A raíz de la designación de dos Generales de División, por parte del régimen para integrar al Tribunal Supremo de Justicia, los comentarios entre los milicianos de las diferentes brigadas comunales no se hicieron esperar. Algunos se preguntaban, sobre cuáles serían los argumentos para incorporar militares al máximo tribunal si ya ese sector tiene su propia justicia y su Corte Marcial. Eso es incongruente y anticonstitucional, pensaban otros milicianos.

-Camaradas, dijo uno de la UBCH, yo me pregunto si esos recién nombrados tienen títulos de abogados, de no ser así, esa designación tendrá una justificación política mas no jurídica.

– Quiero expresar, que durante mucho tiempo me ha llamado la atención, la deriva militarista de nuestro gobierno. El camarada presidente, siempre ha manifestado una preferencia por los representantes de las Fuerzas Armadas dejando de lado a los civiles que formamos parte activa de las organizaciones revolucionarias, señaló enfáticamente un representante del Partido Comunista. Esto es una nueva versión del pensamiento marxista que pretende establecer que «De cada uno según su capacidad, a cada uno según su rango».

-Un estudiante de la comuna universitaria intervino para manifestar sus inquietudes con respecto al tema. Déjenme leerles un párrafo de un escrito hecho por un profesor de Derecho Constitucional de la UCV que por casualidad llegó a mis manos:

…El creciente papel de los militares en la economía, justicia y política venezolana ha ido a contracorriente de los objetivos de un mayor control democrático sobre los sectores de seguridad y defensa. Su creciente participación política y partidista –que incluye su desempeño como represores de protestas sociales y sus labores en el sector de inteligencia– y sus actividades empresariales han potenciado el auge del militarismo. El resultado es la desinstitucionalización, la desprofesionalización y la desconfianza social respecto de las Fuerzas Armadas y la constitución de una suerte de “socialismo militar” …

El joven estudiante tiene toda la razón, declaraban la mayoría de las personas que sentían en carne propia que la consigna chavista de la relación cívico-militar para gobernar el país devino en una gobernabilidad abiertamente autoritaria, que le otorgó al sector militar un papel central en la economía y la política.

A partir de 1999, se avanzó paulatinamente en una militarización de la sociedad. En su primera etapa, el énfasis estuvo puesto en la identificación de la Fuerza Armada como «bolivariana». En 2007, después de su reelección, Chávez privilegió la revolución «socialista» y el papel militar en su defensa. Se introdujo el lema «Patria, socialismo o muerte. Venceremos», que vulnera el artículo 328 de la vigente Constitución de 1999, que señala que la Fuerza Armada es una institución profesional y sin militancia política.

El 22 de julio de 2008, por decreto, se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta norma, que fue reformada varias veces por decretos presidenciales, conllevó transformaciones no solamente en la estructura e institucionalidad, sino también en la doctrina militar. Fue en este momento cuando se incorporó el término «bolivariana», por entenderse que la Fuerza Armada pasaba a ser representante del proyecto político de una parte del país.

Adicionalmente, se la definió como un cuerpo «patriótico, popular y antiimperialista». Esa misma ley fue la que incorporó a la Milicia Nacional Bolivariana, definida en ese momento como un complemento de la Fuerza Armada. Esta milicia dependería directamente del presidente de la república y su actuación incluiría el mantenimiento del orden interno.

-No dejen por fuera la creación del el Comando Estratégico Operacional de la Fanb, presidido por el presidente de la república, señaló un militar jubilado, con lo cual el ministerio para la defensa quedaba reducido a funciones básicamente administrativas. Este cambio importante profundizaba así lo que se advertía desde hace varios años: el carácter pretoriano que se iba instaurando en el país y la cada vez más difusa separación entre las áreas de defensa y seguridad pública, en el marco de una creciente militarización de la sociedad.

-Según especialistas en historia de la Fuerza Armada Nacional venezolana, se ha documentado que desde 1999 a la fecha de hoy, más de 2.500 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y/o ejercen cargos en la administración pública. Los uniformados están en gobernaciones, alcaldías, en los ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas.

