Hace un par de años un grupo de profesores de la UCV que recordábamos, sin duda con añoranza, aquella iniciativa del Rector Francisco de Venanzi, destinada al intercambio de ideas. Universalia era el nombre y el propósito fortalecer la vida académica y de allí tomamos la idea de crear una página Web y darle el nombre de Nueva Universalia.

En la década de 1960 renacía la UCV tras los años de dictadura y era evidente la necesidad de impulsar la investigación, formar docentes con estudios de postgrado, crear nuevos institutos y fortalecer los mecanismos de intercambio de conocimientos con otras universidades, el IVIC y nuevos centros de investigación. Así crecieron la ASOVAC y FUNDAVAC creadas en 1950. Flotaba en el ambiente la necesidad de vincular a la universidad con instituciones educativas de prestigio internacional y formar profesores al más alto nivel y nació el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, mientras se forjaba la idea de contar con un organismo gubernamental de promoción de la ciencia que luego se llamaría CONICIT.

Quienes orbitábamos alrededor de Universalia sólo teníamos un norte y ese era contribuir a la creación de una comunidad científica. No se le preguntaba a ninguno sobre su ideología o militancia partidista y estaba, regla no escrita, ajena en lo posible a las elecciones internas o nacionales, más no a las políticas. Universalia era sin duda un grupo ingenuo y bastante romántico, pero cumplió en parte su cometido y luego se fue disolviendo gradualmente. En 1977 dimana la idea de crear una organización que agrupara a los investigadores de la UCV y guiados por De Venanzi, nace la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU).

En sus tres siglos de existencia la UCV ha vivido muchas crisis. Las relaciones con los gobiernos nacionales no siempre han sido armónicas porque la libertad de expresión y de cátedra, así como la autonomía les han resultado antipáticas e inconvenientes a varios de los autócratas que ha dirigido a nuestro país. Tampoco ayudó, en la construcción de la necesaria armonía de la universidad con el gobierno y con el sector privado, el uso de la autonomía para que partidos políticos y grupos hicieran de la universidad un laboratorio para medir sus fuerzas. La universidad debe formar los profesionales y los líderes que nuestra sociedad necesita y para ello debe cambiar su estructura para poder contribuir a modificar su entorno.

Hace apenas unas horas, tras largos y lamentables años de intervención política destinada a forzar a la universidad para alinearla con una vetusta ideología, se intentó realizar las postergadas elecciones de autoridades y el evento fracasó.

Podemos observar dos causas, una consecuencia de la otra. La más visible fue una fractura en la logística del proceso y ya explicarán autoridades y comisionados lo que ocurrió, pero la raíz no está en las fallas del proceso electoral, sino en la peregrina concepción populista de la elección, que obligó a la institución a cabalgar sobre la idea de que la universidad es una república y que más de 200.000 personas debían participar en la elección del Rector, los decanos y otras autoridades.

Para animar el aquelarre, no todos los electores tenían el mismo peso, ni tampoco era universal el voto. Apenas como ejemplo, los profesores jubilados podían votar por los candidatos a rector, más no por los aspirantes a decano y así sucesivamente, existían normas sobre por qué tipo de candidato podía votar un empleado administrativo, un obrero, un estudiante o un egresado y cuanto valía ese voto. Mientras tanto, en las universidades no autónomas, el gobierno selecciona al Rector que debe ser afecto al gobierno.

Durante los meses de negociación con un gobierno que no le tiene ningún aprecio a la educación y donde se discutía sobre la calificación del voto, no me habría causado mayor sorpresa si trataban de incluir a los pacientes del hospital, a los padres de los estudiantes, los alcaldes, contratistas, milicianos, indigentes y una representación de los jugadores que utilizan los campos deportivos de la universidad. Mientras tanto en muchas universidades de prestigio, donde domina la meritocracia, se seleccionan a las autoridades bajo criterios y procedimientos más sencillos, transparentes y ajustados a la realidad del siglo XXI. Apenas como ejemplo, el Rector o Presidente puede que no sea profesor de la universidad como ocurre con el actual Presidente de Harvard que previamente ocupó un cargo similar en el MIT y en la universidad de Tufts.

Una vez escribimos que la humanidad está viviendo bajo una revolución tecnológica que en buena medida se ha incubado en las universidades y la aprovechan aquellas sociedades que han entendido y aceptado que el progreso económico y social de sus países depende en buena medida de la existencia de los centros de generan, adaptan y difunden nuevos conocimientos. Esta situación demanda gobiernos que entiendan el papel de la ciencia y al interior de las universidades, autoridades con credenciales académicas y liderazgo, capaces de orientarlas por las rutas que esta nueva revolución impone.

En medio de esta enorme confusión, donde lo único claro es la necesidad de realizar cambios sustantivos dentro de la universidad, estoy obligado, como profesor y sin comprometer a más nadie, a decidir por quién voy a votar. Lo haré el próximo 9 de junio por quienes mejor me identifico y ellos son Humberto Rojas, Aura Marina Boadas, Nelson Chitty y Corina Aristimuño que ojalá rescaten el espíritu de calidad que animaba a Francisco de Venanzi y lleven a la UCV a estar alineada con los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo.

