El acuerdo entre Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro, que consistió en flexibilización de sanciones a cambio de mejores condiciones en las próximas elecciones presidenciales, fracasó: hoy la elección está lejos de ser creíble e inclusiva y las sanciones retornan, pero con matices.

Si bien esto supone un problema extra no representa un golpe de grandes dimensiones que cambie por completo el entorno: consultoras coinciden en que habrá una reducción de ingresos pero la economía crecerá este año y la inflación seguirá desacelerándose.

No obstante, sin una elección que sea el punto de partida de un gobierno reconocido, capaz de obtener financiamiento de los multilaterales, renegociar la deuda externa, captar inversión masiva para relanzar al sector petrolero y reconstruir las instituciones, entre otras tareas, la economía luce incapaz de una recuperación sostenida y robusta.

Washington anunció que no renovará la licencia 44 emitida hace seis meses, el instrumento que le permitió al gobierno de Maduro vender petróleo sin recurrir a intermediarios que exigen un descuento para colocarlo en Asia.

Las compañías afectadas por la cancelación de esta licencia tendrán hasta el 31 de mayo para apagar las operaciones en curso, un lapso con el que la administración Biden espera no generar “efectos indeseados”.

El fin de la medida no afectará a las licencias particulares que Washington otorga, caso por caso, a empresas que solicitan efectuar transacciones con el petróleo de Venezuela. Los permisos individuales podrán seguirse solicitando.

Desde que se flexibilizaron las sanciones el primer comprador de petróleo venezolano ha sido India a través de la empresa Reliance y, en segundo orden de magnitud, mediante Indian Oil Corporation y HPCL-Mittal Energy.

De acuerdo con datos de Kpler en enero de este año India compró a Venezuela un promedio de 255 mil barriles diarios, una cantidad que equivale a la mitad de las exportaciones de petróleo.

La consultora Síntesis Financiera calcula que por la no renovación de la licencia 44 este año dejarían de ingresar a las arcas del gobierno unos 2 mil 800 millones de dólares y Ecoanalítica estima tres mil millones de dólares.

No obstante, si Estados Unidos emite una nueva licencia para no entorpecer las exportaciones a India y a otros compradores importantes el impacto sobre los ingresos sería menor.

Un aspecto a considerar es que el fin de la flexibilización de las sanciones afectará las importaciones de diluyentes desde Estados Unidos, un componente esencial para procesar el petróleo pesado de la Faja del Orinoco.

Daños colaterales

La reducción de ingresos significaría menos recursos para vender dólares en el mercado cambiario y mantener el anclaje del tipo de cambio, la medida que junto a la precariedad del consumo y el recorte del gasto público, ha permitido desacelerar la inflación que en 2023 cerró en 189% y este año se espera que finalice por debajo de 100%.

Ecoanalítica proyectó que de mantenerse la flexibilización de las sanciones la inflación de este año estaría en torno a 70% y su director, Asdrúbal Oliveros, explicó a Unión Radio que ahora podría esperarse un resultado “en torno a 90%”.

A principios de año se esperaba un crecimiento de la economía sustentado en que el gobierno aumentaría el gasto público de manera importante antes de las elecciones presidenciales, la posibilidad de un acuerdo político, la flexibilización de las sanciones y más consumo, pero el primer trimestre redujo el entusiasmo.

La campaña electoral será muy corta porque las elecciones serán en julio, el consumo continúa con poco impulso y el retorno de las sanciones debilita las expectativas. Ecoanalítica, que esperaba un crecimiento de 10%, ahora proyecta 5% y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 4,5%.

La producción

En noviembre de 2022 Estados Unidos permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela con la licencia 41, gracias a la cual la producción ha aumentado lentamente desde entonces hasta 800 mil barriles diarios y esta facilidad se mantiene.

Asimismo hay acuerdos que permiten operaciones de Repsol, ENI y Maurel & Prom. Sin embargo las perspectivas son limitadas por la inestabilidad política.

Las casas matrices de estas empresas, al igual que Chevron, no quieren aumentar el riesgo en Venezuela de manera significativa y las inversiones son reducidas.

Juan Szabo, quien asesora a empresas petroleras, considera que la producción en el escenario de una elección presidencial cuestionada tiene un alto riesgo de mantenerse por debajo del millón de barriles diarios en lo que resta de este año y el próximo.

Estabilización en el fondo

El colapso del socialismo del siglo XXI generó una larga recesión y un ciclón hiperinflacionario que pulverizó el PIB a la cuarta parte y convirtió a la economía venezolana en una enana respecto a países como Colombia o Perú.

FMI

Expertos coinciden en que el país necesita crecer a una tasa de al menos 7% por más de veinte años para regresar al PIB que tenía en 2013 y para ello es vital la inversión masiva en petróleo a fin de elevar la producción y financiamiento de los multilaterales, para remediar, entre otras cosas, la crisis del sector eléctrico.

La administración de Maduro entre 2018-2024 evidencia que un gobierno surgido de elecciones cuestionadas aleja la posibilidad de que Venezuela cuente con estas dos condiciones que servirían de palanca para una recuperación vigorosa.

Al llegar el chavismo al poder Venezuela producía 3,1 millones de barriles diarios de petróleo. La falta de inversión y la pésima gerencia tuvieron consecuencias y no solo no se cumplieron los planes de aumento de la producción sino que en 2018 se había reducido a un tercio.

El descenso se agravó con las sanciones y tras un lento incremento, principalmente por la licencia otorgada a Chevron, hoy se ubica en un nivel similar al de 1945.

OPEP

El Plan País, una hoja de ruta para la recuperación diseñada por expertos en diversas áreas para la oposición venezolana, considera que Venezuela necesitaría captar inversiones por 100 mil millones de dólares para aumentar la producción hasta tres millones de barriles diarios en ocho años.

Venezuela tiene una serie de debilidades que alejan la posibilidad de captar una inversión masiva en petróleo. Al entorno político se añade que el marco fiscal es poco atractivo, las empresas extranjeras están obligadas a ser socias minoritarias en proyectos con el Estado y las fallas eléctricas son constantes.

En el estudio elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis del Marco Fiscal Petrolero de Venezuela James Smith, concluye que “el régimen fiscal existente en Venezuela desalienta severamente la inversión en exploración, desarrollo y operaciones de recobro mejorado”.

El trabajo La industria Petrolera de América Latina en la Transición Energética: un cambio de paradigma, elaborado por Francisco Monaldi, Luisa Palacios y Cristopher de Luca afirma que “la restricción de Venezuela no vendrá dada por su dotación de recursos ni, en los escenarios más graduales, por la caída de la demanda global de petróleo, sino por sus políticas e instituciones”.

A las limitaciones para desarrollar el sector petrolero se añade que la continuidad de Maduro a través de unas elecciones poco creíbles será un escollo extra para renegociar la deuda externa, en default desde 2017 y para que el país acceda a programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo con la Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB si este año Venezuela crece en torno a 5% “el tamaño de la economía sería similar a la que ya había alcanzado en 1969”.

No obstante Nicolás Maduro derrocha optimismo. Ante el anuncio del fin de la flexibilización de las sanciones afirmó que “no hay sanción, no hay amenaza que hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo.

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18 de abril 2024

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