Nos hemos echado el cuento tantas veces que, a estas alturas, nos creemos curados de espantos. No obstante, como es una deformación que, prácticamente, corre por nuestras venas, no está de más una nueva repasada. Y es que el rentismo está intrínsecamente implicado en la ascendencia y consolidación de la dictadura chavo-madurista. Ahora que la negociación entre el régimen y la plataforma unitaria acuerda la liberación de fondos para atender la emergencia humanitaria, es aún más pertinente.

Comencemos precisando qué se entiende por “renta”. Se refiere al beneficio extraordinario que capta el propietario de un recurso al explotarlo en condiciones en las que no priva la competencia. Se trata, por ende, de una ganancia monopólica, superior al ingreso que obtendría en mercados competidos. La acepción que nos interesa aquí deriva del usufructo exclusivo de un recurso finito de mayor productividad o rendimiento, como sucede con las tierras particularmente fértiles, afín al concepto de renta diferencial desarrollado por el economista inglés del siglo XIX, David Ricardo. Es distinta a las denominadas seudo-rentas de innovación que impulsan la competencia (monopólica) de hoy. Éstas son ganancias extraordinarias que resultan del éxito comercial de una innovación, pero que son abatidas constantemente por mejoras que, a la vez, introducen los competidores. En todo caso, como no se cansaba de enfatizar el académico Asdrúbal Baptista, la renta consiste en “un ingreso no producido”.

El Estado venezolano, propietario por disposición constitucional de un recurso del subsuelo, el petróleo, cuya extracción ha tenido, históricamente, bajos costos relativos y que, desde los años ’70, ha disfrutado de políticas de control de la oferta coordinadas a través de la OPEP, ha captado enormes rentas por su venta en el mercado internacional. Su impacto económico deriva de la forma en que se distribuye, suponiendo, claro está, que el petróleo logra extraerse. Está sujeto, por tanto, a determinaciones políticas más que económicas. Su usufructo no está acotado por imperativos de racionalidad económica, como son las llamadas “leyes de mercado”, sino por la normativa plasmada en el marco institucional que rige a la nación, su constitución y sus leyes. Felizmente, la vocación democrática de quienes dirigieron al Estado luego de la caída de Pérez Jiménez acató, mal que bien, estas limitaciones.

En ello competían AD y COPEI. Disponer de estos portentosos recursos no era pequeña cosa, sobre todo con el boom petrolero de los ‘70. A pesar de estar en el interés político de cada uno denunciar al otro si, estando en el poder, se desviaba de la norma, la tentación llevó a componendas que poco a poco fueron introduciendo, lamentablemente, márgenes crecientes de discrecionalidad en el manejo de la renta. Ello se reflejó, además, en una panoplia de incentivos y castigos diversos que alimentaron la caza de rentas, dispensadas por decisiones tomadas por alguno que otro funcionario con poder. Fue la razón de muchos negocios, desplazando a la vocación productiva, propiamente dicha. A la vez, buena parte de la población se acostumbró a exigir una variedad de derechos sin que mediara el cumplimiento de sus deberes --como ciudadanos corresponsables-- para que éstos pudieran cumplirse debidamente.

Crecientemente, la cultura rentista sentó las bases de una perspectiva política interesada en “relativizar” las acotaciones del Estado de Derecho. Si los abundantes recursos –la renta-- estaban disponibles y las necesidades (o los dividendos políticos de distribuirlos) eran tantos, ¿por qué no saltarse de una u otra forma las restricciones para dedicarlos a la solución de los ingentes problemas del país? Y, en una sociedad amamantada en el culto al héroe –el Libertador-, este voluntarismo redentor y patriotero no tardó en fructificar en la opción populista revolucionaria que, una vez en el poder, destruyó al país.

Es menester entender que, si quien maneja la renta maneja a la nación –resuelve problemas a discreción y cosecha, en consecuencia, triunfos políticos--, ello se traduce en un sentido de apropiación del país. Venezuela le pertenece. Y ello se percibe de manera prístina en los personeros de la llamada “revolución bolivariana”: ellos no son una opción política más que compite por la conducción de las riendas del Estado, son los auténticos venezolanos, los patriotas, dueños del país. Esta apropiación ha sido abonada, tanto con el alegato de ser genuinos herederos de Bolívar, como por las posturas izquierdosas de algunos dirigentes “revolucionarios” que pregonaban romper con la “racionalidad del mercado” a fin de instaurar el socialismo. La prosecución de la justicia social dictaba que, desde el poder, se distribuyese directamente los proventos de la exportación petrolera. Para ello, había que desmantelar el Estado de Derecho burgués. El bienestar material de la gente no debía quedar restringida por legalismos o supuestas leyes de mercado, sino proseguirse directamente por voluntad “revolucionaria”.

Sabemos que tales ideas, que bien pudieran haberse creído inicialmente con sinceridad por algunos chavistas, degeneraron rápidamente ante las realidades de un poder sin transparencia, ni rendición de cuentas, y sin los contrapoderes –incluyendo los medios de comunicación libres—que contuvieran sus abusos. La impostura resultante del discurso cumplía, ahora, otra finalidad. Ya no era el ideario legitimador de un proyecto político ante las masas, en pugna con otras opciones de poder, sino un credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. El chavismo y su degradación madurista se cerró sobre sí mismo, convirtiéndose en una secta de fanáticos, para quienes los clichés que se repetían a sí mismos se transformaban en “verdades reveladas”. Se prescindió, así, de toda necesidad de entender la realidad tal cual es, para “justificar” sus ejecutorias.

La estupidez a que puede conducir esta postura es ilustrada por el reciente informe de la comisión especial de la asamblea nacional madurista para investigar crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero[1]. Sin rubor alguno, afirma como culpable a una “campaña de la neurociencia”, que convierte a la migración “en arma injerencista y desestabilizadora contra la Nación venezolana (cuyas) herramientas fundamentales fueron las emociones inducidas. A saber: el miedo, ansiedad y angustia usados como debilitadores mentales estimulantes de decisiones instintivas, son decisiones que derivan solamente por estímulo al cerebro reptiliano o reptil, el cerebro primitivo humano”. Los millones de venezolanos que migraron no lo hicieron por la gravísima crisis económica y social, o por la persecución política. Fueron “mentalmente expulsados de la patria” (¡¡!!)

Con tales argumentos autocomplacientes el chavo-madurismo aborda también los demás ámbitos de su existencia. Las fortunas amasadas por jerarcas políticos, enchufados y militares traidores no se deben a corruptelas. Obedecen al merecimiento que depara ser conductores de un proceso de redención de la patria, definido en términos de sus propios criterios. Las potestades y sinecuras que disfrutan son prueba de que la “revolución” triunfó; disponen ahora de los recursos que permiten una vida holgada. Allá quienes se autoexcluyeron o, peor aún, se dedicaron a sabotear el proceso como opositores. Todo el castigo de la “justicia revolucionaria” debe caer sobre ellos: presidio, tortura, confiscación de bienes, discriminación en el acceso a los bienes públicos y hasta la muerte por represión, si no puede evitarse.

Acaba de acordarse la cooperación entre el gobierno de facto y los representantes de la plataforma unitaria (oposición) para liberar unos USD 3.000 millones congelados en el extranjero, con el fin de atender la emergencia humanitaria de los venezolanos, fundamentalmente en salud y servicio eléctrico. Se informa que habrá de administrarse bajo supervisión de la ONU. Como incentivo a la negociación, el gobierno de EE.UU. dispensa a la Chevron para que pueda reanudar sus operaciones en Venezuela y exporte petróleo, siempre que sus proventos no ingresen a las arcas del Estado o de la PdVSA corrupta. Bien que así sea. Son los resguardos obligados de negociar con mentes dañadas, pendientes de lograr la incorporación, después de todo, a Alec Saab a su delegación, en la figura de su esposa, Camila Fabri, como triunfo. Son esas las prioridades de la secta en el poder, por si acaso no lo sabíamos.

[1]https://cronica.uno/comision-de-la-an-culpa-a-la-neurociencia-por-la-mig...

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La mayor vaina que pudo echarle la oposición democrática a Maduro fue convertirlo en paria mundial al denunciar que usurpó su cargo realizando elecciones presidenciales fraudulentas en 2018 y erigiendo, como respuesta, una presidencia interina legitimada por el artículo 233 de la constitución, en la valiente figura de Juan Guaidó. Unos 60 gobiernos democráticos desconocieron la supuesta “reelección” de Maduro y optaron por reconocer a Guaidó. Las principales democracias de América Latina, afiliadas en el Grupo de Lima, denunciaron el carácter no democrático del régimen de Maduro, execrándolo de la comunidad regional. Quedó desnudo, no sólo por tramposo, sino porque atrajo la atención acerca de su salvaje violación de derechos humanos, con centenares de muertos en protestas, torturas y desaparecidos, y por su destrucción inmisericorde de los medios de vida de la población, condenando a la gran mayoría a niveles de pobreza y miseria nunca imaginados para un país petrolero.

Lamentablemente, la dictadura fascista mostró ser, con apoyo de sus cómplices cubanos, de Putin, de la teocracia criminal de Irán y de las mafias que cultivó como sostén, mucho más resiliente de lo esperado y pudo capear el temporal. Nunca se presentó la oportunidad de convocar a elecciones presidenciales a los 30 días de haberse constituido el interinato, exigidas por el tercer párrafo del mencionado artículo.

