La totalidad del sistema nacional de educación está en crisis. Mientras el mundo avanza impulsado por una avalancha de nuevos conocimientos, nuestras escuelas, maestros y alumnos viven uno de los peores momentos. Deterioro físico y salarios miserables apuntan hacia un futuro que lejos de ser incierto, es posible pronosticar que será lamentable. En la ignorancia y en la mala educación se ubica una proporción importante de las causas de la pobreza.
La libertad académica es el derecho a buscar, generar y transmitir conocimientos y a realizar actividades educativas de calidad en todos sus ámbitos: docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas. Esta es una de las columnas que sustentan a las sociedades modernas y estados exitosos. La autonomía y el autogobierno son requisitos para la libertad académica y garantía para que las instituciones de educación cumplan con su misión. De allí que los gobiernos deben promover y respaldar la calidad y diversidad de las instituciones académicas.
Las interferencias de los Estados en los currículos y programas académicos a través de, la imposición de lineamientos contrarios a las finalidades de la educación, impactan severamente la libertad académica. Más que imponer, los gobiernos deben mantener un diálogo abierto con los docentes, investigadores, autoridades y estudiantes, quienes, mejor que nadie saben cuales son las demandas educativas de la sociedad.
Los Estados están en la obligación de generar un ambiente favorable para la interacción de las instituciones de educación tanto con el sector público como con el privado, con la finalidad de mejorar el desempeño recíproco en aras del progreso del país. De allí la obligación de las autoridades para desarrollar marcos regulatorios flexibles y que no constituyan obstáculos para la creación de nuevas organizaciones y planes de estudio a tono con las tendencias internacionales y el estado del arte del conocimiento en todas sus dimensiones. Colocar barreras ideológicas o imponer normas excluyentes a nuevos programas, constituye una grave violación de las libertades constitucionales y académicas.
En los últimos años, tanto las instituciones gubernamentales que rigen la investigación y el desarrollo tecnológico, como las de educación superior en Venezuela, han establecido políticas y procedimientos que violan la libertad académica al tratar de imponer un modelo ideológico excluyente, así como la aplicación de restricciones presupuestarias y remuneraciones miserables que están erosionando gravemente a los sistemas nacionales de educación e investigación. Cientos, sino miles de docentes e investigadores calificados han tenido que abandonar el país o dedicarse a otras actividades para poder sobrevivir y lo que es más grave aún, es la deserción de miles de estudiantes de educación media y superior que generarán un vacío generacional con graves consecuencias para el país. También requiere apoyo e inversión, la educación orientada a satisfacer las necesidades de niños y adolescentes, en particular aquellos, que son la mayoría, que viven en la pobreza y sufren desnutrición.
Sin duda la epidemia de Covid-19, cuya magnitud no es del conocimiento público por la escasa información y dificultades de acceso a la misma, ha agravado el panorama actual. Entre otras cosas, haciendo muy difícil, por la carencia de equipo adecuado y las graves limitaciones de la red pública de transmisión de datos, el dictar cursos a distancia. Mejorar el servicio de Internet y dotar a docentes y alumnos de los equipos necesarios debe figurar entre las prioridades del gasto público nacional.
Como si lo anterior no fuera suficientemente grave, el gobierno ha impedido la realización de las elecciones internas en las universidades autónomas, generando un clima malsano y distrayendo la atención de los cambios estructurales necesarios, para colocarse a tono con la dinámica global del conocimiento y las crecientes demandas de la sociedad.