Los rojos criollos y de otros lares son tradicionalmente hipócritas. Se rasgan las vestiduras, con razón, cuando las víctimas son de extrema izquierda, pero se hacen los desentendidos cuando no afecta a los suyos. El caso más emblemático más allá de nuestras fronteras es el del Ché Guevara, el gran asesino convertido en héroe. En Venezuela, los hermanos Rodríguez y José Vicente Rangel se llevan la palma; denunciaron y protestaron justificadamente las violaciones a los derechos humanos en nuestro período democrático, pero son alcahuetas de las ocurridas en los gobiernos de Chávez-Maduro. Tenemos que estar claros, tan grave es la violación de los derechos a un guerrillero terrorista o a un secuestrador, como a un ciudadano que protesta pacíficamente. Sin embargo, los familiares de los torturados y asesinados en los Teatros de Operaciones (TO), en la época de la insurrección armada de la extrema izquierda, hoy guardan un silencio hipócrita ante los numerosos atropellos del régimen.
Cierto que en la época democrática fueron enjuiciados y condenados los torturadores y asesinos de Jorge Rodríguez y de Alberto Lovera, pero numerosos casos ocurridos en los TO quedaron impunes. Hoy, todos los atropellos quedan sin averiguación y cuando imputan o sentencian a alguno, al poco tiempo son condecorados, sobreseídos, indultados o puestos en libertad con cualquier excusa. En el período de Hugo Chávez son emblemáticos los asesinatos de Maritza Ron, Evangelina Carrizo, José Manuel Vilas, Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez. Además, los 19 asesinados durante la confrontación que propició el 11 de abril del 2002 y los 14 asesinados en las protestas del 2004.
Desde el 2014 al 2020, ocurrieron 265 asesinatos en manifestaciones en varios estados de Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, fundada por la señora Rosa Orozco, madre de la joven Geraldín Moreno Orozco, asesinada en el 2014 en Naguanagua, y cuya Coordinadora es Martha Tineo, desempeña una valiente labor al publicar los nombres de los asesinados. En las protestas del 2014-2015 fueron asesinados 43 ciudadanos, cuatro de ellas mujeres. Entre el 2017 y 2018 los asesinatos montaron a 160, de los cuales seis eran mujeres. En 2019-2020, fueron 62, de ellos una mujer. En los hechos estuvieron involucrados funcionarios de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Sebin y CICPC. Además, el régimen se vale de grupos de civiles armados denominados Círculos Bolivarianos o Colectivos, que son grupos paramilitares armados financiados por el gobierno.
Adicionalmente, es necesario agregar el asesinato de Fernando Albán en el 2018, quien estaba preso, y el de Oscar Pérez y seis compañeros, acribillados cuando públicamente se habían rendido. La tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en el 2019. Así como los ocho ciudadanos acribillados cuando desembarcaban en el litoral central en la llamada Operación Gedeón, que fácilmente los hubieran capturado vivos. Tampoco pueden dejarse de lado los 4.231 ciudadanos abatidos el año pasado en “supuestos” enfrentamientos de policías con supuestos o reales delincuentes, en los barrios pobres de nuestras ciudades, denunciado por el Observatorio Venezolano de Violencia.
Los presuntos violadores a los derechos humanos son numerosos. Como nadie es culpable hasta que se demuestre, solo señalamos que deben investigarse todos los que han estado al frente de los organismos del Estado encargados del orden público. Cabe mencionar que el general Manuel Cristopher Figuera, quien fue director del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) declaró que “Maduro ordenó torturas y detenciones arbitrarias”. Entre otros, han sido mencionados los Comandantes de la Guardia Nacional, generales Néstor Reverol y Fabio Zavarce Pabón. En el Sebin, el general Gustavo González López. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general Iván Hernández Dala. En la Policía Nacional Bolivariana, Elio Ramón Estrada, Carlos Pérez Ampueda y Manuel Pérez Urdaneta. En el FAES (Fuerza de Acciones Especiales), Rafael Bastardo y José Miguel Domínguez. Estos ciudadanos deben investigarse y, caso de encontrarse indicios de responsabilidad, llevarse a los tribunales. Nicolás Maduro y el general Padrino López tienen que responder por las acciones de sus subalternos. Los fiscales y jueces que participaron en las investigaciones y juicios deben comparecer ante la justicia para determinar si pecaron por acción u omisión. Varias organizaciones de derechos humanos han adelantado el trabajo, así como los informes de la doctora Bachelet y de la Misión Independiente de la ONU.
Las cifras citadas evidencian que muchos venezolanos perdieron la vida en la lucha en contra de la dictadura de Chávez-Maduro. Si agregamos la gran cantidad de heridos, de presos políticos y de exiliados no queda duda de que nuestra sociedad no se ha doblegado. También hay que reconocer la extraordinaria valentía de nuestros comunicadores sociales que a diario divulgan los atropellos del régimen. Nuestros dirigentes son criticados, a veces con razón y otras sin ella, sin tomar en cuenta que muchos han sido atropellados, corren riesgos y no son remunerados. Estos dirigentes deben tomar conciencia de que un importante porcentaje de ciudadanos que repudian a Maduro, no se identifica con ellos, sino con la unidad. Por ello deben dar muestras de mayor consistencia, conformar una verdadera unidad, dejar de lado el tuiteo y dilucidar las diferencias internamente.
Como (había) en botica:
El coronel Johnny Mejías Laya, preso en la Digcim, está orinando sangre porque le tienen retenida, desde hace varios días, la medicina que le llevó su esposa. Se desconoce el paradero del teniente Franklin Caldera Martínez, quien aparentemente fue secuestrado por el ELN en Colombia y entregado a funcionarios de la Dgcim. Lamentamos los fallecimientos de Arecio Romero y de Ana Julia Ayala de Bonadona, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!