Esta semana la sala constitucional de TSJ decidió, finalmente, quitarse la careta institucional y dejar ver su verdadero rostro rojo rojito, fallando a favor del decreto de emergencia económica propuesto por el jefe del régimen al inicio del año, que fue negado en el uso pleno de sus facultades constitucionales, por la nueva Asamblea Nacional. La sala constitucional, simplemente, no tiene la facultad para abrogarse semejante atribución y en consecuencia prefiere violar la Constitución Nacional a decirle al gobierno que no puede anular la decisión de la AN.
Esto crea un limbo jurídico institucional que enfrenta abiertamente tres poderes constituidos, dos de ellos por la expresión de la voluntad popular, la presidencia y la asamblea nacional y el otro por designación de la AN, como es el TSJ y sus salas respectivas, por lo que constitucionalmente, esta última no puede estar por encima de la voluntad del elector y debe, más bien, cumplir una labor de equilibrio para que se haga lo justo.
Abstrayéndose de estos principios, es incomprensible que la sala constitucional no se percate que el referido decreto de emergencia sólo hará empeorar las penurias que vivimos los venezolanos ya que, definitivamente, el gobierno no tiene la posibilidad de resolverlas porque precisamente el gobierno, es el problema.
Esta apreciación, ahora más generalizada dentro de la sociedad venezolana, incluyendo buena parte de los simpatizantes chavistas, apunta a la necesidad de cambiar al gobierno de la forma constitucional, pacífica, democrática y electoral mediante un método que se propondría dentro de seis meses según palabras iniciales del presidente de la AN al instalarse la misma el 05 de enero pasado. Sin embargo, las actuaciones arbitrarias del régimen, incluidos su poderes compinches, hacen ver que un plazo de seis meses (ahora cinco) luce excesivo y hasta peligroso para la existencia de Venezuela como país viable.
De allí que las palabras del presidente de la AN, durante la rueda de prensa ofrecida al país para fijar posición ante la ilegal decisión de la sala constitucional, al manifestar que quedaba sin efecto ese plazo de seis meses y que se abocarían a buscar el método para cambiar al gobierno en un tiempo más perentorio, evidencia la gravedad de la situación donde parece que la mejor opción del régimen es propiciarse un golpe de estado.
Para este cambio, sin duda impostergable, la AN y la oposición democrática deben activar inmediatamente la presencia de organismos e instituciones internacionales que garanticen el mantenimiento del precario estado de derecho que aún nos queda, mientras se ejecuta el método de cambio acordado y generen la suficiente presión institucional externa, ya no solo para el proceso de cambio, sino más importante aún, para preservarnos como país.
13 de febrero de 2016