El gobierno venezolano, al que ni siquiera le decimos “gobierno”, sino régimen o dictadura, ha perdido toda legitimidad, interna e internacionalmente; al proceso electoral del 20 de mayo de 2018, en el que salió reelecto el actual presidente, apenas concurrió un 40% del electorado –de acuerdo a cifras oficiales, que para muchos no son fiables– y más de 60 países no han reconocido tampoco ese proceso. El 10 de enero, cuando según la Constitución debe iniciarse un nuevo periodo constitucional, tendremos un atisbo completo de la falta de legitimidad del régimen, al juramentarse solo, frente a sus compinches internacionales: Rusia, China, Irán, Palestina, Turquía, Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, y pocos más.

Además de esa circunstancia política concreta, de no reconocimiento, el país económica y socialmente se deshilacha; los venezolanos huyen en masa de la miseria, el desempleo, la inseguridad, la hiperinflación —aún en el cálculo más optimista es del 4 al 6% ínter diario— de la corrupción que aflora por todas partes, de la malversación de la riqueza del país, del fracaso de un régimen al que solo le queda el recurso de la fuerza para mantenerse en el poder.

Pero en algún momento, no sé cuándo —no es cuestión de generar falsas expectativas— el país entrará en un proceso de transición política que implicará un intenso proceso de negociación. Por lo tanto, no podemos continuar satanizando el tema y sí debemos prepararnos para ese proceso. Naturalmente, lo que se va a negociar es el fin y la salida de este régimen y el período de transición de la misma.

El escenario natural de una negociación política en Venezuela es la Asamblea Nacional (AN), por algo es el “parlamento”. Pero es evidente que el Ejecutivo es el que querrá negociar, por parte del régimen, y no aceptará que sean sus parlamentarios los que lleven la voz cantante.

Pero por parte de la oposición si debería ser la fracción opositora de la AN —donde están representadas todas las facciones políticas que en su momento disputaron esos cargos— la que debe decidir los objetivos y los lineamientos de la negociación y además, de su seno deben salir los negociadores y escoger, como parte del equipo negociador, a representante del resto de la sociedad civil.

La primera disposición de la fracción parlamentaria opositora de la AN, sería reiterar los objetivos mínimos de la oposición para esa negociación y el proceso de transición, que suponemos que ya gozan de consenso y han sido reiterados en múltiples oportunidades: a) libertad de todos los presos políticos, b) regreso de los exilados, c) reconocimiento de la Asamblea Nacional, d) designación de un nuevo CNE, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y e) rehabilitación de los partidos políticos y candidatos opositores inhabilitados.

Naturalmente la actuación de la AN debe ir precedida por la disolución inmediata de la ilegal, ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y la incorporación a la AN de los diputados de Amazonas, inconstitucionalmente obligados a desincorporarse por el irregular TSJ. Así reconstituida plenamente, la AN deberá apoyar la negociación con algunos acuerdos y los instrumentos legales que se enumeran más abajo, de manera no exhaustiva.

Algunos le piden a la AN cosas que no están dentro de sus facultades y no puede hacer, sin violentar el ordenamiento jurídico que estamos reclamando que la dictadura respete; pero la AN si puede llegar a acuerdos, definir políticas y un conjunto de leyes que faciliten ese proceso de negociación. Esa podría ser la “hoja de ruta”, por utilizar un término que ahora está de moda, por la que la AN defina su participación en el proceso.

Por tratarse de un acuerdo político, se debe recoger en leyes especiales todo lo concerniente al proceso de transición; es decir, apoyar con disposiciones legales aprobadas por la AN, todos los acuerdos que regirán ese período de transición y los cronogramas de los procesos electorales que eso implique, que permitan renovar, en plazo perentorio, todos los poderes públicos: Presidente de la República, la Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldes, Asambleas Legislativas y Municipales, etc.

Tan solo a título de ejemplo, para blindar jurídicamente el proceso de transición, internamente y frente a la comunidad internacional, esas leyes o instrumentos legales de carácter especial, podrían ser:

1. La libertad de los presos políticos debe producirse por medida presidencial, pero de no ser así, la AN debe tener lista para aprobar una Ley General de Amnistía.
2. Aprobación de una Ley de Participación Política, que permita que los candidatos inhabilitados ilegalmente –por la Contraloría, el ilegítimo CNE y el TSJ, con sus magistrados designados irregularmente– puedan ejercer sus funciones políticas y aspirar a cargos por elección.
3. Designar un CNE, conforme al procedimiento Constitucional y de acuerdo a lo establecido en las leyes que regulan la materia.
4. Aprobación de una nueva Ley Electoral, conforme al proyecto que ha venido discutiendo la AN desde hace más de un año y que regirá los procesos electorales que se deban celebrar.
5. Aprobación de una nueva Ley de Partidos Políticos, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución y en los Acuerdo Internacionales suscritos por Venezuela, que permita que todos los partidos políticos que fueron ilegalmente inhabilitados por el CNE y por el TSJ puedan participar en los procesos electorales que se vayan a celebrar.
6. Aprobación de una Ley Transitoria que facilite y permita la inscripción en el Registro Electoral y la votación de los venezolanos en el exterior, conforme únicamente a los mismos requisitos que se exigen para los electores en Venezuela.

