Venezuela atraviesa, al 22 de febrero de 2026, una transición inédita en la que alivio, esperanza y escepticismo conviven en un mismo paisaje político y social. La salida de Maduro, la tutela estratégica de Estados Unidos y el mandato ambiguo conferido al chavismo para “autodestruirse” configuraron un entorno donde las oportunidades de cambio coexisten con la notable capacidad del viejo régimen para recomponerse “un día a la vez”.

Al mismo tiempo, la sociedad venezolana envía señales claras: respaldo mayoritario a González Urrutia y a María Corina Machado MCM como vectores de cambio, exigencia de “democracia verificable” y creciente desconfianza frente al CNE, a las Fuerzas Armadas y a las instituciones heredadas del ciclo chavista.

Este análisis de entorno busca integrar esos vectores internos con tres piezas clave del tablero externo —la encuesta de The Economist, la Ley de Amnistía y la Junta de la Paz de Trump, junto con el discurso de Rubio en Múnich— para ofrecer una lectura coherente de riesgos, oportunidades y márgenes de maniobra para los distintos actores. El objetivo es proporcionar insumos accionables que permitan decidir con realismo informado en un contexto donde la velocidad de la transición será tan decisiva como su dirección.

La sensación de alivio por la salida de Maduro generó expectativas muy altas de mejora rápida creando una ventana de oportunidad, que si no se aprovecha puede generar (aunque es lo que ya está ocurriendo) un riesgo de frustración porque la transición se percibe lenta y bloqueada por el mismo chavismo.

Un tema importante de cambio en la percepción social en Venezuela es la gigantesca mejora de la imagen de EEUU y la percepción de que su intervención abrió una oportunidad de transición; colocando al factor externo como actor estructural de la gobernabilidad futura (sanciones, apoyo financiero, garantías de seguridad y del proceso electoral).

Según se puede desprender de comentarios de MCM, Trump fue el único que entendió el sufrimiento del pueblo venezolano en manos del chavismo, amparado por un sistema internacional inoperante y en algunos casos corrupto, que arriesgó la vida de sus soldados por la libertad de Venezuela.

Encuesta contratada por The Economist

La encuesta contratada por The Economist describe un entorno donde la sociedad venezolana combina alivio y esperanza con demandas muy claras: transición acelerada, elecciones en el corto plazo y cambio institucional creíble; cualquier estrategia de actores internos o externos que no responda a esos tres vectores irá a contracorriente del clima de opinión dominante.

El grupo The Economist contrató a la encuestadora Premise un sondeo sobre la opinión de los venezolanos tras la captura de Maduro. El estudio, realizado pocos días después del 3E, muestra un fuerte aumento del optimismo: cerca de cuatro de cada cinco venezolanos creen que la situación política mejorará en un año y una proporción similar espera mejoras en su situación económica personal.

Más de la mitad declara que su opinión sobre Estados Unidos mejoró tras la operación que derivó en la captura de Maduro; y solo alrededor de 13% expresa oposición, incluso moderada, a la captura del expresidente de facto.

La mayoría desea una transición democrática rápida: dos tercios creen que deben celebrarse nuevas elecciones presidenciales y, de ellos, 91% piensa que deben hacerse dentro de un año, con preferencia por un plazo de seis meses. Más de un tercio considera que Edmundo González debería asumir ya la presidencia por tener un mandato democrático previo, mientras una minoría respalda que Delcy Rodríguez complete el período hasta 2031.

El sondeo detecta poca confianza en el árbitro electoral y en las Fuerzas Armadas para organizar elecciones justas, lo que revela un déficit de credibilidad institucional. De allí que la propuesta de MCM de elecciones manuales en forma casi inmediata (6 meses), basada en las experiencias de Súmate, organización fundada por ella y por el desarrollo manual de algunas experiencias previas en Venezuela, tenga un peso específico importante.

Desvinculando este proceso de los deseos de EEUU de armar algo que les permita conocer los algoritmos del sistema informático actual, tratando de encontrar pistas que corroboren la sospecha de Trump de que a él se le hizo un fraude en 2020, utilizando sistemas de Smartmatic en EEUU.

Básicamente, para Venezuela, lo mejor sería desaparecer ese sistema que en forma oscura manejó todas las elecciones del chavismo desde la época en la que Jorge Rodríguez lo utilizó como base electoral del chavismo. Esa etapa negra de la democracia venezolana, debería ser extinguida y sacada del juego electoral.

Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional chavista

Otro tema que muestra que el chavismo no está ni muerto ni doblegado, y que aprovecha cualquier espacio de maniobra que consiga, es la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional chavista la cual, si bien abre una ventana real para liberar presos políticos y facilitar retornos del exilio, también tiene exclusiones y restricciones que mantienen intacto el poder de castigo del Estado y condicionan su impacto estructural.

Esta ley se presenta como buscando “reconciliación y paz social” mediante una amplia amnistía para hechos de naturaleza política, de opinión, protesta o participación ciudadana ocurridos entre 1999 y la entrada en vigencia de la ley. Prioriza la liberación de personas presas por razones políticas, de manifestación o expresión (incluidas redes sociales) y ordena medidas sustitutivas inmediatas (casa por cárcel, libertad condicional) mientras se aplica plenamente la amnistía.

Deja fuera crímenes de guerra, lesa humanidad, violaciones graves de DD. HH., homicidio doloso, tortura, desaparición forzada, violación, secuestro, narcotráfico a gran escala y corrupción con enriquecimiento ilícito o desfalco al Estado. El texto aprobado excluye a militares y civiles vinculados a acciones armadas apoyadas desde el extranjero, se limita a un catálogo cerrado de episodios y no desmonta el marco penal utilizado para la represión.

Su aprobación unánime envía una señal de descompresión y búsqueda de reencuentro, necesaria para la transición y probablemente coordinada con la estrategia de legitimación internacional del nuevo esquema de poder; pero al no derogar ni reformar las leyes que habilitaron la criminalización de la protesta, la ley se comporta como un “parche” de coyuntura más que como una reforma garantista del sistema de justicia.

Efecto sobre actores:

• Oposición y sociedad civil ganan un alivio humanitario (liberaciones, retornos) que reduce costos humanos y abre margen para reorganización política
• Sectores de seguridad y cuadros del chavismo duro preservan protección frente a acusaciones por delitos graves (lesa humanidad, corrupción), que quedan fuera del alcance de la amnistía

Riesgos de selectividad: el carácter de lista cerrada y las exclusiones asociadas a “acciones armadas apoyadas desde el extranjero” permiten mantener margen discrecional para seguir procesando penalmente a ciertos actores bajo etiquetas de terrorismo, traición, etc.

Evaluación según criterios de legitimidad, profundidad, reversibilidad, alineamiento internacional:

1. Legitimidad y señal de cambio. Al excluir delitos graves de Estado y no acompañarse de una reforma judicial, luce más como un instrumento de gobernabilidad que como un verdadero ajuste de cuentas con el pasado represivo
2. Profundidad institucional. No transforma las reglas de juego del sistema penal ni crea salvaguardas estructurales contra la criminalización futura de la disidencia; la profundidad es más humanitaria que institucional
3. Reversibilidad y riesgo de “aguijón”. El Estado conserva todos los instrumentos para volver a usar figuras penales amplias; un cambio de correlación interna dentro del chavismo o una crisis de seguridad podría reactivar la lógica de persecución sin necesidad de grandes reformas legales. Quienes hoy liberan pueden mañana reabrir expedientes por hechos nuevos, usar tipificaciones de terrorismo o seguridad nacional y reconstruir un clima de miedo selectivo
4. Alineamiento con el entorno internacional y con la doctrina Rubio/Trump. Si bien la ley se acopla al relato de transición tutelada que Washington y aliados quieren mostrar (liberación de presos, retorno de exiliados, narrativa de reconciliación), y es funcional para destrabar apoyo financiero y reconocimiento, al mantener fuera lesa humanidad y corrupción, preserva espacio para que cortes internacionales y jurisdicciones extranjeras sigan procesando a figuras clave, lo que puede ser un activo de presión externa pero también una fuente de inseguridad para sectores del antiguo régimen.

En conjunto, la ley es un avance significativo en términos de alivio humanitario y señal política, pero con baja profundidad estructural y alta reversibilidad; mejora el entorno de corto plazo para la transición, sin garantizar por sí sola que el aparato de represión y corrupción no pueda re articularse más adelante.

Y no hay que perder de vista que se trata de un instrumento producido por una AN no reconocida internacionalmente, por lo que es posible que en su momento sea derogada y reemplazada por algo menos “chavista” y más democrático y con respeto a la libertad.

La “Junta de la Paz” de Trump

Otro tema relevante de la semana es la “Junta de la Paz” de Trump, que nace como un foro político‑financiero muy influyente, que si bien no tiene hoy capacidad real para reemplazar a la ONU; sí pudiera competir con ella en algunos conflictos y debilitarla parcialmente.

