Los resultados de las elecciones primarias para presidente en Argentina arrojaron un nuevo fenómeno político en la figura de Javier Milei, economista y diputado, quien, sin maquinaria partidista, sorprendió aventajando a sus contendores de centro derecha (Juntos por el Cambio) y peronista (Unión por la Patria). Con lenguaje tremendista y provocador, ofreció acabar con la “casta política” que, según él, se ha enseñoreado en los gobiernos de ese país, reducir ministerios, planes sociales y aportes a los fondos de jubilación, eliminar el Banco Central (dolarizando la economía) y permitir el libre porte de armas, entre otras cosas. Rebajaría impuestos y eliminaría subsidios diversos, como las indemnizaciones laborales, proyectándose como neoliberal puro, campeón del empresariado y la libre iniciativa. Aún más, su fobia a toda norma estatal le permite autodesignarse como anarcocapitalista y presumir de libertario. Sin pretender calificar tal postura, es obvio que puede resultar atractivo para la población de un país como Argentina, cuyo enorme potencial ha sido frustrado por el despilfarro populista de sus gobiernos y la subordinación de la economía a una serie de controles políticos contraproducentes.
Para algunos en Venezuela, víctima de un chavo-madurismo hermanado en tantos aspectos negativos con la conducta irresponsable del kirchnerismo argentino, pero llevado a extremos aún peores, la fórmula de Milei aparece como la varita mágica que hará desaparecer el proyecto “socialista” --o capitalista de Estado-- que ha destruido nuestras libertades y los medios de vida de las grandes mayorías. El tiro de gracia para tan oprobioso ensayo sería la reducción drástica del Estado, como ofrece Milei. Ciertamente, las 9 vicepresidencias, los más de 30 ministerios, la proliferación de centros e institutos creados ad hoc ante problemas coyunturales con los cuales no sabe lidiar este (des)gobierno, invitan a desmontarlos para “liberar las fuerzas productivas” y devolverles a sus ciudadanos oportunidades para desenvolverse. Hay que entender, empero, que esa pretensión intervencionista, hasta el extremo de invocar un mítico y absolutamente inviable, “Estado Comunal”, lo que hizo fue destruir las funciones básicas del Estado.
La tarea sine qua non de la transición democrática será reconstruir al Estado venezolano para que pueda asumir la producción de los bienes públicos que requiere la nación para la realización plena de sus pobladores y generar las externalidades en materia administrativa, jurídica y política, con base en los cuales afianzar el imperio de la ley, los derechos y garantías del ordenamiento constitucional, la convivencia pacífica en libertad y una gestión sana, auditable y responsable de los recursos públicos.
Bienes públicos, en economía, son aquellos cuyos beneficios no pueden ser capturados en exclusividad por nadie. Ergo, no hay incentivos para su producción suficiente por parte de particulares. El principio de “no exclusión”, asimismo, posibilita que, una vez producido un bien público, pueda ser aprovechado (consumido) sin pagar por él (free-rider). ¿Entonces, quién lo sufraga, cómo se financia? En respuesta, su provisión adecuada suele recaer en el Estado, capaz de conjugar los medios para ello (producción conjunta). También puede delegarla, con el financiamiento y las regulaciones del caso, a entes privados. Los más importantes son los servicios de educación, salud, seguridad, infraestructura de transporte y comunicaciones, y la provisión de agua, electricidad y otros servicios esenciales. Algunos son bienes públicos “impuros” --su consumo puede cobrarse--, pero ello no exime al Estado de su responsabilidad.
En Venezuela, lamentablemente, la ruina de su economía, la destrucción de Pdvsa, las corruptelas y el aislamiento (por default) de los mercados financieros foráneos, ha dejado al Estado sin los recursos para producir y mantener estos bienes públicos, más con la parafernalia de atribuciones adicionales que asumió con la excusa socialista. Recurrió, entonces, al financiamiento monetario (emisión de dinero del BCV), desatando una de las peores hiperinflaciones conocidas en América Latina. Y, para empeorar las cosas, instrumentó como solución un severo ajuste para reducir la liquidez, achicando el crédito con encajes prohibitivos, anclando el precio del dólar y contrayendo los salarios públicos, lo que perjudicó aún más la producción interna. Asimismo, ahuyentó parte del talento requerido para la función pública.
Las externalidades, por su parte, se refieren a los efectos de uno o de varios agentes económicos sobre otro(s), no recogidos en los precios. Por ejemplo, la contaminación, una externalidad negativa, perjudica a la población (y al ambiente), sin que la fábrica contaminante pague por tal daño (costo), a menos que el Estado intervenga, obligándola a instalar filtros o imponiéndole una multa. Un parque provee una externalidad positiva en la forma de un entorno más agradable, aire fresco, trino de pájaros, etc., sin que el residente o usuario pague directamente por ello. Es decir, las externalidades producen efectos --costos y/o beneficios sociales-- que no son reflejados como costos y/o beneficios privados. Luego el cálculo privado no coincide, necesariamente, con el óptimo social. Un buen sistema de salud, por ejemplo, reduce las enfermedades y mantiene a la población más sana, mejorando, con ello la productividad, beneficios que van más allá de lo que puedan pagar pacientes concretos por tratarse. Igual la educación: fomenta la ética y la conciencia ciudadana y contribuye con la generación y divulgación de conocimientos útiles a la sociedad, conectándola con los avances de la humanidad en otras partes del globo.
En Venezuela, un sistema de salud colapsado, sin recursos, con fuga de talento, implica un enorme costo para la sociedad, como para los individuos. Obviamente, ello ataña también a la educación y a los servicios públicos en general: electricidad, agua, etc. Y la descomposición del Estado obliga a empresas y a ciudadanos a tomar previsiones ante las arbitrariedades, ineficiencias, deterioro de la infraestructura, la incertidumbre y la inseguridad. La no rendición de cuentas, la corrupción y la falta de transparencia, potencian estos efectos negativos. Un Estado responsable debe procurar la maximización del beneficio social, produciendo bienes públicos que aumenten las externalidades positivas, y reducir las negativas. Pero el Estado de terror chavo-madurista tiene como misión generar males, no bienes públicos.
Los derechos civiles y políticos pueden considerarse externalidades (positivas) básicas, pues permiten el empoderamiento ciudadano y, con ello, su participación activa en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Para su cumplimiento se requiere un Estado fuerte, capaz de hacer respetar el ordenamiento constitucional, en un marco de justicia y equidad compartidas. Ello añade otro aspecto a tomar en cuenta desde una perspectiva liberal, los derechos socioeconómicos, pero divide este campo de pensamiento entre “derecha” e “izquierda”. Esta última enfatiza que la igualdad de los ciudadanos ante la ley no es tal si no se procura igualar las oportunidades con políticas sociales y asistenciales que doten a los menos favorecidos con los recursos para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo salario mínimo y subsidios variados. La derecha señala que ello lleva a prácticas intervencionistas que alteran el funcionamiento de los mercados, limitando la libre iniciativa individual y reduciendo el tamaño de la torta. Los llamados “libertarios” aborrecen de tales ayudas; cada quien debe valerse por sí mismo.
Discrepo. Una batería de políticas sociales bien concebidas e instrumentadas, al beneficiar a los más necesitados, genera externalidades positivas de gran impacto en la seguridad de las familias y de la población, reduciendo una variada gama de costos sociales y fortaleciendo las libertades ciudadanas. En la Venezuela depauperada de hoy, serán decisivas para la incorporación activa de las mayorías a la democracia. Son temas que las fuerzas democráticas deben plantearse con profundidad en conexión con los demás problemas e insuficiencias del país. Precisamente por ello, ¡no nos empatemos, a cuenta de las posturas de Milei en Argentina, a plantearnos como panacea la eliminación del Estado!
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
Si se ha abusado tanto de la fábula del escorpión que se ahoga por aguijonear a la rana sobre la cual cruzaba el río --“porque está en su naturaleza”--, es porque ilustra lo terco e irracional de ciertos comportamientos humanos. En una situación en la cual la permanencia del régimen depende de su capacidad de simular elecciones creíbles para que le levanten las sanciones en su contra, pero buscando que éstas no pongan en peligro su control del poder, uno esperaría una conducta menos intemperante, que despertara menos ronchas que la mostrada en estos días. Claro, el dilema que enfrenta es, en realidad, insoluble.