Lo responsable y estratégico es prepararnos para negociar con el mejor discurso, los mejores argumentos, el mayor respaldo, los mejores negociadores y voceros, el mejor equipo asesor y las herramientas y fortalezas que requeriremos para actuar y triunfar. Negar esto será debilitarnos, permitir que el régimen gane tiempo y dividirnos aún más.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

El postchavismo militarista ideologizado ha impuesto un Ambiente Político Real Violento, responsable por la híper-inflación, una incremental persecución y una condición de sociedad ahuecada propia de un bestiario militarista y su función de caporales del chavismo castrista, lo cual apunta obligatoriamente a que un liderazgo democrático defina la transición política. Transición política entendida como proceso de socialización, que requiere de preparación-adoctrinamiento, activación de la resistencia civil hasta llegar a la huelga general y/o rebelión cívica para desplazar este régimen responsable de la violencia política hasta crear la más dolorosa yaga de una sociedad: la diáspora.

La transición política tiene que garantizar el Día A mediante el uso de la política con la ética constitucional, en la cual hombres y mujeres demócratas privilegien el accionar ciudadano. Accionar ciudadano por la vía de la resistencia civil, que será el camino para alcanzar la transición que restituya la democracia liberal. Se trata, entonces, que la política medie y contenga la barbarie y la violencia política del régimen, que se ha exponenciado hasta ser responsable por la calamidad política-social y la amenaza en el hemisferio occidental, a tal extremo que obliga a la definición del Día A como momento inicial y crítico para la transición política.

Es el Día A lo primero que tiene que definir la transición política, con lo cual conseguirá la mayor motivación que bulle en el sentir democrático en contra del chavismo, del postchavismo, de aquellos que han negociado y dialogado con el postchavismo. El Día A es una responsabilidad del líder político emergente, que por la vía política contraria a la antipolítica haga posible, mediante un proceso de socialización que requiere de preparación-adoctrinamiento, activación de la resistencia civil hasta la huelga general conocida como rebelión cívica, con la cual se desplazará al régimen autocrático militarista, que ya está amenazado con el 16J de 2017 y el 20M de 2018, manifestaciones ejemplares de la resistencia civil en Venezuela.

Es el Día A antes que el Día D para la transición política es un requerimiento, es obligante, ya que la sociedad venezolana entiende el peligro del intervalo entre el socialismo a juro y la democracia liberal. Es el Día A antes que el Día D para orillar el autoritarismo y privilegiar la lucha del liderazgo democrático hoy acechado por la barbarie, que logrará autonomía en la medida que sea capaz de unir esfuerzos, voluntades y coraje cívico para contener las estructuras militarizadas e ideologizadas de dieciocho años de regresión política por nuevas concepciones -hasta la de la contrademocracia- propias del siglo XXI en una sociedad líquida.

Es el Día A con lo cual nos garantizarnos los ciudadanos que se privilegiará la política y el gran actor será el ciudadano, quien ejecutará la resistencia civil como muestra del aprendizaje doloroso de dieciocho años de tiranía, maltrato y persecución de un régimen amarrado al castrocomunismo, soportado por un bestiario militarista en el cual parecieran muy profundas o desaparecidas las raíces sanas. Raíces sanas que, de existir, debieran acercarse a una sociedad valiente y decidida a reconquistar el derecho a vivir en paz, en función de lo que establece la Constitución, el cuerpo de leyes y el gentilicio venezolano.

Es el Día A que se requiere para conjugar voluntades, flexibilizar organizaciones y potenciar la virtud política, la iniciación del ejercicio político en el barrio, en el edificio, en la urbanización, quizás como la bella metáfora de los samanes del Padre Ugalde que muestra una real esperanza de acción y reflexión, allí donde renace la política y se construyen las energías que van a conducir a la resistencia política como método colectivo de lucha, que potenciará la desobediencia a un régimen cercado internacionalmente y despreciado por una sociedad ahuecada en calamidad político-social.

Sin Día A no hay Día D. El Día A muestra la política, obliga a las coincidencias, contiene los individualismos, da lecciones al partidismo atorrante y facilita el lenguaje plano para el ejercicio del poder de la mayoría. Es la política real, cierta, la que convoca a una acción masiva, racional, que habla de la conquista del espacio público, que muestra la decisión mayoritaria sin violencia y, de manera determinante, refleja el gentilicio democrático de manera sabia. El Día A es quizás lo más difícil de una transición, por cuanto llama a los demócratas, rechaza la manipulación y reflota la ética política entendida como un valor y una meta de la democracia liberal.

Es original,

Director de CEPPRO

@JMachillanda P

Caracas, 27 de noviembre de 2018

Nuevamente la UCV fue el espacio para la presentación de ideas y propuestas para construir la hoja de ruta que nos enrumben como sociedad hacia un proceso de transición.

El Congreso Nacional impulsado por el Frente Amplio Venezuela Libre, logró registrar y sistematizar las conclusiones alcanzadas en los distintos Congresos Regionales realizados a lo largo y ancho del país.

Ese Congreso Nacional, presentó al País un Manifiesto en cuyo contenido se expresó lo siguiente:

Inicio de una etapa de reunificación.