PhD, Profesor Titular

Tras un prolongado lapso se anuncian las elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela. Han sido años oscuros para la institución que ha navegado entre el afán de destrucción sistemática orquestado por el gobierno y la carencia de un liderazgo firme y consistente en su interior. Muchos docentes e investigadores se han ido a otros países en procura de condiciones más adecuadas para enseñar y generar nuevos conocimientos o simplemente para percibir una remuneración que satisfaga las necesidades de sus familias. La matricula estudiantil ha disminuido, las instalaciones han sido víctima del hampa y de la carencia de recursos para mantenerlas. El panorama es desolador y sin embargo, con una tenacidad encomiable, aún persisten cátedras, laboratorios y profesores que brillan entre las penumbras y acompañados por buenos estudiantes y dedicados empleados están todos animados por la esperanza de rescatar a la universidad.

En sus 300 años de historia varios gobiernos han intentado silenciar las voces disidentes que inevitablemente dimanan de las universidades porque en su esencia misma se encuentra la pluralidad y en la incesante procura de nuevas ideas y tecnologías, ocurren choques con el orden establecido, el autoritarismo y los dogmas. La humanidad está viviendo bajo una revolución tecnológica que en buena medida se ha incubado en las universidades y la aprovechan aquellas sociedades que han entendido y aceptado que el progreso económico y social de sus países depende en buena medida de la existencia de los centros de generan, adaptan y difunden nuevos conocimientos. Esta situación demanda gobiernos que entiendan el papel de la ciencia y al interior de las universidades, autoridades con credenciales académicas y liderazgo, capaces de orientarlas por las rutas que esta nueva revolución impone.

Varios profesores han anunciado su aspiración a dirigir la UCV. Tarea preñada de obstáculos en estos días aciagos y que sólo podrán tener éxito si están acompañados por un equipo coherente y un plan de acción viable. La UCV necesita cambiar y ajustarse a los nuevos tiempos, incrementar su autonomía financiera y abordar los retos del siglo XXI con nuevas formas de organización y modos de relación con la sociedad civil, en particular con los productores de bienes y servicios. Pero aún no vemos esos planes y propuestas e invitamos a los aspirantes a presentarlos a sus colegas.

Carlos Machado Allison

Profesor Titular

Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

La totalidad del sistema nacional de educación está en crisis. Mientras el mundo avanza impulsado por una avalancha de nuevos conocimientos, nuestras escuelas, maestros y alumnos viven uno de los peores momentos. Deterioro físico y salarios miserables apuntan hacia un futuro que lejos de ser incierto, es posible pronosticar que será lamentable. En la ignorancia y en la mala educación se ubica una proporción importante de las causas de la pobreza.

La libertad académica es el derecho a buscar, generar y transmitir conocimientos y a realizar actividades educativas de calidad en todos sus ámbitos: docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas. Esta es una de las columnas que sustentan a las sociedades modernas y estados exitosos. La autonomía y el autogobierno son requisitos para la libertad académica y garantía para que las instituciones de educación cumplan con su misión. De allí que los gobiernos deben promover y respaldar la calidad y diversidad de las instituciones académicas.

Las interferencias de los Estados en los currículos y programas académicos a través de, la imposición de lineamientos contrarios a las finalidades de la educación, impactan severamente la libertad académica. Más que imponer, los gobiernos deben mantener un diálogo abierto con los docentes, investigadores, autoridades y estudiantes, quienes, mejor que nadie saben cuales son las demandas educativas de la sociedad.

Los Estados están en la obligación de generar un ambiente favorable para la interacción de las instituciones de educación tanto con el sector público como con el privado, con la finalidad de mejorar el desempeño recíproco en aras del progreso del país. De allí la obligación de las autoridades para desarrollar marcos regulatorios flexibles y que no constituyan obstáculos para la creación de nuevas organizaciones y planes de estudio a tono con las tendencias internacionales y el estado del arte del conocimiento en todas sus dimensiones. Colocar barreras ideológicas o imponer normas excluyentes a nuevos programas, constituye una grave violación de las libertades constitucionales y académicas.

En los últimos años, tanto las instituciones gubernamentales que rigen la investigación y el desarrollo tecnológico, como las de educación superior en Venezuela, han establecido políticas y procedimientos que violan la libertad académica al tratar de imponer un modelo ideológico excluyente, así como la aplicación de restricciones presupuestarias y remuneraciones miserables que están erosionando gravemente a los sistemas nacionales de educación e investigación. Cientos, sino miles de docentes e investigadores calificados han tenido que abandonar el país o dedicarse a otras actividades para poder sobrevivir y lo que es más grave aún, es la deserción de miles de estudiantes de educación media y superior que generarán un vacío generacional con graves consecuencias para el país. También requiere apoyo e inversión, la educación orientada a satisfacer las necesidades de niños y adolescentes, en particular aquellos, que son la mayoría, que viven en la pobreza y sufren desnutrición.

