Han sido designadas por el CNU, es decir por el Ministerio de Educación Superior, las nuevas autoridades interinas de la Universidad Simón Bolívar y obviamente las mismas, nadie esperaba otra cosa, son fieles seguidores del actual gobierno. Nada nuevo bajo el sol, desde hace más tiempo del que puedo recordar, los partidos políticos siempre han hecho grandes esfuerzos por logar que rectores, directores y otras autoridades universitarias sean personas militantes o amigos de un partido u otro. Poco les ha importado si los mismos poseen las cualidades requeridas para ejercer el cargo y si bien es cierto que algunos tenían los méritos suficientes, no deja de ser comprobable que la militancia, el compadrazgo clientelar o la ideología han sido factores relevantes en las elecciones y designaciones. Lo mismo ocurre en todos y cada uno de los niveles educativos del país.
Las universidades no son las únicas instituciones contaminadas por esa tendencia. Lo mismo ocurre en muchos ámbitos como el judicial, las empresas del Estado, las fuerzas armadas, el aparato burocrático y hasta en el sector privado donde con frecuencia se designa a un dirigente gremial más por sus buenas relaciones con el gobierno que por su competencia empresarial. Es, en mi opinión, el reflejo de una sociedad atrasada, dependiente siempre de las decisiones del gobierno central, preñada de un autoritarismo que nos hace pensar que somos auténticos descendientes de Felipe II, sazonados por las ideas de Luis XV y, aquí y allá, un toque de Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Mao y Stalin. Tan contaminados que aún recuerdo a colegas universitarios cantando loas al gobierno de Corea del Norte, mientras otros recordaban con añoranza las dictaduras del pasado.
La Constitución actual, que adversé con el escaso poder de la pluma – porque carezco de cualquier otro – le otorga al gobierno todo el poder con más de 300 artículos edulcorados con frases que apuntan hacia el bienestar del pueblo. Un grupo de estudiosos de la materia, encabezados por Canova, han demostrado que entre más artículos y palabras posea una Constitución, más atrasado es el país, más poder tienen los gobiernos y más baja es su posición en las clasificaciones sobre democracia, libertad, nivel de vida, derechos fundamentales u oportunidades para crear nuevos negocios o generar riqueza. Cosas que, desde luego, requieren una población bien educada.
Hoy vivimos en un país arruinado, aislado del progreso internacional, carente de la renta petrolera que lavaba la apatía y la ignorancia, esta última derivada de un sistema educativo centralizado, políticamente penetrado, con maestros tan mal pagados que pueden ser calificados como indigentes. Buena parte del país observa con asombrosa apatía como el futuro de sus hijos es incierto desde el día en que nacen ya que se educarán bajo un clima donde las palabras excelencia, ética, responsabilidad o ciudadanía carecen de sentido, mientras se valoran el igualitarismo, la coima, el enchufe y la sumisión. Ante un drama de esta magnitud, no sorprende que en muchas universidades y otros centros educativos, los conflictos internos dominen sobre los problemas fundamentales.
Ahora, en plena pandemia, con tan sólo una fracción de la población vacunada, se decreta el retorno a las aulas como si todos los planteles, sus docentes, empleados, estudiantes y padres fueran iguales, en lugar de dejar esa decisión y su aplicación, en manos de cada alcaldía o comunidad educativa. Es que palabras como autonomía, descentralización, ciudadanía y libertad son vistas como amenazas a la estabilidad del gobierno, porque poseer una educación adecuada y pensar, marca la diferencia entre un rebaño y una sociedad humana moderna.