Sin embargo, en el pasado, el chavo-madurismo sorteaba disyuntivas parecidas asumiendo posturas de víctima o fingiendo, gracias a la censura y su control de los medios, que estaba cumpliendo con las expectativas que había levantado acerca de sí. Desde esta óptica, por tanto, lucen inconducentes la agresión gratuita del comandante de la Guardia Nacional a factores de oposición, refrendada por el eterno ministro de la defensa, Padrino López, la invitación a sacar a María Corina Machado del estado Trujillo “a coñazos”, proferida por su gobernador, como los ataques violentos de bandas fascistas a partidarios de Henrique Capriles y de la propia María Corina en distintos estados del interior, en ocasión de su gira electoral por las primarias de la oposición.
Ello nos pone en guardia acerca de la ilusión de que, actuando con prudencia, pero pisando firme, la oposición podría forjar un ambiente político que convenciera a Maduro de lo razonable que sería un acuerdo que abriese las puertas al cambio. Se pasa por alto que, para las fuerzas que hoy ocupan de manera excluyente el poder, la “razón” como determinante de su conducta política --en un contexto de reglas de juego compartidas—no es lo suyo.
No podemos perder de vista los fuertes condicionantes de esta conducta, que las han llevado a violentar las normas del Estado de derecho y a ultrajar las garantías del ordenamiento constitucional. Resaltan los intereses económicos que desnudan los análisis de economía política, que ponen de manifiesto el compromiso de factores centrales de poder con el régimen de expoliación en que ha degenerado la “revolución bolivariana”. ¿Cómo explicar las fortunas y ostentosos estilos de vida de tantos “revolucionarios”, en un país en el que las mayorías pasan hambre?
Pero, más allá de la depredación cómplice de los recursos públicos, la extorsión, el saqueo mineral de Guayana y/o el narcotráfico, solemos relativizar el fuerte condicionamiento ideológico con base en el cual también se sustenta tal conducta. Quizás lo hemos desestimado por lo disparatado de muchas de sus ideas, su falta de sintonía con la realidad y su atraso. Es decir, lo despachamos con base en criterios de racionalidad, según los cuales la retórica “revolucionaria” es incongruente y divorciada de la realidad.
Es menester recordar, empero, que una de las funciones básicas de la ideología es la tergiversación de la realidad con interpretaciones sesgadas de las cosas, capaces de refrendar las acciones de quienes se erigen ante las masas como sus grandes salvadores. Incluso la pretensión científica del marxismo se ha visto desmontada, tanto por las inconsistencias y determinismos pétreos de su formulación teórica, como por su permanente reacomodo, ex post facto, donde gobernaba el estalinismo, para que sus acciones fuesen siempre refrendadas por la teoría y ésta no fuese desmentida.
Esta inconsistencia es, por supuesto, notoria en los constructos ideológicos de los que se valió el fascismo. Como bien lo explicó Umberto Eco, en absoluto se fundamentaban en una teoría coherente que sirviese de plataforma a experiencias similares. El fascismo, según él, fue un movimiento oportunista, ecléctico, que se valía de cualquier circunstancia que pudiera ser provechosa para ampliar su poder. Apelaba, como es bien sabido, a lo emocional, a despertar las pasiones a su favor mediante una simbología maniquea que sonsacaba resentimientos y odios invernados para invocar una lucha entre “nosotros”, portadores del bien –la reparación y la venganza--, contra el mal, representada por los “otros” que nos habían agraviado.
Chávez, por supuesto, fue un maestro en esta manipulación. Encontró en el culto a Bolívar, las ilusiones frustradas del rentismo al caer los precios del petróleo, y la percepción clara por parte de las mayorías de que habían desmejorado sus condiciones de vida, elementos para construir esa simbología de confrontación: identificó a un enemigo, responsable de que sus expectativas no hubieren fructificado, y logró erigirse a sí mismo como el redentor que los llevaría a la tierra prometida. Invocó la épica emancipadora con una retórica patriotera que llamaba a reemprender de nuevo la guerra del Pueblo (con mayúscula) contra sus opresores.
Bajo la tutoría de Fidel Castro, reforzó sus discursos de odio con categorías cultivadas por la mitología comunista para “justificar” el desmantelamiento del Estado de derecho “burgués” y aprovechar los recursos del poder para aplastar a quienes, por no asentir sus disparates, eran enemigos contrarrevolucionarios. Maduro no ha hecho sino continuar con esa visión de la política como una guerra, en la que la prosecución de un fin superior –la “revolución”, así sea para revertir las condiciones de vida de la población a las de principios del siglo XX—, justifica los medios (inhumanos) para ello, registrados en los informes de las misiones de observación de los hechos de la ONU y las indagaciones de la Corte Penal Internacional.
Lo insólito es que esta manipulación ideológica pretende hacer de la militarización del país, la violación de derechos básicos y la aplicación del terrorismo de Estado para someter a la población, expresiones de un proyecto supuestamente “redentor” de los pobres y “humanista” (¡!). El fascismo del siglo XXI ataviado ahora de progreso, de “izquierda”.
Por supuesto que son pocos los que todavía creen en semejante absurdo. Podría afirmarse que la repetición incesante de clichés como referente para blindar el apoyo de sus seguidores, resultó en la conformación de una reducida secta que se refugia en una burbuja ideológica cada vez más aislada de la realidad. Pero esa pequeña secta tiene las armas y manipula los tribunales de (in)justicia para absolver sus atropellos, criminalizar las protestas e inculpar a los luchadores sociales de “terroristas”.
Escuchar al comandante de la Guardia Nacional fabricar a una oposición propensa a la violencia, aliada con el crimen organizado como enemigo a combatir y a la que tilda de “ultraderecha” (¡!), nos da una idea del resentimiento extremo, los odios y las perversiones de quienes temen perder el control excluyente –con todas sus prerrogativas—que han disfrutado del país. Y conseguir a su compañero de caverna (Con el mazo dando), Diosdado Cabello, apelando al calificativo de “fascista” para identificar a los que luchan contra la dictadura, nos traslada al mundo de la novela, 1984, admirablemente descrito por Orwell, donde las palabras –producto de la Neolengua impuesta--, significan lo contrario de su acepción original. Proyección de trogloditas, podrá decirse, pero, ojo, ¡”revolucionarios”!
Pero en Venezuela nos enfrentamos a un fascismo de nuevo cuño, que comparte sus prácticas depredadoras con bandas delincuenciales, se alía con gobiernos gansteriles a nivel mundial --del signo ideológico que sean-- para evadir sus compromisos internacionales (entre ellos, la observación de los derechos humanos), y hace un uso extensivo de consignas y categorías discursivas de izquierda para cultivar cierto apoyo “progresista” y cerrar, así, el vulnerable flanco que significaría ser retratados como “reaccionarios”. Las dictaduras, cuando son de “izquierda”, pasan por debajo de la mesa.
En lo que sí no se distingue del fascismo clásico es en su indeclinable vocación de imponerse por medio de la violencia, aupada por discursos de odio en contra de sus detractores, “enemigos de la patria”. “Está en su naturaleza”. Igualmente, solo se pliegan ante una fuerza que los obligue a hacerlo, la única “razón” que reconocen. De manera que la verdad de Perogrullo en la que tanto insisten los analistas es que las fuerzas democráticas no van a ningún lado si no son capaces de construir una fuerza que obligue al chavo-madurismo a “entrar en razón”. Para eso debe servir la movilización política en torno a las primarias y la conexión con las luchas de tantos por reclamar sus derechos a una vida digna.
