Mientras escribo, el ejército de Rusia ha entrado en la capital de Ucrania, Kiev. Ahora está claro que la amenaza de sanciones no disuadió al presidente ruso, Vladimir Putin, de lanzar su invasión. Pero cumplir con la amenaza aún puede desempeñar otros dos roles: las sanciones pueden limitar la capacidad de Rusia para proyectar poder al debilitar su economía, y pueden crear un precedente que podría influir en el comportamiento futuro de Putin frente a otros países como Georgia, Moldavia. , y los estados bálticos.
Una de las razones por las que la amenaza de sanciones podría no haber impedido la guerra es que Rusia no las consideró creíbles. Si imponer una sanción es costoso, la voluntad política para hacerlo puede ser débil o evaporarse con el tiempo. Por ejemplo, los consumidores occidentales ya están molestos por los altos costos de la energía. Un embargo sobre el petróleo ruso reducirá el suministro mundial de energía y hará que los precios suban aún más, lo que podría desencadenar una reacción violenta contra la política.
Esa puede ser la razón por la que los países occidentales no la han impuesto, sino que han optado por sanciones financieras que, hasta ahora, han sido decepcionantes. Después de todo, posiblemente la sanción más importante hasta la fecha, la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 que habría entregado gas natural ruso directamente a Alemania, ejercerá presión sobre el mercado de gas natural de Europa, que ya es ajustado.
Las sanciones son más efectivas y creíbles si imponen grandes costos al objetivo previsto pero implican pequeños costos o incluso beneficios para quienes las imponen. Encontrar tales sanciones es más fácil decirlo que hacerlo, como muestra el proyecto Nord Stream 2. Entonces, ¿qué instrumentos tiene Occidente en su arsenal?
Uno que ha recibido sorprendentemente poca atención son los impuestos punitivos sobre el petróleo y el gas rusos. A primera vista, imponer un impuesto a un bien debe aumentar su precio, encareciendo aún más la energía para los consumidores occidentales. ¿Derecha? ¡Incorrecto!
Se trata de algo llamado análisis de incidencia fiscal, que se enseña en los cursos básicos de microeconomía. Un impuesto sobre un bien, como el petróleo ruso, afectará tanto a la oferta como a la demanda, modificando el precio del bien. Cuánto cambia el precio y quién asume el costo del impuesto depende de qué tan sensibles sean al impuesto tanto la oferta como la demanda, o lo que los economistas llaman elasticidad. Cuanto más elástica es la demanda , más soporta el productor el costo del impuesto porque los consumidores tienen más opciones. Cuanto más inelástica es la oferta , más paga el productor –nuevamente– el impuesto, porque tiene menos opciones.
Afortunadamente, esta es precisamente la situación que enfrenta Occidente ahora. La demanda de petróleo ruso es muy elástica, porque a los consumidores realmente no les importa si el petróleo que utilizan proviene de Rusia, del Golfo o de algún otro lugar. No están dispuestos a pagar más por el petróleo ruso si hay disponible otro petróleo con propiedades similares. Por lo tanto, el precio del petróleo ruso después de impuestos está determinado por el precio de mercado de todos los demás petróleos.
Al mismo tiempo, la oferta de petróleo ruso es muy inelástica, lo que significa que grandes cambios en el precio al productor no inducen cambios en la oferta. Aquí, los números son asombrosos. Según los estados financieros del grupo energético ruso Rosneft para 2021, los costos operativos upstream de la empresa son de 2,70 dólares por barril. Asimismo, Rystad Energy , una empresa de inteligencia de negocios, estima el costo variable total de producción del petróleo ruso (excluyendo impuestos y costos de capital) en $5.67 por barril.
Dicho de otra manera, incluso si el precio del petróleo cayera a $ 6 por barril (ahora está por encima de $ 100), a Rosneft le interesaría seguir bombeando: la oferta es realmente inelástica a corto plazo. Obviamente, bajo esas condiciones, no sería rentable invertir en mantener o expandir la capacidad de producción, y la producción de petróleo disminuiría gradualmente, como siempre ocurre debido al agotamiento y la pérdida de presión del yacimiento. Pero esto llevará tiempo y, para entonces, es posible que otros se apoderen de la cuota de mercado de Rusia.
En otras palabras, dada una elasticidad de la demanda muy alta y una elasticidad de la oferta a corto plazo muy baja, un impuesto sobre el petróleo ruso lo pagaría esencialmente Rusia. En lugar de ser costoso para el mundo, imponer tal impuesto en realidad sería rentable. Un impuesto global punitivo sobre el petróleo ruso, a una tasa de, digamos, 90% o $90 por barril, podría extraer y transferir al mundo unos $300 mil millones por año del cofre de guerra de Putin, o alrededor del 20% del PIB de Rusia en 2021. Y sería infinitamente más conveniente que un embargo sobre el petróleo ruso, que enriquecería a otros productores y empobrecería a los consumidores.
Esta lógica también se aplica al Nord Stream 2. Un impuesto equivalente al 90% del precio del gas natural de la Unión Europea , que actualmente ronda los 90 € (101 dólares) por megavatio-hora, mantendría el gas ruso en el mercado pero expropiaría la renta.
Pero, ¿qué tan factible sería un impuesto mundial del 90% sobre el petróleo ruso? En 2019, el 55 % de las exportaciones rusas de combustibles minerales (incluidos el petróleo, el gas natural y el carbón) se destinaron a la UE, mientras que otro 13 % se destinó a Japón, Corea del Sur, Singapur y Turquía. China obtuvo solo el 18%. Si todos estos países, excepto China, acordaran gravar el petróleo ruso al 90%, Rusia intentaría vender todo su petróleo a China. Pero esto pondría a China en una fuerte posición de negociación. En tal escenario, a China le interesaría imponer el impuesto, porque tal instrumento extraería la renta que, de lo contrario, tendría que pagar a Rusia.
En resumen, un impuesto punitivo sobre el petróleo ruso debilitaría significativamente a Rusia y beneficiaría a los países consumidores, haciéndolo más creíble y sostenible que un embargo. La idea merece mucha más atención de la que ha recibido.
Este artículo fue publicado originalmente en Project Syndicate el 26 de febrero de 2022
No esperamos que vengan piñas de Noruega ni papayas del Desierto del Sahara. Esas frutas tienden a crecer en lugares con mucho sol y mucha agua. ¿Por qué, entonces, es que los productos intensivos en energía como el acero provienen de países con pocos recursos energéticos como Japón y Corea del Sur?
La respuesta es que el carbón y el petróleo tienen una característica única cuando se los compara con la madera, el gas natural o el hidrógeno: son sorprendentemente energéticos por unidad de volumen y peso. Este dato, combinado con los progresos en las tecnologías de transporte del siglo XX, significó que el mundo se volvió “plano” desde un punto de vista energético. Como el petróleo se puede transportar del Golfo Pérsico a Nueva York o Seúl por una fracción de lo que cuesta un barril de petróleo en su punto de origen, la ausencia de fuentes de energía locales no fue un obstáculo.
Esto no siempre fue así. Antes de los trenes, la proximidad al carbón era importante para la producción de hierro, y antes del motor a vapor, estar cerca de ríos de cauce rápido que pudieran impulsar molinos de agua era crucial para la manufactura. Pero hoy, las fuentes de energía disponibles a nivel local no son un prerrequisito para emprender la mayoría de las actividades intensivas en energía. Excepto por el gas natural (que, en todo caso, es un poco más verde que el carbón y el petróleo), la energía se puede transportar a la mayoría de los lugares a un costo modesto.
Sin embargo, en la medida que el mundo vaya abandonando el carbón y el petróleo, la planicie energética pasará a ser una cosa del pasado. Con excepción de la energía nuclear, todas las fuentes de energía verdes –solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica- están distribuidas geográficamente de manera desigual y son costosas para transportar. Aun si las empresas insisten en utilizar combustibles fósiles junto con captura y almacenamiento de carbono, se beneficiarán de la proximidad a formaciones geológicas que puedan almacenar dióxido de carbono –y éstas no son ubicuas.
