La semana pasada, El Nacional publicó un interesante artículo de Moisés Naím titulado, “Dictadores sin salida”. El autor comenta ahí la dificultad que presenta, en comparación con el pasado, deshacerse hoy de crueles dictadores. Antes, cuando se les ponía muy fea su permanencia en el poder, solían optar por un exilio dorado, frecuentemente en un país del primer mundo, con los dineros robados. Cita varios ejemplos. Pero, con los avances en el derecho internacional y/o de los países democráticos por imputar a estos dictadores por sus violaciones de derechos humanos, rapacerías y demás delitos, se les ha ido cerrando tal salida. El costo de abandonar el poder –la posibilidad de pasar el resto de su vida en una cárcel, por ejemplo—hace que se aferren a él como sea, cometiendo los crímenes más atroces, de ser necesarios. Aunque no lo cita, Nicolás Maduro es un claro ejemplo. Más allá de los errores que haya podido cometer el liderazgo opositor, su resiliencia frente a las sanciones y para capear las numerosas protestas en su contra, apelando, sin empacho, a la represión más desmedida, pone de manifiesto que desalojarlo con las fórmulas tradicionales de lucha democrática se ha hecho bastante cuesta arriba. De ahí la inclinación de algunos hacia una especie de modus vivendi con el régimen, en espera de que –al contrario de lo que reitero Cabello—“por las buenas” se logren introducir los cambios políticos.

Entre las razones que explican la disposición de Maduro a pisotear el ordenamiento constitucional para permanecer en el poder, destaca, en primer lugar, los intereses en torno a la expoliación de las riquezas del país y de los ingresos de los venezolanos, base de la alianza entre los que lo sostienen. Se asienta, como tanto se ha repetido, en el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, en particular de la autonomía y el equilibrio de poderes (incluyendo medios de comunicación críticos e independientes), en la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas sobre su gestión al frente de las dependencias públicas y, en general, en el desconocimiento extendido de los derechos ciudadanos. Los cómplices fundamentales de esta alianza estratégica contra los venezolanos han sido los componentes de la cúpula militar que traicionaron sus juramentos y sus deberes para con la patria, para enriquecerse groseramente al amparo de la destrucción del Estado de derecho. Pero las complicidades claves van más allá.

Como también ha analizado Naím en su libro, La revancha de los poderosos, Maduro no se encuentra solo en este empeño. La idea de que un dictador que transgrede los derechos humanos se aísla de la comunidad internacional y sufre el oprobio de hombres y mujeres de bien, es muy relativo. En plena guerra fría, EE.UU. amparaba a dictaduras en distintas partes del mundo para mantener a raya la amenaza comunista. La URSS hacía lo propio con regímenes de fuerza de su agrado. Desaparecida esa confrontación, emergen ahora gobiernos en distintos países en alianza heterogénea por desmontar las reglas de juego del orden internacional hegemonizado por las democracias liberales: Estados Unidos, Europa y Japón. En argumentos de la analista, Anne Applebaum (El ocaso de la democracia), conforman una especie de cofradía que adopta comportamientos similares, aprenden los unos de los otros y se prestan ayuda para superar reveses. En su arco de complicidades entran también bandas criminales, de narcotráfico y/o terroristas, igualmente enfrentadas al “imperialismo”. Frente al orden liberal, se forja una alianza antiliberal, formada por autocracias de variado signo, desde las teocracias primitivas como la de Irán, hasta las dinastías comunistas de Corea del Norte y de Cuba, pasando por dictaduras militares como las de Maduro y Ortega en América Latina, y sus similares en Asia y África. Su intención es armar un orden internacional alterno, en el cual caben acciones de fuerza si contribuyen a inclinar la correlación de fuerzas a su favor. Vladimir Putin es la cabeza más visible y agresiva de esta pandilla, como muestra su asalto cruel a Ucrania, pero quien tiene el poder para capitalizar esta alianza a su favor parece ser la China de Xi Jinping. No en balde Maduro y Padrino asumen las patrañas inventadas por Putin para justificar su bárbara e inhumana agresión a su vecino, aún ante el riesgo, cada vez más probable, de que salga derrotado. Pero, como dicen en criollo, son caimanes del mismo pozo.

Pero más allá de esta alianza entre mafias nacionales e internacionales, existe un tercer elemento que le da una inusual capacidad de resistencia a una dictadura que, en todos los ámbitos –económico, social, cultural, ambiental y apoyo político—, ha fracasado estruendosamente. Es la edificación de una falsa realidad con base en la retórica neofascista con que Chávez conquistó el poder, aderezada por slogans y mitos forjados al calor de revoluciones comunistas o de otro signo, que les sirve hoy como refugio inexpugnable a toda crítica. En el pasado, se creía que la lucha ideológica tenía como fin ganar adeptos para una causa, herramienta utilísima para conquistar el favoritismo de las masas. Sin duda que el populismo extremo de Chávez y los suyos cumplió inicialmente con estos propósitos, anteponiendo pueblo contra la “oligarquía” y hacerle creer a algunos militares –a los peores—que eran legítimos herederos del Libertador (¡!), para proceder, así, a destruir el Estado de derecho. Pero, luego de un desastre tan completo como el urdido por Maduro y sus cómplices sobre la nación, la inmensa mayoría de los venezolanos han dejado de creer en estas imposturas “revolucionarias”. Pero su ausencia de credibilidad en absoluto les molesta a quienes actualmente detentan el poder.

Lo importante ahora del discurso “revolucionario” es mantener la cohesión interna de sus partidarios. Con contraposiciones simbólicas han construido una realidad alterna que alimenta fanatismos totalmente refractarios a la racionalidad empírica para abordar los problemas del país. Su criterio de verdad no es la que, por haber salido airosa en su contrastación con la realidad, ofrece un piso sólido para avanzar en respuestas efectivas, que tengan sentido. No. La verdad es, para la cofradía de complicidades dedicadas a expoliar al país, todo lo que le sirve para fortalecer el poder dictatorial. Siempre hay enemigos al acecho, dispuestos a acabar con la “revolución”. De ahí que no viene al caso que ésta haya fracasado tan visiblemente: eso es obre de esos enemigos. ¡Hay que tener fe! De subsistir, ¡algún día podrán saborearse las mieles de la gloria! La secta, cebada con base a discursos maniqueos que alimentan el odio contra todo aquel que protesta y pide cambios, hace de semillero de bandas fascistas tan útiles para atemorizar a la población y evitar que las protestas pasen a mayores. Y, no se cofundan, es éste “El Pueblo” en beneficio del cual los jerarcas consagran sus atropellos. ¡La inmensa mayoría de venezolanos o son agentes del imperio o son unos ignorantes que se han dejado engañar por el mal!

Lo sorprendente es que, aún siendo minoritarios, todavía cerca de un 20 o un 25% de venezolanos continúen vulnerables a tales supercherías. Una manifestación de fe que, no obstante, debe alimentarse continuamente ofreciendo migajas del expolio a sus fieles y abrumándolos con un bombardeo de clichés y excusas que les echen la culpa a otros de sus infortunios. Además de la censura y persecución de los medios independientes, críticos, no se proporcionan datos sobre el desempeño económico, la gestión fiscal, los contratos o negocios celebrados con entes no públicos, nacionales o extranjeros. En fin, a la sombra de la ignorancia aumentan las posibilidades de mantenerse en el poder.

Los más cínicos y oprobiosos son los que están arriba, los que comandan esta involución al pasado. Si no fuera tan trágico, daría risa leer a cualquiera de ellos hablando de la defensa del pueblo, de los “logros”, ahora en peligro por la acechanza enemiga, de la “revolución”. En el fondo, es dudoso que crean, en verdad, sus propias sandeces. Pero están obligados a abrazarlas, pues son las “verdades” que absuelven la represión, la tortura, la violación descarada de los derechos consagrados en la Constitución y la realización de toda suerte de negocios sucios a cuenta de la “guerra económica” del imperio contra la “revolución”. No hay blindaje más efectivo que el que se construye aquel que se refugia en sus propios embustes. Al final, constituyen la única “verdad” que les es admisible. Y esta propensión a caerse a embuste la comparten con los estados forajidos y las bandas criminales con las que están aliadas. En particular, lava la conciencia de aquellos militares sin los cuales la tragedia chavo-madurista no hubiera podido materializarse. De ahí su terrible resiliencia para evadir compromisos que puedan poner en riesgo su dominio. Lo peor es que encuentran eco en la proliferación de “posverdades” con las que movimientos populistas de toda laya han aprendido a justificar sus atropellos en distintas partes del mundo. ¡Es esa la medida del desafío a enfrentar por las fuerzas democráticas en Venezuela!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

Escribo estas líneas algo consternado por la ligereza con que muchos interpretan los resultados de las elecciones del 28 de mayo en España según referentes de la situación venezolana. En sus versiones extremas, el presidente Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sería expresión de una izquierda similar a la que sostiene hoy a Maduro. Peor aún, al aliarse con nacionalistas catalanes y vascos, busca destruir a la España “única e indivisible”. Merecidamente, fue derrotado por los amantes de la libertad. De ahí la alineación automática con la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y con el partido VOX, de extrema derecha. No importa que aboguen por “aplanar” las particularidades de las distintas comunidades, limitando sus perfiles autonómicos, que nieguen la existencia de la violencia de género, desconozcan derechos de minorías, como el del colectivo LGTB+ y reivindiquen acciones propias del pasado franquista.

Tales apreciaciones, en mi opinión, malinterpretan (¿adrede?) las realidades de la política en España.

Una primera dificultad con la que tropieza un venezolano es entender la dinámica de su democracia parlamentaria, bastante disímil a la del voluntarismo presidencialista a que estamos acostumbrados, potenciado por el usufructo discrecional de una enorme renta petrolera. El Estado español vive de los impuestos y de algunas transferencias de la Unión Europea sujetas a políticas que hagan avanzar el proyecto liberal democrático compartido.

En España, además, gobiernan las mayorías parlamentarias, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas y ayuntamientos, expresión de su descentralización política. Obliga a los partidos políticos a cuidar cada escaño, a responder a los intereses particulares de sus votantes y a buscar alianzas para asegurar una mayoría. Lleva a asumir –puede pensarse— conductas que podrían calificarse de oportunistas y a privilegiar asuntos que son secundarios. Y, ciertamente, puede criticarse la ausencia de una visión de Estado en torno a problemas centrales que deberían abordarse. Pero nadie puede negar la gran estabilidad –previsibilidad, confianza-- de que disfruta la democracia española bajo este esquema.