Pero, además, el discurso democrático tiene que también abrirse a quienes, dentro de las filas oficialistas buscan sustraerse de las influencias suicidas de tanto fascista encapuchado de izquierdoso.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
La palabra “expoliación” viene de la acción de expoliar. Según la RAE, expoliar es, “despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad”. Es lo que han hecho, históricamente, los ejércitos de ocupación. Una vez derrotadas las fuerzas que se le resistían, solían tomar los activos y/o riquezas del territorio conquistado como premio o botín que compensaría, a nivel individual y corporativo, el haber arriesgado sus vidas. Si bien las “reglas de juego” que se fueron acordando en torno a la guerra intentaron ponerle coto al ejercicio desenfrenado de tales prácticas, han seguido ocurriendo. Para muestra, las atrocidades cometidas por el ejército invasor ruso en Ucrania y las que traen los cables noticiosos de numerosos conflictos locales en África y en otros sitios. Las acciones de expoliación, acompañadas muchas veces por crímenes aún mayores –violaciones, masacres civiles, destrucción de hospitales, escuelas y viviendas—manifiestan un absoluto desprecio por los habitantes del territorio ocupado. Bajo una dominación impuesta por la violencia, son pocos los derechos que pueden ser exigidos y menos los que serán respetados.
La introducción anterior viene al caso porque hemos venido insistiendo a través de los años, que la tan envanecida –en boca de sus principales beneficiarios--“revolución bolivariana” ha devenido, en realidad, en un régimen de expoliación. Las razones que lo explican son bastante evidentes: 1) el desmantelamiento del tejido institucional de derechos individuales y civiles, de la independencia, equilibrio y control mutuo entre poderes, y de la obligación de rendir cuentas de la gestión pública; y 2) el acoso y la relativización de garantías a las actividades económicas del sector privado, “legitimados” por una prédica construida con base en los clichés de la mitología comunista. La racionalidad de un mercado en competencia como determinante impersonal de la asignación de recursos y como criterio de decisión de medidas que generan un mayor producto social, fue sustituida por la lealtad hacia el líder indiscutido y su funcionalidad para con la consolidación del poder político “revolucionario”. La consigna de que la “verdad es siempre revolucionaria”, recordada por algunos, se transformaba ahora en, “lo revolucionario” –es decir, lo que dictamina el líder—“es siempre verdad”. Dio lugar a una creciente discrecionalidad en la gestión de los asuntos de Estado, que se plasmó en una estructura de incentivos que premiaba los apoyos al “proceso” y castigaba a quienes se oponían, El notorio incremento en el patrimonio de muchos dirigentes y su dispendioso tren de vida –camionetas, guardaespaldas, lujosos eventos sociales, compras de marca—eran una retribución merecida a sus esfuerzos por abrirle un futuro promisorio a los venezolanos. Los papeles se habían invertido; de eso trata una revolución, ¿no? Ahora los ricos y poderosos son ellos.
En sus comienzos, la expoliación tendía a concentrarse en torno al usufructo de la significativa renta petrolera captada por el Estado en los mercados internacionales de exportación a lo largo de la primera década de siglo, al mantenerse elevados los precios del crudo. Empresas de maletín, acceso a dólares baratos, contrataciones ficticias y apropiaciones diversas fueron dibujando una nueva oligarquía, amparada en los vientos políticos favorables que deparaba la “generosidad” con que Hugo Chávez repartía esas rentas. A ello habría que añadir los numerosos regalos a los “amigos” internacionales de la “revolución”, anillo de seguridad externo de creciente importancia.
La prédica socialista pronto convirtió también en cotos de caza a empresas y activos codiciados del sector privado. El uso desembozado de la fuerza se hacía ahora de forma abierta. Y, en la medida en que se profundizaba la crisis económica bajo la deplorable gestión de Nicolás Maduro, los detentores de los medios de violencia del Estado –junto a bandas armadas asociadas—adquirieron cada vez más protagonismo en la “reasignación revolucionaria” de recursos: confiscación de mercancías en alcabalas y puertos, extorsiones, primas de protección, cuando no asaltos directos.
Con tales prácticas, fueron asumiendo el rol de un ejército de ocupación, posicionado para expoliar las riquezas de la nación. Chávez les dio beligerancia, insuflando el ego de aquellos militares que lo seguían con la fábula de que eran herederos del Ejército Libertador. Y sus discursos patrioteros encontraron terreno abonado en las narrativas históricas de los siglos XIX y XX que proyectaban la construcción de patria, no como un proceso civil, sino de batallas. Nuestra precariedad institucional, hasta bien entrada la era petrolera, hacía de los militares ciudadanos de primera, tutores obligados para la preservación del orden de una sociedad débilmente estructurada. Chávez completó su encantamiento denunciando a poderosos enemigos, externos (el imperio) e internos (las cúpulas podridas de AD y Copei), que amenazaban los intereses nacionales y ponían en peligro los “logros” de su “revolución”. La FAN –ahora chavista, luego de sucesivas purgas y con la “B” de bolivariana añadida—se transformaba en tropa de choque contra tales amenazas. Su revolución era armada, no en términos retóricos, sino con la realidad de fusiles, tanques, aviones y demás armamentos.
Maduro, sin la ascendencia política de Chávez ni los dispendiosos ingresos petroleros con que contó aquel para promover su socialismo de reparto, se vio obligado a depender mucho más de los militares para sostenerse en el poder. Los corrompió deliberadamente, entregándoles la gestión o la custodia de áreas extensas de la economía, en un contexto carente de la transparencia, rendición de cuentas y del equilibrio de poderes, medios de comunicación libres, libertad de protesta y demás instituciones que resguardasen el uso correcto de los dineros de la nación. En la medida en que se acentuaba la ruina del país y los sueldos de los empleados públicos se hundían en la miseria, más importaban la fuerza, los contactos, privilegios y demás eslabones de la red de complicidades entre los jerarcas como medio para usufructuar las mieles del poder. Y ello no podía sino aumentar la pretensión, aupada en el discurso “revolucionario”, de que ellos son los auténticos dueños del país.
Una de las expresiones más deplorables de este estado de cosas la evidenciamos recientemente en el discurso del comandante de la Guardia Nacional, general Elio Estrada Paredes, en ocasión del aniversario de este componente de la FAN. Creyéndose dueño del circo, acusó a los opositores de levantar “falsos candidatos presidenciales” (por inhabilitados) y de desconocer a quienes designarán en el CNE, “imponiendo la normalización de la violencia para desestabilizar el país”, con fondos “de posible origen ilícito” y “vinculaciones con la delincuencia organizada”. El colmo, viniendo de uno de los soportes fundamentales del régimen expoliador chavista, fue su señalamiento del “robo” de activos externos que, hasta ahora y gracias a quienes realmente defienden los intereses de la nación, han podido mantenerse a resguardo de sus prácticas depredadoras. Y este discurso gorila ¡fue felicitado por el Gral. Padrino López! Más allá, se hace eco de estas barbaridades el gobernador del estado Trujillo, capitán Gerardo Márquez, amenazando públicamente con sacar “a coñazos” a la candidata opositora María Corina Machado. Según el periódico, La Razón, es dueño de empresas de servicios y constructoras que contratan con la gobernación de ese estado.
Estos trogloditas se han erigido en ejército de ocupación, en guerra contra los derechos y libertades constitucionales del pueblo democrático. Y justifican su apropiación excluyente del país (lo que queda de él), negándoles a quienes no son chavo-maduristas su condición venezolana. Habiendo traicionado, así, a la patria, al reprimir y condenar a la mayoría de sus compatriotas al peor descalabro conocido de sus condiciones de vida en la era petrolera se auto invisten, conforme a su imaginario fascista, ¡en sus defensores! Quienes protestan, son terroristas y conspiradores. Por tanto, con la complicidad de tribunales inmorales, se les condena a largas penas, como fue el caso de los seis sindicalistas hace dos semanas. Igual siguen presos Roland Carreño, Javier Tarazona, Roberto Franco y muchos otros injustamente retenidos.
