades que responda a los desafíos y oportunidades de la Venezuela de hoy y ponga a las instituciones de educación superior a tono con las exigencias en el avance de la frontera del conocimiento, proveyéndoles, además, bases sólidas para su financiamiento.

Dicho lo anterior, y obviando otras consideraciones que alargarían excesivamente este escrito, deseo manifestar mi apoyo a la candidatura de mi tocayo, el profesor Humberto Rojas de la Facultad de Ciencias, para Rector de la UCV. Soy amigo de otros de los candidatos en liza y no tengo porque negar sus respectivos atributos para asumir el cargo. Pero encuentro en el profesor Rojas una robusta y sólida carrera como investigador y docente, y una rica experiencia en la asunción de responsabilidades académico-administrativas, como en la defensa del profesorado, que atestiguan de sus capacidades y compromisos con los mejores intereses de la institución y de país. Creo que habrá de mostrar la capacidad de tomar firmemente las decisiones que nuestra querida Alma Mater requerirá para sortear estos momentos tan difíciles, de manera realista y con sentido de lo posible.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Venezuela padece desde hace varios años de una inflación entre las más altas del mundo, asociada al constante encarecimiento de la divisa. Suele atribuírsele esta inestabilidad a fuertes distorsiones económicas, cuya resolución requiere de políticas de ajuste que restablezcan los equilibrios entre los agregados macroeconómicos de demanda y de oferta para desinflar las presiones al alza en los precios. La respuesta del (des)gobierno de Maduro ha sido reducir aún más una demanda ya de por sí devastada, privar a la actividad económica de financiamiento, sobrevaluar el bolívar y acentuar la desocupación de recursos productivos. Mientras, intenta apaciguar los reclamos de mayor ingreso de los empleados públicos con bonos que no suman para sus prestaciones. Debe financiarlos, además, con emisión monetaria del BCV. Al haber destruido la base impositiva del fisco, no dispone de los ingresos para ello. Tales desaciertos han prolongado el estado de postración de la economía, con grandes costos a la población. Hacen muy cuesta arriba alcanzar condiciones de vida dignas para los venezolanos en las próximas décadas. El destrozo económico y el empobrecimiento resultante han sido demasiado.

Se afianza entre muchos la convicción de que, sin un influjo significativo de recursos externos, será muy difícil instrumentar el ajuste adecuado. Su impacto sobre la reactivación de la economía no habrá de resultar de una respuesta encadenada del aparato productivo ante un aumento súbito de la demanda. Dada la inseguridad y la falta de garantías, la inestabilidad de precios y de tipo de cambio, el deterioro de los servicios públicos, la destrucción del tejido productivo nacional, la migración de mano de obra calificada y la desconfianza e incertidumbre que provocan, tal capacidad de respuesta se encuentra, hoy día, seriamente resentida. Es inelástica. Buena parte de los recursos que logren captarse, por tanto, sólo se traducirá en mayor inflación y alzas en el precio del dólar. El impacto deseado ocurrirá, más bien, por su capacidad de aliviar las condiciones que merman la oferta doméstica.

¿Y de dónde vendrán estos recursos? Fundamentalmente de la banca multilateral y de las inversiones en la actividad petrolera. Obviamente vendrán condicionados a cambios medulares en la conducción de los asuntos económicos, en procura de asegurar los retornos esperados. Conlleva condiciones que son, precisamente, las que habrán de destrabar la oferta productiva, es decir, el propósito buscado. Por los intereses poderosos surgidos en torno a la expoliación de los recursos de la nación, no parece que sea el régimen chavo-madurista el que produzca tales cambios. En consecuencia, el meollo del problema es el de siempre: cómo concertar la voluntad política mayoritaria capaz de llevarlos a cabo.

Empecemos por lo microeconómico, señalando las trabas a la actividad productiva a nivel de empresa. Además del desincentivo que representa una demanda disminuida, salta a la vista el costo que representa el deterioro de los servicios públicos, de la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, la destrucción del tejido industrial de proveedores, industrias complementarias, demandantes y servicios especializados, y la emigración de mano de obra calificada y del talento profesional. A ello debe sumarse la virtual desaparición del crédito de la banca local, inducido por el Ejecutivo. Además, las empresas enfrentan un marco institucional de leyes y reglamentos punitivos aplicados a discreción, y el colapso de la capacidad de respuesta administrativa y de gestión del Estado en múltiples áreas, y la corrupción.

