Circula un modelo de contratación colectiva (IV-CCU) destinada a liquidar a las universidades. No fue suficiente ahogarlas económicamente, ni propiciar la fuga de talento o por parsimonia en la vacunación acabar con la vida universitaria y reducir la matrícula. Ahora el odio hacia el talento, la investigación y la formación de recursos humanos propicia un nuevo instrumento que, entre otros dislates, pretende (Cláusula 51) que el 75% de los trabajadores universitarios, profesores, empleados y obreros, sean designados por el sindicato oficialista, el único que participa, es decir por un partido político.
Con dolor y desazón, esto me ha hecho pensar en aquellos años cuando el poder nazi penetró y controló a las universidades alemanas, persiguiendo a los profesores, liberales, judíos, marxistas o aquellos simplemente en desacuerdo con las ideas de Hitler. No más concursos de oposición, ni estudios de postgrado o cualquier cosa que tenga aroma a meritocracia y libertad de opinión, que es la esencia de la universidad. Fuera la libertad de cátedra, ahora 7 de cada 10 profesores e investigadores serán seleccionados por un sindicato en una brutal expresión del populismo y del clientelismo político. Tanto es así, que se pretende crear un “Consejo de Participación Protagónica de los Trabajadores y Trabajadoras en el modelo de gestión socialista universitaria”.
Pero eso no es todo, el documento también pretende la creación, en el seno de una institución que debe ser laica y civil, de una fuerza militar supuestamente dirigida a defender a la patria. Imaginen apreciados lectores, a estudiantes y profesores con un uniforme similar al de los milicianos, alineados y luego entrando a las aulas a paso redoblado y probablemente cantando un himno evocador de la revolución bolivariana ya que la cláusula 10 establece, aunque parezca increíble cosas como “la creación y consolidación de cuerpos de combatientes…asimilados como ejército universitario con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”…”y la infraestructura física y tecnológica serán puestas a la disposición del Consejo Nacional Universitario de Defensa de la Patria a ser creado como órgano de control...”
No creo que este desafuero pudiera haber pasado por la mente de Bolívar y de José María Vargas cuando redactaron los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela y mucho menos en la de los redactores de la Ley de Universidades de 1958.
Un contrato colectivo no sólo violador del artículo 109 de la Constitución, sino también de los valores y los derechos fundamentales que además pretende lanzar a la basura 300 años de tradición. Me resulta muy difícil creer que esta bizarra idea sea compartida por los profesores universitarios que abrazaron la ideología del proyecto bolivariano y ocuparon cargos ministeriales. Confío que no desearán ser juzgados por la historia.
Si esta contratación colectiva se ejecuta, ningún título universitario venezolano tendrá valor ante el mundo occidental, nuestras casas de estudio serán clasificadas entre las peores del mundo, ningún profesor podrá portar con orgullo el haber ingresado por méritos y gracias a ellos, a forjar nuevos profesionales o aumentar el acervo de conocimientos del país.
Egresados, profesores, empleados y obreros universitarios deben elevar su voz de protesta y rechazo a esta contratación colectiva.