Lo fundamental es siempre tener presente que el Pacto de Puntofijo permitió desarrollar por cuatro décadas una de las democracias más estables de la región.

Para ordenar la acción de los gobiernos se han creado ámbitos de acción bajo la coordinación de personas responsables. En algunos países estos responsables se denominan ministros, en otros países se llaman secretarios. El conjunto de estos responsables se conoce como Gabinete, sea en sistemas presidenciales o parlamentarios. La premisa básica es que la división de tareas, realizadas coordinadamente, resultará en el mejoramiento del desempeño del gobierno en su conjunto.

Si tomamos como referencia a Estados Unidos, Alemania, y Japón, todos ellos países del mayor nivel de desarrollo social y tecnológico, el número de ministerios o secretarios no es mayor a 16. En Estados Unidos y Alemania son 15 miembros del Gabinete con rango de ministros o secretarios, y en Japón son 16. Visto el alto desempeño de estos países en el ámbito global, pareciera que este número de áreas es adecuado y manejable. Fundamentalmente porque es un número que permite adecuadas interacciones entre los miembros del Gabinete, y reduce los solapamientos y conflictos que se pueden derivar de un alto número de áreas.

La lógica de la premisa anterior no es aplicada de manera general. En Brasil, a raíz de la toma de posesión del presidente Lula a principios de año, se ha anunciado la constitución de un Gabinete de 30 ministros. Esto significa el doble del número de ministros que en el gobierno de Bolsonaro.

De la revisión de la lista de ministerios se observa que algunos están muy relacionados. Por ejemplo, existe el ministerio de Agricultura y Ganadería, y también existe otro ministerio de Pesca y Acuicultura. También está el ministerio de Comunicaciones, y otro de Puertos y Aeropuertos. El ministerio de Seguridad Social coexiste con el de Trabajo y Empleo. El ministerio de Transporte está separado de ministerio de Comunicaciones, ya mencionado. El ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, antes que estar relacionado con cada uno de los servicios específicos, representa más bien una dimensión transversal (lo cual contradice la especificidad de cada uno de los servicios). Estos son apenas unos ejemplos.

Es obvio que el aumento en el número de ministerios tiene una lógica más política que técnica. Se trata de crear espacios que aumenten la posibilidad de apoyos, sea de partidos políticos, o de otras organizaciones. En otras palabras, el alto número de ministerios ensancha la posibilidad de apoyos políticos para el nuevo gobierno.

Esta ventaja para la estabilidad del gobierno, trae como contrapartida la dispersión en la toma decisiones. En los casos citados anteriormente, es posible imaginar la competencia entre ministros, y las respectivas burocracias que coordinan, por diseñar e implementar políticas. Con la consiguiente sobre carga del presidente, o de sus oficinas de asesoría. El resultado es el retraso en la toma decisiones, y especialmente en la mayor complejidad de las políticas (por aquello de que más instancias tiende a incorporar más detalles).

La coherencia de los gobiernos es un requisito fundamental para que la gestión sea efectiva y expedita. Para ello se requiere la definición de áreas de competencias que sean específicas y complementarias, y que promuevan la coordinación dentro del gobierno.

Aumentar el número de ministerios puede ser un recurso para garantizar la gobernabilidad de corto plazo, pero no necesariamente para implementar políticas públicas exitosas. Muchas veces los gobiernos terminan sembrando las causas de sus propias restricciones.

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

Después de siete años de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Naciones Unidas, la propuesta tiene amplia difusión en el contexto global. Múltiples instituciones han incorporado dentro sus planes de actividades la idea central de los ODS, esto es, que para el año 2030 en todos los países se deben alcanzar metas específicas en 17 áreas del desarrollo humano, desde la reducción de la pobreza hasta enfrentar exitosamente los efectos del cambio climático. De hecho, existen acuerdos entre empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, en los cuales se han incorporado los ODS como guía para la acción en los próximos años.

Se podría imaginar que, dada la naturaleza del rol que tienen los gobiernos en el cumplimiento de los ODS, los planes de desarrollo de los países deberían estar centrados en ellos. Lamentablemente, el análisis de estos planes indica que no es así.

Gracias al Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de la Cepal, es posible contar con los planes de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Si se concentra el análisis en los países de América Latina, se encuentra que los planes de desarrollo más recientes son los de Bolivia, Ecuador, y Nicaragua, todos publicados en 2021.

En los planes de desarrollo de Bolivia y Ecuador, no existen menciones específicas a los ODS, y mucho menos están adaptadas las metas a la situación específica de estos dos países. En el plan de Nicaragua, se señala de manera general los ODS, y de manera específica solamente los ODS 2 (hambre cero), y 6 (agua y saneamiento). Sin embargo, en ninguno de estos dos casos se indican compromisos detallados.