Adicionalmente, con la finalidad de restar poder a las autoridades civiles, el presidente Chávez creó las Zonas de Defensa Integral (ZODI), así como las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), bajo el mando de militares activos. Profundizando el control militar sobre los poderes descentralizados, el 22 de enero de 2018 el Comando de Abastecimiento Soberano emitió un decreto que prohibía a autoridades regionales y municipales llevar a cabo acciones relacionadas con el control y la distribución de alimentos.

-Los militares han desempeñado actividades en el sector económico, como por ejemplo el Plan Bolívar 2000 para la distribución de alimentos e inclusive la presidencia de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el control del sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero en el sur del país, así como los puertos y las aduanas. A partir de 2013, se conformaron cuatro empresas militares: el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb), un canal de televisión (Tvfanb), Emiltra para transporte de carga por aire, mar y tierra y la empresa agrícola Agrofanb. En 2016, ante la creciente crisis económica, el proceso de control del sector castrense se expandió a áreas estratégicas, como la alimentación y los recursos extractivos.

-Frente a los graves problemas de escasez de alimentos y medicinas, así como de otros servicios básicos de salud y educación, el régimen decidió establecer en agosto de 2016 la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, bajo el mando del ministro para la Defensa, un militar activo. El 10 de febrero de 2016 se estableció la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas (Camimpeg), la cual firmó varios memorandos de entendimiento con Pdvsa. También se le otorgó un papel importante en el Arco Minero del Orinoco, que según el gobierno busca superar el «rentismo petrolero» y diversificar su actividad hacia la minería, entre otros, de oro, diamantes y coltán. Súmenle a todo esto las denuncias sobre narcotráfico, contrabando de gasolina y alimentos.

Todos los comentarios sobre la designación de militares en los sectores de la economía, justicia y política dejan en claro que, la militarización de los poderes solo es una expresión de un “Socialismo militarista” o mejor dicho una “Dictadura militar” al mejor estilo del régimen cubano.

Twitter: @jesuselorza

Jesús Elorza es Licenciado en Educación, profesor en la UPEL

Frente a las agresiones que a diario sufre el sector universitario por parte del régimen, los obreros, empleados, estudiantes y profesores decidieron darle un contenido social de protesta pacífica y democrática a los actos de la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. En tal sentido, sin el ánimo de ofender la tradición cristina, queremos recordar que, el VíaCrucis(en latín: «camino de la cruz») es una de las devociones o prácticas de oración más extendidas entre los cristianos y refiere las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura. También, se usa comúnmente para expresar todo tipo de dificultades que se presentan en la vida. Basados en este último principio, los miembros de la Comunidad Universitaria, hicieron un ejercicio de sincretismo, mezclando las etapas recorridas por Jesús en su viacrucis, con las penurias y dificultades por las cuales atraviesa la remuneración laboral en el sector universitario.

Ese vía crucis, que durante 23 años (1999-2022), han sufrido las universidades, se han expresado de distintas maneras en cada una de las 15 estaciones que conforman el calvario y sufrimiento del salario, por parte del régimen, en su camino a la crucifixión:

I.- Estación Normas de Homologación: las violaciones recurrentes a la libertad sindical, a derechos adquiridos y al derecho constitucional a convenir las condiciones de remuneración y trabajo de los profesores universitarios, provocaron el conflicto y fueron la causa del paro nacional de 2013, que se resolvió con un acuerdo suscrito entre FAPUV, AVERU y el Ministerio, en el que se reconoce a la FAPUV como legítima representante de los profesores universitarios; se ratifica la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales de los profesores universitarios, y se reconoce la vigencia de los acuerdos federativos (Normas de Homologación) y Actas Convenio Institucionales suscritas entre las universidades y sus asociaciones de profesores. A pesar de la firma de ese acuerdo el gobierno siguió desconociendo los derechos sociales de los universitarios.

II.- Estación Paralelismo Sindical: fueron excluidos de la discusión de la Convención Colectiva, además de FAPUV, las federaciones mayoritarias de empleados, profesionales y obreros, es decir, las 18 asociaciones de profesores de FAPUV, 14 sindicatos de la Federación de Trabajadores Administrativos de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), la Federación de Sindicatos Obreros de la Educación Superior en Venezuela (FENASOESV), los Sindicatos No Federados de obreros y la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (FENASIPRUV). El Ejecutivo Nacional solo discutió la III y IV CCU con una federación minoritaria, de militancia oficialista llamada federación de trabajadores universitarios de Venezuela (la FTUV) e impuso una convención que profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los universitarios.