Impacientes, las fuerzas opositoras se fueron desgastando. Primero fue el fracaso del intento de introducir una caravana de ayuda humanitaria desde Cúcuta, frustrada por fuerzas opresoras de la dictadura y, luego, de la parada tirada el 30 de abril de 2019 frente al aeropuerto de La Carlota –en retrospectiva, irresponsable, por no tener cómo asegurar su éxito—, pensando en que resquebrajaría el apoyo militar a Maduro.

En tal cuadro de ansiedad por plasmar una salida inmediata, la fanfarronería de Trump desde la presidencia de EE.UU., alardeando que “todas las opciones (para sacar a Maduro) estaban sobre la mesa” y dando a entender que el mandato estaba hecho, que sólo era un problema de oportunidad, fue muy perjudicial. Desarmó los intentos de articular una estrategia coordinada entre las fuerzas democráticas para capitalizar la debilidad de Maduro y provocar los cambios políticos anhelados.

Poco a poco se fue desinflando la energía opositora y, en su frustración, muchos echaron la culpa a Guaidó por haber incumplido su anuncio de; "cesar de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres", al aceptar su mandato. Hoy su aceptación se ha desplomado a los niveles de Maduro y los partidos de oposición han perdido la confianza de la gente, no obstante el amplio rechazo de aquél. Pero a los venezolanos nos quedaba como consuelo su ostracismo y repudio en el mundo.

¡Pero he aquí que Maduro, tan campante, se aparece en la cumbre sobre el cambio climático en Sharm el-Sheikh, a pesar de haberse ofrecido USD 15 millones por su captura, con tres aviones de partidarios por si acaso alguien intentase ponerle los ganchos --turistas “revolucionarios” que costaron a la nación unos USD 14 millones! Una vez allá, cual carrito chocón, buscó tropezar con cualquier líder despistado y sacarse una foto con él. John Kerry, Secretario de Estado bajo Obama, fue uno de los inocentes, obligando a una aclaratoria del portavoz del Departamento de Estado: “…Nicolás Maduro interrumpió lo que era una reunión en curso de la COP27 para interactuar con el enviado especial Kerry, y eso fue en gran medida una interacción no planificada”. Otro, aún más cándido, el presidente francés, Emmanuel Macron, pensó que su encuentro inesperado con Maduro le daba la oportunidad de convocar en Paris a un diálogo para la paz, en la que otros habían fracasado, entre el régimen chavomadurista y la oposición. Y hacia allá fue a reunirse, también con su cara de yo-no-fui, Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea madurista, para anunciar luego muy orondo en presencia del presidente argentino y de un representante del de Colombia, que las partes habían acordado buscar un acuerdo (¡!). ¡Muy exitosa la reunión!

Luego su hermana Delcy, vicepresidente de Maduro, quien creíamos tenía prohibida su entrada a la Unión Europea, viaja a La Haya para reunirse con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, supuestamente para contrarrestar el reclamo interpuesto ahí por Guyana sobre el territorio esequibo, pero que aprovechó para deslizar su oposición a que continuasen las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen.

En fin, el mundo ha cambiado y las prioridades, para los poderosos, son otras. ¡Ahora el chavismo es presentable a nivel internacional, porque aquí no ha pasado nada! Como Pedro por su casa, los jerarcas tantean hasta donde pueden viajar para proyectar la “normalidad” que quieren aparentar en Venezuela. Con una desfachatez que sólo exhibe quien no tenga remordimiento alguno por los atropellos cometidos, Maduro, responsable de la devastación de la minería en Guayana, denuncia al capitalismo por las tragedias del cambio climático y Delcy reclama en La Haya que es el gobierno de EE.UU. el que viola los derechos humanos de los venezolanos, al imponer sanciones al régimen. Y así se abre de nuevo la temporada turística para que los personajes más detestables del régimen se pavoneen en los destinos internacionales de su preferencia, junto a una nutrida comparsa, con recursos de la nación.

Pero la comedia no termina ahí. Sintiéndose envalentonado por los recientes triunfos electorales de Petro y de Lula, Maduro convoca una reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas para sermonear sobre lo que debe ser una conducta de izquierda, una que jamás debe criticar su desastrosa gestión. El mayor responsable del atraso a que ha sumido el país, de los centenares de muertos en legítimas protestas, de la entrega de recursos de la nación a bandas criminales, de la destrucción de la educación, de la salud y de los servicios públicos en general, de la ruina de los venezolanos y de su sometimiento a los atropellos de militares traidores, de la violación descarada de derechos humanos, ¡pretende bañarse ahora en un aura de “progresisismo”, dictándole cátedra a quienes, presumiblemente, son de avanzada! Pero la verdadera prueba para una izquierda comprometida con la justicia y la libertad –como debe ser—, es denunciar los atropellos de Maduro. No continuar reviviendo posturas enterradas del socialismo “del siglo XXI” para justificar sus desmanes. Ahora Maduro pidió a sus congéneres desempolvar el muerto del Estado Comunal, con sus leyes disparatadas que, sin duda, terminarán por destruir, de aplicarse, lo poco logrado con la dolarización y la liberación de precios. ¡A paso de vencedores, pero para atrás!

Al vencer el oprobioso régimen del apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela le encomendó al arzobispo Desmond Tutu encabezar la Comisión para la verdad y la reconciliación, con el fin de instaurar una justicia restaurativa que, no obstante, no se basara en la revancha, sino que, más bien, dejara abierta la posibilidad de sanear heridas. La base para ello era el sincero reconocimiento y arrepentimiento por los crímenes cometidos y una profesión auténtica de enmienda. "Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón" fue la divisa del arzobispo. No fue ningún “borrón y cuenta nueva”. El resultado de su misión, admirado por todos, es fuente de esperanza para superar situaciones igualmente oprobiosas e inhumanas en otras naciones.

Sean cuales fuesen las posibilidades de avanzar en la negociación con personeros del régimen para hacer realidad unas elecciones con suficientes garantías como para abrirle las puertas al país a la tan necesitada transformación política, económica, social y cultural, el contexto de los acuerdos no puede soslayar la búsqueda de una justicia restaurativa, en la onda de la de Sudáfrica. No puede pretenderse “blanquear” al régimen, como si en el país no hubiese ocurrido nada. ¿Dónde están los propósitos de enmienda de Maduro, Padrino, Cabello y demás? ¿Sus compromisos con asumir la investigación de los crímenes cometidos y la sanción a los culpables? ¿Cómo consolidar un proceso exitoso de transición si no se terminan con los abusos de una oligarquía militar corrupta? Los crímenes de lesa humanidad no proscriben, por lo que no es aceptable una amnistía general, como tan irresponsablemente propuso el presidente Petro. Como señalara el negociador Gerardo Blyde al salir de la reunión por la paz en Venezuela, no es se puede pactar una amnistía con violadores de derechos humanos.

Economista. Profesor(j) Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Acaban de publicarse los resultados para 2022 de la valiosa Encuesta de Condiciones de Vida de la población venezolana (ENCOVI) elaborada, principalmente, por la UCAB. Es una poderosa herramienta para actualizar nuestro conocimiento de las realidades del país, en años en que el gobierno ha abandonado su responsabilidad de proveer las estadísticas correspondientes.

Entre los hallazgos más significativos, está que, de acuerdo con las mediciones presentadas, la pobreza comienza a disminuir. Sin embargo, la distribución del ingreso empeora aún más, colocando a Venezuela como el país más inequitativo de América Latina. La encuesta lo resume señalando el contraste entre la incipiente reactivación que se observa en la economía desde el año pasado y las carencias en el plano social. En particular, se menciona el deterioro de la educación de los venezolanos, según diversos indicadores, así como las insuficiencias, en algunos casos agravada, en la prestación de los servicios públicos básicos.

Tal contraste es exacerbado por el deterioro en la distribución del ingreso, antes mencionada, que resulta del impacto de la inflación –todavía muy alta—en Venezuela. Así, el incremento del salario mínimo a 130 bolívares decretado por Maduro en marzo, que en ese momento equivalía a casi $30, se redujo, para mediados de noviembre, a menos de $13. Más aún, el intercambio dolarizado no escapa de la inflación. Igual caída proporcional en sus ingresos experimentan los empleados públicos en general. Se pone de manifiesto las insuficiencias del ajuste antiinflacionario intentado por Maduro.

Lamentablemente, en esto Maduro ha pasado de un extremo a otro. Después de desatar uno de los más trágicos y prolongados episodios de hiperinflación conocidos, asesorado por un charlatán español, Alfredo Serrano Mancilla, quien sostenía que la emisión de dinero para atender el gasto “revolucionario” no causaría inflación, pasó al extremo contrario para batir al monstruo que apareció: redujo drásticamente el gasto público, deprimiendo sueldos de los empleados; anuló la capacidad crediticia de la banca, imponiéndole encajes prohibitivos; y quiso detener la depreciación del bolívar, sobrevaluándolo en detrimento de la producción nacional y quemando las pocas divisas que ingresan al país, para “anclar” los precios.

Se refugió ciegamente en la ortodoxia monetaria, pero afincándose sólo en una parte de la receta, la de la oferta monetaria, dejando de lado los factores que inciden en su demanda. En una economía caracterizada por un desempleo tan alto de sus recursos como la venezolana --resultado de años de destrucción chavo-madurista--, concentrarse sólo en la reducción drástica del circulante monetario limita al extremo las posibilidades de recuperación.