No habrá salida mientras la oposición democrática no construya una fuerza capaz de neutralizar las pretensiones de este ejército de ocupación y acabar con su expoliación de los venezolanos.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
15 de agosto 2023
A raíz de la presentación por parte de María Corina Machado de aspectos de su programa económico a finales de junio, se ha venido discutiendo públicamente la conveniencia o no de privatizar a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la empresa estatal a la que se reserva, constitucionalmente, la explotación de nuestros hidrocarburos (artículos 302 y 303 de la CRBV). Las posturas van desde la convicción plena de su conveniencia, hasta aquellos quienes, rasgándose las vestiduras, lo conciben como un crimen de lesa patria. En la discusión se cuela, inevitablemente, su relación con la soberanía nacional. Detengámonos un momento a examinar este concepto.
El término soberanía se refiere al poder político sobre la toma de decisiones fundamentales para la nación. En democracia, como es (en teoría) el caso venezolano, reside en el pueblo,
“…quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.” (art. 5 CRBV)
Se intuye, por tanto, que el manejo de la industria petrolera representa un asunto de importancia central al ejercicio del poder político por parte de los venezolanos. ¿Por intermedio de quiénes? y ¿Para qué?
Conocemos la respuesta a la primera pregunta. Basándose en el Decreto de Minas del Libertador de 1829, firmado en Quito, se asumió que las minas debían ser propiedad del Estado. Pero, en realidad, lo que dice el mencionado decreto es que “…corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan bajo las condiciones expresadas en las leyes…” El control soberano sobre la industria petrolera no podía culminar, por tanto, sino en su estatización, incluyendo la de tres pequeñas empresas pertenecientes a venezolanos. Ello abrió necesariamente la rendija a la consideración de aspectos políticos en la conducción de Pdvsa pues, si no, ¿cómo se ejerce tal soberanía? Si bien desde los comienzos se quiso blindar el manejo de la empresa del juego político, confiando su gestión en Rafael Alfonzo Ravard y un equipo de calificados gerentes venezolanos con amplia experiencia con las compañías transnacionales del petróleo, con la crisis de los ’80 (“década perdida”) los planes de inversión de Pdvsa –exploración, producción, profundización del patrón de refinación-- tuvieron que aguardar, primero, a los requerimientos de ingreso del fisco. Bajo el gobierno de CAP II en los ’90, el Congreso aprobó la estrategia de apertura petrolera a la inversión extranjera. Se permitió a Pdvsa, además, quedarse con recursos para recuperar el terreno perdido. Dio lugar, como se recordará, a las denuncias de sectores de izquierda de que se sacrificaban ingresos fiscales, es decir, ingresos destinados al pueblo venezolano, para sostener planes de expansión ambiciosos de una empresa que operaba como un “Estado dentro del Estado”. Había que ponerle la mano a Pdvsa.
Sabemos lo que vino después. Con base en esta prédica, Chávez hizo de Pdvsa, el eje de su socialismo de reparto, obligándola a subsidiar “misiones”, a asumir tareas que nada tenían que ver con su misión corporativa y a comprar alianzas internacionales con diferimientos, rebajas y/o exenciones al cobro de la factura petrolera. Destruyó a la empresa, como evidencian la caída continuada de su capacidad de producción, su enorme endeudamiento, el deterioro de las refinerías y la progresiva “chatarrización” de sus instalaciones. ¿Se expresó, así, el control soberano de los venezolanos sobre la empresa? Persiste la idea, sin embargo, de que, al desplazar a las actuales mafias del poder, se recuperaría esta soberanía.
¿Qué significa? Viene a la mente el caso de las monarquías del Reino Unido y de España. Consumen una cantidad enorme de recursos y puede argumentarse su inutilidad. Mantenerlas implica un costo formidable para sus respectivas naciones, sacrificando recursos que pudieran asignarse a necesidades más perentorias de su población. En el caso británico, en todo caso, puede señalarse que sus actos representan un atractivo turístico central, por lo que un análisis costo beneficio pudiera concluir que la mantención de la casa real se justifica. En el caso español, tal aseveración es dudosa. Pero el asunto no es ese. Muchos españoles sentirán una gratificación particular por contar con la monarquía, una identificación de su lugar en el mundo, de su pasado histórico, costumbres y valores. Es un símbolo. A los políticos y economistas corresponde hacer explícito el costo de mantener este símbolo en una era en la que, felizmente, sus acciones no infringen el ejercicio de los derechos ciudadanos. A los republicanos, argumentar que, en términos de los recursos y las soluciones sacrificadas a diferentes problemas, no se justifica. Pero es un asunto --el costo de sostener los privilegios de la monarquía-- que debe quedar a la libre decisión (soberana) de españoles (o de británicos).
Pues las razones para justificar la posesión estatal de Pdvsa, se resumen, en última instancia, en su valoración como símbolo de soberanía. Entiendo, claro está, que su privatización abriría una discusión sobre la necesaria reforma de la Constitución que distrae la atención a problemas mucho más acuciosos referentes a cómo ejercer esta soberanía. Aun así, ¿Cuánto están los venezolanos dispuestos a sacrificar, en el marco de la actual devastación económica, en sostener una empresa quebrada, endeudada, con su capacidad productiva en el piso, como símbolo de soberanía?
El verdadero problema es otro. Venezuela es, hoy, un país fallido, incapaz, mientras se mantenga su control chavista, de responder a los requerimientos de vida digna para su población. Sin cambio, no habrá salida. Tan sencillo como eso. La recuperación sólo será posible con una sustancial inyección de recursos externos y éstos sólo vendrán si el país retorna al imperio de la ley de nuestro ordenamiento constitucional, que consagra las garantías, deberes y derechos de la población, y se acometen reformas importantes en la conducción del Estado para recuperar los servicios públicos, la infraestructura, la seguridad, el ambiente, etc. Pero ¿a cuenta de qué los multilaterales nos van a prestar esos recursos? ¿Acaso somos el único país necesitado o más “chéveres” que los demás?
El gran aval para recibir esos préstamos es nuestra capacidad para generar significativos ingresos por exportación petrolera. Supondría, desde luego, el levantamiento de sanciones al regresar el país a un régimen democrático, de garantías. Y solo será posible si logra atraer ingentes inversiones de empresas transnacionales del ramo. Pero habrá de ocurrir, además, en un contexto mundial en el que se han venido instrumentando, sobre todo en los países más avanzados, medidas para disminuir el uso de los combustibles fósiles causantes del llamado “efecto invernadero”, para detener el cambio climático. Algunos analistas sitúan el punto de inflexión a partir del cual comienza a caer la demanda por petróleo –peak demand-- para finales de esta década. Mientras, la oferta está aumentando rápidamente en Guyana –producirá más que Venezuela dentro de pocos años--, Brasil, produce hoy más de 3,2 MM de b/d y se anuncian ambiciosos planes de expansión en Irak, Kazajistán y Nigeria. Asimismo, los gigantes, EE.UU., Arabia Saudí y Rusia seguirán produciendo, cada uno, por encima de 10 MM de b/d.
La competencia de estos productores por atraer inversiones para un mercado que comenzará a decrecer pronto dependerá, entre otras cosas, de sus acciones para contener el cambio climático. También el Banco Mundial anuncia que este criterio será cada vez más importante para otorgar créditos a los países que lo solicitan. ¿Acaso la Pdvsa quebrada, “doja, dojita”, podrá competir en este plano?
Nuestra soberanía sobre el petróleo debe tener como norte la maximización de los beneficios que genera, en el tiempo, a su población. Serán escasos si sigue monopolizado por una empresa estatal convertida en instrumento político. Solo abriendo el sector a la inversión privada, con un paquete atractivo de incentivos y un plan creíble para la transición energética, se evitará que Venezuela termine como país fallido, en el sótano de América Latina y el Caribe, al lado de Haití. El pecho henchido de nacionalismo porque Pdvsa no se privatice, solo se entiende en aquella exigua minoría chavo-madurista que sigue creyendo el mito de que representan, de manera excluyente, al Pueblo (con mayúscula).
7 de agosto 2023
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
El pasado 20 de julio, el antropólogo Víctor Rago asumió el cargo de Rector de la Universidad Central de Venezuela, junto a quienes forman el nuevo equipo rectoral electo el pasado 9 de junio. Enhorabuena. Si bien es ocasión de celebrar, pues la UCV llevaba unos quince años sometida a una absurda disposición aprobada por el chavismo que impedía el ejercicio de sus potestades autonómicas para renovar, con base en criterios académicos, a sus autoridades, es obligado hacer referencia, también, a los formidables desafíos a que tendrán que afrentar los recién elegidos, incluyendo decanos y demás representantes del gobierno universitario.