Se planteó expresamente el inicio de una etapa de reunificación de todas las fuerzas democráticas para enfrentar al régimen al cual califica de “dictadura” y en tal sentido, expresan que el Congreso Nacional representó el inicio de ese proceso.

La conformación de un espacio de encuentro nacional.

El Congreso Nacional celebrado, presenta al Frente Amplio Venezuela Libre como el espacio de encuentro nacional para coordinar la Protesta Social y la Defensa de la Democracia, con la finalidad de procurar una transición democrática.

En tal sentido, el Frente Amplio Venezuela Libre se comprometió a organizarse en instancias tácticas, estratégicas y logísticas para darle cauce al creciente malestar social del pueblo a través de la protesta pacífica de calle que aumente la presión sobre la dictadura y haga cesar la usurpación.

La misión concreta, señala el Manifiesto, es que el Frente Amplio Venezuela Libre, se convierta en una estructura organizativa funcional y efectiva, que haga posible reforzar la necesaria organización ciudadana y la acción de nuestros objetivos en cada uno de los rincones del país.

Por tal motivo, se convocó a la ciudadanía a defender la Constitución, y de manera especial a los hombres y las mujeres de la Fuerza Armada Nacional a asumir su responsabilidad con el inmediato restablecimiento del orden constitucional.

La Unidad Superior, representa el mayor desafío que tiene la sociedad venezolana a los fines de lograr alcanzar esa transición democrática a la que hace referencia el Manifiesto.

La usurpación continuada de funciones de Maduro.

Sobre el 10 de enero de 2019, el Manifiesto expresamente señala que a partir de esa fecha se configurará en Venezuela una usurpación continuada del poder presidencial, pues quien pretende ejercerlo lo haría sin la legitimidad de origen que sólo da la voluntad popular. Pero el Manifiesto aclara que por las vías de hecho, Nicolás Maduro, a quien califica de dictador totalitario, por las vías de hecho ya carecía de legitimidad como Presidente de la República.

La transición venezolana.

Sobre la transición, el Manifiesto expresa que el Frente Amplio Venezuela Libre se compromete a construir las bases de un Acuerdo Nacional que defina las reglas de una transición ordenada e inmediata y que garantice la plena vigencia de la Constitución de 1999 como instrumento jurídico- constitucional que unifica el sentimiento de la mayoría del pueblo venezolano.

Y para garantizar y conducir la transición, reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución con legitimidad democrática y responsabilidad institucional para ello.

Por último se comprometieron a presentar un Plan de Políticas Públicas, denominado Plan de Gobierno en Consenso, para ser ejecutado en el momento de la reconstrucción nacional, el cual tendrá las siguientes prioridades:

Atención de la emergencia humanitaria compleja en materia de salud y alimentación, con énfasis en nuestra población más vulnerable.

Cambio del modelo político, económico y social.

Atención inmediata a la crisis económica. Detener la hemorragia causada por la hiperinflación y recuperar el poder adquisitivo de la población.

Recuperación de los servicios públicos para hacerlos eficientes y sostenibles.

Reestructuración de las instituciones y lucha frontal contra la corrupción, que incluya la recuperación de activos provenientes de ella.

Respeto a los derechos laborales, a fin de garantizar el acceso de todos al trabajo, a un salario digno y a la posibilidad de crecer económica y socialmente en progreso y en paz.

Reforma integral del sistema de seguridad ciudadana, que incluya no sólo la reducción drástica de los índices de criminalidad que desangran a nuestro pueblo sino también la recuperación de territorios tomados por grupos irregulares, y respeto de los Derechos humanos de todos por igual.

Compromiso pleno con la educación masiva y de calidad de los venezolanos, para que sin importar lugar de nacimiento o situación social, todos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestro potencial como seres humanos.

Compromiso con el restablecimiento de la dignidad de nuestra Fuerza Armada Nacional, con la mejora en las condiciones de vida y de servicio de sus integrantes, todo lo cual pasa por el respeto estricto a su naturaleza y funciones, descritos de manera clara en el artículo 328 de nuestra Constitución Nacional.

Reconciliación nacional y justicia, y desmontaje del lenguaje y prácticas de odio que dividen y explotan a los venezolanos.

La Comunidad Internacional.

Por último y no menos importante, está el mensaje hacia la comunidad internacional, a seguir reconociendo la lucha democrática del pueblo venezolano, y a intensificar la presión y las acciones que contribuyan con la salida de la dictadura.

El 10 de enero 2019 se podrá evaluar si esta iniciativa tuvo algún efecto importante en la sociedad civil y si se ha avanzado en algo en el cumplimiento de esos compromisos asumidos en la ruta hacia una Unidad Superior y en la búsqueda de la transición democrática.

26 de noviembre 2018.

El deterioro institucional de Venezuela es inocultable. De la ausencia de separación de poderes, pasando por organismos públicos que sólo operan cuando así lo quiere el Ejecutivo, o la usurpación de funciones que se da en todos los ámbitos, en este país ocurre todo tipo de eventos que denotan la ausencia de Estado y la consecuente feudalización o anarquía en parte de su territorio.