¿Y cómo se incide en el lado de la demanda monetaria? Incrementando la inversión y las transacciones productivas de todo tipo: empleo, compras, financiamiento, mantenimiento, contratación de servicios y demás gastos requeridos. Paradójicamente, a pesar de los altos niveles de inflación de la economía venezolana, sus niveles de monetización (la relación entre la magnitud de sus variables monetarias y el valor de su producto anual -PIB) no son elevadas. Y ello es así porque su actividad económica está tan deprimida que no logra absorber los aumentos (nominales) de liquidez provenientes de los desequilibrios fiscales. Crear condiciones que propicien abiertamente el empleo de tantos recursos ociosos para reactivar la economía contribuirá, por ende, a absorber productivamente la liquidez “redundante”, ampliando, además, la base impositiva que permitiría reducir la brecha del gasto.

¿De qué políticas estamos hablando para lograr tal propósito? Obviamente, en primer lugar, el restablecimiento de las garantías y seguridades que redunden en la confianza necesaria para que aumenten significativamente las inversiones, el empleo y demás transacciones productivas. En segundo lugar, es menester contratar empréstitos externos en magnitudes suficientes como para resolver, cuánto antes, las graves insuficiencias en la prestación de servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, y para sanear las funciones cruciales de la administración pública. Ello será imposible –como tercera consideración—si no se logra una reestructuración a fondo de la deuda pública externa, aliviando significativamente su servicio y creando condiciones para atraer nuevos financiamientos e inversiones. En cuarto lugar, la reactivación significativa de la producción de crudo significaría un aporte formidable de recursos, siempre y cuando se enmarque en un proceso de transición hacia energías limpias para reducir su impacto climático. Finalmente, lo referido es poco realista sin un amplio apoyo político.

Pero, ojo, lo planteado es inviable si no se desmonta el régimen de expoliación en que ha degenerado la llamada “revolución bolivariana”. Sin afectar los poderosos intereses enquistados en la maquinaria estatal que extorsionan, cobran comisiones, desfalcan, confiscan e imponen otras exacciones a la gente y a las empresas, es imposible generar la confianza recogida en la primera condición antes señalada. Las mafias son todopoderosas porque, precisamente, el chavomadurismo ha desmantelado el Estado de Derecho, es decir, el marco institucional de garantías y seguridades que las combatían.

Luego, tampoco será posible contratar las ingentes sumas de financiamiento requeridas para rescatar los servicios y sanear la administración pública, sin las garantías mencionadas. ¿Quién financia a un país que no es capaz de generar condiciones mínimas para pagar sus préstamos y cumplir con las reglas de juego de la economía mundial? Tampoco procederá la tan necesitada reestructuración de la deuda pública externa, con lo que la República continuará aislada de los mercados financieros internacionales. Asimismo, es poco atractivo invertir en un sector petrolero que acumula tantas deudas con sus socios.

Las condiciones con base en las cuales se sostiene el poder de Maduro son incompatibles con una estrategia de reactivación que aproveche las potencialidades del país, fundamentada en garantías y seguridades a la iniciativa privada. Al sostenerse en la fuerza, debe retribuir a quienes lo protegen con prebendas y oportunidades de lucro para mantenerlos contentos, a la vez que consentirles los atropellos con que hacen valer sus privilegios. Los múltiples informes sobre la violación de los derechos humanos por parte de organismos del Estado señalan inequívocamente la responsabilidad de los más altos cargos del Ejecutivo al respecto. El encausamiento de corruptos será siempre insuficiente cuando no hay transparencia ni rendición de cuentas, y se dispone de la impunidad cómplice. Las detenciones o los decomisos de droga que anuncian el fiscal Tarek o los mandos militares son apenas la punta del iceberg.

Es insuficiente admitir algunas libertades económicas –cambiarias y competencia de precios—en una situación que, por su naturaleza, obedece a otros intereses. Los anuncios para la galería desnudan el escaso compromiso real para ejecutar políticas que beneficien al país. Maduro viaja furtivamente al encuentro de la COP27 en Egipto, buscando fotografiarse con quien pueda y declara que la degradación del ambiente es culpa del capitalismo, cuando todo el mundo sabe que está comprometido con la devastación de las selvas guayanesas provocada por la minería rapaz controlada por el ELN, otras bandas criminales y sus cómplices militares, bajo el paragua del Arco Minero del Orinoco.

Este régimen parece no poder superar su intrínseca condición de impostura. Cuando reacciona ante los desastres que él mismo provoca, lo hace de manera reflexiva e incoherente, sin alterar el contexto institucional y de intereses que están en su base. De ahí que sus intentos de doblegar la inflación se reducen a la contracción de variables monetarias que agravan el desempleo de los recursos productivos, provocando los resultados que se recogen en la ENCOVI.

El ajuste expansivo que el país amerita, basado en garantías institucionales que velen por la justicia y las libertades, requiere, obviamente, de las condiciones políticas necesarias. Lo aquí planteado no debe quedarse solo en su expresión económica. De una manera u otra, debe formar parte de una plataforma de acción que demande las garantías y libertades con base en las cuales conquistar las condiciones de vida dignas de todos los venezolanos. Bagaje político necesario para la democracia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El triunfo, por escaso margen, de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil completa lo que, para algunos, es el retorno de la “ola rosa” de gobiernos de izquierda que poblaron la América Latina en la primera década de este siglo. Ante ello se dispara un acto reflejo que evoca a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner y otros, encarnando una épica redentora alentada por los altos precios de sus materias primas y los tropiezos de la política exterior estadounidense, bajo Bush.

Bajo tal delirio, acabaron resintiendo a sus respectivas economías y conculcando libertades ciudadanas, pero con el sello de aprobación revolucionario del gran sacerdote, Fidel Castro. Salvo en Venezuela y Nicaragua, sus excesos provocaron, como reacción, la elección de gobiernos de “derecha” o “centroderecha”. Pero una vez agotado el recorrido opuesto del péndulo político, estaría regresando en la figura de Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, el dúo Fernández-Fernández en Argentina y, ahora, con los recientes triunfos de Gustavo Petro en Colombia y de Lula en Brasil, sin mencionar a López Obrador en México y el retorno del MAS de Evo Morales en Bolivia.

Desde la perspectiva de muchos venezolanos, el espectro de mandatarios regionales izquierdosos, arrojando un manto protector, de solidaridad automática, a Maduro porque, supuestamente, comparten sus designios, resulta muy preocupante. Le estarían ofreciendo oxígeno a quien desesperadamente chapotea para salir del naufragio que provocó el “socialismo del siglo XXI” de su mentor, contribuyendo con su permanencia en el poder. “Al ver bejuco, el picado de culebra se asusta”. ¿Hay razones valederas para asumir estas perspectivas agoreras? ¿La “izquierda” no es otra cosa que una dictadura comunista?

Empecemos por Gabriel Boric, quien ha rechazado las prácticas violatorias de derechos humanos del régimen de Maduro. En cuanto a Pedro Castillo, se encuentra desarmado ante sus detractores y apenas se sostiene en el poder. Más ilustrativas auguran ser las gestiones de Gustavo Petro y de Lula da Silva.

A Petro se le reprocha haber sido guerrillero vinculado al M-19, organización que condujo en 1985 el sangriento asalto al Palacio de Justicia en Bogotá. Pero en las casi cuatro décadas desde entonces, se ha sumergido en la lucha política democrática, siendo electo senador y luego alcalde de Bogotá, si bien sin desdecir de sus posturas claramente de izquierda. Su elección como presidente de Colombia exhibe, ahora, una importante dosis de realismo, que lo ha llevado a buscar apoyos más allá de sus partidarios en la centroizquierda liberal, en independientes e, incluso, en personeros identificados con el Partido Conservador, como es el caso de su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Duran. Su ministro de Hacienda, el economista José Antonio Ocampo, tiene una sólida y reconocida trayectoria en puestos de elevada responsabilidad a nivel internacional, como en altos cargos en Colombia. No es precisamente un gobierno de piromaníacos de izquierda que se retrata con los malos de la película, Maduro y Ortega.

Poco después del alborozo exhibido por Maduro ante la elección de Petro, empezaron a asomarse un contraste entre ambos mandatarios, al plantearse la apertura de fronteras entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano mostró su disgusto porque, lejos de desarrollarse un comercio binacional legal, seguía predominando el intercambio a través de trochas, dominado por mafias. Y así las llamó Petro. ¿Quiénes conforman esas mafias? Del lado venezolano, oficiales de la Guardia Nacional, funcionarios de aduanas, soldados y otros, que cobran fuertes peajes a transportistas, mientras ofrecen “garantías” para transitar los “caminos verdes” bajo su control, a cambio de una tajada por sus “servicios”.

La reunión de la semana pasada en Miraflores entre Petro y Maduro recalca el contraste referido. Ante la improvisación de su anfitrión, Petro --acompañado de parte de su equipo de gobierno-- expuso unas reflexiones meditadas con objetivos claros. Invitó a Maduro a reincorporar a Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y a regresar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, haciendo alusión a su naturaleza democrática liberal. Ambos conceptos fueron un anatema en las filas chavistas hasta hace poco. El “eterno” rompió intempestivamente con la CAN, alegando que Colombia y Perú habían firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Y todavía resuenan las imprecaciones de Chávez y del propio Maduro contra el Sistema Interamericano y la OEA, por su supuesta injerencia en los asuntos internos del país, justificando así su salida. En contra de cualquier esquema que sugiriera la influencia liberal de los EE.UU., Chávez contrapuso el ALBA, UNASUR y CELAC.