III.- Estación Salario Mínimo: El régimen se ha reservado la definición unilateral del salario mínimo, en contravención con lo dispuesto en el Artículo 3 del Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, suscrito y ratificado por Venezuela, y los ha fijado en montos irrisorios, en violación del artículo 91 de la CRBV, que establece que el Estado garantizará un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Demagógicamente hizo un anuncio de establecer el salario mínimo en medio petro para luego desmentirlo.

Con esa tabla salarial impuesta, de manera autocrática, se perdieron los porcentajes de las inter-escalas que se venían aplicando en todas las contrataciones colectivas universitarias. Con los posteriores ajustes del salario mínimo, debido a la hiperinflación, el gobierno ha mantenido esa política que desconoce completamente la contratación colectiva.

IV.- Estación Condiciones de Trabajo: Ahora el régimen se presenta una tabla donde se establece un límite hasta los 23 años de servicios o más, asignando como máximo un 30% del salario normal. En los acuerdos establecidos en la IVCCU, un trabajador con 30 años de servicio debe ganar un 60% de su salario normal, previsto en la convención establecida por ellos mismos el 01 de agosto de 2021 y que se encuentra vigente. Cualquier variación es ilegal y transgresiva de los derechos laborales.

V.- Estación Prima de Profesionalización: El régimen pretende imponer una tabla de 5 niveles de educación formal desde TSU a Doctor, dicha tabla presenta la misma estructura que se refleja en la cláusula 74 de la IV CCU, sin embargo, reducen entre 5 y 20 el porcentaje en los grados de instrucción de cuatro niveles a saber, profesional, especialista, magister y doctor, lo que disminuye el ingreso de los docentes, administrativos y obreros que poseen dicho nivel de formación, constituyendo una arbitrariedad a lo establecido en la mencionada Convención.

VI.- Estación Tabulador: En dichas tablas se pretende imponer un tabulador diferente, incumpliendo lo preceptuado en la cláusula 67 de la IV CCU, ya que no se respetan las interescalas previamente establecidas. El % de interescala para el tabulador del personal obrero pasa de 9 y 10% a 7 y 6%. Administrativos de 10 y 12% en dos grupos, a 3,4, 5 y 7% en 4 grupos. Los docentes que vienen experimentando reducciones fuertes de 22% a 13% en la IVCCU, ahora se les castiga con el 12%.

VII.- Estación Prima de Titularidad: Está prima representa para el profesor titular de máximo escalafón, el 20% de su salario básico. Arbitrariamente quedó eliminada.

VIII.- Estación Prima de Responsabilidad: Esta prima que resultó tan controversial, fue aprobada y acordada, en el seno de la administración oficial, para estimular la mayor participación y compromiso a los cargos de decisiones, operativos, ejecutivos y de administración que comportan, un trabajo adicional que no era evaluado. En la práctica, quienes devengan esta prima son los que no pueden argumentar ninguna falta o ausencia, por lo significativo de su dedicación al trabajo y a la actividad de trabajo de cada día. Esta Prima quedó eliminada y con ello, la perdida de motivación a las responsabilidades adicionales.

IX.- Estación Prima de Actividad universitaria: consagrada en la cláusula 73 de la IV CCU, se reduce en un 50%, ya que de 25% del salario base, se disminuye a 12.5%.

X.- Estación Prima Familiar: la cual se encuentra contemplada en la cláusula 69 de la IV CCU, se reduce en 30% la fórmula de cálculo, ya que pasa de 40% a 10% del ingreso mínimo nacional mensual.

XI.- Estación Prima por hijo: prevista en la cláusula 70 de la IV CCU, se establece un monto fijo, reduciendo el cálculo en 60% del valor determinado. Se proyecta que en lugar de pagar el 17,5% del ingreso mínimo nacional, intentan pagar 9,6% de este.

XII.- Estación Cesta Ticket Socialista: fue establecida en Bs. 45 mensual. Hasta el mes de febrero del presente año se pagó Bs. 49, conformado por Bs.3 de la Cesta ticket socialista y Bs. 46 del Bono de Transporte y Alimentación. Observándose que no hubo aumento, sino disminución en dicho beneficio.