Pedro Sánchez desplegó la habilidad política requerida para labrar una alianza mayoritaria que le permitiese conformar gobierno en España. El PSOE no goza de mayoría para gobernar sólo. Pero tuvo que hacerlo con Podemos, un partido de izquierda universitaria, rígido en sus posturas, algunos de cuyos líderes han sido señalados de haber recibido dinero de Chávez. Sánchez había aseverado que no gobernaría con ellos. Cabe recordar que su primera opción fue buscar una alianza con Ciudadanos, un partido de centro. Pero no fraguó (ese partido está en vías de desaparición). Claramente estas marchas y contramarchas le abrieron un flanco vulnerable a la artillería política de fuerzas de derecha.

Por otro lado, todavía se percola en la política de España la partición remanente de su trágica guerra civil y de la larga dictadura de Francisco Franco. Recae la lucha partidista desde líneas enfrentadas, de izquierda – derecha, que hunden sus raíces en ese pasado, dificultando la construcción de consensos nacionales en torno a problemas de Estado.

Y ello entronca con un tercer problema de enorme importancia para el futuro de España, que es el desafío que representa fortalecer la unión en la rica diversidad de sus culturas y realidades. La España “única e indivisible” es un mito que sólo existió en la retórica nacional católica con que Franco impuso su cruenta dictadura central. La progresiva unificación de una diversidad de reinos que provocó la lucha por expulsar a los moros, impulsada por la intolerancia obstinada de la iglesia católica, fue relativamente reciente. Pero se registra la existencia de una cultura vasca desde épocas romanas. Las primeras referencias de lo catalán se remontan al siglo XI de nuestra era. Asimismo, lo que es hoy Galicia existió desde hace siglos como región en la cual se encontraba Portugal.

Lamentablemente, la disputa con los nacionalismos regionales se ha convertido en pasto de prácticas populistas a ambos lados de la contienda. Los que enfatizan la subordinación a un Estado central, como Partido Popular y Vox, saben que, al arremeter contra los nacionalistas, perderán simpatías entre quienes componen ese electorado (en Cataluña, unos 5,6 millones). Pero el mito de una España única e indivisible desde los visigodos les permite cosechar una cantidad mucho mayor de votos entre el resto de la población, de unos 35 millones. Partidos catalanistas y vascos, por su parte, capitalizan el sentimiento nacionalista invocando la pretensión de los partidos “centrales” de desconocer sus particularidades. Serán minoritarios dentro del conjunto de España, pero son mayoría en sus regiones. Criminalizar el problema lo que hace es alimentar aún más esta polarización. La solución, a favor de una España unida en su diversidad, tiene que ser política. Pero que estas realidades históricas y culturales sean subsumidas en la lucha entre intereses político-partidistas, no les quita autenticidad.

Lo cierto es que este encajonamiento de la política española no es lo mismo que enfrenta Venezuela. Si hay diferencias de política entre derecha e izquierda, pero siempre bajo el mismo techo compartido de la Unión Europea. Pedro Sánchez, lejos de atornillarse en el poder y arremeter contra las libertades al estilo de Maduro, inmediatamente convoca a elecciones. En vez de apelar a la represión, promueve el diálogo con los nacionalistas, logrando bajar sustancialmente la tensión del conflicto. En el marco de la política común europea, ha mantenido una postura crítica con el (des)gobierno de Maduro, si bien mostrando a veces algunas flaquezas (encuentro Ábalos-Delcy Rodríguez en Barajas).

Peor aún es proyectar el enfrentamiento en Venezuela a la política de Estados Unidos, que ha llevado a algunos compatriotas a alinearse fanáticamente con Trump. Desde luego, cada quien es libre de manifestar sus preferencias políticas, pero que tengan consciencia de que, en ambos casos (España y EE.UU.), lejos de defender la democracia, pueden estar aupando posturas bastante alejadas del ideal democrático-liberal. Notoriamente, Trump busca destruir el andamiaje institucional de la democracia para instaurar un mando autoritario. Es decir, lo más parecido a Chávez. Igual la intolerancia de VOX.

Esta obnubilación de visiones políticas en torno a un enfrentamiento entre derechas libertarias e izquierdas dictatoriales encuentra alimento en la irresponsabilidad de algunas figuras emblemáticas de la izquierda (¿?) latinoamericana. La ofensiva e insultante declaración de Lula, afirmando que la crítica a Maduro por violación de derechos humanos y otros atropellos es una narrativa inventada por sus enemigos, su coqueteo reciente con el dictador, así como las posturas equívocas asumidas por Petro en su trato con él, refuerzan claramente esa idea de una izquierda proclive al totalitarismo.

Lamentablemente, aquí sí parece operar una narrativa embustera, forjada con lo que queda de la mitología comunista --incluyendo la gesta de David contra Goliat con la cual algunos todavía pretenden visualizar ese esperpento de la revolución cubana--, hace saltar resortes de solidaridad automática con quienes, por asumir posturas contra los Estados Unidos, oprimen a sus poblaciones, sometiéndolas a prácticas crueles de represión, arremeten contra la libertad de expresión, se subordinan a intereses externos, entronizan mafias que roban y extorsionan amparadas en jueces corruptos, torturan, destruyen el ambiente y condenan a las mayorías a niveles inhumanos de miseria.

Nada más alejado de la defensa de la libertad, de la prosperidad según criterios de justicia social compartidos democráticamente, del aprovechamiento de los avances de la humanidad en aras de un mayor bienestar social, de la defensa del ambiente y de la promoción de la cultura que algunos, ilusamente, habíamos pensado constituyen ser de izquierda. ¡Qué bochorno Luis Ignacio Lula da Silva!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El elemento determinante de la estrategia económica de Maduro es que no hay estrategia. Discurre a tientas, dando tumbos en lo económico, con la esperanza de que la providencia venga al rescate. Encima se encuentra entrampado, como explicaremos más abajo. No olvidemos que el socialismo que Chávez le legó a Maduro se basa en el reparto, no en la actividad productiva como expuso Carlos Marx. Nada de “liberar las fuerzas productivas”; más bien, su parasitación. Si se definiese a los detentores de este curioso “socialismo” en función de cómo se relacionan con el proceso productivo –la metodología con que Marx elaboró su teoría--, serían terratenientes. Viven (¡y cómo!) de la renta de la tierra, en este caso, de la que se capta por la venta de crudo en los mercados internacionales, así como de exacciones que, al posesionarse a la fuerza y en exclusividad del territorio (Venezuela), les imponen a sus moradores. Invocando un cambio de cara al futuro –el socialismo, en el imaginario marxiano—estos “revolucionarios” han ido consolidando un arreglo más afín al feudalismo. Para completar, la soberanía, que “reside intransferiblemente en el pueblo”, fue usurpada por el eterno con el cuento de que “Chávez es el pueblo”. Como cuando la monarquía. Pero estos émulos trasnochados de pasados señoríos se caen a embuste autocalificándose de “revolucionarios”, denunciando al imperialismo y a la oligarquía, para encubrir su depredación. Y, desde las antípodas del socialismo pregonado por Marx, asumen sus categorías discursivas y los clichés de la mitología comunista, para aparecer del lado “correcto” de la Historia.

Chávez llevó hasta el extremo la cultura rentista del país. Cosechó la convicción, asumida por muchos, de que la percepción de rentas petroleras nos hacía ricos, por lo que nuestros problemas se debían a desaciertos, ineptitudes o corruptelas de quien estuviese en el poder. Pero, a diferencia de AD y Copei, que procuraban erigir una institucionalidad en la cual la renta contribuyese a financiar una batería de incentivos a la actividad productiva para así “sembrar el petróleo”, él y su designado a dedo se avocaron a destruirla –incluida la propia PdVSA, que “ahora era de todos”--, alegando que la “oligarquía” esquilmaba al pueblo. Beneficios (y pérdidas) de actividades mercantiles amparadas por el marco legal de la democracia representativa, si bien sujetas a ciertas intervenciones del Estado, fueron superados por las posibilidades irrestrictas de lucro profesando lealtad incondicional al líder y a la “revolución”, y tocando las teclas adecuadas. Estas nuevas “reglas de juego”, cuyos premios y castigos se basan en criterios políticos que moldean la conducta de los venezolanos, fueron plasmando una institucionalidad “de facto” que terminó por socavar la institucionalidad “de jure” explicitada en la Constitución de 1999.

El desmantelamiento progresivo del Estado de derecho por parte de Chávez fue expresión de una nueva correlación de fuerzas políticas, urdida con prédicas populistas orientadas a cosechar las expectativas frustradas y las esperanzas incumplidas en 40 años de democracia. Lo que prometía ahora era adscribirse a un movimiento que profesaba su lealtad a Chávez. Sus jefes podían, a discreción, abrir puertas y garantizar la impunidad para contrataciones ilegales, sobreprecios, comisiones, extorsiones, apropiaciones indebidas y otras prácticas formalmente vedadas por el ordenamiento jurídico. Fueron sembrándose redes de complicidad a lo largo y ancho del aparato de toma de decisiones, que fraguaron en verdaderas mafias, dedicadas a expoliar la riqueza social en nombre de la “revolución”.

En contraposición a los deberes y el disfrute de derechos atinentes a la observancia de la ley y a la valoración social de facultades o competencias a través del mercado, en el ámbito del trabajo y/o por la comunidad, emergió una idea alterna del “deber ser” social basado en el imaginario que fue construyendo de sí mismo la “revolución bolivariana”. El criterio de verdad y de lo que se considera correcto y justo pasó a depender de su funcionalidad para con los intereses del poder. “Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada” como sentenciara el nuevo padrino de Chávez, Fidel Castro. De manera que el poder político se fue transfigurando en una alianza entre mafias, aunado por las oportunidades de lucro que deparaba el abatimiento del andamiaje de contrapoderes, normas y obligaciones del ordenamiento constitucional. Sin estas restricciones, el Estado deviene en instrumento para ejecutar las preferencias de quienes controlan el poder. Ello cual hace imperativo su conservación, como sea, so pena de perder tales prebendas y enfrentar las penas legales correspondientes.

