El 24 de febrero se cumplió un año de la invasión criminal rusa a Ucrania. La tragedia infligida cruelmente al pueblo ucraniano pone de manifiesto la naturaleza del poder autocrático de Putin, enraizado en una oligarquía corrupta cuyas ramificaciones se extienden dentro y fuera de su país. Impone sus intereses con la “razón de la fuerza”, en desapego a las reglas de juego acordadas para su prosecución con la fuerza de la razón. No hay límite a sus pretensiones. Gusta imaginarse cumpliendo una misión histórica inobjetable, la de rescatar la grandiosidad de la Rusia de los zares o como eje de la todopoderosa URSS. Obsesionado por tal cometido no ha vacilado, en pleno siglo XXI, a desatar de nuevo el horror de las guerras de conquista de antaño, violando la normativa para la convivencia consensuada con paciencia luego de la II Guerra Mundial, que buscaba impedir su retorno. Obvio que, de triunfar el agresor, las posibilidades que ofrece la democracia liberal para la preservación de los derechos humanos dentro del concierto de naciones se verán seriamente amenazadas. ¿Prevalecerá la ley del más fuerte?

Las características de autocracias como esa han sido analizadas con perspicacia por Moisés Naím en su libro, La revancha de los poderosos, así como en artículos de la renombrada periodista, Anne Applebaum, entre otros. Sus mecanismos para acceder y consolidarse en el poder los resume Naím en el ejercicio de las tres “P”: Populismo, Polarización y Posverdad. Sin duda conocer de cerca la tragedia venezolana le ha sido de utilidad para arribar a tal síntesis: muchos de los atropellos desplegados hoy por Putin encuentran antecedente en estos largos años de chavo-madurismo. Más allá, identifican también a otros regímenes, conocidos por desplegar abusos parecidos, notoriamente las teocracias del medio oriente. De manera cada vez más preocupante, empero, se asoman, igualmente, en países que se creían asociados a la cultura democrática liberal de occidente. Que gobiernos como los de Turquía, Hungría, Polonia e, incluso, India, terminen deslizándose hacia la conformación de autocracias parecidas es, sin duda, objeto de preocupación para el avance de las libertades en el mundo.

Putin escenificó hace unos días la celebración de su agresión en un enorme estadio de fútbol en Moscú, acarreando un público alabancioso en autobuses, con el embeleso de tretas histriónicas como las que nos tenía acostumbrados el “eterno”. El relato es también muy similar: la convocatoria a los patriotas para defender al país contra una arremetida enemiga que le niega a Rusia el papel que le corresponde en el mundo. En esta narrativa, el país agresor es proyectado como el agredido. La OTAN, al entregar armas al gobierno de Zelenski, desató una guerra contra la Madre Rusia. El llamado, por tanto, es a defenderla a como dé lugar, así sea destruyendo vidas y las condiciones de existencia de quienes, hasta poco, identificaba como étnicamente rusos, hermanos que era menester liberar de la opresión “nazi” (¡!). Y, para completar su circo, exhibió en el escenario niños ucranianos sustraídos de las ruinas de la ciudad ucraniana de Mariúpol, destrozada y luego capturada por el bestial bombardeo ruso.

Putin proyecta su agresión como si se tratase de una cruzada salvadora contra la depravación del mundo occidental y obtiene, con ello, la bendición del Patriarca Kirill, máximo representante de la iglesia ortodoxa rusa. Éste no titubeó en afirmar que el sacrificio "en el cumplimiento del deber militar" en la guerra contra Ucrania “lava los pecados". En este orden, ¿qué importa destruir escuelas, hospitales, viviendas e instalaciones de generación eléctrica? Se trata de defender el orden, la moral y los valores sempiternos que Rusia ha sabido preservar. No puede sorprendernos, viniendo de donde viene, que se afirme que los ataques genocidas a la población ucraniana ¡son obra del propio gobierno de aquel país!

Los crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en Bucha, Mariúpol, Chérnigiv y otras poblaciones –centenares de muertos civiles acribillados-- no serían tal en este imaginario. En la más diabólica asunción de la neolengua orwelliana, pasarían como gajes de esta guerra santa y patriótica: “La Guerra es la Paz”. Se le atribuye a Stalin haber afirmado que la muerte de una persona es una tragedia para sus deudos; la muerte de miles, sin embargo, es una estadística. Putin, con razón, busca retratarse como si asumir el rol de tan terrible antecesor demostrase su voluntad inquebrantable de defender la Rusia eterna. Viene a la mente la imagen de Maduro en 2014, cuando se hizo filmar bailando mientras que en la calle, militares y bandas fascistas asesinaban a manifestantes desarmados.

En otro plano, se ha hecho notoria en la agresión imperialista rusa a Ucrania, el uso de tropas mercenarias bajo el mando de poderosos oligarcas amigos de Putin. El más conocido, aunque no es el único, es el Grupo Wagner, que reclutó miles de presidiarios prometiéndoles la remisión de sus penas si acudían como reclutas a pelear contra Ucrania. Este grupo ya había adquirido fama como contratistas del carnicero de Siria, Bashar al-Assad, para aplastar a la rebelión en su contra, así como por su participación en la guerra civil en Libia y en los conflictos en el centro de África por el control de la comercialización de minerales y metales preciosos. Mientras, se criminaliza, con abultadas penas de prisión, a todo ruso que proteste contra la brutal agresión conducida por su presidente contra un país vecino y se terminan por cerrar los últimos vestigios de medios de comunicación críticos. Notorio también ha sido el envenenamiento de prominentes figuras contrarias a Putin y/o su misteriosa desaparición.

En Venezuela es patente que la explotación (ilegal) del oro, coltán, diamantes y otros minerales sea disputada entre el ELN colombiano y los llamados “sindicatos mineros”, con las exacciones de rigor de militares cómplices. La existencia de mafias depredadoras en algunos ámbitos de la FAN, asociadas con bandas criminales para explotar toda suerte de ilícitos, pone de manifiesto la descomposición que corroe las instituciones de un país cuando es desmantelado el Estado de derecho.

Pero no se trata solo de similitudes o de simpatías por compartir posturas contrarias a la democracia liberal. Son los acuerdos que se han venido adelantando para colocar a Venezuela –y a otros países latinoamericanos, léase Nicaragua y Cuba—bajo la esfera de influencia rusa. Recordemos la presencia de tropas y bombarderos militares rusos hace poco en el país. Son expresión de las ambiciones de poder global de Putin, que no acepta que su país sea relegado a ser una potencia de segunda. De ahí las amenazas solapadas de su chantaje nuclear contra aquellos que se le oponen. Guardando las distancias, nos recuerda la conducta de connotados jerarcas del régimen de asomar deliberadamente la amenaza contra toda crítica, para salirse con la suya. ¡Con el mazo dando!

Es menester que la ofensiva imperialista de Putin en Ucrania sea derrotada y ese martirizado país pueda disfrutar de las posibilidades de avanzar, en democracia y en libertad, con su reconstrucción plena. El trágico error del primer ministro inglés de la época, Neville Chamberlain, junto al de Francia, Edouard Daladier, de creer que apaciguaban a Hitler cediéndole el territorio checo de los Sudetes que reclamaba, no puede repetirse hoy. Señal tan clara de que los países rivales cederían ante la amenaza de la fuerza desató, como sabemos, la peor guerra que ha conocido la humanidad. Hoy no puede cederse ante las ansias de expansión de su homólogo eslavo en Rusia. Está en juego la preservación de la democracia liberal como eje de la paz, la libertad y la convivencia del mundo actual.

Derrotar a Putin, deberá incidir también en que Maduro y sus cómplices militares entiendan que no basta ya con la “razón” de la fuerza para continuar imponiéndose. Ojalá contribuya a abrir las puertas a un acuerdo con la oposición para restituir los derechos que permitan el cambio político deseado, en paz.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La “normalización” pregonada por Maduro hace aguas. El alza incontenible en el precio de la divisa, como de muchos bienes y servicios, amenaza con desatar, de nuevo, el diablo de la hiperinflación. La población sale a protestar hastiada, demandando remuneraciones dignas. Las encuestas más recientes confirman que el deterioro de sus sueldos y salarios, ya de por sí miserables, constituye su problema más inquietante. Responder a tal angustia debe ocupar un puesto central en la prédica del liderazgo opositor si quiere aunar voluntades mayoritarias para el cambio democrático. Pero las mismas encuestas suministran otro dato, muy desconcertante: la población está decepcionada en alto grado de los políticos, incluidos los que componen el liderazgo opositor. Dependiendo del dirigente, el nivel de desconfianza llega a superar aún el que se expresa por Maduro. Sin embargo, más de un 80% de los encuestados se muestra a favor de la necesidad de un cambio político. ¿Cómo abordar esta incongruencia?

La conexión del liderazgo político con los problemas de sobrevivencia del venezolano de a pie requiere de una narrativa que sea creíble. Las bajas remuneraciones no resultan simplemente de una voluntad perversa que se niega a aumentarlas. Es resultado de una voluntad perversa, sí, pero que destruyó la economía de tal forma que su productividad se vino al suelo. Aun queriendo, no puede mejorarse el poder adquisitivo de los salarios. Cayó, además, la producción petrolera y, con ello, el ingreso externo. Ya no puede financiar aumentos administrativos de salario como antaño. En 2022, la producción apenas superó los 700 mil b/d. Su venta requirió de fuertes descuentos, pagando peajes diversos: habrá facturado menos de $15 millardos. Además, PdVSA ha tenido que importar productos refinados –incluyendo gasolina— para atender la demanda interna y crudo liviano para mejorar el crudo pesado de la faja. También ha contratado, con los iraníes, trabajos de recuperación de algunas refinerías del país. Por tanto, el remanente que aún queda para responder a las múltiples necesidades de la población es mínimo. Contrasta con el dispendio del último gobierno de Chávez, cuando se produjo a diario más de 3 millones de barriles que trajeron, como ingreso de exportación, una media de $75 millardos cada año.