Sin duda la epidemia de Covid-19, cuya magnitud no es del conocimiento público por la escasa información y dificultades de acceso a la misma, ha agravado el panorama actual. Entre otras cosas, haciendo muy difícil, por la carencia de equipo adecuado y las graves limitaciones de la red pública de transmisión de datos, el dictar cursos a distancia. Mejorar el servicio de Internet y dotar a docentes y alumnos de los equipos necesarios debe figurar entre las prioridades del gasto público nacional.

Como si lo anterior no fuera suficientemente grave, el gobierno ha impedido la realización de las elecciones internas en las universidades autónomas, generando un clima malsano y distrayendo la atención de los cambios estructurales necesarios, para colocarse a tono con la dinámica global del conocimiento y las crecientes demandas de la sociedad.

Han sido designadas por el CNU, es decir por el Ministerio de Educación Superior, las nuevas autoridades interinas de la Universidad Simón Bolívar y obviamente las mismas, nadie esperaba otra cosa, son fieles seguidores del actual gobierno. Nada nuevo bajo el sol, desde hace más tiempo del que puedo recordar, los partidos políticos siempre han hecho grandes esfuerzos por logar que rectores, directores y otras autoridades universitarias sean personas militantes o amigos de un partido u otro. Poco les ha importado si los mismos poseen las cualidades requeridas para ejercer el cargo y si bien es cierto que algunos tenían los méritos suficientes, no deja de ser comprobable que la militancia, el compadrazgo clientelar o la ideología han sido factores relevantes en las elecciones y designaciones. Lo mismo ocurre en todos y cada uno de los niveles educativos del país.

Las universidades no son las únicas instituciones contaminadas por esa tendencia. Lo mismo ocurre en muchos ámbitos como el judicial, las empresas del Estado, las fuerzas armadas, el aparato burocrático y hasta en el sector privado donde con frecuencia se designa a un dirigente gremial más por sus buenas relaciones con el gobierno que por su competencia empresarial. Es, en mi opinión, el reflejo de una sociedad atrasada, dependiente siempre de las decisiones del gobierno central, preñada de un autoritarismo que nos hace pensar que somos auténticos descendientes de Felipe II, sazonados por las ideas de Luis XV y, aquí y allá, un toque de Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Mao y Stalin. Tan contaminados que aún recuerdo a colegas universitarios cantando loas al gobierno de Corea del Norte, mientras otros recordaban con añoranza las dictaduras del pasado.

La Constitución actual, que adversé con el escaso poder de la pluma – porque carezco de cualquier otro – le otorga al gobierno todo el poder con más de 300 artículos edulcorados con frases que apuntan hacia el bienestar del pueblo. Un grupo de estudiosos de la materia, encabezados por Canova, han demostrado que entre más artículos y palabras posea una Constitución, más atrasado es el país, más poder tienen los gobiernos y más baja es su posición en las clasificaciones sobre democracia, libertad, nivel de vida, derechos fundamentales u oportunidades para crear nuevos negocios o generar riqueza. Cosas que, desde luego, requieren una población bien educada.

Hoy vivimos en un país arruinado, aislado del progreso internacional, carente de la renta petrolera que lavaba la apatía y la ignorancia, esta última derivada de un sistema educativo centralizado, políticamente penetrado, con maestros tan mal pagados que pueden ser calificados como indigentes. Buena parte del país observa con asombrosa apatía como el futuro de sus hijos es incierto desde el día en que nacen ya que se educarán bajo un clima donde las palabras excelencia, ética, responsabilidad o ciudadanía carecen de sentido, mientras se valoran el igualitarismo, la coima, el enchufe y la sumisión. Ante un drama de esta magnitud, no sorprende que en muchas universidades y otros centros educativos, los conflictos internos dominen sobre los problemas fundamentales.

Ahora, en plena pandemia, con tan sólo una fracción de la población vacunada, se decreta el retorno a las aulas como si todos los planteles, sus docentes, empleados, estudiantes y padres fueran iguales, en lugar de dejar esa decisión y su aplicación, en manos de cada alcaldía o comunidad educativa. Es que palabras como autonomía, descentralización, ciudadanía y libertad son vistas como amenazas a la estabilidad del gobierno, porque poseer una educación adecuada y pensar, marca la diferencia entre un rebaño y una sociedad humana moderna.

Una avalancha de agresiones a la esencia misma de las universidades ha sido orquestada por el gobierno. Estrangulamiento económico, intervención en la designación de autoridades, intromisión del ministerio en cada detalle de la vida académica, migración de profesores calificados y abandono de miles de estudiantes que han desertado por razones económicas y de otro tipo. Estudiantes que necesitaban servicios de transporte y comedor, o becas para darle continuidad a sus estudios, están hoy obligados a trabajar para generar recursos para que las familias puedan comer.