XIII.- Estación Solarización de los Bonos: La incorporación de los bonos que se anunció, en realidad fue una desmejora al ingreso, ya que elimina las bonificaciones (previstas en la IV CCU cláusulas 71 y 72) percibidas por estos conceptos, cuando comparamos los 130 Bs según la tabla recibida para ese nivel y los 74 Bs. que venía percibiendo, solo recibe un incremento de 56 Bs. y no de 123 Bs.

XIV.- Estación Denuncia: Las pretendidas tablas que, arbitrariamente pretende imponer el régimen, eliminan unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores, por la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos. Lo que menoscaba abiertamente todos los derechos contenidos en actas convenios, contrataciones colectivas, y todos los Acuerdos suscritos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, alcanzados hasta la fecha por los trabajadores. Adicionalmente, afecta de manera directa el marco normativo de Convenios Internacionales con la OIT, la propia CRBV, en su artículo 2, 3, 89, 91, 104, la Ley del Sistema de Cuidados para la Vida, Gaceta Oficial 6.665 del 11 de noviembre de 2021; todo el contenido de acuerdos realizados por el MPPEU y la gobiernera FTUV, así como el propio Decreto 4.653, en su artículo 8, que dispone que las condiciones de trabajo anteriores al Decreto, permanecerán inalterables.

XV.- Estación Rebeldía: El llamado es a toda la comunidad universitaria, a responder en defensa de la Universidad, con acciones unitarias contundentes en la defensa de sus derechos y rechazar de manera firme todos los intentos de los esquiroles internos pagados por el régimen para dividir las luchas laborales y sabotear la unidad de respuesta en defensa por nuestros derechos.

Obreros, empleados, estudiantes y profesores de la comunidad universitaria del país rechazan la pretensión arbitraria e ilegal del régimen gubernamental que, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, pretende imponer una política laboral violatoria de los Convenios con la OIT, la CRBV, la Ley de Universidades, La Ley del Sistema de Cuidados para la Vida y la IVCCU. La resurrección del cuerpo universitario se manifiesta de manera inequívoca en sus luchas democráticas y libertarias contra las tiranías, dictaduras, arbitrariedades y violadores de los derechos constitucionales.

El deporte en Venezuela no escapa de la difícil situación que vive el país, donde un régimen mafioso se ha involucrado en todas las aéreas del país incluyendo al movimiento olímpico.

Desde su nombramiento como presidente del Instituto Nacional de Deportes en el año 2002, Eduardo Álvarez empleó todos los recursos presupuestarios y legales para atropellar, amenazar, chantajear y doblegar a las Federaciones Deportivas con el propósito de que las mismas modificaran el Articulo 26 de los Estatutos del Comité Olímpico Venezolano para permitir que un funcionario de gobierno pudiera postularse a la Presidencia de ese organismo. Hecho este que violaba flagrantemente la autonomía de la entidad olímpica y la separación de funciones entre el sector federado y el sector oficialista vigente desde 1949.

El Gobierno Nacional logró su propósito y Eduardo Álvarez fue electo Presidente del COV en enero de 2004. Concentrándose de manera irracional y peligrosa todo el poder deportivo en una sola persona: Vice-ministro del deporte, posteriormente elevado a ministro en el 2006, Presidente del IND y secretario ejecutivo del Comité organizador de la Copa América en Futbol. En los años subsiguientes, centró todo su poder institucional desde la presidencia del Comité Olímpico Venezolano COV, en impulsar hasta su aprobación la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física que fue promulgada el 23 de agosto de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial Nª 39.741 que somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario al establecer los siguientes Principios Rectores:

– El dogma, según el cual el Estado Revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana. Eliminando de hecho, los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.

– La modificación estructural de la Organización Deportiva Nacional, al establecer como Unidad Básica del Sistema, a los ilegales e inconstitucionales Comités de Deporte y Recreación de los Consejos Comunales y Las Comunas Lo que va a permitir el control de los clubes, ligas asociaciones y Federaciones.

Ese es el verdadero inicio del problema que progresivamente en los últimos 16 años se fue agravando progresivamente por el control autoritario y, monárquico por decirlo de alguna manera, de Eduardo Álvarez y la junta directiva del COV.