Pero, además, la capacidad del aparato administrativo del Estado para atender los requerimientos de los venezolanos está seriamente disminuida. No es sólo el deterioro de los servicios públicos. Son también las deficiencias que resultan de la fuga de talento, dados los pésimos salarios de los empleados públicos; lo engorroso de muchos trámites; la discrecionalidad con que se autorizan; los peajes para “habilitarlos”; la opacidad e incertidumbre sobre sus resultados; las corruptelas y tantas otras trabas burocráticas. Lejos de ser fuente de soluciones, el Estado venezolano es, en buena parte, el problema.

Rescatar la capacidad de respuesta del Estado a los problemas del país requiere su reforma a fondo. Debe desprenderse de empresas deficitarias y demás activos que lastran su presupuesto; sanear y conciliar sus cuentas; reestructurar sus deudas; sincerar las tasas que cobra; avanzar en un proceso de reingeniería de procesos que simplifique su gestión, acompañado de las reformas correspondientes en su ordenamiento legal y reglamentario; actualizar e integrar la plataforma tecnológica con base en la cual presta sus servicios; restituir la carrera pública, con una estructura de remuneraciones basada en la meritocracia, libre de condicionamientos partidistas y personales; capacitar el personal y ajustar la nómina en aras de un Estado ágil, versátil y eficaz; e invertir en los equipos e instalaciones que requiere para ello. Debe enmarcarse en la reactivación y profundización del proceso de descentralización de la gestión pública, de manera de hacerla más transparente, abierta y asequible a la ciudadanía.

Adelantar tales reformas plantea un serio problema de financiamiento. Como fue destruida la industria petrolera, se debe acudir a la banca multilateral. Pero ésta impone condiciones al país solicitante de fondos para asegurar el crecimiento económico y el pago de sus deudas, como la atención a sus repercusiones sociales para evitar protestas que pudiesen desbarrancar su implementación. En el corto plazo, lo anterior se resume en el programa de estabilización macroeconómica de que tanto hablan los economistas y, hacia plazos más largos, en la instrumentación de reformas estructurales que eliminen las trabas al desarrollo y permitan oportunidades equitativas para acceder, en libertad, a sus frutos.

Pero no se trata de dar clases de economía a la población. Basta señalar, por ahora, que: 1) el ajuste económico deberá ser de naturaleza expansiva, dado el abismal desempleo de recursos productivos en el país. Tiene que apartarse claramente del ajuste contractivo, empobrecedor e inviable --por no poder estabilizar el tipo de cambio-- aplicado por Maduro. El aspecto clave está en la calidad del gasto, en mejoras en los servicios y en la gestión pública en general --externalidades positivas—, para reducir los costos de transacción e incentivar la inversión y el emprendimiento; y 2) tal ajuste expansivo requiere de financiamiento internacional, ergo, del cumplimiento de las condiciones arriba referidas, incluyendo una reestructuración a fondo de la deuda externa venezolana.

El proceso de primarias para elegir el candidato opositor en las elecciones de 2024 debe aprovecharse para forjar ideas-fuerza en torno a estos planteamientos, capaces de generar confianza en la superación del funesto modelo chavista. Chávez capitalizó el descontento de los ’90 con una idea simple, sin mayor definición: la “refundación” de la Patria. Implicaba desmontar las trabas que impedían al pueblo disfrutar de las posibilidades que debería ofrecer un país rico como Venezuela. Llevó al reparto discrecional “socialista”, basado en el desmantelamiento de las garantías y la imposición de controles de todo tipo. Acabó con la iniciativa privada y permitió el saqueo de PdVSA y de los recursos públicos en general. Es decir, acabó con las fuentes de riqueza cuya compartición solventaría los problemas de los venezolanos.

Ante la destrucción de riqueza inherente al desempeño chavo-madurista, la oposición democrática debe contraponer, como solución clara y única posible, la creación de riqueza. Se trata de cambiar a fondo el arreglo prevaleciente, no de administrarlo mejor o más pulcramente. Implica una narrativa ajena a la de la competencia populista que se cultivó, tantos años, con el usufructo dispendioso de la renta petrolera. Fue la base del socialismo expoliador que es menester superar, para bien de la población.

¿Cómo crear riqueza? Implica fomentar condiciones para que prosperen negocios que compitan en calidad y precios. Significa promover y facilitar el emprendimiento, con acceso a capital de riesgo y normativas que reduzcan la incertidumbre. Es garantizar los derechos laborales para fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores ante la empresa o el Estado, así como los derechos de propiedad de activos productivos y personales. Son las garantías necesarias para generar confianza, estimular inversiones y promover el empleo productivo. Obliga a extirpar las extorsiones y “mordidas” de funcionarios y Guardias Nacionales corruptos. Exige transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Requiere de servicios públicos eficientes, y tener acceso a una educación y a una asistencia sanitaria de calidad. Supone el libre acceso a la información y a las opiniones de interés para la toma de decisiones acertadas para un emprendimiento o para salvaguardar el bienestar familiar.

Es la respuesta a las angustias y aspiraciones que mueven al venezolano en su día a día. El ejercicio pleno de los derechos constitucionales y la participación ciudadana activa a nivel local, regional y central es condición para aprovechar a cabalidad el enorme potencial para crear riqueza de los venezolanos tanto de adentro como de afuera. De ello dependerán, asimismo, los apoyos internacionales necesarios.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Al final de una larga entrevista, el historiador argentino, Federico Finchelstein, especializado en el estudio del fascismo, tanto en sus expresiones clásicas como en las contemporáneas, y autor de varios libros sobre el tema, descarta el término, “fascismo de izquierda”, para referirse a regímenes como el de Maduro[1]. Siendo su ideología inherentemente de derecha, un fascismo de izquierda no tendría sentido.

Esta opinión contrasta con la de muchos otros analistas para quienes el fascismo --comoquiera que lo definamos-- no posee una ideología distintiva. Recordemos para empezar a Umberto Eco. Consideraba al fascismo como un fenómeno propio de la Italia de Mussolini, sin doctrina específica, sino guiado por un pragmatismo ecléctico. No existía ninguna “ideología fascista” que inspirase movimientos parecidos en otros países. Estas similitudes las englobó en su escrito, bajo la fórmula de “Ur-fascismo”[2]. Diversos movimientos “proto-fascistas” responderían a resentimientos particulares, enraizados en experiencias de sociedades distintas. No obedecerían a una doctrina única, común, como en el caso del comunismo. Sin embargo, compartieron construcciones simbólicas análogas para canalizar a su favor, políticamente, este resentimiento.

Ello permite a otros autores[3] hablar de un “fascismo genérico”, caracterizado por un conjunto de elementos comunes que aparecen, bajo formas distintas, en estos movimientos. Ha perdurado, empero, la definición estalinista del fascismo como enemigo antagónico del comunismo, a pesar de sus afinidades totalitarias, por lo que –también para Finchelstein-- no podía ser de izquierda.

¿Y a qué vienen estas disquisiciones teóricas? La perspectiva de un “fascismo genérico” contribuye mucho a entender el fenómeno chavista, aún cobijado de “izquierda”. Permite, a su vez, elaborar un argumento crítico sobre la actitud de algunos gobiernos de izquierda –hoy en auge en la región-- con respecto a su relación con los gobiernos de Maduro y de Daniel Ortega. Asimismo, un examen serio de este tema rescata al fascismo como categoría de análisis, que ha sido tan banalizado por la izquierda estalinista como simple epíteto descalificador de quienes esgrimiesen posiciones contrarias.

El liderazgo carismático de Chávez encaja claramente con la definición de fascismo genérico. Invocó la épica emancipadora para exacerbar fibras chauvinistas, cebando su discurso en la denuncia populista de las élites gobernantes --la oligarquía criolla-- que habían traicionado los sueños de Bolívar. Eran enemigos de Venezuela, al servicio del imperialismo de ayer y de hoy. Como heredero autoproclamado del Libertador, encabezaría la lucha redentora del Pueblo noble y patriota contra estos apátridas.

Su política tomó la forma de una guerra, salpicada de términos militares y de un lenguaje de odio para atizar la violencia contra aquellos por parte de sus bandas de choque camisa-roja. Buscó legitimar, ante sus partidarios, la discriminación, desde el Estado, de quienes no comulgaban con su prédica visionaria: al enfrentarse a Chávez, no podían ser Pueblo. Como en el fascismo clásico, su prédica se condimentó con el culto a la muerte, “patria, socialismo o muerte”, y propició la supremacía de lo militar. La obsecuencia y lealtad absoluta a su persona fue exigido como criterio sine qua non para participar en el destino glorioso que depararía su lucha –la construcción del Hombre Nuevo. Ello habría de eliminar toda manifestación ciudadana autónoma para subsumirla en una masa uniformemente “revolucionaria”.

La deriva de la prédica chavista hacia cánones comunistas, bajo la tutela de Fidel Castro, ejemplifica cómo discursos que pregonan “verdades” muy distintas a las del fascismo clásico --en este caso, la mitología comunista, pero también de inspiración religiosa o atávica—pueden alimentar fanatismos que desatan prácticas políticas muy parecidas. El neofascismo admite, por tanto, el concepto de “fascismo de izquierda” (la discusión de sí Chávez, en realidad, fue comunista, tendrá que esperar otro momento).

Un aspecto a destacar del fascismo es su necesidad de mantener la tensión del combate para galvanizar a sus partidarios en su lucha. La lucha es su razón de ser. Nunca el enemigo es totalmente derrotado; emergerán otras amenazas; no se puede bajar la guardia ni confiar en “los otros”, etc., etc. Esta vocación, por destructiva, es inherentemente revolucionaria. Le sirvió muy bien a Chávez para desmantelar la institucionalidad del Estado de derecho que constreñían su ambición de poder. Llenó el vacío resultante con su poder personal, omnímodo y discrecional, que no admitía disidencia alguna. La revolución era él.