Esta destrucción sistemática de las universidades de mayor prestigio como la UCV, USB, UDO, UC, LUZ y ULA, para citar algunas, deja a Venezuela sin futuro. La más joven, la USB, ha visto reducir la matrícula estudiantil al 25% del máximo que se registró en el año 2008 y además ha perdido casi el 40% de sus profesores y empleados, entre ellos investigadores de prestigio internacional. En su relativa breve vida, fue un ejemplo de calidad y ha dejado, entre otros logros, más de 46.000 egresados para quienes la universidad abrió un nuevo horizonte.

Pero el progreso personal no es el único legado que los egresados reciben en su tránsito por buenas universidades, ya que gracias a ellos existen servicios públicos, empresas, profesionales que ejercen libremente su actividad. Gracias a los egresados se producen, transportan y se procesan alimentos y existen médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, abogados, odontólogos, historiadores, bioanalistas, computistas, contadores, filósofos, literatos, farmaceutas, agrónomos, veterinarios, biólogos, físicos, químicos, matemáticos, etc., que, al estar bien formados, constituyen la columna vertebral y el futuro del país. Son los generadores de riqueza, empleo y nuevas oportunidades. No será de centros mediocres de estudios donde importa más la ideología que el conocimiento, donde se colocarán los cimientos de la sociedad en un planeta donde la ciencia y la tecnología, siempre importantes, son ahora indispensables. ¿Educación a distancia? Sólo para algunos que tienen servicio confiable de Internet y una computadora. El mundo político se reúne a dialogar, lo que me parece muy bien, pero me pregunto si la educación y las universidades se encuentran en la agenda.

En dos décadas Venezuela ha retrocedido en casi todo lo medible: el PIB, la pobreza, la salud, la calidad y cantidad de servicios, los derechos fundamentales y ahora, lo peor que es la destrucción de la educación que nos condena al fracaso como país. Existe un grito desgarrador que llama al mundo económico y político, a la sociedad como un todo, a levantar la voz para defender a sus universidades y con ellas al futuro de nuestros hijos. Los invito a visitar el Blog Nueva Universalia.

En 1955, hace 66 años, tuve mi primer contacto con el mundo universitario. De hecho, un poco antes, ya que mis textos de zoología y botánica de bachillerato habían sido redactados por profesores universitarios, porque en el sistema mexicano, los dos últimos años de la educación secundaria dependían de la UNAM y no del ministerio. Así que el tránsito de un sistema a otro no fue traumático y sin duda emocionante tener como profesores a los autores de los libros. Al caer Pérez Jiménez regresamos a Venezuela y aunque no pude ingresar a la UCV por las diferencias en los planes de estudio, fui testigo de esas semanas de emoción donde se mezclaban los aires de libertad con la apertura de las universidades y el desarrollo de nuevas facultades, escuelas y carreras. Poco después, al graduarme me incorporé a la recién creada Facultad de Ciencias de la UCV y sin duda el Rector Francisco De Venanzi se sumó a mis héroes académicos.

Las décadas de 1960 y 1970 fueron de pasión y crecimiento, se fueron llenando las universidades de jóvenes entusiastas que soñaban, profesores y estudiantes, en un nuevo, democrático y próspero país. Pero no todo era positivo, ya que desde el primer día de libertad, los partidos políticos se plantearon controlar las universidades y tan pronto llegó el momento de elegir rectores, decanos o representantes estudiantiles, las garras del clientelismo comenzaron a desgarrar los valores académicos.

Como crecía la matrícula y era necesario contratar nuevos profesores, cada partido pujaba por colocar a “su gente” en posiciones académicas o administrativas. ¿Falta de madurez? ¿Bastardas ansias de poder? ¿La ideología por encima de los valores académicos? Quizás estas cosas y otras más como la conformación de liderazgos, muchos de ellos basados en un prestigio bien ganado, pero con frecuencia rodeados por quienes tenían menos méritos y estaban muy necesitados de protección.

Nada nuevo ni especial, ese “arrimarse” a un líder con talento, eso ocurre aquí y en otras latitudes, la diferencia estriba en que esa tendencia encuentra barreras institucionales infranqueables en las mejores universidades. Estas poseen mecanismos que separan la dedicación y el talento, que castigan el nepotismo y la segregación, donde además dominan códigos de ética que bloquean los compadrazgos y premian la calidad. Sin duda, donde están las mejores universidades, son países cuyos líderes políticos entienden que las universidades no deben ser parte de su calistenia electoral y además, que el sistema educativo no puede ser un feudo de tal o cual ideología. Cuando esa perversidad ocurre la historia nos cuenta como ha sido el triste destino de esos países y de sus malvados líderes.

Así nuestras universidades crecieron, la proporción de docentes con títulos doctorales obtenidos gracias a una saludable política de becas determinó la conformación de un sistema de investigación y desarrollo tecnológico, así como un espacio y clima que permitió la formación de excelentes profesionales, a pesar de que la institución universitaria cargaba plomo en las alas. Así, a lo largo de varias décadas tuvimos buenos y malos rectores, decanos, estudiantes, administrativos y obreros. Nos fuimos pareciendo al resto del país, aunque con frecuencia la libertad de las universidades se enfrentó al status del momento y no faltaron los conflictos, así como algunas intervenciones.