En cuanto a Lula, ganó las elecciones construyendo una alianza con fuerzas afines y con aquellas interesadas en sacar a Bolsonaro. Su gobierno enfrentará un parlamento, así como gobernaciones de estados principales, como Sao Paulo, dominados por aquél. En sus dos gobiernos anteriores, no obstante algunas veleidades pro-chavistas y –como sabemos-- con la corrupción, se exhibió como un presidente democrático. Como ahora no cuenta con altos precios de las materias primas, la agenda que tendrá que desarrollar tendrá que abrevar, aún más, en los consensos, so pena de ser depuesto por las fuerzas de Bolsonaro. Nada más alejado que servir de caja de resonancia de Maduro.

Es de esperar, por supuesto, que, a pesar de estas limitaciones, tanto Petro como Lula buscarán instrumentar políticas sociales y otras medidas identificadas con la izquierda. Petro acaba de conseguir la aprobación de una reforma impositiva que ha causado inquietud en algunos sectores. Pero estos sesgos izquierdosos parecen conducirse sin destruir la institucionalidad democrática. Tanto Petro como Lula están comprometidos con un juego muy distinto al de Maduro. El único juego que le interesa a este último es el que le permita conservar el poder, como sea. Se valió del desmantelamiento de los resguardos institucionales de la república que impulsó Chávez, para ofrecerle oportunidades de lucro a los factores más importantes de poder, sobre todo a aquellos mandos militares dispuestos a traicionar su misión. Labró, así, un régimen de expoliación sostenido por una madeja de complicidades, que aseguró instrumentando prácticas de terrorismo de Estado, de manos cubanas.

No son “errores” que se corrigen fácilmente con decisiones administrativas. Ahí están los informes de las misiones de las NN.UU. encargadas del respeto de los derechos humanos y de numerosas ONGs, como la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de continuar con la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno contra la población. Son poderosos los intereses forjados en torno a las oportunidades de extorsión y confiscación en alcabalas, fronteras, aeropuertos y puertos, así como en la sustracción de rentas a través de todo tipo de transacción con el Estado. La corrupción parece lubricar de muchas actividades en la administración pública chavo-madurista.

En la “ola rosa” primigenia, Chávez ocupó una posición de ascendencia, en buena parte por su abultada chequera petrolera. Maduro se encuentra hoy en una situación casi contraria. Al aceptar el regreso a la CAN, por ejemplo, ¿está consciente de la cantidad de requisitos con los cuales debe cumplir? ¿O piensa, como cuando anunció su interés en que viniera la inversión extranjera, que basta con expresarlo?

El empeño por entenderse con Maduro de muchos de los mandatarios de izquierda de hoy habrá de discurrir sobre bases muy distintas a las del pasado. En ello incide el fracaso del “socialismo del siglo XXI”, la caída en los precios de los commodities que exportan y otros cambios del contexto internacional. Debe interesarles que Maduro cumpla con las reglas de juego a las que ellos se ven comprometidos. Podrán combinar eso haciéndole carantoñas al Foro de Sao Paulo e, incluso, a Cuba, pero difícilmente tolerarán –por lo menos así esperamos—que se le dé una patada al tablero. Queda la interrogante de si Maduro podrá salir airoso de este juego.

Convendría a las fuerzas democráticas explorar estas determinaciones de manera de aprender cómo apalancarse ellas en para avanzar en la liberación de Venezuela de tan funesta experiencia.

Para muchos venezolanos la recuperación de la economía del país pasa irremediablemente por el petróleo. El bienestar que aspiramos restaurar más temprano que tarde, fue hechura, en buena parte, de lo que deparó en el pasado nuestra principal industria. Alimentó una visión económica y política que identificaba nuestra fortuna como venezolanos con los avatares del crudo criollo en el mercado petrolero internacional.

Esta idea se remarcó con la prédica de muchos políticos que rivalizaban por posiciones de poder durante la democracia: ¡somos un país rico, por lo que no debemos limitar nuestros horizontes! A pesar de la ignorancia de la mayoría respecto al manejo real de la industria –pocos han estado en un campo petrolero o visto de cerca al crudo—se cimentó la confianza de que, en última instancia, contábamos con el respaldo petrolero para nuestras aspiraciones de vida. En cierta medida y aunque fuese de manera inconsciente, nuestra particularidad como venezolanos la asociamos con el petróleo.

Hoy proporciona en muchos una sensación de seguridad de que, más temprano que tarde, habremos de superar el terrible bache en que nos encontramos. Pero la condición de salvavidas del petróleo venezolano, inmutable en la mente de tantos, ha experimentado últimamente cambios no desestimables que trastocan estas expectativas. Veamos lo que dicen algunas noticias recientes.

Una de ellas señala dos nuevos descubrimientos petroleros en el bloque Stabroek que explota la ExxonMobil frente a las costas de Guyana[1]. Con ello suben a 30 sus descubrimientos en ese yacimiento, llevando a esa empresa a alardear sobre la rapidez con que amplía sus operaciones ahí. Si bien sus dos primeros proyectos sólo han alcanzado los 360 mil barriles diarios, ExxonMobil confía en que, para finales de la década, su producción llegará al millón de barriles/día.

Dos cosas nos deberían concernir al respecto. En primer lugar, sobre ese bloque costa afuera Venezuela reclama soberanía, siendo parte del área en disputa por nuestro cuestionamiento al Laudo de 1899 que falló a favor del Reino Unido. Como sabemos, se dirime actualmente en la Corte Internacional de Justicia, a petición de Guyana. El destino de esta explotación se verá afectado, por tanto, por lo que ahí se decida. Pero si resulta favorable a Guyana y la ExxonMobil logra cumplir ahí con sus expectativas, el vecino país desplazaría la posición de la que tradicionalmente disfrutaba Venezuela como suplidor confiable de petróleo a EE.UU.

Se dirá que el país del norte es ya prácticamente autosuficiente y que la producción venezolana es el doble de la guyanesa en la actualidad, pero lo que importa aquí es la velocidad con que se desarrolla la explotación del crudo en esta parte del mundo, las garantías asociadas y lo que ello implica en cuanto a la confiabilidad como proveedor futuro a los países occidentales.

La capacidad de Venezuela de competir favorablemente en este ámbito pasa por atraer para el sector una sustancial inversión extranjera. El saqueo de que ha sido objeto PdVSA en manos chavo-maduristas y el deterioro de sus capacidades productivas la anulan como competidor en los mercados externos. ¿Y qué puede decirse de nuestra aspiración a atraer inversión privada? Un reporte de Reuters asegura que de las 44 compañías extranjeras que tenían empresas conjuntas con PDVSA, ocho transfirieron o cedieron su participación a partir de 2018, renunciando al cobro de lo que le adeuda la empresa estatal. Total y Equinor acaban de tirar la toalla en la región deltana. Otras siete ya se fueron y 15 proyectos están inactivos (aunque las sociedades, técnicamente, se mantienen) [2]. Se cansaron de tanta indolencia. Las condiciones imperantes bajo la gestión actual en absoluto favorecen a estos inversionistas. La producción nacional de crudo, en consecuencia, se estancó en torno a los 700.000 barriles diarios.

Para mayor desconcierto, el régimen acaba de suspender su acuerdo con las empresas Repsol y ENI para exportar petróleo a Europa y cobrarse, así, lo que se les adeuda. Tal acuerdo se debe a la dispensa de EE.UU. de las sanciones que impuso al comercio de petróleo venezolano, con miras a paliar la posible escasez de crudo en el viejo continente derivada de las sanciones a Rusia por su criminal invasión a Ucrania.

Por otro lado, la expectativa de un arreglo similar con Chevron, para que esta empresa exporte producción suya a EE.UU., cobrándose sus deudas, no da visos de concretarse. Es decir, el deseado rescate de la producción petrolera venezolana por la inversión extranjera, para volver a ser un actor importante en los mercados mundiales, parece cada vez más remoto. Al respecto, el presidente de la Chevron advirtió que la recuperación de su producción en Venezuela tardaría “meses y años para comenzar a mantener y restaurar campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión”.[3]

En el plano global, el informe del World Energy Outlook correspondiente a 2022 asevera que la severa crisis energética desatada por la agresión imperial rusa a la vecina Ucrania estaría impulsando con más ímpetu la transición hacia energías renovables en los países europeos, Japón y EE.UU[4]. Si bien se acrecientan las alarmas por el incumplimiento de las metas acordadas por la mayoría de estos países en la contención de gases invernadero y por la expectativa de consecuencias aún peores del cambio climático, la emergencia bélica estaría provocando ahora –paradójicamente-- una respuesta más contundente.

Pareciera que las previsiones agoreras de los científicos y la acentuación de los desastres climáticos alrededor del mundo han logrado forjar, aunque tardíamente, una conciencia más comprometida con la disminución, cuanto antes, del uso de combustibles fósiles. Para el bien de la humanidad, ojalá así sea. Pero para Venezuela, representa un desafío crucial.

Es obvio que, de tener estos esfuerzos el éxito deseado, la demanda por combustibles fósiles, en particular, por petróleo, comenzará una tendencia sostenida a bajar en un futuro no muy lejano. Nuevos desarrollos como los de Guyana y las urgencias de Rusia por conquistar mercados que compensen los que habrá de perder en Europa, amén el interés de Irán (y de Venezuela) de recuperar sus niveles históricos de producción, implicarán una mayor competencia por un espacio que se estanca y empezará a estrecharse.

Parece asomarse una fecha de cierre de la ventana que les queda a los países petroleros por aprovechar sus recursos. Pero para Venezuela, quizás apenas se abra. Tanto por el marco institucional que rige el sector, la fuga de talentos y de personal calificado, el deterioro de las instalaciones y la ruina de PdVSA, Venezuela luce, hoy, muy mal preparada para salir airosa de esta contienda. A su favor cuenta con que una parte importante de costos fijos ya están invertidos, quizás más los referidos a los intangibles de la información y prospección de nuestra geología.