Al ocupar la presidencia Maduro, continuó con la labor destructiva de su mentor. Se afincó en violentar el ordenamiento constitucional para anular a la Asamblea Nacional, en manos opositoras. A diferencia de aquél, empero, no gozaba ni del carisma ni de la ascendencia política (ni militar) para sustituirlo con su poder personal. Acudió a aquellos estamentos militares quienes, encandilados por el discurso patriotero de Chávez, habían adquirido creciente coprotagonismo en lo que resultó, en realidad, un proceso de traición a la patria. Terminaron por ocupar el poder. Pero como ya no les movían fantasías redentoras, bastante desprestigiadas, se fueron adueñando de importantes puestos sobre la economía. Los llevó a consolidar una institucionalidad paralela, afianzada en las jerarquías y estructuras castrenses, que proporcionase ciertas seguridades a sus empeños. Y, junto a los enchufados civiles, cual mafias de película, coincidían en la conveniencia de contar con un marco de “normalización” que permitiese lavar sus fortunas mal habidas. Fueron inclinándose hacia posiciones propias de las dictaduras militares tradicionales, interesadas en evitar zozobras que pudieran afectar su dominio. No obstante, al carecer de las garantías de un Estado de derecho capaz de generar confianza, estabilizar los precios, atraer inversiones y generar empleo productivo, el “arreglo” económico fue haciendo agua. Hoy estamos, de nuevo, a las puertas de un proceso hiperinflacionario, con terribles consecuencias para la población.

Emerge, entonces, un equilibrio precario de poder entre quienes les interesa cierta estabilidad, con la esencia propiamente disruptiva del fascismo, en cuyo vértice intenta balancearse Maduro. Diosdado Cabello excita adrede reflejos fascistoides con el proyecto de ley en contra de las ONGs, para pescar en río revuelto ante la coyuntura presentada. Aparece una “Misión de Verdad” (¡!) para estigmatizarlas por no comulgar con la única verdad aceptable. Desde el Ejecutivo se acentúa la arremetida en contra de los medios de comunicación. Reaparecen bandas fascistas para amenazar a quienes salen a la calle exigiendo un salario digno porque no aguantan más. Y Maduro, tratando de complacer a todos, vuelve a denunciar a las sanciones impuestas por EE.UU. como escapatoria. El desbarajuste de las fuerzas opositoras, notoria luego de la defenestración --sin estrategia alternativa-- de la presidencia interina, le tiende la cama a quienes piensan que es el momento propicio para “aniquilar al enemigo”.

La idea de la política como una guerra contrasta con la estabilidad procurada por quienes buscan salvaguardar sus intereses. Estas contradicciones deben ayudar a asentar una estrategia más efectiva para la recuperación de la democracia. De reactivarse la negociación en México, ¿Podrá aspirarse a que surjan posturas más abiertas al retorno al ordenamiento constitucional dentro del oficialismo? ¿Qué hace falta para que ocurriese? Suponiendo el interés de un chavismo no fascista en estabilizar su situación, ¿Estaría dispuesto a acompañar a la oposición en la restitución de la institucionalidad democrática? ¿Cómo combinar ello con las aspiraciones de mejora y de justicia de las mayorías?

Finalmente, es menester denunciar que, detrás de ese antiimperialismo pleno de clichés revolucionarios, se ampara una dictadura primitiva que, en reacción a las conquistas de la democracia liberal en el mundo de hoy, busca aliarse con despotismos criminales, negadores de derechos humanos fundamentales, como los de Putin, Cuba e Irán. No es posible que algunos gobiernos de la región que se consideran de izquierda continúen alcahueteando regímenes represivos y torturadores, verdugos de la libertad.

[1] Los populismos de extrema derecha, ¿una vuelta al fascismo? https://gatopardo.com/noticias-actuales/federico-finchelstein/

[2] ECO, Umberto, “Ur-fascismo”, New York Review of Books, June 22, 1995

[3] PAYNE, Stanley (1997), A History of Fascism 1914-45, Routledge, London and New York; PAXTON, Robert O. (2005), Anatomía del fascismo, Ediciones Península, Barcelona, España.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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El Banco Central de Venezuela (BCV) no publica cifras sobre la producción (PIB) en Venezuela desde el primer trimestre de 2019, ni sobre su balanza de pagos con el exterior. Los últimos datos oficiales dados a conocer sobre la gestión fiscal son del informe de 2017 a la Security and Exchange Commission (SEC) de EE.UU. Corresponden al año 2016. Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre fuerza laboral y comercio, llegan hasta el primer semestre de 2018. Los últimos informes sobre la gestión de PdVSA son del año 2016. Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE) no salió después de 2014.

O sea, estamos en una situación de inopia informativa oficial en cuanto a estadísticas sobre la economía. Tal opacidad disimula la corrupción y acentúa la inseguridad para inversionistas, ya mosqueados a causa de la disparatada conducción de la economía durante la gestión de Maduro. No obstante, este blackout informativo cumple un propósito. Como émulo del ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, le ha permitido inventar una falsa “realidad” en la que las sanciones económicas de los EE.UU. contra el Estado venezolano constituyen la razón del empobrecimiento brutal de la población, escamoteando, así, su criminal responsabilidad en ello. Pero, aún incompleta, la información oficial existente, junto con alguna otra fuente y estimaciones confiables, desmontan tal pretensión. Que me perdonen mis lectores, entonces, por someterlos a una pesada relación de datos estadísticos a continuación.

Maduro hereda una economía hinchada por la exportación de crudo durante la última presidencia de Chávez. El precio promedio del crudo exportado durante esos seis años fue de $80,89 y el valor de estas exportaciones promedió $75 millardos anuales. Financió importaciones (promedias), cada año, de $50 millardos. En comparación, las cifras correspondientes a los cinco años del gobierno de Rafael Caldera (1994-1998) fueron (promedios anuales): $14,67 el precio del barril de crudo; $14,82 millardos de exportaciones de petróleo; y 12,38 millardos de importaciones. Claramente la fortuna le sonrió a Chávez.

Pero, no satisfecho con aquello, aumentó la deuda pública externa desde $26 millardos en 2006 a más de $113 millardos al finalizar su mandato. Al sumar los ingresos domésticos (deuda, impuestos, tasas, etc.), pasaron por las arcas del Estado en cada año de su período, una magnitud (promedia) de recursos por habitante 3,4 veces superior a la del último año (1998) de Rafael Caldera. El gasto público promedió más de 35% del PIB, llevando al déficit fiscal a más de 10% de tal variable. Por otro lado, en nombre del “socialismo del siglo XXI” arrasó con expropiaciones, impuso controles de precio y de tipo de cambio, así como regulaciones diversas, provocando una fuga de capitales de $75 millardos. Al finalizar su gestión (2012), su socialismo de reparto había incrementado el consumo privado por habitante en un 55% con respecto a 1998. Recordamos a Jorge Giordani, su ministro de planificación para entonces, confesar que, como 2012 era año electoral, había que “botar la casa por la ventana”.

Al asumir su gobierno, Maduro habría pensado que tenía el traje hecho. Durante sus primeros dos años de gobierno, además, los precios del crudo venezolano de exportación se mantuvieron muy altos, promediando $98,08 en 2013 y $88,42 en 2014. No obstante, al continuar con las regulaciones y controles impuestas por su mentor, la economía se estancó y comenzó a contraerse. El designado quiso seguir, empero, con el derroche de aquél. El gasto público se elevó a 43% del PIB. A pesar de exprimir todavía más a Pdvsa y aumentar la deuda pública externa para financiarlo, la brecha fiscal se ensanchó, dado el encogimiento de los ingresos tributarios por la reducción de la actividad económica interna y por el desplome los precios internacionales del crudo a finales de 2014 (promediaron $44,65 por barril, en 2015 y $35,15 en 2016). El déficit del gobierno central llegó al 23,7% del PIB en 2016, acentuando gravemente las presiones al alza de los precios de los bienes y servicios.

La inflación, de 20,1% a finales del gobierno de Chávez, fue escalando hasta llegar a 274,4% para 2016 (cifras del BCV). Pretendiendo defender el poder adquisitivo de los trabajadores, Maduro decretó sucesivas alzas del salario mínimo (incluyendo bono de alimentación), 7 veces hasta finales de 2016. Pero, ante la caída de los ingresos fiscales y su empeño en privilegiar el pago creciente del servicio de la deuda pública, tuvo que recurrir a financiar estos aumentos con emisión monetaria del BCV, es decir, con dinero sin respaldo. La base monetaria se fue expandiendo, llegando a ser, para finales de 2016, 19 veces el monto de 2012, combustible para la inflación. Peor aún, durante esos años mantuvo el control de cambio, racionando al dólar oficial a precios ridículamente bajos, cuando los del mercado negro eran centenares de veces superiores. Ello dio lugar a la corruptela más masiva de nuestra historia, con miles de millones de dólares birlados a través de distintos ardides, que fueron a engrosar cuentas privadas en el extranjero. Las reservas internacionales, que habían llegado a superar los $43 millardos en diciembre de 2008, estaban a menos de $11 millardos para 2016.

Lo comentado ocurrió antes del 25 de agosto de 2017, cuando el gobierno de EE.UU., impuso las primeras sanciones económicas al Estado venezolano. Fueron en respuesta a la elección fraudulenta de una asamblea constituyente para usurpar potestades de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Estas sanciones prohíben que entes públicos venezolanos, incluyendo a Pdvsa, operen a través del sistema financiero de EE.UU. Cabe señalar, empero, que, para noviembre, el Estado había entrado en una situación de default de hecho de sus bonos Pdvsa, impago que luego se extendió a otras deudas. Fue resultado de un cronograma de pagos de su enorme deuda concentrado entre 2017 y 2027, que montaban a cerca de $10 millardos anuales, cuando las exportaciones petroleras, alcanzaban, desde 2015, unos $30 millardos. Por ende, el Estado venezolano hubiera quedado fuera de los mercados financieros internacionales de todas formas, independientemente de las sanciones.