Bajo un gobierno de transición, deberán concertarse préstamos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, y/o agencias de cooperación diversas, para financiar la recuperación de servicios, de infraestructura y para la capacitación de recursos humanos. En muchos casos, ya se disponen, en sus formulaciones básicas, de proyectos elaborados por venezolanos calificados que han trabajado en estas áreas. La banca multilateral y las agencias de cooperación tienen, a su vez, amplia experiencia, tanto técnica como de gestión, en este tipo de proyectos. Estos empréstitos deben acompañarse de reformas que hagan atractiva la inversión privada complementaria, así como para inducir la participación de la banca extranjera, en asociación con la banca local, para fondear la rápida ampliación de las posibilidades de financiamiento a los emprendimientos que vayan surgiendo.

Un objetivo central de estos recursos será el saneamiento de la administración pública. Debe acabarse con las corruptelas y el desaguadero de empresas y activos improductivos que paralizan al Estado. Aquellas que serán privatizadas (o devueltas a sus legítimos dueños) deberán recuperarse y contar con un marco jurídico propicio para un retorno satisfactorio, junto a condiciones para su desenvolvimiento exitoso en manos privadas. Otras podrán requerir la supervisión de agencias autónomas, con base en un marco regulatorio diseñado para optimizar su desempeño. Preparar todo esto requerirá de un esfuerzo de auditoría y de conciliación de cuentas que contribuyan con la transparencia necesaria para tomar decisiones que sean acertadas. Debe retomarse y profundizarse, asimismo, la descentralización de la gestión pública y su rendición de cuentas. Donde sea posible, debe promoverse su cogestión con la ciudadanía organizada. El aprovechamiento pleno de plataformas tecnológicas integradas permitirá una gestión ágil, eficiente y abierta, en beneficio de la población y de la recuperación económica.

En fin, el Estado deberá concentrar sus esfuerzos en la producción adecuada de bienes públicos y en la generación de las externalidades positivas que abaraten las actividades de producción, comercialización y financiamiento de bienes y servicios. Sobre esto es mucha la información disponible en la literatura económica, por lo que no tiene sentido insistir en eso aquí. Junto a la superación de los cuellos de botella que resultará de la inyección de recursos mencionada arriba, habrá de incentivar el aprovechamiento acelerado de la enorme capacidad de producción ociosa o subutilizada, dejada por la ruina económica de Maduro. Deberá reactivar también a la inversión, como las compras intermedias y las contrataciones, generando encadenamientos diversos que profundicen y amplíen las transacciones económicas.

A nivel macroeconómico, esto se traducirá en una mayor demanda de dinero, permitiendo, en el marco de políticas fiscales, cambiarias y monetarias adecuadas, la absorción de liquidez, vaciando su presión sobre los precios, incluyendo el de la divisa. Esta remonetización de la economía, hoy en sus niveles históricos más bajos, se expresará en la proliferación del crédito y de medios de pago, esenciales para la recuperación económica. La concertación de apoyo financiero del FMI, habrá de facilitar, además, la reestructuración de nuestra agobiante deuda externa, proveyendo el respaldo para atraer inversiones y créditos de la banca internacional, así como para una mayor integración del intercambio comercial y financiero con el resto del mundo. Esto es diametralmente opuesto al ajuste empobrecedor, de Maduro.

Todo esto será posible, como se refirió al comienzo, si se logra contar con ingentes recursos externos. Su concertación, además de sujetarse al saneamiento y fortalecimiento profundo de las instituciones, deberá contar con expectativas de su eventual reembolso o utilidad, conforme a las condiciones negociadas. El único sector con la capacidad de generar ingresos suficientes como para avalar un endeudamiento como el que se estima requerirá Venezuela, es el petrolero. Por tanto, entre las condiciones básicas está el restablecimiento del ordenamiento constitucional y de las garantías para un juego democrático efectivo, lo cual redundará en el levantamiento de las sanciones que hoy lo afectan. Pero, además, requerirá de una formulación y puesta al día de una estrategia ambiciosa para la transición energética en que se ha embarcado el globo, de tal forma de hacer de la industria local competitiva en ese nuevo escenario, capaz de atraer las cuantiosas inversiones que se requerirán para aprovechar parte de los enormes recursos que yacen en nuestro subsuelo.