Un claro ejemplo de esta realidad es cómo se ha hecho recurrente que el Ejecutivo deba publicar resoluciones que ratifican las funciones de cada nivel de poder, o incluso que anulan normativas emitidas de espaldas a la ley por autoridades regionales o locales. Tal es el caso de la distribución de bienes esenciales para la alimentación como ganado, pesca, carne, leche, quesos y productos agrícolas en general.

En lo que va de año, se han aprobado dos resoluciones que buscan frenar el autoritarismo y la arbitrariedad heredados del poder central por parte de las regiones. La más reciente está contenida en la Gaceta Oficial n.° 41.526 del 16 de noviembre de 2018, que ratifica la publicada en la Gaceta Oficial n.° 41.325 del 22 de enero de 2018, donde se establece la “restricción a las autoridades regionales y municipales de ejecutar acciones de control y distribución de alimentos, que impliquen la retención de rubros alimenticios a los productores, distribuidores y prestadores de servicios del sector agroalimentario en el territorio nacional”.

El artículo 50 de la Constitución establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”, pero pese a esto el Gobierno debe publicar periódicamente resoluciones, garantizando la libre circulación en el territorio nacional de mercancías de alto consumo.

Hechos

Por citar un caso sobre la extralimitación de funciones en materia de distribución se puede aludir al trayecto de cuarenta y cinco minutos que va de Acarigua-Araure (Portuguesa) a Cabudare-Barquisimeto (Lara), donde frecuentemente se disponen entre cuatro y cinco alcabalas, ya sea de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana o las policías regionales y municipales. Esto supone una suerte de viacrucis para el transporte de alimentos u otros productos, y lo mismo se repite en las principales arterias viales del país.

Durante este año, por lo menos cuatro gobernaciones, a saber, las de Guárico, Barinas, Apure y Cojedes, emitieron medidas orientadas a hacerse del control de la producción nacional a través de la regulación de precios, fijando cuotas de fabricación de rubros básicos, implementando fiscalizaciones o aplicando “compras” que en realidad se parecen más a confiscaciones. Más recientemente Portuguesa y Yaracuy hicieron lo propio.

Todas estas acciones contrarían la Constitución y las leyes, y el propio Gobierno así lo reconoce al emitir sendas resoluciones que tratan de frenar el abuso de funcionarios regionales y municipales, aunque en realidad son una consecuencia de la ausencia de autoridad ejecutiva nacional a lo largo del país.

A la fecha son diversas las normas locales que restringen periódicamente la libre circulación de cargas de alimentos, lo que en algunas ocasiones ha creado un caos jurídico y/o de interpretación sobre el texto aplicable, ya que, según denuncian los afectados, las normativas son usadas por algunos funcionarios para restringir el paso de mercancía y propiciar el “matraqueo” o cobro de coimas con la amenaza de retener y pechar la carga.

A esto se añade una política de gobernadores y alcaldes, sobre todo en periodos de escasez, quienes fijan precios máximos de comercialización y restringen la circulación de algunos productos agropecuarios hacia las ciudades principales del país o a estados fronterizos, arguyendo que deben garantizar el abastecimiento de su región primero y/o que presumen que dicha carga será pasada de contrabando a países limítrofes. Estos hechos han sido denunciados insistentemente por los productores, transportistas y gremios como la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga.

Desde el Gobierno nacional, el control de la producción se ha ejercido estableciendo cuotas de procesamiento, también fijando precios, pero principalmente en materia de distribución, aprobando guías de movilización a través de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), que es el único permiso que autoriza a transportar mercancía de consumo masivo en el país. Este documento está siendo usado como otro medio de presión contra productores y distribuidores, ya sea por fallas en la emisión del certificado, o en su desconocimiento en las regiones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Aunque es necesario aplaudir que el Ejecutivo publique periódicamente resoluciones que dejan sin efectos normativas que restringen la libre circulación de producción primaria o procesada de alimentos, emitidas por autoridades sin competencia para ello, resulta necesario destacar que la ocurrencia de estos hechos refleja la afectación de la institucionalidad del país, donde el más alto poder del país, el Ejecutivo Nacional, debe aclarar asuntos que están suficientemente claros en las leyes y en nuestro contrato social, la Constitución.

Ante esto, consideramos oportuna una campaña masiva por parte del Gobierno Nacional que haga pública la prohibición de medidas de restricción o gravamen que impidan el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, de manera que se permita de forma real y tangible que el productor, transportista o consumidor pueda ejercer su pleno y constitucional derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Lo más importante es que además la administración de justicia actúe frente a estos abusos de los funcionarios públicos.

Es necesario entender que la ausencia y el exceso de Gobierno, ambos presentes en Venezuela, el primero por la falta de institucionalidad y el segundo por el autoritarismo, también promueven prácticas irregulares como el cobro de coimas, que además de estar reñidas con la ética impactan en el bolsillo del consumidor, porque todo “gasto” será sumado al precio final del producto.

