“Existe “vacío de poder” cuando “el poder está vacío,” es decir, cuando nadie lo está ejerciendo. Por tanto, no puede haber “vacío de poder” cuando alguien está ejerciendo el poder, así sea ilegítimamente. En este caso, lo que habría es usurpación de autoridad”.
Ante esa definición de “vacío de poder” del Dr. Allan Brewer-Carías, reconocido constitucionalista venezolano, difícilmente podría esgrimirse que en Venezuela exista un vacío de poder sino una usurpación del poder. Esto de ninguna forma significa que de igual manera no tengamos que llenar la “vacante” del poder usurpado con una autoridad legítima. Eso es lo que todavía sigue pendiente en Venezuela.
De allí que no me extrañe notablemente que los políticos hayan abandonado la famosa ruta del “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro, indicando que eso fue un “error”. Razón por la cual nace con renovado interés y entusiasmo la negociación de la oposición con el régimen, camino que por cierto ninguno de ellos abandonaron nunca, haciéndole creer a los venezolanos que había un verdadero interés en salir de Maduro y sus delincuentes y “dándose cuenta” ahora que la cosa no sería tan fácil como se había pensado.
Pero como se dice en el interior del país, “se cayeron de un coco”. Los venezolanos reafirmamos el cese de la usurpación de Nicolás Maduro Moros y lo transformamos en un mandato constitucional a través de una Consulta Popular vinculante, establecida como uno de los medios de participación política del pueblo venezolano en nuestro texto fundamental.
Esto es, ya no es una opción de los políticos decidir si negocian o no con Maduro en el poder. Ya no tienen esa opción. Y voy más allá: quienes están intentando negociar por nosotros dejaron de tener la representación interna legitima para poder hacerlo a partir del 5 de enero de 2021. Y si es del caso que se presente alguna negociación en el futuro por quien tenga la legitimidad para poder hacerlo por los venezolanos, la primera exigencia tiene obligatoriamente que ser que Maduro se separe del poder para pensar sentarse en una mesa.
Esto tal vez no lo entiende muy bien la Comunidad Internacional y por eso hay que explicárselos muy bien. Pero eso tampoco es del interés, por razones obvias, de quienes se atribuyeron la supuesta capacidad para negociar por los venezolanos fuera del país sin tener el respaldo popular. Ese respaldo vence cada 5 años de acuerdo a nuestra Constitución vigente. Y el de la Asamblea Nacional legítima venció, como ya indiqué, el 5 de enero de 2021. No es cuestión de decidir que parte de la Constitución aplicamos y cual parte no porque nos interesa. Y al no existir otra Asamblea Nacional legítimamente electa -porque los venezolanos rechazamos contundentemente la elección parlamentaria del régimen del 6 de diciembre de 2020 en una Consulta Popular- mal podría nadie asumir una representación de los venezolanos para absolutamente nada fuera de Venezuela, así la Comunidad Internacional reconozca un fuero que ya no existe dentro del país.
¿Adónde nos deja todo esto? Como bien dijo el Dr. Brewer-Carias, no existe “vacío de poder” cuando alguien lo está ejerciendo aunque sea ilegítimamente. Fundamentándonos en lo anterior, Juan Guaidó es tan ilegitimo y usurpador como Nicolás Maduro Moros. Pero nadie en el reino de Venezuela se atreve a decir que el rey está desnudo, en especial aquellos que deben y tienen la obligación moral con los venezolanos de pronunciarse para indicar jurídicamente la situación legal del Presidente Encargado, como Presidente y como Diputado, así como el resto de sus colegas parlamentarios. Las razones pueden ser muchas, desde no querer meterse en esas profundidades del desastre venezolano, hasta simplemente un encubrimiento inexplicable pero a la vez insostenible. No en vano dicen que en Venezuela existe una sociedad de cómplices. Esta sería una dura demostración de eso.