En un mundo que se descarboniza, por lo tanto, las actividades intensivas en energía nuevamente van a tener que localizarse en zonas específicas, como en los tiempos de los molinos de agua. Éstas no son buenas noticias para ciudades como Gwangyang, en Corea del Sur, sede de la mayor planta de acero del mundo, o para la industria del aluminio de Oriente Medio, que actualmente utiliza gas natural.
Qué países se beneficiarán de este cambio dependerá del resultado de un conflicto en ciernes que involucra a la Tierra y su atmósfera. El movimiento ambiental hace mucho tiempo que se preocupa por el impacto de la actividad humana en el planeta, desde la contaminación local del suelo, el aire y el agua hasta la destrucción de bosques y especies animales. Pero el cambio climático y la necesidad de una descarbonización aumentan drásticamente los conflictos entre estos objetivos tan distintos.
En particular, como ha señalado Bill Gates, reducir significativamente las emisiones de CO2 implicará electrificar todo lo que se pueda electrificar. Pero esto exigirá inmensas cantidades de cobre, aluminio, cobalto, litio y tierras raras, que sólo se pueden obtener a través de una gran expansión de la minería. La electrificación masiva también puede exigir más plantas hidroeléctricas y nucleares.
Ya estamos viendo los efectos de este conflicto. Si bien el incremento reciente del precio del petróleo favorece la descarbonización al hacer que la energía fósil sea más cara, el hecho de que los precios del aluminio y del cobre estén cerca de picos históricos implica que el costo de las alternativas eléctricas también está subiendo, atenuando la velocidad de la sustitución hacia la energía verde.
Estos incrementos del precio de los metales, en alguna medida, son inevitables, porque la oferta responde lentamente a la demanda debido al tiempo necesario para desarrollar una mina. Pero la velocidad de respuesta de la oferta no depende sólo de factores técnicos. También está profundamente conectada a la capacidad de los sistemas políticos de crear un consenso nacional sobre la manera correcta de desarrollar la minería, minimizando el daño ambiental, definiendo el reparto de los beneficios y compensando como corresponde a los potenciales perdedores.
Esto es más fácil de decir que de hacer. La minería sigue siendo sumamente polémica, aún en países como Perú y Chile, donde es la industria exportadora dominante y un importante contribuyente a la producción global. La primera ministra de Perú recientemente ordenó que no se renovaran las licencias de exploración y desarrollo en una región minera clave. De la misma manera, el proceso regulatorio le ha atado las manos a la industria minera de Sudáfrica. Y, más allá de la minería, Colombia y Chile tienen un potencial hidroeléctrico importante, pero crear un consenso nacional para aprovecharlo ha resultado difícil.
De manera que, mientras que los perdedores como consecuencia de la descarbonización son relativamente obvios, los ganadores serán quienes combinen la suerte geográfica con la acción inteligente. El sol y el viento no se convierten en electricidad sin el esfuerzo humano.
Las ciudades, las regiones y los países que quieran beneficiarse de la reubicación de industrias intensivas en energía necesitarán garantizar que pueden ofrecer creíblemente un acceso seguro a la energía verde. Eso dependerá de su capacidad de transformar sus sistemas energéticos. Algunos países podrían seguir el ejemplo de Francia y desarrollar su potencial energético nuclear. Kazajstán, por ejemplo, podría usar sus amplias reservas de uranio para desarrollar plantas nucleares de próxima generación y abastecer el resto de las necesidades de uranio del mundo. Venezuela podría maximizar la producción actualmente subutilizada de energía hidroeléctrica de su río Caroní para revivir sus industrias de acero y aluminio. Australia, Namibia y Chile podrían usar sus altísimas tasas de insolación para convertirse en los principales productores de hidrógeno verde.
Los países del África subsahariana podrían intentar explotar su potencial geológico y rivalizar con Australia y Sudamérica en el campo de la minería. Bolivia, Chile y México podrían dominar el sector de las baterías de litio transformando sus recursos de carbonato de litio en óxidos y baterías de litio transformando sus recursos mineros mediante el uso de energía verde. (Corea del Sur, Japón y China actualmente transforman el litio usando combustibles fósiles). Otros países podrían desarrollar su capacidad de almacenar carbono bajo tierra.
La descarbonización cambiará los senderos posibles de desarrollo nacionales y obligará a los responsables de las políticas públicas a repensar sus estrategias económicas. El debate sobre la agenda verde se ha centrado demasiado en los sacrificios que cada país tiene que hacer para reducir sus emisiones. Pero el fin de la planicie energética provocará una reubicación industrial masiva, mientras que salvar a la atmósfera exigirá encontrar mejores maneras de mitigar el daño al suelo. Los primeros en actuar para desarrollar un consenso nacional destinado a promover el ecosistema económico adecuado para el crecimiento verde serán quienes salgan ganando.
9 de diciembre
Project Syndicate
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Supongamos que usted no supiera nada sobre un determinado país de bajos ingresos excepto los siguientes datos. Su ingreso anual per cápita en 2020 fue de apenas 509 dólares, el séptimo más bajo del mundo. En los diez años previos a 2019, los flujos de ayuda se habían reducido a la mitad, a apenas 114 dólares per cápita, o 31 centavos de dólar por persona por día. Como resultado de ello, su PIB per cápita cayó 14% en este período. Mientras tanto, las importaciones anuales per cápita también se desmoronaron a la mitad entre 2012 y 2020, a 179 dólares, o apenas 49 centavos de dólar por persona por día –uno de los niveles más bajos en el mundo-. Las exportaciones per cápita, apenas por debajo de 38 dólares, fueron las más bajas del mundo. La tasa de pobreza oficial aumentó del 38% en 2011 al 47,3% en 2020.
Frente a estos números, uno no esperaría que la población tuviera mucho entusiasmo por el estatus quo. Tampoco que el gobierno obtuviera un apoyo significativo o exhibiera demasiada capacidad para mejorar las cosas.
En efecto, los flujos de ayuda al país no fueron extraordinariamente grandes, en absoluto. Según el Banco Mundial, los 114 dólares en asistencia per cápita en 2019 fueron menos que la ayuda recibida por otros 26 países, entre ellos Somalia (121 dólares), Bosnia y Herzegovina (141 dólares), Yemen (151 dólares), la República Centroafricana (159 dólares), el Líbano (223 dólares), Jordania (277 dólares), Cisjordania y Gaza (477 dólares), Siria (600 dólares) y las Islas Marshall (1.122 dólares). Claramente, entonces, la reducción en la ayuda fue una decisión, no una necesidad obvia.
Quizá lo sorprenda saber que el país en cuestión sea Afganistán, al que Estados Unidos y sus aliados occidentales consideraban lo suficientemente importante como para garantizar el sacrificio de más de 3.500 tropas y una cantidad de fondos que eclipsa las cifras mencionadas más arriba. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD por su sigla en inglés), el costo del compromiso militar norteamericano en Afganistán, solamente en 2020, fue de 39.700 millones de dólares –el doble del PIB total del país, o 1.060 dólares por afgano.
De 2001 a 2020, la guerra le costó a Estados Unidos alrededor de 815.800 millones de dólares, el equivalente a más de 40 veces el PIB de 2020 de Afganistán, o 21.000 dólares por cada afgano vivo hoy. Entre su pico de 2012 y 2020, el gasto militar anual de Estados Unidos en Afganistán cayó el 60%, o 57.800 millones de dólares. Pero en lugar de utilizar parte de los ahorros para aumentar la ayuda al país, Occidente recortó su asistencia en 2.500 millones de dólares en ese período.
Según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad Brown, las cifras del gasto militar del DoD son subestimaciones groseras, porque excluyen los costos de la atención médica y por discapacidad de los veteranos de Estados Unidos, así como los pagos de intereses por la deuda en la que se incurrió para solventar la guerra. El proyecto, en cambio, estima el costo en más de 2,2 billones de dólares, el equivalente a 115 años del PIB de 2020 del país, o 30 veces el nivel de ayuda a Afganistán entre 2001 y 2019.