Enlace a la nota: https://goo.gl/2t2SRA

El libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las Democracias, es ya un bestseller. Perfectamente explicable. Por una parte entre las naciones en peligro de adquirir el virus anti-democrático a los propios EE UU. Por otra, centra el interés en un escenario que comienza a darse con similar intensidad en América del Sur, América del Norte y Europa. Inequívocamente estamos frente a un fenómeno inter-occidental. Comencemos por lo segundo:

Dictaduras, autocracias, tiranías, ha habido siempre. Desde Aristóteles -quien en su Política se pronunció en contra de la democracia debido a su vulnerabilidad ante los demagogos siempre dispuestos a ofrecer el séptimo cielo para alcanzar el poder- sabemos que la democracia es una planta frágil a la que hay que regar todos los días. Pero una cosa es la muerte de una u otra democracia y otra distinta es la irrupción de una crisis planetaria de las democracias. Segun Levitsky/Ziblatt es lo que estamos presenciando.

También sabemos a través de muchas experiencias que, si las democracias perecen, también resucitan: son los periodos de transición de una dictadura hacia la democracia sobre los cuales hay abundante bibliografía (al vuelo me llegan a la memoria los nombres de Guillermo O’Donell, Nicos Poulantzas, Gene Scharp, y otros que han escritos tratados sobre el tema). Lo que no sabíamos -eso es lo específicamente nuevo- es que también hay periodos de transición de la democracia hacia la dictadura. Quiere decir: las dictaduras de hoy no aparecen mediante un acto violento, con casas presidenciales bombardeadas, con miles de muertos en las calles, con juntas militares pronunciando gloriosos discursos bajo banderas nacionales. No: las dictaduras, o autocracias, o tiranías, o lo que sea (este no es mi tema hoy) llegan democráticamente al gobierno y desde ahí inician un proceso de transición hacia la no-democracia, hasta que el día menos pensado nos damos cuenta de que estamos en dictadura. Probablemente quienes las ejercen tampoco lo saben.

La mayoría de los neo-dictadores no llega al poder con el propósito de instaurar una dictadura sino movidos por altos ideales, acompañados de un electorado convertido en movimiento social redencionista, en lucha en contra de elites tradicionales y de la corrupción de gobiernos anteriores. Pero para realizar esos grandes ideales deben confrontarse con instituciones a las que comienzan a modificar o a suplantar en aras del programa gubernamental. La primera víctima es el poder legislativo. La siguen el poder judicial, la prensa, la policía secreta y pública y por cierto el ejército. No vamos a volver a esas historias. Las conocemos demasiado. Cabe solo destacar que el proceso que lleva a transformar a una democracia en una dictadura no es cosa de días. A veces dura años.

Lo que en cierto modo asusta es la constatación empírica de que ningún país, ni siquiera los hasta ahora considerados bastiones de la democracia, como EE UU y diversas naciones europeas (Polonia, Hungría, Italia, Austria) son inmunes a la patología anti-democrática. En los países europeos puede pasar. Al fin y al cabo tienen detrás de sí un historial antidemocrático y algunos, como los países post-comunistas, muy reciente. Pero lo de EE UU – y con esto voy al primer punto- es algo nuevo. En efecto, la mayoría de los analistas, incluyendo a acérrimos enemigos de EE UU, suponían que el sistema político de esa nación reposaba sobre pilares inamovibles. ¿Qué hace pensar a Levitsky/Ziblatt que la democracia norteamericana está en peligro? La respuesta es una sola: Trump.

Trump, elegido por una minoría blanca convertida en mayoría electoral cuya misión podría ser crear un movimiento nacionalista-mesiánico situado por sobre la Constitución y las Leyes si es que no es enfrentado a tiempo por una oposición que no haga su juego y lo sepa neutralizar, apuntan los autores. Un anticipo lo obtuvimos en las elecciones de noviembre, donde Trump perdió su apoyo diputacional gracias a una camada de emergentes, jóvenes y multicolóricos políticos demócratas. Pero el peligro sobre el cual alertan Levitsky/Ziblatt sigue presente. La argumentación que manejan es muy interesante.

Según ambos autores, el poder, incluyendo el norteamericano, no yace solo sobre la base de la Constitución y sus instituciones, sino, además, sobre un principio al que denominan, normatividad. Sin nombrar a Kant recurren a una de sus principales tesis, a saber: hay principios que preceden a toda Constitución y al mismo tiempo la trascienden.

Ahora bien, el problema aparece cuando al poder ascienden gobernantes para quienes no cuenta el principio de normatividad. De tal manera, ese principio que envuelve a la propia Constitución puede ser transgredido por gobernantes quienes sin violar expresamente a la ley no se dejan regir por normas tácitamente establecidas. La misoginia, el racismo, la homofobia, el deprecio por los débiles, y no por último al medio ambiente y a la naturaleza que hacen galas personajes como Trump, Orban, Salvini, Maduro (pronto habrá que agregar a Bolsonaro y tal vez a López Obrador) son atentados en contra de las normas, y con ello, la Constitución queda desprotegida ante sus invasores. La destrucción de las normas pasa por la alteración del lenguaje político y, como bien observan Levitsky/Ziblatt, los autócratas y neo-dictadores del presente convierten a sus palabras en realidad e incluso, en una nueva normatividad cuyo objetivo es erosionar el principio de constitucionalidad.

Llama la atención que los autores intenten ejemplificar la agonía de las democracias así como las alternativas que se abren para recuperarla con ejemplos extraídos de diversos países, particularmente de América Latina. El último capítulo, dedicado precisamente a seleccionar ejemplos de luchas democráticas exitosas, hace mención a Colombia, Perú y Chile.