El modelo de la ilusión, bastante romántico, de 1958, se fue erosionando y la maldad, no encuentro mejor término, fue ganando espacios y en la misma medida se fueron castrando iniciativas y deseables reformas. Un día el populismo ganó suficientes aliados como para decretar la homologación de sueldos de los profesores a pesar de que existían diferencias que en otros sitios se resolvían mediante contratos individuales. Dos décadas atrás descubrimos que en el seno de las universidades, la libertad académica y la falta de evaluaciones adecuadas, había tenido un componente teratológico. Así, de su propio seno, surgieron sombras malvadas que pasaron a ocupar cargos importantes en los ministerios y desde allí, por diseño, como explícita política de Estado, y no por incompetencia, decidieron destruir a su Alma Mater. Algunos se arrepintieron, otros persisten en sus prédicas y ansias de poder, la mayoría guardó un silencio conformista.

Hoy pretenden abrir la última página del diseño, allí está plasmada una nueva Ley y un contrato colectivo donde en cada línea se observa la intención de liquidar a las casas que vencen las sombras. ¿Parece estúpido, no es cierto? Pero es que el autoritarismo no tolera la disidencia ni la libertad y menos que voces sustentadas en el conocimiento y no en las ideologías, les digan que sus planes económicos han sido un desastre, que han arruinado al país, que los servicios no sirven, que el sistema de salud colapsó y que nuestros jóvenes tienen hambre y serán víctimas de la ignorancia. Manipular al pobre y al ignorante es más fácil.

Circula un modelo de contratación colectiva (IV-CCU) destinada a liquidar a las universidades. No fue suficiente ahogarlas económicamente, ni propiciar la fuga de talento o por parsimonia en la vacunación acabar con la vida universitaria y reducir la matrícula. Ahora el odio hacia el talento, la investigación y la formación de recursos humanos propicia un nuevo instrumento que, entre otros dislates, pretende (Cláusula 51) que el 75% de los trabajadores universitarios, profesores, empleados y obreros, sean designados por el sindicato oficialista, el único que participa, es decir por un partido político.

Con dolor y desazón, esto me ha hecho pensar en aquellos años cuando el poder nazi penetró y controló a las universidades alemanas, persiguiendo a los profesores, liberales, judíos, marxistas o aquellos simplemente en desacuerdo con las ideas de Hitler. No más concursos de oposición, ni estudios de postgrado o cualquier cosa que tenga aroma a meritocracia y libertad de opinión, que es la esencia de la universidad. Fuera la libertad de cátedra, ahora 7 de cada 10 profesores e investigadores serán seleccionados por un sindicato en una brutal expresión del populismo y del clientelismo político. Tanto es así, que se pretende crear un “Consejo de Participación Protagónica de los Trabajadores y Trabajadoras en el modelo de gestión socialista universitaria”.

Pero eso no es todo, el documento también pretende la creación, en el seno de una institución que debe ser laica y civil, de una fuerza militar supuestamente dirigida a defender a la patria. Imaginen apreciados lectores, a estudiantes y profesores con un uniforme similar al de los milicianos, alineados y luego entrando a las aulas a paso redoblado y probablemente cantando un himno evocador de la revolución bolivariana ya que la cláusula 10 establece, aunque parezca increíble cosas como “la creación y consolidación de cuerpos de combatientes…asimilados como ejército universitario con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”…”y la infraestructura física y tecnológica serán puestas a la disposición del Consejo Nacional Universitario de Defensa de la Patria a ser creado como órgano de control...”

No creo que este desafuero pudiera haber pasado por la mente de Bolívar y de José María Vargas cuando redactaron los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela y mucho menos en la de los redactores de la Ley de Universidades de 1958.

Un contrato colectivo no sólo violador del artículo 109 de la Constitución, sino también de los valores y los derechos fundamentales que además pretende lanzar a la basura 300 años de tradición. Me resulta muy difícil creer que esta bizarra idea sea compartida por los profesores universitarios que abrazaron la ideología del proyecto bolivariano y ocuparon cargos ministeriales. Confío que no desearán ser juzgados por la historia.

Si esta contratación colectiva se ejecuta, ningún título universitario venezolano tendrá valor ante el mundo occidental, nuestras casas de estudio serán clasificadas entre las peores del mundo, ningún profesor podrá portar con orgullo el haber ingresado por méritos y gracias a ellos, a forjar nuevos profesionales o aumentar el acervo de conocimientos del país.

Egresados, profesores, empleados y obreros universitarios deben elevar su voz de protesta y rechazo a esta contratación colectiva.

Una estafa es un delito que consiste en obtener una ganancia mediante el engaño. Es decir, generar riqueza haciendo abuso de la confianza de alguien o mintiendo. Moisés Naim escribió un artículo cuyo llamativo título es ¿Cuál es mayor estafa del mundo? La educación (https//www.eluniversal.commx/opinión/moises-naim/cual-es-la-mayor-estafa-del-mundo-la-educacion).