Al analizar estas cifras, cuesta no pensar en que la coalición liderada por Estados Unidos perdió la guerra en el frente económico, debido a una asignación muy desacertada de los recursos. Dada la clara predisposición de Occidente a gastar dinero en Afganistán, debería haber sido posible urdir un milagro de crecimiento que habría creado un respaldo político a favor de más de lo mismo. Más allá de los enormes obstáculos para construir un estado fuerte en Afganistán, se habría tornado evidente para millones de ciudadanos que les convenía cooperar con el gobierno.
Asimismo, un esfuerzo de estas características no tiene por qué haber sido costoso. Según el Banco Mundial, Afganistán tiene un factor de ajuste del poder adquisitivo de alrededor de 0,24, entre los siete más bajos del mundo, lo que significa que una canasta de consumo estándar que cuesta 1 dólar en Estados Unidos se podría comprar por menos de 24 centavos de dólar en Afganistán. Pero Estados Unidos decidió renunciar a esos ahorros y perseguir una estrategia de asistencia para el desarrollo que utilizaba contratistas basados en Estados Unidos que le cobran a Estados Unidos todos sus costos más los correspondientes márgenes, recargos y pagos por trabajar en condiciones difíciles. A esto podríamos sumarle el costo de mantener su seguridad dentro de la Zona Verde de Kabul.
Algunos podrían decir que estos mayores gastos eran inevitables, porque no se les podía confiar a las autoridades afganas transferencias directas de efectivo o porque carecían de las capacidades para llevar a cabo las tareas necesarias. Pero esto implica que el dilema no era sólo entre corrupción y honestidad, sino entre corrupción y una propuesta muchísimo más costosa.
Consideremos un plan alternativo. Supongamos que Estados Unidos hubiera combinado su decisión de recortar el gasto militar en Afganistán después de 2012 con un incremento en la ayuda destinada a duplicar el PIB per cápita del país en 2020. Esto habría evitado la austeridad, la recesión y la caída de las importaciones que vinieron después. Supongamos, además, que Estados Unidos hubiera ofrecido el grueso de esta ayuda adicional en forma de un respaldo presupuestario condicionado de manera apropiada, y que hubiera canalizado una porción significativa a los gobiernos regionales y locales en lugar de gastarlo a través de contratistas occidentales, principalmente en Kabul.
Imaginemos también que las fuerzas armadas y la policía afganas hubieran utilizado menos equipamiento importado y apoyo operativo estadounidense (que fue costoso e insostenible) y más gente. Después de todo, los 300.000 miembros del ejército y de la policía del país conformaban sólo el 0,8% de la población, menos de la mitad del porcentaje en países como Jordania o Israel. Y agreguemos a esto una estrategia para desarrollar los recursos minerales de Afganistán, quizás a través de emprendimientos conjuntos con una empresa estatal, para darle al país una fuente sostenible de ingresos de divisas e impuestos. Los gobiernos regionales habrían tenido la posibilidad de desarrollar sus capacidades, fijar prioridades y quitarles apoyo público a los talibanes.
Una estrategia así habría requerido probablemente otros 5.000-7.000 millones de dólares adicionales por año en ayuda, una pequeña fracción de los ya reducidos 39.700 millones de dólares de gasto militar de Estados Unidos en Afganistán en 2020.
Si bien es fácil criticar a los responsables de las políticas occidentales por las decisiones que tomaron en Afganistán, gran parte de la culpa tiene que ver con el enfoque general. La estrategia liderada por Estados Unidos en Afganistán debería haberle prestado más atención a fomentar el éxito económico y la capacidad estatal, mientras que los economistas deberíamos haber podido ofrecer mejores consejos sobre cómo lograrlo. La tarea no era fácil, pero, en vista de la voluntad de las potencias occidentales de gastar enormes cantidades de dinero en el país, tampoco debería haber sido tan difícil.
9 de noviembre 2021
Project Syndicate
https://www.project-syndicate.org/commentary/failed-western-economic-str...
Los criterios de reporte gerencial ESG (ambiental, social y de gobernanza, por sus siglas en inglés) se han vuelto convencionales. Las principales firmas de Wall Street han adoptado estas normas como una guía para la inversión responsable, obligando a miles de corporaciones en las que invierten a hacer lo mismo. Ahora bien, ¿ayudan las normas ESG a los inversores y a las corporaciones que operan en el Sur Global a asignar el capital de manera más eficiente? ¿O es sólo una expresión de los valores y prioridades posmodernas del mundo rico?
El estándar ESG exige que las empresas informen sobre sus prácticas ambientales y los riesgos climáticos asociados; sobre la manera en que tratan a los trabajadores, a los clientes y a las comunidades en las que operan; y sobre diversos criterios de gobernanza como la diversidad de sus juntas directivas y la regularidad de las auditorías por mal comportamiento, tanto internas como externas. El proceso está destinado a que los inversores estén mejor informados sobre el impacto general que la empresa tiene sobre su entorno, con la idea de que a menos que las empresas sean conscientes de su impacto general, los problemas que pasan por alto o desestiman pueden volvérseles en contra.
Los estándares ESG por ende combinan la sentencia de que “lo que no se puede medir no se puede gestionar” con la observación del difunto profesor de la Universidad de Harvard John Ruggie de que a las corporaciones les conviene adoptar los valores de la sociedad en las que están insertas, como los derechos humanos. En este contexto, ESG es una mejora respecto a la tradición de enfocarse solamente en la rentabilidad financiera.
¿Pero hasta qué punto ESG ayuda a los países en el Sur Global a cerrar las enormes brechas de ingresos y bienestar que los separan de las economías avanzadas? Si lo miramos en detalle veremos que nada en el marco ESG favorecería explícitamente el tipo de inversiones que hacen falta para alcanzar este objetivo.
Hace falta con urgencia un marco alternativo. El crecimiento compartido en la mayoría de los países en desarrollo está limitado por la incapacidad de sostener importaciones más altas, que hacen falta para producir casi cualquier bien o servicio moderno. Una escasez de divisas reduce la disponibilidad de los insumos necesarios.
Para importar más, es necesario poder exportar más. Una capacidad exportadora débil se traduce en un cociente de importación bajo y una tasa de crecimiento que es sumamente sensible a los cambios exógenos en la capacidad de importar, como los que surgen cuando aumentan los términos de intercambio, la ayuda al desarrollo o el financiamiento, como sucedió durante el súper-ciclo de los commodities de 2004-14.
Consideremos la siguiente comparación entre Japón y Bangladesh, Etiopía, Nigeria y Pakistán –todos países con una población entre 100 millones y 200 millones de habitantes-. Antes de la pandemia del COVID-19, Japón era 19 veces más rico que Etiopía y 8-9 veces más rico que los demás. Su cociente importaciones-PIB era 2-3 veces más alto que el de los otros. Y el precio de un dólar en unidades de producción doméstica comparable en Japón era alrededor de un tercio del de los otros países.
Un precio alto sumado a un volumen bajo es un signo revelador de una restricción de divisas. Asimismo, en Etiopía, Pakistán y la mayoría de los otros países de bajos ingresos, las exportaciones pagan menos de la mitad de la factura de las importaciones. El resto proviene de ayuda externa o de un endeudamiento insostenible.
En una economía en crecimiento, es importante que las exportaciones acompañen el proceso de crecimiento, lo que normalmente conlleva un aumento de salarios. Si sostener las exportaciones depende de mantener bajos los salarios, los crecientes ingresos reducirán la capacidad exportadora, deteniendo el proceso de crecimiento. Los países de rápido crecimiento en el este de Asia y el este de Europa pueden sostener ingresos crecientes porque han modificado su canasta de exportaciones hacia productos más complejos.
Por el contrario, las industrias exportadoras de Sri Lanka –té, canela, coco y hasta confección- luchan por seguir el ritmo de los aumentos salariales del resto de la economía. Así, cuando a su economía general le va bien, estas industrias se achican, reduciendo así la capacidad del país de importar y desatando una crisis de la balanza de pagos y una desaceleración del crecimiento. Sri Lanka ha experimentado este escenario en repetidas ocasiones, inclusive en este mismo momento.