Destaca, en primer lugar, la terrible situación que ha resultado del acoso y de la desidia de un Estado dominado por el chavismo contra las universidades nacionales. Años de agresión física, destrozo y de robo de activos de la institución a mano de bandas forajidas identificadas con el régimen –computadoras, equipos de laboratorio, colecciones valiosas, insumos, instalaciones diversas, incluidas las estaciones experimentales, y enseres de todo tipo--, han asestado un duro golpe a las posibilidades de realizar sus elevadas funciones académicas de docencia, investigación y extensión con base en los criterios de excelencia que las deben inspirar.
Pero también hay que recordar las agresiones contra personas –estudiantes, profesores, empleados, incluso contra miembros del equipo rectoral—que buscaron sofocar, imponiendo un reino de terror, la naturaleza crítica que, por excelencia, debe poner de manifiesto toda universidad que se valore como tal.
Luego está el cercenamiento progresivo de sus potestades autonómicas con dictámenes judiciales y la confiscación por parte del Ejecutivo Nacional de manejos administrativos que son propios de toda institución autónoma. Finalmente, resalta la ignominiosa postración a la que se le ha intentado llevar mediante una asfixia presupuestaria progresiva, aplicada con saña y alevosía. El elemento más criminal de ello son los sueldos de hambre a que fueron sometidos profesores, empleados y trabajadores, con la clara intención de quebrar la dignidad y el aprecio con los que deben ejercer sus funciones. Ello no soslaya, empero, el daño causado por la falta de recursos con los cuales mantener adecuadamente las instalaciones universitarias, como por la incapacidad de reponer y ampliar su dotación de equipos científicos y administrativos.
Cabe señalar que este cúmulo de ataques no puede simplemente despacharse cómo la agresión típica de toda dictadura militar contra una institución que, por su esencia, le corresponde ser crítica ante las arbitrariedades, injusticias y escamoteos de la verdad ejercidas desde el poder. Tampoco deben relativizarse haciendo referencia a las asignaciones recientes del Ejecutivo para reparar y mantener aspectos de su infraestructura. No debe olvidarse que la Ciudad Universitaria de Caracas, obra magistral del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Mal haría un régimen que aspira romper su aislamiento internacional no mostrar su “interés” en cuidar de sus instalaciones. Pero estas escasas carantoñas no pueden esconder el terrible quebranto del acervo científico, humanístico, tecnológico y cultural de las instituciones de Educación Superior bajo la égida del régimen fascista chavo-madurista.
Un video que circula recientemente por las redes muestra los espantosos niveles de destrucción de lo que queda de la Universidad de Oriente (UDO): edificaciones, laboratorios, auditorios y campos deportivos reducidos a escombros, como si hubieran estado sometidos a bombardeos. Otras reseñas, referentes a la situación de la Universidad del Zulia (LUZ) y la de Los Andes (ULA), ponen de manifiesto también destrozos inaceptables de sus instalaciones, aunque quizás no en grados tan lamentables como los de la UDO.
Y no hay que aventurarse mucho para entender que, más allá, la víctima central de estas agresiones ha sido la nación venezolana. La generación de conocimientos, la formación de talentos y la interacción provechosa con la frontera internacional de saberes son indispensables, hoy, para un crecimiento económico sano y justo, la contención del cambio climático, el resguardo del ambiente y la dotación de condiciones de vida dignas, en lo material como en lo espiritual, a la población. Pero en Venezuela, el valiosísimo instrumento que representan las universidades de excelencia, interlocutoras imprescindibles con los avances de la humanidad y agentes ideadas para convertirlos en palancas positivas de cambio y de progreso, son arrasadas.
Tanto escuchar mencionar a la Sociedad del Conocimiento para que una oligarquía militar-civil ignorante y primitiva mantenga aplastada, precisamente, las casi únicas antenas de que dispone el país hacia tan indispensable ingrediente del bienestar: el conocimiento. En momentos en que la destrucción de lo que fue una vez una industria petrolera pujante y eficiente deja al descubierto la enorme vulnerabilidad que representó depender de ella como sostén de nuestra prosperidad, merece calificarse como crimen de lesa humanidad del régimen haber llevado a nuestras universidades al estado en que se encuentran hoy. Cómo revertir este proceso es, por tanto, el gran desafío.
En lo inmediato, es menester encontrar la forma de mejorar, aunque sea algo, las miserables remuneraciones a las que se ha visto condenado el personal académico y de apoyo. Debería ser preocupación central del Ejecutivo, pero dada la destrucción de la economía y la inquina del fascismo hacia fuentes de conocimiento autónomas que cuestionen sus “verdades”, es dudoso esperar una mayor dotación presupuestaria para las universidades y mejores sueldos a quienes en ellas laboran. Pero hay que insistir. Podría explorarse la concertación de planes para sincerar la nómina y reducir personal redundante. El Estado no puede desentenderse de esta responsabilidad. Lamentablemente, los ambiciosos proyectos de las zonas rentales de Caracas y Maracay habrán de aguardar mejores tiempos.
Fuentes independientes de recursos, como la generación de ingresos propios por la venta de cursos de especialización (“diplomados”), asesorías y servicios especializados, como el alquiler de espacios y equipos, promoción de eventos, desarrollo de parques tecnológicos y/o de incubadoras de empresas, etc., deben promoverse donde sea posible. La flexibilización de la normativa respectiva debe ocupar la atención de las nuevas autoridades.
Más allá, es necesario profundizar los vínculos de la UCV con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, agencias de cooperación, la UDUAL y otras asociaciones universitarias, para compartir proyectos de investigación, postgrados integrales, convenios de doble titulación, etc., que extiendan el nombre y alcance de nuestra Alma Mater más allá de lo que permiten los magros recursos con las cuales se la ha dejado.
Para profundizar en este afán no hay otro camino que el de continuar y profundizar la rigurosidad y el apego a la búsqueda independiente de la verdad, con la que toda institución académica con pretensiones de excelencia debe abordar su misión. Ésta no se define, claro está, por su oposición al régimen, pero si se identifica con la prosecución de los fines más nobles de la humanidad a través de su labor creativa y la defensa de los valores de justicia, libertad e inviolabilidad de los derechos básicos del ser humano.
La Universidad Central de Venezuela exhibe un rico historial al respecto, del cual nos sentimos orgullosos los UCVistas. En tal sentido, los aportes de las universidades al enriquecimiento de la democracia, tanto en la solución de problemas diversos de la población como en su elevación espiritual y cultural, han sido muy positivos. ¡Ojalá existiesen posibilidades de llegar a acuerdos con el Estado venezolano para fortalecer estos atributos! Lamento tener que concluir que, para ello, tendría que existir otro gobierno, pues el actual ha mostrado encarnar su antítesis.
De manera que el desafío central de las nuevas autoridades de la UCV es cómo sobreponerse a este clima de penurias, adversidades y atraso al que, infortunadamente, ha provocado la oligarquía en el poder, para sostener su elevada misión académica con la mayor libertad y consecuencia posible. Confiemos en que las nuevas autoridades, con el apoyo activo de la comunidad, exhiban las convicciones, firmeza de decisiones, pero también, la requerida prudencia, para conducir exitosamente a la institución en esta dirección, en tan menguada hora para el país. Su misión se resume en seguir siendo fiel al impar lema de “la Casa que vence la sombra”. Nuestros mejores deseos porque así sea.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
Las tiranías totalitarias pretenden legitimarse invocando fines trascendentes cuya prosecución habría de liberar, de una vez por todas, al Pueblo (con mayúscula). Apelan a percepciones de injusticia de quienes se sienten marginados, alimentando sus resentimientos y ansias de retaliación para comprometerlos en la conquista de los ofrecimientos reparadores de un líder carismático. En su prédica, la lucha es porque triunfe el bien, es decir, los intereses de “nosotros”, el Pueblo, contra el mal representado por los agentes políticos o sociales enemigos, es decir, los “otros”. Tal simplificación maniquea se rinde ante la fe en un eventual reino de dicha que reivindicará, como debe ser, a los agraviados. Esta creencia da lugar a una construcción teleológica, de claros tintes religiosos, que se sobrepone al dominio de la razón. Esto incluye a la prédica comunista, que alega basarse en una teoría “científica” del cambio social. No puede haber dudas sobre cómo proceder. Sea por la voluntad de un Dios todopoderoso, como sucede con el extremismo islamista de hoy y con la inquisición y las cruzadas de ayer, o por el inexorable triunfo de la justicia que proveerá el devenir de la Historia (con mayúscula), se va forjando un espíritu de secta, cerrada sobre sí misma, que no admite cuestionamientos externos. Inspiradas en verdades reveladas, son refractarios a la razón. Basta con el apasionamiento de saberse en la conquista de lo justo.