Lamentablemente, como en otras áreas, el (des)gobierno actual ha exhibido una negligencia criminal al respecto, además de haber saqueado a PdVSA a fondo. Publicaciones especializadas señalan que entre los países que menos han hecho en América Latina, para prepararse para aprovechar las oportunidades de una transición a fuentes energéticas menos contaminantes de carbón, está Venezuela.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Reemprender las negociaciones entre representantes del régimen venezolano y sectores de la oposición democrática con miras a acordar pacíficamente posibles salidas a la tragedia que padece el país es, sin duda, loable. Es patente que la permanencia del chavo-madurismo en el poder condena a la población a niveles aún peores de miseria, de desconocimiento sostenido de sus derechos fundamentales, de sufrir arbitrariedades y atropellos. Es el problema, no la solución. Por otro lado, las fuerzas democráticas, a causa de sus discordias y los errores cometidos, no evidencian estar en capacidad de forzar su salida y poder enrumbar Venezuela a la restitución, cuanto antes, de un Estado de Derecho. El juego, por tanto, parece trancado. Si con ayuda de la presión internacional hay posibilidad de retomar la negociación para llegar a un acuerdo que respete la voluntad mayoritaria de cambio, merece consideración.

La conferencia internacional sobre Venezuela que convocó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 25 de abril, se inscribiría en esta búsqueda. Muchos critican sus alcances modestos y su omisión del grave irrespeto a los derechos humanos y del robo de los dineros públicos, elementos centrales al “problema Venezuela”. Aun así, el acuerdo de los países participantes --Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y Las Granadinas, Sudáfrica y Turquía--, junto al Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que leyó el canciller Leyva de Colombia, podría ser auspicioso. Sujeta el levantamiento de las sanciones al régimen a que se tomen pasos concretos en la convocatoria de elecciones confiables, tomando en cuenta las condiciones señaladas por la misión de la Unión Europea que supervisó las elecciones regionales en Venezuela de 2020.

Desafortunadamente, tales augurios en absoluto se refrendan con la actitud asumida ante la conferencia por personeros oficiales. El mismo día (25/04), circuló por las redes un video de Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea nacional oficialista, anunciando condiciones totalmente desatinadas para reemprender, no una negociación, si no un “diálogo”, es decir a un intercambio que no tiene por qué llegar a acuerdo alguno. Si bien tales desvaríos pudieran explicarse por la obsesión enfermiza de vengar en los venezolanos el vil asesinato de su padre cuando era niño por parte de esbirros de la época, mucho de lo que expuso fue refrendado luego en un comunicado oficial.

Ahí el (des)gobierno de Maduro exige: 1) el levantamiento incondicional de las sanciones impuestas, no sólo financieras y a PdVSA, sino también contra los imputados por violar derechos humanos, tráfico de drogas y lavado de dinero, pues “constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo, la vida económica y social del país” (¡!). Por boca de Rodríguez, incluiría la investigación sobre la comisión de delitos de lesa humanidad iniciada por la CPI y la imputación contra personeros del régimen por parte de tribunales de EE.UU. y de otros países; 2) Que se les entreguen los activos “ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras”, en referencia a los recursos mantenidos en resguardo afuera --ingresos de CITGO, oro depositado en el Banco de Inglaterra—para evitar que formen parte del botín de la mafia gobernante. Aquí entraría el fideicomiso de $3,2 millardos, acordados en México para atender la emergencia humanitaria, bajo supervisión de la ONU; y 3) La libertad inmediata del “diplomático venezolano” (¡!) Alex Saab, preso en EE.UU., bajo acusación de lavar dinero y desviar más de $350 millones del fisco como parte de una trama de sobornos vinculada al control del tipo de cambio. Sus socios de entonces aparecen ahora involucrados en el desfalco milmillonario a PdVSA.