Es menester, entonces, contar con un plan cabal para el rescate del sector, que contemple el marco institucional requerido, estrategias promisorias de desarrollo, recuperación y repotenciación del sector conexo, de la mano de obra e incentivos para instrumentar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, para hacer de Venezuela un destino atractivo para los inversores extranjeros.

Es obvio que Maduro y compañía no están en condiciones –ni tienen el interés—de generar la confianza sobre la que tendría que descansar una estrategia como ésta. Lamentablemente, sin el músculo que representaría una industria petrolera repotenciada, será muy difícil conseguir los tan necesitados préstamos foráneos para atender la emergencia humanitaria, la insuficiencia de los servicios, el saneamiento del Estado y la reestructuración de nuestra cuantiosa deuda. Venezuela no es el único país ávido de fondos de la banca multilateral. Es imperativo, entonces, lograr el desplazamiento del chavo-madurismo cuanto antes. Olvídense, si no, de cualquier ilusión de “salvavidas” petrolero para nuestro futuro bienestar.

[1] https://oilnow.gy/featured/breaking-exxon-makes-two-more-discoveries-off...

[2] https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-partners-head-exi...

[3] https://monitoreamos.com/destacado/chevron-advirtio-que-recuperacion-de-...

[4] https://iea.blob.core.windows.net/assets/c282400e-00b0-4edf-9a8e-6f2ca65...

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Una reconocida firma encuestadora indagó recientemente (septiembre) la opinión de sus encuestados sobre las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos a Venezuela. La respuesta abrumadora fue la de no estar de acuerdo, incluso de aquellos que se identificaron como opositores. Ello pudiese obedecer a dos razones diferentes. La primera, sería la expectativa de que la situación económica mejoraría para los venezolanos, si se levantan estas sanciones. La segunda, independiente de la anterior, sería que las sanciones no han logrado su cometido, es decir, forzar la salida de Maduro, por lo que no tiene sentido mantenerlas. Examinemos cada una.

El ingreso petrolero ha tenido un impacto decisivo en el nivel de vida de la población venezolana durante los últimos 100 años. Nuestra cultura política está acostumbrada a asociar el bienestar de la población con las exportaciones petroleras. Antes que la competitividad de las actividades económicas, nuestros niveles de consumo han estado sellados por la renta captada en los mercados internacionales. Si las exportaciones sufren por las sanciones, estaría en el interés de los venezolanos que fuesen levantadas.

Una primera indagación es precisar si las sanciones, efectivamente, han reducido las exportaciones de crudo. Previo a 2017, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos estaban dirigidas en contra de personeros del régimen chavista acusadas de violar derechos humanos y/o socavar la democracia. Es sólo en marzo de 2017 cuando se empieza a afectar a PdVSA prohibiéndole, como al gobierno venezolano, realizar operaciones a través del sistema financiero de EE.UU. Para entonces, la producción petrolera del país había disminuido en una quinta parte desde 2012, según fuentes oficiales. Y no es sino en enero de 2019 cuando se les prohíbe a ciudadanos estadounidenses o empresas localizadas ahí, transar con petróleo venezolano. Para el primer trimestre de ese año, la producción ya había caído a menos de la mitad: un millón 293 mil barriles diarios en promedio, según la misma fuente. Todo indica, por tanto, que el deterioro principal de la producción de PdVSA es previa a la imposición de las sanciones comerciales y que se debe a razones distintas a éstas.

¿Y las sanciones financieras de 2017? Cabe recordar que, en ese año, la República y PdVSA entraron, de hecho, en una situación de default, al no poder honrar sus compromisos de deuda externa. Quedaron excluidas, por tanto, de los principales mercados financieros internacionales. A ello se añade que PdVSA enfrenta litigios internacionales con empresas foráneas que suman miles de millones de dólares, por expropiaciones y/o por incumplimiento de contrato. Luego está el hecho de que sus ventas a China, su principal mercado de exportación en estos últimos años, son utilizadas en gran parte para amortizar la deuda que se arrastra con ese país. Finalmente, están las deudas que mantiene PdVSA con ENI, Repsol y Chevron. En previsión de una posible escasez mundial de crudo derivada de las sanciones impuestas a Rusia por su agresión a Ucrania, el gobierno de los EE.UU. recientemente dispensó de sanciones a las dos primeras para permitirles exportar su producción en Venezuela a Europa y, de paso, se cobrasen sus acreencias. Una autorización similar a Chevron está sujeta a que se reanuden las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición para restablecer la democracia en el país.

Tales apuros financieros indicarían que la producción de PdVSA poco se beneficiaría de levantarse el veto al uso de la banca estadounidense de 2017. Con el tiempo podría refinanciar en términos más favorables sus deudas, pero sujeto a medidas que restablecieran la confianza entre sus acreedores.

Es una triste verdad, entonces, que la drástica merma de la producción petrolera venezolana --de más del 70% durante la gestión de Maduro--, obedece sobre todo a factores internos. Éstos se resumen en prácticas depredadoras --contratos ficticios, manejos contables fraudulentos, sobreprecios, comisiones en compras y en contrataciones, robos, etc-- que esquilmaron los recursos que deberían haberse dedicado a la inversión, al desarrollo tecnológico, al mantenimiento adecuado y a la remuneración con base en el mérito. La consecuente destrucción de la capacidad productiva de la industria, incluyendo la refinación, ha obligado a importar crudos livianos para mezclarlos con el petróleo pesado de la faja, así como gasolina y otros productos refinados. El saldo neto del ingreso petrolero es, por tanto, aún menor. Cualquier incremento provendrá, necesariamente, del aporte de la inversión extranjera. ¿Están dadas las condiciones para que ocurra? Para abril de este año se señalaba la paralización de taladros activos de perforación en el país[1], lo cual comprometía la producción nacional, incluyendo las empresas mixtas.

Aún con todos estos “peros”, levantar las sanciones petroleras debería mejorar algo el ingreso nacional. Pero, sería más por sus probables efectos sobre el precio del crudo venezolano, que ha ido vendiéndose con descuentos de más del 20% para sortear las trabas comerciales. Lamentablemente, la competencia ahora en el mercado chino del crudo ruso, también sancionado, hará que este descuento sea aún mayor.

Debe ser examinado de cerca la aplicación o el uso de este posible mayor ingreso petrolero. Tampoco aquí los indicios son alentadores. La ausencia de información oficial sobre la gestión pública, la inversión, el consumo y el desempeño de otras variables reales impide calcular el efecto multiplicador de incrementos en el gasto atribuibles a un mayor ingreso petrolero. No obstante, a juzgar por el valor de las exportaciones en los primeros nueve meses de 2022, en torno a los 11,7 millardos de dólares y más del doble de las registradas en igual período de 2021, este efecto es casi nulo. ¿Ha mejorado la provisión de servicios públicos: luz, gas, agua, salud, educación, seguridad o la inversión? Lamentablemente, el Estado venezolano fue colonizado por “revolucionarios” que se dedicaron a extraer rentas, debilitando su capacidad de atender los problemas del país. Salvo un ajuste salarial a comienzos de año, ya disminuido por la inflación, la gestión pública continúa su proceso de deterioro.

Por último, si las sanciones no han logrado su cometido de sacar a Maduro, ¿por qué mantenerlas? Creo que aquí hay un error de óptica. Efectivamente, el fascismo continúa en el poder, para desdicha de los venezolanos, pero no hay ocasión en que no plantee como demanda central, que le sean levantadas las sanciones. Es obvio que sí le afecta, aunque fuese sólo porque le limita los recursos a expoliar. Ello indicaría que son un poderoso instrumento, no para “tumbar” al régimen, sino para presionar para que acceda a negociar la realización de elecciones creíbles, con garantías, que ofrezcan una vía para una transición rápida a la democracia que supere, cuanto antes, la terrible tragedia de Venezuela. A Maduro y a sus militares traidores en absoluto les interesa mejorar la situación de los venezolanos y es iluso pensar que, con base sólo en ello, permitirían condiciones que favorecieran la democratización.

Conforme a esta perspectiva, toca al liderazgo opositor, en estrecho contacto con las demandas y requerimientos de la gente, confeccionar una especie de programa de condiciones cuyo cumplimiento –verificable—sumaría puntos a favor de levantar las sanciones. Obviamente, tendría que consensuarse con quienes tienen la sartén agarrada por el mango, es decir, el Ejecutivo estadounidense. Podría pensarse, asimismo, en amarrar un incremento de exportaciones, resultado de tal levantamiento, para atender exclusivamente a la emergencia humanitaria provocada por el desastre chavo-madurismo, y/o para rescatar y poner en función servicios públicos vitales. Es decir, propiciar que una decisión de esta naturaleza tuviese el aval de la oposición, si sus frutos fuesen dedicados claramente a mejorar la situación de las mayorías y no a enriquecer a quienes secuestraron al Estado para beneficio propio.

El liderazgo opositor tiene la palabra.

[1] https://talcualdigital.com/una-venezuela-sin-taladros-vera-el-impacto-en-la-produccion-de-crudo-en-meses/

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La economía está lejos de ser la ciencia neutral, en cuanto a sus impactos y/o condicionantes sociales y políticos, que pretenden algunos teóricos de la ortodoxia. Conscientes de eso, muchos economistas intentamos ser explícitos en cuanto a las implicaciones o inclinaciones de las propuestas de política que formulamos. Muy a pesar de tales empeños, es difícil que en nuestros análisis no se cuele uno que otro sesgo ideológico o preferencia, sin que nos demos cuenta. En todo caso, el apego a la realidad y estar atentos para identificar a tiempo las reacciones ante las medidas de política instrumentadas o anunciadas, constituye un antídoto de rigor para atajar sus efectos imprevistos, no deseados.