Asimismo, en países de ingresos medios, el mercado doméstico por lo general se caracteriza por grandes conglomerados que han tomado posiciones dominantes en actividades no transables internacionalmente como el comercio minorista, la banca, los seguros, la construcción, las telecomunicaciones y las bebidas (por lo general, cerveza y gaseosas). Estos sectores tienen suficiente poder monopólico como para ser generosos con sus trabajadores. También pueden diseñar productos para los clientes de la base de la pirámide y sobresalir en todos los parámetros de los que se preocupa el marco ESG.
Sin embargo, estas industrias requieren divisas que ellas mismas no ayudan a generar. Por lo tanto, no pueden empujar al país más allá de la producción que se puede sustentar por la capacidad exportadora de los demás. Asimismo, como sostuve recientemente, tienen records lamentables en materia de investigación y desarrollo u otras métricas de innovación –aunque nada de esto los afecta en las métricas actuales de ESG.
Este tipo de estructura comercial explica una característica de los países de ingresos bajos y medios de hoy que habría sorprendido a Karl Marx. Él predijo que la producción capitalista organizada por empresas que poseen sus medios de producción y contratan trabajadores a cambio de un salario desplazaría a la producción de los artesanos que son dueños de sus propias herramientas de trabajo. Sin embargo, al día de hoy, la producción capitalista contrata sólo la mitad de la fuerza laboral en los países de medianos ingresos y mucho menos que eso en los países de bajos ingresos. El resto de la fuerza laboral es autónoma o trabaja en microempresas que se asemejan a las de la época de Marx.
Esta situación está íntimamente relacionada con la escasez de divisas. En pocas palabras, las actividades no transables modernas no pueden crecer más allá de la capacidad de la economía de generar divisas. Desafortunadamente, el ESG está desconectado de los criterios que favorecerían inversiones verdaderamente efectivas y transformadoras en el Sur Global. Por el contrario, favorece inadvertidamente a los productores monopólicos de bienes no transables que pueden permitirse los mayores costos del reporte y gobernanza que requiere ESG.
La motivación detrás del concepto ESG es bienintencionada. Pero el mundo necesita un sistema de puntuación diferente, que favorezca específicamente aquellas actividades exportadoras que permiten una mayor complejidad, innovación y mejores salarios.
Project Syndicate
Supongamos que usted es una autoridad económica en un país en desarrollo. El ingreso per cápita de su país es una fracción del de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón. Su economía ha crecido en los últimos 30 años, pero también han crecido las economías más ricas, lo que significa que la brecha de ingresos apenas se ha movido. Los jóvenes de su país están impacientes y sueñan con irse a otra parte, muchas veces a un alto riesgo personal, en busca de una vida mejor.
Ahora le dicen que, debido al dióxido de carbono emitido principalmente por las economías avanzadas, su país tendrá que adaptarse a un clima cambiante y restringir las emisiones de CO2, lo que se traducirá en un costo de la energía más alto y en un progreso económico más difícil. ¿Debería usted desestimar las cuestiones verdes y, en cambio, concentrarse exclusivamente en el desarrollo nacional?
No, no debería hacer eso. La razón es que la descarbonización transformará los patrones globales de producción y comercio de manera tan radical que las nuevas oportunidades de crecimiento sin duda aumentarán para los países astutos del Sur. Su objetivo no debería ser frenar el calentamiento global restringiendo las emisiones domésticas, sino más bien forjarse un rol en una economía mundial que se vuelve más verde a pasos acelerados.
Como sostiene Bill Gates en su reciente libro How to Avoid a Climate Disaster (Cómo evitar un desastre climático), producir electricidad verde y electrificar todo lo que se pueda, como el transporte, es esencial para cualquier estrategia destinada a alcanzar cero emisiones netas. Pero descarbonizar por completo el transporte –un desafío gigantesco– solo nos permitirá avanzar una cuarta parte del camino. El mundo también necesitará cambiar la manera en que produce acero, aluminio, cobre, cemento, fertilizantes, combustibles, calor y hasta alimentos y ciudades.
La buena noticia en el frente de la descarbonización es la caída drástica de los costos de la energía solar y eólica. El problema es que la intermitencia de estas fuentes de energía ha creado una amplia brecha entre el valor de la electricidad intermitente que está disponible cuando sale el sol o pega el viento y la energía despachable, que se puede generar cuando hay demanda y que es producida principalmente por centrales eléctricas de pico que queman gas natural.
La solución para el problema de la intermitencia es el almacenamiento. Las baterías de litio han sido la mejor opción para las tecnologías utilizadas en diversas cosas, desde teléfonos celulares hasta automóviles, mientras que las sales fundidas pueden almacenar energía solar como calor para un uso posterior en la generación de electricidad.
Una esperanza novedosa e importante para la descarbonización es el hidrógeno: utilizar energía renovable para descomponer las moléculas de agua produce tanto hidrógeno como oxígeno. Luego se puede quemar hidrógeno como combustible y emitirá sólo vapor de agua, o se lo puede colocar en un fuel cell para generar electricidad a demanda. Alternativamente, se puede utilizar el hidrógeno como materia prima para fabricar compuestos más densos en energía como el amoníaco, que puede funcionar como combustible en sí mismo o servir para fabricar nitrato de amonio para su uso en fertilizantes y explosivos. El hidrógeno también puede ayudar a fabricar metano, metanol, combustible para aviones o plásticos verdes. Todo esto es físicamente posible, pero para que sea económicamente eficiente hace falta innovación.
Otra solución para el problema es la llamada captura y almacenamiento de carbono (CAC). Hasta ahora, esta tecnología se ha instalado en lugares donde se producen emisiones como las centrales térmicas, pero en principio la CAC puede ocurrir en cualquier parte –preferentemente, cerca de lugares de almacenamiento subterráneo geológicamente apropiados–. En términos ideales, habría un mercado global para servicios de CAC, donde los emisores en un país puedan comprar CAC en otro. Ese mercado todavía no existe, pero se lo podría crear.
El grueso de la innovación, como siempre, resulta de aprender haciendo, a través de lo que los economistas llaman la Ley de Wright: los costos caen a medida que aumenta la experiencia en la producción, ya que la gente descubre mejores maneras de hacer las cosas. Quien logre ese aprendizaje determinará quién tiene lo que hace falta para participar de manera exitosa en las industrias verdes emergentes.
Sin embargo, existen razones para hacer el aprendizaje donde, por alguna ventaja natural, la tecnología existente ya es competitiva. Por ejemplo, los niveles más altos de insolación del mundo –la cantidad de radiación solar que llega a un área determinada– se encuentran en los desiertos de Australia, Chile y Namibia, tres países que actualmente están desarrollando estrategias de hidrógeno verde.
Todo esto abre nuevos caminos de desarrollo económico para los países del Sur, ya sea en la producción de energía y materiales verdes como en las cadenas de valor que los sustentan –incluidos insumos, bienes de capital, ingeniería, procura y construcción de infraestructura verde–. Los países que no les presten atención a estos cambios pueden quedar rezagados con productos “grises” que cada vez son menos demandados por un mundo que se enverdece, haciendo que el desarrollo nacional resulte más difícil.
En resumen, si bien los efectos del calentamiento global plantean una seria amenaza para los países en desarrollo, la descarbonización no es una mera causa de restricciones e imposiciones a las potenciales oportunidades económicas. También es un cambio que creará nuevas industrias, mercados y vectores de crecimiento.
Los gobiernos de los países en desarrollo, por lo tanto, deberían estudiar las cadenas de valor que están emergiendo detrás de las industrias que generarán la producción verde necesaria para reducir las emisiones. Con ese fin, deberían imitar a Israel y a Singapur y crear la posición de científico jefe para realizar la supervisión tecnológica y determinar cómo explotar las tendencias emergentes.
Las autoridades también deberían apuntar a desarrollar estrategias explícitas para atraer inversiones de las industrias verdes emergentes. Eso significa determinar qué partes de la cadena de valor hacen uso de las fortalezas de su país, ya sean las capacidades productivas existentes o algún recurso natural relevante como la radiación solar, el viento, la energía hidroeléctrica, el litio o lugares de almacenamiento de CO2 geológicamente apropiados.