La Junta de la Paz se creó a partir del plan de Trump para Gaza, con aval formal del Consejo de Seguridad de la ONU para la reconstrucción y estabilización del enclave, y luego se amplió retóricamente a “conflictos globales”.

Es un club de Estados contribuyentes, con asientos permanentes para quienes paguen 1.000 millones de dólares, fuerte control de Washington y poder de agenda concentrado en Trump, algo más parecido a una “coalición ad hoc” que a una organización universal.

Varias potencias y aliados clave (Francia, España, otros europeos) han rehusado unirse justamente por temor a que erosione a la ONU, y su primera reunión se centra en Gaza, no en una agenda global integral.

Por el momento no parece que la intención sea sustituir a la ONU, la cual no es solo un foro político, sino que administra operaciones de paz, agencias técnicas (OMS, ACNUR, PMA, UNESCO, etc.), tratados de clima, derechos humanos y comercio que la Junta de la Paz ni siquiera pretende asumir.

Porque por el momento, la Junta carece de universalidad (muchos países quedan fuera), de marco jurídico propio comparable a la Carta de la ONU, y depende casi totalmente del músculo financiero, militar y diplomático de Estados Unidos. El propio gobierno de Trump ha matizado en algunos momentos que la Junta “no está pensada para sustituir” a la ONU, aunque él mismo haya sugerido que “podría” reemplazarla, lo que revela más una ambición política que una realidad institucional.

Impacto en el entorno internacional y en América Latina

• En la práctica, la Junta funciona como un instrumento paralelo que permite a Trump armar coaliciones de “voluntarios con chequera” para actuar donde la ONU es lenta o está bloqueada (Gaza hoy, potencialmente otros conflictos mañana). Esto puede reforzar la lógica de intervenciones selectivas lideradas por EEUU
• Para América Latina, esto abre un canal directo entre gobiernos alineados con Washington y recursos/poder de decisión fuera del marco multilateral clásico; países como Argentina, El Salvador y Paraguay ya se sumaron, mientras otros —especialmente con gobiernos de izquierda o no alineados— quedan fuera de la mesa donde se toman decisiones de seguridad y reconstrucción
• Esto consolida un sistema “a dos velocidades”: una arquitectura formal (ONU) cada vez más cuestionada, y una red de mecanismos selectivos (Junta de la Paz, coaliciones regionales, acuerdos ad hoc) donde se juega buena parte de la influencia real

Implicaciones específicas para Venezuela

• La experiencia de Gaza y la Junta de la Paz muestra el modelo preferido de Trump: una combinación de acción coercitiva (operaciones especiales, sanciones) y luego un mecanismo propio para administrar la reconstrucción y la transición, con participación de aliados escogidos
• Si la transición venezolana se considera un “caso de éxito” de la doctrina Trump–Rubio, es plausible que se intente replicar un esquema similar: tutela fuerte de EEUU, financiamiento condicionado y menor rol de organismos onusianos (PNUD, ACNUR, etc.) en favor de estructuras paralelas o consorcios de donantes aliados
• Eso no elimina a la ONU del tablero (seguirá siendo crucial para ayuda humanitaria, refugiados, legitimidad formal), pero sí puede desplazar parte de la toma de decisiones clave hacia un círculo estrecho donde Trump y sus socios definen prioridades y recursos, con impacto directo en los márgenes de maniobra de actores venezolanos

En síntesis, la Junta de la Paz no reemplaza a la ONU, pero sí puede convertirse en un “atajo” de poder occidental que margine a la ONU en crisis concretas; para América Latina y Venezuela, esto significa que la ecuación de seguridad, reconstrucción y financiamiento dependerá cada vez más de la alineación política con Washington que de la participación en el sistema multilateral clásico.

Lo cual desarticula el armado que el chavismo ha logrado armar en la ONU… Ya los discursos altisonantes no tendrán efecto, ni sus problemas serán sometidos a votación… a menos que estén controlados por EEUU.

Esta institución se enmarca en un cambio profundo en las relaciones internacionales impulsado por Trump. Sin la certeza de que se vaya a convertir en un caso exitoso, o aun sostenible. Estamos entrando en una nueva etapa del mundo donde el globalismo y el multilateralismo pasa a ser sustituido por grupos de poder que se imponen por la fuerza, y cambian el mapa de las relaciones. Habrá que ver cómo evoluciona dado que trump estará solo un par de años más… ¿Y después qué?