Lo anterior viene a cuenta para entender la súbita crisis que enfrenta la recién estrenada Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, nombrada hace apenas mes y medio por el Partido Conservador para suceder a Boris Johnson. Ganó la postulación prometiendo bajar los impuestos para generar el crecimiento que políticas tradicionales le habían negado a la economía inglesa, pero sin menoscabar los programas sociales ni dejar de ofrecer ayuda a los británicos para enfrentar el alza de sus facturas de luz y gas. Su contendor principal dentro del partido, el ducho y realista Rishi Sunak, ex ministro de finanzas de Johnson, había previsto subir los impuestos, a fin de mantener los equilibrios, en momentos en que el fisco se veía comprometido con gastos de asistencia y se acentuaba la inflación.

Pero más tentadoras resultaron las ilusiones de que podía solventarse la brecha fiscal y echar las bases de un mayor crecimiento y bienestar futuro, reduciendo la carga impositiva a las empresas, proyectadas por la Truss. La explicación de tal paradoja, artículo de fe de la llamada “economía de oferta” (Supplyside economics), era que menores impuestos aumentarían el ahorro (de los ricos) y, con ello, la inversión productiva. Este impulso se derramaría (“trickle-down”) sobre toda la economía, generando empleo. La mayor oferta de bienes aplacaría las presiones inflacionarias del mayor déficit público. Y, con el tiempo, aumentaría la recaudación fiscal. En el ínterin el endeudamiento financiaría la brecha resultante. La confianza en que tan sólido programa proveería los recursos con los cuales reembolsar estos préstamos, los hacía viables. ¡La cuadratura del círculo que beneficiaría a todos, sin mayores costos!

Como se recordará, este planteamiento estuvo en la base del auge de los enfoques neoliberales de finales del siglo pasado. Tuvieron sus orígenes en los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que abogaban por disminuir el rol del Estado, central a las políticas keynesianas de gestión de la demanda agregada, para que actuaran, sin intervención, las fuerzas del mercado. Ello se enmarcó en lo que se denominó la “revolución monetarista” que desplazó a los postulados keynesianos en la conducción de la política económica. Habrían de prevalecer las leyes “naturales” de la economía, garantes de una supuesta “neutralidad” de las políticas.

Pero las políticas monetarias restrictivas que se instrumentaron para contener la inflación (había alcanzado los dos dígitos), hicieron inefectivo el incentivo de la baja impositiva. Asimismo, el incremento del gasto militar de Reagan dificultó la contención del alza en los precios. En el Reino Unido, inconsistencias parecidas resintieron la actividad financiera de la City. Así que, en su más notoria puesta en acción, la economía de oferta mostró claramente sus limitaciones. Resultó que no era ninguna panacea y que sus medidas no debían ignorar el contexto ya que podría llevar a contradecir políticas.

Más de dos décadas después, el desgaste de los gobiernos conservadores, luego de doce años en el poder, animó de nuevo la apelación a estas ilusiones. Resurgieron insufladas por la creencia de que, habiendo roto las amarras con Europa con el Brexit, el Reino Unido se había liberado de las trabas y las políticas tradicionales que, creían algunos, explicaban su pobre desempeño económico. Era la oportunidad para lanzar un ambicioso programa de crecimiento que rompiera con esas ataduras. La oferta del “mini-budget” de la Primera Ministra de bajar los impuestos a los más ricos y no efectuar el incremento en las tasas impositivas previstas por el exministro Sunak, subsidiando el precio de la energía y sin sacrificar gastos en los programas sociales, desnudó una reducción de los ingresos fiscales y un ensanchamiento resultante del déficit, haciendo menester un fuerte endeudamiento para financiarlo. No se tomó en cuenta, empero, que el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de las principales economías estaban aprobando aumentos sustanciales en las tasas de interés para aplacar la inflación.

A pesar de que el Reino Unido había escogido disminuir su peso económico amputando, años antes con el Brexit, sus más importantes mercados, el nuevo gobierno, en reminiscencia de su pasada influencia imperial, creyó que ello no obstaría para hacer prevalecer su voluntad. Los mercados financieros, como sabemos, pensaron diferente. Hubo una corrida contra la libra que puso en peligro fondos de pensiones y otros. El FMI, en unas declaraciones inusuales, manifestó su preocupación por el impacto distributivo de estas políticas. Ante tanta presión, el gobierno se vio obligado a recular, sacrificando al ahora exministro Kwarteng y recogiendo velas con las anunciadas rebajas impositivas. Todavía no está claro si la Primera Ministra Truss podrá sobrevivir a la tormenta que su obsesión doctrinaria desató.

Luego de los estragos de la pandemia a nivel mundial, muchos confiaban en un nuevo consenso en torno a un papel más proactivo del Estado en apoyo a la salud y en previsión de otras calamidades, como las desatadas por el cambio climático y sobre el costo de los alimentos y de la energía, asociados a la invasión rusa de Ucrania. Cómo financiar esta mayor presencia tampoco exigiría mucha imaginación, si nos atenemos a las enormes fortunas amasadas, sobre todo en EE.UU., por el 1% más rico de la población. Pero los sesgos ideológicos son tercos. Son demasiado poderosos los intereses en juego. Trump (previo a la pandemia) había rebajado los impuestos a los más ricos pero, en vez del ansiado “trickle down” (derrame), disparó la inequidad en la distribución del ingreso. En España una absurda concepción de autonomía en el ámbito fiscal permite a distintos gobiernos autonómicos competir en la baja de impuestos para atraer inversiones, cuando el gobierno central anuncia la subida de éstos a los más ricos para poder financiar los programas sociales. Por supuesto que el examen del gasto, su idoneidad, impacto macroeconómico, efecto distributivo y sostenibilidad intertemporal es el otro elemento, obligado, de esta discusión, no exenta, tampoco, de sesgos ideológicos.

Los venezolanos, junto a la población de los países que fueron comunistas –sobrevive Cuba—estamos entre las peores víctimas del efecto destructivo de la ideología en la conducción de la economía. Pero, a diferencia de aquellos y a despecho de su retórica, en nuestro país la intromisión ideológica poco tuvo que ver, en realidad, con la idea de “construir el socialismo”. Obedeció, antes que nada, a los delirios mesiánicos de quien, creyéndose un segundo Libertador, se empeñó en destruir las instituciones y en ponerle la mano a las enormes rentas que deparaba la venta internacional del crudo, para consolidar una poderosa cofradía de mafiosos, sobre todo de militares traidores, que aseguraran su dominio. La tradición intervencionista del Estado venezolano, alimentado por enormes rentas petroleras asignadas con creciente discreción, facilitaron esta tan nefasta revolución populista de Chávez. Ahora que, sobre sus cenizas, el régimen busca enderezar los entuertos que le permitan sobrevivir, siguen asomándose, como por acto reflejo, las imposturas ideológicas heredadas para justificar los intereses que impiden que las fuerzas económicas puedan ejercer el efecto deseado en la recuperación de la economía.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Preocupación permanente del liderazgo opositor en su lucha por la democracia ha sido saber a qué nos enfrentamos. El aprendizaje ha sido duro. La ilusión de que el régimen bolivariano entraría en razón ante las protestas y denuncias de derechos violados, o que se deslegitimaría con la abstención electoral, se estrellaron contra la férrea determinación de Chávez de ignorar reglas de juego que consideraba de la “democracia burguesa”. Como “revolucionario”, estaba comprometido con la “refundación de la patria”, tarea histórica que no admitía concesiones al adversario –ahora enemigo— en respeto al juego político tradicional. Evitó ser desarmado en la prosecución de su misión desmantelando las instituciones de la democracia liberal y rompiendo con el orden constitucional que él mismo había prohijado al comenzar. Su carisma, el deterioro de los partidos tradicionales y las prácticas populistas que le permitió financiar la renta petrolera, lograron cautivar a amplios sectores de la población, galvanizados tras de sí por una retórica maniquea que proyectaba a quienes lo enfrentaban como enemigos del pueblo.

Resultó que Chávez no era sólo un líder heterodoxo, difícil de encasillar conforme a cánones conocidos. No era demócrata. ¿Dónde ubicarlo, entonces? Su prédica populista, confrontacional, intolerante y militarista, junto a otros aspectos de su conducta, suscitaron la obvia tipificación de fascista. Pero, no en los términos denigratorios con que cierta izquierda descalifica a sus detractores, sino en atención a los rasgos fundamentales que caracterizan lo que algunos analistas[1] llaman “fascismo genérico”: la lucha política entendida como la guerra por otros medios, la invocación de épicas mitificadas que animan al “verdadero” pueblo –noble, puro y homogéneo— al combate contra sus enemigos, tanto internos como externos, la pasión por encima de la razón como fuerza movilizadora y un patrioterismo extremo. Ello se acompañó con la violencia callejera como medio de lucha, la regimentación partidaria en movimientos paramilitares “de camisa”, la militarización de la sociedad y el culto a la muerte --“Patria, socialismo o muerte”. Todo ello cobijado en una falsa realidad construida con base en un discurso maniqueo lleno de odios contra los adversarios, el cercenamiento de las libertades, el sometimiento de la población a la voluntad de un carismático líder, la discriminación de la disidencia y la imposición de una verdad única. Dada la distancia con respecto al fascismo clásico de los años ’20 y ’30 del siglo pasado, y en atención a las particularidades que le tocó vivir, cabe el uso del término “neofascista” en referencia a Chávez.