Estas circunstancias, esto es, que los planes de desarrollo no contengan mención sobre los ODS, deben llevar a una reflexión detallada sobre lo que esto significa para los ciudadanos de los países. Si los ODS constituyen un compromiso acordado a escala global, ¿cómo puede entenderse que los planes de los países no los estén incorporando? Si la guía de las políticas públicas (los planes de desarrollo) no incluyen los ODS, ¿cómo puede asegurarse que las inversiones requeridas se llevarán a cabo? ¿cuáles serán los efectos de esta ausencia en las condiciones de vida concreta de los ciudadanos?

A los efectos prácticos, es bastante obvio que no están operando los mecanismos institucionales que convierten acuerdos globales en decisiones efectivas en los países. Lo cual es otra forma de expresar las grandes restricciones en el diseño e implementación de políticas públicas, con sus terribles consecuencias para el bienestar de las personas. En el fondo está la gran limitación de que la región no parece contar con los líderes políticos que combinen la visión con acciones concretas. De no producirse cambios en estos patrones, lamentablemente el desencanto y la frustración se incrementarán en América Latina.

Twitter: @marinojgonzalez

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

Luego de año y medio de evolución de la pandemia, existe un gran consenso en considerar a América Latina como la región más afectada del mundo. Con 8% de la población, América Latina ha registrado el 20% de los casos y el 32% de las muertes a escala global. Al día de hoy, el 45% de las muertes diarias por covid-19 ocurren en la región.

Mientras solo dos países de la Unión Europea tienen una tasa de mortalidad diaria por covid-19 superior a una muerte por millón de habitantes, en América Latina 15 países (de 20) superan ese nivel. En los cinco países restantes hay varios con altos niveles de subregistro de mortalidad. Estos efectos tienden a aumentar porque las perspectivas de control de la pandemia en la región indican que no se producirá rápidamente.

Al ritmo de vacunación que se ha registrado en los últimos 15 días, solo tres países pueden alcanzar la cobertura meta en 2021 (Chile, Uruguay, y República Dominicana).

De mantener el ritmo actual, ocho países (Bolivia, Cuba, Colombia, México, Costa Rica, Perú, El Salvador, y Panamá) podrían alcanzar la cobertura meta en 2022. En el resto de los países (nueve) se alcanzaría en 2023 o después. Es decir, los efectos de la pandemia se podrían prolongar por al menos cuatro años.

A este inmenso impacto en términos de personas que han contraído la enfermedad, y han fallecido, se debe agregar el devastador efecto social y económico, expresado en el aumento de la pobreza, pérdida de días de actividad educativa y productiva, desempleo, e inestabilidad institucional.

En este contexto es conveniente analizar las posibles causas que han condicionado este bajo desempeño de la región para enfrentar la pandemia. Múltiples factores abarcan desde la capacidad de diseño e implementación de políticas públicas de los gobiernos, pasando por las restricciones económicas, y las debilidades estructurales de los mercados de trabajo. Pero es indudable que uno de los factores específicos es el desempeño de los sistemas de salud, tanto por su función directa en las políticas de control y tratamiento, como por las vinculaciones con las otras áreas de políticas públicas.

La pandemia ha demostrado en la práctica la importancia de la premisa básica para la organización de los sistemas de salud. Esto es, contar con los recursos y procesos para identificar riesgos individuales y colectivos.

El hecho de que la pandemia se exprese de manera diferente en áreas locales y en familias indica la importancia que tiene contar con una institucionalidad que sea capaz de discriminar estos riesgos y enfrentarlos. Como estos riesgos son individuales, la situación ideal es que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a la protección financiera de salud y a los servicios que se requieren.

Para garantizar que cada persona esté cubierta, tanto en la protección financiera, como en los servicios, los sistemas de salud han evolucionado, en general, en dos modalidades. En la primera modalidad están los países que financian los servicios de salud con impuestos generales (el modelo inicialmente desarrollado en el Reino Unido y posteriormente seguido por Dinamarca, España, Portugal, Italia, entre otros). En la segunda modalidad están los países que financian los servicios de salud con contribuciones derivadas de la relación laboral (tanto de las empresas como de los trabajadores). Entre los países con esta modalidad se puede señalar a Alemania y Francia. En la gran mayoría de los países se ha optado por alguna de estas modalidades, sin prejuicio de las características específicas que han configurado.

En ambas modalidades el objetivo fundamental es facilitar que todas las familias tengan acceso a la protección financiera sin comprometer los ingresos regulares. Es por ello que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, se establece que todas las personas deberán tener protección financiera de salud, es decir, que ninguna familia deberá sufragar directamente gastos de salud superiores al 10% de los ingresos mensuales. Este gasto se denomina de bolsillo para expresar que proviene directamente de las familias. Cuando el gasto de bolsillo de las familias para salud supera el 10% del ingreso mensual se denomina gasto catastrófico para indicar justamente el impacto negativo que tiene en el bienestar. En otras palabras, en 2030 ninguna persona del planeta deberá estar en situación de gasto catastrófico en salud.