El 26 de julio, hace 70 años Fidel Castro encabezó un asalto suicida a un cuartel militar en Santiago de Cuba (Moncada) para derrocar al dictador, Fulgencio Batista. Sobrevivió. En el juicio montado en su contra, argumentó haber insurgido contra un régimen terminal, por inmoral y decrépito: “la Historia me absolverá”. Tal manifestación de fe en el devenir societario se convirtió pronto en proclama de lucha contra la opresión por parte de las distintas fuerzas enfrentadas a la dictadura. Sabemos el desarrollo posterior de los acontecimientos. Basta señalar que la épica guerrillera como eje de la Revolución, luego de eclipsar los aportes al derrocamiento del dictador por parte de la resistencia en las ciudades, adquirió visos de leyenda, contribuyendo a asentar la ascendencia de Fidel ante los cubanos. Ayudó, claro está, una fuerza militar –ahora revolucionaria—que llenaba el vacío del desmoronado ejército batistiano.
Esta absolución por las fuerzas inexorables de la Historia tiene como importante antecedente el alegato que, en su defensa, hizo Adolf Hitler, al ser enjuiciado por el llamado “putsch de la cervecería” de 1923, en Múnich. “Porque no son ustedes, caballeros, los que nos juzgan. Ese enjuiciamiento lo dictamina la eterna corte de la Historia. (...) Podrán pronunciarnos culpables mil y una veces, pero la diosa de la eterna corte de la Historia sonreirá y hará trizas el alegato del fiscal y la sentencia de esta corte. Ella nos absolverá”[1]. Norberto Fuentes, en, La autobiografía de Fidel Castro (Tomo I), señala que, entre los libros que leía Fidel previo al célebre juicio, preso en la Isla de Pinos, estaba el Mein kampf de Hitler, contentivo de la aludida aseveración.
Ambos tiranos se presentan como meras herramientas de designios superiores, trascendentes, que, con o sin su participación, habrían de imponerse irremediablemente. Proyectarse como agente de fuerzas extraordinarias, cuasi telúricas, que se sobreponen a nuestras voluntades particulares, tiene deplorables implicaciones para la construcción de referentes morales. Por un lado, confiere una supremacía moral inobjetable a quien pregona los fines que, irremisiblemente, habrán de cumplirse. Contribuir con ellos define el criterio de lo que es correcto; oponerse, de lo incorrecto. Isaac Berlin nos recuerda que, en el caso del comunismo, supone un concepto de verdad que no depende de su correspondencia con los hechos, con la realidad empírica. Es verdad –según esta visión-- lo que es funcional para con el triunfo de la Revolución, acontecimiento inexorable que marcará la culminación triunfante de la Historia. Así, no hay forma de combatir las falsedades del discurso revolucionario, ya que sus referentes no son los mismos de los que argumentan en su contra. Quien critica sus postulados es, simplemente, enemigo de la verdad y de la humanidad, condenado al basurero de la Historia.
A su vez, al proyectarse estar por encima de las nociones “engañosas” del bien y del mal con que estos “enemigos” arremeten contra la “liberación de los Pueblos”, los “revolucionarios” son tremendamente inmorales. Todo se vale, siempre y cuando contribuya con el avance y consolidación del proceso eminente de hacer realidad el reino de paz y de dicha que pondrá fin (en una eventualidad pospuesta eternamente) a las miserias humanas. No importa que este esfuerzo se haya acompañado de centenares –miles-- de muertes por desnutrición, represión o por haber desaparecido medicamentos y destruido una adecuada asistencia de salud. En alegoría a los mitos de redención de nuestro legado judeocristiano, tales sacrificios por el triunfo de un bien superior son bienvenidos. En tan pavorosa oclusión ética y moral, a los dirigentes les resbala asumir decisiones crueles que destruyan los medios de vida –y la vida misma-- de la población. Así lo atestiguan las experiencias de Cuba y Venezuela. Palidecen, en comparación, los tan denostados llamados a “apretarse el cinturón” de los ajustes neoliberales como fundamento necesario (también eventual) de la prosperidad y la justicia que otorgan las fuerzas del mercado.
Blindados por la Historia, los personeros más despreciables, carentes totalmente de escrúpulos, pontifican sobre las “virtudes” de la “revolución” mientras descalifican con descaro a luchadores democráticos. Diosdado Cabello justifica las agresiones de sus bandas fascistas contra Henrique Capriles y contra María Corina Machado, en gira cada uno ante la convocatoria a las elecciones primarias de la oposición, inventando que provienen de un “Pueblo” que reacciona contra las sanciones impuestas por EE.UU. Jorge Rodríguez despotrica de la Unión Europea luego de que la Eurocámara condenara la inhabilitación política dictada (por la contraloría de Maduro) a María Corina. Vladimir Padrino, soporte del oprobio y destructor de la FAN, denuncia la “guerra económica y mediática” y los “llamados a la violencia” que, supuestamente, promueven factores de oposición, para justificar su complicidad con la tiranía. Insólitamente, se sigue exigiendo la liberación de Alex Saab como si fuese un mártir de la “revolución” y no un delincuente preso por traficar, entre otras cosas, con el hambre de los venezolanos. Con el veneno que destilan en estas imprecaciones contra las fuerzas democráticas, amparadas en esa supuesta “supremacía moral” que creen poseer, podría suplirse una fábrica entera de suero antiofídico y contra todo tipo de alimañas tóxicas.
Con semejantes barbaridades buscan todavía cautivar apoyo y mantener la concertación con militares, jueces y funcionarios corruptos para continuar con el saqueo a la nación. Pero su apoyo, según la última encuesta Delphos, de junio, es de sólo un 9,4%: “resteado con Maduro.” ¿Cómo llegar a acuerdos que abran posibilidades de cambio democrático con quienes insisten en refugiarse impunemente en una burbuja de falsedades? En vez de reconocer su fracaso, como haría cualquier político racional, insultan airadamente a quienes se lo señalan.
Pero están, cada vez más, venidos a menos. Conscientes de ello y desesperados por las perspectivas de una derrota segura de realizarse unas elecciones confiables, intentarán todo lo que puedan para amañarlas con inhabilitaciones, saboteando las primarias y con otras marramuncias. Su arsenal de atropellos no tiene límite alguno en el respeto a las normas de convivencia que deberían prevalecer en democracia. Persisten en su engaño de contar con la absolución (impunidad) de la Historia. Y ahí está su gran problema. Necesitados de un mayor reconocimiento internacional para poder sobrevivir en el foso en que han hundido al país, deben dar muestras de una disposición a llegar a acuerdos con las fuerzas democráticas para realizar elecciones en condiciones sanas y creíbles, es decir, respetando verdaderamente la voluntad popular. De nada sirve intentar convencer a la Unión Europea y a EE.UU. y, mucho menos a esas grandes mayorías de venezolanos desesperadas porque se les ofrezca una salida, invocando los fines supremos (existentes solo en mentes delirantes) de la Historia.