Alcanzar la transformación necesaria exigirá crear una brecha de precios entre productos verdes y grises muchas veces idénticos. Una manera de lograrlo es a través de un impuesto al carbono global y homogéneo, pero es improbable que esto suceda. En consecuencia, surgirán reglas más complejas, ya sea a través de regulación o subsidios. Los gobiernos de los países en desarrollo necesitan estar presentes cuando se negocien esas reglas, ya sea en acuerdos globales como regionales, y deben defender allí sus intereses nacionales.
La agenda verde tiene que ver con prevenir una catástrofe global. Pero si los países en desarrollo la manejan bien, tienen la oportunidad de transformarla en nuevos vectores de desarrollo nacional.
Copyright: Project Syndicate, 2021.
Si no está roto, no lo arregles, dice el viejo adagio. Pero el plan de vacunación actual del mundo está muy “roto” y nadie parece estar arreglándolo, a pesar de las consecuencias desastrosas para las vidas, el bienestar y la economía global.
Éste se suponía que iba a ser el año de la recuperación. Pero, desde un punto de vista epidemiológico, está siendo peor que 2020, y la dinámica actual sugiere que 2022 no será mejor.
No tiene por qué ser así. Pero transitar hacia un sendero mejor exigirá un fuerte liderazgo global que, por una vez, evite falsas ilusiones.
Analicemos los hechos. Los casos y muertes por COVID-19 confirmados diariamente están por encima de los 800.000 y 12.000, respectivamente. Y van camino a superar los picos históricos alcanzados en enero de 2021. No sólo la India está asolada por una explosión devastadora del virus; también es probable que otros países que hasta ahora no se habían visto tan afectados, inclusive en Asia y África, enfrenten brotes serios.
El mundo tiene a su disposición múltiples vacunas efectivas. Pero no se está moviendo lo suficientemente rápido para administrarlas: hoy en día se inyectan diariamente alrededor de 18 millones de dosis, comparado con 18,6 millones hace dos semanas. Dado que la mayoría de las vacunas deben administrarse en dos dosis, esto significa que llevará dos años vacunar al 80% de la población mundial.
Es poco probable que esos dos años sean placenteros. La campaña de vacunación sumamente exitosa de Israel ha generado una caída drástica de los casos y las muertes, permitiendo reabrir casi por completo la economía. Pero otros vacunadores estrella –como Estados Unidos, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Chile, Uruguay, Hungría y Serbia- todavía no han visto efectos similares.
En el Reino Unido, los casos han declinado de manera significativa, pero esto se debe principalmente a un confinamiento estricto y costoso. Chile también sufrió un confinamiento duro, pero sus niveles de infección todavía no han caído significativamente. En Estados Unidos y los EAU los nuevos casos se mantienen persistentemente elevados.
Esto se debe a la matemática del contagio. Los casos caen cuando la tasa de reproducción (R) –la cantidad de personas que infecta cada persona infectada- cae por debajo de uno. Suponiendo (con optimismo) que ni los vacunados ni los recuperados propagan el coronavirus, el porcentaje restante de la población debe ser menor que la tasa de reproducción del virus (Ro) que, sin distanciamiento social, es alrededor de cuatro.
En otras palabras, a menos que el 75% de la población sea inmune, R superará a 1, y los casos seguirán subiendo de manera exponencial. Respetar las reglas de distanciamiento social, por lo tanto, seguirá siendo esencial para limitar la transmisión. Pero los confinamientos son costosos s e investigaciones recientes sugieren que se están volviendo menos efectivos, debido a la “fatiga por el confinamiento”.
Sin embargo, inclusive después que el 75% del mundo esté vacunado, no habremos terminado. Según el CEO de Pfizer, Albert Bourla, probablemente se necesite una dosis “de refuerzo” cada año, para garantizar una inmunidad continua a medida que aparezcan nuevas variantes del virus. En pocas palabras, deberíamos estar pensando en vacunar al mundo todos los años y vamos camino a demorarnos el doble del tiempo. Esta es una receta para un virus endémico.
Sin embargo, no estamos en una situación imposible. Por el contrario, la economía de la solución es sencilla y sorprendentemente poco controversial, al menos entre los economistas.
Desarrollar una nueva vacuna –y demostrar su seguridad y efectividad- conlleva un costo fijo importante. Fabricar copias de esa vacuna implica un costo variable mucho menor. Hoy por hoy, una compañía que desarrolla una nueva vacuna (un “desarrollador”) recupera sus costos fijos vendiendo dosis. También impide que otros fabriquen su vacuna al patentar su invención. El resultado son precios altos y una oferta restringida –lo último que necesitamos durante una pandemia.
Una mejor solución sería que los desarrolladores recibieran un pago único grande a cambio de la propiedad intelectual sobre la vacuna. Cualquier fabricante farmacéutico podría entonces producir la vacuna bajo una licencia gratuita, aumentando así la oferta y la competencia y reduciendo los precios.
Como al vacunarse una persona beneficia a otros (en la jerga de los economistas, como hay “externalidades positivas”), se justifica subsidiar –y hasta regalar- las vacunas. Alguien –ya sea Estados Unidos, la Unión Europea o un consorcio de países ricos- debería realizar el pago único a los desarrolladores. El costo de las vacunas no debería ser un obstáculo importante para su difusión, excepto en los países más pobres. De hecho, los costos para el mundo son desdeñables, especialmente si se los compara con los beneficios que obtendrían los países ricos por el hecho de que el resto del mundo se vacune.
Esta solución no les crearía ningún perjuicio a los desarrolladores de nuevas vacunas. Pero, al hacer que el proceso de vacunación sea más rápido y más eficiente, dejaría al mundo en una situación mucho mejor.
Desafortunadamente, ésta no es la estrategia que el mundo está persiguiendo a través del mecanismo Acceso Global para Vacunas contra el COVID-19 (COVAX), una alianza internacional encomiable pero modesta, comprometida tan sólo a garantizar un cierto acceso a vacunas contra el coronavirus. De hecho, los objetivos de COVAX son demasiado modestos e inadecuados para lo que el mundo necesita, especialmente si las vacunaciones anuales se vuelven necesarias debido a las mutaciones del virus. COVAX no cubre ni los pagos únicos a los desarrolladores ni licencias gratuitas a los fabricantes. Más bien su filosofía está centrada en administrar con justicia la escasez, dada la oferta limitada de vacunas.
Considerando que deberíamos prepararnos para un mundo en el cual periódicamente necesitemos nuevas vacunas, es preciso que tengamos compañías farmacéuticas desarrolladoras fuertes y rentables capaces de levantar el capital necesario y garantizar los recursos para desarrollarlas. Esto debería garantizarse mediante torneos o licitaciones públicas para comprar la propiedad intelectual de estas vacunas y tal vez inclusive la asistencia técnica para asegurar la producción bajo los estándares de calidad apropiados. Las empresas desarrolladoras competirían en estos torneos que se organizarían con la máxima información sobre la genética de las nuevas variantes del virus, algo que exige un esfuerzo de monitoreo genético global.
Pero el mundo también necesita incrementar la capacidad de producción para sustentar la vacunación a una tasa dos veces más rápida que la actual. Asimismo, dada la reciente experiencia con países que acaparan vacunas y prohíben su exportación, es crítico otorgar licencias gratuitas a los fabricantes de las vacunas, para que los estados puedan garantizar a sus ciudadanos el acceso a las vacunas, incluso aumentando su propia capacidad de producción, si lo consideran necesario.
El mundo necesita más vacunas contra el COVID-19. Pero antes necesita el liderazgo político global que dé los pasos simples pero necesarios para garantizarlas.
30 de abril 2021
Project Syndicate
La economía podría avanzar sustancialmente si relajara una de sus hipótesis más preciadas: el individualismo metodológico, o la idea de que cualquier explicación necesita estar relacionada con individuos que toman decisiones sensatas. Este requerimiento coloca a la disciplina en una enorme desventaja frente a las ciencias naturales, porque impide entender mejor la relación entre lo micro y lo macro.