A diferencia de las dictaduras clásicas, las mafias que se han apoderado de Venezuela disponen de una moralidad que ampara y legitima sus desmanes, construida con base en una falsa realidad que se nutre de las “verdades” de la mitología comunista y de la tergiversación patriotera con que Chávez construyó su ascenso al poder. No existe resguardo moral, ético o legal que restrinja sus apetencias. Su mundo ficticio es refractario a críticas externas, pues los criterios de verdad y de justicia liberal le son ajenos. Se sienten así blindadas moralmente y no tienen por qué considerar argumentos que cuestionen su proceder. Como dolorosamente hemos comprobado, esta ausencia de frenos se ha materializado en la violación extendida de derechos humanos en el país, con un balance de centenares de acribillados en manifestaciones de calle, de presos políticos, muchos de ellos torturados, y de millones de migrantes huyendo de las penurias que han resultado del régimen de expoliación que se fue instalando.

Y he aquí la trampa a que hacíamos referencia. La depredación de las alianzas mafiosas con base en las cuales se sostiene el poder que encabeza Maduro ha agravado hasta tal punto las condiciones de vida de los venezolanos que la conflictividad social amenaza con desbordarse, poniendo en peligro la sustentabilidad del régimen. Asimismo, la economía, disminuida hasta cerca de la cuarta parte de hace una década, no alcanza como botín para satisfacer las apetencias de quienes viven del poder. Si bien la liberalización de precios y de la transacción en divisas ha detenido su caída, los intereses creados y la dinámica consustancial a las instituciones de facto –“reglas de juego”-- que han venido imponiéndose impiden reformas adicionales necesarias para que rindiesen sus frutos plenamente. Ello implicaría restituir derechos y garantías, acabar con las corruptelas y eliminar las prácticas depredadoras, para así poder generar la confianza que fundamentaría la reactivación de la economía.

En un intento por contener la protesta social, Maduro anuncia aumentos salariales, ahora bonos sin incidencia en las prestaciones, para los cuales no cuenta con ingresos para pagarlos. La ruina económica y la destrucción de PdVSA lo han dejado con una base impositiva mínima y el impago de la enorme deuda, contraída alegremente hasta hace poco, junto a las sanciones que le han impuesto a su gobierno, le impiden acceso al financiamiento externo. Recurre, entonces, a la emisión monetaria –el dinero “inorgánico”—para financiar esos aumentos / bonos, lo cual, como ya ha aprendido bien el venezolano, es gasolina para la inflación. Intentar contenerla reduciendo aún más el gasto público, secando el crédito bancario y gastando divisas escasas para estabilizar su precio, lo que hace es agravar la situación de la economía: mayor deterioro de los servicios públicos, sueldos miserables y un ambiente hostil a las empresas por la ausencia de financiamiento, la inseguridad y la sobrevaluación del bolívar.

Maduro aspira a contar con mayores ingresos para superar este atolladero consiguiendo que le levanten las sanciones a la comercialización del petróleo venezolano y que restringen su acceso a dinero fresco afuera. Para ello tiene que acceder a la convocatoria de elecciones confiables, requisito exigido por los gobiernos de EE.UU. y de la U.E. Pero sabe que no puede cumplir, pues, salvo que la oposición se haga un harakiri acudiendo dividida, perdería inexorablemente. El régimen de expoliación, con sus instituciones de facto que amparan la depredación, sería desmantelado para poder restaurar el ordenamiento constitucional y el imperio de la ley. Inadmisible para las alianzas mafiosas que sostienen a Maduro. En la medida en que se le achican sus opciones, arremete contra los eslabones más vulnerables en la cadena de complicidades –aquellos asociados a Tarek El Aissami--, con la ilusión de recuperar espacio de maniobra. ¿Cuántos eslabones más tendrá que desmontar, sin que ello termine desestabilizando su mando? Porque las reformas para restablecer las garantías y poder contar con las inversiones y el financiamiento internacional requerido, no parecen entrar en su agenda.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La Universidad Central de Venezuela ha sido instrumento indispensable de la modernización del país, tanto por la formación de profesionales capacitados requeridos en múltiples áreas, la generación de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos para abordar los múltiples problemas nacionales --y para posicionarnos como interlocutores con los avances de la humanidad en el mundo--, como en la defensa de la libertad de opinión y de la contrastación de ideas en la búsqueda desinteresada del saber. Ha sido portavoz de los valores más avanzados de justicia y de la ética de convivencia en democracia. Inevitablemente, la ha enfrentado con el afán dictatorial de quienes hoy controlan al Estado, empeñados en acallar toda disidencia o crítica que cuestione su poder. Ideas distintas de las “verdades reveladas” por sus líderes, subvierten la realidad ficticia que han construido para legitimarse. No es de sorprender, por tanto, su acoso a las universidades nacionales, ninguneándoles presupuesto y condenando a sus académicos y empleados a subsistir con remuneraciones miserables. El desafío que enfrenta la UCV hoy es, por tanto, cómo continuar y fortalecer sus capacidades para cumplir con su elevada misión.

Tuve el privilegio de coordinar el Plan Estratégico de la UCV entre 2007 y 2013. Ahí conocí aportes muy valiosos de calificados académicos sobre el quehacer universitario en distintas áreas. Me permiten ofrecer algunas pinceladas de una visión futura de la institución que, incluso en las circunstancias terribles que le toca vivir hoy, debe servir de norte a quienes resulten elegidos como sus autoridades. Y es que la búsqueda de la excelencia, inspiración de su misión académica, descansa, entre otras cosas, en un uso más racional de sus recursos, lo que ayudará a enfrentar las limitaciones actuales.

Diversidad y flexibilidad en sus planes de estudio

La UCV ofrecerá en el futuro una mayor variedad de carreras y de certificados/titulaciones, gracias a una mayor flexibilización en sus programas curriculares y a la certificación de salidas intermedias donde ello sea factible. Permitirá al educando confeccionar su carrera a la medida de sus expectativas y de las competencias que aspira adquirir, cumpliendo con una sólida formación medular básica, según sea su carrera, complementada con opciones que enriquecerán su formación profesional y cultural, como la de ciudadano venezolano y del mundo. El pregrado se hará, salvo contadas excepciones, en cuatro años, transfiriendo asignaturas de mayor especialización y/o profundidad teórica al cuarto nivel. Reducir esta “frondosidad curricular” contribuirá a una mejor formación promedio de los educandos del pregrado, al focalizar su atención en los aspectos básicos, medulares, de la carrera. Los más aventajados podrán proseguir en el postgrado una formación más especializada y/o de mayor profundización teórica.

Se ofrecerán variadas modalidades de estudio –presencial, semi-presencial, a distancia, promoviéndose la inter, trans y multidisciplinariedad de la enseñanza. Donde sea factible, se combinará con asignaturas aplicadas –“de campo”- o pasantías, para la adquisición de experiencias y aprendizaje en la solución de problemas reales. Así, el estudiante tendrá la oportunidad de compartir con alumnos de otras disciplinas y de familiarizarse con las particularidades del entorno social, cultural y ambiental en que habrá de desarrollar sus actividades de trabajo, lo cual deberá ampliar su perspectiva como futuro profesional.

La flexibilidad curricular llevará, asimismo, a ampliar y profundizar acuerdos de equivalencia y titulación doble con múltiples universidades de prestigio, tanto nacionales como extranjeras, permitiendo a estudiantes cursar etapas de su carrera en estas instituciones y obtener la titulación correspondiente luego de cumplir los requisitos exigidos, similar al programa Erasmo en la UE. Esta integración habrá de extenderse también a los cursos de especialización, maestría y doctorado, en colaboración con otras universidades, para acceder a una masa crítica de académicos de alto nivel que difícilmente podría concentrarse en una sola. Acuerdos de intercambio versátiles habrán de mejorar la calidad y el prestigio del cuarto nivel de la UCV, permitiendo que se posicione competitivamente, también, en la provisión de cursos de actualización de alta calidad, en una variada gama de áreas de conocimiento.

Una estructura académica más sencilla y consistente

El usufructo exclusivo de edificios, laboratorios, aulas, y recursos administrativos por parte de escuelas y facultades, dará paso a su compartición por Áreas de Conocimiento, y a una departamentalización creciente del profesorado. Facilitará una mayor racionalidad y movilidad de recursos de todo tipo, en aras de la eficiencia, eficacia y sinergia en su aplicación. Favorecerá la consistencia y cobertura de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pudiendo lograr atender, incluso, aumentos de matrícula. Los Departamentos, agrupados por áreas temáticas, asumirán la gestión de la carrera docente, coordinando su asignación entre escuelas según las demandas de cada período. Serán espacios para la formulación, coordinación y desarrollo de proyectos de investigación. Las escuelas podrán, así, focalizar su atención en la permanente adecuación de su respectivo currículum, incluyendo una mayor integración con otras disciplinas y con el postgrado, como su proyección hacia la comunidad, desembarazándose de engorrosos procesos administrativos. Facilitará, asimismo, la mayor movilidad estudiantil y profesoral.

La producción y gestión de conocimiento

La mayor “redificación” (de red) de la investigación se potenciará con una rica interacción con usuarios o demandantes externos del conocimiento, así como con otros centros de investigación en el país o en el extranjero. La producción de saberes será el resultado del intercambio de conocimientos en múltiples direcciones, en el que los actores externos a la universidad aportarán criterios, experiencias y/o investigaciones propias, para enriquecer y/o complementar la labor de los equipos intramuros. La dinámica así generada será fuente de innovaciones que respondan directamente a las expectativas y requerimientos de los actores involucrados, tanto internos como externos. Fortalecerá la capacidad para proveer de soluciones a distintos actores de la sociedad –empresas, gobiernos locales, organizaciones sociales, instituciones del Estado, comunidades-, ampliando las fuentes de financiamiento de la UCV, en resguardo de asignaciones presupuestarias insuficientes por parte del Estado. Una oficina de Interfaz con la sociedad, ágil y eficaz en la detección de oportunidades para la provisión de soluciones a problemas particulares con base en las competencias en diversos campos y/o proyectos específicos, que ofrece la UCV, dispondrá de una asesoría jurídica calificada que resguarde la propiedad intelectual de la institución y del (los) profesor(es) involucrado(s), y vele por las mejores condiciones contractuales para la prestación de estos servicios. Esta oficina desembarazará al investigador de tener que apartar tiempo para actividades de naturaleza comercial que no son su especialidad y para las cuales no suele estar bien preparado, quitándole su dedicación a sus labores académicas.

