Los que tenemos como orgullo el habernos graduado y trabajado en la UCV, amanecemos este 27 de mayo con sentimientos encontrados producto de las fallidas elecciones que han debido haber producido la selección de nuestras autoridades académicas, después de un prolongado sobregiro de las actuales, por razones no atribuibles exclusivamente a la universidad, ya que indudablemente fue inducido por el gobierno, en su afán de debilitar a una institución que tradicionalmente ha sido el refugio que garantiza la sobrevivencia de la inteligencia en tiempos en los que la misma es subversiva.
La suspensión, muy tardía y una vez avanzado el proceso de votación, resulta inexplicable no en sus razones “técnicas”, que habrá que analizar, pero si en lo inoportuno, ya que la decisión ha debido producirse antes de que se comenzara a votar, lo que hubiese generado molestias y críticas, pero no las dañinas sospechas que hoy se ciernen sobre algunos connotados miembros de nuestra comunidad.
Lo ocurrido, que tiene y debe ser explicado y juzgado, no puede en ninguna circunstancia opacar la masiva y alborozada asistencia de los llamados a ejercer el derecho a elegir autoridades, muchos pertenecientes a sectores que lo practicaban por primera vez en el ámbito universitario.
En esta asistencia debería centrase el balance de lo ocurrido. Con ella, gente que indudablemente representa al país demostró que los venezolanos, más allá de las preferencias candidaturales, valoramos la oportunidad de elegir y que estamos dispuestos a ejercerla en paz, camaradería y me atrevo a decir que hasta con alegría, puesto que la democracia sigue siendo un valor presente en nosotros, sin distingos de edad ni responsabilidad laboral.
Por lo tanto, y por encima de los sentimientos negativos que hoy nos embargan, tomemos lo ocurrido en la UCV como una alerta con relación a la indispensable seriedad y capacidad técnica que demanda todo proceso eleccionario, pero, sobre todo, que el voto es el instrumento mediante el cual podemos influir sobre nuestro futuro y que el mismo tiene que ser defendido como el vehículo ciudadano que nos permite seguir buscando la libertad. Su ejercicio pueden hacerlo difícil e intentar desprestigiarlo, pero no arrebatarnos la intención de utilizarlo, aún en las circunstancias más adversas. La universidad y el país merecen que sigamos persiguiendo el cambio que tanto anhelamos y que debería ocurrir pronto para bien de todos.
La política venezolana está llena de ejemplos de ambas características y en lo personal me ha correspondido sentirlas en dos oportunidades de mi vida, a las que me referiré solo con la intención de ratificar que de ellas no escapa ningún ciudadano que intente ejercer sus derechos políticos.
En el año 1959, siendo un estudiante quinceañero de bachillerato, fui expulsado de AD, partido en el que nunca estuve inscrito, por haber estado presente y firmado la lista de asistencia, en una reunión convocada por dirigentes universitarios de esa época y que después lo fueron del MIR, en la que se criticó a la cúpula de ese partido por no presionar al gobierno a implementar medidas más radicales a favor de la mayoría de los venezolanos.
62 años después, he sido “suspendido” del Pacto Republicano, coordinado por el Movimiento Libertadores, pacto que nunca suscribí y del que tenía noticias por un chat de WhatsApp en el que fui incluido sin haberlo solicitado, por no compartir la estrategia del coraje que significa, según lo escrito por su dirigente máximo, “la salida por la fuerza, tanto de Maduro como del sistema caza-renta”.
Más allá del carácter anecdótico personal de lo referido, que carece de importancia salvo por ser indicativas de cuán difícil es luchar por un cambio político en Venezuela cuando entre los que se dicen amantes de la libertad y la democracia, hacen vida individualidades intolerantes que se permiten tomar decisiones unipersonales, sin derecho a ser discutidas y tratando de descalificar a cualquiera que ose no coincidir con sus visiones particulares.
Lo sucedido, que insisto carece de toda importancia, da píe para ratificar que no acompañamos ninguna acción de fuerza, no solo por principios, sino por realidades prácticas incuestionables.
En consecuencia y con la intención de dejar clara no solo mi posición, debo aprovechar este escrito para ratificar que un grupo significativo de aragüeños, sin militancia partidista, pero comprobadamente participantes en las actividades prodemocráticas ocurridas en el estado durante estos últimos años, decidieron contribuir a recuperar el camino electoral como escenario de lucha y que esto lo hacen conscientemente y despojados de toda ingenuidad.
Todos sabemos que las elecciones del 21N no generarán la salida de Maduro de la presidencia que ejerce de facto, así como que también hemos comprobado que la abstención desmoviliza y contribuye a aumentar la desesperanza de la gente.
Además, reconocemos que las condiciones electorales no son las mejores, pero tampoco peores que las que han regido otros eventos a los que hemos concurrido y en algunos de los cuales hemos obtenido éxitos. Inclusive, la presencia en el CNE de rectores no identificados con el oficialismo abre la posibilidad para la corrección de anomalías que han venido siendo denunciadas por años.
Dichos éxitos fueron logrados solo cuando los factores democráticos alcanzaron acuerdos unitarios, por lo que esta vía, la electoral y unitaria, debe seguir siendo explorada como la conducente a la solución deseada, aunque la misma no sea inmediata, entendiendo que esta oportunidad próxima puede servir para recuperar la confianza de la gente en sus capacidades para contribuir al cambio.
En tal sentido, aragüeños de comprobada vocación democrática, sin militancia partidista, provenientes de organizaciones de la sociedad civil con mucho tiempo de actuación en los ámbitos sindicales, gremiales, deportivos, culturales y vecinales, han constituido un movimiento electoral estadal independiente, que tendrá la oportunidad de expresarse el 21N a través de las tarjetas Fuerza Ciudadana y Red de Aragua.
Ambas tarjetas apoyan la misma fórmula electoral encabezada por Luis Carlos Solórzano como candidato a gobernador de Aragua, a una lista de aspirantes al Consejo Legislativo de la entidad y con expresiones concretas a nivel de los municipios, con candidatos a alcaldes y a concejales.
El esfuerzo hecho continuará hasta el límite de los lapsos electorales, persiguiendo el objetivo de la unidad de las fuerzas democrática, orientado por la búsqueda de los candidatos circunstancialmente más adecuados, los cuales deben ser producto de la aceptación de la gente que conduzca al consenso que dicte la racionalidad política.
El resultado final no está a la vuelta de la esquina y tenemos que seguir reforzando nuestras capacidades para la lucha, en la que los momentos electorales tienen que ser aprovechados como elementos de protesta que promueva la indispensable cohesión social de la gente, en torno al deseo de un país distinto en lo político y de todos los que en el tenemos el privilegio de vivir.
Aragua merece que sus habitantes, investidos de ciudadanía, hagamos lo que esté a nuestro alcance para sacar al estado del abandono en el que ha sido sumido por autoridades desconocedoras de su realidad, impuestas desde Caracas y sin ningún arraigo local.