La física explica todo el comportamiento suponiendo algunas leyes fundamentales a nivel (muy) micro. Los quarks dan lugar a los protones y neutrones que, junto con los electrones, generan átomos, dando lugar a su vez a moléculas y macro-moléculas como el ADN, los genes y las proteínas. Estos producen células, seres multicelulares y ecosistemas completos que viven en un planeta que gira alrededor del sol. En teoría, deberíamos poder explicar todo esto remontándonos a las leyes fundamentales de la física de partículas. En la práctica, esto no sólo es imposible sino también innecesario, lo que facilita el progreso.
Tenemos conocimiento de todos estos niveles porque los científicos los analizaron y los describieron con el mayor detalle posible, permitiendo que otros científicos los explicaran en términos de determinantes de nivel inferior. Cada capa de alguna manera puede estar relacionada con la capa inferior, hasta llegar a los quarks y los electrones.
Si bien retroceder un paso no es fácil, aunque muchas veces factible, ir para adelante, aunque sea un paso, es difícil. Podemos elaborar la secuencia de aminoácidos de una proteína desde el gen que la codifica, pero aun así no podemos establecer qué forma tridimensional adoptará la proteína, lo que es fundamental para determinar su función.
Sin embargo, hay algo que complica aún más las cosas y es un fenómeno conocido como emergencia, por el cual una propiedad del siguiente nivel no existe en el paso previo. Los diamantes y el grafeno tienen propiedades muy diferentes, por ejemplo, pero son químicamente idénticos. Las neuronas dan lugar a la conciencia, pero sólo en el nivel de millones de neuronas conectadas; nunca lo habríamos imaginado si hubiésemos mirado solo al interior de la neurona.
Contrastemos esto con la ciencia económica hoy. El individualismo metodológico requiere que todos los fenómenos en definitiva se expliquen en términos de individuos que toman decisiones para las que tienen fundamentos sólidos. Estudiar las regularidades en los datos agregados –característico de la macroeconomía antes de los años 1970- resulta poco interesante si estos no están cimentados en un comportamiento individual racional.
Como sostiene el economista y premio Nobel Robert Lucas, los gobiernos no podrían confiar en que estas regularidades fueran estables si basaran sus políticas en ellas, porque los individuos responderían a esas medidas de maneras que minarían las regularidades. Los datos podrían sugerir un compromiso entre inflación y desempleo, pero si los gobiernos intentaran “comprar” menos desempleo mediante un poco más de inflación, la gente cambiaría sus expectativas inflacionarias de manera tal que todo el ejercicio resultaría inútil.
La ciencia económica ha desarrollado así modelos con fuertes cimientos micro, centrados en individuos que toman decisiones racionales y responden a incentivos bien entendidos. Para progresar cumpliendo al mismo tiempo con estos requerimientos, los economistas han tenido que simplificar, a menudo hasta el absurdo, el grado de interacción entre el individuo y los resultados agregados que se intentan explicar. Una manera común de hacerlo es suponer que todos los individuos son idénticos -el llamado agente representativo-, o que son heterogéneos de maneras muy sencillas. Pero exigir que todas las explicaciones económicas se basen en comportamientos individuales es como intentar explicar el recalentamiento global partiendo de la física cuántica.
Afortunadamente, este enfoque metodológico se está derrumbando. A nivel micro, la creencia en el supuesto de la racionalidad individual se ha visto afectada por la economía conductual. En una serie de artículos, Xavier Gabaix de Harvard ha demostrado que los principios básicos de micro y macroeconomía cambian mucho si suponemos que la racionalidad de los agentes tiene límites. De la misma manera, el colega de Gabaix en Harvard, Joseph Henrichsos, tiene que la manera en que la gente toma decisiones no es universal, sino que más bien depende de la cultura a la que pertenece.
Más pertinente a mi argumento es la cuestión de pasar de los individuos que toman decisiones al nivel agregado. El difunto y extremadamente talentoso economista de Harvard Emmanuel Farhi, en trabajos conjuntos con David Baqaee de la UCLA, demostró que necesitamos considerar la estructura insumo-producto (no explicada) de la producción para entender las fluctuaciones macroeconómicas: no podemos simplemente obtenerla de agentes representativos individuales.
De la misma manera, Pol Antràs de Harvard (junto con otros autores) recientemente ha estado reconstruyendo la teoría del comercio internacional suponiendo que el mundo está organizado a través de cadenas globales de valor en lugar de mercados estándar. Esta suposición aparentemente menor, causa enormes diferencias tanto en la teoría como en términos de implicancias de las políticas comerciales. Apenas estamos empezando a entender lo que esto significa en la práctica, porque, hasta ahora, no nos habíamos preocupado en recopilar los datos inter-firma que requiere este análisis.
Vista desde esta perspectiva, la teoría neoclásica del crecimiento económico parece pintoresca. Su principal aporte, según las palabras del economista y premio Nobel Paul Romer, es demostrar lo difícil que es explicar desde el punto de vista puramente teórico el crecimiento a largo plazo. Desafortunadamente, la teoría neoclásica ha sido prácticamente inútil para cualquier propósito práctico, principalmente porque ignora abiertamente las estructuras meso que existen entre los individuos y los resultados económicos agregados.
Afortunadamente, algunos investigadores han intentado descubrir estas estructuras meso, utilizando big data y ciencia de redes con otras técnicas. Por ejemplo, han identificado estructuras complejas de complementariedades entre habilidades y patrones de afinidad dentro y entre industrias, clases tecnológicas y áreas científicas.
Estos estudios demuestran que las estructuras meso son importantes para la manera en que crecen las ciudades y los países, y en que se desarrollan las tecnologías. Dada la ortodoxia actual, estos artículos han sido impublicables en revistas de economía, porque no pueden demostrar cómo estas estructuras están asociadas a individuos que toman decisiones bajo restricciones. Pero han sido publicados en revistas científicas prestigiosas como Nature y Science, así como en el Journal of Urban Economics y Research Policy. Como resultado de ello, otros investigadores pueden ahora formular preguntas sobre cómo emergen estas estructuras meso, por ejemplo, de decisiones individuales.
En las últimas décadas, la economía ha pasado de definirse a sí misma por las preguntas que formula, a definirse a sí misma por los métodos que usa. Al limitar su estrategia al individualismo metodológico, lo que ha hecho es socavar su propio progreso.
31 de marzo 2021
Project Syndicate
Los países pobres son baratos. En 2019, con un dólar se podía comprar más del doble en Argentina, Marruecos, Sudáfrica y Tailandia que en Estados Unidos; más de tres veces más en Vietnam, India y Ucrania, y más de cuatro veces más en Afganistán, Uzbekistán y Egipto. Si un país es barato, debería ser más competitivo y, así, poder alcanzar a las economías más ricas. En realidad, muchos países baratos están cada vez más rezagados.
A simple vista, el hecho de que los países pobres sean baratos es contra-intuitivo. Si los países pobres son mucho menos productivos, ¿las cosas allí no deberían costar más, ya que fabricarlas requiere más tiempo y esfuerzo?
Éste sería el caso si los salarios fueran los mismos en todos los países. Pero son mucho más bajos en los países pobres que en los ricos. Según la OCDE, los salarios anuales promedio en 2019 eran superiores a 60.000 dólares en Suiza y Estados Unidos; a 50.000 dólares en Australia, Dinamarca, Holanda y Alemania; a 40.000 dólares en Francia y Suecia; a 30.000 dólares en España, Corea del Sur, Italia y Polonia. Eran inferiores a 20.000 dólares en Grecia y Hungría, y a 10.000 dólares en México.
Esos diferenciales sugieren que existe un universo alternativo posible en el que los países altamente productivos paguen salarios más altos y los países poco productivos paguen salarios más bajos, de manera que todos los bienes y servicios cuesten lo mismo en todas partes. Tiene sentido, pero ése no es el mundo en el que vivimos: con un dólar se puede comprar más en un país pobre que en uno rico.