Pero con su alegre entrega a la tutela de Fidel Castro y el protagonismo de un núcleo de la vieja izquierda entre sus partidarios, Chávez asumió un porte filocomunista para su “revolución”. Le permitió heredar clichés e imaginarios de la mitología comunista, dándole mayor cuerpo a sus inflamas contra el “imperio”. Propuso implantar un “socialismo del siglo XXI”, con lo cual se granjeó simpatías entre sectores izquierdosos a nivel mundial. Dio pie a que se tildase a su régimen de comunista o “castrocomunista”. Sin embargo, salvando la deriva hacia categorías retóricas afines al marxismo, su comportamiento político cambió muy poco con respecto a la matriz fascista original. Puede argumentarse, al respecto, la similitud del comunismo con el fascismo en cuanto a su naturaleza proto-totalitaria.

Empero, hay una importante diferencia que incide en la calificación del régimen chavo-madurista actual. El fascismo no fue un movimiento doctrinario. Careció de una visión omnicomprensiva de la realidad a partir de la cual entresacar las claves de la conducta partidaria. Sus posturas ideológicas se construían en respuesta a los imperativos de lucha contra quienes identificaba como enemigos. El comunismo, al contrario, se cimentaba en una escolástica marxiana adosada con prescripciones políticas de Lenin en su lucha contra el régimen zarista, sistematizada por Stalin. Entre sus implicaciones doctrinarias, destaca un criterio de verdad que se define por su funcionalidad para con la revolución. Si la superación del capitalismo por el socialismo es inevitable, como pronostica el materialismo histórico, todo lo que facilita tal desenlace es, por tanto, verdad, impermeable a desmentidos empíricos independientes. Ello legitima la conducta y la moral comunista ante todo cuestionamiento externo. A despecho de las pretensiones “cientificistas” del propio Marx, la prédica comunista terminó siendo un asunto de fe. Esta confianza en una teleología inexorable llevó a la conformación de un poderosísimo instrumento de lucha política en la forma del Partido Comunista, tan útil a las ansias de dominio de Stalin. Horroriza la admisión de culpa de viejos bolcheviques ante las acusaciones fabricadas en su contra durante los juicios de Moscú (1937) –que llevaron a muchos a ser condenados a muerte—por no debilitar el rol histórico del Partido.

El disparate chavo-madurista no comulga en nada con tal disciplina bolchevique. No obstante, su criterio acomodaticio de “verdad” favorece la absolución y legitimación de la profunda y deliberada corrupción de cúpulas militares, jueces y de muchas policías, para convertirlos en cómplices del régimen de expoliación que resultó del desmantelamiento del ordenamiento constitucional y del Estado de Derecho. No olvidemos que Maduro se formó políticamente en la escuela de cuadros en Cuba. Se sostiene hoy gracias a una alianza entre cofradías mafiosas amparadas en las fuerzas más retrógradas y perniciosas del planeta –Putin, la teocracia iraní, Ortega, las narcoguerrillas colombianas y Cuba. Sus multimillonarias fortunas emergen a cada rato en las pesquisas de valiosos periodistas de investigación y/o a través de escándalos que estallan en la prensa internacional. Y, con la complicidad militar y la impunidad que otorga una justicia abyecta, ha podido activar prácticas de terrorismo de Estado para aplastar a sus detractores. El blindaje ideológico “absuelve” los tratos más crueles contra quienes luchan por sus derechos, recogidos en reportes de la ONU, la OEA y de respetadas ONGs: persecuciones, detenciones, desapariciones, maltratos a familiares, robos, torturas y muertes. La responsabilidad directa de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino en estos crímenes, atribuida en el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es óbice para que personajes tan depravados se yerguen sobre un pedestal de pretendida “supremacía moral revolucionaria” para denostar a quienes los acusan por arremeter contra los “intereses del Pueblo”. ¡El mundo al revés!

El menjurje de tan nefastos componentes –fascio-comunismo militarista y mafioso— dibuja un régimen en descomposición capaz, no obstante, de legitimarse a sí mismo y ante sectores muy primitivos de “izquierda” con su retórica “revolucionaria”. Su mejor calificativo es el de “gansteril”. Como se ha visto obligado a liberalizar aspectos de su manejo de la economía, se han producido reacomodos en su interior que podrían favorecer las posibilidades de cambio. Pero poco indica que el poder tan cruel que se ha atrincherado en Venezuela para conservar, como sea, sus privilegios, haya cambiado en su esencia.

Ello plantea la pregunta obligatoria, ¿Puede negociarse una salida basada en elecciones confiables con este poder? No hay más remedio que intentarlo. Pero la única esperanza de que sus personeros accedan a acuerdos que rescaten la democracia, es que se negocie desde una posición de fuerza. El canje reciente de los narcosobrinos presos en EE.UU. por estadounidenses mantenidos como rehenes por Maduro indica que, de parte del gobierno de aquel país, predominan criterios e intereses que no coinciden, necesariamente, con los de la lucha por la democracia en Venezuela. Pone de manifiesto que la constitución de esa fuerza capaz de arrancarle al chavo-madurismo concesiones que faciliten el retorno a la democracia es, sobre todo, asunto de los propios venezolanos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

[1] Stanley Payne, A History of Fascism 1914-45, Routledge, London and New York, 1997; Robert Paxton, Anatomía del fascismo, Ediciones Península, Barcelona, España, 2005.

En la medida en que la contraofensiva ucraniana recupera territorios, desalojando a las fuerzas rusas de ocupación, emergen informes acerca de las barbaridades cometidas contra la población local. Bucha, Mariupol, Izium y otros pueblos liberados revelan la existencia de entierros masivos de ucranianos, la mayoría civiles, muchos acribillados con las manos atadas y/o con signos evidentes de haber sido torturados.

Numerosos testimonios de quienes fueron detenidos por los invasores describen el montaje de celdas improvisadas donde se les privaba de libertad y se les sometía a crueles tormentos. Observadores internacionales, incluidos de la Organización de Naciones Unidas, comienzan a tipificarlo como acciones propias de genocidio contra una población indefensa. Constituyen crímenes de lesa humanidad que están siendo documentados para encausar –como debe ser—a sus responsables.

En fin, son castigos inhumanos infligidos por un ejército de ocupación contra un gentilicio al que desprecia. La excusa–Putin dixit—es su pertenencia a un país que no debería existir como tal. Cínicamente, el nuevo zar ruso buscó legitimar su matanza alegando la necesidad de «desnazificar» al vecino país.

Quienes se identifican con valores básicos de justicia y libertad no pueden sino sentirse profundamente indignados por estos crímenes. Pero, más allá de la atención que ha concentrado la agresión rusa a Ucrania, acciones como las referidas no son tan ajenas a estas partes del mundo, lamentablemente.

Informes de 2020 y 2021 de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, enviada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontraron «motivos razonables» para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte «de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…»Es decir, atrocidades propias de un ejército de ocupación, infligidas de manera sistemática y deliberada contra venezolanos disidentes.

Un tercer informe, entregado este mes, ahonda en esos hallazgos. En un escrito de 125 páginas, examina el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en otro, de 155 páginas, presenta la situación de los derechos humanos en el llamado Arco Minero del Orinoco y áreas afines.

En total, los tres informes se basan en 471 testimonios, tanto de víctimas, sus familiares o representantes legales, como de empleados o exagentes, 88 realizadas recientemente, entre noviembre, 2021 y abril, 2022.

En estas líneas se comentará brevemente lo referente a la Dgcim. Ésta se dedica a realizar investigaciones en busca de pruebas contra disidentes y opositores. Con ello, elabora expedientes sobre posibles objetivos. Practica detenciones e interroga a las personas detenidas, las más de las veces con tortura. Los testimonios recogen: «fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado «señorita», para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares.»

Señalan, asimismo, la existencia de una red de «trabajadores acreditados» en todo el país, pertenecientes a menudo a colectivos, que participaban en las operaciones de la Dgcim. Trabajaban ad honorem, «pero podían acceder a otros beneficios, como una acreditación oficial de la Dgcim y acceso al dinero y a los bienes que se le podían sustraer a las personas detenidas».

Se refieren casos de detención de civiles para extorsionarlos y confiscar sus bienes, especialmente cuando suponen una ventaja estratégica para el Gobierno. Un exempleado de la Dgcim explicó que muchos de sus funcionarios dependen de los activos incautados ilegalmente a las personas detenidas como principal fuente de ingresos. Su salario formal habitual oscila entre 10 y 40 dólares. Por tanto, las consideraciones económicas juegan un papel importante a la hora de elegir a los opositores políticos a detener.

Según exfuncionarios de la Dgicm, agentes cubanos habrían entrenado, asesorado y participado en labores de inteligencia y contrainteligencia. Un Memorando de Entendimiento firmado en 2008 por los Gobiernos de Cuba y Venezuela encomendaba al Ministerio de Defensa cubano supervisar «la reestructuración de los servicios de inteligencia militar venezolanos, incluso mediante la creación de nuevos órganos», para «descubrir y enfrentar los esfuerzos subversivos y de inteligencia en nombre del enemigo, así como la actividad criminal» Agentes cubanos habrían contribuido «en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la Dgcim, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones». Funcionarios de la Dgcim viajaban a Cuba para recibir formación.

