Entonces...
¿Qué mostraba hace un par de años el horizonte electoral universitario? Que era indispensable celebrar elecciones de autoridades rectorales, decanos y representantes del profesorado al cogobierno por natural y lógica exigencia: el mandato de quienes ocupaban los cargos se encontraba vencido hacía mucho tiempo. Adicionalmente, la realización de un proceso electoral en las condiciones que la universidad determinara, no obedeciendo a imposición ajena, constituiría un acto enormemente significativo de reafirmación autonómica. En tales circunstancias cabía esperar que las propias autoridades fueran las más interesadas en perfilar la salida electoral, lo que no había sido convincentemente el caso en los años posteriores a la finalización de su ejercicio, pero prevalecieron irresolución y ambivalencias.
Por su parte el gobierno nacional promovía con sostenida intermitencia, si así puede decirse, una modalidad electoral beneficiosa a sus intereses, aunque lesiva al orden jurídico, Constitución incluida (algo que nunca le ha producido al régimen remordimientos de conciencia). Considérese a este efecto lo que establece el artículo 34, numeral 3, de la Ley Orgánica de Educación (2009) en relación con la composición del electorado universitario. La sentencia N° 0324 del Tribunal Supremo de Justicia (agosto de 2019), que ordenaba a la UCV la celebración de elecciones en un plazo de seis meses se inspiraba directamente en dicho artículo. Expiró el semestre y en lugar de las temidas consecuencias vino otra decisión judicial que sin alterar en nada sustancial la precedente adoptó un carácter benigna y taimadamente exhortativo. La generalidad de los ucevistas experimentó un alivio y en las esferas directivas se restableció la pulsación normal.
La punzante alarma suscitada al principio cedió el paso a una despreocupada serenidad en cuyo seno no encontró cabida la idea de que era preciso encaminarse hacia un proceso de elecciones inmanentemente universitario. Y dentro de lo que resultara posible precedido por un debate, hasta entonces postergado con obstinación, sobre la cuestión electoral y el estado crítico de la institución. Lo propusieron varias individualidades y algunos sectores organizados de la comunidad académica. Así, por ejemplo, el grupo de opinión Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas, con la adhesión expresa de numerosos colegas, se dirigió en más de una oportunidad a la opinión ucevista (comunicados del 20 de septiembre 2019, 16 de enero 2020, 7 de junio 2020 y 11 de enero 2021). Sus planteamientos no merecieran atención de las impasibles autoridades académicas y las solicitudes de derecho de palabra ante el Consejo Universitario quedaron sin respuesta.
Para colmo la casualidad, imprevisible como se complace en ser (o acaso la insondable Providencia), obró un efecto complementario por interpósita pandemia sobre aquel circunstancial, miope y casi unánime sosiego, vivido en clave de espesa inercia... Hasta que un buen día desembocamos en pleno 2022, con el flagelo remitiendo e inequívocos signos de interés electoral comenzando a menudear.
Ahora...
En estos últimos meses no ha cesado de aumentar ese interés y de difundirse por capas cada vez más amplias de la comunidad universitaria. Los comicios celebrados este año han proporcionado un claro testimonio de esa creciente inclinación, al mismo tiempo que la refuerzan y propagan. A ello también ha contribuido en medida importante el resultado de las conversaciones que representantes del sector académico sostuvieron con altos personeros del oficialismo. Condujeron a acuerdos que se expresan en la aprobación por el Consejo Universitario de un reglamento de elecciones transitorio que, júzgueselo como se prefiera, ha catalizado el favor mayoritario por el expediente electoral, tras su prolongado represamiento.
A mediados de año (el «transitorio» fue sancionado en julio) la sensación de inminencia electoral se había adueñado de muchos de los ucevistas, al menos de los más activos y deseosos de participar en la laboriosa recuperación de la vida universitaria. También de los críticos severos de la norma accidental aunque sensibles a lo que a falta de mejor término puede llamarse realismo político. La impresión preponderante era que no había más que esperar la fecha de acudir a las urnas, inscrita al cabo de un «cronograma de eventos puntuales» que la Comisión Electoral de la UCV le propondría al Consejo Universitario.
No obstante 2022 concluye sin que la fecha en cuestión haya sido convenida y nadie ni dentro ni fuera de dicho cuerpo diga cuál será. Salvo excepciones de seráfico candor, no hay quien desconozca en la universidad las destrezas deliberativas del Consejo Universitario, que han elevado en ocasiones a grados eminentes los arbitrios de la técnica parlamentaria. ¿Habrá entonces que adjudicarles el mérito de haber sumido en la incertidumbre algo sobre lo que parecía haber un promisorio consenso? En vano será buscar orientación, qué decimos, ni la débil lucecita de una pista en las esporádicas fuentes informativas oficiales, cuya perspicuidad no pasma de admiración. Forzoso es acudir, pues, a las versiones, a veces dispares, de las voces sensatas del órgano –que las hay, y ensayan difíciles hermenéuticas en busca de las claves ocultas del debate- o aplicarnos como espectadores abismados a una intrincada gimnasia inferencial de móviles velados por precauciones a lo mejor inconfesables.
En fin, lo que ha podido conocerse es que al menos dos de los puntos discordantes se refieren por una parte a los medios tecnológicos necesarios para implementar el proceso electoral en todas sus etapas, de la convocatoria al escrutinio y proclamación de los ganadores; por la otra, a la realización de una sola y compleja elección frente a la alternativa de segmentarla en tres episodios sucesivos. El primer asunto ha sido objeto de un minucioso informe técnico preparado por una comisión de expertos en menesteres tanto informáticos como electorales (nombrada por el propio Consejo Universitario) que ofrece a este desde el procedimiento manual que tanto entusiasma a los partidarios de la caligrafía en formato de pizarra, hasta la modalidad máximamente digitalizada cuya puesta en práctica requeriría cierto grado de auxilio técnico externo (del Consejo Nacional Electoral, en concreto), si bien bajo control de las instancias universitarias. La segunda cuestión depende de la primera porque como puede suponerse cuanto más eficientes sean los medios técnicos mayor probabilidad habrá de que el proceso englobe en forma simultánea las tres votaciones rectoral, decanal y de representantes del profesorado. A no ser que la pretendida separación de aquellas obedezca a una motivación política o de alguna otra índole extratécnica.
Así estaban las cosas para el momento de la última sesión del año del Consejo Universitario el pasado 7 de los corrientes. Era patente la expectativa de la comunidad universitaria a propósito de las decisiones que el superior órgano tomaría. Con anterioridad una moción del Consejo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo le había planteado, a partir de razonables consideraciones, fijar una fecha para la votación. Lejos de hacerlo el Consejo Universitario resolvió por mayoría (incluidos en ella varios de los más tenaces promotores de la guabinosa datación) reanudar el examen de la materia electoral al abrirse el próximo ciclo de trabajo a principios de 2023. Para entonces la rectora (que por prescripción facultativa no había asistido a la reunión) formulará una nueva propuesta. De la misma no se hizo anticipo alguno, salvo que lo sea el haberla calificado de «interesante».
Tan vago atributo no regocijó en exceso a los ucevistas, ansiosos de buenas noticias que no se produjeron. Encaminarse hacia las elecciones está siendo un arduo proceso que a juzgar por los acontecimientos es menos cuestión de grandes zancadas que de pequeñas zancadillas.