Según la opinión de Levitsky/Ziblatt, para enfrentar a las neo-dictaduras y neo-autocracias es necesario, en primer lugar, formar amplias coaliciones entre partidos que en el pasado rivalizaron entre sí. En segundo lugar, afirman que tales coaliciones no deben seguir la lógica y el discurso impuesto por quienes ejercen el poder. Observan incluso que en los propios EE UU hay tendencias a contrarrestar la lógica de Trump apelando a la confrontación, precisamente el terreno donde el presidente y quienes lo asesoran se sienten como en su casa. Como ejemplo positivo destacan el caso de Colombia donde las tentaciones autocráticas de Uribe fueron bloqueadas por una oposición firme al lado de la Constitución. También mencionan que la salida de Fujimori no ocurrió por la vía confrontacional, sino en defensa irrestricta de las normas constitucionales. Con mayor profundidad recurren al caso chileno durante el plebiscito de 1988, donde, lo que parecía imposible, la alianza entre democratacristianos y socialistas pudo ser realidad gracias a la voluntad demostrada por los líderes de ambos partidos.

La chilena no fue una unidad por la unidad sino en torno a un proyecto común. La posibilidad del plebiscito surgió de una unidad precaria, pero esa unidad se fue fortaleciendo durante el curso de la campaña hasta llegar el punto en que sus partidos principales comenzaron a sentirse miembros de un mismo frente. Esa solidaridad inter-partidaria sería la base de la Concertación, la que abrió la perspectiva de gobernabilidad sobre la base de concesiones iniciales a la dictadura pese a las estridentes protestas de sectores extremistas de la izquierda chilena.

El ejemplo más negativo según Levitsky/Ziblatt ha sido el de Venezuela. De acuerdo a ambos autores, la oposición venezolana ha hecho justamente lo contrario a lo que se debe hacer para salir de una neo-dictadura. El frustrado golpe de estado y el aún más frustrado paro petrolero (2002) son considerados por ellos como una suerte de pecado original que posibilitaría durante mucho tiempo el éxito del chavismo. En efecto, al haber adoptado una alternativa insurreccional sin siquiera ser mayoría electoral, la oposición entregó a Chávez las llaves de la legitimidad. El abstencionismo del 2005 fortalecería aún más las posiciones de la autocracia chavista.

Quizás el dictamen es algo injusto. La oposición venezolana ha logrado revertir en diversas ocasiones la lógica de la dictadura. Hubo dos momentos cúlmines: El plebiscito del 2007 -cuando la oposición arrebató a Chávez la legitimidad constitucional, sellando una alianza con la constitución chavista de 1999- y el apoteósico triunfo electoral del 6-D.

El problema de la oposición venezolana es que, precisamente en sus mejores momentos, ha cedido frente a una minoría extremista, anti-electoral y anti-política. La llamada Salida del 2014 fue una locura sin precedentes: llamar a una insurrección de calles justo después de una derrota en las elecciones comunales del 2013 no cabe en ninguna lógica política. Quienes desconectaron las jornadas de masa del proceso pro-electoral del RR16 de la agenda electoral que debía sucederlas, también cometieron un inmenso error. Y quienes dieron a las demostraciones del 2017, originariamente surgidas en defensa de la Constitución, el carácter de un enfrentamiento final (hora cero, marcha sin retorno) terminaron por entregar la calle a los soldados, dejando detrás de sí a cantidades de vidas sesgadas. Historia que después se repetiría aún más trágicamente en la Nicaragua del dictador Ortega.

La capitulación electoral del 14-M 2018 -precisamente la que más quería Maduro- llevada a cabo en nombre de una supuesta intervención extranjera y de un quimérico golpe de estado- llevaría, como es sabido, a la desintegración de la oposición.

Hoy la oposición venezolana busca rehacerse a través del Frente Amplio. Allí convergen partidos y diversas representaciones civiles. La idea es loable y debe ser apoyada. Siempre y cuando nadie olvide que los grandes frentes democráticos de la historia han surgido en base a un proyecto común y ese, en la mayoría de los casos, ha sido democrático, pacífico, constitucional y por lo mismo, electoral. Y bien; esos cuatro puntos -sobre todo el electoral- contradicen la lógica de la dictadura. Entendiéndose por electoral no solo ganar elecciones sino luchar por la democracia dentro de las elecciones, ocupando las calles en nombre de una amplia mayoría ciudadana. Y eso es posible porque ha sido posible.

De acuerdo a Levitsky/Ziblatt, las dictaduras y autocracias de nuestro tiempo no son las dictaduras pretorianas de los siglos XlX y XX. Todas, una más otras menos, se ven obligadas a rendir tributos a formalismos internacionales, permitiendo espacios opositores a los que intentan mantener bajo control alentando divisiones internas y azuzando a los extremismos que actúan de acuerdo a la lógica dictatorial. Esta es quizás la principal enseñanza que deja el libro: “nunca hay que hacer lo que una dictadura quiere que tú hagas”.

Por supuesto, Cómo mueren las Democracias no es un libro perfecto. Hay interpretaciones discutibles. El concepto populismo, por ejemplo, es extremadamente cosificado hasta el punto que a veces pierde su carácter de adjetivo y pasa a convertirse en sustantivo. Las comparaciones de hechos y casos no siguen líneas diacrónicas perdiendo el texto cierta historicidad. Hay también omisiones. Las luchas anti-orteguistas en Nicaragua no fueron estudiadas. Un análisis del “pequeño milagro” ecuatoriano en donde en un acto “mini-gorbachiano” Lenín Moreno rompió con la línea de Rafael Correa, merecía ser analizado, aunque no más fuera como excepción a la regla. Pero si dejamos a un lado juicios académicos Cómo mueren las Democracias debe ser leído como un texto político. Muy apropiado, además, para pensar la política europea, asolada más que la latinoamericana, por nacionalismos extremistas frente a los cuales los demócratas no logran todavía levantar frentes unitarios.

En suma, un libro-mensaje que nos llega en el momento preciso. Hay que leerlo. Hay que discutirlo.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las Democracias, Ariel, Madrid 2018

30 de noviembre 2018

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2018/11/fernando-mires-como-salir-de-un...

Con voz propia

Venezuela está clasificada entre los 20 países más corruptos del planeta y en primer lugar en el Continente Americano. Y encuesta de Gallup encontró que el 75% de los venezolanos cree que la corrupción es generalizada en todo el régimen. Las estadísticas indican que el 95% de los que llegaron al poder en esta proclamada revolución socialista, son millonarios. Acusaciones de nepotismo del régimen son numerosas.

Reactualización recobra el tema con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual llegó a ser clasificada como la segunda corporación petrolera más importante del mundo. Dicha industria nacionalizada por el gobierno constitucional democrático de Carlos Andrés Pérez, pero el autodenominado socialismo del siglo XXI, la desnacionaliza. Además la condujo a la ruina con la politización y sobre todo a la corrupción, la cual generó numerosos escándalos.

Entre algunos de los sonados casos aún se recuerdan: la desaparecieron $ 500 millones del Fondo de Pensiones del cual se acusó a Francisco Illarramendi, el yanqui-venezolano muy conectado con Chávez. El caso de Roberto Rincón y el brasileño Armando Shiera, acusados de sobornar a funcionarios de la petrolera por más mil millones de dólares. Dieron pista para la develación de 730 cuentas bancarias de Suiza y Panamá, de funcionarios de Pdvsa. Y la famosa valija de los $ 800 mil para la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. El equipo endosado a Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano estadounidenses, quien revelaría que el botín formaba parte de $ 4 mil 500 mil.

Viajaba en avión alquilado por la petrolera estatal Energía Argentina SA (Enarsa), en compañía del gerente de PDVSA para las Américas, Diego Uzcátegui y su hijo Daniel, entonces de 19 años.

En 20 años el desfalco supera los $ 400 millardos, cifra casi 46 veces superior a las actuales reservas internacionales, afirma el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, diputado Freddy Superlano. Refirió el contundente y revelador caso Raúl Gorrín- Alejandro Andrade. Este es acusado de haber abusado del cargo de tesorero de la Nación para ayudar a Gorrín y a otros empresarios en la obtención de unos $ 30 millardos mediante el acceso a divisas. EEUU ordenó su detención.

De inmediato el fiscal general impuesto por la espuria asamblea constituyente Tarek William Saab, anunció solicitud de extradición ante el Imperio Yanki, pero omitió nombre de Gorrín, presidente de Globovisión. Este conforma trilogía corrupta con la también ex tesorera, sargento Claudia Díaz Guillen, la enfermera que sirvió a Chávez hasta su muerte.

En su afán de engaño y confusión niega que el teniente que dejó tuerto en juego de chapas y la enfermera "jamás estuvieron junto al comandante".

La legítima fiscal general Luisa Ortega Díaz, aseguró que Tarek William se reunió con Gorrín, con objeto de elaborar estrategia para su protección ante las acusaciones en su contra y de la hija del expresidente, María Gabriela Chávez, considerada implicada.

Dinero mal habido de los corruptos, hace multimillonarios a empresarios amigos del régimen. Para la chavista disidente Indira Urbaneja los denominados boliburgueses constituyen la nueva élite que actualmente dirige al país, la cual se ha enriquecido repitiendo los vicios de la tan criticada cuarta república.

PDVSA es solo una madeja de la narcorrupción castrista-castrense, de la cual no escapan las empresas chinas. Una investigación de la Justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares de cinco compañías del imperio comunista de la República Popular China.

Al MARGEN. Al sentenciar nulidad de elecciones estudiantiles de Universidad de Carabobo el TSJ obedece al Drácula gobernador Lacava, que fracasó en saboteo con balas, bombas, agresiones. Y proclamó victoria de la oficialista, cuando la unitaria la triplicaba en votos.

Jordanalberto18@yahoo.com.

El lunes pasado tuve la oportunidad de asistir a una actividad organizada por el diario La Nación, “La Nueva Argentina”. Este medio, como saben es de corte liberal conservador, de manera que sabía de antemano, cuál era la orientación del encuentro, y precisamente es lo que andaba buscando: la perspectiva oficial, pues la del otro lado, representada por la señora K, me la conozco, es la que estamos padeciendo en Venezuela.