Lamentablemente, en América Latina las mediciones del gasto catastrófico, para las cuales se requieren encuestas por muestreo, no son regulares. Por lo tanto, se debe acudir a mediciones indirectas de la protección financiera. Una de ellas es el porcentaje de gasto de bolsillo que se dedica en los países para financiar los gastos totales en salud. A mayor porcentaje de gasto de bolsillo es posible inferir que existe mayor proporción de población sin acceso a protección financiera. La base de datos de la OMS sobre gasto en salud (Global Health Expenditure Database) permite comparar los países en este aspecto. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2018.

De acuerdo con estos datos, solo tres países de América Latina tenían en 2018 menos de 20% de gasto de bolsillo con respecto al total de gastos de salud (Cuba, Colombia, y Uruguay). Esto contrasta con la Unión Europea en la cual la mayoría de los países (15) tenían menos de 20% de gasto de bolsillo.

El porcentaje promedio de gasto de bolsillo en los países de América Latina era 32,9, mientras en la Unión Europea era 21,7. Entre 2000 y 2018, el promedio de gasto de bolsillo en los países de América Latina solo se ha reducido en 7% y solamente un país ha pasado al grupo con menos de 20% de gasto de bolsillo (Uruguay). La magnitud del gasto de bolsillo superaba en 2018 el 35% en ocho países de América Latina (Venezuela, Ecuador, México, Haití, República Dominicana, Paraguay, Honduras, y Guatemala). En los dos últimos países el gasto de bolsillo es superior al 50% del gasto total en salud.

El gran porcentaje del gasto de bolsillo en los países de América Latina expresa en la práctica que la protección de la salud es una situación individual, no colectiva. Esto es, que cada persona y familia debe velar por su propia protección financiera. Por supuesto esto contradice todos los principios, no solo en la garantía de la protección sino en las premisas de salud pública, por cuanto los riesgos son mayores justamente en las personas con menor protección financiera. Esta es la razón por la cual la gran proporción de personas que laboran en el mercado informal en la región no están protegidas tampoco. De allí que al riesgo a la salud, especialmente en situaciones como la pandemia, estas personas deben agregar la necesidad de salir de las viviendas para conseguir el sustento diario. Ambos riesgos se potencian y explican la inefectividad de los confinamientos y la prolongación de la pandemia en la región.

No solo la protección financiera es clave para incorporar a las personas al sistema de salud, también es fundamental para permitir al sistema de salud la vinculación directa con los servicios. Esta es la razón que puede explicar las dificultades de los sistemas de salud de la región para la detección de casos cuando no se tiene información sobre las familias, y para vacunar con rapidez a la alta cantidad de personas que lo requieren.

La pandemia ha dejado en evidencia que la protección financiera de la salud en la región requiere una transformación significativa.

De sistemas en los cuales no se puede identificar riesgos individuales, familiares y colectivos, se debe pasar a sistemas de amplia incorporación y seguimiento. Y eso supone modificar los criterios de financiamiento y de organización de los servicios de salud. Es bastante claro, por los efectos que ha tenido la pandemia, que muchos países de la región deben considerar en profundidad la modalidad de financiamiento a predominio fiscal con el objeto de incorporar toda la población a los beneficios de un sistema de salud inclusivo.

marinojgonzalez@gmail.com

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina.

La evolución de covid-19 ha marcado la vida en el planeta. Todas las sociedades, independientemente de los rasgos culturales, sociales, políticos, han sido afectadas por la evolución de la pandemia. Casi un año después de la aparición de los primeros casos en Wuhan, China, la situación dista mucho de estar controlada. El aumento de casos en todos los países de Europa y Estados Unidos en las últimas semanas, junto con la continuación del descontrol en la gran mayoría de los países de América Latina, son muestras contundentes de que la situación puede seguir complicada en los próximos meses.

En enero de este año, tal como es costumbre, el Foro Económico Mundial publicó el análisis de los riesgos mundiales para 2020. Las menciones sobre “pandemias” se concentraban en los riesgos señalados para los años 2007 y 2008. Otras menciones más recientes en el documento estaban relacionadas con las dificultades en la elaboración de vacunas y con la creciente importancia de la resistencia a los medicamentos en el tratamiento de enfermedades infecciosas.