En todo ese tiempo se hicieron rutinarios las acciones de presión sobre los dirigentes federativos con amenazas o compras de conciencia para mantener el silencio cómplice frente a los desmanes de las autoridades olímpicas.

El deterioro alcanzó limites inimaginables: El tesorero del COV amenazó caerle a tiros a los federativos que se opusieran a la continuación de Eduardo en la presidencia. Eduardo impuso la presencia de su hijo como director general de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos con la manifiesta intención de que en el futuro fuese su sucesor (monárquico) en la presidencia del COV. Establecieron un cerco de guardianes con grupos paramilitares para controlar el acceso a las instalaciones del COV. Se abrogaron el derecho de establecer ilegalmente que federaciones tenían derecho a voz y voto en la Asamblea del COV. Para Eduardo Álvarez solo son legales las federaciones que vayan a votar por él.

En este largo camino de irregularidades, atropellos y violaciones al ordenamiento jurídico, también salieron a flote aspiraciones de funcionarios de gobierno, que estando en cargos ministeriales, apelaron al método empleado por Eduardo, para tratar de llegar a ser presidentes del COV.

Así pudimos observar que todo ministro del deporte que ha pasado por ese cargo en los últimos 14 años aspira ser presidente del COV siguiendo el ejemplo intervencionista y violador de la autonomía federativa de Eduardo Álvarez.

En estos hechos se concentran las causas que dieron curso a los atropellos y violaciones al ordenamiento jurídico que se presentó en la Asamblea del COV el pasado 7 de diciembre, en donde dos bandos del régimen se disputaban el control. Esto no es más que la guerra interna de sectores del mismo Gobierno para tener el control del COV.

Cuando ahora el sector de Eduardo Álvarez recurre a las organizaciones olímpicas internacionales escudándose en la no injerencia del Estado, alegando el carácter supranacional del COV siendo él mismo parte del régimen.

En su contradictorio accionar, Eduardo alega que el COV no está sujeto a las leyes nacionales. Para su sorpresa, la Sala Electoral del TSJ declara no ha lugar la excepción de Falta de Jurisdicción opuesta por la representación judicial del Comité Olímpico Venezolano de conformidad con el artículo 346 ordinal 1 del Código Procedimiento Civil, en consecuencia, se declara competente la Sala Electoral para conocer y decidir el recurso contencioso electoral conjuntamente con amparo cautelar, y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos y en consecuencia decide:

“….. Se declara procedente la solicitud de amparo cautelar, y se ordena de forma inmediata suspensión de efectos de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 07 de diciembre 2021”.

El revuelo que produjo la sentencia provocó una estampida en los consortes olímpicos y sus abogados que, tratando de calmarlos, se olvidaron de la supranacionalidad del organismo y decían de manera incongruente, que el presente asunto “debe ser conocido por la Sala Constitucional, pues debe advertirse que planteado, excede el ámbito de la materia para la cual es competente la Sala Electoral” y vamos a solicitar que sea designada una Sala Accidental para el conocimiento y pronunciamiento sobre Cuestiones Previas”.

Con el agua al cuello, de manera sorpresiva, fue suspendido el trabajo de la Comisión Electoral ad hoc, con el argumento, por demás ilegal, que “las partes habían llegado a un acuerdo”. Las Federaciones Deportivas, quedaron en una situación de total desconcierto porque nunca fueron informadas de tales reuniones o “acuerdos de las partes”. Al indagar, quienes fueron las partes, se les informó extraoficialmente que fueron Eduardo Álvarez y Pedro Infante. Además, agregaban a la información, que en próximas reuniones de “las partes” se buscarían integrar una sola plancha para las elecciones del COV.

Todos en el sector deportivo, atletas, entrenadores y dirigentes se preguntan cómo dos personas sin cualidad alguna pueden arbitrariamente dejar sin efecto un mandato de la Sala Electoral del TSJ esto representa una descarada e ilegal intromisión. Basta recordar, que las decisiones de las Salas del TSJ solo pueden ser desestimadas o anuladas por la Sala Constitucional y en este caso ese paso no se cumplió.