Fuentes calificadas indicaron a la Misión que Iván Hernández Dala, director de la Dgcim, le llevaba a Maduro «informes de investigación preparados … para su aprobación». Éste le daba órdenes directas, «en persona o por teléfono, nunca por escrito.» Cuando se trataba de objetivos políticos, Maduro podía aprobar y ordenar «la detención de opositores reales y percibidos del Gobierno», a veces consultando a su círculo íntimo. Según los testimonios, también habrían ordenado detenciones, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Además de Hernández Dala, los esbirros que más figuran en las labores de represión y tortura realizadas en la Dgcim, como en la apropiación ilegal (robo) de dinero y bienes de los detenidos, son: Alexander Granko Arteaga, Rafael Antonio Franko Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares. Todos militares de alto rango, sujetos a sanciones internacionales por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos. La Misión encontró «motivos razonables» para señalarle a cada uno responsabilidad penal en los hechos mencionados.

Este tercer informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela recoge información detallada, muy bien fundamentada, de la violación deliberada por parte de los órganos de inteligencia del Estado de los derechos básicos de muchos venezolanos por razones políticas, entre ellos a muchos militares.

Señala la responsabilidad directa de los más altos niveles de mando. La saña y crueldad desplegadas en sus acciones revelan un desprecio a la población, propia a la de un ejército de ocupación hostil. A esto ha quedado reducida la FAN por quienes hoy la controlan, traicionando a la patria y a sus juramentos constitucionales.

Al comienzo de la llamada «revolución bolivariana», es posible que, embriagados por la retórica patriotera de Chávez, algunos militares creyesen efectivamente que formaban parte de una gesta redentora inspirada en el Libertador, que afianzaría el papel de Venezuela y de los venezolanos en el mundo. Empero, no tardaron los más inescrupulosos en darse cuenta de que, al amparo de las diatribas antiimperialistas de su comandante, se derribaban las instituciones que resguardaban los derechos ciudadanos y el manejo probo de los recursos públicos, abriéndoles oportunidades inusitadas de enriquecerse con impunidad, a cambio de su lealtad.

Con la anuencia de la “revolución” y bajo asesoría castrista, procedieron a corromper a los más vulnerables dentro de la FAN, forjando, así, una fuerza pretoriana chavo-madurista, sustento principal –dada su complicidad– del régimen de expoliación en que terminó la «revolución». Para ello fue necesario una purga interna, apartando a los componentes institucionales, los más honestos, de la FAN y, eventualmente, sometiéndolos –junto a luchadores civiles por la libertad y la democracia– con acciones represivas, en las que no faltaban las torturas brutales.

Así como la opinión pública del mundo democrático clama por encausar a los culpables de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas de ocupación en Ucrania, este informe, junto a muchos otros, debe resultar en acciones concertadas para acabar definitivamente con el nefasto aparato de la Dgcim montado por Maduro, Padrino y sus cómplices, para defender sus privilegios. Su ejército de ocupación.

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

En la medida en que la contraofensiva ucraniana recupera territorios, desalojando a las fuerzas rusas de ocupación, emergen informes acerca de las barbaridades cometidas contra la población local. Bucha, Mariupol, Izium y otros pueblos liberados revelan la existencia de entierros masivos de ucranianos, la mayoría civiles, muchos acribillados con las manos atadas y/o con signos evidentes de haber sido torturados. Numerosos testimonios de quienes fueron detenidos por los invasores describen el montaje de celdas improvisadas donde se les privaba de libertad y se les sometía a crueles tormentos. Observadores internacionales, incluidos de la Organización de Naciones Unidas, comienzan a tipificarlo como acciones propias de genocidio contra una población indefensa. Constituyen crímenes de lesa humanidad que están siendo documentados para encausar –como debe ser—a sus responsables. En fin, son castigos inhumanos infligidos por un ejército de ocupación contra un gentilicio al que desprecia. La excusa–Putin dixit—es su pertenencia a un país que no debería existir como tal. Cínicamente, el nuevo zar ruso buscó legitimar su matanza alegando la necesidad de “desnazificar” al vecino país.

Quienes se identifican con valores básicos de justicia y libertad no pueden sino sentirse profundamente indignados por estos crímenes. Pero, más allá de la atención que ha concentrado la agresión rusa a Ucrania, acciones como las referidas no son tan ajenas a estas partes del mundo, lamentablemente.

Informes de 2020 y 2021 de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, enviada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontraron “motivos razonables” para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…” Es decir, atrocidades propias de un ejército de ocupación, infligidas de manera sistemática y deliberada contra venezolanos disidentes. Un tercer informe, entregado este mes, ahonda en esos hallazgos. En un escrito de 125 páginas, examina el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en otro, de 155 páginas, presenta la situación de los derechos humanos en el llamado Arco Minero del Orinoco y áreas afines. En total, los tres informes se basan en 471 testimonios, tanto de víctimas, sus familiares o representantes legales, como de empleados o exagentes, 88 realizadas recientemente, entre noviembre, 2021 y abril, 2022.

En estas líneas se comentará brevemente lo referente a la DGCIM. Ésta se dedica a realizar investigaciones en busca de pruebas contra disidentes y opositores. Con ello, elabora expedientes sobre posibles objetivos. Practica detenciones e interroga a las personas detenidas, las más de las veces con tortura. Los testimonios recogen: “fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado “señorita” para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares.”

Señalan, asimismo, la existencia de una red de “trabajadores acreditados” en todo el país, pertenecientes a menudo a colectivos, que participaban en las operaciones de la DGCIM. Trabajaban ad honorem, “pero podían acceder a otros beneficios, como una acreditación oficial de la DGCIM y acceso al dinero y a los bienes que se le podían sustraer a las personas detenidas”. Se refieren casos de detención de civiles para extorsionarlos y confiscar sus bienes, especialmente cuando suponen una ventaja estratégica para el Gobierno. Un exempleado de la DGCIM explicó que muchos de sus funcionarios dependen de los activos incautados ilegalmente a las personas detenidas como principal fuente de ingresos. Su salario formal habitual oscila entre 10 y 40 dólares. Por tanto, las consideraciones económicas juegan un papel importante a la hora de elegir a los opositores políticos a detener.

Según exfuncionarios de la DGICM, agentes cubanos habrían entrenado, asesorado y participado en labores de inteligencia y contrainteligencia. Un Memorando de Entendimiento firmado en 2008 por los Gobiernos de Cuba y Venezuela encomendaba al Ministerio de Defensa cubano supervisar “la reestructuración de los servicios de inteligencia militar venezolanos, incluso mediante la creación de nuevos órganos”, para “descubrir y enfrentar los esfuerzos subversivos y de inteligencia en nombre del enemigo, así como la actividad criminal” Agentes cubanos habrían contribuido “en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la DGCIM, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones”. Funcionarios de la DGCIM viajaban a Cuba para recibir formación.

Fuentes calificadas indicaron a la Misión que Iván Hernández Dala, director de la DGCIM, le llevaba a Maduro “informes de investigación preparados … para su aprobación”. Éste le daba órdenes directas, “en persona o por teléfono, nunca por escrito.” Cuando se trataba de objetivos políticos, Maduro podía aprobar y ordenar “la detención de opositores reales y percibidos del Gobierno”, a veces consultando a su círculo íntimo. Según los testimonios, también habrían ordenado detenciones, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Además de Hernández Dala, los esbirros que más figuran en las labores de represión y tortura realizadas en la DGCIM, como en la apropiación ilegal (robo) de dinero y bienes de los detenidos, son: Alexander Granko Arteaga, Rafael Antonio Franko Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares. Todos militares de alto rango, sujetos a sanciones internacionales por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos. La Misión encontró “motivos razonables” para señalarle a cada uno responsabilidad penal en los hechos mencionados.

Este tercer informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela recoge información detallada, muy bien fundamentada, de la violación deliberada por parte de los órganos de inteligencia del Estado de los derechos básicos de muchos venezolanos por razones políticas, entre ellos a muchos militares. Señala la responsabilidad directa de los más altos niveles de mando. La saña y crueldad desplegadas en sus acciones revelan un desprecio a la población, propia a la de un ejército de ocupación hostil. A esto ha quedado reducida la FAN por quienes hoy la controlan, traicionando a la patria y a sus juramentos constitucionales.

Al comienzo de la llamada “revolución bolivariana”, es posible que, embriagados por la retórica patriotera de Chávez, algunos militares creyesen efectivamente que formaban parte de una gesta redentora inspirada en el Libertador, que afianzaría el papel de Venezuela y de los venezolanos en el mundo. Empero, no tardaron los más inescrupulosos en darse cuenta de que, al amparo de las diatribas antiimperialistas de su comandante, se derribaban las instituciones que resguardaban los derechos ciudadanos y el manejo probo de los recursos públicos, abriéndoles oportunidades inusitadas de enriquecerse con impunidad, a cambio de su lealtad. Con la anuencia de la “revolución” y bajo asesoría castrista, procedieron a corromper a los más vulnerables dentro de la FAN, forjando, así, una fuerza pretoriana chavo-madurista, sustento principal --dada su complicidad-- del régimen de expoliación en que terminó la “revolución”. Para ello fue necesario una purga interna, apartando a los componentes institucionales, los más honestos, de la FAN y, eventualmente, sometiéndolos --junto a luchadores civiles por la libertad y la democracia-- con acciones represivas, en las que no faltaban las torturas brutales.

Así como la opinión pública del mundo democrático clama por encausar a los culpables de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas de ocupación en Ucrania, este informe, junto a muchos otros, debe resultar en acciones concertadas para acabar definitivamente con el nefasto aparato de la DGCIM montado por Maduro, Padrino y sus cómplices, para defender sus privilegios. Su ejército de ocupación.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com