El mencionado reporte sí hacía referencia a la publicación el pasado año del informe elaborado por el Nuclear Threat Initiative y la Universidad Johns Hopkins, sobre la evaluación de las capacidades de los países para enfrentar riesgos biológicos (como, por ejemplo, una pandemia). Se señaló, tal como fue una de las conclusiones de ese reporte, que ningún país del mundo estaba completamente preparado para hacer frente a una pandemia. También se destacaba el aumento de la vulnerabilidad ante los impactos sociales y económicos de las crisis generadas por enfermedades infecciosas.

Por supuesto nadie podía imaginar que en el momento que se publicaba este reporte del Foro Económico Mundial, ya se habían registrado los primeros casos de la neumonía atípica que luego sería conocida como manifestación de covid-19. En el transcurso de estos diez meses, el número de casos no ha dejado de aumentar. A la fecha se han registrado poco más de 43 millones de casos, y 1,2 millones de fallecimientos. Todo ello en un contexto de alteración profunda de la vida social y económica en todo el mundo.

El hecho de que no exista certeza en estos momentos sobre las alternativas para enfrentar de manera definitiva la enfermedad, requiere un esfuerzo por visualizar las consecuencias de la pandemia en los próximos meses.

A menos que alguna (o algunas) de las vacunas que están en prueba resulte efectiva, las estrategias para el control son las que ya están disponibles. Incluso con la aprobación de la vacuna contra el covid-19, la administración a los miles de millones de personas que la requerirían es un proceso que no será fácil de realizar de manera expedita.

Con el propósito de explorar las tendencias previsibles en el contexto de la pandemia, el Foro Económico Mundial acaba de publicar un reporte que condensa los resultados de una consulta con economistas jefes de los ámbitos públicos y privados a escala global. La mayoría de ellos considera que los niveles de actividad económica de los países de ingresos medianos y bajos volverán a los niveles pre-pandemia en la segunda mitad de 2022 (en dos años).

En el caso de los países de altos ingresos, la recuperación se produciría en la primera mitad de 2022. La mitad de los entrevistados consideró que, en los próximos 18 meses, los países de ingresos bajos no podrán pagar las deudas adquiridas. También la mayoría de los consultados indicó que los niveles de calidad de empleo no serán comparables con los que se tenían antes de la pandemia. La inmensa mayoría también señaló que es débil el progreso de los gobiernos en la implementación de medidas multidimensionales de progreso económico, más allá de la medición tradicional del PIB.

De acuerdo con lo anterior, las perspectivas para el año 2021 no pueden ser más complicadas. Los impactos del descontrol de la pandemia se ampliarán en los próximos meses en la medida que los países no sean efectivos en la utilización de las opciones disponibles. Habría que agregar los efectos sociales y económicos, especialmente el desgaste de las familias y las restricciones de la actividad productiva.

En América Latina, muchos países ya han sobrepasado los ochos meses de evolución de la pandemia, sin haber alcanzado el control. La gran interrogante está relacionada con la visión que tienen los gobiernos de la región sobre estos escenarios. O si solo están esperando que sucedan eventos extraordinarios que mejoren la situación. Ojalá puedan identificar cursos alternativos exitosos en las pocas semanas que quedan de 2020.

Twitter: @marinojgonzalez

El primer caso de covid-19 registrado en América Latina fue en Brasil, el 26 de febrero de este año. Ya han transcurrido seis meses. En este tiempo, los efectos de covid-19 han concentrado toda la atención y recursos de los gobiernos de la región. Sin embargo, los escenarios para los próximos meses, visto el progreso de la pandemia, son todavía más preocupantes.

La evolución de la pandemia en los 27 países de la Unión Europea (UE), pueda dar referencia para establecer las diferencias con América Latina, y también es de utilidad para anticipar la evolución en lo que resta de 2020. Independientemente de que en las últimas semanas se ha registrado un aumento significativo de casos en muchos países de la UE, lo cierto es que las medidas implementadas lograron reducir de manera significativa el número de casos en la mayoría de los países. Conviene examinar las magnitudes de este impacto para comparar con lo que ha sucedido en América Latina.

Tres aspectos merecen especial atención para esta comparación. En primer lugar, la intensidad de la pandemia, expresada en el número de casos por población. A mayor número de casos por población existe mayor demanda en los servicios de salud, y, en consecuencia, las probabilidades de complicaciones de los pacientes aumentan, y disminuye la calidad de atención.

Es por ello que un objetivo central de las políticas de control es limitar el número de personas infectadas por millón de habitantes. El país que registró la mayor cantidad de personas infectadas en la UE, el día de mayor incidencia, fue Luxemburgo al reportar 265 nuevos casos por millón de habitantes el 25 de marzo.

Otros países que superaron los 100 casos diarios por millón de habitantes en el día de mayor incidencia fueron: Irlanda (182 casos por millón), España (169), Bélgica (139), y Suecia (129). En el resto de los países (22), se registraron menos de 100 casos por millón de habitantes en el día del mayor número de casos.

