Las universidades, como el resto del país, viven una crisis aguda. No hay exageración al utilizar adjetivos como destrozadas. Los daños a sus infraestructuras son severos, han sido víctimas de vandalismo y abandono por falta de recursos. Pero además, su núcleo fundamental, el profesorado, ha sido agredido desde ángulos diversos. Sus remuneraciones son miserables, las condiciones de trabajo –presenciales o virtuales- son pésimas y además una fracción importante de los investigadores y docentes han migrado a otros países. La UCV se prepara para conmemorar el tercer centenario de su fundación y reflexionar un poco sobre ella, y las restantes universidades similares, está en orden. Existen muchos profesores que, en forma individual o en grupos de reflexión, claman por cambios e innovación en nuestras máximas casas de estudio y están conscientes que la responsabilidad fundamental descansa sobre ellos.

La tragedia universitaria no sólo es consecuencia del brutal empobrecimiento del país, sino también de la aplicación de políticas explícitas del gobierno destinadas a su reducción en tamaño y calidad. Peor aún, han obligado a muchas autoridades a perpetuarse en sus posiciones a través de instrumentos legales que han impedido la realización de elecciones dentro de lapsos y con procedimientos que formaban parte de la cultura determinada por los acontecimientos de 1958. Sin duda el mundo cambió vertiginosamente desde la aprobación de la Ley de Universidades de 1958 y las formas de gobierno establecidas. Es tan obvia la necesidad de cambios importantes al interior de las mismas, como la de elegir nuevas autoridades. Sin embargo, nada gana la institución con elecciones rectorales y de otro tipo, si las mismas no están basadas en propósitos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y el vínculo con la sociedad.

La enumeración de los cambios requeridos es muy larga para profundizar sobre cada una de ellas en un artículo, pero podemos mencionar algunas y pedirle al profesorado que medite sobre ellas ya que son indispensables para su persistencia. Todas parten de la necesidad de una misión y una visión donde la excelencia, los méritos académicos acumulados y el afán de libertad constituyan el norte, como ocurre en las universidades de prestigio de otras latitudes, donde nadie cuestiona su importancia para la sociedad. Universidades cuyo papel no se limita a la formación de profesionales, sino que son incubadoras del liderazgo nacional.

En principio nueve propuestas, que apenas son una lista para meditar y perfeccionar.

1. Crear relaciones sostenibles con la comunidad empresarial y las administraciones locales y regionales (gobierno-instituciones generadoras de conocimiento-empresas) y para ello crear, fundaciones, organizaciones y grupos de reflexión, destinados a financiar proyectos destinados a mejorar la calidad y cantidad de la producción nacional y los servicios, así como a participar activamente en el diseño de una nueva y moderna universidad;

2. Fortalecer los estudios de postgrado –maestrías y doctorados- como fuente de capital humano para la docencia y la investigación, y -especializaciones- como respuesta efectiva para solventar los grandes problemas de los sectores productivos y sociales;

3. Innovar para crear carreras de vanguardia, complejas y multidisciplinarias ajustadas a las demandas del siglo XXI y las tecnologías correspondientes;

4. Crear enlaces efectivos a través de redes con proyectos nacionales o internacionales tanto educativos como de investigación;

5. Una política explícita destinada a la actualización y educación continua del profesorado;

6. Una política y acciones concretas para la integración con los profesores destacados que han emigrado;

7. Ajustar los programas de becas estudiantiles basadas en méritos y resultados para asegurar la posibilidad de una dedicación plena al estudio sin agobios socioeconómicos que lo impidan;

8. Crear programas temporales, basados en la excelencia y trayectoria de los docentes activos y jubilados – que puedan ser reincorporados- destinados a mejorar sus condiciones de trabajo e ingresos mientras persistan las dramáticas condiciones económicas del país y

9. Un serio y formal compromiso para construir un nuevo cuerpo de leyes y normas destinadas a la modernización institucional.