El 1ro de junio de 2018, fecha donde todavía ni siquiera se vislumbraba la existencia de un oscuro diputado llamado Juan Guaidó, un grupo de venezolanos donde me honró participar, asistidos por los distinguidos juristas venezolanos, la Dra. Blanca Rosa Mármol de León y el Dr. José Vicente Haro, introdujimos un Recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, con el objeto de ejercer una “Acción Innominada con el objeto de solicitar a ese Tribunal Supremo de Justicia, realizara las actuaciones que fueren necesarias para crear las condiciones requeridas, con base en los Principios Fundamentales de la Constitución, para la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional que tenga por objeto el restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela”.
En ese Recurso esgrimimos las razones constitucionales e institucionales para que ese legítimo Tribunal Supremo de Justicia cubriera el “vacío de poder” existente en la Venezuela de ese entonces, producto de la vacante usurpada ilegalmente por Nicolás Maduro Moros, solicitando que ese Alto Tribunal designara un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional para garantizar una transición “aplicando los principios, valores y pilares fundamentales de la Constitución venezolana como garante de la supremacía y efectividad tales principios, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 1, 2 3, 5, 6, 7 y 335 de la Constitución”; y que nombre un Gabinete que realmente tome las decisiones que el interinato nunca tomó en más de dos años de ejercicio, acordes con la situación de usurpación de Nicolás Maduro Moros, como por ejemplo la designación de un Alto Mando Militar legitimo a quien puedan responder los oficiales activos todavía leales a la democracia.
En ese sentido solicitamos al TSJL realizara “todo tipo de consulta a la sociedad civil, factores políticos, académicos, gremiales, empresariales, sindicales, eclesiásticos, institucionales y aquellas consultas públicas que fueren procedentes y/o necesarias de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución, para garantizar la integración más legítima, idónea, plural e independiente de venezolanos comprometidos con rescatar la democracia en Venezuela y restablecer el orden constitucional, todo lo cual debe ser salvaguardado por ese Tribunal Supremo de Justicia legítimo, como garante de la supremacía constitucional y de los valores, principios y normas de la Carta Fundamental venezolana” (Pág. 10 del Recurso).
¿Por qué creen ustedes que los políticos “opositores” que todos conocemos, y que ahora tratan de negociar por nosotros, se movieron como unos tigres para que ese “vacío de poder” fuera constitucionalmente cubierto en la siguiente y última legislatura del año 2019? Precisamente para evitar que todos los recursos legales –porque no solamente el nuestro estaba en curso- y en particular ese “vacío de poder” que había sido llenado por un usurpador, fueran decididos en el más alto Tribunal de la República legítimamente sin la intervención de ellos, perdiendo el control de la situación política en Venezuela. Cerraron el vacío con la designación de Juan Guaidó en enero de 2019 como Presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente como Presidente Encargado el 23 de enero de ese año.
A pesar de toda esa maniobra quienes estábamos esperando un fallo del TSJ legitimo en relación con ese “vacío de poder” nos quedamos satisfechos, esperando que esa designación abriera los caminos para el desalojo del usurpador. Pero eso no ocurrió y ahora estamos peor que a finales de 2018 en todos los sentidos. Se quedaron con la batea pero no lavaron la ropa, como decimos en Venezuela. Y todavía muchos aquí se atreven a decir que no son un obstáculo para salir de esta desgracia.
Ahora con dos usurpadores que no tienen el respaldo de una elección legítima de los venezolanos, se justifica doblemente lo que solicitamos el 1ro de junio de 2018 al Alto Tribunal de la República en el exilio para que un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional, no solo decida una transición estable en el país sino que convoque a un proceso Constituyente, y posteriormente a elecciones libres, justas y verificables, como se hizo en Venezuela en 1946. Tenemos tradición republicana de sobra para encausar al país y más aun venezolanos dispuestos a realizarlo. Esta es otra manera de enfocar el problema y que termina en lo mismo que siempre hemos sostenido: ¡Que el pueblo venezolano decida!
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