O sea, el chavo-madurismo exige, como condición previa para considerar las posibilidades del “diálogo”, nada más y nada menos que la impunidad total (¡!). En absoluto se asoma una disposición a examinar los excesos de los que se le acusa, de entenderse para enmendar sus conductas, elementos obligados en la búsqueda de soluciones a la tragedia nacional basado en procedimientos democráticos. Con cruel desparpajo se desentienden de lo señalado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, enviada en tres ocasiones a Venezuela por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que existen “motivos razonables” para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…”, con responsabilidad directa de los más altos niveles de mando, Éstos tenían que estar al tanto de las torturas, persecuciones, golpizas, robos y demás atropellos contra venezolanos cometidos por las fuerzas de seguridad bajo su mando o, incluso, las habrían ordenado. Igualmente, barren bajo la alfombra las más de 300 ejecuciones de quienes ejercían su derecho constitucional a la protesta durante la gestión de Maduro, por parte de militares y bandas fascistas, como aquellos que perecieron estando “en custodia” de órganos policiales.

Desprecio total, asimismo, a las 8.900 denuncias de las víctimas, como de sus familiares, elevadas ante la Corte Penal Internacional como parte de su investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. Los numerosísimos indicios de corruptelas de todo tipo, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y de colaboración con agentes del terrorismo internacional simplemente no existen. Condenar a la mayoría de la población a niveles de miseria impensables, destruyendo sus medios de vida y saqueando de forma descarada a PdVSA y otros activos públicos, ¿no es una de las expresiones más terribles de crimen de lesa humanidad? ¿Y las confiscaciones de medios de comunicación independientes, la persecución de reporteros y comunicadores?

Las exigencias demenciales del chavo-madurismo para reanudar el diálogo, imposibles de cumplir, no representan condiciones maximalistas iniciales a partir de las cuales negociar a cambio concesiones. Expresan un desdén absoluto por la suerte de los venezolanos y por las posibilidades de negociar una salida a sus tormentos. Reflejan la descomposición moral, la ausencia de escrúpulos y el cruel irrespeto de los derechos humanos, de los que se han apoderado del país. Detrás de esta postura está la tiranía cubana, temerosa de perder el control totalitario sobre los suyos. Ello obliga a plantear lo siguiente.

En primer lugar, pone a prueba la sinceridad de Petro como facilitador de un retorno a la democracia de Maduro y cía. Su silencio ante la desfachatez comentada parece darle la razón a quienes señalan que es, más bien, su cómplice, procurando el levantamiento incondicional de las sanciones. Le corresponde a Petro, como también a Lula, desmentir, con hechos, esta complicidad con el fascismo chavo-madurista.

En segundo lugar, reafirma la necesidad de la oposición democrática de aproximarse a cualquier entendimiento con el oficialismo con sumo cuidado. Es tentadora la creencia de que la buena fe de los demócratas que significarían las gestiones a favor del levantamiento de sanciones, serán reciprocadas. Pero, así por las buenas, no va a ocurrir. Sin construir la necesaria posición de fuerza ante el chavo-madurismo, va a ser muy cuesta arriba arrancarle las condiciones para una solución satisfactoria de la tragedia nacional. Es el reto fundamental de las fuerzas democráticas. Ante las primarias, deben enterrar el hacha de guerra y proyectar claramente un proyecto unitario, viable y capaz de generar la confianza necesaria para emprender la salida del abismo. Sin construir esa fuerza, despidámonos de una salida negociada. Los millones de venezolanos de la diáspora, no pueden quedar fuera de estos esfuerzos.

Por último, es menester que los actores democráticos internacionales, garantes, en última instancia, de cualquier solución satisfactoria para las aspiraciones de libertad y futura prosperidad de los venezolanos, entiendan que las sanciones, lejos de constituir un obstáculo para un acuerdo, son una herramienta de negociación imprescindible para obligar al chavo-madurismo a sentarse en la mesa. La oposición democrática debe jugar cuadro cerrado con ellos. Lamentablemente, la figura del interinato, útil para tales propósitos, fue eliminada. Pero quedan los venezolanos de la diáspora para contribuir con ello.