El segundo aspecto es la magnitud de la reducción de casos. En la Unión Europea, 21 países lograron reducir el número de casos a menos del 10% de la cifra de casos del día de mayor incidencia. De hecho, algunos países como Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Grecia, Finlandia, y Croacia, redujeron la cantidad de casos diarios de covid-19 a menos de 3 por millón.

El tercer aspecto es el tiempo transcurrido hasta alcanzar el control. En estos 21 países, se requirieron 86 días en promedio para controlar la pandemia (desde el registro del primer caso hasta que se alcanzó el 10% de los casos con respecto al máximo de casos). En seis países (Bulgaria, República Checa, Polonia, Portugal, Rumania, y Suecia) no se ha logrado hasta la fecha reducir los casos del día de mayor número a menos de 10%.

Ahora veamos lo que ha sucedido en América Latina. Solo dos países han logrado controlar la pandemia en niveles comparables con los países de la UE: Uruguay y Cuba. En ambos países, el número máximo de casos diarios de covid-19 fue menor que el registrado por todos los países de la UE.

El número de casos diarios en el momento que alcanzaron el 10% con respecto al día de mayor número de casos, fue menor a 1 caso por millón de habitantes. En Uruguay el control se alcanzó en 89 días y en Cuba en 106 días.

Para la semana en curso, el número de casos diarios por millón de habitantes en Uruguay es 3,58 y en Cuba 4,62 (cifras menores que las de Corea del Sur). También Haití registra cifras compatibles con las de estos dos países, pero al no estar incluido en los países con reportes de realización de pruebas, no es posible comparar rigurosamente.

En el resto de los países (17), todavía el número de casos diarios no ha disminuido al 10% de los casos en el día de mayor registro. En diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Perú, y Colombia), la tasa máxima de casos diarios de covid-19 fue superior a 100 casos por millón de habitantes.

Cinco países (Brasil, Chile, Panamá, Perú, y Colombia) registraron una tasa máxima superior a 200 casos por millón de habitantes. Todos estos países ya duplican el número de días de pandemia con respecto a los países de la UE que lograron controlar, es decir, alrededor de seis meses.

En esta semana, todos estos países tienen un número de casos diarios por millón entre 10 y 80 veces superior a los países más exitosos en el control hasta la fecha.

Las evidencias indican que los efectos de covid-19 en la gran mayoría de los países de la región son intensos y prolongados, y con limitadas posibilidades de alcanzar el control en niveles comparables con los países de la UE, Corea del Sur o Nueva Zelanda. En este contexto, se puede estimar que la pandemia tenderá a mantenerse en la región en los próximos meses.

Quizás el escenario más probable es la evolución que han tenido algunos países de la UE, esto es, con altas tasas relativas de casos en los últimos meses (entre 20 y 25 nuevos casos diarios por millón de habitantes).

Sin embargo, es posible que esta tasa sea superior en los países de América Latina, quizás en el rango entre 40 y 100 nuevos casos diarios por millón de habitantes en los próximos meses. Obviamente, los efectos de esta demanda permanente de servicios de salud, no solo afectará lo planificado para este año en todas las áreas, también condicionará las asignaciones de los próximos años.

Sin lugar a muchas dudas, la pandemia se ha convertido en el principal problema público de la región para los próximos tiempos. Dura prueba para las capacidades institucionales de diseño e implementación de políticas públicas en América Latina.

marinojgonzalez@gmail.com

Antes de que termine el mes de mayo, América Latina alcanzará los 800 mil casos de covid-19. Casi 30 mil casos se notifican cada día. El 14% de los casos del mundo han sido diagnosticados en la región, lo cual representa una proporción mayor que el porcentaje de población. Al 25 de mayo, tres países de la región (Chile, Perú y Panamá) se encuentran entre los veinte primeros en número de casos por millón de habitantes. Cuatro países (Ecuador, Brasil, Perú y Panamá) están en el grupo de veinte países con mayor mortalidad por covid-19.

Si se toma referencia el tiempo que requirió Corea del Sur para controlar la pandemia (48 días desde el registro del primer caso), las perspectivas de la región indican que durará más tiempo y los efectos serán mucho más severos. A la fecha, solo tres países han disminuido el número de casos a menos de la mitad de los que registraron el día con mayor número. Estos tres países son: Uruguay, Costa Rica y Cuba.

Sin embargo, en la última semana, el número de casos en los primeros dos países países ha aumentado hasta el punto que se encuentran muy cercanos a la mitad de casos señalada. De continuar esta tendencia, ambos países pueden presentar una involución en el control, tal como ocurrió con Honduras también en la última semana. Otros tres países con posibilidades de controlar la pandemia son República Dominicana, El Salvador y Panamá. Dado que ninguno de ellos tiene un período mínimo de 21 días con respecto al día de mayor registro de casos, se requiere monitorear esta evolución en la próxima semana.