Una misión sustentable, a tono con el siglo XXI

Las discusiones a propósito del Plan Estratégico de la UCV ofrecen muchos más elementos para adecuar la institución a las oportunidades y desafíos del siglo XXI. Debe instrumentarse, entre otras cosas, la automatización plena de los procesos administrativos para agilizar la contratación y ascensos de profesores y empleados (y su pago oportuno), las inscripciones estudiantiles, las compras, etc., reservando el Consejo Universitario (CU) su rol central como formulador de políticas académicas. Podría auxiliarse con un Consejo Consultivo, integrado por exrectores y representantes externos calificados, quienes proveerán perspectivas de análisis sobre tendencias particulares del país y del mundo como insumo para la optimización de tales políticas académicas. No existirá Vicerrector Administrativo. Un profesional calificado, con amplia experiencia, contratado por concurso como Gerente General de la institución, rendirá cuentas periódicas al CU, siendo removible sólo con el voto calificado de este organismo. Permitirá contar con políticas administrativas de mayor permanencia para afianzar las actividades académicas de la UCV.

Éstas y otras transformaciones se constituirán en ejercicio central de las potestades autonómicas de las que debe desfrutar la universidad. Sin autonomía, se degrada la institución, sometiéndola a intereses políticos bastardos y minando la necesaria libertad de cátedra como fundamento de su misión. En este orden, es menester que, las discusiones de un Plan Estratégico para la institución contribuyan a la formulación de una propuesta de Ley de Universidades que responda a los desafíos y oportunidades de la Venezuela de hoy y ponga a las instituciones de educación superior a tono con las exigencias en el avance de la frontera del conocimiento, proveyéndoles, además, bases sólidas para su financiamiento.

Dicho lo anterior, y obviando otras consideraciones que alargarían excesivamente este escrito, deseo manifestar mi apoyo a la candidatura de mi tocayo, el profesor Humberto Rojas de la Facultad de Ciencias, para Rector de la UCV. Soy amigo de otros de los candidatos en liza y no tengo porque negar sus respectivos atributos para asumir el cargo. Pero encuentro en el profesor Rojas una robusta y sólida carrera como investigador y docente, y una rica experiencia en la asunción de responsabilidades académico-administrativas, como en la defensa del profesorado, que atestiguan de sus capacidades y compromisos con los mejores intereses de la institución y de país. Creo que habrá de mostrar la capacidad de tomar firmemente las decisiones que nuestra querida Alma Mater requerirá para sortear estos momentos tan difíciles, de manera realista y con sentido de lo posible.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Venezuela padece desde hace varios años de una inflación entre las más altas del mundo, asociada al constante encarecimiento de la divisa. Suele atribuírsele esta inestabilidad a fuertes distorsiones económicas, cuya resolución requiere de políticas de ajuste que restablezcan los equilibrios entre los agregados macroeconómicos de demanda y de oferta para desinflar las presiones al alza en los precios. La respuesta del (des)gobierno de Maduro ha sido reducir aún más una demanda ya de por sí devastada, privar a la actividad económica de financiamiento, sobrevaluar el bolívar y acentuar la desocupación de recursos productivos. Mientras, intenta apaciguar los reclamos de mayor ingreso de los empleados públicos con bonos que no suman para sus prestaciones. Debe financiarlos, además, con emisión monetaria del BCV. Al haber destruido la base impositiva del fisco, no dispone de los ingresos para ello. Tales desaciertos han prolongado el estado de postración de la economía, con grandes costos a la población. Hacen muy cuesta arriba alcanzar condiciones de vida dignas para los venezolanos en las próximas décadas. El destrozo económico y el empobrecimiento resultante han sido demasiado.

Se afianza entre muchos la convicción de que, sin un influjo significativo de recursos externos, será muy difícil instrumentar el ajuste adecuado. Su impacto sobre la reactivación de la economía no habrá de resultar de una respuesta encadenada del aparato productivo ante un aumento súbito de la demanda. Dada la inseguridad y la falta de garantías, la inestabilidad de precios y de tipo de cambio, el deterioro de los servicios públicos, la destrucción del tejido productivo nacional, la migración de mano de obra calificada y la desconfianza e incertidumbre que provocan, tal capacidad de respuesta se encuentra, hoy día, seriamente resentida. Es inelástica. Buena parte de los recursos que logren captarse, por tanto, sólo se traducirá en mayor inflación y alzas en el precio del dólar. El impacto deseado ocurrirá, más bien, por su capacidad de aliviar las condiciones que merman la oferta doméstica.

¿Y de dónde vendrán estos recursos? Fundamentalmente de la banca multilateral y de las inversiones en la actividad petrolera. Obviamente vendrán condicionados a cambios medulares en la conducción de los asuntos económicos, en procura de asegurar los retornos esperados. Conlleva condiciones que son, precisamente, las que habrán de destrabar la oferta productiva, es decir, el propósito buscado. Por los intereses poderosos surgidos en torno a la expoliación de los recursos de la nación, no parece que sea el régimen chavo-madurista el que produzca tales cambios. En consecuencia, el meollo del problema es el de siempre: cómo concertar la voluntad política mayoritaria capaz de llevarlos a cabo.

Empecemos por lo microeconómico, señalando las trabas a la actividad productiva a nivel de empresa. Además del desincentivo que representa una demanda disminuida, salta a la vista el costo que representa el deterioro de los servicios públicos, de la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, la destrucción del tejido industrial de proveedores, industrias complementarias, demandantes y servicios especializados, y la emigración de mano de obra calificada y del talento profesional. A ello debe sumarse la virtual desaparición del crédito de la banca local, inducido por el Ejecutivo. Además, las empresas enfrentan un marco institucional de leyes y reglamentos punitivos aplicados a discreción, y el colapso de la capacidad de respuesta administrativa y de gestión del Estado en múltiples áreas, y la corrupción.

Bajo un gobierno de transición, deberán concertarse préstamos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, y/o agencias de cooperación diversas, para financiar la recuperación de servicios, de infraestructura y para la capacitación de recursos humanos. En muchos casos, ya se disponen, en sus formulaciones básicas, de proyectos elaborados por venezolanos calificados que han trabajado en estas áreas. La banca multilateral y las agencias de cooperación tienen, a su vez, amplia experiencia, tanto técnica como de gestión, en este tipo de proyectos. Estos empréstitos deben acompañarse de reformas que hagan atractiva la inversión privada complementaria, así como para inducir la participación de la banca extranjera, en asociación con la banca local, para fondear la rápida ampliación de las posibilidades de financiamiento a los emprendimientos que vayan surgiendo.

Un objetivo central de estos recursos será el saneamiento de la administración pública. Debe acabarse con las corruptelas y el desaguadero de empresas y activos improductivos que paralizan al Estado. Aquellas que serán privatizadas (o devueltas a sus legítimos dueños) deberán recuperarse y contar con un marco jurídico propicio para un retorno satisfactorio, junto a condiciones para su desenvolvimiento exitoso en manos privadas. Otras podrán requerir la supervisión de agencias autónomas, con base en un marco regulatorio diseñado para optimizar su desempeño. Preparar todo esto requerirá de un esfuerzo de auditoría y de conciliación de cuentas que contribuyan con la transparencia necesaria para tomar decisiones que sean acertadas. Debe retomarse y profundizarse, asimismo, la descentralización de la gestión pública y su rendición de cuentas. Donde sea posible, debe promoverse su cogestión con la ciudadanía organizada. El aprovechamiento pleno de plataformas tecnológicas integradas permitirá una gestión ágil, eficiente y abierta, en beneficio de la población y de la recuperación económica.

En fin, el Estado deberá concentrar sus esfuerzos en la producción adecuada de bienes públicos y en la generación de las externalidades positivas que abaraten las actividades de producción, comercialización y financiamiento de bienes y servicios. Sobre esto es mucha la información disponible en la literatura económica, por lo que no tiene sentido insistir en eso aquí. Junto a la superación de los cuellos de botella que resultará de la inyección de recursos mencionada arriba, habrá de incentivar el aprovechamiento acelerado de la enorme capacidad de producción ociosa o subutilizada, dejada por la ruina económica de Maduro. Deberá reactivar también a la inversión, como las compras intermedias y las contrataciones, generando encadenamientos diversos que profundicen y amplíen las transacciones económicas.

A nivel macroeconómico, esto se traducirá en una mayor demanda de dinero, permitiendo, en el marco de políticas fiscales, cambiarias y monetarias adecuadas, la absorción de liquidez, vaciando su presión sobre los precios, incluyendo el de la divisa. Esta remonetización de la economía, hoy en sus niveles históricos más bajos, se expresará en la proliferación del crédito y de medios de pago, esenciales para la recuperación económica. La concertación de apoyo financiero del FMI, habrá de facilitar, además, la reestructuración de nuestra agobiante deuda externa, proveyendo el respaldo para atraer inversiones y créditos de la banca internacional, así como para una mayor integración del intercambio comercial y financiero con el resto del mundo. Esto es diametralmente opuesto al ajuste empobrecedor, de Maduro.

Todo esto será posible, como se refirió al comienzo, si se logra contar con ingentes recursos externos. Su concertación, además de sujetarse al saneamiento y fortalecimiento profundo de las instituciones, deberá contar con expectativas de su eventual reembolso o utilidad, conforme a las condiciones negociadas. El único sector con la capacidad de generar ingresos suficientes como para avalar un endeudamiento como el que se estima requerirá Venezuela, es el petrolero. Por tanto, entre las condiciones básicas está el restablecimiento del ordenamiento constitucional y de las garantías para un juego democrático efectivo, lo cual redundará en el levantamiento de las sanciones que hoy lo afectan. Pero, además, requerirá de una formulación y puesta al día de una estrategia ambiciosa para la transición energética en que se ha embarcado el globo, de tal forma de hacer de la industria local competitiva en ese nuevo escenario, capaz de atraer las cuantiosas inversiones que se requerirán para aprovechar parte de los enormes recursos que yacen en nuestro subsuelo.