La explicación económica habitual para esto es que, si bien los países pobres pueden ser poco productivos en general, son particularmente improductivos a la hora de fabricar cosas que se comercian internacionalmente en relación con las que no. Ahora bien, ¿cómo puede explicar esto que los países pobres sean baratos?
Los precios de los bienes comercializables internacionalmente, como el café y los teléfonos celulares, tienden a ser similares en todos los países. Si el precio local es demasiado alto, el producto se puede importar. Y si el precio local es bajo, la gente puede ganar más dinero exportando el producto que vendiéndolo en el país.
Por el contrario, los llamados bienes no comercializables que sólo se pueden vender localmente, como los capuccinos, los servicios de telefonía móvil y los cortes de cabello, pueden tener precios muy diferentes en diferentes países. Esos bienes y servicios tienden a ser más baratos en los países más pobres, porque estas economías son relativamente menos improductivas en esos productos comparado con los productos comercializables.
Esto plantea el interrogante de por qué los países pobres son especialmente improductivos cuando se trata de producir cosas que se comercializan internacionalmente. La respuesta más persuasiva es que la productividad depende de la adopción y adaptación de tecnología, lo que requiere descubrir cómo hacerlo. Y el costo de esto sólo se puede recuperar durante un período de beneficios extraordinarios.
En el sector no comercializable, un pionero en la adopción de una nueva tecnología tendrá un monopolio hasta que surjan imitadores exitosos, lo que le da al pionero la posibilidad de fijar los precios para recuperar el costo de la innovación. Por el contrario, un pionero en un producto que se comercializa internacionalmente tendrá que competir desde el principio con empresas extranjeras que ya fabrican productos similares. Sin un período de algo de poder monopólico, es imposible recuperar los costos de innovación.
La tecnología es conocimiento que se puede utilizar para hacer cosas como producir alimentos, brindar entretenimiento o administrar justicia. Y cobra tres formas: conocimiento incorporado en herramientas; conocimiento codificado en fórmulas, algoritmos, recetas y manuales de procedimientos; y conocimiento tácito, o know-how, en los cerebros de equipos de seres humanos con capacidades complementarias, como los cirujanos y los anestesistas.
En principio, copiar conocimiento codificado no tiene costo y, a falta de derechos de propiedad, puede desplazarse por el mundo tan rápido como un email. De manera que ésta no debería ser la razón por la cual los países pobres no crecen aceleradamente.
Las herramientas, en cambio, suelen producirse en los países ricos, que incorporan el conocimiento en ellas, y representan más del 40% del comercio mundial de bienes. Como los países pobres son baratos, las máquinas importadas se ven como si fuesen mucho más caras: la misma máquina parece costar cuatro veces más a una empresa egipcia que a una suiza.
Asimismo, el know-how es esencial para implementar cualquier tecnología y la carencia de know-how implica que los costos de las máquinas, los materiales y la mano de obra fácilmente pueden desperdiciarse. Desafortunadamente, el know-how se traslada con enorme dificultad de un cerebro a otro. Es mucho más sencillo trasladar los cerebros directamente.
Desplazar cerebros es un poderoso mecanismo de difusión tecnológica, como ilustra la evidencia de la migración, las diásporas y hasta los viajes de negocios. Basta con mirar la creciente importancia de los llamados servicios de negocios intensivos en conocimiento (KIBS), ofrecidos por firmas como McKinsey & Company, Accenture, Halliburton o Schlumberger. Pero, nuevamente, cuanto más barato el país, más caros parecen estos servicios.
De modo que el hecho de que los países pobres sean baratos les dificulta la adquisición de la tecnología que necesitan para progresar. Como resultado de ello, siguen siendo pobres.
Ahora bien, quizás haya una manera de convertir el hecho de ser barato en una ventaja. Si los países pobres pudieran desarrollar las capacidades para exportar KIBS, sus empresas podrían ser globalmente competitivas a la vez que podrían ofrecerles a sus empleados un estándar de vida más alto, como lo han hecho compañías indias como Wipro y TCS.
Ser barato no es una panacea para los países más pobres. Todo lo contrario: puede trabar la puerta a la prosperidad haciendo que la tecnología, ya sea herramientas o know-how, resulte relativamente más costosa. Pero el ser barato puede dejar abiertas un par de ventanas en el tercer piso a través de las cuales los países más pobres podrían encontrar la manera de escalar.
1 de febrero 2021
Project Syndicate
https://www.project-syndicate.org/commentary/poor-countries-technology-p...
Las grandes maldades no la hacen personas que creen que hacen el mal. Actúan sobre el mundo con una concepción errada de éste. En su libro "Sobre La Tiranía", el profesor de la Universidad de Yale Timothy Snyder describe el rol que en esto juegan las "Grandes Mentiras". El auge del nazismo en Alemania estuvo basado en la Gran Mentira de lo que se llamó "La Puñalada en la Espalda", la idea de que Alemania no había perdido la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, sino que había sido traicionada por unos líderes políticos al servicio de una conspiración internacional donde los judíos jugaban un rol central. Para creer esta Gran Mentira había que dejar de creer en un gran conjunto de hechos reales y verificables que la contradecían. Para ello era necesario negar la realidad objetiva, negar lo que dijera la prensa libre y negar el derecho de los que disienten. De allí salió la justificación del antisemitismo que terminó en el Holocausto.
Acabamos de ver la lógica de la Gran Mentira en las elecciones recientes en Estados Unidos. La idea de que el presidente Trump ganó las elecciones de manera masiva pero que una conspiración le robó la victoria, es otra de estas Grandes Mentiras. Para creer en ella, es necesario dejar de creer en los gobernadores y asambleas legislativas controladas por el Partido Republicano que certificaron la elección, en el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional que no encontraron evidencia de fraude, en la Corte Suprema de Justicia y los más de 50 jueces que decidieron en contra de las demandas de Trump, y en los medios de comunicación, los enemigos del pueblo – según ha venido repitiendo el presidente durante 4 años. Ante la creencia en una masiva conspiración inventada por el líder, sus seguidores cometen crímenes con lo que creen ser sus mejores intenciones; por ejemplo, tomar el Capitolio en Washington, DC. el pasado 6 de enero.
En este momento, está circulando una mentira equivalente que tiene que ver con una supuesta conspiración mundial perversa dirigida por George Soros, a través de su fundación Open Society Foundation (OSF).
Como la organización que fundé en el año 2006 y que aún dirijo - el Harvard Growth Lab - ha recibido subvenciones de OSF, se me quiere hacer parte de esa falsa conspiración. Me consta que esta conspiración es una de esas Grandes Mentiras. El que quiera enterarse sobre los que hace OSF puede comenzar por revisar su sitio de internet. El nombre de la organización sale del título de uno de los libros de Karl Popper - La Sociedad Abierta y Sus Enemigos. Popper fue profesor de Soros en la década de los cincuenta en el London School of Economics. Su libro argumenta que la verdad es algo que emerge de la confrontación de ideas en la sociedad y que, por ello, es importante que las sociedades sean abiertas y tengan la capacidad de debatir distintos puntos de vista. OSF se estrenó en Sur África ayudando a grupos que se organizaban contra el Apartheid y se concentró luego en Europa Oriental, ayudando a las organizaciones de la sociedad civil que intentaban organizarse frente al totalitarismo. En la actualidad, la organización otorga subvenciones equivalentes a 1.2 millardos de dólares al año principalmente a organizaciones de la sociedad civil a través del mundo. A lo largo de su historia ha otorgado más de 50.000 subvenciones.
La relación entre OSF y el Growth Lab data del año 2013. En julio de ese año, Edi Rama ganó las elecciones parlamentarias y fue nombrado primer ministro de Albania, en una campaña en la que asoció a su oponente en el poder - Sali Berisha - con el autoritarismo de Hugo Chávez. Rama, artista plástico y líder del movimiento estudiantil que sufrió un intento de asesinato que lo dejó con una fractura en el cráneo durante su lucha contra el comunismo, se había vuelto famoso luego como alcalde de Tirana, la capital de Albania, por su forma artística de reimaginar y transformar la ciudad. Por su éxito, Rama fue invitado a presentar su visión en las prestigiosas conferencias TED. Su gestión de la ciudad lo llevó a convertirse en el líder de la oposición y a derrotar a Berisha en las elecciones del 2013.