Lo anterior significa que catorce países de la región tienen menos de diez días desde que se produjo el máximo de casos en la pandemia. Once de estos países han registrado ese máximo en la última semana (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela). Siete países (Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Venezuela) han registrado el máximo de casos en las últimas 48 horas.

Esto indica que en el mejor de los casos, es decir, alcanzar el control efectivo en las próximas tres semanas, la pandemia duraría en estos países casi cuatro meses.

Los efectos de la pandemia se manifiestan no solo en el número de países, sino en la intensidad en algunos de ellos. Para el 25 de mayo cinco países (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) registraron el 89% de los casos nuevos totales en la región (casi 24 mil casos). Si se analiza la distribución geográfica se encuentra que el 53% de los casos de Brasil se registraron en cuatro estados (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas). En Colombia el 33% de los casos se han notificado en Bogotá. La ciudad de Lima representa el 68% de los casos de Perú. El 78% de los casos de Chile se han registrado en la Región Metropolitana de Santiago. En Ciudad de México la proporción de casos con respecto al total nacional es 16%.

La alta incidencia en zonas urbanas es esperable dados los patrones epidemiológicos de la enfermedad. A mayor aglomeración de personas, la tendencia a la propagación del virus aumenta.

El hecho de que sea justamente en estas grandes ciudades donde se reporta la mayor proporción de casos, indica que el funcionamiento de las medidas de distanciamiento social no ha tenido los efectos esperados, o que simplemente, por los patrones laborables en estas grandes urbes, es muy complicado que la alta proporción de población en el mercado informal pueda guardar estas medidas sin ver afectados sus ingresos diarios.

En vista de que siguen aumentando las cifras de nuevos casos diarios, es evidente que los mecanismos de protección del ingreso no están alcanzando a la población de manera efectiva.

La rigurosidad de las medidas de confinamiento, aunque alta en la norma, no se traduce en la práctica. En la medida que avance la disminución de la actividad económica, en esa misma forma la tendencia de la población es aumentar la movilidad para alcanzar el ingreso mínimo requerido. La premisa entonces, a los efectos de lograr el control en el corto plazo, es explorar cómo se están implementando las opciones de transferencias directas. Por supuesto, esta situación que ahora se presenta en estas ciudades, puede extenderse a otras ciudades intermedias de Centro y Sur América.

La pandemia está colocando una presión enorme en los mecanismos de transferencia directa de los países de la región. El hecho de que luego de tres meses los efectos del control no se hayan obtenido, es indicativo del desgaste individual y familiar que se atraviesa en la región.

A ello hay que agregar el desgaste de la institucionalidad pública, por semanas de alta demanda de servicios y el consiguiente impacto en los equipos humanos y en la logística. La utilización de medidas combinadas de protección social con la garantía de medidas de cumplimiento del confinamiento son indispensables. El control de la pandemia se ha convertido en el factor más crítico para el bienestar en América Latina en el corto y mediano plazo.

marinojgonzalez@gmail.com

Extraordinarios dilemas confrontan los gobiernos de América Latina en el control de la pandemia por Covid-19. Uno de ellos es la opción de políticas que pueden tomar los sistemas de salud. Se trata de ponderar si se cuenta con las capacidades para detectar casos y tratarlos, sin ejecutar medidas de confinamiento de la población.

Esta es la opción que tomaron países como Corea del Sur, Japón, Singapur. En todos se constataron éxitos tempranos en el control, aunque también en todos ellos han resurgido los casos recientemente. De hecho, Japón aprobó en las últimas horas el confinamiento de los habitantes de Tokio hasta el 6 de mayo.

Un dilema consecutivo al anterior, en los países que optan por el confinamiento, es establecer el tiempo requerido para controlar la mayor cantidad de casos y limitar la sobrecarga de demanda de los servicios de salud, especialmente en las unidades de alta complejidad como las de terapia intensiva. Pero también es fundamental que el confinamiento dure lo menos posible para evitar mayores afectaciones de la actividad económica y social.

En países europeos, como España e Italia, que han implementado medidas extremas de confinamiento, el tiempo de duración se ha extendido al menos por seis semanas. En España la fecha de finalización propuesta actualmente es el 25 de abril. En Italia todavía no está definida una fecha. En ambos países, la información disponible hasta el 6 de abril, indica que ya presentan una tendencia de reducción de casos nuevos en la última semana (8% en promedio para España y 1,3% en Italia).