Además, resalta el hecho evidente que en la reunión de “las partes” no estuvo representado en el sector federativo quienes son los que con su voto van a elegir las autoridades del COV. Falta que, cuando las federaciones deportivas le reclamen a “las partes” estas le respondan “Cayeron por inocentes” …el poder somos nosotros los representantes del régimen, ustedes limítense a votar por lo que nosotros decidamos:

Toca, desde hace mucho tiempo, que las Federaciones Deportivas hagan valer su autonomía y reestablezcan que las autoridades deportivas de las organizaciones del sector privado no sean representantes de las entidades gubernamentales. En otras palabras, no permitir que funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción pasen a ser autoridades federativas u olímpicas.

https://www.noticierodigital.com/2021/12/caimos-por-inocentes/

Cada año, en fechas cercanas al 22 de junio por el aniversario de la fecha de creación del Instituto Nacional de Deporte, surge en mi memoria uno de los mensajes de Jesús que recoge Mateo en los Evangelios (7: 15-20):

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis”.

Sirvan estas palabras para hacer un balance de las obras, programas, presupuestos y acciones gubernamentales que han tenido incidencia en el deporte venezolano en los últimos veinte y dos años.

Los “frutos” que hemos visto y padecido en todo ese tiempo han marcado, lo que sin lugar a dudas, podríamos llamar “El Calvario Deportivo”: Las ejecutorias del gobierno nacional en materia deportiva en el periodo 1999-2021 se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado con el transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales, la «naturalización express» de atletas extranjeros, la falta de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte, la estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay y el grave y progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra mas del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.

La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de «condenados a muerte», los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación y salarialmente son discriminados frente a los chulos “entrenadores” cubanos.

La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello lo ocurrido con la Copa América de Futbol, Juegos Bolivarianos de Playa, Iberoamericano de Atletismo, Mundial de Softbol femenino entre otros. La inasistencia a eventos internacionales programados, por incapacidad gerencial que pretenden esconderlas con señalamientos contra el imperio norteamericano y la guerra económica. La entrega de divisas a la dictadura cubana a través de leoninos convenios de contratación de “entrenadores” y los juegos del “Alba”.

En particular, cabe destacar que una de las obras gubernamentales que nos permite conocerlo, en su dimensión de falso profeta, es la permanente suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales, que sin lugar a dudas, se ha traducido en una debilidad extrema de nuestros deportes de Alto Rendimiento que nos llevó a la perdida de nuestra hegemonía en los Juegos Deportivos Bolivarianos frente a Colombia.

El o los falsos profetas del deporte, con consignas edulcoradas, tales como, “Generación de Oro” o “Somos Potencia” buscaron ocultar el perfil autoritario, autocrático e intervencionista del gobierno de Hugo Chávez en materia deportiva, que comenzó a mostrarse con la firma del Convenio con Cuba y la traída al país de más de 10.000 “entrenadores” deportivos para apoyar “voluntariamente” el programa Barrio Adentro Deportivo y la consolidación de los Consejos Comunales como uno de los brazos milicianos de la revolución socialista-bolivariana.

A partir de ese momento, se desarrolla una intolerancia ideológica del régimen en el sector deportivo, que se manifiesta con la persecución, atropello e intervención de la Federaciones Deportivas con el propósito de obligarlas a modificar el Art. 26 de los Estatutos del Comité Olímpico para permitir que un funcionario de gobierno fuese candidato a los cargos de elección en el Comité Ejecutivo del organismo. Hecho este que al poco tiempo hizo posible el asalto al Comité Olímpico y a las Federaciones Deportivas.

Ya con el control del Comité Olímpico y de las Federaciones Deportivas, se procede a desmantelar el proceso de descentralización iniciado con la elección de gobernadores y alcaldes en 1989, con el despojo de las instalaciones deportivas a los gobiernos de oposición regionales Zulia y Táchira, pasando la administración de las mismas al Instituto Nacional de Deporte. El siguiente zarpazo totalitario fue el de la suspensión de los Juegos Nacionales en aquellas entidades gobernadas por sectores de la oposición.

En relación con el deporte universitario, se puso en práctica una política orientada a ir minando la autonomía del sector en lo concerniente a la organización y desarrollo de los Juegos Universitarios (Juvines) por parte de la Federación Deportiva de Educación Superior (Fevedes).