El fascismo no está, claramente, en sus mejores momentos. Es menester, por tanto, poner a un lado discrepancias y suspicacias entre fuerzas opositoras y consolidar una plataforma programática consensuada con las luchas de la población por sus derechos, a la vez que se aumenten las exigencias de que sea respetado el ordenamiento constitucional y puedan realizarse elecciones libres, sin trampas. Han de saber que la historia, la verdadera, sin mayúscula, no los absolverá. Habrá que facilitarles una salida, también, para los que ya están conscientes de ello.
[1] Ver, Schirer, William L. (1966), The Rise and Fall of the Third Reich, Vol. I., Pág. 78. (traducción e itálicas mías, HGL)
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
El martes 4 de julio, Nicolás Maduro denunció intentos de la oposición de dividir a la fuerza armada. Pidió a su eterno ministro de defensa, Vladimir Padrino López, que la FAN diera respuesta “al fascismo” --calificación que define mejor que nada a su propio régimen--, “al golpismo y al imperialismo, con unión, moral, en la calle, con fuerza y que les diga claramente que con la Fuerza Armada no se metan”. Fue un ruego a estamentos de la FAN bajo su control para que siguiesen sosteniendo su dictadura. Sin este apoyo, Maduro, en marcada minoría, repudiado por la mayoría de los sectores de la vida nacional y aislado de buena parte de la comunidad internacional, no puede mantenerse en el poder. Es el uso de la violencia oficial y/o la amenaza de usarla, la que ha evitado que la voluntad popular lo haya desplazado. Por tanto, su denuncia se traduce en que los militares que lo apoyan continúen violando los preceptos constitucionales que deberían fundamentar su conducta como institución al servicio de la nación, no a su persona (Art. 328):
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Recordemos como Chávez, luego de su separación efímera del poder en abril de 2002, se dispuso a purgar a la FAN, alineándola con su proyecto político. Le añadió el epíteto de “bolivariana” y exigió lealtad a su persona, acosando a aquellos que insistían en una conducta institucional conforme al artículo de la constitución arriba citado. Maduro acentuó esta perversión. En la Ley “orgánica” de la FANB de 2014 –ley “orgánica” aprobada por él por decreto presidencial, contrario a lo establecido en la Constitución--, identifica claramente al cuerpo militar con su régimen y le confiere un protagonismo en la conducción de asuntos del Estado y en el manejo de actividades comerciales. Pero ello es apenas el paraguas formal de la apropiación efectiva del país por parte de militares cómplices que venía adelantándose desde Chávez. Para 2018 estaban al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras actividades. Maduro les proveyó una Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), para que intermediaran en negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio. Manejaron, además, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla las empresas básicas de esa región, los puertos y aeropuertos, y empresas públicas como, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Actualmente, un militar es a su vez, Ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA.
Este apoderamiento militar de porciones de la economía se benefició del desmantelamiento del Estado de derecho que marcó la gestión de Chávez y de Maduro. La ausencia de contrapesos, de transparencia y de rendición pública de cuentas redundó en un ambiente favorable a todo tipo de irregularidades, muchas al margen de la ley, para capturar rentas provenientes de la exportación petrolera. El protagonismo de algunos militares inescrupulosos en estas prácticas permite señalarlos como artífices, por ende, del régimen de expoliación que, a la luz de la ausencia de controles, terminó instalándose en Venezuela al amparo de la prédica “revolucionaria”. En tal sentido, forman parte del proceso destructivo que acabó, bajo la gestión de Maduro, con los servicios públicos, la infraestructura y los medios de subsistencia de los venezolanos. Aunado a su activo protagonismo en la represión de las variadas protestas de la gente, lo anterior los convierte en actores abiertamente contrarios al interés nacional.
¿Cómo se explica que algunos militares hayan traicionado su misión, fungiendo, de hecho, como verdugos de la Patria? Obviamente el interés crematístico, facilitado por el quiebre del ordenamiento constitucional, ocupa un papel central. Hoy, su complicidad en la devastación de la nación, sometiendo a la inmensa mayoría de venezolanos a un régimen opresivo que los condena a niveles insólitos de pobreza, a pesar de los recursos petroleros de que dispone el país, se ve reforzada por los sueldos miserables que, formalmente, percibe la oficialidad castrense. Como el resto de los empleados del sector público, tal remuneración no les alcanza para vivir. Por tanto, su control de aduanas, aeropuertos, puertos y alcabalas, como su participación en la inspección o fiscalización de actividades económicas, ha hecho de la extorsión la fuente principal de sustento para muchos. Si bien tales actividades parasitarias son comunes en dictaduras militares, en Venezuela se amparan en el discurso chavista.
Desde la independencia, o gracias a ella, los militares se han arrogado la potestad de ser decisores activos de los destinos de la patria. El sacrificio de vidas y la sangre derramada constituía la credencial de honor con la cual reclamar su función tutelar sobre la sociedad. Pero la FAN de hoy nada tiene que ver con el Ejército Libertador. Tiene sus orígenes en la profesionalización de la carrera militar instituida bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, que acabó definitivamente con las montoneras que asolaban al país durante buena parte del siglo XIX. Pero Chávez, en los delirios iniciales con que arribó al poder, les dijo a los militares que eran los herederos del legado emancipador. Como tales, estaban llamados a conducir la patria hacia los destinos gloriosos que su liderazgo deparaba. Tan patriótico rol tutelar los convertía en genuinos dueños del país. Con base en el culto a Bolívar y una retórica antiimperialista que sustituía a la España de principios del siglo XVIII por EE.UU., hizo de la FAN una especia de Guardia Pretoriana a su servicio. Entre otras cosas, la llevó a apoyar a los insurgentes colombianos (FARC, ELN), permitiendo que traficaran drogas a través del territorio venezolano. De ahí surgió, como sabemos, el llamado Cartel de los Soles, en el cual se señala participación de miembros de la alta oficialidad militar. Y, con una prédica de odio contra quienes se oponían a su proyecto, fue moldeando conductas fascistoides entre los integrantes de la cúpula militar que lo apoyaban. ¡Patria, socialismo o muerte!
En este proceso, Chávez destruyó a la FAN como institución, sustituyendo el compromiso jurado de ésta con los supremos intereses de la nación, por la lealtad a su persona. Relevó de mando a quienes no asentían a esta sumisión y detuvo, con acusaciones frecuentemente inventadas, a aquellos que podían poner en peligro su ascendencia sobre el cuerpo castrense. Maduro, desprovisto de tal ascendencia, ha acentuado la represión de militares institucionalistas. Con participación de la inteligencia cubana, ha desatado, bajo la DGCIM y el SEBIN, un verdadero reino de terror en su seno. Más de la mitad de los presos políticos en Venezuela actualmente son militares, unos 150. Investigaciones de organismos defensores de los derechos humanos, de la ONU, la OEA y ONGs respetables, reportan que muchos han sido sometidos a torturas salvajes. Se registra la muerte del capitán Acosta Arévalo, Rafael Arreaza Soto y Gabriel Medina (policía), entre otros. El compromiso de integrantes de la cúpula militar con el régimen de expoliación que arruinó al país se ha traducido, además, en la feudalización de la estructura castrense en REDIs, ZODIs y ARDIs. Muchos han degenerado en “cotos de caza” repartidos a través del territorio nacional, a ser depredados por auténticas mafias.