En el mismo describe la asimetría que existe en los resultados educativos entre los países ricos y los pobres. En estos últimos ha aumentado la escolaridad, pero los resultados son deficientes y las causas, admitimos con Naim, son complejas y posiblemente distintas, de acuerdo a cada país. Aquellos que hemos estado vinculados por muchos años en la educación universitaria, conocemos las carencias con las que ingresan a la universidad los más pobres, que es una fracción pequeña, porque la mayoría no llega a la educación superior Así, cuando grupos de opinión como Nueva Universalia trata de contribuir a mejorar las universidades, están conscientes que el tema de la educación es mucho más complejo que el correspondiente a la cúspide del mismo.

De lo que no estoy muy seguro, en lo que corresponde a la educación en el sector público, es que la estafa sea el único delito que se comete o el que explique que un niño vaya a la escuela a aprender y salga de ella sin los conocimientos ofrecidos. Es posible que en el fracaso educativo nacional existan otros delitos, entre ellos prevaricación, cohecho y malversación.

Cuando un funcionario aprueba y ubica en el cargo de maestro o director de una escuela a una persona a sabiendas que es incompetente, es sin duda prevaricador y si además recibe algún favor, monetario, partidista o sexual, está practicando el cohecho. ¿Cuál es el delito que comete un gobernante cuando aprueba un presupuesto insuficiente para pagar salarios que garanticen la existencia de maestros competentes o la construcción de instalaciones educativas adecuadas? Sin ser abogado ni docto en materia legal, pareciera que comienza por una oferta engañosa, la tiñe con prevaricación, tolera el cohecho y obliga a la malversación.

Con respecto a éste último delito, que en nuestra legislación consiste en utilizar recursos aprobados para un concepto en otro diferente, recuerdo un dilema interesante: un funcionario que quería desarrollar la biblioteca hizo una solicitud de crédito adicional. La misma tenía dos componentes, los libros y los estantes. En su ignorancia o en un acto de prevaricación, los congresistas aprueban los estantes y no los recursos para los libros. El funcionario decide adquirir los libros con los recursos asignados a los estantes y comete el delito de malversación, pero nadie lo acusa por no querer pasar por idiota. Pero otro funcionario, obediente, compra los estantes que eventualmente se convertirán en refugio para arañas o cucarachas, porque tampoco se contemplaron en el presupuesto artículos de limpieza.

Tampoco es extraño que se apruebe un plan de alimentación escolar, pero que en la escuela no exista cocina, cocinera, gas, platos, cubiertos o agua corriente para que los niños se laven las manos o se limpien los artículos empleados en la alimentación, si es que estos existen.

También me pregunto: ¿Cuál es la designación formal para el delito de construir escuelas lamentables en diseño, ubicación, estructura y servicios, cuando la población objetivo es muy pobre? Recuerdo un párrafo en una reflexión sobre el genocidio que reza así: “La no-evitabilidad de lo que pasa es debido a la no-voluntad y la no disponibilidad a cambiar comportamientos sociales y económicos que apuntan a mantener los privilegios y los intereses de unas minorías que se atribuyen el poder no juzgable de decidir cuáles son las vidas que tienen el derecho a ser vividas y defendidas indefinidamente, declarando así explícitamente que existen grupos humanos inferiores, no-humanos, no sujetos al derecho fundamental a la vida y a la dignidad.”*

En el mejor de los casos se trata de gobiernos pauperofóbicos, odian a los pobres ya que los hacen preservar su condición.

Una vez visité un pueblo que tenía por escuela un horrendo galpón con techo de zinc cuya temperatura interior, que medí con un buen termómetro, era de 48,5 centígrados a las 11 de la mañana. El local era tan malo que hacía imposible generar en los niños la percepción de un horizonte distinto y mejor, ya que jugar a la sombra de algún árbol frondoso, parecía y era más saludable.

Pero además, en el caserío no vivía ningún maestro y el abnegado titular del cargo recorría en motocicleta 35 kilómetros para acudir a su trabajo. Obviamente no iba todos los días, los martes atendía un negocio familiar para redondear su miserable salario y a veces faltaba una semana ya que su ingreso no le permitía adquirir un neumático o reparar alguna pieza de su vehículo y cuando eso ocurría, debía esperar que alguna madre hiciera una colecta entre las restantes, todas muy pobres, para adquirir el repuesto requerido.

Cuando un gobierno destina el 4 o 5% de su presupuesto a la educación a sabiendas que una proporción elevada no se traducirá en conocimientos básicos ¿comete una estafa o desencadena una cadena compleja de otros delitos? En mi opinión, muchos más ya que, entre otras cosas, está condenando a la miseria de por vida a niños que nada aprenden y estimulando un componente de la violencia y el crimen, que es el desempleo crónico.