Para finales de 2017 y luego de cuatro años continuados de contracción económica, el ingreso per cápita del país era más de un 34% inferior a cuando Maduro entró la presidencia. Pero, además, su disparatada conducción de la economía había generado desequilibrios inmanejables, que hicieron que se desatara un proceso hiperinflacionario, con terribles consecuencias para el venezolano de a pie. Cifras del BCV indican que el PIB siguió su caída el año siguiente (2018), de manera que, aún antes de que el gobierno de EE.UU hubiese prohibido a empresas con negocios en ese país transar con petróleo venezolano, el ingreso por habitante había caído aún más, en un 44%. Tal cifra representa un promedio; el deterioro entre los asalariados fue todavía mayor. Recordemos, además, la terrible escasez de artículos de consumo que enfrentaban y el colapso en la prestación de servicios públicos.

Al imponerse las sanciones petroleras a Venezuela a comienzos de 2019, ya la producción de crudo se había reducido a sólo 1,43 millones de b/d (cifras oficiales), una caída de más del 50% desde finales de 2012. Cabe señalar que, desde la reducción de sus precios internacionales a finales de 2014, el país miembro de la OPEP que registraba la peor caída de su ingreso per cápita (real) fue Venezuela (se excluye Libia, por estar en guerra). Salvo Guinea Ecuatorial y, en menor medida, Angola, los demás países crecieron o permanecieron igual[1]. El haber terminado de entregar Pdvsa a militares que no tenían experiencia alguna en su manejo, designando al general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo como su presidente, incidió, sin duda, en este balance tan negativo.

A partir de 2018, estimaciones confiables señalan que siguió contrayéndose nuestra economía hasta finales de 2021. Hay consenso en que el PIB llegó a tener un tamaño de aproximadamente entre el 25% y el 30% del de 2013.

Lo reseñado me permite las siguientes respuestas como conclusión:

1. ¿Son las sanciones la razón del grave deterioro en el bienestar material de los venezolanos? No. Pero eso no cambiará el discurso del Goebbels criollo ni hará que su hijo deje de hacer el ridículo alabando su manejo de la economía. En realidad, la suerte de sus compatriotas los tiene sin cuidado.
2. ¿Las sanciones redujeron los ingresos por exportación? Es posible. Una proyección lineal de la caída en la producción de petróleo desde comienzos del período de Maduro arrojaría un nivel de unos 1,1 millones de b/d para finales de 2021. Pero resultó menor (0,87 millones de b/d, según cifras oficiales). No obstante, esta mayor disminución tiene también explicación en el saqueo y pésimo manejo a que fue sometida Pdvsa. La reducción causada en el ingreso se debe más a los descuentos a que se ha tenido que vender el petróleo venezolano para evadir las sanciones.
3. ¿De no existir las sanciones, la situación (promedia) del venezolano sería mejor? Es discutible. No debe pasarse por alto que lo que se ha asentado en Venezuela es un régimen de expoliación. Impide que ingresos mayores redunden en beneficio de las mayorías. Tampoco la relación es simétrica. De haberse reducido los ingresos por exportación por las sanciones, no significa necesariamente que levantarlas permitirá recuperarlos. La destrucción de Pdvsa ha sido muy alta, difícilmente reversible.
4. Es preocupante que muchos voceros opositores hayan asumido posiciones cada vez más parecidas a las de Maduro, exigiendo el levantamiento de las sanciones, como si nada. Si bien su aplicación no ha resultado en el desplazamiento de la dictadura, no implica que deban levantarse sin exigir nada a cambio. De hecho, les afecta y por algo piden su eliminación. Por tanto, constituyen una poderosa carta para negociar condiciones que permitan el retorno a la democracia.

[1] OPEC, Anual Statistical Bulletin, 2022

Las encomiables labores de muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) les han ganado la estima de la sociedad venezolana actual. Ante la destrucción de la economía y el colapso del Estado, con su consecuente incapacidad para responder a las múltiples demandas de la población, venezolanos conscientes, de gran sensibilidad social y espíritu solidario, dispuestos a ayudar al prójimo, fueron estructurando, en respuesta, organizaciones diversas.

Con sus esfuerzos en parcelas particulares del quehacer social, han ido llenando el vacío dejado por la devastación institucional. Así, en campos de la salud, educación, cultura, medios, alimentación, igualdad femenina, de los Lgtbi, derechos indígenas, vejez, seguridad personal y muchos otros, el venezolano de a pie ha podido encontrar asistencia y amparo ante sus carencias. Pero es, sobre todo, en torno a la defensa de los derechos violentados por la represión, el acoso y la desidia de los círculos más elevados de poder, donde han adquirido más significación y prestancia.

Porque sin derechos civiles y políticos elementales, el venezolano difícilmente puede luchar para hacer valer sus derechos en los demás ámbitos de su vida. Y, sintiendo su poder desafiado por este compromiso de las ONG por hacer respetar y cumplir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, instancias del chavo-madurismo han aprobado, en primera discusión de la asamblea oficialista, un proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

En el proyecto que leo en mi computadora, luego de unos primeros artículos anodinos sobre asuntos de registro, definiciones y otros aspectos administrativos, se hace conocer, a partir del artículo 7, su verdadera intención. Éste se intitula, «De la limitación de sus facultades». Deben acotarse, expresamente, a «las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos». Suena lógico. Pero con base en tal enunciado se introducen acciones de supervisión y control por parte del Ejecutivo Nacional, como las sanciones correspondientes si se transgrede la norma, sobre todo si «comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil» (numeral 3, artículo 13). Para quienes carecen de suspicacia, la transgresión anterior se hace explícita más adelante, en el artículo 15, referente a las Prohibiciones:

«Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos 2. Realizar actividades políticas 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”. (negritas mías, HGL)

Dada la plasticidad complaciente con que jueces abyectos aplican la ley, el último numeral deja en manos de la discreción autocrática las demás actividades a prohibir. Entre las sanciones, está la disolución de la ONG, incluyendo «medidas cautelares … para evitar la continuación del delito.» Y, más adelante (artículo 16), se establece que, si la ONG no notifica lo que recibe como donaciones, «será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.» (negritas mías, HGL)

Para disipar toda duda respecto a la intencionalidad de este proyecto de ley, basta leer su exposición de motivos. Parte de la existencia de una conspiración internacional que, «anclado en el derecho de asociación que está consagrado en la Constitución» (…) abusa de esta libertad a través de las ONG, «en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares.» (…) «Un análisis riguroso (¡!) de estas instituciones permite observar que dependen casi en exclusiva de la «ayuda» de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención.» Por tanto, la normativa a aprobar, «reivindica la soberanía del Estado» (OJO, no de la nación), para enfrentar esta amenaza. En palabras de Diosdado Cabello: «Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero».

La esencia de todo régimen totalitario es copar todos los espacios de poder, controlando los aspectos más básicos de la vida en sociedad, para perpetuar la posición de dominio de quienes ejercen el poder central. Esto implica, por tanto, la prohibición de la política como ejercicio soberano de quienes integran la nación venezolana.

La normativa en comento encubre este despropósito manifestando, en su artículo 3, que «facilita el derecho de asociación licita, previsto en la Constitución.” Sin embargo, el último artículo (17) aclara que: «De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos.» Reaparece, así, el adefesio comunitario, controlado desde el poder por las leyes dictadas al respecto, la versión chavista del Estado Corporativo fascista de Mussolini.

Aristóteles señaló que el ser humano es un zoon politikon (animal político). Afirmaba, así, el apremio de participar activamente en los asuntos públicos (res publica) de las ciudades-estado griegas, atributo central de su democracia. Hoy, la sociedad civil se activa en la forma de un poder ciudadano amparado en derechos individuales irrenunciables, sujetos al cumplimiento de sus deberes, que acreditan su demanda porque le sean rendido cuentas de manera transparente de la gestión pública y se le garantice justicia, conforme a los criterios contemplados en el contrato social (constitución) con base al cual se articula esa sociedad.

En Venezuela, al desmantelar el Estado de Derecho, la lucha por que sean observados los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna ha sido asumida, en sus diferentes manifestaciones, por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Y es ese ejercicio de ciudadanía, contrapeso de los abusos cometidos desde el poder, lo que la autocracia militar despótica chavo-madurista no se puede permitir. Sobre todo, aquellas ONG que denuncian sus atropellos ante los organismos defensores de los derechos humanos de la ONU y la OEA, así como ante la Corte Penal Internacional.

De ahí el acoso y persecución de activistas, su represión y encarcelamiento, la tortura de quienes luchan por la democracia, y la agresión contra medios de comunicación independientes, cuyo zarpazo más reciente ha sido el ataque, la semana pasada, contra el diario El Nacional. Ahora pretenden complementar su arsenal represivo con este instrumento jurídico para acabar con las ONG que desafían el poder autoritario de quienes se han cogido el país para ellos, militares y civiles. Para los opresores, las ONG estarían financiando actividades terroristas (¡!).

Es emblemática que esta ofensiva sea asumida por la figura más conspicua del fascismo venezolano, Diosdado Cabello. ¡Siempre habrá enemigos a vencer, a quienes no debemos dar cuartel! ¡Para eso estamos nosotros, los militares chavistas sin escrúpulos!, parece espetarnos con sus cínicas imprecaciones.

Y uno se pregunta, ¿Cómo encaja ello en el escenario de la supuesta normalización que Maduro pretende simular, de su interés por ser aceptado por la comunidad internacional y la continuidad de las negociaciones con sectores de oposición? La apelación a los primitivos esquemas represivos del chavismo y a colectivos fascistas que amedrentan la protesta no son buenos augurios.