La situación ideal es que la tendencia de reducción de casos se alcance lo más rápido posible, y que exista el tiempo suficiente para planificar el cese del confinamiento.

El anuncio de estas medidas con anticipación, redunda en que todos los actores sociales estén en capacidad de programar la restitución de actividades.

Diez países de América Latina han aprobado medidas de confinamiento nacional hasta la fecha. Otros países han implementado el confinamiento en áreas específicas (Chile y Brasil, por ejemplo). A continuación, se analizan solo los casos de confinamientos de carácter nacional. Debe destacarse que el confinamiento no ha sido homogéneo. Ha habido variaciones de horas, días de la semana, tipos de servicios, entre otros aspectos. Se pueden distinguir tres grupos de países.

El primer grupo se compone de países que establecieron fechas de finalización del confinamiento y que han procedido a prorrogarlas con antelación. Estos países son Colombia y El Salvador. En el primer país se había fijado que el confinamiento cesaba el 13 de abril. En El Salvador era el 22 de abril. Los gobiernos de estos países han anunciado en las últimas horas que extienden el confinamiento, hasta el 27 de abril en Colombia, y hasta la primera semana de mayo en El Salvador. Es muy probable que en ambos casos haya influido el hecho de que la proporción de casos nuevos ha aumentado en la última semana (4% en Colombia y 8% en El Salvador). El anuncio a tiempo de esta prórroga indica que el seguimiento de la tendencia de casos ha sido tomado en cuenta.

En Argentina y Bolivia, segundo grupo de países, los gobiernos han indicado recientemente que están considerando la prórroga del confinamiento. En ambos casos se había aprobado que el confinamiento terminara en los próximos días (12 y 15 de abril, respectivamente). En Bolivia el aumento de 28% promedio en el número de nuevos casos, debe ser un aspecto valorado por el gobierno. En Argentina, no se cuenta con el reporte de casos en días recientes en la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

El tercer grupo está formado por países en los cuales no se ha indicado que están considerando la prórroga del confinamiento. Dos de estos países, Paraguay y Perú, han experimentado aumentos promedio de 87% y 58%, respectivamente, en el número de casos nuevos en la última semana. En ambos países la prórroga debe estar siendo ponderada. La fecha tope vigente es el 12 de abril. En los restantes países del grupo (Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Venezuela), la información disponible no es suficientemente robusta para el análisis de tendencias, pero todo indica que las actividades de control no garantizan a la fecha que se pueda cesar el confinamiento.

De acuerdo con lo anterior, es bastante probable que todos los países en confinamiento por el covid-19 terminen aprobando prórrogas que abarquen hasta finales de mes de abril.

Esto significaría que en estos países la paralización podría extenderse por un mínimo de seis semanas. Si a ello agregamos los países que no han optado por el confinamiento nacional (de manera especial Brasil y México), es bastante evidente la severidad de los efectos que puede tener la pandemia en la región en las próximas semanas.

marinojgonzalez@gmail.com

https://talcualdigital.com/resultados-iniciales-del-confinamiento-en-ame...

Las dimensiones de la crisis venezolana se siguen profundizando. La difícil situación política se suma a una contracción económica severa (seis años seguidos sin crecimiento), y al deterioro impresionante de las condiciones de vida. Las urgencias que deben afrontar diariamente las familias se suman a la inmensa incertidumbre en todos los frentes. A pesar de ello, la situación reclama identificar rumbos de acción para transformar estas tendencias.

Las alternativas para enfrentar esta debacle, sin precedentes en países no sometidos a conflictos bélicos, deben estar basadas en la identificación de las causas, así como en las reales posibilidades de superar esta situación. En el fondo de lo que acontece en la actualidad en el país, está un claro patrón de desarrollo. Quizás sea más adecuado hablar de patrón de “anti-desarrollo”.

De acuerdo con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard, Venezuela es el país de menor diversificación productiva de América Latina (según las últimas cifras disponibles para 2017)

Eso significa, en la práctica, que es el país de la región más distante de las posibilidades de crear riqueza. Esto es, garantizar las condiciones para que los habitantes puedan, con el concurso de sus capacidades, ampliar los horizontes de producción de valor.

En este contexto, las posibilidades de transformación de la sociedad venezolana pasan directamente por la modificación sustancial del patrón productivo. Un círculo muy pernicioso se ha desarrollado a plenitud. Se manifiesta en la apuesta a la producción de petróleo como garante de los ingresos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Pero como tal orientación no hace sino disminuir las posibilidades de diversificación, fundamentalmente porque aumentan las dificultades para crear otros productos, entonces se estimula el control de la riqueza petrolera como política dominante.

Y esa mayor dependencia del petróleo contribuye a generar una organización del gobierno que impide las políticas de diversificación. No es azaroso entonces que muchas de las inversiones y empresas que podrían desarrollar la diversificación se hayan alejado del país.

