Alzando la voz
Cada cierto tiempo el presidente de los Estados Unidos se refiere a Venezuela como el Estado 51 de la Unión americana. Algunos lo ven como una solución rápida y fácil a los urgentes e importantes problemas que afrontamos los venezolanos. Otros, no tan entusiastas del “sueño americano” lo rechazan. Lo consideran una intromisión inaceptable, parte de un proyecto expansionista que incluye a nuestro país, a la lejana Groenlandia y al Estrecho de Ormuz. Muchos prefieren no opinar, mientras algunos, mirando la experiencia boricua, advierten que sería un proceso largo, complicado e inviable.
Para la mayoría se trata, como muchos otros comentarios del presidente norteamericano, de un irritante “chiste malo” del poderoso jefe de Estado que, ignorando nuestra realidad, se dirige a los electores de Springfield, como parte de sus deseos de proyectar como exitosa su política exterior.
Lo cierto es que los venezolanos aspiramos, como cualquier otro pueblo “a vivir en paz, libres de pobreza y ejerciendo libremente nuestros derechos fundamentales”. Para alcanzar nuestros propósitos, debemos superar la catastrófica realidad que sufrimos, siendo necesario el concurso de las democracias del mundo y particularmente de los Estados Unidos; e indispensable, sobre todo, el esfuerzo de los venezolanos de buena voluntad que, con recta intención, debemos reconstruir nuestra Tierra de Gracia.
Creemos que nuestro norte, que pudiera estar al sur, debe ser la instauración de una democracia moderna con estado de derecho y garantías ciudadanas para el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales, edificada sobre sólidas bases éticas e institucionales que permitan su permanencia en el tiempo. Para alcanzar nuestro cometido debemos ejercer, a la brevedad posible, nuestro derecho a la democracia mediante la realización de elecciones libres que nos permitan asumir nuestras responsabilidades ciudadanas haciendo efectiva la voluntad popular expresada. El actual tutelaje norteamericano, debe dar paso a una alianza solida con las democracias del mundo, como base para la búsqueda de un orden internacional que permita, entre otras, que situaciones como las que hemos padecido los venezolanos no se repitan nunca más.
La reconstrucción de Venezuela es una tarea compleja. Especial consideración debe tener ver nuestra calamitosa situación, en el contexto de un mundo globalizado. Somos una aldea global. En las últimas décadas se ha hecho patente la debilidad de estados nacionales, como el nuestro que hoy está más débil que nunca y con limitaciones para responder a las necesidades de nuestra gente que los Estados más poderosos parecen ignorar. Para atender buena parte de nuestros problemas, más allá de los abundantes recursos con que podamos contar, se va haciendo imprescindible el concurso de otras pueblos y sociedades. En el actual contexto político social global, no es una buena idea buscar soluciones que ya fracasaron en siglos pasados cuando pretendieron dar respuesta a realidades muy distintas a las de hoy, como sería el caso de las variadas propuestas nacionalistas, socialistas y comunistas de ayer.
En esta situación se plantea que, estando por superarse la etapa del Estado nacional, debemos pasar a la conformación de Estados continentes como ya lo son Estados Unidos y los estados más poderosos del mundo de hoy.
En síntesis, los venezolanos en este ingreso tardío en el siglo XXI, para poder alcanzar nuestros objetivos societarios, debemos tener clara comprensión del contexto interno, continental y global en el que nos toca desenvolvemos. La captura de Nicolás Maduro por la intervención unilateral de los Estados Unidos, al margen del derecho internacional y como proyección extraterritorial del derecho interno de Norteamérica, es un ejemplo de la ineficacia del derecho internacional vigente.
La lentitud de la comunidad internacional en atender los reclamos de los venezolanos evidencia como la razón de Estado y la lex mercatoria se impone sobre el bien común y toda consideración ética. Igualmente, pone de manifiesto la urgencia de una distinta ordenación jurídica del mundo. Ha caído el Muro de Berlín, pero los avances alcanzados después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la democracia, la protección de los derechos del hombre y la preminencia de la dignidad de las personas parecen haber quedado atrás. El proceso civilizatorio retrocede o se estanca. Se deshumaniza, cuando el derecho, al volverse ineficaz, es sustituido por la razón de Estado o la razón de la fuerza de los más poderosos que encubre egoístas intereses. En definitiva, parece imponerse una “profunda crisis moral que amenaza nuestra supervivencia como civilización”.
Para evitar se repitan tragedias como la nuestra debemos reflexionar sobre la interdependencia entre los pueblos en esta fase de irreversible globalización para hacer de la convivencia mundial una realidad subordinada a principios. Los pueblos deben poder ejercer plenamente su derecho a la democracia y exigir el respeto pleno de la dignidad de las personas.
Teniendo presente nuestra realidad y la de nuestro entorno cercano y lejano, debemos dar nuestra contribución a “la institucionalización de la libertad y la democracia” en la esfera mundial. Cuando sea necesario, atendiendo al principio de subsidiariedad, debemos promover autoridades supranacionales en diversas áreas. En la misma dirección, debemos propiciar la integración de Venezuela con otros pueblos, incluso formando unidades políticas más amplias, así como la conformación o el fortalecimiento de estructuras políticas existentes, imprescindibles para atender las realidades o situaciones particulares de cada uno para resolverlas ameritan el necesario concurso solidario de otros pueblos lo cual no se opone a los intereses legítimos de ninguno.
Por supuesto, todos los procesos de integración en sus variadas modalidades, llámese Estado 51, Pacto Andino, Mercosur, Comunidad Europea o cualquier otro, deben ser decididos por los participantes, es decir, promovidos democráticamente dentro del estado de derecho y teniendo siempre presente la unidad del género humano y la dignidad de las personas. por encima de la razón de Estado.
Valencia, España, agosto de 2026.
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