El discurso de Marco Rubio en Múnich

El discurso redefine la doctrina exterior de Washington como defensa civilizacional de Occidente, convalidando la operación en Venezuela como modelo y enviando una señal de continuidad dura pero coordinada hacia América Latina bajo el gobierno de Trump.

Resumen del discurso

• Rubio presenta una “nueva doctrina occidental”: soberanía nacional por encima de estructuras globalistas, reindustrialización del “Occidente” y defensa explícita de la herencia cultural cristiana y europea compartida por EE. UU. y Europa
• Reafirma la alianza transatlántica, pero exige más gasto militar europeo, control de fronteras y alineamiento frente a China, Irán y Rusia, reivindicando un Occidente fuerte, seguro de su identidad y menos dependiente de organismos multilaterales
• Usa Venezuela como ejemplo: dice que el “orden global” fue incapaz de frenar a “un dictador narcoterrorista” y que se necesitó una operación de fuerzas especiales de EEUU para llevarlo ante la justicia, reivindicando el uso selectivo de la fuerza como herramienta legítima
• Sostiene que EEUU “se preocupa profundamente” por el futuro de Europa y del mundo occidental, y que el liderazgo estadounidense no es un “imperio”, sino una alianza de naciones soberanas que comparten intereses y valores

Impacto potencial en América Latina

• Refuerza una lectura de América Latina como “flanco sur” del conflicto civilizacional: países con crimen organizado, regímenes autoritarios o fuerte influencia china/iraní pueden ser tratados como amenazas de seguridad, y no solo como problemas de desarrollo
• Aumenta la probabilidad de una política más intervencionista-condicionada: más sanciones selectivas, más cooperación de seguridad y antinarcóticos, y más presión sobre regímenes percibidos como “narcoterroristas” o aliados de adversarios estratégicos
• Al mismo tiempo, abre espacio para acuerdos preferenciales con gobiernos que se alineen con la agenda de soberanía, control migratorio y “reindustrialización occidental”, por ejemplo, en energía, minerales críticos y cadenas de suministro

Impacto específico en Venezuela

• Rubio presenta la operación contra Maduro como un caso de éxito que “demuestra” que la acción directa de EEUU puede remover amenazas cuando la diplomacia multilateral fracasa; esto legitima mantener un alto grado de tutela estadounidense sobre la transición venezolana
• Su mensaje sugiere que Washington seguirá viendo a Venezuela como pieza estratégica: control de narcotráfico, seguridad regional, petróleo y señal ejemplificadora hacia otros regímenes de la región
• Endurece los incentivos para cualquier intento de restauración autoritaria o coaliciones “bolivarianas”: el costo esperado incluye no solo sanciones sino, en escenarios extremos, nuevas formas de acción encubierta o coercitiva
• Para actores democráticos venezolanos, el discurso indica respaldo político sostenido, pero condicionado a que la transición se encauce en términos compatibles con la doctrina Rubio–Trump: elecciones, sí, pero dentro de un marco de realineamiento prooccidental y cooperación estrecha en seguridad y economía

El cuadro que emerge es el de una transición tutelada, cargada de expectativas ciudadanas y atravesada por un chavismo que no está ni derrotado ni domesticado, sino adaptándose para sobrevivir dentro de nuevas reglas impuestas desde fuera y disputadas desde dentro.

La opinión pública reclama elecciones rápidas, cambio institucional creíble y desmontaje de los dispositivos de control construidos en 27 años; mientras la Ley de Amnistía, la Junta de la Paz y la doctrina Rubio–Trump introducen incentivos y presiones que pueden empujar en sentido democratizador o reconfigurar, simplemente, la forma del mismo poder.

Para los actores venezolanos —políticos, empresariales, sociales y militares— la clave será leer con precisión el “doble tablero”: uno interno, donde el tiempo juega a favor del que resiste, y otro externo, donde la alineación con Washington define acceso a recursos, legitimidad y protección.

El desafío consiste en convertir la ventana de oportunidad abierta el 3E en un proceso de cambio estructural —electoral, institucional y económico— antes de que la combinación de agotamiento social y resiliencia chavista devuelva al país a una versión más sofisticada de su viejo impasse.

Lo que ocurra en los próximos meses, más que en los próximos años, marcará si Venezuela entra en una transición democrática sostenible o en un nuevo ciclo de acomodación autoritaria bajo ropaje de normalidad.

Contactos:

Mail: btripier@ntn-consultores.com  

Instagram: @benjamintripier   

Twitter: @btripier

https://www.elnacional.com/2026/02/analisis-de-entorno-transicion-tutelada-y-resistencia-chavista/