Tal advertencia va también para aquellos venezolanos opositores que, argumentando un necesario pragmatismo, abogan por levantar unilateralmente algunas sanciones para destrabar el juego.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

No pretendo burlarme del lector con este título. El problema es que, en política, estamos presos, infortunadamente, de las etiquetas. Nos llevan a sustituir análisis serios por posicionamientos que responden a la ubicación en el espectro político de quienes disfrutan de nuestras simpatías o, por el contrario, de nuestro rechazo. A eso viene jugando, claro está, el populismo en sus distintas expresiones, con notable éxito. Se traduce en alineamientos cuasiautomáticos alimentados por apreciaciones tendenciosas o falsas (la llamada posverdad) acerca de quienes adversan nuestras posiciones. Esta dinámica de acción-reacción empobrece el debate político, cerrando posibilidades de lograr consensos en torno a planteamientos que, vistos sin sesgos, pudieran parecernos muy razonables.

Huelga decir que lo planteado arriba ha tenido significativo impacto en la política latinoamericana de las últimas décadas, notablemente en Venezuela. Argumentamos, en estas líneas, que ello ha beneficiado la permanencia de Maduro en el poder. Comoquiera que el chavismo se autoproclama de “izquierda” y es identificada como tal, no sólo por la mayoría de los venezolanos, sino también por observadores nacionales e internacionales, la referencia más directa para muchos que quieren sacarse de encima la tragedia que representa está en asumir posturas abiertamente de “derecha”.

Así, algunos venezolanos residenciados en EE.UU. se entusiasmaron con Donald Trump en las elecciones de aquel país, hasta el punto de acompañarlo en su Gran Mentira de que había ganado. No atinaban a ver que estaban aupando –aunque con un discurso diferente— a la versión gringa de Chávez, empeñada en manipular la voluntad popular con los recursos a su disposición y la complicidad de su partido, para destruir la institucionalidad de la democracia liberal y perpetuarse en el poder. Pero, como Joe Biden era proyectado como el candidato de “izquierda”….

Esta alineación automática se reflejó también a favor de Jair Bolsonaro en la contienda electoral brasileña. En España se expresa en simpatías por VOX, siendo que es oposición al gobierno del PSOE. Por supuesto que cada quien es libre de asumir la posición política que mejor le parezca, pero, en estos casos se trata de posturas polarizadoras, extremas y excluyentes. Tienden a proyectar a sus rivales políticos como enemigos que ponen en peligro aspectos vitales del “Pueblo” o del “carácter nacional”. Como sabemos los venezolanos, estas posturas extremas han sido también sumamente dañinas cuando se han asumido desde imaginarios asociados con la “izquierda”.

Como sabemos, la denominación de “izquierda” tiene su origen en la ubicación de quienes estaban en contra del régimen monárquico en la Asamblea Nacional Constituyente formada al comienzo de la revolución francesa de 1789. Entre sus exponentes más radicales surgieron posturas moralistas que clamaban por “limpiar” de enemigos a la revolución. Llevó a constituir el Comité de Salud (Salvación) Pública bajo cuyo poder, cada vez más absoluto, se desató el reino de terror de Maximiliano Robespierre. Como señala en su enjundioso libro el historiador mexicano Enrique Krauze (Spinoza en el Parque México, Tusquets), en ésta y otras experiencias revolucionarias se cuela la aspiración milenarista de redención del oprimido, propia de nuestra tradición judeocristiana (2°advenimiento de Cristo o del Mesías) que implica, de una manera u otra, un nuevo comienzo, libre de las ataduras del pasado.

Desde la experiencia francesa se ha venido identificando a la izquierda con posiciones a favor de una mayor justicia e igualdad social, un Estado laico, la abolición de los privilegios de clase y, más recientemente, a favor de la igualdad de género, de la defensa del ambiente y de las reivindicaciones de colectivos históricamente reprimidos como el de los LGTBI. Pero, alimentado por la represión y la obstinada reacción de quienes buscaban mantener sus privilegios, tendieron a prevalecer posturas moralistas a lo “borrón y cuenta nueva”, en la lucha para lograr estos objetivos. La versión más exitosa fue la formulada por Carlos Marx, que sostenía la existencia de contradicciones antagónicas entre las clases trabajadoras y la burguesía, que hacían inevitable la revolución socialista.