Lamentablemente, como en otras áreas, el (des)gobierno actual ha exhibido una negligencia criminal al respecto, además de haber saqueado a PdVSA a fondo. Publicaciones especializadas señalan que entre los países que menos han hecho en América Latina, para prepararse para aprovechar las oportunidades de una transición a fuentes energéticas menos contaminantes de carbón, está Venezuela.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Reemprender las negociaciones entre representantes del régimen venezolano y sectores de la oposición democrática con miras a acordar pacíficamente posibles salidas a la tragedia que padece el país es, sin duda, loable. Es patente que la permanencia del chavo-madurismo en el poder condena a la población a niveles aún peores de miseria, de desconocimiento sostenido de sus derechos fundamentales, de sufrir arbitrariedades y atropellos. Es el problema, no la solución. Por otro lado, las fuerzas democráticas, a causa de sus discordias y los errores cometidos, no evidencian estar en capacidad de forzar su salida y poder enrumbar Venezuela a la restitución, cuanto antes, de un Estado de Derecho. El juego, por tanto, parece trancado. Si con ayuda de la presión internacional hay posibilidad de retomar la negociación para llegar a un acuerdo que respete la voluntad mayoritaria de cambio, merece consideración.

La conferencia internacional sobre Venezuela que convocó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 25 de abril, se inscribiría en esta búsqueda. Muchos critican sus alcances modestos y su omisión del grave irrespeto a los derechos humanos y del robo de los dineros públicos, elementos centrales al “problema Venezuela”. Aun así, el acuerdo de los países participantes --Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y Las Granadinas, Sudáfrica y Turquía--, junto al Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que leyó el canciller Leyva de Colombia, podría ser auspicioso. Sujeta el levantamiento de las sanciones al régimen a que se tomen pasos concretos en la convocatoria de elecciones confiables, tomando en cuenta las condiciones señaladas por la misión de la Unión Europea que supervisó las elecciones regionales en Venezuela de 2020.

Desafortunadamente, tales augurios en absoluto se refrendan con la actitud asumida ante la conferencia por personeros oficiales. El mismo día (25/04), circuló por las redes un video de Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea nacional oficialista, anunciando condiciones totalmente desatinadas para reemprender, no una negociación, si no un “diálogo”, es decir a un intercambio que no tiene por qué llegar a acuerdo alguno. Si bien tales desvaríos pudieran explicarse por la obsesión enfermiza de vengar en los venezolanos el vil asesinato de su padre cuando era niño por parte de esbirros de la época, mucho de lo que expuso fue refrendado luego en un comunicado oficial.

Ahí el (des)gobierno de Maduro exige: 1) el levantamiento incondicional de las sanciones impuestas, no sólo financieras y a PdVSA, sino también contra los imputados por violar derechos humanos, tráfico de drogas y lavado de dinero, pues “constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo, la vida económica y social del país” (¡!). Por boca de Rodríguez, incluiría la investigación sobre la comisión de delitos de lesa humanidad iniciada por la CPI y la imputación contra personeros del régimen por parte de tribunales de EE.UU. y de otros países; 2) Que se les entreguen los activos “ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras”, en referencia a los recursos mantenidos en resguardo afuera --ingresos de CITGO, oro depositado en el Banco de Inglaterra—para evitar que formen parte del botín de la mafia gobernante. Aquí entraría el fideicomiso de $3,2 millardos, acordados en México para atender la emergencia humanitaria, bajo supervisión de la ONU; y 3) La libertad inmediata del “diplomático venezolano” (¡!) Alex Saab, preso en EE.UU., bajo acusación de lavar dinero y desviar más de $350 millones del fisco como parte de una trama de sobornos vinculada al control del tipo de cambio. Sus socios de entonces aparecen ahora involucrados en el desfalco milmillonario a PdVSA.

O sea, el chavo-madurismo exige, como condición previa para considerar las posibilidades del “diálogo”, nada más y nada menos que la impunidad total (¡!). En absoluto se asoma una disposición a examinar los excesos de los que se le acusa, de entenderse para enmendar sus conductas, elementos obligados en la búsqueda de soluciones a la tragedia nacional basado en procedimientos democráticos. Con cruel desparpajo se desentienden de lo señalado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, enviada en tres ocasiones a Venezuela por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que existen “motivos razonables” para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…”, con responsabilidad directa de los más altos niveles de mando, Éstos tenían que estar al tanto de las torturas, persecuciones, golpizas, robos y demás atropellos contra venezolanos cometidos por las fuerzas de seguridad bajo su mando o, incluso, las habrían ordenado. Igualmente, barren bajo la alfombra las más de 300 ejecuciones de quienes ejercían su derecho constitucional a la protesta durante la gestión de Maduro, por parte de militares y bandas fascistas, como aquellos que perecieron estando “en custodia” de órganos policiales.

Desprecio total, asimismo, a las 8.900 denuncias de las víctimas, como de sus familiares, elevadas ante la Corte Penal Internacional como parte de su investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. Los numerosísimos indicios de corruptelas de todo tipo, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y de colaboración con agentes del terrorismo internacional simplemente no existen. Condenar a la mayoría de la población a niveles de miseria impensables, destruyendo sus medios de vida y saqueando de forma descarada a PdVSA y otros activos públicos, ¿no es una de las expresiones más terribles de crimen de lesa humanidad? ¿Y las confiscaciones de medios de comunicación independientes, la persecución de reporteros y comunicadores?

Las exigencias demenciales del chavo-madurismo para reanudar el diálogo, imposibles de cumplir, no representan condiciones maximalistas iniciales a partir de las cuales negociar a cambio concesiones. Expresan un desdén absoluto por la suerte de los venezolanos y por las posibilidades de negociar una salida a sus tormentos. Reflejan la descomposición moral, la ausencia de escrúpulos y el cruel irrespeto de los derechos humanos, de los que se han apoderado del país. Detrás de esta postura está la tiranía cubana, temerosa de perder el control totalitario sobre los suyos. Ello obliga a plantear lo siguiente.

En primer lugar, pone a prueba la sinceridad de Petro como facilitador de un retorno a la democracia de Maduro y cía. Su silencio ante la desfachatez comentada parece darle la razón a quienes señalan que es, más bien, su cómplice, procurando el levantamiento incondicional de las sanciones. Le corresponde a Petro, como también a Lula, desmentir, con hechos, esta complicidad con el fascismo chavo-madurista.

En segundo lugar, reafirma la necesidad de la oposición democrática de aproximarse a cualquier entendimiento con el oficialismo con sumo cuidado. Es tentadora la creencia de que la buena fe de los demócratas que significarían las gestiones a favor del levantamiento de sanciones, serán reciprocadas. Pero, así por las buenas, no va a ocurrir. Sin construir la necesaria posición de fuerza ante el chavo-madurismo, va a ser muy cuesta arriba arrancarle las condiciones para una solución satisfactoria de la tragedia nacional. Es el reto fundamental de las fuerzas democráticas. Ante las primarias, deben enterrar el hacha de guerra y proyectar claramente un proyecto unitario, viable y capaz de generar la confianza necesaria para emprender la salida del abismo. Sin construir esa fuerza, despidámonos de una salida negociada. Los millones de venezolanos de la diáspora, no pueden quedar fuera de estos esfuerzos.

Por último, es menester que los actores democráticos internacionales, garantes, en última instancia, de cualquier solución satisfactoria para las aspiraciones de libertad y futura prosperidad de los venezolanos, entiendan que las sanciones, lejos de constituir un obstáculo para un acuerdo, son una herramienta de negociación imprescindible para obligar al chavo-madurismo a sentarse en la mesa. La oposición democrática debe jugar cuadro cerrado con ellos. Lamentablemente, la figura del interinato, útil para tales propósitos, fue eliminada. Pero quedan los venezolanos de la diáspora para contribuir con ello.

Tal advertencia va también para aquellos venezolanos opositores que, argumentando un necesario pragmatismo, abogan por levantar unilateralmente algunas sanciones para destrabar el juego.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

No pretendo burlarme del lector con este título. El problema es que, en política, estamos presos, infortunadamente, de las etiquetas. Nos llevan a sustituir análisis serios por posicionamientos que responden a la ubicación en el espectro político de quienes disfrutan de nuestras simpatías o, por el contrario, de nuestro rechazo. A eso viene jugando, claro está, el populismo en sus distintas expresiones, con notable éxito. Se traduce en alineamientos cuasiautomáticos alimentados por apreciaciones tendenciosas o falsas (la llamada posverdad) acerca de quienes adversan nuestras posiciones. Esta dinámica de acción-reacción empobrece el debate político, cerrando posibilidades de lograr consensos en torno a planteamientos que, vistos sin sesgos, pudieran parecernos muy razonables.

Huelga decir que lo planteado arriba ha tenido significativo impacto en la política latinoamericana de las últimas décadas, notablemente en Venezuela. Argumentamos, en estas líneas, que ello ha beneficiado la permanencia de Maduro en el poder. Comoquiera que el chavismo se autoproclama de “izquierda” y es identificada como tal, no sólo por la mayoría de los venezolanos, sino también por observadores nacionales e internacionales, la referencia más directa para muchos que quieren sacarse de encima la tragedia que representa está en asumir posturas abiertamente de “derecha”.

Así, algunos venezolanos residenciados en EE.UU. se entusiasmaron con Donald Trump en las elecciones de aquel país, hasta el punto de acompañarlo en su Gran Mentira de que había ganado. No atinaban a ver que estaban aupando –aunque con un discurso diferente— a la versión gringa de Chávez, empeñada en manipular la voluntad popular con los recursos a su disposición y la complicidad de su partido, para destruir la institucionalidad de la democracia liberal y perpetuarse en el poder. Pero, como Joe Biden era proyectado como el candidato de “izquierda”….

Esta alineación automática se reflejó también a favor de Jair Bolsonaro en la contienda electoral brasileña. En España se expresa en simpatías por VOX, siendo que es oposición al gobierno del PSOE. Por supuesto que cada quien es libre de asumir la posición política que mejor le parezca, pero, en estos casos se trata de posturas polarizadoras, extremas y excluyentes. Tienden a proyectar a sus rivales políticos como enemigos que ponen en peligro aspectos vitales del “Pueblo” o del “carácter nacional”. Como sabemos los venezolanos, estas posturas extremas han sido también sumamente dañinas cuando se han asumido desde imaginarios asociados con la “izquierda”.