Y para remate, la cultura política, tanto de las instituciones como de las personas, terminan reforzando el estatismo como premisa, y la anti-diversificación como correlato económico

La pregunta obligada, entonces, es cómo eliminar ese círculo vicioso. Una primera condición es que realmente se aprecie que este círculo vicioso existe. De lo contrario, podría imponerse la tendencia de que es posible, con los “arreglos básicos” requeridos, organizar una sociedad que siga dependiendo de la monoproducción de petróleo, pero que impida los efectos del estatismo.

Esta premisa no solo es contraria a los incentivos que se generan en una sociedad dependiente de la producción petrolera, sino que contradice la dinámica en la que se marcha en el siglo XXI, esto es, sociedades en las cuales el valor de cambio es la disponibilidad de conocimientos, entendidos como posibilidades de diversificación productiva.

De no apreciarse la existencia de este círculo vicioso, podría entonces afianzarse una visión según la cual basta con manejar la producción petrolera adecuadamente para que todos los desequilibrios desaparezcan. Es por ello que la agenda pública no se caracteriza precisamente por ofrecer consideraciones para enfatizar la diversificación productiva.

A ello se suma el hecho de que como estas variaciones en las políticas no se generan en tiempos cortos, los liderazgos políticos terminan sin hablar del tema de fondo (la manera de alcanzar la diversificación productiva). En consecuencia, se impone una lógica perversa: como cambiar lleva tiempo, mejor se dejan las cosas como están. La práctica indica, sin embargo, que los plazos no son tan largos, más bien se trata de explicar a los ciudadanos la dirección de los cambios necesarios.

En esa tradición de anti-diversificación, Venezuela ha pasado seis décadas (desde que es posible medir la complejidad económica). Modificar esta tendencia requiere asumir que la diversificación productiva es un objetivo central de las políticas. Y que por consiguiente la agenda pública debería incluir la explicitación de este objetivo.

Esperemos que esta premisa central tenga mayor relevancia en la discusión sobre las alternativas para Venezuela en pleno auge de las sociedades del conocimiento

De no cambiar esta situación, especialmente porque no se cuente con el compromiso de los liderazgos políticos para impulsar estos cambios, Venezuela continuaría muy relegada en la creación de riqueza. Otra forma de decir que el futuro de la sociedad seguiría seriamente comprometido.

marinojgonzalez@gmail.com

Mientras en América Latina disminuyen las inversiones, y no se aprecia mayor impulso en la creación de sociedades de conocimientos, en otras partes del mundo se manifiestan tendencias que pueden tener repercusiones significativas en las próximas décadas. La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la creación de conocimientos abarca ya múltiples ámbitos técnicos y geográficos.

La incorporación de nuevas áreas geográficas a los desarrollos tecnológicos se ha convertido en una notable confrontación geopolítica.

Hace pocas semanas, se conoció que Huawei, la empresa china en conflicto reciente con los Estados Unidos, había acordado con la Unión Africana un memorándum de entendimiento por los próximos tres años

De acuerdo con este memorándum, Huawei se compromete a mejorar la capacidad técnica de la Unión Africana y cooperar en las áreas de tecnología de información y comunicación.

La ejecución de este entendimiento supone la alianza de la Unión Africana y Huawei para fortalecer sectores como la Internet de las cosas, desarrollo de banda ancha y de computación en la Nube, así como las redes 5G e inteligencia artificial. Además, a través de la iniciativa se formarán jóvenes africanos en las habilidades técnicas necesarias. Tal parece entonces que la incorporación de diversos sectores de la población de África en las sociedades digitales, tendrá un gran impulso con este acuerdo.

La ampliación de las fronteras digitales en África debe entenderse entonces como un objetivo estratégico de China. A la fecha, aproximadamente el 70% de las redes 4G de África han sido construidas por Huawei. No es solamente la presencia creciente en el mercado africano, sino la posibilidad de incidir en la formación de los recursos humanos que se requieren para impulsar todos estos avances. Esto sucede en un contexto en el cual los países africanos han involucionado en estabilidad política, pero han mejorado en desempeño económico. En esas condiciones, es fácil entender el interés de China, así como el grado de creciente participación que ha adquirido en África.

Estas dinámicas denotan los profundos cambios que están operando en el mundo ante los avances tecnológicos y científicos. La creación de conocimientos dejó de ser un tema refinado, aislado en los grandes centros de investigación. Ahora es nada más y nada menos que expresión de la lucha por el poder en el mundo.

La imperceptible presencia de estos temas en la agenda pública en América Latina, es cada día mayor reflejo de la distancia entre las realidades de la región y las expresiones concretas de la lucha por el predominio político en el siglo XXI.