Maduro anunció el 5 de julio, el reemplazo de los comandantes del ejército, la armada, la aviación y la milicia bolivariana, y otros cambios en la cúpula militar. No obstante, ratificó a Padrino López, quien lleva 9 años como ministro de defensa, y a Domingo Hernández Lárez en el Comando Estratégico Operacional de la FANB. Son anclas del fascismo castrense que busca consolidar. Algunos analistas señalan que estos cambios se deben al malestar e inquietud creciente dentro de la estructura militar, que no puede ser ajena a la tragedia que vive el país. A ello obedecería su denuncia sobre supuestos intentos de la oposición de dividir a la FAN. ¿Se desmorona el sostén castrense de Maduro? ¿Hasta cuándo se va a prestar el componente militar a servir de salvavidas a quienes tienen como finalidad la destrucción del país? Es lamentable que siga descomponiéndose lo que una vez fue una institución respetada.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
La situación de Venezuela luce terriblemente comprometida en todos los frentes, incapaz de generar condiciones para una vida digna de sus habitantes. De no introducirse cambios drásticos en su manejo, habrá de convertirse en un país fallido. La responsabilidad de tal fracaso recae en la gestión del chavo-madurismo frente al Estado. Redujo la actividad económica en más del 75%; destruyó la moneda nacional –el bolívar—y la capacidad adquisitiva de los venezolanos, perpetuando, durante años, la inflación más alta del mundo; incrementó, aún más, la descomunal deuda externa que dejó Chávez, precipitando una situación de default que aisló al Estado de los mercados financieros internacionales; acabó con las capacidades del Estado por responder a las necesidades de la sociedad, tanto en materia de salud y educación, como con los servicios públicos de agua, luz y seguridad y la infraestructura física; achicó la banca y, con ello, su capacidad crediticia; acentuó las desigualdades sociales, haciendo de Venezuela el país más inequitativo de América Latina; logró el milagro de arruinar a PdVSA, nuestra “gallina de los huevos de oro”; y colocó la explotación de ricos recursos minerales, como de importantes decisiones estratégicas, en manos de cubanos, rusos, chinos, iraníes y de bandas criminales. Nos impuso esta tragedia haciendo un uso extensivo de la represión, disolviendo las garantías ciudadanas y los derechos humanos consagrados en la Constitución. Tal proceder sólo fue posible por la connivencia de un sector descompuesto de la FAN, traidor a la patria, y de jueces y policías corruptos. La Corte Penal Internacional investiga a Maduro y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad contra la población.
Elemento central de esta tragedia --pero lejos de ser el único-- es el colapso de la economía. Aunque el régimen levantó los controles de precio y liberó la tenencia de dólares, al haber arruinado la economía doméstica y destruido PdVSA, se quedó sin ingresos para financiar su gestión. Como tampoco tenía acceso a los mercados financieros internacionales, acudió a la emisión de dinero por parte del BCV, perpetuando las presiones inflacionarias que tanto han empobrecido a la gente. Y su respuesta para aplacar este flagelo ha sido la peor: 1) redujo el gasto público, aumentando la inoperancia del Estado, agravando la prestación de servicios públicos y comprimiendo los sueldos reales de los empleados del Estado; 2) elevó el encaje bancario hasta eliminar, prácticamente, su capacidad crediticia; y 3) intentó estabilizar el precio del dólar como ancla del sistema de precios, “quemando” las escasas divisas que entran al país. O sea, el chavo-madurismo cometió la barbaridad de reducir, aún más, la demanda como fórmula antiinflacionaria, en momentos en que la economía exhibe un descomunal desempleo de sus recursos productivos. Se acentuó, así, el impacto devastador de su gestión sobre la oferta de bienes y servicios, contrayendo aún más el ingreso, ya bajísimo, de los venezolanos. Se perpetúa la situación de postración en que se encuentra la economía, impidiendo la recuperación de los niveles de vida de la población. Un círculo vicioso que revela que, sin cambios significativos, Venezuela continuará entrampada en este estado de pobreza extendida, sin mayor perspectiva de alivio.
Superar esta trampa requiere de una inyección sustancial de recursos externos para sanear al Estado, rescatar los servicios públicos, atender la emergencia humanitaria y liberar a las fuerzas productivas del conjunto de trabas que las aplastan. Pero el acceso a tales recursos está condicionado a reformas que restablezcan el ordenamiento constitucional, ofrezcan garantías a los mercados internacionales, como condiciones que aseguren el reembolso eventual de tales empréstitos. Ello no coincide con el interés del chavo-madurismo de perpetuar el estado de anomia que resultó de desmantelar las instituciones y de la destrucción del Estado de derecho para continuar expoliando, sin restricciones, las riquezas del país. ¿Podrá cambiar de actitud? Se evidencia, entonces, que el entrampamiento es político.
La salida es también, obviamente, política. Del lado de muchos jerarcas del oficialismo, admitir las reformas antes mencionadas implica ceder privilegios y exponerse a ver confiscadas sus fortunas mal habidas y/o a pesar largos años en prisión por sus atropellos. Intentan blindarse erigiendo una falsa realidad a base de clichés, en la cual refugiarse. ¿Habrá otros dispuestos a negociar su salida y/o a permitir los cambios? ¿En qué condiciones? La inhabilitación política de María Corina Machado y la intervención del CNE atestiguan la intención de cerrar la vía electoral para materializar tales cambios. La represión de la protesta sindical en Guayana, como otras violaciones de derechos civiles, indican, asimismo, la continuidad de prácticas dictatoriales. ¿Qué haría falta para aumentar las posibilidades de que emergieran interlocutores oficialistas interesados en liberar al país de la actual tragedia?
La respuesta a la pregunta anterior depende mucho de lo que puedan hacer las fuerzas democráticas. Debilitadas, divididas y sin una vinculación estrecha con los diversos sectores que luchan contra la dictadura, será muy poco. Seguiríamos entrampados. El desafío crucial es, por ende, forjar la unidad requerida para construir una fuerza capaz de labrar espacios de lucha conducentes al cambio. Fundamental, en ello es saber asumir las aspiraciones de las mayorías en un proyecto claro y viable que les inspire confianza en las posibilidades de conquistar el cambio. Las movilizaciones con miras a participar en las primarias opositoras del 22 de octubre son un buen comienzo. Asimismo, la respuesta contundente de todos los candidatos ante la inhabilitación política de María Corina Machado que, junto a la impuesta a Enrique Capriles y a Freddy Superlano, violan la constitución, es también alentadora. Pero debe perpetuarse en una plataforma unitaria que conecte con las luchas sociales como imperativo para conquistar condiciones electorales confiables que abran las puertas a las posibilidades de cambio político. Persistir en la lucha por unas primarias que aúnan voluntades mayoritarias en torno a un propósito común de transformación democrática e inclusiva del país –o cualquier otro mecanismo consensuado que cumpla con tales requisitos--, por más obstáculos que interpongan los personeros del fascismo chavo-madurista, debe ser la estrategia a seguir. Tanto las inhabilitaciones, como la intervención, también inconstitucional, del CNE, revelan la vulnerabilidad de Maduro ante la perspectiva de que se concreten elecciones mínimamente confiables. Perdería de calle ante quien emergiese como candidato/a de unas primarias que cumpliesen con los propósitos arriba mencionados. Ahora es cuando las fuerzas democráticas deben afincarse en esa estrategia, sin ceder ante las vilezas que, como es su naturaleza, llegue a instrumentar el (des)gobierno para evitar medirse de verdad.
Podría objetarse que se corre el peligro de alimentar la polarización con posturas extremistas, de confrontación, que tanto han favorecido al chavo-madurismo en el pasado. Se asoma, como amenaza una respuesta similar a la instrumentada por el gánster Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Se podrá evitar que ello ocurra a través de negociaciones? Lamentablemente, no hay razones para pensar que Maduro y los suyos vayan a acordar con la oposición condiciones para un “fair play” político. No está en su naturaleza.
Ante las últimas acciones del fascismo es menester la denuncia frontal y la movilización continua de la gente por hacer valer sus derechos a manifestar abiertamente su voluntad de cambio. Sólo desde una posición de fuerza podrá eventualmente negociarse acuerdos con los que han destruido al país que abran posibilidades de una salida electoral que inspire confianza como solución. Esto implica mantenerse firme ante los atropellos con que el chavo-madurismo pretende acallar la voz popular en estos momentos.
Una vez consolidada una posición de fuerza, en concierto con los aliados democráticos a nivel internacional, podrá pensarse en concesiones que ayuden a aquellos oficialistas que se han dado cuenta de que su proyecto no tiene salida a asumir un mayor protagonismo en la concreción de acuerdos prometedores con la oposición. Llegará el momento en que, con el pañuelo en la nariz, puedan discutirse condiciones de un régimen de justicia provisional que facilite el abandono del poder por parte de los criminales que hoy lo ocupan. Con la división de las fuerzas de oposición, seguiremos entrampados.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela