Los sucesos ocurridos entre el 11 y el 13 de abril no han sido del todo aclarados por el régimen, ni por algunos actores civiles y militares de la oposición. Al régimen no le conviene porque saldría a relucir por qué no quiso investigar la masacre en las cercanías de Miraflores, optando por condenar sin pruebas a tres comisarios y a ocho policías metropolitanos, tres de ellos todavía presos: Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain. También lo ocurrido en Fuerte Tiuna amerita ser investigado.

El régimen no quiere que se recuerde la actitud de Hugo Chávez antes, durante y después de la masacre. Pudo desincentivar la gran marcha del día 11 con solo anunciar que la noche anterior había destituido a la Directiva de Pdvsa, ordenar interceptarla en la autopista del Este o permitir que pasara frente a Miraflores, como hizo en su tiempo el presidente López Contreras.

¿Por qué no lo hizo? Probablemente para identificar a los militares que estaban descontentos con la designación del perverso José Vicente Rangel, ficha del castro-comunismo, como ministro de la Defensa; debilitar a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, particularmente a Carlos Ortega, y sacar del juego a Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, ambos tenaces acusadores de las violaciones de la Constitución y las leyes. Además, buscar excusas para intervenir a la Policía Metropolitana y despedir a más trabajadores de Pdvsa que luchaban por el respeto a la meritocracia. Para su desgracia, Chávez no midió el descontento y la voluntad de lucha de la sociedad civil y de los actores mencionados. Fue un estratega torpe.

A los rojos no les interesa que se recuerde que Chávez aceptó la petición del Alto Mando militar de renunciar por la masacre, y que imploró lo enviaran a Cuba. Tampoco que la oficialidad lo vio desmoralizado, desubicado y lloroso. Al igual que 4 de febrero 1992, se rindió apenas se lo solicitaron. Solo fue valiente ante el micrófono.

Otra pregunta es por qué los militares no aceptaron su solicitud de enviarlo a Cuba. Ese fue un compromiso de los oficiales con quienes se fue voluntariamente desde Miraflores a Fuerte Tiuna. Esa acción hubiese evitado que regresara al poder, al menos en el corto plazo. Sin embargo, cabe preguntar cuál hubiese sido la reacción de la sociedad civil que puso los muertos, y que aspiraba, legítimamente, que el principal culpable fuese juzgado. Se puede entender la discusión que sobre este punto se dio entre los oficiales rebeldes y algunos civiles que indebidamente estaban en Fuerte Tiuna. Lo imperdonable es que los militares también pelearan por los cargos a ocupar.

Es inexcusable que el Alto Mando militar le solicitara la renuncia al presidente y se marginara de los hechos posteriores. Faltó liderazgo. Lucas Rincón no solo demostró que no tenía méritos para ser Inspector General, sino que cuando percibió que la situación había cambiado se convirtió en un alacrán y tiene veinte años de embajador en Portugal. Por su parte, el apreciado general Manuel Rosendo protegió a los ciudadanos al negarse a aplicar el Plan Ávila, impidiendo así que el ejército saliera a la calle. Sin embargo, ha debido asumir el comando.

Algunos achacan el fracaso a que Pedro Carmona designó al vicealmirante Ramírez Pérez como ministro de la Defensa y no a Efraín Vásquez Velazco, quien como comandante del ejército contaba con mayores recursos. Este punto es debatible. El vicealmirante tenía prestigio. Vásquez pecó por indeciso al no cambiar la guardia presidencial y no neutralizar a García Carneiro y a otros oficiales chavistas.

En general, se atribuye casi toda la culpa del regreso de Chávez al Decreto Carmona. El mismo contemplaba realizar elección presidencial antes de un año, sin que Carmona pudiese ser candidato; elección de diputados antes de ocho meses y facultad del presidente interino para remover a todos los poderes del Estado. ¿Alguien objetaría hoy día ese Decreto? Todo indica que Luis Miquilena se presentó en Miraflores para ofrecer que 28 diputados, hasta entonces del oficialismo, podrían formar mayoría con los de oposición para designar presidente de la república a Alejandro Armas o ratificar a Carmona. Al respecto hay que considerar que, ocho meses después, el chavismo seguía siendo mayoría en la Asamblea, con 86 diputados versus 79 de la oposición. O sea, no existían los votos necesarios. ¿Se podía confiar en Miquilena, quien cuarenta y ocho días antes era ministro del Interior?

Evidentemente, con la auto juramentación de Carmona y con ese decreto se violó la Constitución. Sin embargo, hay que recordar que Chávez la había violado varias veces y que los artículos 333 y 350 obligan a cualquiera a contribuir a restablecerla. ¿Eso también aplica a la Fuerza Armada? ¿Se justificaría que hoy, al igual que en el 2002, se le solicite la renuncia a quien usurpa Miraflores? El 18 de octubre de 1945 y el 23 de enero de 1958, la Fuerza Armada intervino y entregó a los civiles. Cierto que el 24 de noviembre de 1948 se quedaron con el coroto, pero hoy sería inaceptable e inviable que la Fuerza Armada cumpla con defender la Constitución y no entregue el poder a los civiles. Chávez regresó a Miraflores porque no hubo liderazgo en la Fuerza Armada, ni en el sector político. El Decreto no fue discutido con los militares, ni con los políticos. ¿Acaso fue por lo apremiante de las circunstancias o algo planeado por un grupito?

Veinte años después seguimos en la lucha, pero decepcionados con un liderazgo político que se descalifica entre ellos y no ofrece un frente único que impulse el cese de la usurpación. ¿Hasta cuándo permanecerán indiferentes ante este clamor popular? Los ciudadanos, entre ellos los petroleros, cumplimos el 11 de abril. Otros fallaron por acción u omisión, algunos siguen fallando.

Como (había) en botica: Ante informaciones que no se ajustan a la verdad, este articulista insta a los venezolanos a confiar en Horacio Medina, presidente Ad Hoc de Pdvsa. Medina ha demostrado que no acepta injerencias indebidas en sus decisiones gerenciales. Lamentamos el fallecimiento de Priscilla Quintero de Briceño, compañera de trabajo en la Palmaven meritocrática. También de Bernardo Martínez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol

¡ No más prisioneros políticos, ni exiliados!