Pocos días después de la elección, Christopher Stone - presidente del Open Society Foundations (OSF) en ese momento - fue a hablar con Rama para preguntarle como podían ayudarlo. En la reunión con Stone, Edi Rama le pidió que me involucrara en ayudar a su gobierno en su recuperación económica. Yo no conocía a Rama, pero algunos de sus colaboradores me habían visto en una conferencia en Atenas en el 2010 y habían pensado que yo podría ayudar a su país. Manejando al aeropuerto luego de la reunión con Rama en la cual evaluaron la forma como Open Society podría ayudarlo, Stone me llamó para pedirme que fuera a Albania a explorar las opciones. Christopher Stone me conocía bien, no solo porque ambos fuimos colegas en la Escuela Kennedy de Harvard por muchos años, sino también porque trabajamos juntos en dos proyectos del Growth Lab. El primero fue en Sur África, donde dirigí un proyecto sobre el tema de crimen y seguridad entre 2004 y 2009. El segundo fue un proyecto pequeño para ayudar en temas de seguridad a los nuevos gobiernos del Distrito Capital y Estado Miranda y a los gobiernos municipales de Sucre, Baruta y El Hatillo en Caracas, electos en el 2010. Por ello, Stone conocía bien la forma de trabajar del Growth Lab.
Junto con un equipo del Growth Lab, visité Albania en agosto de 2013 por un par de semanas en las que hicimos un diagnóstico de la situación. El país enfrentaba 3 potenciales crisis: primero, una macro-fiscal donde el gobierno tenía un déficit grande y creciente que estaba siendo financiado con demoras en los pagos. Segundo, el país enfrentaba una potencial crisis bancaria con una cartera de préstamos bancarios vencida muy alta y creciente. Tercero, el país enfrentaba una crisis energética, dado el catastrófico desempeño operativo y financiero de la empresa de distribución eléctrica. Definimos un programa de asistencia técnica para ser financiado por OSF. Me siento muy orgulloso por los logros de este proyecto, ampliamente documentado. Logramos resolver esos tres problemas y pusimos a la economía a crecer, a pesar de las dificultades que estaba pasando Europa en ese momento.
En el 2015, la sensación en OSF era que el proyecto de Albania estaba siendo muy exitoso. Sorpresivamente y en paralelo, Ranil Wickremesinghe fue electo Primer Ministro de Sri Lanka, luego de la derrota que sufriera Mahinda Rajapaksa, el lider nacionalista singalés, con fuertes tendencias autoritarias y con gran intolerancia hacia la minoría tamil. OSF nos contactó nuevamente y le pidió al Growth Lab un proyecto para el nuevo gobierno de Sri Lanka similar al de Albania. Era finales de 2015 y venían elecciones parlamentarias en Venezuela, en las cuales la oposición tenía opciones de ganar, como efectivamente ocurrió. Le dije a la Fundación que el Growth Lab aceptaría el proyecto de Sri Lanka siempre y cuando financiaran un proyecto similar para Venezuela. La OSF aceptó esta condición. As comenzó el proyecto sobre Venezuela en Harvard.
Este financiamiento para Venezuela permitió que el Growth Lab creara un equipo que trabajó desde principios del 2016 en analizar la economía venezolana y diseñar una estrategia de recuperación. Nos permitió también contratar un conjunto de estudios con los mejores economistas venezolanos en Venezuela y el mundo. Organizamos varios seminarios en Harvard, incluyendo una conferencia de 4 días a finales de septiembre del 2018, la cual dio origen al Plan País, el plan eventualmente aceptado por la Asamblea Nacional y el Presidente Juan Guaidó en el 2019.
Mientras ejecutábamos estos proyectos en el 2017, la guerra civil en Siria estaba causando una crisis de refugiados muy importante que había desestabilizado la política en Europa. OSF estaba ayudando al Gobierno de Jordania para que desarrollara la capacidad de absorber a los nuevos refugiados. Dentro de ese esfuerzo, OSF nos pidió que hiciera otro proyecto "tipo Albania" pero para el Gobierno de Jordania. Les pedí a cambio un apoyo financiero para reforzar institucionalmente al Growth Lab a fin de que pueda fortalecer los proyectos de investigación más académicos. Ellos aceptaron. El proyecto del Growth Lab en Jordania ayudó a ese país a redefinir su estrategia de desarrollo y a presentársela a la comunidad internacional, cosa que a juicio del gobierno se hizo con éxito. Por ello, la relación del Growth Lab con Jordania continúa, pero es financiada desde el año 2020 por el gobierno norteamericano a través de la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU (USAID, por sus siglas en inglés).
Si bien el apoyo de OSF ha sido importante en el proceso de desarrollo y crecimiento del Growth Lab, en estos últimos años nuestro portafolio de patrocinantes se ha expandido de forma significativa, incluyendo directamente a los gobiernos nacionales y regionales que son beneficiaron de nuestras investigaciones, organizaciones multilaterales y de ayuda internacional, y fundaciones filantrópicas que buscan promover el desarrollo en armonía con el equilibrio ambiental. Como consecuencia, la participación de OSF dentro del conjunto de patrocinantes que financian nuestro equipo de más de 50 personas se ha vuelto marginal.
Me siento extremadamente agradecido con George Soros y la OSF por la oportunidad de trabajar en Albania, Sri Lanka y Jordania, por el apoyo recibido para nuestros esfuerzos en Venezuela y por lo que hemos podido hacer en materia de investigación básica gracias a su apoyo al Growth Lab. Creo que no solamente aportamos buenas ideas a los gobiernos de estos países, sino también estos proyectos nos han permitido aprender mucho sobre el desarrollo económico en varios contextos distintos. La codificación de esos aprendizajes en publicaciones ha extendido estos beneficios al mundo académico y a los estudiantes y responsables de las políticas públicas interesados en resolver los retos de crecimiento en los países en desarrollo.
Todos los proyectos fueron supervisados por la Universidad de Harvard. Como dictan las buenas prácticas de transparencia e independencia académica, todo el financiamiento de OSF ha entrado directamente a la Universidad de Harvard. Mi sueldo corre a cuenta de la Escuela Kennedy de Harvard y mi cargo no depende en nada de la relación con OSF. Esos recursos han permitido al Growth Lab contratar los equipos de trabajo que ejecutaron estos proyectos. Estas personas se han desarrollado intelectualmente gracias a estas experiencias, lo que los hace hoy mejores profesionales.
En el transcurso de estos proyectos a lo largos de estos años, OSF jamás ha interferido – o buscado interferir – en la sustancia, métodos, resultados, o implicaciones de política derivados de los trabajos del Growth Lab. Tampoco nos pidió que compartiéramos con ellos información de carácter confidencial que los gobiernos habían compartido con nosotros. Luego de mas de 7 años de relación, tengo la mejor opinión de OSF y sé que está dedicada a ser útil a la sociedad civil, con especial énfasis en ayudar a quienes luchan por la libertad en países que buscan recuperarse de totalitarismos de izquierda y derecha.
Lo más absurdo de la acusación contra Soros hecha por venezolanos que apoyan a Trump, es suponer que, si Soros se opone a Trump, debe estar a favor de Maduro. Nada más lejos de la realidad. Maduro representa lo opuesto de una sociedad abierta. Por ello OSF ha apoyado y sigue apoyando fuertemente a organizaciones de la sociedad civil venezolana que defienden los derechos humanos, que intenta informar, que se enfrenta a la corrupción y el abuso, que se dedica a atacar el hambre y la pobreza y que trabajan para convertir a Venezuela en una sociedad libre.
Esa es la realidad, una realidad como todas las realidades: absolutamente incompatible con la Gran Mentira.
@ricardo_hausman
La Razón
https://larazon.net/2021/01/ricardo-hausmann-aclara-su-relacion-con-george-soros/amp/