No podía faltar, en este orden, la incesante alaraca «en defensa de la patria ante la agresión imperialista», para que sean levantadas las sanciones contra los personeros centrales del chavismo, violadores de derechos humanos, blanqueadores de dineros mal habidos y otras vagabunderías. Porque lo que en realidad se defiende, como los venezolanos estamos hartos de confirmar, es la impunidad con que los que se han apropiado del Estado han amasado inmensas fortunas, al amparo de la destrucción del ordenamiento constitucional y la democracia. Lo que queda son las ONG: ¡A defenderlas!

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

Las encomiables labores de muchas organizaciones no gubernamentales (ONGs) les han ganado la estima de la sociedad venezolana actual. Ante la destrucción de la economía y el colapso del Estado, con su consecuente incapacidad para responder a las múltiples demandas de la población, venezolanos conscientes, de gran sensibilidad social y espíritu solidario, dispuestos a ayudar al prójimo, fueron estructurando, en respuesta, organizaciones diversas.

Con sus esfuerzos en parcelas particulares del quehacer social, han ido llenando el vacío dejado por la devastación institucional. Así, en campos de la salud, educación, cultura, medios, alimentación, igualdad femenina, de los LGTBI, derechos indígenas, vejez, seguridad personal y muchos otros, el venezolano de a pie ha podido encontrar asistencia y amparo ante sus carencias. Pero es, sobre todo, en torno a la defensa de los derechos violentados por la represión, el acoso y la desidia de los círculos más elevados de poder, donde han adquirido más significación y prestancia. Porque sin derechos civiles y políticos elementales, el venezolano difícilmente puede luchar para hacer valer sus derechos en los demás ámbitos de su vida.

Y, sintiendo su poder desafiado por este compromiso de las ONGs por hacer respetar y cumplir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, instancias del chavo-madurismo han aprobado, en primera discusión de la asamblea oficialista, un proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

En el proyecto que leo en mi computadora, luego de unos primeros artículos anodinos sobre asuntos de registro, definiciones y otros aspectos administrativos, se hace conocer, a partir del artículo 7, su verdadera intención. Éste se intitula, “De la limitación de sus facultades”. Deben acotarse, expresamente, a “las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos”. Suena lógico. Pero con base en tal enunciado se introducen acciones de supervisión y control por parte del Ejecutivo Nacional, como las sanciones correspondientes si se transgrede la norma, sobre todo si “comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil” (numeral 3, artículo 13). Para quienes carecen de suspicacia, la transgresión anterior se hace explícita más adelante, en el artículo 15, referente a las Prohibiciones:

“Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos 2. Realizar actividades políticas 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.

Dada la plasticidad complaciente con que jueces abyectos aplican la ley, el último numeral deja en manos de la discreción autocrática las demás actividades a prohibir. Entre las sanciones, está la disolución de la ONG, incluyendo “medidas cautelares … para evitar la continuación del delito.” Y, más adelante (artículo 16), se establece que, si la ONG no notifica lo que recibe como donaciones, “será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.”

Para disipar toda duda respecto a la intencionalidad de este proyecto de ley, basta leer su exposición de motivos. Parte de la existencia de una conspiración internacional que, “anclado en el derecho de asociación que está consagrado en la Constitución” (…) abusa de esta libertad a través de las ONGs, “en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares.” (…) “Un análisis riguroso (¡!) de estas instituciones permite observar que dependen casi en exclusiva de la «ayuda» de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención.” Por tanto, la normativa a aprobar, “reivindica la soberanía del Estado” (OJO, no de la nación), para enfrentar esta amenaza. En palabras de Diosdado Cabello: “Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero”.

La esencia de todo régimen totalitario es copar todos los espacios de poder, controlando los aspectos más básicos de la vida en sociedad, para perpetuar la posición de dominio de quienes ejercen el poder central. Esto implica, por tanto, la prohibición de la política como ejercicio soberano de quienes integran la nación venezolana. La normativa en comento encubre este despropósito manifestando, en su artículo 3, que “facilita el derecho de asociación licita, previsto en la Constitución.” Sin embargo, el último artículo (17) aclara que: “De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos.” Reaparece, así, el adefesio comunitario, controlado desde el poder por las leyes dictadas al respecto, la versión chavista del Estado Corporativo fascista de Mussolini.

Aristóteles señaló que el ser humano es un zoon politikon (animal político). Afirmaba, así, el apremio de participar activamente en los asuntos públicos (res publica) de las ciudades-estado griegas, atributo central de su democracia. Hoy, la sociedad civil se activa en la forma de un poder ciudadano amparado en derechos individuales irrenunciables, sujetos al cumplimiento de sus deberes, que acreditan su demanda porque le sean rendido cuentas de manera transparente de la gestión pública y se le garantice justicia, conforme a los criterios contemplados en el contrato social (constitución) con base al cual se articula esa sociedad.

En Venezuela, al desmantelar el Estado de Derecho, la lucha por que sean observados los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna ha sido asumida, en sus diferentes manifestaciones, por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Y es ese ejercicio de ciudadanía, contrapeso de los abusos cometidos desde el poder, lo que la autocracia militar despótica chavo-madurista no se puede permitir. Sobre todo, aquellas ONGs que denuncian sus atropellos ante los organismos defensores de los derechos humanos de la ONU y la OEA, así como ante la Corte Penal Internacional.

De ahí el acoso y persecución de activistas, su represión y encarcelamiento, la tortura de quienes luchan por la democracia, y la agresión contra medios de comunicación independientes, cuyo zarpazo más reciente ha sido el ataque, la semana pasada, contra el diario El Nacional. Ahora pretenden complementar su arsenal represivo con este instrumento jurídico para acabar con las ONGs que desafían el poder autoritario de quienes se han cogido el país para ellos, militares y civiles. Para los opresores, las ONGs estarían financiando actividades terroristas (¡!).

Es emblemática que esta ofensiva sea asumida por la figura más conspicua del fascismo venezolano, Diosdado Cabello. ¡Siempre habrá enemigos a vencer, a quienes no debemos dar cuartel! ¡Para eso estamos nosotros, los militares chavistas sin escrúpulos!, parece espetarnos con sus cínicas imprecaciones. Y uno se pregunta, ¿Cómo encaja ello en el escenario de la supuesta normalización que Maduro pretende simular, de su interés por ser aceptado por la comunidad internacional y la continuidad de las negociaciones con sectores de oposición? La apelación a los primitivos esquemas represivos del chavismo y a colectivos fascistas que amedrentan la protesta no son buenos augurios.

No podía faltar, en este orden, la incesante alaraca “en defensa de la patria ante la agresión imperialista”, para que sean levantadas las sanciones contra los personeros centrales del chavismo, violadores de derechos humanos, blanqueadores de dineros mal habidos y otras vagabunderías. Porque lo que en realidad se defiende, como los venezolanos estamos hartos de confirmar, es la impunidad con que los que se han apropiado del Estado han amasado inmensas fortunas, al amparo de la destrucción del ordenamiento constitucional y la democracia. Lo que queda son las ONGs: ¡A defenderlas!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Van tres semanas desde que una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015 tomara la decisión de eliminar la Presidencia Interina (PI) ejercida por Juan Guaidó. Razones de peso habrán tenido, ya que se trata de una figura con sustento en el artículo 233 de la Constitución. En sus primeros meses, además, representó un serio desafío al gobierno de facto, contando con el apoyo de unos 60 países democráticos. Permitió abrir numerosas delegaciones de la oposición democrática –embajadores ad-hoc—en muchos de ellos, así como tener voz en la OEA, en la persona de Gustavo Tarre Briceño. Asimismo, ofreció el marco de legitimidad para amparar valiosos activos venezolanos en el extranjero de las fauces depredadoras del fascismo chavo-madurista. Tomando esto en cuenta, un analista tan importante de la región, como es el periodista Andrés Oppenheimer, se extrañó por lo que calificó como un “suicidio político” de la oposición venezolana. Desde la reunión de Davos, Suiza, Ricardo Hausmann reportó, asimismo, el desconcierto al respecto entre dirigentes de países amigos.

Sin duda se nos debe una explicación. Tan importante experiencia no puede ser, simplemente, barrida bajo la alfombra como si no hubiera pasado nada, Claro, fracasó en lograr sus objetivos: “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Pero al comienzo ello fue bandera detrás de la cual se movilizaron impacientes mayorías, esperanzadas en que se sacarían de encima la peor gestión conocida en la historia petrolera de Venezuela. La pregunta a responder es, entonces, ¿por qué fracasó, por qué se fue quedando sin fuelle?

Cabrían dos explicaciones de por qué no se plasmó el cometido expuesto: una, que fue una quimera, pues no contaba con las condiciones necesarias para que pudiera coronar; y/o, dos, que los propósitos esgrimidos fueron saboteados, conscientemente o no, por acciones que impidieron su materialización. En el extremo, se insinúa, irresponsablemente, que la experiencia obedeció a una especie de capricho personal de Juan Guaidó y de VP, como si los diputados opositores que nombraron a Guaidó presidente de la Asamblea no tuvieran que ver. Si bien deben señalarse los errores cometidos desde la PI, algunos muy comprometedores, no puede soslayarse la corresponsabilidad de muchos personeros de la Asamblea 2015, como de las alianzas forjadas en su respaldo a nivel nacional e internacional.

De ahí la pertinencia de un análisis profundo que esclarezca los desaciertos del interinato y sus aciertos, como aprendizaje valioso en la lucha por restituir la democracia. Además de ubicar responsabilidades a considerar a la hora de conformar un liderazgo democrático confiable, conectado con las aspiraciones de la gente, debe servir para calibrar mejor las causas de que Maduro y sus cómplices permanezcan en el poder. Superar una dictadura fascista no es, simplemente, “soplar y hacer botellas”.

Pero a estas alturas, las razones que llevaron al cese de la PI no han salido al conocimiento público. Tampoco la rendición de cuentas sobre su gestión que prometió Guaidó, ni las que les pidió a quienes colaboraron en ella. En vez de aclarar las cosas, parte de la dirigencia opositora decidió, como en el cuento, tirar al bebé junto al agua sucia de la tina. Su silencio –inaceptable-- sugiere explicaciones poco edificantes sobre rivalidades por el liderazgo en el seno de la alianza opositora en la Asamblea –entrarían aquí las recriminaciones de Leopoldo López-- o que la eliminación de la PI representó un gesto hacia el régimen buscando comprometerlo, en reciprocidad, con concesiones hacia el avance de una apertura democrática. De ser este el espejismo, ¿Qué han manifestado los personeros del régimen?

En estos primeros días de 2023, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, giró órdenes de captura a Julio Borges y a quienes ocupan la directiva recién nombrada de la Asamblea de 2015, Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, asilados todos en el extranjero por la persecución política en su contra. Luego Jorge Rodríguez, jefe del equipo chavo-madurista en las negociaciones reiniciadas en México, pone en suspenso los objetivos siguientes de la carta compromiso, como son la liberación de los presos políticos y lo referente a negociar condiciones electorales confiables, porque no se han entregado los $3 millardos acordados entre las partes para ayuda humanitaria. Se lanzan a la calle bandas fascistas motorizadas para amedrentar a educadores y empleados públicos en protesta por una remuneración digna y aparece la saña de Diosdado Cabello anunciando que la asamblea madurista aprobará una ley en para “controlar el financiamiento a las ONGs que conspiran contra el país”.

Convencidos de que tienen ahora la vía despejada para tratar con el gobierno de EE.UU., aumentan sus aullidos para que les sean retiradas las sanciones impuestas en su contra. Maduro, ya abandonada toda pretensión de ajustar sus alocuciones a la realidad, ofrece como razón del empobrecimiento atroz de los venezolanos --del que es el responsable principal--, una cifra sacada del aire de $232 millardos (¡!) como ingresos dejados de percibir en razón de las mismas. Y, en ese mundo al revés que proyecta todo totalitarismo, convoca a “los trabajadores” a protestar en su contra. No son, precisamente, señales auspiciadoras de una actitud favorable a acuerdos para una transición democrática.

Mientras, sigue a galope cada vez más fuerte la inflación come-salarios, continúa la flagrante violación de los derechos elementales de más de 250 compatriotas encarcelados sine die por razones políticas, se hacen crónicas las interrupciones del servicio eléctrica y del suministro de agua, y avanza el proceso de silenciamiento y acoso generalizado a periodistas y medios de comunicación.

Sorprende, salvo algunas declaraciones de Gerardo Blyde y de Juan Guaidó, la falta de respuestas claras y contundentes del liderazgo político opositor ante esta situación. Contrasta con las protestas masivas, a lo largo y ancho del país, por parte de educadores, empleados públicos y trabajadores de Guayana en contra de la funesta conducción del país a manos de Maduro y sus cómplices (a la hora de escribir estas líneas, no han ocurrido las movilizaciones convocadas en ocasión del 23 de enero).

¿Cómo es que no se anuncian lineamientos creíbles de un modelo alternativo, democrático y bien fundamentado económicamente, capaz de sembrar la confianza y la voluntad de cambio de tantos venezolanos hartos de su miseria? Si es verdad que la PI representaba una traba jpara avanzar en esa dirección, ¿qué les ofrece ahora el liderazgo político opositor a los venezolanos? ¿Cómo conectar las protestas con la aspiración de sacar de las primarias programadas para este año, un liderazgo democrático fuerte, reconocido, que canalice estas justas demandas de mejora hacia el cambio político tan necesitado?

Y, quizás aquí, se le encuentre sentido a la situación producida por la defenestración de la PI por parte de los partidos AD, UNT y PJ. Pone de manifiesto, a la luz de esas movilizaciones que están animando a los venezolanos, que la dirigencia política existente, con largos años al frente de sus respectivos partidos, debe abrir paso a un renacer de las fuerzas democráticas.

Muchos han dejado la piel en sus esfuerzos por lograr el retorno a la democracia, pero, a estas alturas, parecen haberse desconectado del sentir de la gente. Sus sacrificios no deben inhibir que expresemos nuestra aspiración de ver entrar aires frescos y mejor posicionados para avanzar en nuestros propósitos. Los honraría acompañar el pase de la batuta con una autocrítica sincera, a manera de rendición de cuentas a los venezolanos. De eso trata la democracia. Es demasiado lo que está en juego. Desde una perspectiva optimista, podríamos augurar un nuevo amanecer, prometedor, encarnado en un liderazgo renovado capaz de aunar voluntades a favor de ponerle fin a tan desastrosa gestión del Estado.

Venezuela se “ha arreglado” sólo para una exigua minoría, aquella que se recrea en el “Manhattan” con que retratan la urbanización de Las Mercedes en Caracas, con exhibiciones de Ferraris a la venta, fastuosos edificios de oficina y restaurantes colgantes, mientras el país se muere de hambre. Muchos hemos perdido el derecho a disfrutar de una jubilación merecida después de tantos años de servicio. A los jóvenes se les ha robado su futuro. Los más, han perdido las condiciones básicas de una existencia digna, amparada en servicios públicos eficientes, buena alimentación y libertad. ¿Hasta cuándo?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El inicio de año suele acompañarse de esperanzas de mejora, como si las trabas y malas energías que frustraron nuestras aspiraciones el año pasado se hubiesen ido con él. Quizás por razones de fe, emergen expectativas positivas: no merecemos las penurias a que nos ha condenado el chavo-madurismo. Bienvenidas sean, si ello se plasma en una disposición de lucha por superar las dificultades que agrian nuestro derecho a una vida mejor. Y este ánimo parece inaugurar el 2023; multitudinarias manifestaciones de docentes en pueblos y ciudades a lo largo de la nación y también de los Sidoristas en Guayana, protestando en contra de sus deplorables condiciones de vida y de trabajo. Pero, a juzgar por la visión edulcorada de “recuperación” que presentó Maduro la semana pasada en su Memoria y Cuenta, tales movilizaciones no tendrían razón de ser. ¿Realmente se recupera el país bajo Maduro?

La economía fue descrita como ciencia “lúgubre” (dismal) por parte del filósofo escocés del siglo XVIII, Thomas Carlyle. Aunque nos tilden de “aguafiestas”, debemos señalar que la superación de la miseria material de las mayorías venezolanas no será sin incrementos sostenidos en la productividad. Es decir, sin una aplicación cada vez más eficiente de los recursos a nuestra disposición para producir los bienes y servicios que requerimos. Y por integrar una economía globalizada, esta eficiencia debe reflejarse en ventajas competitivas en suficientes sectores como para pagar por nuestras importaciones.

Solemos obviar esta verdad básica, porque fuimos amamantados en la idea de que teníamos a mano una riqueza inagotable --la renta petrolera-- que eventualmente vendría al rescate. Las políticas de reparto dispendioso de Chávez, junto a la temporada de caza (de rentas) que abrió el desmantelamiento de las instituciones, afianzaron tal visión. Pero también destruyeron la gallina de los huevos de oro.

Incrementos en la productividad de una empresa resultan de la inversión en maquinarias y equipos mejorados, la mayor preparación de su fuerza de trabajo, la optimización de sus procesos de procura, manejo de inventarios y venta, y de una organización y una gerencia ágil y abierta. Éstos y otros aspectos engloban la incorporación, por distintas vías, del progreso tecnológico. Suelen entenderse como el ámbito de acción de la propia empresa.

Pero la instrumentación de estas mejoras está sujeta a incentivos, expectativas y posibilidades de financiamiento, amén de las condiciones del entorno que permitan su desempeño exitoso. En Venezuela este contexto es, como sabemos, muy adverso.

Además de enfatizar medidas propicias a la innovación y al fortalecimiento competitivo de empresas particulares, es menester identificar las trabas (deseconomías externas) que tanto merman el uso eficiente de los recursos existentes y que desincentivan el trabajo creativo. Si bien la liberalización de precios y del uso de divisas ha permitido iniciativas particulares alentadoras –la necesidad es la madre de la inventiva—, son apenas una sombra de las potencialidades que representa la vasta subutilización de recursos productivos, resultado de la destrucción urdida por la gestión chavo-madurista.

Un paso básico para poder aumentar rápidamente la productividad del país como un todo es lograr el mayor aprovechamiento posible de la inmensa capacidad ociosa del aparato productivo doméstico, tanto del campo como de la ciudad. Idealmente, aumentaría significativamente el producto sin tener que hacer importantes inversiones o sin incurrir en mayores costos. Lamentablemente, no es así, dado el grado de destrucción del tejido industrial, la desaparición de proveedores y de servicios especializados, la emigración de mano de obra calificada y de talento profesional, la reducidísima capacidad financiera de la banca y, desde luego, el colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física.

¿Cuánto pierden talleres, fábricas o comercios, por la caída del suministro eléctrico, del agua o del gas, o por tener que adquirir una planta eléctrica de emergencia? ¿Cuál es el costo para un negocio pequeño, de un transporte encarecido por las esperas interminables para cargar combustible? ¿Cuánto añade al precio final de la producción agrícola el mal estado de los caminos, la falta de gasolina y reponer el matraqueo de la Guardia en los peajes? ¿Cómo lidiar con los bajos salarios, las fallas de transporte, la inseguridad personal y el deterioro de los servicios de salud que tanto perjudican a los trabajadores?

