A pocos días después de instalada la nueva AN y obviando los escarceos surgidos durante el acto y en los días subsiguientes entre los oficialistas y oposición, se pueden observar algunas precisiones, de parte y parte, de sus acciones en el futuro inmediato.

Primeramente el régimen y sus representantes no han superado o asimilado la derrota electoral del pasado 06D, el discurso oficial así lo demuestra. Este estado de desconcierto impide que los dirigentes gubernamentales se enfoquen en la causa de la derrota que no es más que la crisis económica, por ellos mismo creada, y en consecuencia también le impide elaborar una estrategia de negociación con la oposición para iniciar una solución a la crisis. Más bien el comportamiento del oficialismo se centra en el mantenimiento del poder político sin percibir que la crisis se acentúa cada día más y con ella el ya bajo nivel de aceptación que tiene el gobierno. Pero otras señales, decepcionantes y trágicas para los venezolanos, hacen ver que el presidente está lejos de comprender la naturaleza del problema económico al proponer una ley de emergencia económica fundamentada en la creencia de que la crisis la originó la caída de los precios del petróleo casi exclusivamente obviando otros factores que inciden decisivamente en la misma.

El nombramiento de un gabinete económico, prácticamente con las mismas caras responsables de la crisis, coordinado por un “sociólogo” con dudosas credenciales y experiencia económica, no puede ser interpretado de otra manera que la voluntad manifiesta – y hasta de burla - de no querer buscar solución a la misma, máxime cuando en una de sus primeras declaraciones manifiesta que la inflación es un problema de sensación de los venezolanos. La interpretación final es que el régimen busca una solución política a un problema económico que no resolverá la crisis y obligará a los venezolanos a buscar otras alternativas de gobierno.

Por otra parte sorprendió, en cierta manera, que en su discurso inicial el nuevo presidente de la AN, además de la ley de amnistía y las leyes para una economía productiva, mencionara un lapso de seis meses para proponer una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para cambiar al gobierno. En un primer momento pareciera un anuncio precipitado y provocador del parlamentario, pero si se toma en cuenta los anuncios del jefe del gobierno no debe caber la menor duda de que no en seis meses, sino en tres, ya los venezolanos estaremos pidiendo, o quizás implorando, la renuncia del presidente y su gobierno ¿Será esta la estrategia del régimen para forzar un proceso revocatorio, difícil de concretar con la precaria institucionalidad existente, para darse más tiempo en el poder? Y mientras tanto una situación económica insostenible ¿Serán los militares, que también sienten hambre, la solución final de este régimen, pidiendo también la renuncia y dejándole al vicepresidente el proceso de transición? Esperemos que el nuevo vicepresidente, por lo menos, no esté vinculado al narcotráfico. Así están las cosas.

08 de enero de 2016