Este párrafo es un ejercicio ilustrativo de ficción. En el mundo se destinan 1.450.000.000.000 de US$ (2,2% del PIB) al mantenimiento de ejércitos (Wikipedia, 2021 y Banco Mundial), mientras invierte el 4,5% del PIB en educación (Banco Mundial, 2021). Con el 10% del gasto militar 145.000.000.000 se podría generar una revolución educativa mundial al destinar 1.450 US$ por niño y año para atender a 1.000.000.000 de niños, eso sí, siempre que la inversión tenga objetivos nítidos y ejecución responsable y honesta.

Para dar una idea de la inversión por niño señalaremos que oscila entre 280 y más de 6.000 US$ de acuerdo con el país. En Venezuela el ingreso de un maestro, salario + bonos, no llega a US$10 mensuales, en Finlandia supera los 5.000. Pero, no es gratis, hay que ser muy competente para ingresar al sistema y someterse cada tres años a una rigurosa evaluación.

Existen delitos subyacentes en la relación de muchos gobiernos con gremios, promociones y en la prevaricación de contratar maestros con sueldos miserables con la certeza que, por mal preparados o por tratar de sobrevivir con empleos complementarios, no se ocuparán, como es su obligación, de dar buena educación a sus alumnos.

Pero al final, coincido con Naim cuando usa la palabra estafa, ya que cuando los ciudadanos pagan un impuesto, el gobierno los engaña señalando que esa porción de su riqueza será empleada en la formación de personas competentes y no desviada hacia destinos inconfesables. Ahora la pandemia profundiza las diferencias ya que la educación a distancia tiene un costo que no todos pueden pagar o la misma es imposible por carencias o fallas recurrentes de servicios como electricidad o Internet.

*Tognoni, G., 2021: ¿Las muertes y enfermedades como expresión moderna del genocidio? (https://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%BFlas-muertes-y-enfermedades-como-expresi%C3%B3n-moderna-del-genocidio)

Las universidades se encuentran entre las instituciones más antiguas del mundo occidental. Bolonia (1088) y Oxford (1096) ya son milenarias. Le siguen en orden Cambridge (1209), Salamanca (1218) y Padua (1222). En nuestro continente, con algunas polémicas por los sellos y cédulas reales, las más antiguas son la de Santo Tomás (1538) en la actual República Dominicana, San Marcos en Lima (1551) y la Real y Pontificia de México (1551). La nuestra es creada en 1721 y su nombre cambió más de una vez, hasta su denominación actual: Universidad Central de Venezuela (UCV). Está cumpliendo 300 años.

Hoy, la UCV, muestra profundas heridas tanto en su infraestructura como en todos los cimientos de la institución. Semi desierta, estrangulada económicamente y víctima de hampones ha perdido parte su médula que son los profesores y sus estudiantes. No están mejor las restantes universidades autónomas y experimentales que sin duda florecieron a partir de 1958. En estas últimas semanas han circulado varios documentos que tienen en común la denuncia de todas las desgracias impuestas por el actual gobierno y algunos están también motivadas por la posibilidad de elegir nuevas autoridades. En efecto, una de las facetas malévolas de la intervención gubernamental ha sido el tema de las elecciones, no sólo las universitarias, sino también de gremios y otras organizaciones de la sociedad civil que, en la trasnochada visión de algunos jerarcas, deberían todos estar al servicio, no del país, sino del partido de gobierno. En todo esto coinciden los documentos, pero algunos obvian la columna principal de la institución y esa no es otra que la esencia de la vida académica.

Una universidad no es una república, ni aspira a ser democrática. Es, en por su naturaleza y misión, meritocrática y su conducción debe, sin duda alguna, estar en manos de un liderazgo ilustrado y respetado por sus conocimientos, formación y trayectoria. No es la única institución que debe ser impermeable al populismo, existen otras. Por ejemplo, nadie espera que en un ejército los soldados elijan a su general o que el Papa sea designado por el voto universal de los feligreses. De allí que, por centenares de años y hasta milenios como en algunas, existen ciertas reglas y procederes para designar rectores, otras autoridades, decanos y directores. Reglas que trascienden las elecciones porque están basada en sus valores fundamentales.

No se obtiene una licenciatura, maestría o doctorado por ser más popular o pertenecer a un partido político. Tampoco el ascenso de los profesores, desde la primera categoría llamada Instructor hasta la máxima, designada como Titular debe estar corrompida por la política partidista, el compadrazgo o la ideología. La universidad no es sólo un sitio para aprender una profesión, debe ser generadora de nuevos conocimientos, innovaciones y sin duda, traductora y difusora del acontecer científico, literario, artístico o tecnológico global que debe estar disponible para la sociedad. Así, muchos profesores no deseamos que persista el actual estado de las cosas, pero tampoco deseamos simplemente retornar al anterior.