En fin, la lista puede alargarse mucho más. Los empresarios, en épocas mejores, ya se referían a estas deficiencias como “el costo Venezuela”, que lastraban su competitividad. Hoy la situación es mucho peor; un país destruido y un Estado desguazado y, por tanto, incapaz de responder apropiadamente a los problemas nacionales. Además, debe sumarse las comisiones, extorsiones, robos y corruptelas que, amén de la inseguridad en general, pechan las actividades productivas. En ausencia de restricciones cambiarias y arancelarias, la existencia de este “costo Venezuela”, inflado, hace que la sobrevivencia de muchos negocios dependa de las bajas remuneraciones a sus empleados y trabajadores, muy inferiores a las de nuestros vecinos latinoamericanos. Por más eficiente que sea una empresa en sus actividades internas, su mayor productividad es anulada por estas deseconomías externas “revolucionarias”. Obvio que, en estas condiciones, no puede aspirarse a aumentos apreciables en el ingreso de la población.

Pero Maduro y sus cómplices se evaden construyendo un mundo de fantasía que hace desaparecer tales “menudencias”. Inventan una cifra descomunal de pérdidas atribuidas a las sanciones --¡232 mil millones de dólares desde 2015!— para ocultar su responsabilidad en la pauperización de los venezolanos.

Sucede que la prohibición de operaciones financieras a través de la banca de EE.UU. es de 2017, año en que Venezuela entró, de hecho, en default, por no poder servir la enorme deuda acumulada por Chávez y su pupilo. Para ese año, el BCV registró un PIB que se había reducido en más del 36% durante la gestión de Maduro en la presidencia. Y las sanciones petroleras se aprobaron en 2019. Para entonces, según cifras oficiales, la producción de crudo apenas superaba la tercera parte de la de 2012. La caída estimada del PIB –porque se dejaron de publicar cifras oficiales—rozaban el 60%. Y no se detuvo hasta 2021, cuando el valor de las actividades económicas en el país se había encogido a la cuarta parte del de 2013.

Maduro ahora alardea que el año pasado la economía creció en un 15%. Suponiendo, incluso, que esta cifra fuese creíble, implicaría recuperar sólo un 3,75% de lo que se produjo en 2013. Sabemos, además, que este incremento fue aprovechado por muy pocos. Al cerrar 2022 la inflación se había comido buena parte de los aumentos salariales de marzo, y el salario mínimo había caído a menos de siete dólares mensuales, unas 50 veces inferior al promedio latinoamericano.

El gobierno de Maduro amenaza con anunciar nuevas medidas salariales, aquellas que, sin mejoras en la productividad, se financiarán con emisión monetaria, combustible para la inflación. Porque, en ausencia de la restitución de las garantías, derechos a la propiedad, resolución ágil de disputas, financiamiento, recuperación del crédito internacional y de la capacidad del Estado --con rendición de cuentas y transparencia en su gestión--, Venezuela continuará sumida en la trampa en que la colocó el chavo-madurismo. Y no puede quedar fuera el pisoteo de los derechos humanos, con unos doscientos cincuenta presos políticos, emisoras cerradas y represión. Ello es consustancial a esa trampa, construida con las alianzas tejidas por Maduro para mantenerse en el poder, cuya base es el desmantelamiento del Estado de derecho. El régimen de expoliación instalado no es un accidente; tiene poderosos dolientes, sobre todo entre el reducido grupo de militares traidores que controlan la cúpula castrense.

Recuperar la capacidad productiva de petróleo tardará años y requerirá la inversión de decenas de millardos de dólares. Sanear el Estado y poner a funcionar los servicios públicos, requiere también de recursos mil millonarios, que sólo la banca multilateral puede dar. Y las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, apenas se asomarán, da no haber cambios fundamentales en la situación del país. Y sin ello, la productividad global de nuestra economía permanecerá en el subsuelo y, con ello, las remuneraciones de todo aquel que no esté bien enchufado.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El año que comienza encierra un formidable desafío para los venezolanos demócratas: construir una fuerza política lo suficientemente amplia, incluyente y enraizada en las aspiraciones de las amplias mayorías que asegure su confianza, requisito para forjar una victoria electoral en 2024, y poner así fin a lo que ha sido, sin duda, el peor gobierno de Venezuela desde que los proventos del petróleo permitieron la consolidación del Estado nacional.

Elemento importante habrá de ser, desde luego, la culminación exitosa del proceso de primarias entre las fuerzas opositoras para escoger un candidato unitario que pueda encarnar las esperanzas de esas mayorías. Habrá de resultar, necesariamente, de una conducción certera del liderazgo político, capaz de capitalizar las ventajas inherentes a la propuesta de cambio y reducir las vulnerabilidades que ha permitido a la dictadura prolongar su poder.

Lamentablemente, el año arranca con mal pie. Una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015, conformada por los partidos AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, acordó cesar la Presidencia Interina (PI), obviando la importancia de conservar la legitimidad constitucional frente al régimen de facto. Al violentar el ordenamiento de nuestra Carta Magna, éste se convirtió en dictadura.

Recuperar la democracia implica, por tanto, apelar a la Constitución para rescatar las instituciones que fundamentan los derechos que le dan contenido. Dado el fraude electoral de 2018, la fórmula residió, como sabemos, en su artículo 233. Establece el nombramiento provisional del presidente de la Asamblea Nacional en ese cargo ante la inexistencia de un presidente (legítimo).

Por tanto, como han reiterado meritorios juristas, el interinato que recayó en Juan Guaidó no deriva de las atribuciones de la Asamblea Nacional, sino de la Constitución. No corresponde a aquella cesarlo si aún persisten las condiciones que le dieron origen. Es inconsistente, además, que una Asamblea que argumenta legitimidad en términos similares al de la PI –alegando que la elección de la Asamblea madurista no fue válida (constitucionalmente)— ignore tal fundamentación cuando se trata de deshacerse de la PI. Peor aún, en su decisión crea un Consejo de Administración y Protección de Activos que pretende arrogarse potestades de resguardo y ejecución de activos nacionales mantenidos en el extranjero, propias del poder Ejecutivo. Al quebrantar el precepto básico de la división y autonomía de poderes, viola de nuevo la Constitución. ¿Ante quién rendirá cuentas este consejo, quién lo controlará?

Para superar de manera expedita el problema del deterioro percibido en la legitimidad política de Guaidó en la PI, los tres partidos deciden acabar con uno de los elementos decisivos que deben distinguir la opción opositora ante el gobierno de facto de Maduro: su legitimidad constitucional. No pretenden estas líneas hacer un balance del interinato. Coincido, con muchos, en que se cometieron graves errores que terminaron atrincherando más a Maduro. En retrospectiva, es relativamente fácil señalarlos.

Está el caso del pretendido alzamiento del 30 de abril de 2019 sin contar con las condiciones que asegurasen su éxito. Se entiende que una acción de esta naturaleza no puede someterse a la consulta democrática, ¿Pero fue una decisión exclusivamente personal? Porque es también fácil olvidarse, interesadamente, del entusiasmo y apoyo que, en sus comienzos, suscitaron muchas de las posturas asumidas desde la PI. Al asumirse como poder legislativo legítimo, la Asamblea electa en 2015 debía haber evaluado y controlado la acción de la PI para reducir su vulnerabilidad ante el asedio antidemocrático. Por ejemplo, los señalamientos en torno a la gestión de Monómeros –nunca bien aclarados–, no dio lugar a medidas. Se evidencia, por ende, que la pérdida de legitimidad política se extiende a la oposición en general.

Repito, es fácil, en retrospectiva, señalar yerros, más cuando se comenta desde la distancia. Pero ello no impide exigir un mínimo de consistencia cuando se tome una decisión de trascendencia política, como la tomada por los tres partidos en cuestión, en vez de echarle todo el muerto a Juan Guaidó.

Si la Asamblea electa en 2015 se considera legítima, es porque reclama el derecho a asumir las responsabilidades que conciernen al poder legislativo, a pesar del desconocimiento del gobierno de facto. Entre éstas estaría designar un nuevo presidente (de la Asamblea) y, por tanto, a quien le toca ejercer la PI, o fijar límites claros a su gestión, sujetos a la rendición adecuada de cuentas. La caída en la aceptación popular de todas las fuerzas opositoras, no obstante, el hecho de que la inmensa mayoría sigue rechazando al gobierno de facto, es señal clara de que comparten la pérdida de legitimidad política. Se perciben incapaces de conectarse con las aspiraciones y problemas reales de la gente. Inspiran poca confianza. Y menos ahora cuando su incapacidad de procesar diferencias políticas en su seno sin desestimar el orden constitucional, dejan entrever la prevalencia de intereses subalternos.

Las fuerzas democráticas enfrentan a un régimen que abdicó de su legitimidad al conculcar, con la complicidad de un tsj írrito, las potestades del Poder Legislativo electo en 2015 y al pretender perpetuarse con procesos electorales amañados que niegan la alternabilidad. Este atropello a la institucionalidad democrática fue acompañado de un despliegue de acciones represivas ante la protesta ciudadana, con saldo de muertes, torturas y persecuciones. Este irrespeto abierto a los derechos humanos ahondó aún más su ilegitimidad, ahora también en términos éticos y de justicia.

Finalmente, la ausencia de contrapesos y la anuencia de un poder judicial cómplice les allanó el camino a muchos «revolucionarios» para entrarle a saco a las arcas públicas, destruyendo los servicios básicos a la población y condenando a las mayorías a niveles de miseria impensadas en un país con los recursos petroleros de Venezuela. La «tapa del frasco» dictatorial ha sido al atropello o cierre de medios de comunicación independientes, más de 100 radiodifusoras en los últimos meses.

La violación abierta del orden constitucional por parte del régimen de facto de Maduro ha provocado su rechazo por parte de gobiernos democráticos de Europa y América. Ello se ha concretado, entre otras cosas, en sanciones a quienes han sido señalados como violadores de derechos humanos y de atentar contra la democracia, o de estar incursos en lavados de dinero o tráfico de drogas. Pero también en negarle a la actual gestión de Maduro, en atención a su ilegitimidad, el manejo de recursos de la nación ubicados en algunos de esos países. La legitimidad constitucional de una representación nacional alterna, la de la PI, ha sido factor tomado en cuenta para esta determinación.