Como sabemos, la denominación de “izquierda” tiene su origen en la ubicación de quienes estaban en contra del régimen monárquico en la Asamblea Nacional Constituyente formada al comienzo de la revolución francesa de 1789. Entre sus exponentes más radicales surgieron posturas moralistas que clamaban por “limpiar” de enemigos a la revolución. Llevó a constituir el Comité de Salud (Salvación) Pública bajo cuyo poder, cada vez más absoluto, se desató el reino de terror de Maximiliano Robespierre. Como señala en su enjundioso libro el historiador mexicano Enrique Krauze (Spinoza en el Parque México, Tusquets), en ésta y otras experiencias revolucionarias se cuela la aspiración milenarista de redención del oprimido, propia de nuestra tradición judeocristiana (2°advenimiento de Cristo o del Mesías) que implica, de una manera u otra, un nuevo comienzo, libre de las ataduras del pasado.

Desde la experiencia francesa se ha venido identificando a la izquierda con posiciones a favor de una mayor justicia e igualdad social, un Estado laico, la abolición de los privilegios de clase y, más recientemente, a favor de la igualdad de género, de la defensa del ambiente y de las reivindicaciones de colectivos históricamente reprimidos como el de los LGTBI. Pero, alimentado por la represión y la obstinada reacción de quienes buscaban mantener sus privilegios, tendieron a prevalecer posturas moralistas a lo “borrón y cuenta nueva”, en la lucha para lograr estos objetivos. La versión más exitosa fue la formulada por Carlos Marx, que sostenía la existencia de contradicciones antagónicas entre las clases trabajadoras y la burguesía, que hacían inevitable la revolución socialista.

Comoquiera que su teoría pretendía estar científicamente fundamentada, terminó por colonizar buena parte del imaginario de izquierda. La dotó de categorías de análisis que fortalecieron los argumentos de los incipientes movimientos laboristas que, desde la segunda mitad del siglo XIX, luchaban por el cambio social en países de la Europa occidental. Queda para los historiadores de las ideas políticas determinar si fue o no por su éxito (relativo) en tal empeño, pero en países como Inglaterra, Alemania y Francia, fueron abriéndose oportunidades para una mayor presencia de representantes de izquierda en las instancias de poder, así como para la conquista paulatina de reivindicaciones sociales cada vez más ambiciosas. Se había abierto la puerta a visiones reformistas que pregonaban (Bernstein y otros), no por destruir el sistema, sino por conquistarlo desde adentro para promover los cambios deseados. Parecía que, en la medida que se asentaban las instituciones que garantizaban los derechos civiles de la democracia liberal, se hacía más obvia que el avance de los objetivos de la izquierda debía sostenerse en posturas constructivas, de reforma, en vez de las destructivas del “borrón y cuenta nueva”. No obstante, continuaban alimentándose, en buena medida, del ideario conceptual marxista.

La primera transformación exitosa bajo estas banderas, la bolchevique en Rusia, conducida por el celo revolucionario irreductible de Lenin, puso trágicamente de relieve el altísimo costo humano de sacrificar los derechos individuales a favor de un supuesto interés colectivo trascendente. Implicaba imponer, por los medios que fuesen, los cánones de esa nueva sociedad, siempre según los dictados del Partido Comunista, ergo, de sus dirigentes, ergo de Stalin. De manera que, con el instrumental analítico con base en el cual el pensamiento de izquierda había logrado ocupar espacios crecientes en el escenario político, se entronizaban regímenes sumamente crueles, negadores de las conquistas más importantes de la humanidad. La opresión y el atraso en nombre de los ideales que luchaban por su superación.

La gran pregunta es si ello invalida a la izquierda como opción política. La respuesta incauta de quienes nos seguimos considerando de esta inclinación, es que estos regímenes autocráticos, bajo el control absoluto de los comunistas, no son de “izquierda”. Pero difícilmente nos comprarían este argumento.

Es menester distanciarnos definitivamente de las categorías analíticas marxistas con las que se asocian y sustentar los objetivos deseados de justicia social, de lucha por la igualdad, no sólo ante la ley sino también en torno a las condiciones que permiten disfrutarla plenamente, con base en preceptos liberales. El cascarón de consignas y códigos “revolucionarios” ha pasado a justificar, hoy, despotismos militaristas calificables de fascismo. Se proclaman “antimperialistas” –contra EE.UU. se entiende— mientras aplauden la invasión de Putin a Ucrania. Y continúan las solidaridades automáticas de quienes, desde la academia, se amparan en la simbología comunistoide para reclamar la “supremacía moral” de estar del lado “correcto” de la Historia. Dejémosle su cascarón de clichés y símbolos de “Izquierda” (con mayúscula) con los que han justificado sus proyectos colectivistas, negadores de los derechos fundamentales de la humanidad, y avancemos en la formulación de propuestas liberales de izquierda, que procuran conquistar una mayor igualdad de oportunidades, lo cual significa un ejercicio democrático que acote los poderes económicos, políticos y religiosos, que atentan su contra. Para Venezuela, implica luchar por un Estado Social de Derecho, que rescate los servicios públicos y nuestros derechos civiles.

En estos días se celebra un encuentro en Bogotá, pretendidamente para promover una salida democrática para Venezuela. Lamentablemente, parecen asomarse los sesgos de quienes ubican a Maduro como víctima de una supuesta agresión gringa, para poner en el acento en el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra y no en las pruebas convincentes de que va a permitir un juego político sano, abierto, empezando por la liberación de los presos políticos. No tiene nada de izquierda la aquiescencia de Petro, Lula y otros ante los atropellos de Maduro y sus militares. Vergonzosa, además, el posicionamiento “neutral” de Lula ante la agresión de Putin contra Ucrania. Sirva la ocasión para aplaudir las posturas al respecto, asumidas por Gabriel Boric, presidente –de izquierda—de Chile.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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A la memoria de Nicolás Bianco, insigne académico, universitario cabal y amigo

Después de catorce años, la Universidad Central de Venezuela se encamina al fin a realizar, el 26 de mayo próximo, elecciones para renovar sus autoridades. Desde 2009, una absurda disposición inserta en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOA) aprobada por el chavismo ese año, eliminaba su finalidad académica, la razón de ser de nuestras universidades nacionales, estableciendo un voto “igualitario” de docentes, estudiantes, empleados, obreros y egresados. Erigía al más numeroso de estos contingentes –el de los egresados, que ya no hacen vida en la universidad—en gran elector. A sabiendas de que sus Consejos Universitarios se opondrían a convocar elecciones bajo tales condiciones, esta disposición proveía un argumento para minar su régimen autonómico. El propósito nunca fue, por tanto, “democratizar” estas instituciones, como entonces repetía el chavismo ad nauseam. Todo intento de renovar las autoridades con un peso (preponderante) del voto profesoral que asegurase la prevalencia de criterios académicos en la elección, era paralizado por cualquier militante chavista que introdujese, por encargo, amparos legales aduciendo ese artículo 34.

A ello se sumó, desde los primeros años del gobierno de Chávez, la delimitación de la autonomía universitaria a través de sucesivas decisiones que acotaban sus potestades, la represión de la protesta respectiva, destrozo de instalaciones por bandas fascistas y la progresiva asfixia presupuestaria que, cual tragavenado, fue constriñendo la capacidad de respirar de la UCV y demás universidades públicas. Los intentos por implantar un pensamiento único para afianzar una autocracia militarizada, inspirado en prédicas patrioteras y/o de un comunismo trasnochado, no podían tolerar el ambiente de pluralidad y contrastación de ideas de nuestra primera Casa de Estudios, donde se cuestionaban sus imposturas y se señalaban los desaciertos e insuficiencias de las políticas del Estado.

Si bien el espíritu universitario nunca se arredró ante la creciente agresión a las libertades académicas, no ha podido evitar los efectos nocivos del agudo empobrecimiento que ha infligido a su personal docente, administrativo y obrero la destrucción de la economía nacional y la asignación de presupuestos cada vez más exiguos. Hoy, parte importante de su planta profesoral se ha visto obligada a migrar a donde valoran sus talentos para poder sobrevivir y aquellos alumnos con posibilidades económicas, a explorar posibilidades de estudio afuera. Los empleados y personal obrero que no han migrado fuera lo han hecho al interno del país, dedicándose a actividades distintas en procura de unas bases mínimas de subsistencia que el Estado les niega como personal universitario. A eso hay que añadir la ausencia de partidas para el mantenimiento de equipos e instalaciones, los hurtos, la ausencia de reactivos e insumos para la investigación, el deterioro de las estaciones experimentales y más. Las autoridades, tanto rectorales como decanales, no han escapado de este proceso de desgaste, a pesar de su determinación de hacer valer los mejores intereses de la universidad.

Quizás confiando en que logró domar su espíritu crítico, el chavo-madurismo ha dispensado a la UCV de los desatinos de la LOA, por lo que ahora puede convocar elecciones para renovar sus autoridades. Se asoman esperanzas de que aparezcan oportunidades para empezar a enderezar la carga que se le ha impuesto, en pro de un futuro mejor para nuestra institución. Pero los candidatos que se han asomado para asumir el cargo de rector, todos de reconocida solvencia académica, compiten para conducir la institución en las condiciones adversas descritas. Más allá del valor de sus respectivos currículos y de sus experiencias académico-administrativas, se pondrá a prueba su capacidad de lidiar con los desafíos que su gestión habrá de enfrentar. A continuación, algunas inquietudes que ameritan reflexión.

El primer desafío es lograr la participación masiva de la comunidad en estas elecciones en aras de proporcionar la mayor confianza, legitimidad y apoyo al equipo que salga electo, decisivo para enfrentar los embates que habrá de confrontar la institución. Pero el reto crucial es, sin duda, el de asegurar la sobrevivencia de su razón de ser como tal, orientada a la búsqueda del saber, inspirada en “los valores trascendentales de la humanidad” (artículo 1°, Ley de Universidades) y en la excelencia académica, capaz de formar los talentos y generar los conocimientos que contribuyan con la superación de los problemas de la nación.