Lo primero que destaco son las similitudes entre nuestros países. Sorprendente, aunque no es un disparate que ocurra. Eso me lleva al segundo punto: parece que pudieron frenar el tren a tiempo, y que están transitando algo novedoso, el Post Populismo, y como tal están tratando con nuevas herramientas e ideas, pero aun con el lastre de los prejuicios y vicios históricamente arraigados, y exacerbados durante los largos periodos que el populismo, vale decir, que el peronismo, ha manejado y controlado el poder político, como por ejemplo el facilismo, el rentismo, y la corrupción.

Les va a parecer muy superficial, pero voy a comenzar con este ultimo punto, tendencia en nuestras redes por lo del caso Andrade-Gorrín et al, para comentarles el asunto de la suspensión del partido Boca-River.

El asunto es que, para los comunes, los mortales, los de a pie, lo que pasó es debido a la conducta de un grupo de desadaptados (barra brava). El malandraje pues.

Pues resulta, y anexo los comentarios de un periodista, que por cierto fue una de las personalidades invitadas al evento, Carlos Pagni, donde, en esta oportunidad, dibuja el entramado de intereses, conflictos, vinculación política, etc, que están detrás, o mejor dicho, como lo metaforiza él mismo, son los barquitos de papel que observamos en la superficie del rio, pero que se mueven por la dinámica de la corriente profunda. Esa corriente es la corrupción que ha permeado hasta los estratos más humildes de la sociedad y se ha socializado. El bachaquerismo!

https://www.youtube.com/watch?v=5F8GL_1cDNQ

(No es necesario escucharlo todo, con la primera parte es suficiente para ilustrar el punto que quiero destacar)

Podemos entonces entender, para estos casos, que la concepción, diseño y operación, de los llamados movimientos sociales, responde a una vulgar maniobra para atemorizar, anarquizar y chantajear, a la sociedad, por cierto, muy bien ilustrada en nuestro caso con los pranatos. Una de las herencias que nos deja el populismo nuestro: el chavismo.

Esto me conduce al punto central: el arrepentimiento y la corrupción.

Y ahora si entro en las exposiciones del evento. Uno de los invitados, casi todos de lujo, fue el abogado y periodista de investigación Hugo Alconada Mon, que conocimos con el caso de la maleta de Antonini, perteneciente al equipo de los Panama Papers y del caso Odebrecht.

Comenta este amigo que actualmente la corrupción no es un fenómeno tercer mundista. Requiere de un entramado legal, financiero, político y por supuesto criminal, para sustentarse, del cual no disponen nuestros países. Pero es que ni siquiera es necesario tener el dinero. Te lo puedo prestar y te ayudo para que lo robemos.

Pero concretando, este personaje que se podrán imaginar, además de inteligente, tiene las bolas cuadradas, da como respuesta al combate de la corrupción lo siguiente: en primer lugar, el repudio social. Ocurre que las sociedades terminan hartándose de los escándalos, los privilegios, el abuso, la impunidad, etc., que provocan la caída de los gobiernos, pero no necesariamente para algo mejor, caso Berlusconi, que mucha gente ya parece haber olvidado, o el reciente caso Bolsonaro. Pero es una respuesta colectiva, visceral, primitiva (lo sabemos).

La segunda es el tema del arrepentimiento. Aborrecible, injusto, cínico, hipócrita, etc. Pero está convencido, que es una de las pocas acciones, actualmente disponibles, para desentramar y conducir al desmantelamiento de una poderosa red de corrupción, como es la que opera en nuestros países. Es un arma para quebrar la Omertá (el código del silencio).

En el caso que nos ocupa, me llama la atención que Andrade confiesa que fue “contactado” por el Gobierno norteamericano en 2014, y que desde diciembre 2017 había firmado un acuerdo de cooperación. Es decir, desde hace tiempo, este flanco débil había sido detectado y convencido para quebrar el silencio y comenzar a desenmarañar esta madeja.

¿Y el otro teniente guardaespaldas Rafael Isea?

Isea se escapó antes, en 2013, acusado de corrupción. Pero es testigo protegido de la DEA. Quizás es el próximo misil. Y volverá a aparecer el tema del arrepentimiento.

En octubre 2019 serán las elecciones presidenciales y legislativas en Argentina. Esta semana se dieron a conocer encuestas donde la señora K ha comenzado a encabezar las preferencias, aunque también tiene un alto rechazo, ello debido a la situación económica (se estima que este año la inflación llegara a 45%, la segunda

más alta después de la venezolana) Uno de los negocios del cual Isea sabe bastante, aunque Merentes sabe más, son los Bonos del Sur y las Notas Estructuradas, una olla que ha sido destapada en Argentina en el caso que lleva por nombre ‘Los cuadernos de las coimas’, y que ha sentado en el banquillo al poder kirchnerista, incluyendo a la señora K. Caso que por demás se complica en la telaraña judicial y legislativa donde se pulsan las fuerzas del poder emergente y del populismo.

No me extrañaría para nada que Isea sea el próximo cantante, con lo cual se matarían dos pájaros con el mismo tiro.

Como una paradoja, el capitalismo crea los instrumentos, las instituciones, las vías y los personajes para construir estos tinglados de corrupción y al final del cuento, cobra su comisión y usa la información a discreción. El socialismo es el teatro para ejecutar la obra

Buenos Aires, noviembre 28, 2018