En cuanto a la Legislación Deportiva, los falsos profetas continuaron con sus frutos revolucionarios, aprobando la Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte para permitir el establecimiento de las bases de la supremacía socialista y revolucionaria en materia deportiva. Al permitir que los Consejos Comunales pasen a ser la base piramidal deldeporte y en consecuencia todo el voluntariado oligarca del deporte como son los clubes, ligas y asociaciones serán sustituidas por las Comunas. La base jurídica contenida en la referida Ley, brinda un marco legal que somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario.

Finalmente, vuelven a mi, las palabras de Mateo “Todo árbol que no da buen fruto, debe ser cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis” y pienso que, para superar este “Calvario Deportivo” de frutos podridos, se requiere el esfuerzo unitario de atletas, entrenadores y dirigentes para sumar sus luchas y reclamos al pueblo venezolano que desde distintos sectores lucha por un urgente cambio de gobierno.

El regreso al país, de uno de los diputados que se encontraba exiliado en Italia desde 2019, provocó todo un mundo de discusiones y debates en el mundo político y la sociedad civil venezolana.

- Estamos sorprendidos por ese regreso, señalaban algunas personas. Recordamos que se refugió en la Embajada de Italia para evitar ser detenido y ahora estamos un tanto extrañados, por decir lo menos, con este inesperado retorno.

- Sus palabras al momento de refugiarse en la embajada, jamás se me olvidaran, dijo un trabajador del Arco Minero:

….”No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como un trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarle sus crímenes de Lesa Humanidad, violación de los Derechos Humanos, corrupción, narcotráfico y terrorismo. Sigo en la lucha, Venezuela vale la pena y agradezco la acogida de Italia”….

y ahora, veo que no solo anuncia su regreso con antelación, sino que lo hace con bombos y platillos como si no hubiese pasado nada….que alguien me explique

- No te voy a explicar nada, sino que voy a incrementar el asombro de todos, dijo un dirigente comunitario del estado Bolívar. Recientemente, el 8 de mayo de 2019 para ser mas preciso, es levantada su inmunidad parlamentaria por la ANC tras solicitud del TSJ y la Fiscalía, por acusaciones de traición a la patria, concierto para delinquir, entre otras, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro y en apoyo al presidente del parlamento Juan Guaidó….y en el aeropuerto no le dijeron ni pio….esto esta raro….muy raro.

- Que Yo sepa, señala un dirigente político, Américo De Grazia es “acusado de estar involucrado en el fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril” y por eso toma la decisión de irse del país. Pero, su regreso se decide entre gallos y media noche, quedando en el ambiente una estela de oscura negociación.

- Un momento, interviene un simpatizante de la Causa R (al revés), excompañero Américo dejo muy en claro que regresaba para participar como candidato a gobernador del estado Bolívar en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

- Esta bien, respondieron todos. Respetamos su derecho a participar o no en un proceso electoral. Pero, queda claro que lo hace en contra de la decisión de su partido y, lo mas importante, queda aún sin explicar como el régimen permitió su ingreso a pesar de haberlo señalado como terrorista, golpista y traidor a la patria. ¿Regreso negociado?

- ¿La Libertad de los Presos y Perseguidos Políticos va a ser para todos o solo para algunos? preguntó un dirigente juvenil. Con esa conducta, Américo abandonó a la compañera de exilio Mariela Magallanes. Cabe pensar entonces, que el regreso de Américo obedece a oscuros intereses que pretende disfrazarlos con su intención de participar en las elecciones.

- De acuerdo con lo dicho por ese joven, dijo un representante de la Sociedad Civil. Solo le agregaría, que la presencia de Bernabé Gutiérrez en el comité de recepción de Américo, sirve para confirmar que detrás del regreso hay una oscura negociación que hizo permisible que el régimen mirara para otro lado cuando Américo llegó al Aeropuerto “Simon Bolívar”.

- Falta que siga el ejemplo del Alacrán, y solicite que le asignen la tarjeta de la Causa R para su participación en las elecciones. Cuestión esta que no dudamos que pueda ocurrir. O en su defecto, el Alacrán pudo proponerle que sea candidato de su partido la Alianza Democrática.

En fin, Américo quiso hacer una gracia y le salio una morisqueta.