Tan elevada aspiración, seriamente comprometida por las agresiones sufridas, tiene que continuar siendo el norte que guie la gestión del nuevo equipo. Pero conlleva, como imperativo, enfrentar el grave deterioro del ingreso de los profesores y personal de empleados y obreros sobre los cuales descansará la posibilidad de cumplirla. Lamentablemente, la destrucción de la economía y la animadversión hacia el conocimiento, propia del fascismo, no augura expectativas de que la satisfacción de este imperativo nos lo provea el gobierno con una mayor dotación presupuestaria, acorde con tales propósitos. Ello obliga a una gerencia académica innovadora, capaz de instrumentar medidas como las siguientes:

1) Iniciar un proceso de depuración de las nóminas de docentes, empleados y obreros, basada en criterios meritocráticos sustentados en la ley, que tome en cuenta el abandono, de hecho, de muchos. No es viable la existencia de reposeros que parasitan del escaso presupuesto.

2) Gestionar acuerdos con el sector privado, instancias de gobierno y centros de investigación nacional e internacional, para afianzar la llamada “tercera misión” de la universidad, la de extensión y generación de conocimientos a terceros, que pueda proveer ingresos propios significativos. La UCV debe conectarse con el aparato productivo y con instancias del Estado como oferente de servicios y soluciones como fuente adicional de recursos.

3) Fortalecer relaciones con otras universidades nacionales y extranjeras para el desarrollo de cursos integrados de postgrado, equivalencias a nivel de pregrado, doble titulación, colaboración en proyectos conjuntos de investigación y/o extensión, etc.

4) Afianzar la vinculación con aquellos profesores de la diáspora dispuestos a contribuir, desde afuera, con las labores docentes, de investigación y extensión, lo cual obliga a fortalecer las plataformas tecnológicas que lo hagan posible y organizar, a nivel de facultad, escuela o instituto, procedimientos ágiles para que pueda rendir eficazmente sus frutos.

Iniciativas como las descritas deberán contribuir con un proceso de aggiornamento de la institución con los desafíos, exigencias y oportunidades del mundo actual. Aún con la dificilísima situación de hoy, las decisiones y medidas que tomen las autoridades deberían enmarcarse en una visión futura de universidad capaz de aprovechar cabalmente estas nuevas realidades, para bien de la institución y del país. Para ello, la UCV tiene un bagaje importante de ideas que fueron discutidas en su plan estratégico. Desde luego, éstas y otras iniciativas deben realizarse manteniendo las mejores relaciones posibles con las instancias decisorias del Estado en materias concernientes al funcionamiento de la UCV, sin que ello comprometa aspectos esenciales de su régimen autonómico. Ello pondrá a prueba los dotes “diplomáticos” y políticos, en el mejor sentido de la palabra, de quienes habrán de conducir la institución.

Finalmente, un reto insoslayable para las autoridades que salgan electas es la de mantener y fortalecer la ascendencia intelectual, moral y cultural que históricamente ha asumido la UCV ante el país (y también afuera). Venezuela necesita la orientación esclarecedora de su primera Casa de Estudios (artículo 2°, LU) para poder remontar el foso en que la han arrojado. Aún en las tan adversas condiciones actuales, el imperativo de las nuevas autoridades será continuar siendo, “La Casa que vence la Sombra”.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Lo que estamos presenciando en Venezuela en estos días todo el mundo intuía que venía. El estallido del desfalco en PdVSA desnuda la disputa de intereses entre quienes capturaron al Estado para ponerlo a su servicio. Se le abrieron las costuras al tejido de complicidades que sostenía el poder “revolucionario”. El botín, de tanto saquearlo, les quedó chiquito. Ya no podía complacer a todos.

De la larguísima lista de corruptelas que se cocinaron bajo el régimen bolivariano, empezando --recién llegado Chávez al poder-- con el Plan Bolívar 2000, destaca CADIVI. De una respuesta coyuntural a la salida de capitales que produjo la crisis política de los años 2002-3, el control cambiario se transformó en la espita central que alimentaría, hasta bien entrado el gobierno de Maduro, a todo aquel que se arrimara al poder en busca de lo suyo a cambio de muestras de lealtad y la debida anuencia cuando le era requerida. El conocido refrán, “métete con el santo, pero no con la limosna”, fue invertido por Chávez para afianzar esas lealtades: lo que te embolsillas no es asunto mío, siempre que te mantengas fiel al santo (la “revolución”, o sea, mi persona). Y lo llevaba todo anotado, para sacárselo a quien no había entendido y se le ocurría ponerse crítico. Su heredero designado encontró útil esta práctica pues, carente de la ascendencia de su mentor, debía recurrir a métodos probados para afianzar su liderazgo entre los suyos. Sin embargo, ello implicaba compartir las espitas de la corrupción con “aliados” claves, en particular, con la casta militar y con sus tutores cubanos, rusos e iraníes, a quienes debe su sostén.

Con la caída de los precios del petróleo a finales de 2014 sus cómplices se volcaron a depredar las entrañas del propio Estado para satisfacer sus apetencias. Pero, al agravarse la destrucción de los servicios y de la actividad económica en general, se profundizaron los conflictos sociales. Y sabemos cuál fue la respuesta: una represión cruel que dejó centenares de muertos entre 2014 y 2017, y llenó las cárceles de presos políticos, muchos de los cuales fueron sometidos a tortura. En condena de estas atrocidades, los principales gobiernos democráticos impusieron sanciones, primero, contra aquellos señalados de violar los derechos humanos y/o saquear a la nación y, luego, en 2017, las financieras. Al entrar en vigencia el veto impuesto por el gobierno de EE.UU. al petróleo venezolano en 2019, la respuesta de Maduro fue la típica de todo fascista: en vez de reconocer la necesidad de volver al cauce constitucional para negociar el levantamiento de estas sanciones, optó por huir adelante. Denunció que eran una agresión contra la patria (no contra su régimen), para entonces buscar cómo trampearlas. Y aquí entran en escena Tarek El Aissami y el artificio de las criptomonedas.

Una vez abandonada la comercialización de petróleo venezolano por la empresa rusa, Rosneft, para no ser objeto de las sanciones de EE.UU., las conexiones iraníes y con el Medio Oriente de El Aissami resultaron ser de gran utilidad. Aparecen intermediarios, algunos con escasa o nula experiencia en el negocio, dispuestos a “sacrificarse” desafiando la imposición estadounidense. El trasbordo de la carga en alta mar, la transacción en criptomonedas y otros giros permitirían camuflar estas operaciones. Pero tan opaco entramado no sólo lograba evadir la fiscalización gringa. A quienes participasen en la cadena se les abría las mayores oportunidades de lucro desde CADIVI. No tardaron en quedarse en el camino buena parte de los proventos del crudo. Pero los llamados al emprendimiento entre miembros de la FAN para complementar sus escasos ingresos revelaron que le habían pisado la manguera al doliente más importante del régimen expoliador, la cúpula militar. Al ser sustituido Asdrúbal Chávez por el coronel Tellechea en la presidencia de PdVSA, se detecta un faltante significativo de ingresos que lleva a auditar las transacciones comerciales. Y se encontró que el hueco, inicialmente estimado en unos $ 3.000 millones, podía llegar a ser aún mayor. La agencia Reuters reporta $21,2 millardos en cuentas por cobrar[1] y que a muchos de estos deudores se les ha perdido la pista.

Ante la agudización de la crisis económica, no había forma de ponerle sordina a este último desagüe de recursos de los venezolanos. Y cayó el grupo asociado a Tarek El Aissami, entre quienes se incluye un exministro, un alcalde, altos oficiales militares, el superintendente de criptomonedas, empresarios y otros. Al escribir estas líneas la Policía Nacional contra la Corrupción --hasta ahora desconocida-- había detenido a 19 personas. Jorge Rodríguez amenazaba, con aires de vengador justiciero, que habría más.

Voceros oficialistas –hasta ahora no implicados—alardean haberles dado un golpe decisivo a los corruptos, en defensa de los intereses del pueblo. ¿Pero, quién les cree? A pesar de haberse rasgado las vestiduras en público, son pocos los que se comen el cuento de que lo que está en juego con este incidente –de proporciones tan escandalosas-- es la lucha contra la corrupción. Todo hace pensar en un ajuste de cuentas. ¿O es que los órganos judiciales estadounidenses y voceros de la oposición no habían señalado ya a varios de los inculpados, incluido a El Aissami, Joselit Ramírez y Hugbel Roa como incursos en manejos irregulares? Pero Maduro ahora se ve obligado a asumir el término de “mafias” para referirse a quienes, hasta ayer, eran íntimos colaboradores. Y Diosdado Cabello, para no quedarse atrás en la condena del desfalco, soltó la perla de que muchos dirigentes “terminan traicionando a la propia revolución solo porque ya se han robado lo suficiente y les da para vivir en cualquier lugar del mundo”. La palabra clave aquí es “suficiente”, pues si el robo no traspasa un umbral implícito, todo queda en casa. Y, para disipar dudas sobre la farsa que se ha puesta en escena, aparece, ¡él mismo!, encabezando una marcha bajo el lema, “los honestos somos más”. ¡Por favor! Pero en ese mundo de imposturas y adefesios ideológicos en que se amparan los “revolucionarios”, aún esta muestra de cinismo puede ser superada. Y lo logró Jorge Rodríguez, desde el presidio de la asamblea oficialista. Sostuvo, sin siquiera pestañar, que, “gramo por gramo”, no había ningún presidente que había luchado tanto contra la corrupción –y aquí se acordó del guion para intercalar, “salvo Chávez”—que Nicolás Maduro (¡!) ¡“Cosas veredes, Sancho”!

El régimen que encabeza Maduro se sostiene solo en la medida en que ofrece oportunidades suficientes de lucro como mantener el apoyo de factores críticos, en primer lugar, de una cúpula militar traidora. Luego de haber rebanado la economía venezolana hasta apenas la cuarta parte de lo que era al comenzar su gestión, convertirse en objeto de investigación de la ONU y la CPI por sus notorias violaciones de derechos humanos y aliarse con regímenes forajidos para subvertir los preceptos liberales sobre los que busca asentarse la prosperidad mundial, no hay proyecto o ideal que justifique el colosal fracaso y naturaleza criminal de la “revolución bolivariana”.