Es obvio que los países desarrollados tienen sus propios intereses, pero también –al menos entre las democracias más importantes—que la defensa de valores y principios liberales de convivencia y respeto a los derechos humanos constituyen un activo que aprecian, pues aumenta su ascendencia (softpower) ante aquellas naciones que buscan, de ellas, liderazgo e inspiración. No siempre logran conciliar ambos aspectos, pero en el caso venezolano, el apego a la Constitución por parte de las fuerzas democráticas les facilitó asumir una postura consistente con la defensa de los activos de nuestra nación en el exterior ante la voracidad de los apetitos expoliadores de quienes controlan el poder. Limó en algo el alcance de la acusación de injerencia parcializada proferida por parte de regímenes dictatoriales amigos de Maduro.

Ahora que las circunstancias internacionales se han alterado por la invasión rusa a Ucrania y por la amenaza percibida por algunos en el empoderamiento de China, cabe preguntarse si, ante los avatares de la lucha democrática en un país de menor importancia, seguirán prevaleciendo decisiones que amparen los bienes nacionales de la voracidad chavo-madurista o se impondrán cambios en razón de otros intereses estratégicos en EE.UU. y la UE. Estamos hablando de Citgo, del oro de las reservas venezolanas custodiado por el Banco de Inglaterra y de otros activos.

No ayuda en nada reclamar soberanía sobre estos activos a partir de un ente que consume la violación del ordenamiento constitucional, como es el Consejo de Administración y Protección de Activos. Tampoco la pretensión de superar las incomodidades e insuficiencias de una PI poco presta a una gestión consensuada, recurriendo a procedimientos reminiscentes de la politiquería que tanto daño causó a nuestra democracia en el pasado. ¿Así se construye la unidad que desplazará al fascismo?

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

La escalada en el precio de la divisa, su presión al alza de los precios internos, y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y de quienes dependen de otras rentas fijas, pone de manifiesto el callejón sin salida a que Maduro ha conducido la economía. Quiso ganar méritos con la liberalización de precios y de la divisa, pero sin alterar la esencia del régimen de expoliación que instauró su mentor desmontando el Estado de Derecho. Un poquito de historia ayuda a poner el problema en perspectiva.

Chávez llegó al poder con una prédica populista y patriotera que prometía redimir al “Pueblo”. Su éxito requería allanar las condiciones para repartir la renta petrolera a discreción entre sus partidarios, sin restricciones de ningún tipo. Fue clave para superar las dificultades políticas que inicialmente provocó la acción de su gobierno. Por tanto, desmanteló sucesivamente aquellas instituciones que se interponían al ejercicio de su voluntad, pues ésta no era otra cosa que su “revolución”. El vacío de poder resultante lo llenó con su autoridad personal omnímoda, amparada en el carisma que arrojó su irreverencia ante normas y poderes establecidos, y la portentosa renta petrolera captada, sobre todo a partir de 2006, que alimentó el gasto populista. Desactivado el imperio de la ley, pudieron cobijarse bajo su ala protectora apetitos depredadores de toda laya. Su único compromiso era profesar lealtad a quien profesaba ser el hijo genuino del Libertador. Así Chávez pudo instrumentar su ascendencia y la prolífica renta que cayó en sus manos para forjar complicidades que consolidarían su apoyo, sobre todo entre militares corruptos.

Maduro, designado sucesor del “eterno”, no contó con el carisma de aquél ni con los montos de renta que alegremente dilapidó para granjearse apoyos. Ante la ausencia del poder personal de su mentor, optó por enfrentar el vacío institucional montando una institucionalidad paralela. La complicidad de un poder judicial corrupto le permitió violentar abiertamente el orden constitucional para desactivar un poder legislativo en manos de fuerzas democráticas y, con ello, alegar un régimen de emergencia permanente para gobernar por decreto, hacerse aprobar sus presupuestos ante el tsj abyecto y acentuar los controles sobre la economía. Y, frente las protestas, arreció con medidas de represión que dejaron centenares de muertos y consolidó un régimen implacable de terrorismo de Estado. Complementó su golpe poniendo a militares traidores al frente de responsabilidades políticas y económicas cruciales –incluida PdVSA—y trampeando el sistema electoral para instalar una supuesta asamblea constituyente y “reelegirse”. Es decir, contribuyó a “institucionalizar” el entresijo de intereses que conforman el régimen de expoliación. Con ello se llevó a la economía por delante, reduciéndola a menos de la cuarta parte de cuando llegó a la presidencia y desatando una cruel hiperinflación. Llevó a millones a la miseria, al destierro o la muerte.

La liberalización de algunos controles de precio, de la circulación del dólar y las medidas para abatir la hiperinflación –asesoradas por profesionales vinculados al expresidente ecuatoriano Rafael Correa--se montó sobre tal bagaje. Y, dada la enorme potencialidad de la economía venezolana, sofocada por años, estos respiros iniciales detuvieron la caída libre de la actividad productiva y esta empezó a crecer. A la par, la dolarización se reflejó en la proliferación de comercios de importación –los bodegones—y la revitalización de algunas construcciones en el este de Caracas. La hiperinflación cedió, al fin, al quemar divisas para retrasar el ajuste cambiario, reducir el gasto público –rebajando drásticamente los sueldos (reales) de los empleados—y secando el crédito bancario con encajes prohibitivos. Fueron los ingredientes de la tan cacareada “normalización” de la economía de la que alardeó Maduro.

Simular tal vitrina buscó tapar el colapso de los servicios públicos, incluyendo a la salud y la educación, la miseria de quienes no disponían de dólares, la destrucción de PdVSA y la escasez de gasolina, y el hecho de que la inflación todavía era de las mayores del mundo, sólo superada por la de Zimbabue. Bajo la superficie se imponía la realidad de una economía devastada, ingresos fiscales insuficientes, una corrupción desatada y una administración pública sin capacidad de respuesta.

Pero la pretensión de Maduro de cosechar réditos surfeando la ola de una promisoria liberalización incipiente se olvidó de lo más importante: sin garantías, no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión la “normalización” hace aguas. En primer lugar, porque –como hemos explicado en otras oportunidades—intentar estabilizar una economía con niveles de desempleo tan altos solo con medidas de contracción monetaria, atenta contra la recuperación económica e impide, por tanto, incrementar la recaudación fiscal. Siendo que la República está en default desde 2017 e impedida, además, de acceder al sistema financiero de EE.UU. por las sanciones, tampoco tiene acceso al financiamiento externo. Todo aumento del gasto, bien sea para atender una mejora salarial o de los servicios públicos tropieza con la falta de recursos. Se financia, por ende, con emisión monetaria (dinero “inorgánico”), combustible de la inflación y de la disparada del dólar. En segundo lugar, sin inversión no hay crecimiento de la producción y de la capacidad exportadora, del empleo y de la productividad. Recurrir al dinero de Monopolio para incrementar los salarios, resultó una burla que hoy agota la paciencia de sectores crecientes.

Las reservas internacionales están en su mínimo histórico y ya no es posible contener el alza del dólar. Desde principios de mes (diciembre), el bolívar se ha depreciado en casi un 40%. La inflación se acelera y aumenta el malestar. Los servicios públicos están cada vez peores y recrudece la escasez de gasolina. Se acabó la cuerda de la “normalización” de Maduro. Al aproximarse las elecciones presidenciales, ¿Qué va a hacer? ¿Volver a decretar aumentos salariales imprimiendo dinero, o renegar de éstas? La reversión a un proceso de hiperinflación es una posibilidad real. Zimbabue parece estar en camino.

No hay manera de estabilizar exitosamente la economía venezolana si no se crean condiciones para incentivar la inversión productiva. Pero para ello son menester las garantías y seguridades provenientes del ordenamiento constitucional, así como su observación estricta por parte de los distintos órganos del Estado. Ello es condición sine qua non, además, para concertar importantes créditos con los multilaterales y negociar la reestructuración de la cuantiosa deuda externa que agobia a la República. Pero cumplir con estas condiciones implica desmontar el régimen de expoliación, razón de ser de la “revolución” bolivariana. De ahí el callejón sin salida en que se encuentra Maduro. O restablece las garantías, arremete contra los corruptos y garantiza la realización de unas elecciones creíbles, que abran las puertas al restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos, o se cierra tras el andamiaje del Estado de Terror y de la falta de garantías que ha erigido para capear el creciente temporal con base en la represión. El cierre reciente de unas 100 emisoras de radio de provincia no es muy alentador.

La apuesta de Maduro es lograr escapar de este desiderátum con el levantamiento de las sanciones que tanto han fastidiado la voracidad depredadora de sus cómplices. Cree que, así, podrá conservar el apoyo de éstos y lograr, a la vez, un mejor posicionamiento interno para enfrentar las elecciones con mejoras puntuales, sin hacer excesivas trampas. Ya ha confesado que, no habrá elecciones confiables si no se le concede su deseo. Y empiezan a salivar Diosdado Cabello y otros con la perspectiva de oportunidades que entrevén con la dispensa otorgada a la empresa Chevron para exportar petróleo venezolano y con los USD 3 mil millones para atender la emergencia humanitaria. Caimanes en boca de caño.

De ahí lo decisivo de una negociación sólida y coherente con los objetivos planteados. Liberar los presos políticos, recuperar las garantías básicas y garantizar unas elecciones confiables, deben ser condiciones para acceder al levantamiento progresivo –contra verificación de avances concretos—de las sanciones. Obviamente, ello dependerá de la sintonía lograda con quienes han instrumentado estas sanciones en torno a los objetivos buscados y la estrategia para logarlos. Esperemos que el liderazgo democrático esté a la altura.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com