Comoquiera que su teoría pretendía estar científicamente fundamentada, terminó por colonizar buena parte del imaginario de izquierda. La dotó de categorías de análisis que fortalecieron los argumentos de los incipientes movimientos laboristas que, desde la segunda mitad del siglo XIX, luchaban por el cambio social en países de la Europa occidental. Queda para los historiadores de las ideas políticas determinar si fue o no por su éxito (relativo) en tal empeño, pero en países como Inglaterra, Alemania y Francia, fueron abriéndose oportunidades para una mayor presencia de representantes de izquierda en las instancias de poder, así como para la conquista paulatina de reivindicaciones sociales cada vez más ambiciosas. Se había abierto la puerta a visiones reformistas que pregonaban (Bernstein y otros), no por destruir el sistema, sino por conquistarlo desde adentro para promover los cambios deseados. Parecía que, en la medida que se asentaban las instituciones que garantizaban los derechos civiles de la democracia liberal, se hacía más obvia que el avance de los objetivos de la izquierda debía sostenerse en posturas constructivas, de reforma, en vez de las destructivas del “borrón y cuenta nueva”. No obstante, continuaban alimentándose, en buena medida, del ideario conceptual marxista.

La primera transformación exitosa bajo estas banderas, la bolchevique en Rusia, conducida por el celo revolucionario irreductible de Lenin, puso trágicamente de relieve el altísimo costo humano de sacrificar los derechos individuales a favor de un supuesto interés colectivo trascendente. Implicaba imponer, por los medios que fuesen, los cánones de esa nueva sociedad, siempre según los dictados del Partido Comunista, ergo, de sus dirigentes, ergo de Stalin. De manera que, con el instrumental analítico con base en el cual el pensamiento de izquierda había logrado ocupar espacios crecientes en el escenario político, se entronizaban regímenes sumamente crueles, negadores de las conquistas más importantes de la humanidad. La opresión y el atraso en nombre de los ideales que luchaban por su superación.

La gran pregunta es si ello invalida a la izquierda como opción política. La respuesta incauta de quienes nos seguimos considerando de esta inclinación, es que estos regímenes autocráticos, bajo el control absoluto de los comunistas, no son de “izquierda”. Pero difícilmente nos comprarían este argumento.

Es menester distanciarnos definitivamente de las categorías analíticas marxistas con las que se asocian y sustentar los objetivos deseados de justicia social, de lucha por la igualdad, no sólo ante la ley sino también en torno a las condiciones que permiten disfrutarla plenamente, con base en preceptos liberales. El cascarón de consignas y códigos “revolucionarios” ha pasado a justificar, hoy, despotismos militaristas calificables de fascismo. Se proclaman “antimperialistas” –contra EE.UU. se entiende— mientras aplauden la invasión de Putin a Ucrania. Y continúan las solidaridades automáticas de quienes, desde la academia, se amparan en la simbología comunistoide para reclamar la “supremacía moral” de estar del lado “correcto” de la Historia. Dejémosle su cascarón de clichés y símbolos de “Izquierda” (con mayúscula) con los que han justificado sus proyectos colectivistas, negadores de los derechos fundamentales de la humanidad, y avancemos en la formulación de propuestas liberales de izquierda, que procuran conquistar una mayor igualdad de oportunidades, lo cual significa un ejercicio democrático que acote los poderes económicos, políticos y religiosos, que atentan su contra. Para Venezuela, implica luchar por un Estado Social de Derecho, que rescate los servicios públicos y nuestros derechos civiles.

En estos días se celebra un encuentro en Bogotá, pretendidamente para promover una salida democrática para Venezuela. Lamentablemente, parecen asomarse los sesgos de quienes ubican a Maduro como víctima de una supuesta agresión gringa, para poner en el acento en el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra y no en las pruebas convincentes de que va a permitir un juego político sano, abierto, empezando por la liberación de los presos políticos. No tiene nada de izquierda la aquiescencia de Petro, Lula y otros ante los atropellos de Maduro y sus militares. Vergonzosa, además, el posicionamiento “neutral” de Lula ante la agresión de Putin contra Ucrania. Sirva la ocasión para aplaudir las posturas al respecto, asumidas por Gabriel Boric, presidente –de izquierda—de Chile.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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