En su momento, una retórica patriotera redentora y luego, la mitología comunistoide, ofrecieron argumentos para entusiasmar a muchos con la esperanza de un mundo mejor. Pero, aun cuando creyesen en ello con sinceridad, se estaba sembrando el veneno de la corrupción. De denunciar a la economía de mercado como instrumento de la opresión y a la democracia liberal, ardid de la oligarquía para sojuzgar al pueblo, la búsqueda de la añorada salvación solo le quedaba confiar en los designios del comandante supremo. La lealtad para con la “revolución” y las decisiones visionarias del líder reemplazaron a las leyes del mercado y al Estado de derecho en la asignación y el usufructo de la riqueza nacional. Ya lo alertaba Milovan Djilas por allá por los años ’50 del siglo pasado[2]: muchos dirigentes se sentían con el “derecho” a una tajada mayor del pastel por haber liderado el cambio redentor. Hablaba de la gesta comunista de Tito, en la anterior Yugoslavia. Y así emergió una nueva clase, sostenida con base en prácticas expoliadoras, cobijadas en una retórica “revolucionaria”. Su repetición ciega, desafiando toda contrastación con la realidad, no tardaría en convertirse en clave de acceso a los más altos peldaños del poder económico y político. Nació así una oligarquía novedosa que se ampara en los mitos de la izquierda para obtener la absolución del “progresismo antiimperialista” en el mundo y blindarse contra toda rebeldía social que pusiera en peligro su poder. No importa que la población se estuviese muriendo de hambre.

El régimen de expoliación se sostiene, necesariamente, en la negación de toda transparencia y de rendición de cuentas en el uso de los recursos de la nación. Simplemente, se lo apropian. Todo reclamo que desafíe esta potestad debe ser aplastado. El imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos son sustituidos por la fuerza directa y/o la judicialización de la protesta. Pero, al llegar la destrucción a los extremos vistos en Venezuela, ya no hay como satisfacer las apetencias de quienes sostienen el proceso. ¡Pero todavía pretenden cobijarse detrás de una retórica “revolucionaria”! Es muy probable que esta pelea entre mafias no termine ahí. Y uno se pregunta, ¿Hasta dónde debe llegar la putrefacción para que aquellos con un mínimo de vergüenza y decencia sustraigan definitivamente su apoyo a tan oprobioso estado de cosas? ¿Estaremos “llegando al llegadero”?

[1] https://www.reuters.com/business/energy/middlemen-have-left-venezuelas-pdvsa-with 212-billion-unpaid-bills-2023-03-21/

[2] La nueva clase, Edhasa, 1957

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

No se me quita de la cabeza la idea de que las peleas y descalificaciones entre miembros de la dirigencia opositora --cuando debería privar un espíritu unitario de cara a las eventuales elecciones de 2024--, obedecen a la convicción compartida de que el régimen de Maduro está acabado. Maduro no tiene razón de ser –lo dicen las encuestas-- y quien logre posicionarse hoy a la cabeza de la oposición será pronto presidente. A pesar de que, hasta ahora, tal supuesto no se ha cumplido, es sólo cuestión de tiempo. Ante tamaña certidumbre, las ansias de ser la persona escogida, quien habrá de bañarse de gloria por conducir –exitosamente—la transición hacia una democracia, parecen haberse salido de madre.

No tengo porqué dudar de la sinceridad de las convicciones democráticas y libertarias de muchos que incurren en tales prácticas. Asimismo, es fácil coincidir con la premisa de que el régimen de Maduro no tiene razón de ser. En fin, es insólito que, en escasos siete años (2014-2020) y sin que mediara una guerra ni otras adversidades sobrevenidas (terremotos, huracanes), la economía venezolana, bajo su mandato, se haya reducido en unas tres cuartas partes. Cuando uno le cuenta eso a quienes, fuera del país, no están familiarizados con la tragedia venezolana, la reacción más común es la de no creer lo que se les dice: es una exageración que le resta veracidad a lo que se intenta explicar. Lamentablemente, es ésta la dimensión real de nuestra tragedia, condenando a la inmensa mayoría de los venezolanos a condiciones de hambre y miseria impensadas previamente en la era petrolera de nuestra historia.

Pero, a pesar de constituir el régimen de Maduro un contrasentido, encontrado con las responsabilidades que uno espera de todo gobierno, no por ello se desprende que, por alguna sobre determinación histórica o del deber ser democrático, su salida está dada. Media, claro está, la acción política necesaria para sacarlo. Y, ésta –hemos debido aprender dolorosamente-- no es “soplar y hacer botellas”. Si hay algo por el cual el liderazgo opositor ha debido haber reflexionado bastante y con profundidad, es acerca de las causas de la inesperada resiliencia exhibida por tan nefasto, incompetente y destructivo poder.

En primer lugar, inescapable, está el apoyo de la cúpula actual de la fuerza armada. Es menester identificar a quienes, con Padrino López a la cabeza, han convertido en traidores a la patria a estamentos de la FAN, es decir, en instrumento de quienes la destruyeron y subordinaron a intereses foráneos. ¿Cómo se conforma la estructura de complicidades sobre la cual descansa? Además de la corrupción, deben denunciarse los constructos ideológicos fascistas que terminan justificando su actuación como ejército de ocupación, sometiendo al pueblo. ¿Aspectos nunca superados del militarismo decimonónico? ¿Cómo neutralizarlos? Hay que contraponer a ello una visión de la FAN en democracia: sometida al poder civil, más reducida, altamente profesionalizada y con remuneración y dotaciones que eviten las tentaciones extorsionistas que hoy la corroen.

Hay que pensar en cómo conciliar el necesario castigo a quienes hayan protagonizado la violación de los derechos humanos de los venezolanos y/o saqueado a la nación, con la imperiosa necesidad de negociar una disminución de los costos que, para ellos, implique su abandono del poder, hasta donde sea políticamente aceptable. Entraría en juego un régimen de justicia transicional y de manejo de las sanciones impuestas a muchos, que faciliten este proceso. ¿Se ha avanzado con los criterios que permitirán avanzar en este propósito, se han identificado potenciales interlocutores que podrían interceder para que ello ocurra?

Luego está la obligada respuesta a la gravísima situación económica por la que atraviesa el país. Se ha puesto en evidencia que la supuesta “normalización” que algunos creyeron se asomaba el año pasado, no condujo a recuperación alguna. Los empleados públicos -maestros, profesores, médicos, enfermeras, policías, administrativos, prestadores de servicio y demás - están tomando las calles en protesta, con frecuencia y participación crecientes, porque el nivel de empobrecimiento a que los condena sus miserables sueldos es invivible. Hay que apoyar estas luchas en demanda de mejores remuneraciones, denunciando la criminal destrucción de los medios de vida del venezolano.

Pero hay que contraponer, necesariamente, un proyecto de país alternativo, capaz de ofrecer opciones de solución creíbles, con las que la gente pueda identificarse. Esto significa, en primer lugar, desistir de soluciones mágicas: ni va a ocurrir un aumento del precio del petróleo que venga milagrosamente al rescate, tampoco la dolarización completa nos sacará del abismo y menos aún levantarles las sanciones a PdVSA. El país, igual, no tiene dólares ni capacidad de generarlos en el corto plazo.

No hay solución que no pase por un programa de ajuste macroeconómico que devuelva la estabilidad de precios y de tipo de cambio al país. Ello difícilmente ocurrirá sin un fuerte financiamiento internacional. Y, como hemos planteado tantas veces, poder contar con este financiamiento lleva a instrumentar las reformas necesarias para que la economía se reactive y pueda reembolsar esos créditos en el tiempo. Entre otras cosas, implica restablecer las garantías a la propiedad y procesales de nuestro ordenamiento constitucional y la observación de los derechos civiles, económicos y humanos en general, base para generar la confianza y las seguridades que respaldan la inversión productiva. Será necesario enfrentar, además, los poderosos intereses que se han apoderado del Estado para expoliar al país.

Sin aumentos sostenidos y ambiciosos en la productividad laboral no habrá mejoras sostenibles en los ingresos de los venezolanos. Ello es factible porque el país cuenta con una brecha enorme de recursos no utilizados o subutilizados, a causa de la gestión chavo-madurista. El ajuste, por tanto, tiene que ser de naturaleza expansiva, liberando a la economía de la asfixia de sueldos y de otros gastos del Estado, así como del crédito bancario, instrumentadas por Maduro en su intento por contener el alza del dólar. Pero esta conexión debe enlazarse con iniciativas y proyectos concretos de la gente, involucrando, donde sea posible, propuestas de solución a nivel local, regional o sectorial, en torno a las cuales pueda verse retratada. Ello deberá poner al descubierto la naturaleza de las trabas que dificultan la superación de las terribles estrecheces que sufre hoy la población, y enfatizar la imperiosidad de cambios.

Lo dicho arriba también es condición para resolver la insufrible carencia de servicios -agua, luz, gas, seguridad, gasolina, etc,- como la imprescindible e importantísima labor de recuperar, fortalecer y desarrollar una educación y una atención de salud universales y de calidad. Se han asomado muchos proyectos concretos en estos campos que, de nuevo, requieren financiamiento internacional y que presuponen el establecimiento de un marco institucional que la haga factible. Contar con la diáspora venezolana será un importante activo en este empeño, como en lo anteriormente señalado. No obstante, dada la naturaleza del actual régimen, la conexión con el necesario cambio político es insoslayable.

En fin, son muchos los elementos que deberían tomarse en cuenta para la construcción de una alternativa de cambio real, creíble y que inspire confianza. Porque no se trata sólo de dirimir el candidato de una pregonada unidad del voto opositor. Es menester aprovechar las primarias, como las movilizaciones y planteamientos que se hagan al calor de los problemas que atormentan a la población, para forjar esa alternativa, de manera que se convierta en un proyecto para el cambio capaz de inspirar a esas mayorías -80% de la población- que claman por la salida de Maduro. En una entrevista reciente por Radio Fe y Alegría, el conocido luchador democrático Chúo Torrealba expresó su frustración con los llamados a votar siempre “en contra de”: era tiempo de convencer a la gente a votar “a favor de”. Obliga a forjar una propuesta convincente, que pueda hacer realidad los cambios.

No sólo hay que escoger el candidato, es necesario forjar el apoyo masivo que garantice su triunfo y que esté dispuesto a defenderlo ante el empeño fascista de trampear las elecciones. Todavía más decisivo, es menester que el proyecto con que se identifique la gente logre consolidar el proceso de transición democrática y de transformaciones, y neutralizar los intentos que puedan producirse para sabotearlo. Evitemos estar frente al triste espectáculo de unos borrachos peleándose por una botella vacía.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com