Queremos una universidad mejor estructurada, ajustada a los cambios vertiginosos de la actualidad, apoyada financieramente por sus egresados y los agentes económicos en capacidad de hacerlo. No basta con los recursos del Estado y sus vaivenes, ni es aceptable que la contraprestación del apoyo económico sea la genuflexión porque la gestión del conocimiento es demasiado importante para un país, para que sea regida por una ideología. Autonomía es un sinónimo de libertad para estudiar, pensar, investigar y enseñar con calidad. Por todo esto no basta una elección mediatizada de nuevas autoridades para que todo quede igual. Hace falta, es un clamor, que quienes aspiren a su conducción tengan, no sólo las credenciales, sino también un proyecto para elevar su calidad y asegurar su continuidad.

Cuando Venezuela se asomaba al mundo moderno, en la década de 1940, surgieron ideas y organizaciones más marcadas por la ideología, que por el sentido común. Una de las más populares fue aquella del “Estado Docente”, es decir el control de la educación por el gobierno de turno. Otra, que venía del siglo XIX y se le atribuye a Guzmán Blanco, era la gratuidad de la enseñanza. Con el tiempo y la nefasta experiencia de las dictaduras, que han marcado algo así como el 80% de nuestra historia, pensamos que con nuevas leyes, incluyendo la autonomía universitaria, se podían alcanzar metas adecuadas en materia educativa. Pero, sin negar que aumentó notablemente el número de escuelas, liceos y universidades, nuestra sociedad fracasó, a la par de sus gobiernos, en crear un sistema sólido, de calidad y competitivo. Sacrificamos calidad por cantidad.

Es que resulta muy difícil crear un paraíso dentro del infierno y al arrastrar serias carencias, y crear nuevas, resultaba muy difícil generar ideas claras sobre la educación y su indispensable vínculo con la economía. Algunas son notables como las “escuelitas rurales” que, con raras excepciones, eran construcciones baratas y primitivas, bloques perforados para ventilación, techos de zinc, mobiliario elemental y adentro un maestro mal pagado tratando de transmitir conocimientos en el seno de un clima caluroso y húmedo, plagado de mosquitos y con su voz atenuada por el ruido de la lluvia sobre el techo de zinc. En muchas ciudades también se improvisaron centros educativos en casas antiguas o nuevas, pobremente diseñadas y a veces mal construidas. No podían esas construcciones dotar al estudiante de un horizonte de vida mejor que el de su propia y humilde vivienda.

No fue muy distinto el criterio utilizado para dispensarios o sedes de organizaciones gubernamentales que hasta hoy persisten. Mientras tanto en los países que hoy llamamos desarrollados y que no lo eran tanto hace 50 o 100 años, se construían escuelas con otros criterios arquitectónicos y se formaban docentes para ser líderes de la sociedad. Puedo recordar escuelas, primarias y secundarias rurales en esos países con estructuras de ladrillo y vidrio, biblioteca, piscina, aire acondicionado, buena iluminación, campo deportivo, buenos muebles, baños limpios y laboratorios. Competían los gobiernos locales, nacionales y el sector privado, con menos leyes y más libertad, por ofrecer educación de calidad. Aquí, sin duda crecimos, aumentó el número de estudiantes y docentes, pero no progresamos lo suficiente por carecer de visión y ambición. Pobres escuelas para los pobres y, debemos admitir, destellos, como algunos liceos bien construidos y dotados como el Andrés Bello y el Fermín Toro en Caracas para citar algunos.

A la educación universitaria le fue mejor. Fue factible, a partir de la década de 1950, hacer cosas como la Ciudad Universitaria para albergar a la UCV y se dotaron bien las instalaciones de la ULA, UDO, UC, USB y otras. La nueva Ley de Universidades de 1958 le dio un buen impulso a nuestras principales casas de estudio y a la par se desarrollaron universidades privadas. Pero ideologías trasnochadas, política, compadrazgo, gremialismo mal concebido, aislamiento del sector privado y el control gubernamental a través del presupuesto, fueron erosionando un sistema que creció en cantidad y calidad hasta 1978. Hoy el sistema está deteriorado al extremo, buena parte de la infraestructura está destruida, han migrado miles de docentes e investigadores porque el populismo y la corrupción, que en todas partes existe, pero no domina, se impuso sobre la calidad.

Esas cosas las conversamos en un grupo de opinión denominado Nueva Universalia, profesores universitarios preocupados por el futuro, pero obligados a atisbar al pasado. Existen frases crueles para describir lo ocurrido, una, común en lo cotidiano, reza así: “es que tiene un rancho en la cabeza”. Pero ¿por qué elegimos gente que tiene un rancho en la cabeza para gobernarnos? Quizás los años de bonanza se nos fueron en vivir mejor que las generaciones precedentes que nacieron en una Venezuela pobre que venía de ser una colonia muy pobre, en lugar de hacer un esfuerzo por inscribirnos en el pujante siglo XX. Ojalá que de esta crisis, la peor que hemos tenido desde la Guerra Federal, nos hayan quedado lecciones para el futuro, que necesitamos más baños en las escuelas, maestros y profesores bien pagados, capacitados y estrictamente supervisados -en lo que al conocimiento concierne- y menos citas de textos o cuadros de algún prócer matizando las paredes.